Revista Estudios Socio-Jurídicos
ISSN:0124-0579 | eISSN:2145-4531

La Rebelión de la Prisión de Attica (Nueva York, 1971): opresión racial, encarcelamiento en masa y la retórica de la igualdad

The Attica Prison Uprising (New York, 1971): Racial Oppression, Mass Incarceration and the Rhetoric of Equality

A rebelião da Prisão de Attica (Nova York, 1971): opressão racial, encarceramento em massa e a retórica da igualdade

Evandro Piza Duarte, Marcos Vinícius Lustosa Queiroz, Rafael de Deus García

La Rebelión de la Prisión de Attica (Nueva York, 1971): opresión racial, encarcelamiento en masa y la retórica de la igualdad

Revista Estudios Socio-Jurídicos, vol. 22, núm. 1, 2020

Universidad del Rosario

Evandro Piza Duarte *

Universidad de Brasilia, Brasil


Marcos Vinícius Lustosa Queiroz **

Universidad de Brasilia, Brasil


Rafael de Deus García ***

Universidad de Brasilia, Brasil


Recibido: 31 Enero 2019

Aceptado: 22 Junio 2019

Resumen: El presente artículo pretende comprender el fenómeno de encarcelamiento en masa de los Estados Unidos iniciado a partir de la década de 1970 por medio de la película Attica, Against the Wall, que narra la rebelión y la lucha de presos de esa prisión por el reconoci­miento de sus derechos. Con la película buscamos no una interpretación historiográfica del evento en Attica, sino el análisis de las posibles representaciones para los diferentes discursos que lo impregnaron y su relación con el derecho. Así, se trata de un estudio cualitativo comprensivo. Aprovechando el valor de los testimonios ficticios y desde un enfoque interdisciplinario, el artículo utiliza la película como una herramienta de difusión y sensibilización sobre los problemas del encarcelamiento en masa y del racismo institucional. Teniendo en cuenta este episodio como punto interpretativo del giro de las políticas socia­les y criminales estadounidenses, se busca comprender cuáles discursos, ideas y prácticas fueron articuladas para vaciar la esfera pública de los movimientos reivindicatorios de las décadas de los años 50 y 60, que permitieron justificar el crecimiento exponencial del poder punitivo y de la vigilancia, así como entender de qué forma el avance del Estado penal actúa como dispositivo esencial para la no concretización de la ciudadanía negra. Finalmente, se harán aproximaciones entre la realidad estadounidense y la brasileña a partir de dicho episodio.

Palabras clave racismo, sistema penal, Attica, encarcelamiento en masa, ciudadanía.

Abstract: Inspired on the film Attica - Against The Wall, which portrays the rebellion of Attica prisoners for rights and better conditions, this article analyzes the phenomenon of mass incarceration in the United States that started at the beginning of 1970. Considering this episode as an interpretive turning point in us social and criminal policies, we intend to identify which discourses, ideas, and practices were articulated to neutralize the achievements of the social movements of 1950 and 1960. We proceed to identify how these movements justified the intense growth of surveillance and punitive power. We also aim to understand how the advancement of law enforcement works as an essential device for the non-achievement of black citizenship. Finally, by notable similarities, we made a comparison between the us and Brazilian realities.

Keywords: Racism, penal system, Attica, mass incarceration, citizenship.

Attica, una historia

Durante los años 1960 y 1970, los grupos de conciencia negra ganaron fuerza y organización; además, la pésima situación de las penitenciarías en Estados Unidos era denunciada sobre todo como una consecuencia de las detenciones políticas que se hacían contra los miembros de los grupos de movimientos en defensa de los derechos civiles; sin embargo, fue el 9 de septiembre de 1971, el día en que los Estados Unidos de América se detuvo para ver la toma de la cárcel de Attica. Meses antes de la rebelión que sucedería ese día, los presos habían enviado deman­das a las autoridades legales de Nueva York que habían sido ignoradas; tres semanas antes supieron del asesinato de George Jackson, miembro de las panteras negras y cofundador de Black Guerrilla Family 1 por parte de agentes penitenciarios; esta situación causó conmoción en los presos, quienes manifestaron su indignación en un desayuno en el que nada co­mieron y esperaron en silencio, lo que asustó a los guardias. 2

En la mañana de ese día, después de rumores sobre actos de violencia practicados por los guardias contra dos presos en aislamiento, la rebelión comenzó con la toma completa del patio principal. En él, casi 1300 presos mantuvieron como rehenes a 39 personas, entre agentes y empleados. La organización fue rápida y, en poco tiempo, ya habían delineado una lista con sus demandas; además de expresar su descontento general con la administración del presidio y denunciar la agresividad de los agentes carcelarios (todos blancos), buscaban, entre otras cuestiones, un sistema de salud mejor, un salario digno por el trabajo realizado y más transpa­rencia en los criterios de libertad condicional (Cunningham et al., 2011).

La intención era realizar una negociación pacífica. Los guardias mantenidos como rehenes fueron tratados con dignidad por los presos musulmanes, quienes tenían la responsabilidad de cuidarlos. Quienes participaron en la rebelión formaron un consejo y recibieron al abogado Russell Oswald, el entonces StateCorrections Comissioner, para una con­sulta; posteriormente este dijo en televisión que los presos se negaron a liberar a cualquiera de los rehenes, lo que los hizo sentirse defraudados, ya que pensaron que Oswald cumpliría realmente con su función de ser mediador. Al sentirse engañados, adicionaron tres demandas más a su lista, entre ellas la amnistía por posibles infracciones cometidas en la rebelión. Dicha exigencia dificultó el proceso de negociación, principal­mente después de la muerte de uno de los rehenes que sufrió heridas en la cabeza, lo que favoreció la acusación de todos los presos por homicidio (Cunningham et al., 2011).

El gobernador Nelson Rockefeller, 3 al ser llamado a negociar, se ne­gó a visitar el presidio. Alegó que su ida no sería útil y manifestó recelo en mostrarse muy tolerante con los presos. En realidad, su interés era concurrir a la presidencia. Después de tres días de largas e infructíferas negociaciones, ordenó a la policía un ataque para retomar el patio, aun siendo prevenido por las autoridades de la posibilidad de generar un caos mayor (Cunningham et al., 2011).

Para evitar más visibilidad, el gobernador prefirió esperar hasta la ma­ñana del lunes para la embestida. En aquella madrugada, la fuerte lluvia y el frío dejaron a todos en un estado aún más miserable. Por la mañana, en el patio lleno de lodo, todos observaron un helicóptero aproximarse.

Creyeron que se trataba del gobernador cuando en realidad era el inicio de la retoma. Varias bombas de gas lacrimógeno fueron lanzadas desde el helicóptero, lo que dió inicio a los disparos. Inmediatamente los hombres se encontraron boca abajo en el lodo, muchos de ellos heridos. El saldo de la embestida policial fue de 189 heridos y 39 muertos, entre reos y gaurdias; muchos de ellos murieron simplemente por falta de atención médica, desangrándose en el patio central. 4

El guardia superviviente, Michael Smith, fue impactado cuatro veces en el estómago, pero alegó haber sido salvado por Donald Noble, el preso que lo mantenía rehén a la hora de la retoma. Smith cuestionó la actitud de las autoridades, pues no entendía por qué habían realizado un ataque tan violento, capaz de herir inclusive a los propios agentes carce­leros mantenidos como rehenes. Después de la embestida, los policías participes juntaron sus armas en un único montón, impidiendo la iden­tificación de los responsables en las muertes. A pesar de que los medios de comunicación atribuyeron los asesinatos de los rehenes a los presos, las autopsias confirmaron que las heridas fueron causadas por disparos de armas de los propios policías (Cunningham et al., 2011).

Todo ese proceso de toma del presidio por parte de los presos y la consiguiente invasión policial es relatada en el filme Attica, Against the Wall, que tiene como personajes principales al guardia sobreviviente, Michael Smith, y al preso Bishop, activista de movimientos sociales ne­gros y reincidente en el sistema carcelario; esta película es importante para visualizar la cotidianidad de la cárcel y sus conexiones directas con factores más amplios de luchas por los derechos de los afroamericanos en el contexto estadounidense de aquella época (Frankenheimer, 1994).

