Revista Estudios Socio-Jurídicos
ISSN:0124-0579 | eISSN:2145-4531

Desafíos del Estado colombiano en torno al aprovechamiento ilícito de oro y los cultivos de uso ilícito en la Amazonía: estudio de caso de San José del Fragua (Caquetá)*

Illegal Gold Mining in Colombian Amazon: Social and Environmental Impacts and Their Relationship with Illicit Crops, through a Case Study of de San José del Fragua (Caquetá)

Desafios do Estado Colombiano em torno ao aproveitamento ilícito de ouro e os cultivos de uso ilícito na Amazônia: estudo de caso de San José del Fragua (Caquetá)

Leonardo Güiza, Natalia Romero Peñuela, Julián Ríos

Desafíos del Estado colombiano en torno al aprovechamiento ilícito de oro y los cultivos de uso ilícito en la Amazonía: estudio de caso de San José del Fragua (Caquetá)*

Revista Estudios Socio-Jurídicos, vol. 22, núm. 2, 2020

Universidad del Rosario

Leonardo Güiza **

Universidad del Rosario, Colombia


Natalia Romero Peñuela ***

Universidad del Rosario, Colombia


Julián Ríos +

Universidad del Rosario, Colombia


Fecha de recepción: 31 Enero 2020

Fecha de aprobación: 20 Abril 2020

Resumen: Las características geográficas de la Amazonía colombiana, sumadas a las dificultades de acceso al territorio y la baja presencia gubernamental, han creado un escenario en el que resulta posible el desarrollo de economías ilícitas, que en muchas ocasiones son fuente de financiación de agrupaciones criminales. En este orden de ideas, en este artículo se analiza el papel del Estado en torno a las actividades de minería aurífera ilegal en la región y su relación con los cultivos de uso ilícito. Todo esto a partir del análisis de bases de datos oficiales, revisión de la producción científica existente, entrevistas semiestructuradas a mineros y cocaleros que se realizaron en el marco de un estudio de caso en San José del Fragua (Caquetá) y derechos de petición a las autoridades ambientales. En este estudio, se muestra que en la región las dos actividades ilícitas tienen un alto impacto sobre la deforestación de los bosques naturales. Además, estas actividades son usuales entre la población por sus altos ingresos. En el caso de estudio, las comunidades alternan las dos actividades (minería ilegal y cultivos ilícitos).

Palabras clave: minería aurífera ilegal, cultivos ilícitos, Amazonía colombiana.

Abstract: The geographical features of Colombian Amazon, the access difficulties to this territory, and a low governmental presence have created a scenario in which it is possible to perform illicit economies, which are a financing source for armed groups. Bearing this in mind, this research analyzes the role of the state regarding illegal gold mining activities in the region and its link with crops for illicit use through the official database analysis, a review of the present academic production, semi-structured interviews with miners and coca growers, and fieldwork in San José del Fragua (Caquetá). This study shows that in the region, both illegal activities have a high impact on the deforestation of natural forests. Furthermore, these activities are common among the population due to the high income they generate. In the case study, the communities alternate the two activities (illegal mining and illicit crops).

Keywords: Ilegal gold mining, illicit crops, Colombian Amazon.

Resumo: As características geográficas da Amazônia colombiana, somadas às dificuldades de acesso a ao território e a baixa presença governamental, têm criado um cenário no qual resulta possível o desenvolvimento de economias ilícitas, que em muitas ocasiões são fonte de financiamento de grupos criminais. Nesta ordem de ideias, neste artigo se analisa o papel do Estado em torno às atividades de mineração aurífera ilegal na região e sua relação com os cultivos de uso ilícito. Todo isto, a partir da análise de bases de dados oficiais, revisão da produção científica existente, entrevistas semiestruturadas a mineiros e cocaleiros que se realizaram no marco de um estudo de caso em San José del Fragua (Caquetá), e direitos de petição às autoridades ambientais. Neste estudo se mostra que na região, a duas atividades ilícitas têm um alto impacto sobre a deflorestação dos bosques naturais. Para além, estas atividades são usuais entre a população por seus altos rendimentos. No caso de estudo, as comunidades alternam as duas atividades (mineração ilegal e cultivos ilícitos).

Palavras-chave: mineração aurífera ilegal, cultivos ilícitos, Amazônia colombiana.

Introducción

La minería de oro se ha consolidado como uno de los principales motores económicos a nivel nacional. Sin embargo, su regulación ha sido insuficiente a la hora de establecer reglas y protocolos que garanticen una actividad extractiva con menores afectaciones ambientales y salubres. Por otra parte, la clandestinidad de la minería aurífera, sumada a las dificultades de acceso a algunos de los territorios en los que se desarrolla, ha derivado en que sea una de las economías menos estudiadas y vigiladas. Esto se ha prestado para que surjan explotaciones ilegales y se desarrollen modelos de corrupción que tienen como objetivo dar apariencia de legalidad a recursos provenientes de actividades ilícitas ( unodc, 2019).

Además, al desarrollarse por regla general en regiones apartadas, que históricamente han estado fuera del control del Estado, algunos grupos armados ilegales han encontrado en la minería aurífera un método de financiación, bien sea a través de extorsiones o del control de las minas. A todo esto, hay que agregarle los daños en materia ambiental y de salubridad que genera la explotación de este metal, toda vez que para su extracción es frecuente el uso de sustancias como el mercurio y cianuro, que producen afectaciones en las fuentes hídricas, los ecosistemas y los habitantes. Por otra parte, en la región de la Amazonía, la minería aurífera tiene lugar en territorios habitados por comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, lo que origina consecuencias a nivel social, cultural y económico. Además, despierta tensiones entre dichas poblaciones, las instituciones estatales y las compañías mineras, entre otros actores.

Pero la minería ilegal aurífera no es la única economía ilícita presente en la Amazonía colombiana. Por su ubicación geográfica, condiciones de acceso y baja presencia estatal, en esta región también se ha identificado un número significativo de cultivos de uso ilícito. De hecho, más de una cuarta parte del total nacional de hectáreas sembradas en coca se encuentran en la Amazonía (odc, 2019). El desarrollo de estas dos actividades ilegales en tan amplia dimensión tiene a su vez consecuencias en los índices de violencia y, en algunos casos, deriva en la financiación de grupos criminales.

