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O tráfico de pessoas é uma grave violação dos direitos humanos fundamentais de
seus sobreviventes e, embora o processo criminal dos perpetradores e a eventual
condenação permitam à vítima se libertar da sujeição que sofreu, não garantirá a
reparação integral dos danos sofridos pelo crime. Para obtê-lo, o processo penal
argentino exige que se assuma o papel de ator civil ou, caso contrário, qualquer
pedido de indenização será rejeitado. A principal desvantagem é que os requisitos para reclamar indenização para uma vítima em situação de vulnerabilidade
significará a impossibilidade de realizar qualquer reclamação não considerando
a posição desvantajosa de vítima de tráfico para litigar contra quem pouco tempo
antes era o seu explorador. Isso se choca com os compromissos internacionais de
direitos humanos assumidos pela Argentina para garantir o acesso à justiça e a
reparação econômica às pessoas em situação de vulnerabilidade. Este trabalho investigará a possibilidade de o Estado conceder acesso integral à justiça, sem submeter a vítima a demandas processuais para obter uma reparação econômica que
represente uma nova vitimização, ou que impeça o cumprimento de seus direitos

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