Sin embargo, desde el punto de vista metodológico, no se trata de un trabajo historiográfico. La intención del cine no es la de buscar pre­cisión histórica o describir “objetivamente” eventos pasados; por eso, se trata de un estudio cualitativo comprensivo sobre un mitin carcelario emblemático, en el que el uso de la película, aprovechando el valor de los testimonios ficticios, intenta constituirse como herramienta de difusión y sensibilización sobre los problemas del encarcelamiento en masa y del racismo institucional. Además, se tiene en cuenta la necesidad creciente de producción de textos interdisciplinarios capaces de servir como ins­trumento para estudiantes en diversos campos del conocimiento. 5

Marc Ferro fue uno de los primeros en entender el cine como fuente de documentación útil para investigaciones; enfatizaba en “sus enormes posibilidades de expresión y su capacidad para mostrar y connotar de­terminados aspectos de la vida cotidiana: estereotipos, mentalidades, poderes simbólicos, relaciones sociales de género” (Radetich, 2008, p. 2). Ferro, contestando a sus críticos más formalistas, llegó a decir:

Así, para los juristas, para las personas instruidas, para la sociedad dirigente y para el Estado, lo que no está escrito, la imagen, no tiene identidad: ¿cómo los historiadores podrían referirse a ella e incluso citarla? Sin padre no madre, prostituyéndose en medio del pueblo, la imagen no podría ser una compañera de esos grandes personajes que constituyen la sociedad del historiador: artículos de leyes, tratados de comercio, declaraciones ministeriales, órdenes operativas, discursos. (Ferro, 1992, p. 83)

Así, entendemos que “fortalecer la capacidad de interpretación de las películas puede ser un punto de partida para la interpretación en el derecho, en la medida en que la actividad mental procesa una des­composición, indagación, comparación y vinculación para descubrir el significado exacto del alcance y de la dimensión del objeto examinado” (Viola de Sousa & Nascimento, 2011, p. 116).

No se trata, pues, de utilizar la película como objeto de estudio, ni de usarlo como fuente primaria de un trabajo historiográfico o como medio de análisis de los discursos que involucraron su producción. Pero entendemos que el cine “permite una ampliación de los horizontes de análisis del hecho social, así como de la interpretación del reglamento normativo al que está sometido” (Franco, et al., 2016, p. 9). En este sentido, “El aporte del cine puede tomarse como reflejo o representación social y también como una alternativa discursiva” (Radetich, 2008, p. 1).

Además, la trama también es útil para comprender cómo el sistema carcelario se volvió pieza clave en el control de los cuerpos. Lo que su­cedió antes y después de la toma de Attica demuestra el crecimiento a gran escala de la política de encarcelamiento (Wacquant, 1999, p. 40). La represión a la rebelión representó el nacimiento de una nueva política en contra de los grupos marginalizados, en especial de la población negra. 6 Si los conflictos sociales estaban establecidos en torno a la igualdad y a la libertad, la respuesta a la rebelión demostró la disposición de transformar el castigo en una fortaleza inexpugnable a las críticas a la “igualdad formal”.

Tiempos de cambios, movimientos sociales y una nueva esperanza

Los años 50 y 60 fueron marcados por la emergencia de nuevas pautas. Los nuevos sujetos políticos batallaban por medidas difícilmente absorbidas en el ámbito institucional por los medios comunes de implementación de derechos (Hobsbawm, 1995, pp. 39-40); además, las manifestaciones en las calles agitaban el espectro político mundial durante ese periodo. Los grupos de contracultura, como la generación Beat y el subsecuente movimiento hippie, expresaron su inconformidad con los valores de una sociedad cada vez más consumista y homogeneizada (Vlagopoulos, 2011); por su parte, las rebeliones estudiantiles se extendieron por todo el mundo, teniendo como punto crucial la huelga deflagrada en Francia, conocida como Mayo del 68 (Barker, 2008).

Aunque no se pueda afirmar un objetivo político común entre los movimientos del período, estos representaron un descontento general ante el rumbo que seguía la sociedad occidental y la incapacidad del aparato estatal de escuchar e implementar las reivindicaciones elabora­das por los diversos grupos presentes en el juego político. Era evidente la presencia de nuevas tensiones relativas a la igualdad y a la libertad, no solucionadas en el modelo de la democracia capitalista o del socialismo real (Carvalho Netto, 2003; Duarte, 2011).

En Attica, Against the Wall, la referencia a ese período de contestación es evidenciada en la escena inicial; ahí se retratan los momentos impor­tantes de la época, como, por ejemplo, las protestas de las décadas de los años 60 y 70, las voces de Martin Luther King y Malcolm X, la guerra de Vietnam y el asesinato del presidente Kennedy. 7

Las manifestaciones por los derechos civiles se relacionan con esa conjunción global de movimientos, reivindicando rupturas paradigmá­ticas en la vida pública. Ellos ya peleaban cambios significativos en el trato racial dado por el Estado. Esta lucha fue más allá de las calles y las protestas, formando una red articulada de reformadores y profesionales cuyo objetivo era desmantelar al régimen jurídico-político segregacionista y excluyente vigente en el aparato formal de los Estados Unidos (Amar, 2005). Conscientes del proceso de control social y de exclusión generado por las políticas racialmente dirigidas, esos movimientos “consiguieron bo­rrar el racismo de la mayoría de los códigos formales y prácticas ‘legibles’ del poder estatal” (Amar, 2005, p. 235). Sin embargo, a pesar de haber sido pautado por parte de los movimientos sociales negros, un mecanis­mo de control social aún se mantenía oscuro en el juego de embates de la sociedad estadounidense: la prisión (Gottschalk, 2012; Davis, 2003).

Antes de ser un factor determinante en la racialización y estratifica­ción del poder en 1973, el sistema penitenciario fue investigado por la Comisión Nacional Consultiva sobre la Justicia Criminal, que reconoció el cúmulo de fracasos y propuso el cierre de los centros para jóvenes de­tenidos y la paralización de la construcción de prisiones por una década; en ese momento se defendía, aun, la implementación de programas de educación de los detenidos. La intención de los penalistas revisionistas era destinar a la reclusión a la minoría de los detenidos, o sea, a los auto­res de los crímenes más violentos (Mauer, 2001; Travis & Wester, 2014; Wacquant, 2007). Por casi tres décadas, hubo una ligera reducción en el número de prisioneros, que pasó de 109 por 100 mil habitantes en 1950, a 96 por 100 habitantes en 1970.

Ante eso, Attica representa el momento decisivo de un cambio po­lítico, y la clave para comprender cómo la prisión pasó de parafernalia auxiliar en el control social de los excluidos, en una sociedad donde la exclusión era formalmente prevista en las legislaciones, a un sistema productor de extremas divisiones raciales y simbólicas de la ciudadanía estadounidense, aun con la abolición de las diferenciaciones formales y legales entre los grupos raciales. El encarcelamiento de ciudadanos negros en las décadas siguientes va a construir una nueva relación de clivaje y de segregación social, sin que se afirme expresamente la desigualdad ra­cial; es en el sistema penitenciario, y no solamente en los guetos, donde el sentido común va a encontrar la relación entre “negritud” y violencia.

Así, el crecimiento de las cárceles va a dislocar las revueltas y manifes­taciones de los barrios (extremadamente repercutidos por los medios de comunicación), para el interior de las prisiones, donde son menos visibles, distanciándose cada vez más del escenario público (Wacquant, 2003). De ese modo, podrá ser reproducido el dislocamiento de la imagen de los militantes negros “ordenadamente”, reivindicando derechos bajo el comando de líderes religiosos, para producir la imagen de las rebeliones en el sistema de prisiones, sustituyendo los estereotipos de los protago­nistas y el apoyo de la sociedad.

Attica puede ser vista como el mayor símbolo dado a los negros en las décadas siguientes, así como la imagen de una guerra silenciosa contra esa parte de la población. La revuelta fue un momento paradigmático en la historia del sistema penal estadounidense (Cohen, 1975; Wacquant 2003); simbolizó un cambio en la reconstrucción de la gramática de la igualdad y de la desigualdad por parte de las instituciones penales.

De acuerdo con David Garland, entre 1890 y 1970, con mayor vigor en las dos décadas siguientes a la posguerra, el modelo penal welfarista o el modelo penal del Estado de bienestar social (penal-welfarism), fue el modelo político-penal predominante en los Estados Unidos. Sus principios tendían a impedir el encarcelamiento en masa, ya que la cárcel se entendía como poco efectiva desde el punto de vista preventivo y de corrección individual; en ese período, cada vez menos categorías de criminales eran consideradas aptas para el encarcelamiento común (Garland, 2001a).

