Introducción

El fenómeno de la globalización, los conflictos internos y el tráfico de bienes y servicios internacionales muestran un panorama que plantea retos al derecho internacional privado (DIP). La inmigración y emigración de personas ha generado que la adquisición de bienes se presente sin distingo de la nacionalidad de los adquirentes ni de su lugar de residencia habitual o país de origen. Según datos manejados por la Unión Europea (UE), a finales de 2005 el número de nacionales de países terceros residentes en la UEERA de alrededor de 18.5 millones de personas; el crecimiento inmigratorio anual neto, que era de medio millón de personas en la década de los 90, se ha elevado, desde 2002, a entre 1.5 y 2 millones.¹ La muerte, como fenómeno inherente al ser humano, puede presentarse en cualquier país y en cualquier momento. Es así como el patrimonio de un causante puede encontrarse frente a estas múltiples ubicaciones de los bienes que lo integran y este fenómeno exige la determinación de las normas aplicables a su sucesión y la competencia del juez o jueza, conforme a parámetros legales que pueden generar controversia.

La inmigración²y la emigración, como dos fenómenos íntimamente relacionados, han llevado a la aparición de un nuevo y peculiar panorama internacional con la creciente aparición de numerosas sucesiones internacionales que adquieren una relevancia cualitativa. Este hecho requiere un replanteamiento y un nuevo enfoque que se adapte a las necesidades del tráfico jurídico actual que permita, a su vez, cierta agilidad, prontitud y decoro en la tramitación de las sucesiones mortis causa transfronterizas.³

El gran flujo migratorio entre los países que integran la UE, el poder adquisitivo de su población y las posibilidades de desplazamiento al interior de Europa han producido varios fenómenos en materia de relaciones personales y patrimoniales como matrimonios binacionales o las uniones de parejas de hecho,⁴ la adquisición de bienes en distintos países dentro y fuera de la UE y la necesidad de unificación de las reglas que rigen este tipo de relaciones tanto en vida como por causa de muerte. En este último caso, se identificó una necesaria unificación en materia de derecho de sucesiones, debido a la acusada diversidad de regulación del fenómeno sucesorio en los diferentes Estados miembros como consecuencia de la distinta concepción que se profesa de la persona, de las relaciones familiares y de la propiedad y de la especial sensibilidad de este modo de transmisión patrimonial, problemática más compleja aún en aquellos países en los que, como España, convive un derecho civil común y distintos derechos forales con soluciones particulares en la materia.⁵

Uno de los aspectos destacados en esta problemática es el carácter fiscal o tributario tanto de la adquisición de bienes, como de su transmisión por causa de muerte.⁶ En el informe sobre la ciudadanía de la UE de 2010 se identificó que cada vez son más los europeos que adquieren bienes inmuebles fuera de su Estado. En 2007, el volumen de ventas y compras transfronterizas de bienes inmuebles fue 10 veces superior a la cifra de 2002: ascendió a 55 000 millones de euros. Como problema se señala que la aplicación de determinadas normas fiscales nacionales a estas transacciones puede hacer que la adquisición transfronteriza de bienes inmuebles, especialmente de viviendas, resulte más difícil que las adquisiciones circunscritas en todos los aspectos al territorio nacional. También se observa que otro fenómeno en aumento son las herencias (o los regalos) que reciben las personas a través de las fronteras (por ejemplo, si el testador/donante reside en otro país o los bienes se encuentran en un país distinto del país donde vive el beneficiario). El informe afirma que, con frecuencia, las herencias y los regalos de bienes extranjeros se gravan en mayor medida que los nacionales. También ocurre frecuentemente que tales herencias o regalos son gravados por más de un Estado miembro y los mecanismos existentes para evitar la doble imposición resultan inadecuados.⁷