En este orden de ideas, el presente artículo busca analizar el papel del Estado en torno a la minería ilegal y su relación con los cultivos de uso ilícito en la Amazonía colombiana. Para ello, el texto cuenta con cuatro secciones principales: en primera medida, se hace una revisión de las políticas públicas que rigen actualmente la minería aurífera en Colombia; posteriormente, resulta necesario dimensionar la explotación ilegal de oro y la presencia de cultivos de coca en la zona; en tercer lugar, se describen los impactos ambientales y sociales de la minería aurífera en la Amazonía colombiana y se establece su relación con la economía ilegal de los cultivos de coca; luego, se describe cómo dichas implicaciones se evidenciaron en el acercamiento a campo en San José del Fragua y qué otras unidades de análisis surgieron allí; y, para finalizar, se plantean algunas conclusiones a partir del contraste entre las políticas, cifras y estudios revisados y el trabajo de campo realizado.

Metodología

Para el desarrollo de este artículo, se utilizaron herramientas combinadas de investigación cualitativa y cuantitativa. Así, en una primera fase, se hizo un rastreo del estado del arte sobre la relación entre grupos armados ilegales, minería aurífera y cultivos ilícitos en el país, con especial enfoque en la región amazónica. Sumado a ello, se analizaron las siguientes bases de datos: 1) base de datos sobre presencia de grupos armados hasta finales de 2019 recabada por el Ejército Nacional y operativos contra explotación legal e ilegal de oro en 308 municipios del país; 2) base de datos del Observatorio de Drogas de Colombia, que contiene información sobre la presencia de cultivos de uso ilícito en el país desde 1999 hasta 2018; 3) base de datos de títulos mineros concedidos por la Agencia Nacional de Minería (anm) hasta 2017, que reunía información sobre los 9751 títulos vigentes; 4) respuesta a un derecho de petición por parte de Corpoamazonia en el que se incluyen puntos asociados a la minería ilegal, que contiene 212 registros en los departamentos de Amazonas, Caquetá, Cauca y Putumayo; 5) registro de minería de subsistencia y comercializadores en el Rucom actualizado hasta noviembre de 2019. Todo lo anterior con el fin de caracterizar la evolución histórica de las tres unidades de análisis (explotación ilegal de oro, cultivos de coca y presencia de actores armados) en la Amazonía colombiana.

Durante el desarrollo de dicha revisión y análisis, se encontró un subregistro elevado en la región amazónica alrededor de los tres factores, especialmente de la minería ilegal aurífera. Esto se evidenció, además, al contrastarlos con la información encontrada en artículos de prensa y con entrevistas a expertos de la región. De esta manera, se tomó la decisión de acudir a uno de estos municipios que, si bien no aparecen en la base de datos del Ejército Nacional ni de la anm, tienen grandes áreas cultivadas de coca, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (simci), y han sido reportados por Corpoamazonia por contar con puntos de minería ilegal aurífera.

Como estudio de caso se tomó el municipio de San José del Fragua (Caquetá), teniendo en cuenta que reúne tres variables de análisis indispensables para este estudio: a) tenía un control territorial por parte de las farc antes de la firma del Acuerdo de Paz; b) se encuentra en el departamento con la mayor tasa de deforestación de bosque natural del país; c) confluyen dos de los tres motores que más ejercen presión sobre la deforestación a nivel nacional: los cultivos de uso ilícito y la extracción ilícita de recursos minerales, dado que registró 1593 hectáreas de coca en 2018 y al menos 15 puntos de minería ilegal. Allí, se desarrollaron entrevistas semiestructuradas a ocho mineros y cocaleros, algunos de los cuales han ejercido o ejercen ambas actividades. Además, se acudió a algunas unidades de explotación aurífera y plantaciones cocaleras para conocer de manera directa los procesos productivos.

Políticas públicas sobre minería aurífera ilegal en Colombia

Hasta finales del siglo xix, la industria minera en Colombia se desarrolló de manera informal y poco organizada debido a que no contaba con una regulación oficial clara, ni se consideraba como un elemento relevante en la economía del país (Procuraduría General de la Nación, 2011). Durante el siglo xx, nació el interés por regular la extracción minera y se crearon las primeras políticas municipales que promovían la minería artesanal y a pequeña escala. No obstante, ante la falta de una política cohesionada a nivel nacional, la extracción de minerales y metales tuvo un crecimiento descontrolado.

En el año 2001, la Ley 685 expidió el Código de Minas, que establece los lineamientos bajo los cuales el Estado debe regular la minería. Dicha ley resalta que “todos los minerales de cualquier clase y ubicación, yacentes en el suelo o el subsuelo, en cualquier estado físico natural, son de la exclusiva propiedad del Estado” (Ley 685 de 2001), por lo que para llevar a cabo cualquier tipo de exploración o explotación se debe contar con un título otorgado por la Agencia Nacional de Minería.

Así, el Estado central, por encima de los entes territoriales, asumió la administración, regulación y fiscalización de esta actividad, siguiendo el principio de “primero en el tiempo, primero en el derecho”, por lo que le brinda la concesión a quien primero cumpla los requisitos necesarios (Ortiz Riomalo & Rettberg, 2018). Igualmente, a partir de ese momento se dan una serie de esfuerzos para crear herramientas de formalización y sistematización de los mineros artesanales o tradicionales existentes, con el objetivo de diferenciarlos de los pequeños y medianos explotadores informales y de los mineros ilegales.

Respecto a las medidas ambientales y los procesos de consulta con las comunidades, el Código de Minas determina que estos deben efectuarse de manera conjunta al proyecto minero. No obstante, una de las críticas que se le ha hecho a dicha ley es la falta de claridad en las estrategias de protección del medio ambiente, en especial en la etapa exploratoria, y la no definición de mecanismos claros de diálogo con las comunidades aledañas a la explotación (Alzate Gómez, 2015; Sánchez Mateus, 2015).

Directamente ligada a la explotación aurífera ilegal, cabe resaltar la expedición de la Ley 1658 de 2013, con la que el Congreso de Colombia se dispuso eliminar el uso del mercurio en la minería a 2018 y en la industria a 2023 (2013, p. 1). Así mismo, a través de la Ley 1892 de 2018, el Congreso aprobó el Convenio de Minamata sobre el Mercurio y, por medio de la Sentencia C-275/19, la Corte Constitucional declaró exequible su contenido, señalando que las cifras advierten que se trata de un desafío inconcluso para el Estado colombiano, del cual todavía dependen miles de familias, inmersas en complejas dinámicas de violencia, contaminación, exclusión y pobreza.

