Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social "Disertaciones"
eISSN:1856-9536

En Argentina, la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) 26522 en el año 2009 representó un hito histórico que dio paso a la visibilización, construcción y fortalecimiento de espacios agrupados en torno al paradigma del derecho a la comunicación (Loreti y Lozano, 2014, p. 29). Para los pueblos indígenas, la importancia de la LSCA radicó en haber contemplado sus demandas, en primera instancia a través de la participación de sus miembros en los debates previos a la aprobación de la ley, y, posteriormente, en la inclusión de estos como proveedores de servicios de comunicación audiovisual.

En el norte de la provincia de Salta, más de 70 comunidades indígenas del pueblo kolla, representadas por cinco organizaciones actualmente agrupadas en el Qullamarka, coordinadora de organizaciones y comunidades kollas autónomas, ¹ luchan por un territorio único y autónomo en la extensión de un millón de hectáreas, no solo en pos de alcanzar los títulos comunitarios, sino además de discutir problemáticas relacionadas con la aplicación de políticas sociales en particular y el ejercicio de derechos en general.

Dentro de este proyecto político, la construcción de una comunicación autónoma y, como parte de ella, el montaje de una red de radios indígenas que cubran el territorio es un objetivo central aunque parcialmente logrado. Solo dos de las organizaciones pudieron, en el marco de la LSCA, acceder a una autorización radiofónica a partir de la cual disputar un ámbito de acción y legitimación como pueblos originarios en el espectro audiovisual. Una de ellas fue la Organización de Comunidades Aborígenes de Nazareno (OCAN), la cual representa desde hace más de 20 años a 23 comunidades del municipio de Nazareno. ²

Con el objetivo de dar cuenta de los desafíos que presenta la comunicación pensada y ejercida desde organizaciones indígenas, así como su potencialidad transformadora, en tanto expresión de lucha de los pueblos originarios en defensa de sus territorios, identidades y culturas locales, este artículo describe y analiza la experiencia recientemente consolidada por la OCAN en torno al ejercicio de derechos indígenas. Nos proponemos analizar el proceso de gestión que originó la radio FM OCAN, indagando las prácticas desplegadas, los recursos utilizados y las redes conformadas por parte de una organización que, sin haber nacido vinculada al ámbito de la comunicación, pudo formar comunicadores de manera idónea y construir su emisora, fortaleciendo su lucha a la propuesta de transformar la realidad local. ³ El período abordado está comprendido entre los años 2012 y 2016, cuando dicho proceso cobra mayor impulso. Este recorte también obedece al hecho de que fue el momento en que las autoras del presente artículo comenzamos a presenciar y acompañar, desde las áreas de la comunicación y antropología, a través de proyectos de extensión e investigación de la Universidad Nacional de Salta, talleres de comunicación y producción radiofónica, entre otros eventos clave, como la inauguración de la radio.

Este trabajo se orienta sobre metodologías cualitativas, recurriendo a diversas estrategias, como la observación participante, participación en talleres y asambleas de la organización, entrevistas abiertas y estructuradas, sumado al uso de fuentes secundarias. ⁴ Cabe aclarar que el enfoque general de este artículo forma parte de los debates y desafíos que propone la Escuela Latinoamericana de Comunicación y los aportes fundamentales que realiza Jesús Martín-Barbero para pensar la comunicación vinculada a los procesos y las prácticas.

Para dar cuenta de ello, organizamos el texto de la siguiente manera: en primer lugar, retomamos algunos hitos referidos a radios alternativas e indígenas en Latinoamérica, considerando que nos permiten colocar en contexto la cuestión comunicacional y la implementación de la LSCA en Argentina. El segundo apartado constituye nuestro trabajo empírico: allí abordamos las particularidades de la experiencia local en torno a la implementación de la radio FM OCAN. finalmente, enunciamos las conclusiones desprendidas del acompañamiento de dicho proceso, en el marco de nuestras investigaciones en curso, junto a otras cuestiones por indagar en lo que respecta a la comunicación indígena en el norte del país.

La comunicación indígena en Argentina: breve estado de la cuestión

El surgimiento y desarrollo de las radios comunitarias, alternativas y populares en América Latina no puede comprenderse sin remontarse a la experiencia pionera de dos radios rurales de Colombia y Bolivia, durante los años cuarenta. La radio Sutatenza, que desde sectores progresistas y tercermundistas de la Iglesia católica buscaba aplicar un plan de educación y alfabetización del campesinado colombiano, logró convertirse en una herramienta que visibilizaba la voz de los campesinos y asumía un papel transformador favoreciendo a un sector históricamente excluido. Posteriormente, las radios mineras bolivianas, también pensadas como espacios pedagógicos para utilizar el lenguaje radiofónico, comenzaron a operar como medio de reclamo de los trabajadores mineros, acompañándolos en los procesos políticos en torno a la nacionalización de las minas.

