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Tania Milena Daza-Márquez

El artículo presenta un análisis respecto a la problemática de la imprescriptibilidad de la acción y la sanción disciplinarias por graves violaciones e infracciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, cometidos por servidores públicos, en especial, por miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. En este estudio se abordará la regulación de la prescripción de la acción disciplinaria por estas graves conductas en los Regímenes Disciplinarios aplicables a la Fuerza Pública en los últimos treinta años y en el actual Código Único Disciplinario. Para esto se tendrá en cuenta las consecuencias de orden jurídico, político, social y económico, a nivel nacional e internacional, que puede ocasionar la declaratoria de prescripción, bien sea por la ineficiencia o el desinterés por parte de los agentes estatales en adelantar los respectivos procesos disciplinarios tendientes a evitar no sólo la impunidad en materia administrativa sancionadora, por la comisión de infracciones atroces, sino también ante la necesidad de preservar el buen nombre y la buena marcha de la administración, y a su vez, cumplir con los estándares internacionales trazados sobre la materia. Finalmente se propone una reforma legal extendiendo el término de prescripción de manera razonable, para preservar los derechos de las víctimas y los disciplinados y asegurar el cumplimiento eficaz de las obligaciones del Estado colombiano, para garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales sobre la materia, en defensa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. 

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Daza-Márquez, T. M. (2010). La imprescriptibilidad de la acción y la sanción disciplinaria por graves violaciones a los derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario. Estudios Socio-Jurídicos, 12(1), 431-462. Recuperado a partir de https://revistas.urosario.edu.co/index.php/sociojuridicos/article/view/1199

Tania Milena Daza-Márquez, Universidad del Rosario

Estudiante de cuarto semestre de la Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, décimo quinta promoción. Abogada de la Universidad Santo Tomás. Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Asesora Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado. 

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DECRETOS, LEYES

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Colombia, Presidencia de la República, Decreto Ley 100 de 1989.

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Colombia, Congreso de la República, Ley 200 de 1995.

Colombia, Presidencia de la República Decreto 575 de 1995.

Colombia, Presidencia de la República Decretos 1797 y 1798 de 2000.

Colombia, Congreso de la República, Ley 734 de 2002.

Colombia, Congreso de la República, Ley 863 de 2003.

Colombia, Congreso de la República, Ley 1015 de 2006.

TRATADOS

Carta de las Naciones Unidas. Suscrita por Colombia el 5 de noviembre de 1945.

Convenios de Ginebra de 1949. Ratificados por Colombia mediante la Ley 5ª de 1960.

Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Aprobada por Colombia mediante Ley 16 de 1972.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Aprobado mediante Ley 74 de 1968.

Protocolos Adicionales de 1977 a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949. Protocolo I - Relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, (aprobado por Colombia mediante Ley 11 de 1992. Ratificado el 1° de septiembre de 1993, entró en vigor el 1° de marzo de 1994). Protocolo II - Relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, (aprobado por la Ley 171 de 1994, entró en vigor el 15 de febrero de 1996).

Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas de 1994. Aprobada mediante Ley 707 de 2001.

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998. Aprobado por Colombia mediante Ley 742 de 2002.

SENTENCIAS Y FALLOS DISCIPLINARIOS

Colombia, Corte Constitucional, sentencia C-543 del 25 de noviembre de 1993, magistrado ponente Jorge Arango Mejía.

Colombia, Corte Constitucional, sentencia C-244 del 30 de mayo de 1996, magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz.

Colombia, Corte Constitucional, sentencia C-666 del 28 de noviembre de 1996, magistrado ponente, José Gregorio Hernández Galindo.

Colombia, Corte Constitucional, sentencia C- 556 del 31 de mayo de 2001, magistrado ponente Álvaro Tafur Galvis.

Colombia, Corte Constitucional, sentencia C-948, del 6 de noviembre de 2002, magistrado ponente Álvaro Tafur Galvis.

Colombia, Corte Constitucional, sentencia C-607 del 1° de agosto de 2006, magistrado ponente Rodrigo Escobar Gil.

Corte Constitucional, sentencia C-370 del 18 de mayo de 2006, magistrados ponentes Manuel José Cepeda, Jaime Córdoba, Rodrigo Escobar Gil, et al.

Colombia, Consejo de Estado. Sección Segunda, Sentencia del 23 de mayo de 2002. Rad. 17112. Consejero ponente P. Jesús María Lemos.

Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 20 de febrero de 2008, consejero ponente Enrique Gil. Rad. 76001-23-25-000-1996-04058-01(16996).

Colombia, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de noviembre de 2008, consejera ponente Ruth Stella Correa, Rad. 250002326000199612680-01 (20.511).

Colombia, Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 28 de enero de 2009, consejero ponente Enrique Gil Botero, Rad. 30.340 (R-200300158 01).

Colombia, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de septiembre de 2009, consejera ponente Susana Buitrago Valencia. Rad. 10010315000200030044201.

Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos. Expediente 008-2494/95.

Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos. Exp. 008-38050-00. Fallo del 6 de noviembre de 2001.

Despacho del Viceprocurador General de la Nación. Expediente 155-50156-2000. Fallo del 10 de marzo de 2003.

Despacho del Procurador General de la Nación. Exp.155-142047 – Auto del 1° de agosto de 2006.

Despacho del Procurador General de la Nación. Auto del 1° de diciembre de 2006. Rad. 156 118167-2006.

Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos. Expediente 008-78156-02. Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Caso Caballero Delgado y Santana. (Fondo, Sentencia de 8 de diciembre de 1995. Serie C No. 22).

Caso Las Palmeras. (Fondo. Sentencia de 6 de diciembre de 2001. Serie C No. 90).

Caso 19 comerciantes. (Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109).

Caso Gutiérrez Soler. (Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de septiembre de 2005. Serie C No. 132).

Caso Masacre de Mapiripán. (Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134).

Caso Masacre de Pueblo Bello. (Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140).

Caso Masacres de Ituango. (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006 Serie C No. 148).

Caso de la Cantuta vs. Perú. (Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 29 de noviembre de 2006. Serie C N°. 162).

Caso Masacre de la Rochela. (Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de de mayo de 2007. Serie C No. 163).

Caso Germán Escué Zapata. (Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165). 11. Caso Valle Jaramillo y otros. (Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192).

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