Finalmente, la legislación nacional establece tres principales formas de sanción para quienes desarrollen la actividad minera de manera ilegal: 1) por vía administrativa, a partir de la Ley 1333 de 2009, cuando se identifican daños graves sobre el ambiente y los recursos naturales; 2) por vía policiva, a partir del Código de Minas; y 3) por vía penal, según la Ley 599 de 2000, cuando se identifica efectivamente un delito (Sánchez Mateus, 2015).

Dimensión de la minería aurífera ilegal y cultivos de coca

A partir de un compilado de datos de la Agencia Nacional de Minería, el Censo Minero, la Dirección de Inteligencia Policial y el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, realizado por la Defensoría del Pueblo (2018), se identificaron 306 municipios con explotación de oro, tanto legal como ilegal. Antes de la firma del Acuerdo de Paz (en el año 2015), de estos 306 municipios, 185 contaban con presencia de actores armados ilegales y 99 de ellos, a la vez, con cultivos de coca. Contrario a lo esperado, esta cifra se incrementó luego de la firma del Acuerdo, pasando a 251 municipios en los que había confluencia de explotación aurífera y presencia de grupos armados, de los cuales 107 municipios, además, tienen presencia de cultivos de coca.

Los departamentos en los que se identifica una mayor confluencia de explotación de oro, actores armados ilegales y cultivos de uso ilícito antes y después del Acuerdo son Antioquia, Chocó, Cauca, Bolívar y Nariño, los mismos departamentos que han sufrido el mayor número de hechos victimizantes en el marco del conflicto armado en Colombia, de acuerdo con el Registro Único de Víctimas.

Pese a la gran dimensión de estos fenómenos en regiones que ya han sido abordadas desde el campo académico, también es notorio un subregistro de la extracción aurífera, los cultivos de coca y los grupos armados en la región amazónica, conformada por los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés. De los 306 municipios con registro de explotación de oro en el país, solo 20 corresponden a esta región, 18 con presencia de grupos armados, y, de ellos, 11 con cultivos de coca (Defensoría del Pueblo, 2018). Esto implica que el 55 % de los municipios productores de oro de la Amazonía hay producción de coca y presencia de grupo armados.

No obstante, según datos de Corpoamazonia, obtenidos a través de derecho de petición (DG 0233, 27 de octubre de 2017), en la región amazónica se han identificado al menos 212 puntos con actividades asociadas a la minería ilegal. De estos, un 57 % corresponde a la minería aurífera y el 43% restante, a la extracción de materiales de construcción, piedra caliza y asfalto. En esta región, los cuerpos de agua resultan mayormente afectados. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (unodc) detectó evidencias de explotación de oro de aluvión en los ríos Putumayo, Caquetá, Apaporis, Guainía y Amazonas (unodc, 2019).

La región de Caquetá-Putumayo posee la mayor concentración de extracción minera ilegal, que, además, se desarrolla tanto en agua como en tierra. Putumayo es el departamento más afectado, dado que tiene el 74,4% de la minería aurífera ilegal y el 56% de la explotación de materiales de construcción de la región amazónica. Caquetá, por su parte, posee el 41,7 % de los puntos con actividades relacionadas con la extracción de materiales de construcción y un 14,9% de aquellos ligados a la extracción de oro. Resulta importante aclarar que los anteriores cálculos son basados en los 212 puntos registrados por Corpoamazonia. No obstante, al ser esta una actividad ilegal, es casi imposible determinar su dimensión real.

La región de Caquetá-Putumayo también resalta dentro de la Amazonía por la mayor presencia de cultivos ilícitos. Según datos del Observatorio de Drogas de Colombia (2019) y el simci (2019) en el caso de la región amazónica, hasta el 31 de diciembre de 2018, se registraron 42 737 hectáreas de coca. Pese a que la cifra representa una disminución del 8,3 % frente a 2017, solo en esta región entre el año 2012 y 2017 se dio un incremento del 225 %, pasando de 14 345 a 46 606 hectáreas de coca.

El 89,3 % de esta área está concentrada en los departamentos de Putumayo (61,8 %) y Caquetá (27,5 %), la tercera región identificada por el simci como foco de concentración de esta problemática (2019, p. 12). Solo estos dos departamentos representan el 22,6 % del total nacional de hectáreas cultivadas con coca. Esta región se caracteriza por ser de especial interés para los grupos armados debido a su ubicación fronteriza con Ecuador y su conexión fluvial con la región amazónica y Brasil (simci, 2019).

En los demás departamentos de la región amazónica, el área cultivada de coca se ha mantenido relativamente estable, e incluso en 2017 se registró una disminución del 28 % en el departamento del Guaviare (odc, 2018), que se atribuyó a las estrategias de erradicación forzosa y a los acuerdos de sustitución voluntaria (simci, 2018, p. 54). No obstante, la concentración de cultivos en Caquetá y Putumayo se expande hace el municipio de Puerto Alegría en el departamento del Amazonas. Así mismo, se ha identificado un aumento leve en Vaupés y Guainía como expansión de área cultivada en Guaviare.

Impactos ambientales

De acuerdo con el Ideam, en Colombia, para el año 2018 se deforestaron 197159 ha de bosque natural, de las cuales 46765 ha corresponden al departamento de Caquetá (cerca del 25% de la deforestación del país) (Ideam-smbyc, 2019). Esta constante de deforestación se ha mostrado a lo largo de los últimos años, como se aprecia en la figura 1.


Deforestación en el departamento de Caquetá comparada con el resto de los departamentos del país
Figura 1.
Deforestación en el departamento de Caquetá comparada con el resto de los departamentos del país


elaboración de los autores a partir de los datos del Ideam-smbyc (2019).

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ideam (2018), los principales determinantes o motores de esta deforestación en estos departamentos son, en orden de importancia, la praderización (para ocupación de terrenos y actividades agropecuarias), los cultivos de uso ilícito (principalmente coca) y la extracción ilícita de minerales (especialmente oro de aluvión). En razón de lo anterior, se escogió un municipio del departamento para analizar desde la perspectiva de sus pobladores los motivos para ejercer la minería ilegal de oro y el cultivo de coca.

Respecto a la minería ilegal de oro, en el municipio de San José del Fragua, se realiza a través de la minería de aluvión, de manera muy rudimentaria con el empleo de bateas y algunos con motobombas, y para el proceso de beneficio se utiliza el mercurio. Los principales impactos son la erosión del suelo, el incremento de sólidos suspendidos a las fuentes hídricas y, por supuesto, el más nocivo, la contaminación del agua, el aire y el suelo con mercurio, que no solo repercute en el medio ambiente, sino también en los pobladores aledaños a las actividades mineras, y se ven intensificados, además, por la poca conciencia en torno a los posibles daños generados (Salman & De Theije, 2017).