Durante las décadas de 1960 y 1970 se produjo un auge de experiencias comunicacionales alternativas en todo el subcontinente, de trabajadores, organizaciones sociales, barrios y comunidades; que nacían por “las desigualdades entre flujos informativos, entre posibilidades de expresión, entre ideologías en pugna, por los derechos de los sujetos sociales censurados” (Pulleiro, 2012, p. 29) y buscaban transformar la sociedad desde la comunicación como herramienta de cambio social (Gumucio Dagrón, 2001, p. 9). Sin embargo, la construcción de espacios de comunicación “nominados en referencia a la indigenidad de sus protagonistas” (Doyle, 2013, p. 105) no sería visible hasta entrados los años ochenta, como sucedió en México con la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas (1985) y en Bolivia con la Coordinadora Audiovisual Indígena Originaria (1996) y la Red Kiechwa Satelital (1997). En Argentina este proceso se visibilizaría posteriormente, por ejemplo, con la Red de Comunicación Indígena en el norte de Argentina (2001).

Como plantea Doyle (2013), muchas de estas experiencias encontraron respaldo en agencias de cooperación internacional, dando cuenta de que la comunicación indígena comenzaba a formar parte de las agendas de financiamiento. A diferencia de las experiencias pioneras, su finalidad ya no era pedagógica, sino, ante todo, de ‘lucha’ indígena, que en un marco de progresiva organización etnopolítica buscaba llevar a los medios públicos su búsqueda de reconocimiento como sujetos colectivos de derechos (2013, p. 88). De esta forma, la disputa de los colectivos indígenas con los gobiernos locales y provinciales fue cobrando mayor visibilidad, ahora respaldada por un marco jurídico internacional de derechos, entre ellos, el derecho a la comunicación. En Argentina, será a fines del siglo XX y comienzos del XXI cuando esta discusión se plantee de manera generalizada. ⁵

La articulación de organizaciones indígenas que buscaban el reconocimiento de su derecho a la comunicación por parte del Estado argentino se agilizó con los debates previos a la aprobación del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26522, que reemplazaría la Ley de Radiodifusión 22285 que aún se encontraba vigente —tratándose de un decreto creado en 1980, durante la última dictadura militar argentina—, en el transcurso de una veintena de foros regionales y nacionales que se habían propuesto sintetizar las perspectivas de diferentes sectores sociales en miras a lograr una ley de comunicación que fomentara la pluralidad de voces.

En marzo de 2009, se conformó el Encuentro Nacional de Organizaciones de Pueblos Originarios, con la consigna “Por un Estado intercultural hacia el bicentenario”. Este buscaba elevar una propuesta colectiva sobre el diseño y aplicación de políticas públicas que afectan a pueblos indígenas, considerando que el bicentenario argentino constituía una nueva etapa favorable a la construcción de un Estado pluricultural. En el marco de esta propuesta se elaboró un documento titulado “Propuesta de inclusión del derecho a la comunicación con identidad en el anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual” (Doyle, 2013, p. 107), el cual fue efectivamente incorporado en el anteproyecto, paso previo para que “muchas organizaciones indígenas [crearan] sus propios espacios de producción y difusión masiva de contenidos” (2013, p. 109). Un año más tarde se implementaría la LSCA a través de la Autoridad federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), reconociendo estos espacios dentro del artículo 37 e incorporándolos como proveedores de servicios de comunicación audiovisual al igual que los medios sin fines de lucros, contemplados por la LSCA en el artículo 21 ⁶ dentro del 33 % del espectro (Segura, 2011, p. 2).

Posteriormente, en 2012, un grupo de dirigentes indígenas —algunos de ellos pertenecientes al Qullamarka— funda la Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena de Argentina (CCAIA), con el objetivo de fomentar la participación, la reflexión y el desarrollo de la comunicación indígena “con identidad”: “El objetivo de los pueblos originarios es no sólo informar de nuestra propia realidad sino además promover y difundir nuestras culturas como pueblos vivos con historias que necesitan ser contadas por los propios indígenas. Con la inclusión del derecho indígena a la comunicación en esta ley los pueblos originarios podrán a través de sus medios romper el cercado que los ocultó y silenció desde que se creó el Estado nacional” (Equipo de Comunicadores de Pueblos Originarios, 2012, p. 15).