En la Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y los actos auténticos en materia de sucesiones y a la creación de un certificado sucesorio europeo se señaló en la exposición de motivos que la diversidad tanto de las normas de derecho material como de las normas de competencia internacional o de ley aplicable; la multiplicidad de autoridades a las que se puede someter una sucesión internacional, y el fraccionamiento de las sucesiones que puede resultar de estas normas divergentes constituyen un obstáculo a la libre circulación de las personas en la UE. Así mismo, se afirmó que estas personas se enfrentan hoy a grandes dificultades a la hora de ejercer sus derechos en el contexto de una sucesión internacional. Además, estas normas diferentes impiden igualmente el pleno ejercicio del derecho de propiedad, que forma parte integrante, según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de los derechos fundamentales cuyo respeto este garantiza. Finalmente, se concluyó que la propuesta tiene por objeto permitir a las personas que residen en la UE organizar por anticipado su sucesión y garantizar de manera eficaz los derechos de los herederos o legatarios y de las demás personas vinculadas al difunto, así como de los acreedores de la sucesión.⁸

El 27 de julio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento No. 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012 (RES 650/2012), relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y la creación de un certificado sucesorio europeo.⁹ Se destaca que su mayor virtud es que unifica las reglas del DIP en sede de sucesión mortis causa, “en una materia tradicionalmente impregnada de divergencias y particularismos nacionales”, y da lugar a la aparición de una especialización sucesoria,¹⁰ que pretende dar respuesta a todas las necesidades y problemáticas señaladas y aspira a ser un instrumento de aplicación general en la UE de grandes dimensiones.

Este trabajo no pretende un estudio de todos los aspectos de esta normativa, tan solo busca mostrar los rasgos característicos de un proceso de unificación que se convirtió en un ejemplo para otros ejercicios de dip,¹¹ deteniéndonos en la forma en la que se identificó un paradigma que puede llegar a ser una opción de unificación y que logró por ello convertirse en el centro de un reglamento que alcanzó su vigencia el 17 de agosto de 2015 bajo la premisa forum/ius de la residencia habitual del causante o la ley de su nacionalidad, en caso de escogencia para cumplir con el objetivo de la UE: que sus ciudadanos planeen su sucesión mortis causa en el marco de un espacio de libertad, seguridad y justicia. Este trabajo busca incentivar nuevos procesos de unificación del régimen sucesor al en otras latitudes, especialmente en las relaciones internacionales de Europa con América Latina.

1. La Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (HCCH). Antecedentes y base jurídica para la unificación en materia sucesorial

Con 83 miembros (82 Estados y la Unión Europea) de todos los continentes, la HCCH es una organización intergubernamental de carácter mundial, crisol de diversas tradiciones jurídicas, que elabora instrumentos jurídicos multilaterales que responden a necesidades mundiales, al tiempo que garantiza su seguimiento. Un número creciente de Estados no miembros se está adhiriendo a los Convenios de La Haya. Así, 150 países de todo el mundo participan hoy en los trabajos de la HCCH.¹²

La HCCH se ha ocupado de las situaciones personales, familiares o comerciales en las que se haya implicado más de un país. Tales situaciones pueden verse afectadas por las diferencias que existen entre los sistemas jurídicos vigentes en estos países, es decir, se convierte en un instrumento que tiende puentes entre sistemas jurídicos bajo las reglas del denominado dip.¹³

El mandato estatutario de la HCCH consiste en trabajar en pos de la “unificación progresiva” de estas reglas. Ello implica encontrar enfoques reconocidos internacionalmente para cuestiones como la competencia de los tribunales, el derecho aplicable, el reconocimiento y la ejecución de sentencias en numerosos y diferentes ámbitos desde el derecho bancario o comercial hasta el procedimiento civil internacional, y desde la protección de la niñez a las cuestiones matrimoniales y del estatus personal.¹⁴En este trabajo nos detendremos específicamente en los aspectos relacionados con los problemas internacionales de la sucesión por causa de muerte y el desarrollo que ha tenido esta temática en el ámbito de la HCCH como antecedentes del actual RES 650/2012.