El desarrollo del derecho penal en la posguerra hizo cada vez más fuerte la crítica a la ideología correccionalista y, a pesar de las limitacio­nes prácticas, discursos y expresiones punitivistas eran raras entre espe­cialistas y oficiales del gobierno (Garland, 2001a). Sin embargo, como argumenta el autor:

The processes that undermined the credibility of the penal-welfarism were not the same as the ones that subsequently unravelled it. The orig­inal damage to the structure came about in the early 1970s because of radical and reactionary forces working in tandem, but with the former in the dominant position. The critique of rehabilitation was originally a progressive critique. The further assault on the system in the 1980s and 1990s occurred in the context of a more regressive public mood and temper, against the background of a changed perception of the moti­vating problem and as part of the creation of a new and less inclusive civic narrative. As we will see, the new crime control programmes and strategies responded to the supposed failure of the criminal justice state in its penal-welfare mode and moved into the institutional space created by the assault on correctionalism. But they also adapted to the new social, political, ·and cultural conditions of late modern society, and to the new class and race relations to which they gave rise. (Garland, 2001a, p. 73)

Siguiendo a Loïc Wacquant, quien sintetiza los estudios de innume­rables intelectuales negros, podemos afirmar que:

Al final de los años 70, por tanto, cuando la reacción social y de clase contra los avances democráticos conquistados por los movimientos sociales de la década anterior ganó toda su amplitud, la prisión volvió bruscamente a la línea de frente de la sociedad estadounidense, ofre­ciéndose como solución, al mismo tiempo simple y universal, a todos los urgentes problemas sociales. (Wacquant, 2007, p. 347)

A pesar del evidente fracaso de la prisión en sus funciones manifies­tas, las trasformaciones se dieron en un sentido totalmente contrario a cualquier evidencia empírica de su valor para la reintegración social o para la prevención de nuevos crímenes. Así, la rebelión marcó el inicio de una era de hiperinflación que dobló la población carcelaria en 10 años y la cuadruplicó en 20. 8 La población pobre y negra fue la más afectada, sobre todo cuando se lleva a consideración que, aunadas al creciente encarcelamiento, otras medidas como la retirada de derechos políticos y de la asistencia social para quies habían pasado por el sistema penal fueron adoptadas para debilitar a esos grupos que daban importantes debates públicos. Así, por ejemplo, si en las décadas de 1950 y1960 los movimientos sociales negros lucharon por el derecho al voto y conquis­taron importantes victorias contra los mecanismos institucionales de restricción al ejercicio de la ciudadanía, inmediatamente después varios estados adoptaron como estrategia de exclusión la retirada de los de­rechos políticos de individuos que tuviesen algún tipo de investigación criminal; entonces, la criminalización creciente y desproporcional sobre la población afroamericana garantizó la producción de resultados seme­jantes a aquellos que existieron en el pasado.

Dicho giro en dirección al encarcelamiento encuentra explicación en la disminución de gastos del Estado estadounidense en el área social y en la desregulación de los derechos del trabajo, en especial en lo que tiene que ver con la base de la clase obrera (Garland, 2001). Esto no corres­pondió, como podría creerse, al aumento de la criminalidad, pero sí a una estrategia de criminalización de nuevos comportamientos, del aumento de la severidad de las penas y de la dilatación del tiempo de las medidas de encarcelamiento y vigilancia (Beckett & Western, 2001). De esta manera, una disminución del papel del Estado en las cuestiones sociales y su aumento en el área represora permiten el debilitamiento del Estado asistencial y la emergencia del Estado penal (Beckett & Western, 2001).

Exclusión social y discursos sobre libertad: el encarcelamiento y el racismo institucional

Attica, a su vez, representa el último acto de una pieza en la cual los presos eran personajes con alguna voz en el espacio político público. En las décadas siguientes serán construidas formas de silenciamiento, tales como la imposición de la segregación celular, la demonización de los grupos internos identificados con parte del crimen “organizado” y la prohibición de entrada a las organizaciones de Derechos Humanos, etc; de este modo, las reivindicaciones dejarán de ser llevadas a la esfera pú­blica y la insurgencia interna pasará a ser retratada como maniobra de los propios “criminales”.

En el filme, el sistema penitenciario reacciona a los cambios en la sociedad americana. El agente Michael Smith, al entrar en el cuadro de funcionarios del presidio, pasa por un proceso de formación ejemplar. Michael siente la necesidad de cortar su larga cabellera para ser aceptado en el empleo, demostrando la repulsión de los agentes con ese nuevo modelo de libertad sobre el propio cuerpo. Durante su formación, un agente de la prisión dice: “El sistema de prisión está acabando, es en serio. Antes, ellos sabían su lugar y nosotros hacíamos nuestro servicio. Ahora, es tanto sexo, amor libre y violencia por ahí… ¡y ellos también quieren! Hay un elemento muy ruin en las prisiones de hoy en día” (Frankenheimer, 1994). 9 Él lamenta la inminente influencia de esos procesos democráticos en las prisiones, porque serían un fuerte síntoma de cambio. Su tono es de pesar, porque creía en la función moralizadora de la prisión, subvertida en una sociedad en “degradación”; la solución para él, por lo tanto, sería el aumento de la fuerza represora dentro de los presidios.

Michael, en su proceso de adaptación, se solidariza con algunas demandas levantadas por los internos. Sin embargo, al llevarlas a los superiores, es constantemente reprendido, siendo acusado de “estarse haciendo débil”. Hay una constante presión para que no se sensibilice, siéndole exigido tratar a los presos con frialdad, distanciamiento y de forma marcadamente maniqueísta, una vez que la oposición “nosotros” y “ellos” es reiteradamente recordada. Ese proceso de deshumanización le impone la obligación de “automatizarse” para componer una pieza más del engranaje de reproducción del sistema. 10 Los aspectos simbólicos del doble encarcelamiento al que están sometidos los presos y los agentes son decisivos en la reproducción de la realidad social. 11 La prisión representa la materialización de ese poder, conectando los intereses de control de determinada clase al deseo y a la pasión por un modelo de justicia que remite al discurso de la defensa social, uniendo desigualdad, identidad, dominación y significación (Wacquant, 2003).

Esa colonización de las subjetividades es además expresada en otro pasaje. Wisband, al ver al preso Bishop retornar nuevamente al presidio, dice: “A algunos les gusta tanto aquí que siempre vuelven” (Frankenheimer, 1994). Dos elementos se hacen evidentes. El primero es la confianza institucional que el agente deposita en el sistema penal, destinado para aquellos que hubieran hecho uso del libre ejercicio de la libertad, esco­giendo, de esa manera, la prisión. Segundo, al ignorar los motivos del encarcelamiento de Bishop, el agente no lo considera como un preso político, miembro de los movimientos sociales negros; eso hace evidente no solamente la criminalización de los movimientos sociales, sino la pro­pia negación de su carácter político.

Tal actitud reproduce el punto ciego de los conflictos sociales sobre el encarcelamiento. La estructuración del poder simbólico está íntima­mente ligada al discurso que legitima al sistema penal contemporáneo. Él representa una apropiación de la tradición liberal de igualdad, según la cual todos los individuos son tomados como iguales siempre que las desigualdades sean retiradas del ámbito cognitivo del proceso de deci­sión. Todos son iguales y merecedores de la desigualdad impuesta por el sistema judicial, siempre que no se cuestione la desigualdad anterior o posterior al momento tomado para pensar la igualdad, o sea, el mo­mento de la violación de la norma. Las desigualdades en el momento de creación de la ley, de sus innumerables disputas institucionales y de las distintas aplicaciones concretas deben ser olvidadas. 12

Dicha apropiación neoliberal del discurso de la libertad tiene raíces en las representaciones de la democracia estadounidense, marcadas por la ética protestante y por los grandes teóricos del liberalismo clásico, y que, para imponerse como narrativa dominante, contribuyó en la elimi­nación de otras tradiciones democráticas. 13 Para ella, la acumulación de capital, además de significar el éxito individual, representa una contribu­ción positiva al bienestar de todos. 14

El proceso de consolidación de esta moral del trabajo se basa en los ideales de universalidad y racionalidad modernos. Bajo esta óptica, la visión del poder público, asociada con parámetros morales homogenei­zadores, parte del presupuesto de que la organización estatal habría de existir solamente con el objetivo de garantizar el modelo económico, llegando así a un efectivo mecanismo de control social y dando marcha atrás a modificaciones políticas e influyentes en los más diversos espacios de convivencia. Cualquier visión semántica que esté en desacuerdo con aquella establecida por el patrón oficial, debe ser excluida como una anormalidad del cuerpo social. El poder debería volverse inmune a cual­quier proyecto de vida que pudiese fraccionar a la racionalidad estatal a partir de significados no incorporados por su dinámica (Bauman, 1999).