La disputa por el acceso a la comunicación habilitó que diversas organizaciones indígenas construyeran y gestionaran espacios comunicacionales autónomos, fomentando la participación de sus miembros para poner en común la demanda por el cumplimiento de otros derechos sociales. En este nuevo marco de legalidad, la LSCA incorporaba el derecho a la comunicación de los pueblos indígenas contemplando que “el objetivo de los servicios de comunicación audiovisual es la preservación y promoción de la identidad y de los valores culturales de los pueblos originarios; reconocer los idiomas de los pueblos indígenas; establecer la participación de representantes de estos pueblos en distintas instancias de aplicación de la ley y formulación de políticas de comunicación; y reconocer a los pueblos originarios como sujetos de derecho público no estatal” (Doyle, 2013, p. 107).

Además de lograr que los artículos de la ley que se refieren exclusivamente a los pueblos originarios fueran traducidos por la Defensoría del Público ⁷ en un documento denominado “La comunicación en lenguas originarias”, donde se contemplan cinco de ellas: ava guaraní, quechua, mapu che zungun, qom la’qtac y wichí. En este marco, las comunidades indígenas comenzaron a plantear discusiones sobre cómo llevar adelante sus medios, muchas de ellas desde la propuesta de la ‘identidad’ como eje articulador del proyecto comunicacional. Esta categoría, en tanto expresa sus prácticas cotidianas y legitima su lucha histórica por el reconocimiento de derechos en el marco del Estado nacional, continúa siendo apropiada para posicionarse dentro del campo de la comunicación. Este planteo sucede también en gran parte de Latinoamérica, donde los pueblos indígenas, algunos con legislaciones vigentes en materia de comunicación, se encuentran discutiendo los modelos comunicacionales que pretenden seguir: como en el caso de México (Castells, 2011), Paraguay (Candia, 2003), Bolivia (Herrera Miller, 2006) y Colombia (González Tanco, 2016).

Particularmente en Argentina, la LSCA permitió crear líneas de financiamiento inéditas, como los fondos de fomentos Concursables para Medios de Comunicación Audiovisual (Fomeca), como forma de acompañar estas experiencias que estaban surgiendo a lo largo y a lo ancho del país. ⁸ Una de estas líneas estaba destinada a pueblos originarios, encargándose del otorgamiento de subsidios para compra de equipamiento, gestión de emisoras y televisoras, y producciones audiovisuales.

Al calor de las disputas por el acceso y el reconocimiento del derecho a la comunicación en nuestro país, las apuestas por una ley cuyo principio fundamental fuese la diversidad de voces implicaron adentrarse en un camino que no estuvo exento de conflictos y dificultades. En diciembre de 2015, con el claro propósito de controlar las licencias audiovisuales y las telecomunicaciones, el recién asumido gobierno de Mauricio Macri modificó la LSCA. Mediante dos decretos de necesidad y urgencia (DNU 13/2015 y 267/2015), se creó el Ministerio de Comunicaciones y la AFSCA fue reemplazada por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). En esta coyuntura, el gobierno nacional anunció que formularía un nuevo proyecto de ley, ‘Ley de Convergencias’, para reunir y unificar “la convergencia en desmedro de la fragmentación informativa y la interdependencia en perjuicio del aislamiento”. ⁹

Como exponen Longo et al. (2017), las modificaciones que se realizaron mediante el DNU 267 redujeron la cantidad de representantes del tercer sector —de 3 personas a 1— en el Consejo federal de Comunicación Audiovisual (Cofeca), el cual fue eliminado y reemplazado por el Consejo federal de Comunicación (Cofeco), incluyendo al Consejo federal de Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización. Esto se tradujo en la reducción del margen de acción de dicho sector, ya que implicaba “la pérdida del espacio de participación e incidencia en la formulación de políticas de comunicación” (2017, p. 44). Al mismo tiempo, el Enacom dejaba sin efecto los planes de desinversión que los grandes grupos mediáticos estaban obligados a confeccionar, ¹⁰ condonando sus deudas millonarias a cambio de publicidad oficial, habilitando la fusión de dos empresas —Cablevisión y Telecom— y generando con estas medidas “la mayor concentración infocomunicacional de la historia argentina y, por la cantidad de mercados que comprende, es inédita también en el resto de América Latina” (Becerra, 2017, p. 1).