La doctrina señala como fechas de inicio de las labores de la HCCH en materia de derecho de sucesiones tanto las cuatro sesiones celebradas desde 1893, como las dos que tuvieron lugar en el periodo de entreguerras.¹⁵ Según Álvarez Torné,¹⁶ en un primer momento, se ambicionaba una regulación que abarcase el conjunto de aspectos de la sucesión, incluyendo la competencia judicial internacional. Esto puso de manifiesto el proyecto que se preparó en el seno de la sexta sesión de 1928 con el título Sobre los conflictos de leyes y de jurisdicciones en materia de sucesiones y de testamentos,¹⁷ que no resultó finalmente adoptado, en tanto las reglas sobre la competencia formuladas en aquel entonces resultaban especialmente inadecuadas.¹⁸

En 1961 se produjo el primer Convenio de la HCCH de 5 de octubre, sobre Conflictos de Leyes en Materia de Forma de las Disposiciones Testamentarias, que en su artículo primero consagra: una disposición testamentaria será válida en cuanto a la forma si esta se ajusta a la ley interna: a) del lugar donde el testador hizo la disposición, b) de una nacionalidad poseída por el testador, sea en el momento en que dispuso, sea en el momento de su fallecimiento, c) de un lugar en el cual el testador tenía su domicilio, sea en el momento en que dispuso, sea en el momento de su fallecimiento, d) del lugar en el cual el testador tenía su residencia habitual, sea en el momento en que dispuso, sea en el momento de su fallecimiento, o e) respecto a los inmuebles, del lugar en que estén situados. Este convenio tuvo una buena acogida¹⁹y en la actualidad ha sido ratificado por 42 países.²⁰

Se avanza en los aspectos tratados específicamente con el Convenio sobre la Administración Internacional de las Sucesiones de 2 de octubre de 1973 ²¹en el que los Estados contratantes convinieron emitir un certificado internacional designando la o las personas habilitadas para administrar la sucesión mobiliaria e indicando sus poderes. Este certificado, emitido en el Estado contratante por la autoridad competente del Estado de la residencia habitual del causante, se reconocerá en todos los Estados contratantes. Todo Estado contratante tendrá la facultad de subordinar este reconocimiento a la decisión de una autoridad que decida como consecuencia de un procedimiento sumario o a la publicidad. Todo esto se constituye como precedente del Certificado Sucesorio Europeo (CSE) contemplado en el RES 650/2012, que goza de un alcance mucho mayor.

Se avanza lentamente en el esfuerzo de unificación en materia de sucesiones con el Convenio sobre la Ley Aplicable a las Sucesiones por causa de Muerte de 1 de agosto de 1989.²² en el que se especifica que su ámbito de aplicación se restringe a determinar la ley aplicable. Por tanto, este señala que no se aplicará a aspectos sustantivos tales como: a) la forma de las disposiciones por causa de muerte; b) la capacidad de disponer por causa de muerte; c) las cuestiones relativas al régimen matrimonial, y d) los derechos y bienes, creados o transmitidos por título distinto de la sucesión, tales como la propiedad conjunta de varias personas con reversión a favor del supérstite, planes de pensiones, contratos de seguro y arreglos de naturaleza análoga.

Esta alusión especial únicamente a la ley aplicable fue quizás la causa para que esta convención no fuera ratificada y no lograra entrar en vigor.²³ Sin embargo, los trabajos realizados han sido considerados un antecedente para el actual RES 650/2012, concretamente en lo relativo a la forma en la que en este se revive la professio iuris.²⁴ Si bien, de una manera limitada, el artículo 5 del convenio permite al difunto someter toda su herencia a la ley del Estado de su nacionalidad o a la ley del Estado de su residencia habitual, en ambos casos, la elección es válida si la persona tiene la nacionalidad o la residencia habitual que reclama en el momento de la designación o en el momento del fallecimiento. Aparte de ciertos requisitos formales, la elección no está sujeta a ninguna restricción.²⁵