En ese sentido, el Estado moderno no podría desvincularse del propio modelo cognitivo de la modernidad, que tiene en su “conocer” –categorizar, separar, estratificar, colocar en patrones preestablecidos, jerarquizar– el control sobre su objeto. Ese modelo panóptico pretendió la visibilidad y vigilancia total de los individuos, además de garantizar la previsibilidad de los comportamientos de los observados (Foucault, 2003), encubriendo, sin embargo, las variables desconocidas de las ecuaciones que servían de base para la implementación del control. La administración de las vidas no era sometida a la crítica, mientras su racionalidad impersonal trataba de excluir todo lo fortuito, espontaneo o ambivalente, mientras lo di­vergente fue apropiado discursivamente como anormal y, en el mismo paso, transformado en objeto para la normalización.

Así, lo anormal dentro de ese patrón moral es aquella persona que no trabaja, no posee empleo, no tiene dinero o no posee “ambición” de cambiar su condición de subempleo, lo que a su vez lleva a ese individuo a no “contribuir” para el desarrollo social y económico de la sociedad, siendo comparado con el enemigo del cuerpo social. En otros términos, lo que se combate, en última instancia, es a la propia pobreza, que se constituye como un estado intolerable contra ese modelo ético del libera­lismo económico, el cual concibe a los Estados Unidos como la “tierra de las oportunidades” (Wacquant, 2003, p. 42). De esa forma, como reflejo de esa filosofía punitiva que da énfasis a la responsabilidad individual de las personas, el pobre se asemeja al propio criminal, pues ambos van contra los derechos y obligaciones de un ciudadano (Wacquant, 2003). El encarcelamiento y la pobreza son vistos como meras casualidades de decisiones personales, cabiendo al criminal la prisión y, al pobre, una condición de vida precaria. Esa retórica liberal de la anormalidad justi­ficó tanto el creciente encarcelamiento como la retirada de la asistencia social. Las medidas de redistribución de riqueza y el amparo a los más pobres permanecieron estancadas y, muchas veces, sufrieron retrocesos, mientras los recursos eran transferidos para la ampliación exponencial del sistema de cárceles (Wacquant, 2001).

La no aceptación de la ética del trabajo y, en un límite más preciso, la no sumisión de las subjetividades a las funcionalidades sistémicas de la producción (y del consumo) representan el extremo contra el cual reaccionan los modelos de control social. Sin embargo, el argumento de que la guerra contra los pobres se transformó en la guerra contra los ne­gros no visualiza totalmente la complejidad de la cuestión. Es necesario comprender el fenómeno del encarcelamiento en masa de una manera más amplia. Patrones de control determinan patrones de producción social y de marginalización de determinados grupos; el control penal no es solamente un mecanismo de control de los excluidos, pues es también un mecanismo de producción y reproducción de la exclusión.

En ese sentido, la construcción discursiva del modelo liberal tendrá como una de sus “causas” a la respuesta de la sociedad estadounidense al movimiento negro por los derechos civiles que surgió durante las dé­cadas de los 50 y 60. El fin del régimen de los “separados, pero iguales” correspondía al fin de una estructura social que, a pesar de la aparente igualdad, trabajaba con la idea de división racial, reproduciendo la es­tructura de discriminación de los negros en los Estados Unidos desde la época de la esclavitud. El movimiento por derechos civiles representa un momento único en la historia del debate público estadounidense, pues en él los negros se insertan en la arena política como ciudadanos que se expresan y reivindican sus derechos, intentando, por medio de sus movilizaciones, transformar gran parte del aparato racializador del Esta­do. La sociedad civil organizada, hasta entonces blanca, gana una nueva cara, en la que la población negra comienza a pautar la agenda estatal. Los movimientos sociales amenazan con tomar las calles, interrumpir relaciones de consumo, boicotear servicios públicos y, de modo general, movilizar las retóricas discursivas comunes del sueño americano.

Attica es una alegoría de ese proceso de lucha y politización por par­te de ciertos sectores de la sociedad estadounidense, pues representa la protesta de los presos por las condiciones humanas dentro del sistema carcelario, por la continuidad de las redes de apoyo político dentro y fuera de los muros y, especialmente, por el uso de las formas de dispu­ta política a través de los medios de comunicación. En esa rebelión, los condenados exigen a las autoridades una serie de derechos que les son negados en lo cotidiano del presidio. Son garantías formalmente previstas (comida decente, elementos de higiene, fin de la tortura y arbitrariedad), pero que no se concretizan en la realidad.

En diversas oportunidades durante la película, los líderes de los pre­sos intentaron hablar con las autoridades de la administración, pero sus reivindicaciones eran sistemáticamente negadas, al paso que la opresión solo aumentaba, dejando evidente la falta de diálogo entre la institución y los presos. En una escena, Michael Smith intenta hacer que los presos caminen, pero ellos no obedecen a sus órdenes. Otro guardia explica que no puede haber intercambio de palabras entre guardias y presos y que, para hacer que caminen, se debe golpear con la macana en la pa­red (Frankenheimer, 1994, 15 min). En otro momento, un preso intenta reportar problemas con el retrete, pero el agente finge no escucharlo y exige que el detenido cite un formulario oral, lleno de expresiones téc­nicas, para escuchar su pedido (Frankenheimer, 1994, 21 min).

Esas dos situaciones muestran cuán deficiente se tornó la comuni­cación; había una total ausencia de derechos y de voz, y los presos eran tratados como meros objetos almacenados hasta el término de sus pe­nas. El ápice de esa situación es retratado en la escena en la que el preso Bishop hace reivindicaciones formales delante del superintendente de Attica. Después de los pedidos del detenido, el agente estatal responde diciendo que “quienes hacen las reivindicaciones son ellos, y que en Attica los presos deben mantenerse en sus lugares” (Frankenheimer, 1994, 25 min 40 seg).

La rebelión nació como una “solución final” para que los presos fueran escuchados. Esa ansia por hablar es demostrada por el entusiasmo de los presos con la posibilidad de ser vistos y poder ser escuchados fuera de los muros de la prisión, pues durante la revuelta hubo presencia constante de cámaras de cadenas de televisión. Attica tenía un paralelo con la toma de las calles por parte de los negros en las grandes marchas. La conexión de estos dos ámbitos de lucha no estaba sólo en las reivindicaciones es­pecíficas, sino que también hacían parte de una misma red de politiza­ción que exigía transformaciones inmediatas y profundas de la sociedad estadounidense. En este caso, el personaje de Bishop es ejemplar; él es un preso político, como se autodescribe, por integrar organizaciones de resistencia negra. En otro momento, dos policías alertan la presencia de un ómnibus de “revolucionarios negros” yendo en dirección a Attica. Según ellos, en caso de que el ómnibus llegara a tiempo, habría una revolución que escaparía de los muros de la institución. Esto demuestra cómo los movimientos civiles estaban no solamente articulados fuera de la prisión, sino dentro de ella y más allá de ella. Había un intercambio de ideas y de personas entre los diversos frentes reivindicatorios de derechos, y especialmente, un uso político, por parte de los movimientos sociales y de los detenidos, de las imágenes producidas para la televisión. Ese uso ampliaba la sensibilidad de amplios sectores de la sociedad y, al mismo tiempo, exigía nuevas estrategias para control de sus efectos sobre la le­gitimidad de las organizaciones estatales que pasaban a ser abiertamente acusadas de violentas y racistas (Duarte & Carvalho Netto, 2012).