Es importante dar cuenta de estas transformaciones, puesto que los medios comunitarios, alternativos e indígenas se vieron obligados a posicionarse bajo nuevas condiciones y condicionantes. En este sentido, si bien los decretos mencionados no modifican los artículos que los involucran, las políticas implementadas en este nuevo escenario se caracterizan por persecución y ahogo financiero mediante intimaciones sobre las rendiciones de los anteriores proyectos Fomeca e interferencias y ocupaciones ilegales en el espectro radiofónico (Kejval et al., 2017). Como ilustra el siguiente apartado, la experiencia de la radio indígena también estuvo atravesada por estas políticas recientes y aún se encuentra intentando resolver las intimaciones que su emisora recibió en el año 2016. Ello se suma a las complejidades del panorama anterior, donde las condiciones que debían reunirse para acceder al equipamiento (como la personería jurídica), formar recursos humanos —y sobre todo su remuneración—, entre otras cuestiones, constituyeron serias limitaciones que dejaron en evidencia cómo diversas organizaciones que pudieron acceder a una frecuencia actualmente enfrentan un difícil desafío sobre cómo sostener sus medios en el tiempo sin respaldo estatal y con la necesidad de repensar sus estrategias para seguir al aire.

“Sentirte cerca estando lejos”: la experiencia de la FM OCAN

Y los pueblos indígenas acordaron en su mayoría defender una comunicación propia: “Queremos que se guarde en el espectro radioeléctrico, en las ondas hertzianas, lo que significa tener a nivel satélite, atmósfera, estratósfera y demás, para los medios de comunicación indígena”. Hubo una lucha, por supuesto, en todos lugares hay luchas de poder, porque tenían que repartir la torta, esto es, el aire, ¿no? ¹¹

En la extensión de Nazareno, cuyas condiciones geográficas y climáticas complejizan los movimientos y actividades de las 23 comunidades que agrupa la OCAN, las herramientas para comunicarse son limitadas. La radio es un instrumento generalizado que conecta instituciones municipales y provinciales, informando sobre temáticas de diversa índole (salud, territorio, derechos, urgencias, dudas). Las comunidades cuentan con el acceso a esta red de comunicación, montada hace varias décadas, cuya modulación de banda lateral única (BLU) posee la ventaja de transmitir señales de frecuencias con un consumo bajo de energía.

Al ser su instalación poco costosa en relación con otros medios y su transmisión independiente del suministro de energía eléctrica (solo disponible en la cabecera municipal y parajes aledaños), este medio es accesible para la mayoría de los habitantes de Nazareno, quienes tampoco logran acceder de manera estable a internet. Otro aspecto —que luego dará viabilidad al proyecto de la FM OCAN— es que la radio, al poder transportarse y encenderse en cualquier momento del día, permite acompañar las actividades cotidianas de las comunidades.

La historia de la organización para concretar su propio proyecto comunicacional radial inició en el año 1999, al instalarse la radio escolar en la Escuela fray Mamerto Esquiú (actualmente Hogar Escuela), ubicada en la comunidad de Cuesta Azul, a 12 kilómetros de Nazareno. Este proyecto buscaba que las personas de la radio pudieran interactuar mediante la radio, produciendo programas y saliendo al aire, y así aprendieran a leer y escribir. Cinco años más tarde, estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Córdoba iniciaron un proyecto de extensión ¹² cuyo fin era potenciar a la OCAN para producir información. En ese entonces la programación radial no duraba más de tres horas diarias, ya que aún no se contaba con electricidad y su funcionamiento dependía de la compleja provisión de gasoil (Martínez et al., 2007).

A su vez, dos medios gráficos circulaban en la zona: un periódico mural y un boletín bimestral. El primero, llamado Kitaj, en aymara “Quiero saber más”, brindaba información general y noticias locales. Este dejó de editarse al cabo de un año, mientras que el segundo, a cargo de la OCAN y que informaba sobre debates y resoluciones de las asambleas de la organización, tuvo mayor duración. Sin embargo, al igual que el primero, dejó de producirse por los costos de sostenimiento. Esta cuestión fue tomada como indicador durante el proyecto llevado a cabo en Cuesta Azul, dando cuenta de que era necesario reforzar las instituciones de la comunidad y prácticas cotidianas de la región (Martínez et al., 2007, p. 53).

A través de esta experiencia, vinculada con una universidad nacional, se buscó trabajar la noción de comunicación desde las propias prácticas culturales y los modos de comunicarse en el territorio. Allí empezaba a gestarse la ilusión de concretar un espacio propio y avanzar hacia una comunicación autónoma, desde la perspectiva del buen vivir, tal como lo proponen Acosta (2011), Barranquero-Carretero y Sáez-Baeza (2015), Contreras Baspineiro (2014) y Gudynas (2011).