Realizados estos trabajos, actualmente la HCCH sigue teniendo en cuenta en su agenda asuntos de carácter sucesoral pero que no alcanzan una prioridad en sus objetivos, con lo cual, después de transcurridos casi 30 años, no se ve viable que sea este el escenario que consolide la unificación en esta materia,²⁶ sin restar trascendencia a estos importantes aportes mencionados que muy seguramente sirvieron de revisión para los trabajos realizados hasta el logro de la expedición del RES 650/2012.²⁷

2. El proceso de unificación del DIP en Europa en materia de sucesiones

2.1. La UE: un espacio de libertad, seguridad y justicia

En la década de los noventa la UE se fortaleció y desarrolló. Se señala que, con la caída del comunismo en Europa Central y Oriental, los europeos se sintieron más cercanos y que en 1993 culminó la creación del mercado único con las “cuatro libertades” de circulación: mercancías, servicios, personas y capitales.²⁸Con el Tratado de Maastricht o Tratado de la UE(TUE) se estableció, conforme a su artículo 2, que La Comunidad Europea tendrá por misión promover, mediante el establecimiento de un mercado común y de una unión económica y monetaria y mediante la realización de las políticas o acciones comunes, un desarrollo armonioso y equilibrado de las actividades económicas en el conjunto de la comunidad, un crecimiento sostenible y no inflacionista que respete el medio ambiente, un alto grado de convergencia de los resultados económicos, un alto nivel de empleo y de protección social, la elevación del nivel y de la calidad de vida, la cohesión económica y social y la solidaridad entre los Estados miembro.²⁹

Con el Tratado de Ámsterdam, en 1999, por el que se modificaron el tue, los tratados constitutivos de las comunidades europeas y determinados actos conexos,³⁰ la UE se planteó el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia dentro del cual esté garantizada la libre circulación de personas.³¹

Para el desarrollo de la UE y como respuesta a la petición realizada por los jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo de Cardiff (junio de 1998), el consejo adoptó un plan de acción el 3 de diciembre y lo presentó unos días más tarde al Consejo Europeo de Viena sobre la mejor manera de aplicar las disposiciones del Tratado de Ámsterdam relativas a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia.³² Conocido como el Plan de Acción de Viena, este ofrece un marco coherente que permite el desarrollo de la acción de la UE, garantizando al mismo tiempo un mejor control judicial y democrático del TJUB del Parlamento Europeo, respectivamente.³³

Respecto de la cooperación judicial en materia civil, el plan señala en el numeral 39 que el objetivo es facilitar la vida de los ciudadanos europeos mediante la mejora y simplificación de las normas y procedimientos de cooperación y comunicación entre autoridades, así como de ejecución de las resoluciones mediante el fomento de la compatibilidad de las normas sobre conflicto de leyes y sobre competencia judicial y la eliminación de los obstáculos al buen funcionamiento de los procedimientos civiles en un espacio judicial europeo. Señala, además, que para ello convendrá mejorar la coordinación entre las administraciones de justicia de Europa y el conocimiento de los ordenamientos jurídico de los Estados miembro, en particular, en determinados asuntos de dimensiones humanas importantes con repercusiones en la vida cotidiana de los ciudadanos.³⁴

El plan desarrolla prioridades y medidas. La forma en que se priorizan las medidas se distribuye en dos categorías. Por un lado, las acciones y medidas que es importante aplicar o adoptar en los dos años siguientes a la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam (denominadas medidas que se adoptarán en un plazo de dos años) y, por el otro lado, las acciones y medidas que se adoptarán o aplicarán en los cinco años siguientes a la entrada en vigor del tratado o, al menos, se comenzará la elaboración de las acciones y medidas en dicho sector (denominadas medidas que se adoptarán en un plazo de cinco años).³⁵ Dentro de las medidas que deberían adoptarse en un plazo de cinco años se encuentra en el literal c) el estudio de la posibilidad de elaborar un instrumento jurídico sobre la jurisdicción internacional, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las sentencias relativas a los regímenes matrimoniales y a las sucesiones con remisión expresa a que debe ser tenido en cuenta el trabajo ya realizado en el marco de la HCCH.³⁶