Dichos efectos pueden no ser perceptibles de forma inmediata por el hombre. Según investigaciones, productos químicos como el mercurio no son fácilmente absorbidos por la piel o el tracto digestivo, pero sí cuando sus vapores son consumidos por vía pulmonar ( onu, 2002). Adicionalmente, la exposición crónica al metilmercurio por consumo de peces y semillas con altas concentraciones puede ocasionar alteraciones sensitivas y motoras en el sistema nervioso central y en el cerebro, particularmente durante la infancia y la etapa prenatal, debido a que esta forma mercurial tiene la capacidad de atravesar rápidamente la barrera placentaria cuando el bebé está en formación o, posteriormente, ingresar al organismo del niño a través de la ingesta de leche materna (Molina, Arango & Sepúlveda, 2018; Güiza, 2011).

El panorama de contaminación por mercurio en el país no es cuestión menor. Estudios realizados en municipios de vocación minera como Segovia, Remedios y Zaragoza, en el nordeste antioqueño (Veiga, 2010), señalan que allí las concentraciones de mercurio en el aire y fuentes hídricas llegan a estar mil veces por encima del margen permitido según estándares internacionales. Además, investigaciones desarrolladas en la Orinoquía colombiana (Idrovo, Manotas, Villamil, Ortiz, Silva, Romero, et al., 2001) dan cuenta de que a la presencia de mercurio en poblaciones mineras se le suma una marcada falta de información sobre las consecuencias del uso de este metal durante el proceso de extracción del oro. Si bien algunos habitantes reconocen la presencia de mercurio en sus manos, ropa de trabajo, aire, suelo y fuentes de agua, son muy pocos quienes saben que también puede hallarse en pescados, mariscos y vegetales que se producen en la región para el consumo. Igualmente, quienes registran valores de mercurio por encima de los aceptables señalan el padecimiento de síntomas como pérdida de peso, cansancio físico, disminución de la memoria, temblor e insomnio.

En cuanto a los impactos ambientales de los cultivos de coca, es precisamente la deforestación de bosque natural, que viene precedida normalmente por la tala y posterior quema del bosque, lo cual genera además emisiones de efecto invernadero. En la zona de San José del Fragua, se observa que los cultivos se encuentran en las zonas más apartadas del casco urbano, en parches de aproximadamente dos hectáreas alrededor de bosque natural, lo que evidencia que se deforestó para sembrar estos cultivos. La respuesta de los pobladores al respecto es que esto se realiza por dos razones principales: la primera, porque estas áreas son tierras baldías que no son objeto de extinción de dominio por parte de las autoridades en caso de ser descubiertos (son territorios de nadie). La segunda es porque estas zonas son poco accesibles por parte de las autoridades que ejercen control sobre ellas, por lo que tienen menos probabilidades de ser descubiertos.

Impactos sociales

Desde las ciencias sociales se han dado diversos intentos por rastrear los conflictos que genera la explotación aurífera tanto en el interior de las comunidades como entre estas y el Estado. Desde el campo sociopolítico, Soto y Urán (2013) analizaron la constante disputa por el acceso a los recursos naturales y servicios estatales, y estudiaron las tensiones y consensos que se dan en torno a la minería del oro en Colombia, especialmente entre el Estado y las comunidades étnicas.

Los autores identificaron tres categorías de lucha dentro de la industria minera. En primera medida, se da una lucha discursiva relacionada con la forma de nombrar cada una de las escalas de producción, dado que ello determina las ventajas o desventajas que tienen los actores inmersos en ellas. También se presenta un conflicto económico y jurídico, ligado a la inclusión de las comunidades étnicas o ancestrales en las reformas legales sobre la explotación del oro. Finalmente, se da una tercera lucha en torno a la autonomía y la autoridad que implica un conflicto de competencia entre el entramado complejo de actores (comunidades, administración pública y grupos armados) para decidir sobre la explotación y el control de los recursos naturales del territorio (Soto & Urán, 2013; Rivera & Pardo, 2014).

Si no todas, la mayoría de las dificultades alrededor de la minería están relacionadas con la forma en que esta actividad está regulada en el país. La problemática radica en que las políticas mineras se plantean de manera centralista, excluyente y deslocalizada, desde un modelo de modernización extractivista y neoliberal (Rivera & Pardo, 2014; Soto & Urán, 2013). En esta medida, las nociones de legalidad e ilegalidad están planteadas de modo general desde políticas nacionales de desarrollo que no tienen en cuenta la perspectiva de las comunidades a nivel local, ni las prácticas ancestrales en torno a esta actividad.

La región de la Amazonía se ha constituido como una fuente de terrenos “que admiten su reconfiguración, conservación, explotación y sacrificio por el Estado nacional (central) según las necesidades modernizantes, progresistas y desarrollistas de la economía política internacional” (Rivera & Pardo, 2014). No obstante, como ya se mencionó anteriormente, existe un vacío documental y académico en el estudio de la minería aurífera en esta región. La mayoría de las investigaciones sobre la explotación del oro se han hecho en los departamentos de Antioquia, Cauca y Chocó (Bolívar & Ibarra, 2017; Molina, Coronado & Rivera, 2008; Rodríguez & Molina, 2009; Maldonado & Rozo, 2014).

De estos estudios, vale la pena resaltar aquellos que rastrearon el impacto social de la minería ilegal aurífera en otras regiones con condiciones geográficas y tipos de población similares a las de la región amazónica, dado que es muy posible que estos mismos efectos se den en ellas. Entre otros, Goñi, Sabogal y Asmat (2014) identificaron que, en los casos de Antioquia, Chocó, Cauca y Valle del Cauca, “el 61 % de las autoridades encuestadas señalan un incremento del alcoholismo, de la prostitución, de la drogadicción, del trabajo infantil, de la violencia, y el desplazamiento de actividades tradicionales”. Además, los autores encontraron una serie de contribuciones directas relacionadas con regalías, generación de empleo, construcción de infraestructura e inversión social (Goñi, Sabogal & Asmat, 2014).