Sin embargo, de la misma forma que la revuelta de los presos ayuda a comprender el contexto de reivindicaciones de los derechos civiles por el movimiento negro estadounidense, la respuesta del Estado al motín sirve de parámetro para entender cómo las instituciones reaccionaron a la lucha por el fin de la discriminación racial. La masacre operada por algunos policías calló la voz de los revoltosos, y en la sociedad civil exis­tió la tentativa de silenciamiento de diversos procesos de emancipación. El uso de bombas de humo por la policía en Attica impidió el registro de los asesinatos por las cámaras de TV de la misma forma en que la política de encarcelamiento atribuyó nuevos discursos y estereotipos a antiguos actores y grupos sociales. El análisis de los diversos procesos reactivos implementados por la política estadounidense trae elementos del nuevo escenario de disputas. Ocurre la infiltración de agentes de la CIA en los movimientos de las Panteras Negras, de los chicanos y de los indígenas. Diversos líderes son detenidos, como, por ejemplo, la lideresa de la lucha contra el racismo institucional en los sectores de la Policía y la Justicia, Angela Davis. 15

La respuesta al aumento de derechos civiles para las minorías raciales y las clases subalternas fue la elaboración de rigurosas leyes antidrogas y códigos contrainsurgentes, además de cortes presupuestarios en la asistencia social, bien como políticas criminalizadoras de grupos pobres y disidentes de las poblaciones minoritarias (Amar, 2005). Según Paul Amar, “esas medidas despolitizaron forzosamente las culturas institucio­nales de los estados, en los planos tanto nacional como local, y redujeron el espacio de la esfera pública disponible para discutir la cuestión de la injusticia racial” (Amar, 2005, p. 245).

Mientras tanto, la exclusión de esos grupos de la esfera pública no fue acompañada de un discurso directo que pretendiese anular su par­ticipación democrática. Se dio una relocalización estructural de ciertas instituciones y políticas públicas que pasaron a buscar el control de esa parcela “marginal” de la sociedad. No sorprende que esas reformas po­líticas encuentren justificación en la privatización, en la austeridad, en la tecnificación, en la disciplina punitiva y en la racionalización (Amar, 2005). Esa nueva reorganización del Estado es hecha por un discurso que se pretende neutral y científico, cuya consecuencia es despolitizar y retirar de la arena política temas antes evidenciados por los movimientos sociales como el racismo institucional.

En esa reacción silenciosa a la ocupación de los espacios públicos por nuevos sujetos insurgentes, no hubo solamente la retoma de los principios liberales como medio argumentativo y como modelo de sociedad a ser preservado. Así entonces se vuelve al argumento de la racionalidad técni­ca como medio de concebir la actuación estatal que debería ser aplicada por medio de proposiciones abstractas insensibles a las desigualdades, lo que tenía paralelo con el discurso técnico sobre la crisis fiscal del Estado.

La instrumentalización de ese discurso de racionalidad técnica pue­de ser encontrada, inclusive, en las prácticas policiales que antecedían al encarcelamiento. En el caso Terry vs. Ohio, litigio en que Terry procesa al Estado por el abordaje injustificado de un policía y, consecuentemente, por la violación de la Cuarta Enmienda que protege al ciudadano contra las búsquedas sin autorización, la Suprema Corte establece su ceguera con respecto al racismo institucional de la policía en esa frase anterior (Wanderley, 2014). 16 En el caso, el policial McFadden aprehendió a dos hombres negros que consideró sospechosos, siendo uno de ellos Terry. Una tercera persona, de color blanco, en condiciones similares, no fue siquiera abordada. No obstante, McFadden no consiguió justificar por qué consideró a los dos primeros hombres sospechosos, mientras que al tercero (el hombre blanco) no, solamente insistiendo en el hecho de que “no le habían gustado” y que “sus caras tenían alguna cosa rara” (Amar, 2005, p. 251). Aun así, la Suprema Corte consideró razonable la sospe­cha de McFadden, lo que provocó repercusiones en la práctica policial en las décadas siguientes. El aumento de la amplitud de criterios para lo que se consideraba una conducta sospechosa significó el verdadero debilitamiento de las protecciones garantizadas por la Cuarta Enmienda (Schwartz, 1995), que imponía restricciones para revisiones, aprehensio­nes y mandatos judiciales en general, en coherencia con el principio de la libertad individual y del derecho de no ser sometido a arbitrariedades por parte de agentes del Estado.

El aval de la Suprema Corte en dar más poder de discreción a la fuerza policial en detrimento de las libertades individuales se enmarcó convenientemente en el contexto de endurecimiento de las normas pe­nales. El caso “creó poderosos instrumentos a la ampliación legal de los poderes del Law Enforcement” (Schwartz, 1995, p. 333) (traducción de los autores). Sin embargo, su consecuencia más directa fue la legalización del racismo institucional, pues aun habiendo perfecta conciencia del he­cho de que el número de negros abordados era mucho mayor que el de blancos, la Corte no previó el impacto racial que la decisión tendría en el escenario de las políticas contra el crimen (Schwartz, 1995).

El modelo de la ceguera racial, al considerar la actuación del policía como solamente una cuestión de discreción, libertad o falta de técnica policial, colocó de lado la naturaleza racializada de la práctica policial. Por medio de argumentos que abordaban solamente la racionalidad abs­tracta de los abordajes policiales y de una interpretación de la ley lejana de la realidad concreta, la Corte se negó a debatir el tema. La ceguera, al retirar el elemento de la raza de la arena política por medio de un discurso que se pretende solamente técnico, permitió la recolonización del racismo dentro del ámbito institucional, sobre todo en el área de la seguridad pública y social. Con eso, los argumentos de eficiencia y tecni­cismo profesional sirvieron para enmascarar la perpetuación del racismo en las prácticas estatales. Por consecuencia, como comprueban las esta­dísticas sobre el trabajo policial, los negros son más encarcelados porque son más vigilados, abordados, investigados y detenidos por la policía. 17

Cuando la seguridad pública se convierte en una guerra contra los negros

La guerra contra el crimen, como justificación de la represión política de los negros es la continuidad de Attica. La policía, auxiliada por la ce­guera racial del poder judicial, impulsó el racismo institucional, alejando a los jóvenes negros del espacio público. Como ejemplo de este fenómeno, la política de tolerancia cero, implementada por Rudolph Giuliani en la década de los 90, en Nueva York, con apoyo de los medios de comuni­cación, alardeo la victoria sobre los criminales. No solamente la ilógica e improbada “broken windows theory” (teoría de las ventanas rotas) sustentó acciones que se destinaban a manipular el sentimiento de miedo para legitimar la represión (Belli, 2000). Investigaciones pseudoacadémicas, como las desarrolladas en el Manhattan Institute por Charles Murray, atribuyeron la presencia de la violencia urbana a la falta de inteligencia y cultura de las clases más pobres; así la falta de “poder cognitivo” habría sido “seleccionada” a lo largo de las generaciones de grupos violentos. Esa explicación darwinista fundamentó la constante vigilancia de esas personas, sin necesidad de cometer algún crimen (Lopes Jr., 2001). Así, la acción de las instituciones se dislocó, oficialmente, de las pequeñas infracciones para los propios grupos sociales.

Las medidas propuestas tenían como blanco principal a las llama­das underclasses: parte de la población excluida de las políticas sociales y ahora tachadas como naturalmente tendientes al crimen debido a su “déficit de cognición” (Wacquant, 2001, p. 24). Estos grupos pasan a representar las “zonas de peligro” en las nuevas estadísticas penales, o sea, aquella parte de la sociedad que aun antes de cometer un crimen, ya era blanco y objeto del poder punitivo. Según esa óptica deformada, por estar propensos al acto delictivo, las clases más pobres y los grupos minoritarios son catalogados y fichados de forma sin precedentes en la historia. Hasta la misma burocracia de la seguridad social pasó a tener la función de catalogarlos, alcanzando la meta de disciplinar a una masa de la población excluida del mercado de trabajo desregulado (Bauman, 2010).

Los bancos de datos pasan a construir “nuevos” perfiles criminales que, por “coincidencia” repetían los viejos estereotipos raciales de poli­cías. De forma similar a la decisión del caso Terry vs. Ohio, la Tolerancia Cero aumentó la “eficiencia” del aparato punitivo, ignorando las críticas sobre la racialización de sus objetivos principales: el “milagro” estaba concluido. El perfil del criminal “potencial”, obtenido por las estadísticas producidas por el mirar racializado de los policías, pasó a corresponder al perfil racial de los negros e hispanos.