2.2. Los inicios del reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones en materia civil y mercantil

Otro importante ámbito de desarrollo de la UE es el relativo al reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones emitidas por los países miembros. El Consejo Europeo, reunido en Tampere los días 15 y 16 de octubre de 1999, aprobó el principio de reconocimiento mutuo de las sentencias y otras resoluciones emanadas de las autoridades judiciales como piedra angular de la cooperación judicial en materia civil e invitó al consejo y a la comisión a que adoptaran un programa de medidas para aplicar dicho principio.³⁷En efecto, el Consejo Europeo señaló que un mejor reconocimiento mutuo de las resoluciones y sentencias judiciales y la necesaria aproximación de las legislaciones facilitarían la cooperación entre autoridades y la protección judicial de los derechos individuales. A continuación, el Consejo Europeo pidió a la Comisión que formule una propuesta para reducir aún más las medidas intermedias que siguen exigiéndose para el reconocimiento y ejecución de una resolución o sentencia en el Estado requerido.³⁸

Los resultados se vieron prontamente, pues el 30 de noviembre de 2000 se adoptó un programa de medidas, común a la comisión y al consejo, para la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.³⁹En este programa se describen las medidas relativas a la armonización de las normas de conflictos de leyes como medidas destinadas a facilitar el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y se anuncia asimismo la elaboración de un instrumento en materia de sucesiones y testamentos.⁴⁰

Efectivamente, se destaca que el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones civiles y mercantiles ha presentado obstáculos entre los cuales principalmente se destaca la falta de instrumentos que contemplen muchos ámbitos de derecho privado como situaciones familiares surgidas de relaciones distintas del matrimonio, de los regímenes matrimoniales y de las sucesiones.⁴¹

En el apartado de las propuestas en el literal A. se ordenó en el numeral primero la elaboración de un instrumento jurídico sobre competencia internacional, reconocimiento y ejecución de sentencias en materia de disolución de los regímenes matrimoniales, consecuencias patrimoniales de la separación de parejas no casadas y sucesiones. En el documento se insiste en que los efectos económicos de las resoluciones dictadas con ocasión del relajamiento o disolución del vínculo matrimonial, en vida de los cónyuges o por muerte de uno de los dos, presentan evidentemente el máximo interés para la consecución del espacio jurídico europeo. Sugieren, por tanto, que quizás sea necesario establecer una distinción para la elaboración de los instrumentos entre los regímenes matrimoniales y las sucesiones. Por este motivo, ordenaron estudiar la conexión existente en el derecho de los Estados miembros entre los regímenes matrimoniales y las sucesiones. También incluyen la cuestión de las consecuencias patrimoniales de la separación de parejas no casadas para que puedan examinarse todos los aspectos patrimoniales del derecho de familia.⁴²

Dentro del modelo que se plantea por etapas para la propuesta en materia de testamentos y sucesiones se contemplan las siguientes: 1era. Elaboración de un instrumento sobre la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones en materia de testamentos y sucesiones: adopción de los mecanismos del Reglamento Bruselas II; 2nda. Revisión del instrumento elaborado en la primera etapa: aplicación de procedimientos simplificados de reconocimiento y ejecución del Reglamento Bruselas I, medidas destinadas a reforzar los efectos en el Estado requerido de las resoluciones adoptadas en el Estado de origen (ejecución provisional y medidas cautelares), y 3era. Supresión del exequátur para los ámbitos cubiertos por el instrumento establecido.⁴³

Ya se habían contemplado medidas complementarias que se trajeron a colación nuevamente por su importancia estratégica y se vio la necesidad de su adopción a partir del comienzo del programa: un instrumento sobre la obtención de pruebas y la creación de una red judicial europea en materia civil y mercantil. Además, se señalaron otras medidas tales como unas normas mínimas de procedimiento civil; la armonización de las reglas o normas mínimas en materia de notificación y traslado de documentos judiciales; medidas que permitan facilitar la ejecución de las resoluciones, incluidas las que permitan conocer el patrimonio de un deudor; medidas destinadas a facilitar el acceso a la justicia; medidas destinadas a facilitar la información al público, y medidas relativas a la armonización de las normas sobre conflictos de leyes.⁴⁴