En el año 2009, luego de la aprobación de la LSCA, la organización inició el trámite para gestionar la licencia de la radio. El proceso transcurrió de manera lenta y trabajosa para la OCAN, debiendo resolver cuestiones burocráticas que demandaban constante programación y realización de tareas, gestionando posibilidades de hacer y decidir en el territorio como nunca antes había sucedido en el municipio, dado que se estaba construyendo el primer medio de comunicación autogestionado.

A partir de la obtención de la autorización radiofónica, entre los años 2012 y 2016 la OCAN se vio impulsada en un proceso de construcción y organización comunicacional, generando lazos de apoyo, aporte económico y capacitaciones con distintos organismos vinculados al Estado nacional: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Secretaría de Agricultura familiar (SAF), la Radio Nacional Salta, la AFSCA, la Defensoría del Público y la Universidad Nacional de Salta, todos ellos miembros de la Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy. La Mesa ¹³ había sido creada el mismo año en que la OCAN obtuvo la licencia, a partir de la propuesta del INTA de generar un espacio colectivo articulador de las heterogéneas experiencias del campo de la agricultura familiar que estaban surgiendo durante la aplicación de la LSCA.

Durante este período, se organizaron talleres, reuniones y asambleas en la sede de la organización para decidir cómo gestionarían el medio y qué estrategias de sustentabilidad se iban a llevar a cabo para sostener la emisora en el tiempo. Una de estas medidas fue vincularse con otras emisoras y organizaciones indígenas y campesinas del país que se encontraban en las mismas condiciones que la OCAN. Este espacio fue propuesto como un lugar para dialogar y discutir de modo colectivo la implementación de nuevos proyectos comunicacionales y los desafíos que se le presentaban al comunicador indígena.

La participación de la OCAN en los concursos Fomeca le permitió adquirir los recursos necesarios para montar su radio. A partir de resultar ganadora de cuatro proyectos, la organización pudo construir su propio estudio de transmisión, pagar capacitaciones a comunicadores sociales, abonar las tarifas de los servicios básicos y sostener sus recursos humanos con el pago de honorarios para producir programas y piezas comunicacionales, financiar un programa informativo semanal con sus respectivos conductores y operadores rentados. Los proyectos se encontraban en las siguientes líneas: equipamiento (2014 y 2015), gestión de medios comunitarios (2014) y producción de contenidos (2015). Cabe señalar que tanto el proyecto de equipamiento como el de producción de contenidos, ambos ganados en noviembre de 2015, solo recibieron el primer desembolso de dinero dos días antes de que el recién asumido gobierno de Mauricio Macri interviniera la AFSCA. A pesar de ello, la organización logró construir la torre, montar la antena e instalar los equipos de trasmisión, para finalmente inaugurar su radio ejecutando el 75 % de los dos últimos proyectos ganados.

La OCAN fue articulando la construcción de su radio con la colaboración de la Defensoría del Público y los proyectos de extensión de la Universidad Nacional de Salta, que nos integraban a esta gran tarea colectiva, junto a un pequeño grupo de estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la misma universidad, además de involucrarnos como participantes y gestoras de los Fomeca. Cabe mencionar que mediante estos proyectos pudimos dictar capacitaciones sobre operación técnica y producción de contenidos radiofónicos. Allí surgió el lema “Sentirte cerca estando lejos” y el primer programa de la FM OCAN al momento de inaugurarse la emisora, denominado La Pitajla, un informativo semanal que se realizaba los sábados por la mañana y contemplaba cuatro bloques: noticias locales dadas por los corresponsales comunitarios de las comunidades, información sobre el cuidado de animales y consejos sobre la siembra y cosecha, información institucional sobre el municipio y, finalmente, un espacio para recuperar historias del pueblo, cuentos y leyendas ancestrales.

Unos meses antes de la inauguración, se efectuó una asamblea con el propósito de discutir sobre el proceso, definir el nombre de la radio y programar la inauguración. El encuentro devino en espacio de debate y reflexión sobre las condiciones históricas de Nazareno; allí se remarcaron puntos esenciales para pensar la sostenibilidad vinculada a la apropiación del medio, la participación y el compromiso como modelo de gestión por seguir, siempre pensados desde la identidad kolla. Posteriormente, las instalaciones edilicias de la OCAN fueron reformadas para acondicionar el estudio radiofónico. El hecho de emplazar la radio en la sede de la misma organización estaba sugiriendo que no solo se trataba de un estudio de transmisión, sino de un lugar de encuentro, de actividades, de lucha, de coordinación, capacitación y organización, gestionada e integrada por sus propios comunicadores indígenas.