Este cambio se fundamentaba en la idea de Murray sobre la igualdad, según la cual, delante de la “propensión natural al crimen”, la tentativa del Estado de reducir las desigualdades sería contraria a lo establecido por la propia naturaleza, agravando aún más los problemas sociales. Es por eso por lo que, “las medidas igualitaristas son más que deshumanas: son inhumanas” (Wacquant, 2001, p. 24). Lo que era, de hecho, una idea copiada del racismo evolucionista de Spencer escrito a finales del siglo XIX, conciliando eugenesia y liberalismo (Duarte, 2006).

Otros argumentos racistas estuvieron presentes en la reducción de la seguridad social. El fin de los beneficios fue una medida popular del electorado de clase media y del trabajador blanco, pues esos grupos per­cibían las políticas sociales como una ayuda que carecía de fundamento, sobreprotegiendo a una población de reputación cívica cuestionable y sin ética, tanto en relación con el trabajo, como en relación con los valores familiares (Wacquant, 2007). Para esa visión, las medidas de seguridad social servían solamente para mantener a las madres de los guetos en la ociosidad y en los vicios. De este modo, se creía que la ayuda no servía para el desarrollo ni para el mantenimiento de las personas en situacio­nes de marginalización, por lo contrario, minaba la voluntad de trabajar y estimulaba una “cultura de la dependencia”, además de “explicar el crecimiento de nacimientos fuera del matrimonio” y la “secuencia de pa­tologías que supuestamente venía con ellos” (Wacquant, 2007, p. 155). 18

Un ejemplo de esos argumentos es la serie de arquetipos racistas reproducidos en la película Precious (Daniels, 2009). En él, la madre del personaje principal vive a cuestas de la seguridad social, engañando a la burocracia y sirviéndose de la ayuda social para mantener comporta­mientos considerados como desviados. Además de la “reina del wellfare”que gasta el dinero de la seguridad social con drogas y bebidas, no tra­bajando ni ayudando en la vida familiar, la película presenta a la “madre adolescente negra” que goza de vicios morales y sexuales, “el padre pobre que embaraza mujeres sin ninguna responsabilidad”, y “el inmigrante invasor” que entra a los Estados Unidos solamente para beneficiarse del asistencialismo estatal (Wacquant, 2007, p. 155).

El liberalismo racista, profundamente identificado con los discursos neoliberales, aproximó los dos lados del discurso contrario a las políti­cas asistenciales, mezclando ideas que sustentan la existencia de ciertas patologías sociales que deben ser combatidas con la represión, y que entienden la asistencia social como un mal perpetuador de la morali­dad corrompida de las underclasses. De un lado, la aproximación con el “darwinismo social”, en que ciertos grupos, después de selecciones ge­neracionales, poseen ciertas desviaciones morales, sexuales y sociales, y del otro, yendo al encuentro del primero, la defensa de una racionalidad estatal basada en principios liberales económicos, según los cuales las medidas sociales solamente desestimulan el desarrollo de la sociedad.

El viejo discurso basado en prejuicios arraigados en la construcción histórica estadounidense de asociación de la pobreza (y ahora el crimen) a las marcas raciales sobrevivió con apoyo de los medios de comunicación, que transformaron a los pobres de los guetos en verdaderos enemigos y parásitos sociales (Mathiesen, 2001).

Por lo tanto, ese sistema discursivo de racialización de la pobreza no fue resultado de un mero empobrecimiento de los negros, sino que fue moldeado y realizado mediante una red, compuesta por grandes centros de investigaciones sociales, formadores de opinión, obras “especializa­das” y el “front” mediático con sus bombardeos diarios (Lopes Jr., 2011). Contribuyó, así, “para la construcción política de una penalización re­forzada y ostensiva, encargada de contener los desórdenes causados por la generalización del desempleo, del subempleo y del trabajo precario” (Wacquant, 2001, p. 73). Y, sobre todo, representó un ataque a la ame­naza del fin de los privilegios raciales iniciada con la des-segregación y las subsecuentes políticas de acción afirmativa.

Perder las prisiones es perder América

En una escena del filme Attica, Against the Wall, el agente carcelero autoritario, Wisband, durante una conversación con Michael Smith, profiere la siguiente afirmación: “perder las prisiones es perder América. Hay una guerra civil y es aquí donde tenemos que mantener el orden” (Frankenheimer, 1994, 15 min).

Esa frase resume el nuevo papel de la prisión: regular el disenso e inhibir la presencia de las voces de grupos marginalizados en la esfera pú­blica en posición de desigualdad. De ese modo, según Wacquant (2007), se produce el “amurallamiento socio-simbólico” (p. 347) semejante al gueto, volviéndose “un dispositivo socio-espacial, que permite a un gru­po estatutario (…) ostracizar y explotar, simultáneamente, a un grupo subordinado, portador de un capital simbólico negativo, esto es, de una propiedad corporal percibida como algo que vuelve todo contacto con él degradante” (Wacquant, 2007, p. 345). Así, “(…) del mismo modo que el gueto protege a los habitantes de la ciudad de la polución que implica el contacto físico con los cuerpos corrompidos (…), la prisión limpia al cuerpo social de la infamia temporaria que le afligen aquellos entre sus miembros, que cometieron crímenes” (Wacquant, 2007, p. 346). De este modo, la prisión sirve como mecanismo de referencia para la cons­trucción de una ciudadanía pautada en la búsqueda de una población étnicamente y moralmente homogénea, construyendo barreras y clivajes que “moldean” esa uniformidad. Si la democracia, transformada por la ampliación de la ciudadanía, tiene como presupuesto el “acceso universal, la participación bajo igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades para todas las contribuciones, la orientación de los participantes en di­rección al entendimiento mutuo y la in-coerción estructural” (Habermas, 2007, p. 341), la prisión actúa como factor que imposibilita la entrada de todos los grupos en la esfera pública con chances iguales de influenciar el rumbo de las tomas de decisiones; así, el encarcelamiento en masa es el elemento no mencionado de un sistema democrático cojo, en el que el discurso de la inclusión social aparece como mera retórica.

La prisión, por lo tanto, es el dispositivo último que articula una serie de relaciones microfísicas (ejemplo del registro en el sistema de segu­ridad social) y estructurales (como las relaciones de los medios con los grupos estigmatizados). Actúa como principio, símbolo y refuerzo condi­cionante de las relaciones raciales y morales de los EUA, transformando el disenso en silencio al volverse contra grupos específicos. Sustentada por la razón liberal moderna, el Estado punitivo avanza sobre los negros, no como prueba de que esa parte de la población es más propensa a cometer crímenes, sino como demostración del “carácter fundamental­mente discriminatorio de las prácticas policiales y judiciales” (Wacquant, 2001, pp. 94-95). 19

Ese avance está representado en Attica por la falta de diálogo, por la opresión sistémica y por la muerte de los disidentes. Si en Attica ocurrió la muerte de una “vida desnuda”, sin derechos ni valor, en la era post-Attica, continúa ocurriendo el genocidio simbólico, de los cuerpos y de las voces, orquestado por la trasformación de las prisiones en genuinos contenedo­res humanos. El “estado de excepción”, instaurado el 9 de septiembre de 1971 o reactualizado en esa ocasión, es, por lo tanto, el nacimiento de una nueva política estadounidense, que no surge del embate de ideas, sino de la politización de la muerte, o sea, de la colocación de seres hu­manos a disposición del poder soberano del Estado (Agamben, 2010).

Así, por ser el principal mecanismo de regulación de la supuesta esfera democrática, la prisión es el dispositivo de inserción del “homo sacer” en el cotidiano de las relaciones sociales y políticas, esto es, la muerte, sea biológica o simbólica, como el lugar común de politización de la condi­ción humana. Lo anterior evidencia la universalización de un “estado de excepción permanente”, en el que el sistema carcelario sirve de principio orientador de la suspensión generalizada de derechos para determinados grupos sociales. De la misma forma en que el estado de excepción cesa derechos para resguardar el orden social (Agamben, 2004), la prisión, como dijo Wisband, es la última frontera del derecho, responsable por mantener el orden social racializado y moralizante de América. El sueño americano sustentado por la cárcel repite las narrativas modernas del surgimiento de las fronteras nacionales y de la raza, responsables por demarcar la diferencia entre “los matables” y los humanos.