El Consejo Europeo, reunido en Bruselas los días 4 y 5 de noviembre de 2004, adoptó un nuevo programa denominado El Programa de La Haya: Consolidación de la Libertad, la Seguridad y la Justicia en la Unión Europea. En este programa se subraya la necesidad de adoptar un instrumento en materia de sucesiones que aborde, en particular, las cuestiones de los conflictos de leyes, la competencia, el reconocimiento mutuo y la ejecución de las resoluciones en materia de sucesiones y el CSE.⁴⁵

2.3. El Libro Verde sobre el conflicto de leyes en materia de sucesión abre el camino a la unificación

En el documento, por lo que respecta al derecho de familia y al derecho de sucesiones, se invita a la comisión a que presente las siguientes propuestas:

1. – Un proyecto de instrumento sobre el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de obligaciones alimenticias, incluidas las medidas cautelares y la aplicación provisional, en 2005. Un libro verde sobre el conflicto de leyes en materia de sucesión, incluida la cuestión de la competencia, el reconocimiento mutuo y la ejecución de las resoluciones en este ámbito, un certificado de herencia europeo y un mecanismo que permita el conocimiento preciso de la existencia de las últimas voluntades y testamentos de los residentes de la UE, en 2005; un libro verde sobre el conflicto de leyes en materia de régimen matrimonial, que incluya la cuestión de la jurisdicción y el reconocimiento mutuo en 2006, y un libro verde sobre el conflicto de leyes en materia de divorcio (Roma III), en 2005.

El plazo que se planteó para que tales instrumentos estén ultimados es a más tardar el 2011. La instrucción precisa es que estos instrumentos deberán tratar de asuntos de DIP y no deberán b asarse en conceptos armonizados de familia, matrimonio, etc. Solo deberán introducirse normas de derecho material uniforme como medidas de acompañamiento cuando sea necesario para posibilitar efectivamente el reconocimiento mutuo de las resoluciones o para mejorar la cooperación judicial en materia civil.⁴⁶

La consulta para el Libro verde relativa a las sucesiones abintestato o testamentarias que presentan aspectos internacionales se abrió en marzo de 2005.⁴⁷ En ella se señala:

las dificultades a que se enfrentan los protagonistas de una sucesión transnacional obedecen principalmente a la disparidad de las normas sustantivas, procesales y de conflicto de leyes que regulan la materia en los Estados miembros. Ahora bien, las sucesiones están excluidas de las normas comunitarias de derecho internacional privado adoptadas hasta ahora. Por tanto, resulta indispensable la aprobación de normas armonizadas a nivel europeo. La mayoría de las sucesiones se regulan de manera no contenciosa. Por ello, la aprobación de una legislación comunitaria relativa exclusivamente a la designación de los órganos jurisdiccionales competentes para resolver los litigios sucesorios, y al reconocimiento y ejecución de sus resoluciones, sería insuficiente.⁴⁸

Se acentúa la necesidad de un reconocimiento mutuo de las resoluciones sin el cual el objetivo de unificación no sería posible. Así, continúa el texto:

Para simplificar la tarea de los protagonistas de una sucesión transnacional y responder eficazmente a los problemas concretos de los ciudadanos, el instrumento comunitario también debe tratar necesariamente del reconocimiento de los documentos y actos extrajudiciales (testamentos, documentos notariales, documentos administrativos). Al no ser posible la plena armonización de las normas de derecho material de los Estados miembros, conviene actuar desde el punto de vista de las normas de conflicto de leyes. Por tanto, la comisión considera que, en el ámbito de las sucesiones, no se realizará progreso alguno a nivel comunitario sin abordar prioritariamente la cuestión de la ley aplicable. A este respecto, conviene preguntarse, en primer lugar, sobre el ámbito de aplicación de las normas de conflictos de leyes que constituirían el núcleo de la iniciativa legislativa y que potencialmente podrían abarcar ámbitos muy extensos: validez de los testamentos, condición de heredero legítima, liquidación y partición de la herencia, indivisión, etc.⁴⁹

