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Colombia is the only country in Latin America which State does not permit that primary education being free. As a consequence the government has not being interested in outlining a policy about free primary education. However, the Colombian constitution has rules that allow use treaties about human rights to interpret their own national rules. Through this technique of constitutional interpretation is possible to defend free primary education as an obligation. Colombia can´t ignore it. In fact, the Corte Constitucional has protected the access and the permanency in educational system based on International Law. In this kind of arguments, reasons about economical costs are irrelevant since right to education has had universal recognition. Our thesis is that there is no reason for Colombia to restrict right to education through the imposition of costs. This idea finds support in the fact that free primary education allows access and permanency in educational system. In addition free primary education is the best way to overcome economical obstacles which affect the right of education. First of all, this article will describe the obligations of Colombia regarding International Law, after that, we will analyze the decisions of the Corte Constitucional. Finally we will pose a conclusion that outlines some topics for future research.

Camilo Ernesto Castillo-Sánchez, Universidad del Rosario

Licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Abogado y especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Actualmente trabaja como investigador en DeJuSticia en temas relacionados con estudios sobre la justicia y derechos sociales. Adelanta sus estudios de doctorado en Derecho en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario investigando sobre temas de historia del derecho constitucional colombiano y las reformas a la justicia. Es profesor de Teoría del Derecho de la misma institución. 

Ethel Nataly Castellanos-Morales, Universidad del Rosario

Abogada y magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Docente de carrera e investigadora en la línea Democracia y Justicia de de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Áreas de especialización: Derecho Constitucional, Derechos humanos, Justicia transicional y Teoría Jurídica. 

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Colombia, Corte Constitucional, Sentencia C-620, 13 de junio de 2001, M.P. Jaime Araújo, expediente D-3157.

Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-002, 8 de mayo de 1992, M.P. Alejandro Martínez, expediente D-644.

Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-009, 22 de mayo de 1992, M.P. Alejandro Martínez, expediente T-030, T-092 y T-121.

Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-1030, 4 de diciembre de 2006, M.P. Marco Monroy, expediente T-142.872.

Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-1072, 17 de agosto de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo, expediente T-288.123.

Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-1319, 7 de diciembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny, expediente T-357.702.

Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-202, 28 de febrero de 2000, M.P. Fabio Morón, expediente T-256.552.

Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-290, 28 de junio de 1996, M.P. Jorge Arango, expediente T-93.408.

Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-294, 23 de abril de 2009, M.P. Clara Reales, expediente T-2.121.107.

Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-323, 14 de julio de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, expediente T-34.711.

Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-324, 14 de julio de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, expediente T-35.144.

Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-329, 11 de julio de 1997, M.P. Fabio Morón, expediente T-126.045

Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-356, 30 de marzo de 2001, M.P. Manuel Cepeda, expediente T-397.795.

Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-450, 10 de julio de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes, expediente T-1211.

Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-550, 19 de julio de 2007, M.P. Jaime Araújo, expediente T-1.589.788.

Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-675, 21 de agosto de 2002, M.P. Jaime Córdoba, expediente T-591.923.

Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-944, 24 de julio de 2000, M.P. Alejandro Martínez, expediente T-298.496.

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