Conclusión: Attica para brasileños

Las imágenes de las luchas sociales de los movimientos negros tie­nen gran importancia en Brasil debido a sus profundas semejanzas. La primera de ellas debería ser evidente: la blanquitud integra la estructura del poder político allá y acá (Schucman, 2012; Ware, 2004,). Por eso, las estrategias de las elites americanas son copiadas cotidianamente por las elites locales y viceversa. La segunda, siempre oculta, es que las luchas sociales por la igualdad y la libertad de los negros siempre fueron luchas transnacionales desde el inicio de la racialización impuesta por el escla­vismo moderno. Los discursos sobre relaciones raciales, y especialmente sobre los derechos de los negros en la sociedad, no son ni extranjeros ni nacionales, son dimensiones locales de un fenómeno que integró a la modernidad occidental capitalista (Gilroy, 2012).

Siempre que un interlocutor dice que “no debemos copiar a los ame­ricanos”, está copiando una estrategia discursiva que nació en el ambiente internacional donde las relaciones raciales modernas se constituyeron. La “democracia racial”, por ejemplo, no fue una invención de Gilberto Freyre, sino una respuesta de las elites brasileñas a las presiones internas y externas relativas a la esclavitud y a la emancipación de los esclavos (Moura, 1998). Negar las reivindicaciones de los movimientos sociales negros como algo que viene del extranjero es algo bien “nacional” y, al mismo tiempo, esta negativa solamente puede ser entendida como una respuesta de las elites transnacionales a las luchas sociales que no conocían fronteras y amenazaban a las jerarquías locales (Duarte, 2011).

En la disputa americana, uno de los argumentos contra la acción afirmativa fue su “no funcionamiento”, pues “no sirve de nada insistir en ese camino”. El argumento es convertido en la fórmula “brasileña” (tan nacional como el samba), “si allá no funcionó aquí tampoco puede fun­cionar”. De ese modo, las elites intelectuales se quitan la responsabilizan de cuatro décadas de inercia pública y de negación de las desigualdades raciales; además, consiguen, en el mismo paso, reinventar su condición de inocencia esnob según la cual ellas sabían sobre las críticas americanas, razón por la cual no podían aceptar acciones afirmativas, pues no tenían ninguna relación con el Brasil lleno de mestizos, fluido y tambaleante. Esa es la respuesta de siempre en el discurso hegemónico de las élites brasileñas.

Desde su nacimiento, Brasil es un país de intérpretes. Intérpretes, en contra y a favor de Brasil, pagados por el dinero público y bien reprodu­cidos y engordados en la universidad brasileña, financiada con el dinero de una mayoría que jamás podría entrar en esos espacios si no fuese por las acciones afirmativas. Los intérpretes de Brasil saben todo, pero las personas, con sus narrativas de discriminación, con sus historias de exclusión, con sus cabellos, su color, sus rasgos físicos marcados por el prejuicio, no tienen nada que decir (Carvalho, 2003), o mejor, no pueden decir nada, pues, de hecho, todas las interpretaciones de Brasil tienen una finalidad en común: silenciar las voces que hablan de opresiones múltiples y provocadas inclusive por los miembros de la elite intelectual que interpreta este pedazo de tierra y mar.

Attica revela parte de lo que ese discurso esconde. Las acciones afir­mativas “no funcionaron”, simplemente. Al contrario de eso, en el juego de las relaciones de fuerza, de acción y de reacción, las acciones afirmati­vas representaron la faz de esperanza de una disputa. La faz no debatida fue el uso del sistema penal como estrategia para la retirada del potencial político de los movimientos sociales negros, para la degradación física y moral de la juventud negra y, especialmente, para la degradación de los espacios comunitarios de convivencia, responsables de la sobrevivencia de las poblaciones negras. El gueto no fue “sustituido” por la prisión, sino que la prisión y la policía invadieron al gueto, transformándolo en un es­pacio criminalizado marcado por formas de socialización de la violencia. De esa forma, la cultura de un grupo fue siendo convertida en subcultura criminal y su espacio de morada en un continuo con las intenciones de segregación. El proyecto de las elites fue la despolitización de la cultura negra (de sus reivindicaciones en el pasado y en el futuro) y la transfor­mación de los cuerpos negros en cuerpos asesinables. ¿Dónde operó esta inversión? En innumerables mecanismos de degradación de los espacios negros, convirtiendo pobreza y exclusión en violencia y marginalización. La ausencia de debate sobre la igualdad y el castigo, en una sociedad en la que el poder punitivo se presenta racializado, fue un error estratégico por parte de las elites, especialmente de la blanca, que se decía solidaria a las reivindicaciones negras.

El encarcelamiento en masa se volvió una respuesta eficaz para dis­minuir el impacto de las acciones afirmativas en la sociedad americana y, especialmente, sirvió para preparar la ola conservadora que retiró de­rechos políticos de los jóvenes negros y forjó nuevos líderes dispuestos a establecer un distanciamiento de los “derrotados”.

Al contrario de gritar “no debemos copiar a los americanos”, necesi­tamos dedicar más atención a las estrategias comunes de las elites pos­coloniales. En Brasil, sobre todo a partir de 2001, la acción afirmativa ha sido implementada, debido a innumerables luchas sociales, en diversos espacios de la sociedad brasileña. Al mismo tiempo, en una década de crecimiento económico, hubo aumento en el encarcelamiento y en la cantidad de jóvenes negros muertos en conflictos violentos y, especial­mente, en conflictos con la policía. El diagnostico americano demuestra que esto no es contradictorio sino complementario en una sociedad en la que no se pretende romper con los patrones racializados de acceso a la propiedad y al poder. Matar jóvenes negros en una sociedad que disputa espacios de poder racializados es una estrategia de reproducción de las jerarquías raciales.

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Notas

1 Además de miembro del Partido Pantera Negra y cofundador de la Black Guerrilla Family, organización revolucionaria formada por presos con el objetivo de enfrentar el racismo, conseguir dignidad para los encarcelados y combatir al gobierno de los Estados Unidos, Jackson fue conocido como uno de los tres Soledad Brothers, acusados del asesinato del agente carcelero John V. Mills, en la prisión de Soledad, California, en enero de 1970. Jackson, Fleeta (Drumgo) Drumgoole y John Clutchette habrían asesinado a Mills en retaliación por la muerte de tres presos negros durante una pelea en el área externa de la prisión. Jackson, de ideas marxistas y predicador del discurso de que la liberación negra solamente vendría por medio de una revolución armada, murió baleado el 21 de agosto de 1971, en circunstancias nunca esclarecidas, al supuestamente intentar huir armado de la prisión Soledad (Berger, 2014).

2 Para una descripción detallada de la revuelta de Attica: Cunningham et al. (2011).

3 Nelson Rockefeller fue miembro de una de las familias más ricas de los Estados Unidos, empresario y miembro del Partido Republicano. Fue gobernador del estado de Nueva York entre 1959 y 1973, y candidato en las primarias republicanas para presidente de los Estados Unidos en los años de 1960, 1964 y 1968, sin éxito. Entre los años de 1974 y 1977 fue vicepresidente de los EUA bajo la presidencia de Gerald R. Ford. Además de la revuelta de Attica, su envolvimiento con el sistema penitenciario también fue conocido debido a las reformas en las leyes de droga del estado de Nueva York, formuladas e implementadas por su gobierno. Esos cambios implicaron el abandono de una perspectiva de tratamiento y de salud pública para aquellos acusados de uso, portación y tráfico de drogas; del mismo modo, restringió la amplitud de las medidas alternativas a la pena privativa de la libertad. Con eso, se pasó a encuadrar, irrestrictamente, a los violadores de las leyes de droga con la pena de prisión y a simplificar los procedimientos penales, reduciendo la amplia defensa y el debido proceso legal. Entre otros factores, tal reforma ayudó a aumentar en 500 % el número de encarcelados en el estado de Nueva York en el periodo de 1974 a 2002 (pasando de 14.400 a 70.000 internos en menos de 30 años), pues un 45 % de los presos se encontraban recluidos por violación a las leyes de drogas (Drucker, 2002, pp. 1-3).

4 Un periodista gráfico registró dos inscripciones en un muro que contaban lo ocurrido de manera bien peculiar. En la primera, se registraba: “Attica fell 9-9-71 – Fuck you pig!”, e inme­diatamente después, “Retaken 9-13-71. 31 Dead Niggers” (Cunningham et al., 2011).

