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Daniela Sodini

La trata de personas supone una grave violación de los derechos humanos fundamentales de sus sobrevivientes. Aunque la persecución penal de los autores y su eventual condena permita a la víctima librarse del sometimiento que padecía, esto no le asegurará la reparación integral del daño sufrido por el delito. Para obtenerla, el proceso penal argentino exige asumir el rol de actor civil o, de lo contrario, se rechazará cualquier pretensión resarcitoria. El principal inconveniente es que los requisitos para reclamar la indemnización para una víctima en situación de vulnerabilidad significarán la imposibilidad de llevar adelante cualquier reclamo al no contemplar la posición desventajosa en que se encuentra la víctima de trata para litigar contra quien poco tiempo antes era su explotador. Esto entra en colisión con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por Argentina de garantizar el acceso a la justicia y la reparación económica de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Esta investigación indagará sobre la posibilidad de que el Estado otorgue un acceso integral a la justicia sin someter a la víctima a exigencias procesales para alcanzar la reparación económica que signifiquen una nueva victimización o impidan la satisfacción de sus derechos

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