Así mismo, en las zonas de la región amazónica correspondientes a Surinam, Bolivia y Brasil, se ha evidenciado cómo la presencia de minería ilegal del oro deriva en tensiones dentro de las comunidades y en un incremento de la pobreza y la delincuencia (Salman & De Theije, 2017). Sumado a ello, y teniendo en cuenta que la minería aurífera ilegal suele desarrollarse en condiciones laborales poco salubres y peligrosas, esta actividad conlleva conflictos sociales entre los dueños de las minas o los titulares de la concesión y los trabajadores. Estos conflictos también derivan en constantes enfrentamientos con el Estado, dado que los mineros de pequeña escala tienen la percepción de que este sobrepone los intereses de empresas y transnacionales por encima de los suyos (Salman & De Theije, 2017).

Desde el campo de la geografía y de las políticas públicas, además de las consecuencias sociales y económicas, se han tratado de explicar las implicaciones que tiene la extracción de recursos naturales en los planes de ordenamiento territorial en la Amazonía, teniendo en cuenta su riqueza cultural y natural (Rubiano Galvis, 2015). No obstante, es claro para distintos autores (Ortiz Riomalo & Rettberg, 2018; Salman & De Theije, 2017) que los Estados son débiles para controlar el desarrollo de estas economías ilegales, sobre todo en regiones apartadas de las principales ciudades, en donde hay baja presencia estatal, como es el caso de la Amazonía.

Es de esta manera como la minería aurífera ilegal se relaciona con los conflictos internos de los países amazónicos. Por ejemplo, en zonas como la región amazónica de Surinam, la minería del oro fue utilizada durante los conflictos internos de los noventa para la compra de armas (Salman & De Theije, 2017). De igual modo, desde inicios de este siglo, la minería ilegal del oro ha tenido una relación directa con el desarrollo del conflicto armado en Colombia.

Existen registros de cómo desde la década de 1980 los grupos armados al margen de la ley han buscado acceder a los ingresos de la explotación del oro en el Bajo Cauca antioqueño, el sur de Bolívar y el Pacífico, y cómo el aumento del precio del oro a partir de 2001 lo convirtió en una de sus principales fuentes de financiación, a la par, e incluso por encima, del secuestro y el narcotráfico (Ortiz-Riomalo & Rettberg, 2018).

Al ser una actividad que no requiere mayor capital físico o humano calificado, los actores armados ilegales obtienen ingresos en distintas escalas de la producción aurífera: desde la extorsión a mineros tradicionales, la participación en la explotación y comercialización, hasta el pago y la distribución de regalías. Por esta razón, se ha llegado a afirmar que la expansión de esta economía ilegal amenaza con intensificar y prolongar el conflicto armado colombiano (Defensoría del Pueblo, 2018; Ortiz Riomalo & Rettberg, 2018).

Relación con los cultivos de coca

Si bien se ha explorado la dimensión e impactos de la minería aurífera ilegal en la Amazonía, es pertinente destacar que características como la ubicación geográfica, las condiciones de acceso y la baja presencia estatal de esta región no solo han facilitado el desarrollo de esta economía ilícita, sino también de otras como el narcotráfico.

De hecho, según el informe más reciente de la unodc, el World Drug Report 2018, Colombia se consolida como el principal productor de cocaína a nivel mundial. El panorama de cultivos de coca en la región amazónica representa, de acuerdo con cifras de esta organización, el 25,3 % del total de la producción nacional.

Tomando en consideración esta cifra, que pone de relieve la dimensión de los cultivos de uso ilícito en el área estudiada, resulta pertinente analizar la relación de esta actividad con la extracción aurífera ilegal, toda vez que ambas actividades generan consecuencias que impactan en la esfera social, económica y ambiental de la Amazonía.

Diversos estudios (Idrobo, Mejía & Tribin, 2014; Malamud, 2017; Ortiz-Riomalo & Rettberg, 2018) han subrayado la influencia de estas economías ilícitas en el aumento de la violencia, así como los desafíos que representan para la gobernanza de las regiones en que se desarrollan. Incluso, se han encontrado evidencias de regiones en las que los campesinos alternaron sus empleos de acuerdo con la ganancia producida por cada una de estas actividades ilegales. Así, en temporadas de alza del precio del oro, los cocaleros se emplearon en las minas y viceversa.

El caso de San José del Fragua

Como ya se ha mencionado, un porcentaje considerable de los municipios colombianos en los que se intersectan la minería aurífera y los cultivos de uso ilícito también cuentan con la presencia de grupos armados ilegales. Al suroeste del departamento de Caquetá se encuentra San José del Fragua, un municipio que no ha sido ajeno a esta situación.

Desde mediados de 1981 se tienen registros del accionar de grupos como el M-19 en San José y la región de los Andaquíes (Narváez, 2012). Tras la desmovilización de esa guerrilla a principios de los noventa, las farc tomaron el control de la zona, hasta que en 1998 paramilitares del Bloque Central Bolívar formaron el Frente Sur Andaquíes, que mantuvo su presencia en los municipios de Morelia, Valparaíso, San José del Fragua, Belén de los Andaquíes, Albania, Curillo y Solita hasta 2006. Durante esos años, fueron frecuentes los enfrentamientos entre paramilitares y miembros del Bloque Sur de las farc, pero la desmovilización de los primeros en 2006 impulsó la retoma del control de estos territorios por parte de la mencionada guerrilla (Fundación Ideas para la Paz, 2014).

Si bien las farc se hicieron con el control de San José del Fragua y sus alrededores hasta la firma del Acuerdo de Paz en 2016, de acuerdo con los reportes de las comunidades de San José del Fragua, el incremento en las actividades extractivas con importante afectación del bosque natural (minería ilícita y cultivos de coca) se dio precisamente por la retirada de estas de la zona, debido al ingreso de otros grupos armados que fomentaban con mayor presión estas economías ilícitas. Como se mostró en la figura 1, para el año 2017 se duplicó la deforestación de bosque natural en el departamento.

El interés de los grupos armados en el suroeste caqueteño durante las últimas cuatro décadas responde, entre otros factores, al elevado potencial de la región en la producción y transformación de hoja de coca. Si bien se presentó un aumento en los cultivos a partir de la década de 1970, fue en los años noventa cuando el departamento se consolidó como uno de los mayores productores de coca a nivel nacional, fenómeno motivado por “el traslado de los cultivos desde Perú y Bolivia hacia Colombia […], así como [por] la reorganización del negocio del narcotráfico tras el desmantelamiento de los grandes carteles de la droga” ( fip, 2014).

Aunque desde 1995 comenzaron a tomarse medidas para el control de los narcocultivos, como las aspersiones con glifosato y las subsiguientes políticas de erradicación en el marco del Plan Colombia, sus efectos en la disminución de hectáreas sembradas con hoja de coca no se mantuvieron en el tiempo. Por el contrario, según cifras del simci, en San José del Fragua se registró un crecimiento sustancial de hectáreas cultivadas en hoja de coca en los últimos diez años, pues se pasó de 92 hectáreas en 2008 a 1414 en 2017.