Ya en el Tratado de Lisboa se había cerrado la apuesta por la unificación en términos de cooperación judicial. Se plantea que la UE desarrollará una cooperación judicial en asuntos civiles con repercusión transfronteriza, basada en el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y extrajudiciales.⁵⁰

El Consejo Europeo, reunido en Bruselas los días 10 y 11 de diciembre de 2009, adoptó un nuevo programa plurianual denominado Programa de Estocolmo — Una Europa Abierta y Segura que Sirva y Proteja al Ciudadano.⁵¹En este se estableció como una prioridad política una Europa de la ley y la justicia que se enuncia como el logro de una zona europea donde la justicia debe consolidarse para superar la fragmentación actual. Debería darse prioridad a los mecanismos destinados a facilitar el acceso a la justicia, de modo que las personas puedan hacer valer sus derechos en toda la UE. Es necesario también mejorar la formación y la cooperación entre los profesionales del derecho y movilizar recursos para poner fin a los obstáculos al reconocimiento de las decisiones judiciales en otros Estados miembros.⁵²

En este programa, el Consejo Europeo consideró que el reconocimiento mutuo debería ampliarse a ámbitos que todavía no están cubiertos pero son fundamentales en la vida diaria; por ejemplo, la sucesión y los testamentos, teniendo en cuenta al mismo tiempo los sistemas judiciales de los Estados miembros, incluido el orden público y las tradiciones nacionales en ese ámbito.⁵³

En el artículo 81, apartado 2, literal c) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se señala que dichas medidas pueden ir encaminadas, entre otras cosas, a garantizar la compatibilidad de las normas aplicables en los Estados miembros en materia de conflictos de leyes y de competencia (en realidad la norma habla de jurisdicción).⁵⁴

La Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y los actos auténticos en materia de sucesiones y a la creación de un CSE fue precedida de una amplia consulta a los Estados miembros, demás instituciones y al público en general. La comisión recibió un Estudio sobre las sucesiones internacionales en la Unión Europea, realizado por el Instituto Notarial Alemán en noviembre de 2002. Su Libro verde de sucesiones y testamentos, publicado el primero de marzo de 2005, suscitó alrededor de sesenta respuestas y fue seguido por una audiencia pública el 30 de noviembre de 2006. Un grupo de expertos denominado el PRM III/IV, constituido por la comisión el 1 de marzo de 2006, se reunió en siete ocasiones entre 2006 y 2008 y la comisión organizó una reunión de expertos nacionales el 30 de junio de 2008. Las contribuciones recibidas confirman la necesidad de un instrumento comunitario en este ámbito y respaldan la adopción de una propuesta que aborde, entre otras cuestiones, la ley aplicable, la competencia, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la creación de un certificado sucesorio europeo. La adopción de este instrumento recibió el apoyo del Parlamento Europeo y del Comité Económico y Social Europeo. La comisión realizó una evaluación de impacto que se adjuntó a la propuesta.⁵⁵

3. RES 650/2012: La unificación del forum/ius bajo la opción residencia habitual / ley nacional

Como se señaló, el 27 de julio de 2012 se publicó el RES 650/2012. En este apartado procederemos a explicar su naturaleza y los cinco aspectos de fondo que cobija el citado instrumento de DIP, haciendo énfasis en esta entrega en lo que concierne a la búsqueda de esa conjunción entre foro y ley aplicable como paradigma de unidad pretendido en dicho reglamento.