Un día antes de la inauguración, nos reunimos en la OCAN para planificar los detalles de la inauguración. Una de las actividades colectivas fue pintar el exterior del estudio con su nombre y unas palabras en quechua, la lengua de los kollas, “Inti, huayra, pacha”, en español “sol, viento, tierra”. Al mismo tiempo realizamos un mural con la colaboración de estudiantes de las escuelas primaria y secundaria, junto a los integrantes de la radio.

El 2 de abril de 2016, se inauguró la radio en la comunidad de Campo de la Cruz, donde se había instalado la antena, 5 kilómetros cuesta arriba de Nazareno. Allí se llevó a cabo una ‘ceremonia ancestral’ dirigida por Ramón Domínguez, conocido como ‘abuelo Jallalla’ ¹⁴ de la organización. Ella consistió en una sahumada de las personas que estaban presentes, quienes con un puñado de hojas de coca debían pensar en una intención de buena fe hacia la radio y a sus integrantes, depositándolas en un hueco hecho en la tierra. De esta ceremonia participó la directora de una radio indígena wichí de Tartagal (Salta) La Voz Indígena, quien pidió permiso para ofrendarles un homenaje en honor a la inauguración de la radio. Allí bailó una danza wichí y finalizó con unas palabras de aliento para la OCAN, instándolos a profundizar las luchas y reivindicar los derechos indígenas a través de su medio.

Este proceso de organización, discusión, trabajo en capacitación y gestión para la puesta en marcha de la radio estuvo atravesado por el objetivo de la OCAN de transformar la realidad social y política local, difundir y fortalecer su cultura originaria, y defender los derechos indígenas.

Conclusiones

Como planteamos en el primer apartado, recién a fines del siglo XX comienza a ser visible el hecho de que la comunicación indígena no puede entenderse si no es en relación con la lucha llevada adelante por los pueblos indígenas, no solo en defensa de sus derechos como sujetos colectivos diferenciados, sino como estrategia de legitimación, en el marco de procesos históricos de reconfiguración y reafirmación identitaria. Las organizaciones originarias, al plantear esta discusión, apropian los medios de comunicación y los transforman en herramientas de participación, ganando visibilidad a través de sus propias voces, en tanto “existe una hegemonía centralizada y centralizante que sumerge e invisibiliza voces” (Villamayor, 2014, p. 98).

En Argentina, la perspectiva de la comunicación con identidad se incorpora como herramienta de lucha a los movimientos indígenas, que a lo largo y ancho del país buscan el reconocimiento de sus derechos humanos fundamentales. Esta búsqueda no está exenta de discusiones dentro de las mismas organizaciones, la Universidad y el Estado, ya que se presenta de manera compleja al momento de configurarse y posicionarse como un ámbito legítimo en el campo de la comunicación social. Como plantea Mata (2015), se trata de una “nueva manera de pensar la comunicación colectiva, se modelan figuras y prácticas profesionales renovadas: desde corresponsales sin títulos de periodistas, a la recuperación de lenguajes y formatos de culturas tradicionales, a modalidades de investigación-acción para pensar la práctica, a desarrollos de experiencias de gestión colectiva y modos creativos para dotar de sustentabilidad a medios y experiencias” (2015, p. 20).

Por otro lado, concebimos que se presenta como un espacio de visibilización de los conflictos, puesto que se encuentra ligada a procesos históricos, políticos y culturales vinculados a diversas problemáticas que atraviesan a las comunidades indígenas de nuestro país y que contribuyen a impulsar movimientos de resistencia al modelo de desarrollo actual de los Estados-nación (Escobar, 1996, p. 11), proponiendo nuevas alternativas de vida. Ante esta situación, a la cual se suma una construcción negativa del ‘indio’ promovida por los medios masivos de comunicación, agrupados por unas pocas empresas que controlan gran parte del espectro audiovisual (Becerra y Mastrini, 2006, p. 460), surge la necesidad de construir espacios propios, pensados y ejercidos desde contextos como los que describimos en este artículo. En estos espacios, “el sujeto colectivo de las prácticas de comunicación se nombra indígena y reivindica unas memorias, tradiciones de saberes y modos de comunicación que se reconocen y legitiman en tanto diferentes a los hegemónicos y en tanto preexistentes […] Esa batalla que, teniendo como eje a la autoctonía, es en realidad una disputa en torno a la definición del ser indígena, una disputa material y simbólica por espacios en el presente” (Doyle, 2013, p. 10).