Por su parte, conforme con reportes de la Dirección Territorial Caquetá de Corpoamazonia, en San José del Fragua y zonas aledañas se han identificado al menos once sitios con actividades de minería ilegal, dentro de las que se encuentran principalmente extracción de oro de aluvión y materiales de construcción. Sin embargo, ninguna de las bases de datos consultadas identificaba a este municipio como un potencial productor de oro.

En razón de ello, quisimos indagar con los habitantes de este municipio las razones que los motivaron a realizar estas dos actividades ilícitas tan diferentes (cultivos y minería), algunos de manera excluyente (algunos se dedican a los cultivos y otros a la minería exclusivamente) y otros de manera complementaria (algunos llevan a cabo las dos actividades al mismo tiempo), para sus economías, con el objetivo de indagar en la perspectiva de las comunidades acerca del desarrollo de ambas actividades, la influencia de los actores armados y las dificultades que se presentan para sustituir estas economías por otras que estén en el marco de la legalidad.

La coca: de bonanzas sin desarrollo y surgimiento de una nueva cultura económica

Si bien se tienen registros de presencia de cultivos ilícitos en el sur de Caquetá desde los años ochenta, esta economía ilegal tomó fuerza a principios de 2000. Con el desarrollo del Plan Colombia y las fumigaciones aéreas con glifosato, los cultivadores de coca de San José del Fragua migraron de la zona de planicie hacia la Cordillera Oriental, en donde las avionetas no podían volar con facilidad.

Sumado a ello, este municipio se consolidó como un corredor estratégico entre Caquetá y los departamentos que colindan con la Baja Bota Caucana (Cauca, Huila y Putumayo). Por este mismo trayecto, los actores armados ilegales tenían la posibilidad de pasar hacia la frontera con Ecuador o hacia los puertos de Buenaventura y Tumaco.

Pero, además de su ubicación, San José del Fragua contaba con todas las condiciones para que los cultivos de uso ilícito se fortalecieran como un negocio lucrativo. En entrevista con Fernando Pulido, secretario de Desarrollo Social, Agropecuario y Ambiental del municipio, este explicó:

En primera medida, la coca pertenece a la familia de las plantas eritroxiláceas, originarias de la zona Andina, por lo que estaba perfectamente adaptada a las condiciones de clima y suelo de este territorio. Segundo, a diferencia de la mayoría de cultivos, el producto de los cultivos de uso ilícito tenía un valor agregado: se cultivaba la hoja para producir pasta base, lo que incrementa su costo. Sumado a ello, la pasta base es un producto exportable y es fácil de transportar. Finalmente, los comercializadores no eran aliados comerciales, eran socios del negocio, por lo que no buscaban aprovecharse de la gente, sino ayudarlos a buscar la forma de cultivar (Fernando Pulido Falla, entrevista personal, 7 de julio de 2018).

Gracias a este conjunto de factores, el aumento de cultivos de coca y producción de pasta base se convirtió en un motor de la economía en San José. Según señaló Pulido, mientras el pib mensual del municipio se estimaba en 1300 millones de pesos, se calcula que el negocio de la coca podía mover entre 3000 y 5000 millones al mes (Pulido, 2018). En este mismo sentido, los pobladores resaltan que dicha reactivación económica ayudó a generar empleos en todas las etapas de producción, desde los recolectores (más conocidos como ‘raspachines’) hasta los comercializadores.

No obstante, tal fenómeno provocó una serie de problemáticas sociales ligadas al desplazamiento de las áreas rurales hacia los centros poblados en busca de entretenimiento. De acuerdo con Pulido, “la gente iba a los cultivos, fumigaba, se venía para el pueblo a jugar billar, a jugar cartas y a esperar a que pasaran los dos meses para ir a ‘coger’ y procesar la coca y sacarla” (2018). Así, como en otros casos mencionados en el apartado anterior, al generar más dinero en menos tiempo, las economías ilegales potenciaron la descomposición social, pues promovían el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, y la asistencia a cantinas y prostíbulos.

Adicionalmente, la rentabilidad del negocio de la coca ocasionó rápidamente una disminución de los cultivos de pancoger. Conforme con Pulido, “hace 30 años, San José sacaba semanalmente 4 camionados de plátano, 4 de maíz, 2 de café, y hoy no saca nada. Esa economía ilícita desplazó ese nivel de producción” (2018). Así, dado que los cultivadores recibían el dinero suficiente para comprar los alimentos provenientes de otros departamentos, principalmente del Huila, la actividad agrícola del municipio se redujo.

En Colombia, el cultivo, producción y distribución de estupefacientes están tipificados como delitos punibles. El artículo 375 del Código Penal establece penas de 96 a 216 meses y una multa de 266,66 a 2250 smmlv por “cultivar, conservar o financiar plantaciones de marihuana o cualquier otra planta de la que pueda producirse cocaína, morfina, heroína o cualquiera otra droga que produzca dependencia” (Ley 599 de 2000). Así mismo, el artículo 376 impone penas de 128 a 360 meses y multas de hasta 50 000 smmlv para quien conserve, transporte, almacene, venda, ofrezca y adquiera sustancias estupefacientes. Las penas varían de acuerdo con las cantidades producidas.

Por esta razón, desde finales de los años setenta las aspersiones aéreas surgieron como una posible medida eficaz contra los cultivos de uso ilícito; en esa época, principalmente contra los cultivos de marihuana en la Sierra Nevada de Santa Marta. Hacia mediados de los años noventa la medida tomó fuerza en Guaviare, Putumayo y Caquetá, lo que motivó manifestaciones cocaleras que, según los líderes de la región, fueron controladas con represión militar.

El oro: la nueva coca

Aunque no se encontraron registros del origen de la minería aurífera en San José, algunos pobladores indican que desde el siglo pasado se hacía de forma artesanal. Ahora bien, en cuanto a la explotación reciente, un exlíder minero expresó: “Antiguamente se creía que la zona tenía oro porque había mucho barequeo, pero nadie se atrevía a explotarlo porque estaban las farc y lo primordial en esa época era la coca. Como con eso empuercaban las aguas era un malestar, entonces estaba prohibido. Pero, hacia 2014, los mineros de Piamonte, el pueblo vecino del Cauca, comenzaron a ser perseguidos y se trasladaron acá a la vereda Palmeiras” (Samuel, entrevista personal, 4 de julio de 2019).