5 En este contexto, las palabras de los personajes no pueden ser identificadas con la reali­dad ocurrida, pero pueden servir como una de las muchas interpretaciones posibles. Para estudios más sistemáticos y detallados de este episodio, véase: Camp, 2016; Mirpuri, 2013; Cunningham et al., 2011; Munro-Bjorklund, 1991. Además, por más que no se desarrolle una interpretación más amplia debido a las limitaciones del presente texto, la comparación con el motín carcelario de Carandiru, ocurrido el 2 de octubre de 1992 y que resultó en la muerte 111 presos, puede ser un camino importante para debatir los problemas de la realidad brasileña analizados en el presente texto. Sobre el tema, es posible consultar: Machado y Machado, 2015; Barros, 2012. Una representación visual de los acontecimientos es la película Carandiru (Babenco, 2003), basada en el libro del doctor Drauzio Varella (1999), en el que narra sus experiencias en el cotidiano de la cárcel.

6 Es bien conocida la curva exponencial que se establece en los niveles de encarcelamiento de los Estados Unidos después del inicio de la década de 70. Antes de 1972 y desde 1925 (año en que comienzan los censos de prisiones), la taza de reclusos en penitenciarias federales estadou­nidenses se mantuvo estable, excediendo la tasa de 130 personas presas por 100.000 habitantes en apenas dos años, justamente durante el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, entre 1972 y 2001, el nivel de encarcelamiento subió de 93 a 470 personas dentro de un uni­verso de 100.000 habitantes. En el mismo período, la población carcelaria aumentó de 196.000 a 1.3 millones de reclusos. Si en esos números fuesen incluidos aquellos recogidos en prisiones locales, en 2001, encontraríamos 1.96 millones de presos, con una tasa de 688 encarcelados por 100.000 habitantes (Pattillo, Weiman & Western, 2004, pp. 05-06). Investigaciones más recientes demuestran que los niveles continúan subiendo: en 2009, la población carcelaria llegó a casi 2.3 millones de detenidos, lo que quiere decir que 768 estadounidenses están presos en el sistema federal o en prisiones locales en un universo de 100.000 habitantes (Pettit, 2012, p. 11).

7 Una buena contextualización de la importancia de esos movimientos son los escritos y palabras del propio Martin Luther King, como puede ser visto en su autobiografía King.

8 En los años 60 e inicio de los 70, la población carcelaria mostró una ligera reducción. En 1975, el número de presos era de 380.000, mientras que 10 años más tarde, esa población aumentó a 740.000. En 1988, el contingente llegó a los 2 millones de presos (Wacquant, 2001).

9 Transcripción literal de los subtítulos del filme.

10 Es en este sentido que Alagia et al. (2003) apuntan para el fenómeno de la “policiación”, cual sea, un “proceso de asimilación institucional violador de los derechos humanos y tan selectivo cuanto la criminalización y la victimización, que recae preferentemente sobre hombres jóvenes de los estratos pobres de la población”, utilizado para seleccionar, entrenar y condicionar a los agentes policiales (Alagia et al., 2003).

11 Sobre esa cuestión, Baratta (2002) afirma: “El elemento ideológico no es contingente, sino inherente a la estructura y al funcionamiento del derecho abstracto moderno. La forma de mediación jurídica de las relaciones de producción y de las relaciones sociales en la sociedad capitalista moderna (el derecho igual) es ideología: el funcionamiento del derecho no sirve, con efecto, para producir la igualdad, sino para reproducir y mantener la desigualdad. El derecho contribuye para asegurar y legitimar (esta última es una función esencial para el mecanismo de reproducción de la realidad social) las relaciones de desigualdad que caracterizan a nuestra so­ciedad, en particular la escala social vertical, esto es, la distribución diferente de los recursos y del poder, la consecuencia visible del modo de producción capitalista” (Baratta, 2002, p. 213).

12 Una crítica a esa visión liberal estrecha puede ser encontrada en autores de teoría de la justicia que ven a la democracia a través de las disputas y luchas en torno a lo que se considera como justo por una sociedad marcada por desigualdades, como Dworkin (2007); Honneth (2003) y Fraser (1997). Para una visión general: Mendonça (2012, pp. 119-146).

13 Sobre la vinculación entre la concepción hegemonica del paradigma liberal y el silencia­miento de otras experiencias democraticas, ver Buck-Morss (2011) y Linebaug y Rediker (2008).

14 Max Weber (2005) expresa la construcción de ese pensamiento: “en realidad, esa idea tan peculiar del deber del individuo en relación con la carrera, que nos es familiar actualmente, pero en realidad tan poco obvia, es que hay de más característico en la ética social de la cultura capitalista y, en cierto sentido, constituye su base fundamental. Es una obligación que se supone que el individuo sienta, y de hecho siente, en relación con el contenido de su actividad profesio­nal, no importa cuál sea, particularmente si se manifiesta como una utilización de sus capacidades personales o solamente de sus posesiones materiales (capital)” (Weber, 2005, p. 21).

15 Angela Davis es educadora, activista y militante por los derechos civiles; fue una de las lideresas de los Panteras Negras. Es actualmente profesora de la Universidad de California, Santa Cruz.

16 Texto de la Enmienda: The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized.

17 El mismo tecnicismo fue utilizado para el sistema de sentencias, en el que las personas pasaron a ser mandadas para la prisión no nada más por cometer un crimen, sino también por violaciones técnicas en lo que respecta al sistema de pruebas o de cumplimiento de la pena. Esas violaciones técnicas pueden ser localizadas, por ejemplo, en actos como cuando el acusado deja de responder conforme a lo prescrito, no comparecer cuando intimidado por la Justicia, dar positivo en el examen de drogas o entonces no responder a las recomendaciones de los programas de tratamiento (trabajar, frecuentar la escuela, no utilizar sustancias tóxicas, etc.) (Reynolds, 2004).

18 Según Wacquant “eso comprueba que los clientes primordiales de los brazos asistencial y penal del Estado neoliberal sean esencialmente los dos lados de la misma moneda demográfica, extraídos de las fracciones marginalizadas de la clase trabajadora posindustrial. El Estado regula los comportamientos de alguna forma problemáticos de esas mujeres (y sus hijos) por intermedio del workfare y de los hombres en sus vidas (esto es, sus compañeros, bien como hijos, hermanos, primos y padres) mediante la supervisión de la justicia criminal” (Wacquant, 2007, p. 178).

19 Según Wacquant, “aunque la diferencia entre la taza de detención de blancos y negros se haya estabilizado –con el porcentual de negros oscilando entre 29 % y 33% de todos los pre­sos por crímenes contra la propiedad y entre 44 % y 47 % por crímenes violentos entre 1976 y 1992–, el abismo entre blancos y negros encarcelados creció rápidamente en el último cuarto de siglo, saltando, en proporción, de 1 a 5 en 1985 para cerca de 1 para 8 hoy en día” (2007, p. 12). En 1995, existían 6926 presos negros y 919 presos blancos (incluyendo latinos) por cada 100.000 adultos o sea, 7,5 veces más de encarcelados negros (Wacquant, 2001).

Notas de autor

* Graduado en Derecho por la Universidad Federal de Santa Catarina (1993). Magíster en Derecho por la Universidad Federal de Santa Catarina (1998) y Doctorado en Derecho por la Universidad de Brasilia. Actualmente es Profesor en la Universidad de Brasilia de Derecho Penal, Proceso Penal y Criminología. Correo electrónico: evandropiza@gmail.com

** Estudiante de doctorado en Derecho por la Universidad de Brasilia. Graduado en Derecho por la Universidad de Brasilia (2013). Correo electrónico: marcosvlq@gmail.com

*** Maestro en Derecho por la Universidad de Brasilia en el área de Proceso Penal (2015). Graduado en Derecho por la Universidad de Brasilia (2012). Profesor de Derecho Penal, Proceso Penal y Filosofía del Derecho. Correo electrónico: rdgarcia88@hotmail.com

Información adicional

Para citar: Piza Duarte, E., Lustosa Queiroz, M.V. y Deus García, R. de. (2019) La rebelión de la Prisión de Attica (Nueva York, 1971): opresión racial, encarcelamiento en masa y la retórica de la igualdad. Revista Socio-Jurídicos, 22(1), 113-144. Doi: http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/sociojuridicos/a.7643

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