La comunicación indígena, si bien está relacionada con el ‘espíritu’ de lo alternativo, lo popular y lo comunitario —su función social como práctica transformadora—, tiene características y usos propios. Esto responde al planteamiento que cada organización realiza en función de sus prácticas y su proyecto político. El Qullamarka, como representante de la OCAN y de otras organizaciones kollas, asume la importancia estratégica de la comunicación a la hora de visibilizar públicamente y agilizar sus reclamos. Las marchas a la ciudad de Salta, las denuncias en medios radiofónicos y televisivos, sus producciones gráficas y audiovisuales, muestran que la revalorización del territorio, la identidad y la organización política no solo se dan en las asambleas, sino que buscan posicionarse ante el resto de la sociedad. A través del espacio que se abrió con la LSCA, el Qullamarka formó parte de la discusión por la legitimación de la ‘comunicación con identidad’, para que así pudieran difundir sus problemáticas hacia dentro y fuera de las comunidades. En este proceso se crearon dos radios indígenas, la primera inaugurada en el año 2012 (en Capillas, comunidad de Iruya, radio FM 89.9), llamada Radio Runasimi Kolla, y luego en 2016, la FM OCAN, segunda radio implementada en el territorio Qullamarka.

La OCAN, a través de su radio, busca la legitimación y consolidación de otros derechos sociales y la ejecución de políticas públicas para transformar el municipio de Nazareno desde su lucha histórica por el territorio y la obtención de los títulos comunitarios de las tierras. La experiencia de la emisora FM OCAN da cuenta de cómo, a través de una red de dirigentes indígenas, actores y organismos estatales, se logró avanzar en la búsqueda de comunicar con los propios modos, revalorizando la palabra y la lengua local, para mantener viva la memoria colectiva.

Estas experiencias atraviesan un momento complejo que nos interpela las formas posibles en que, además de construir espacios comunicacionales autónomos, estos sean posibles de sostenerse y sustentarse social, institucional y económicamente, generando apropiación y decisión colectiva de llevar adelante un medio auto-gestionado, asumiendo los desafíos y conflictos que ello implica, fundamentalmente entre comunidades y organizaciones indígenas cuyo acceso a los medios de comunicación ha sido negado históricamente.

Cabe mencionar también que en varias ocasiones este tipo de proyectos quedaron truncados por falta de recursos para gestionar y organizar la programación, así como para sostener su equipo de comunicadores, lo que demuestra que no basta solo con respaldar el impulso de proyectos en el plano jurídico, ni con instancias de capacitación que aborden cuestiones teóricas y técnicas, aun dados los debates dentro de las organizaciones para pensar cómo dar continuidad y respaldo a las emisoras.

Hoy el gobierno de turno vuelve a poner en discusión el acceso y el ejercicio del derecho a la comunicación, a través del nuevo proyecto de ley que se está trabajando mediante el Enacom, conocida como ‘Ley de Comunicaciones Convergentes’, la cual plantea un modelo basado en principios mercantiles que no contemplan las premisas de diversidad y pluralidad de voces, dejando nuevamente al margen a los medios sin fines de lucro y su participación en los debates previos de este nuevo proyecto. Esta es una medida en un conjunto de políticas que muestran la forma en que en nuestro país el neoliberalismo se posiciona con fuerza, y la pérdida del trabajo y la imposibilidad de acceder a servicios básicos crece cada día más. Sin embargo, creemos, junto a la organización con la que trabajamos, que pese al contexto surge la necesidad de organizarse y movilizarse para demandar las políticas públicas necesarias, y es allí donde nuestra profesión implica un compromiso social que asumimos afirmando que el Estado debe garantizar el cumplimiento de los derechos y es la universidad pública un espacio para avalar esa garantía.

Referencias

Web consultadas

Notas

1 Esta coordinadora, que al mismo tiempo significa organización y territorio (por lo que suele ser nombrada como ‘el Qullamarka’), es formalmente creada en el año 2007. Sin embargo, representa un punto de inflexión en los procesos organizativos de las tierras altas del noroeste argentino, que conducirán al nacimiento de las organizaciones conocidas actualmente como de ‘primer grado’ y ‘segundo grado’, algunas antes que otras, constituyendo ejemplos inspiradores de la lucha en ese “gran problema que teníamos nosotros, el tema territorio” (fuente confidencial), que luego constituirá el móvil central de la coordinadora.