Con la llegada de mineros con experiencia, que empezaron a alquilar fincas para explotar el terreno, los campesinos de la región comenzaron a vincularse a la minería, que se ejercía de forma ilegal, incluso con maquinaria amarilla en algunos casos. “Se integraron muy fácil a la región, empezaron a participar en las juntas, trajeron el comercio y posicionaron el gramo de oro a $100 000. Hubo un boom, una fiebre del oro, llegó mucha gente y se activó la economía en esos días”, cuenta Samuel (2019).

Tras la salida de las farc del territorio, los operativos de erradicación forzosa y programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito tomaron fuerza, lo que generó una disminución en la oferta laboral de ese sector. Mientras esto sucedía, la explotación de oro iba en aumento, promoviendo el tránsito de la economía de la coca a la del oro. Además, entre las razones para el cambio de actividad, un trabajador joven de una de las minas manifestó que “la coca es más perseguida por el gobierno, en cambio el oro no tanto, y se ve la plata más rápido” (Alejandro, entrevista personal, 6 de julio de 2019).

Si bien desde el Estado se propone una lucha enérgica contra la ilegalidad e, incluso, se han creado grupos como la Unidad contra la Minería Ilegal (Unimin) en la Policía Nacional y la Brigada contra la Minería Ilegal (brcmi) en el Ejército, la baja frecuencia de los operativos de control de esta actividad en San José del Fragua refuerza la idea de que no es tan perseguida como otras, expresada en el testimonio anterior.

En este sentido, al indagar con los entrevistados en las dificultades que conllevan las medidas de control, se encuentra que resultan poco efectivas: “La Policía nos ha correteado, echan bala y al que lleguen a coger se lo llevan pa’ la cárcel, pero por los tiros uno tiene tiempo de perderse antes de que lleguen” (2019). Por su parte, el dueño de uno de los puntos de explotación dijo: “Vienen y queman los motores que encuentran, pero en este negocio uno tiene que saber que se gana y se pierde. El motor me cuesta más o menos $850 000, y por cada día que me demoro en reemplazarlo pierdo $120 000 en pago a mineros que no tienen con qué trabajar, más la ganancia de la producción. Si me queman un motor, pues me toca sacar otro rápido y seguir trabajando” (Arnoldo, entrevista personal, 21 de septiembre de 2019).

Otro aspecto que ha favorecido el tránsito entre estas dos economías ilegales es la ya mencionada cultura de la coca. En palabras de Samuel: “Acá ya no están acostumbrados a la agricultura, porque con la coca la gente se acostumbró a ganar bien. Un jornal de un raspachín, de $40 000 o $50 000, no se compara con el de un jornalero, que es de $20000 o $30000”. Además, agrega que, en la minería, “al trabajador bueno yo llegué a pagarle hasta $50 000 diarios libres, dándole comida. Así trabajan mejor” (Samuel, entrevista personal, 4 de julio de 2019).

Sin embargo, la cultura de la coca no solo se expresa en la negativa de muchos en dedicarse a la siembra de cultivos de pancoger u otros empleos en el marco de la legalidad, sino también en actividades de ocio que llegaron al municipio con las bonanzas cocaleras, como la prostitución y el alto consumo de alcohol.

Actividades ilegales financian grupos armados ilegales

Las economías ilegales se han fortalecido en Colombia como la principal fuente de financiación de los grupos armados no estatales. Desde inicios de la década de los noventa hasta su desmovilización en 2016, la guerrilla de las farc ejerció control sobre los cultivos de uso ilícito en San José del Fragua. Su participación iba desde ofrecer seguridad a los cultivos, hasta la intermediación con compradores y la regulación del precio del gramo de pasta base.

La llegada del paramilitarismo a la región generó inestabilidad entre los pobladores, no solo por las constantes amenazas y por el riesgo de enfrentamiento con las farc, sino porque acudían a las fincas de campesinos cocaleros a exigir que les vendieran la pasta base. Un vocero de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) lo describió así: “Unos y otros querían adueñarse de la zona. No se acordaban precios, sino que unos venían pagando a un precio y los otros a otro, y ahí fue donde hubo contrachoques entre ambos grupos armados y desafortunadamente los campesinos desarmados quedábamos en medio de los enfrentamientos” (Edusmildo Ríos, entrevista personal, 9 de julio de 2019).

En el caso del oro, la exploración del territorio se retrasó a comparación de otros municipios, ya que en el año 2010, cuando se intentaron hacer las primeras exploraciones, la guerrilla no lo permitió. A partir del año 2014, cuando la explotación aurífera tomó fuerza, las farc decidieron empezar a cobrar lo que ellos denominaban un “impuesto”. Según relató Samuel: “Al principio comenzaron con 4 gramos, luego pasaron a 8, ellos negociaban. Como fue creciendo, ajustaron a todo mundo y lo subieron a 15 gramos mensuales. Decían que el que quisiera quedarse lo hiciera, y el que no, pues se podía ir”. Incluso, después del Acuerdo de Paz, los mineros relatan que algunos grupos disidentes continuaron cobrando extorsiones pero de menor valor.

No obstante, mineros y cocaleros señalaron que los pagos realizados a la guerrilla generaban controversia en el interior de la comunidad. Si bien el pago era forzado, algunos de los pobladores aseguran que las farc les garantizaban condiciones de seguridad. Ello se hizo más notorio luego de su desaparición, puesto que, de acuerdo con otro líder minero, “se incrementó el número de hurtos y atracos en las vías, hasta el punto en que la misma gente terminó armándose para defenderse” (Orlando, entrevista personal, 6 de julio de 2019).

Los entrevistados añadieron que durante el desarrollo de las negociaciones en La Habana la idea del posconflicto les producía un poco de temor, porque con la salida de las farc del territorio quedarían “huérfanos”. En la investigación de campo, se evidenció que nuevos hombres armados estaban llegando al municipio generando temor y zozobra en la población.

Un futuro incierto: incumplimientos y dificultades para salir de la ilegalidad

Como se ha mencionado a lo largo de este estudio, factores como la cultura forjada a lo largo de más de cuatro décadas de relación con el narcotráfico, el abandono de la agricultura y el tránsito de los cultivos de uso ilícito a la minería ilegal aurífera han llevado a muchos fragüenses a desempeñarse en actividades fuera de la legalidad.

Sin embargo, tras la firma del Acuerdo de Paz, San José del Fragua fue uno de los 170 municipios focalizados para los planes de desarrollo con enfoque territorial (pdet), instrumentos creados con el Decreto 893 de 2017, que buscan una transformación integral de las áreas más afectadas por el conflicto armado, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional. De la mano de los pdet, se ha intentado vincular a los campesinos productores al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (pnis), que pretende generar proyectos productivos para eliminar por completo las siembras de uso ilegal en el país.

Aunque existió un período extenso de socialización y concertación de este último programa, tres aspectos han dificultado que llegue a buen término en este municipio. Primero, que, al ser de inscripción voluntaria, menos del 50 % de los productores se vincularon. Segundo, que el gobierno ha incumplido los compromisos y plazos a los cocaleros que decidieron vincularse, por lo que varios están volviendo a cultivar. Tercero, que a partir de mediados de 2019 han vuelto a aparecer grupos armados ilegales interesados en tomar el control del mercado de la hoja de coca.

Pero también hay otros problemas de fondo que dificultan la salida definitiva de esta economía ilegal. Con la implementación del pnis y la consecuente erradicación de los cultivos, hubo una baja en la oferta de la coca que subió el precio del gramo, lo que hizo que el negocio fuera más rentable para quienes no sustituyeron. Además, el programa no solo adquirió compromisos con los dueños de los cultivos (productores), sino también con los trabajadores (recolectores o raspachines); a los primeros aunque con demoras de más de un año— se les ha entregado parte de los subsidios o proyectos productivos, pero a los segundos nunca se les cumplió, lo que ha motivado una migración de raspachines a otras regiones del país con mayor presencia de cultivos, como Tumaco, algunos municipios del Cauca e, incluso, la región del Catatumbo.

A todo esto, se suma el ya mencionado tránsito que se ha generado entre la economía ilegal de los cultivos de uso ilícito y la de la minería ilegal de oro. Teniendo en cuenta que ambas producen rentas económicas superiores a las actividades agropecuarias por las que buscan ser reemplazadas, las posibilidades de salir de la ilegalidad aún son inciertas.

Conclusiones

Indagar en la producción académica y la reglamentación (en materia preventiva y punitiva) de actividades como la minería ilegal aurífera y los cultivos de uso ilícito, pasando por los impactos que estas economías generan a nivel ambiental y social, y trayendo a colación un estudio de caso no solo permite evidenciar el estado actual de dichos factores, sino también los retos que se tienen en los municipios en los que se intenta que los pobladores abandonen las economías ilícitas, que es una de las banderas del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc). Es indudable que el municipio de San José del Fragua (Caquetá) es un ejemplo de lo poco eficientes que han sido las políticas que buscan garantizar la paz de los territorios abandonados por las farc y luchar contra la deforestación del bosque natural y sus motores o determinantes, como lo son la extracción ilícita de minerales y los cultivos de uso ilícito. En este municipio, al tener una baja presencia institucional y un desarrollo de actividades ilegales como la minería de oro y los cultivos de uso ilícito en lugares de difícil acceso, lejos de los cascos urbanos, el control es mínimo o no genera mayores efectos disuasorios entre quienes ejercen dichas actividades.

Es claro que las políticas públicas existentes, además de ser insuficientes, no se están cumpliendo en las regiones con mayor presencia de economías ilegales. Adicionalmente, el estudio de caso permitió evidenciar que la centralización de la emisión de normativas es problemática, como ya lo han señalado estudios académicos, dado que el desarrollo de los cultivos de uso ilícito y la extracción ilegal aurífera no se da de la misma manera en todos los territorios.

Además, durante la construcción del estado del arte se encontró un gran vacío académico y documental de la presencia de las economías ilícitas y sus consecuencias, principalmente de la explotación ilegal de oro, en la región amazónica colombiana. Sumado a ello, la información hallada en las entidades públicas es aún más escasa, lo que da cuenta de una baja presencia estatal en estos territorios. El subregistro de la dimensión ocasiona mayores dificultades para plantear posibles alternativas de solución.

En cuanto a los impactos, en la revisión de diversos estudios y la visita a los sitios de cultivos de coca y extracción de oro se evidenciaron las afectaciones sobre el bosque natural por deforestación y el vertimiento de mercurio como los principales impactos ambientales. Con respecto a los impactos sociales, se manifiestan conflictos socioambientales producidos por la explotación minera y los cultivos de uso ilícito, la llegada de grupos armados y el aumento en cifras de violencia, sobre todo a partir del abandono de la zona por parte de las farc y el consecuente ingreso de otros grupos armados que luchan por el control de las economías ilícitas, y también el auge de actividades como la prostitución, el consumo excesivo de alcohol, entre muchas otras que igualmente fueron puestas de relieve por los entrevistados durante el trabajo de campo.

Si bien con la firma del Acuerdo de Paz cambiaron las dinámicas de control que los actores armados ejercían sobre estas dos economías y se establecieron planes y proyectos para lograr una transformación integral del territorio y la sustitución total de los cultivos de uso ilícito, los compromisos del gobierno no fueron aceptados por todos los productores, y quienes sí se vincularon a las iniciativas no han recibido los subsidios y apoyos a tiempo. Con demoras de más de un año en la implementación de programas como el pnis, muchos campesinos cultivadores han optado por volver a las siembras ilícitas, mientras que otros se han trasladado a la actividad de extracción de oro.

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Notas

* Este artículo es producto de la línea de investigación en Derechos Humanos del Observatorio Colombiano de Minería (ocmi), liderado por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Los recursos para realizar el trabajo de campo que sustenta esta investigación se obtuvieron de los fondos del Observatorio.

Notas de autor

** Doctorando en Derecho; magíster en Derecho Ambiental Industrial y en Derechos Humanos; abogado, licenciado en biología, y tecnólogo en saneamiento ambiental. Profesor principal de la Universidad del Rosario. Correo electrónico: leonardo.guiza@urosario.edu.co

*** Estudiante de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario. Correo electrónico: natalia.romerop@urosario.edu.co

+ Estudiante de Ciencia Política y Gobierno, y Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario. Correo electrónico: julian.rios@urosario.edu

Información adicional

Para citar: Güiza, L., Peñuela, N., & Ríos, J. (2020). Desafíos del Estado colombiano en torno al aprovechamiento ilícito de oro y los cultivos de uso ilícito en la Amazonía: estudio de caso de San José del Fragua (Caquetá). Estudios Socio-jurídicos, 22(2), 1-27. https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/sociojuridicos/a.8663

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