2 Nazareno es un municipio ubicado en el departamento de Santa Victoria. Para llegar hay que atravesar la ciudad de La Quiaca (al límite con Bolivia) y recorrer 100 kilómetros al este por un sinuoso camino de tierra que atraviesa el Abra del Cóndor y marca el límite entre Jujuy y Salta, a 5000 metros de altura. Allí, con vista al cerro fundición, suele realizarse la ofrenda ‘a la Pacha’ en una apacheta, ceremonia consistente en ofrecer hojas de coca, tabaco y alcohol sobre un cúmulo de rocas y botellas, agradeciendo y pidiendo llegar bien a destino. Se continúa descendiendo por el mismo camino, que data de menos de 30 años, hasta llegar a la cabecera municipal.

3 Es importante mencionar que Nazareno pertenece a la Finca grande Santa Victoria, integrada desde la época colonial al Marquesado de Yavi, cuyos títulos son actualmente detentados por herederos del marqués. La OCAN desde sus inicios se volcó a construir diversos elementos en código jurídico a favor de su lucha por los títulos comunitarios. En el año 2005 se dio comienzo al proyecto Kay Pacha, buscando realizar un estudio técnico-legal sobre la situación dominial de la finca con el fin de llegar a una ley de expropiación y reconocimiento de la propiedad colectiva. Posteriormente, en 2012 se inició el juicio de ‘acción colectiva de reconocimiento de posesión y propiedad comunitaria’ y ‘acción colectiva de daños y perjuicios’ contra el Estado nacional y provincial. El juicio llegó a la Corte Suprema de Justicia para luego volver a un juzgado provincial, en el cual se encuentra actualmente.

4 Estos trabajos están enmarcados en investigaciones de doctorado en curso, financiadas por el Programa de Becas Internas Doctorales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

5 Argentina ha ratificado el corpus jurídico internacional compuesto por el Convenio 169 de la OIT (1989; vigente desde 2001), los tratados internacionales de derechos humanos y su jurisprudencia, la cual prima sobre las normas internas y sobre la Constitución Nacional, que desde 1994 reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas (art. 75, incs. 17, 19 y 22). Pese a estas reformas, y como múltiples estudios plantean, las políticas neoliberales agudizaron la pobreza estructural de las comunidades indígenas. Sin embargo, se trata de un marco de reconocimiento de derechos que provee herramientas clave para garantizar el derecho a la propiedad de las tierras habitadas por estos grupos, además de promover otros derechos fundamentales, como el derecho a la comunicación.

6 El artículo 21 reconoce tres tipos de prestadores: de gestión estatal, de gestión privada con fines de lucro y de gestión privada sin fines de lucro. En tanto, el artículo 89, inciso f, menciona la reserva de un 33 % del espectro para personas de existencia ideal sin fines de lucro, a diferencia del artículo 37, que asigna directamente “autorizaciones a personas de existencia ideal de derecho público estatal, universidades nacionales, pueblos originarios e Iglesia católica […] a demanda y de manera directa, de acuerdo con la disponibilidad del espectro, cuando fuera pertinente” (LSCA, art. 37).

7 La Defensoría del Público es un organismo creado por el artículo 19 de la LSCA para recibir y canalizar reclamos y denuncias sobre los servicios regulados por la AFSCA.

8 Los Fomeca fueron previstos en el artículo 97 de la LSCA, estableciendo que el 10 % de los recursos recaudados por el organismo (AFSCA) deben estar destinados “a proyectos especiales de comunicación audiovisual y apoyo a servicios de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, con especial atención a la colaboración en los proyectos de digitalización” (LSCA, art. 97).

9 Web Enacom. Recuperado de https://www.enacom.gob.ar/leydecomunicaciones

10 La LSCA determinaba estas acciones para los grupos cuya concentración de medios superaba los límites propuestos por los artículos 44, 45 y 46.

11 Comunicadora indígena integrante de la CCAIA. Taller de “Comunicación con identidad” en Nazareno, julio de 2015 (fuente confidencial).

12 Proyecto “Capacitación y puesta en marcha de los espacios comunicacionales del municipio de Nazareno” en el Programa de Becas de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). La intervención estuvo a cargo de un equipo formado por estudiantes y egresados desde el año 2004 hasta 2006 y contó con la coordinación de la profesora María Cristina Mata. Este proyecto luego fue sistematizado en una tesis (Martínez et al., 2007).

13 Actualmente, en un escenario político fuertemente condicionante sobre los medios sin fines de lucro, como detallamos en el apartado anterior, la Mesa sigue funcionando con la voluntad de algunos organismos, organizaciones sociales y personas físicas que motorizan la sustentabilidad de dichos medios, desde diversas estrategias.

14 Jallalla es una expresión utilizada frecuentemente en las asambleas de la organización y quiere significar “¡fuerza!”, “¡viva!”.