3.1. Naturaleza de reglamento y ámbito de aplicación

La UE fundamenta en el Estado de derecho. Por ello, sus actuaciones tienen como base los tratados democráticamente aprobados por sus miembros. Su legislación contribuye a lograr los objetivos de los tratados y lleva a la práctica las políticas de la UE. Hay dos tipos principales de derecho de la UE: el derecho primario y el derecho derivado.⁵⁶

La legislación de la UE tiene su origen en los tratados (derecho primario). El corpus legislativo que emana de los principios y objetivos de los tratados se conoce como derecho derivado y está integrado por reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes.⁵⁷ En esta medida, el reglamento al que estamos haciendo referencia corresponde al derecho derivado. Los reglamentos son actos jurídicos que se aplican de manera automática y uniforme en todos los países de la UE desde su entrada en vigor sin necesidad de incorporación al derecho nacional. Son obligatorios, en todos sus elementos, en los Estados miembros.⁵⁸

El documento de la propuesta de reglamento defiende la naturaleza de reglamento sosteniendo la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y la previsibilidad que requieren normas claras y uniformes e impone la forma de reglamento.⁵⁹ Se afirma que la consecución de estos objetivos se vería amenazada si los Estados miembros dispusieran de un margen de apreciación a la hora de aplicar las normas. El RES será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en los Estados miembros de conformidad con los tratados.⁶⁰

3.1.1. El ámbito de aplicación material

Este ámbito del RES 650/2012 abarca todos los aspectos de derecho civil de la sucesión por causa de muerte, es decir, cualquier forma de transmisión de bienes, derechos y obligaciones por causa de muerte, ya derive de una transmisión voluntaria en virtud de una disposición mortis causa, ya de una transmisión abintestato.⁶¹ Además, este es específico en que no será aplicable a las cuestiones fiscales, aduaneras ni administrativas.⁶²

El RES 650/2012 respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.⁶³ Debe ser aplicado por los tribunales y otras autoridades competentes de los Estados miembros, observando dichos derechos y principios.⁶⁴

En cuanto a las exclusiones, su artículo 1. 2. señala:

Quedarán excluidos del ámbito de aplicación del presente Reglamento: a) el estado civil de las personas físicas, así como las relaciones familiares y las relaciones que, con arreglo a la ley aplicable a las mismas, tengan efectos comparables; b) la capacidad jurídica de las personas físicas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23, apartado 2, letra c), y en el artículo 26; c) las cuestiones relativas a la desaparición, la ausencia o la presunción de muerte de una persona física; d) las cuestiones relativas a los regímenes económicos matrimoniales, así como a los regímenes patrimoniales resultantes de las relaciones que la ley aplicable a las mismas considere que tienen efectos comparables al matrimonio; e) las obligaciones de alimentos distintas de las que tengan su causa en la muerte; f ) la validez formal de las disposiciones mortis causa hechas oralmente; g) los bienes, derechos y acciones creados o transmitidos por título distinto de la sucesión, por ejemplo mediante liberalidades, propiedad conjunta de varias personas con reversión a favor del supérstite, planes de pensiones, contratos de seguros y transacciones de naturaleza análoga, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23, apartado 2, letra i); h) las cuestiones que se rijan por la normativa aplicable a las sociedades, asociaciones y otras personas jurídicas, como las cláusulas contenidas en las escrituras fundacionales y en los estatutos de sociedades, asociaciones y otras personas jurídicas, que especifican la suerte de las participaciones sociales a la muerte de sus miembros; i) la disolución, extinción y fusión de sociedades, asociaciones y otras personas jurídicas; j)la creación, administración y disolución de trusts; k) la naturaleza de los derechos reales, y l) cualquier inscripción de derechos sobre bienes muebles o inmuebles en un registro, incluidos los requisitos legales para la práctica de los asientos, y los efectos de la inscripción o de la omisión de inscripción de tales derechos en el mismo.⁶⁵

En cuanto a las competencias en materia de derecho de sucesiones en los Estados miembros permanecen las propias de cada Estado, ya que el reglamento no las afecta. Esta normativa es exclusivamente para definir aspectos de DIP sin inmiscuirse en asuntos de naturaleza material o sustantiva del derecho de sucesiones que han sido y permanecen como un derecho propio e interno de cada Estado miembro. Es este derecho nacional el que será aplicable de acuerdo con las reglas definitorias de la ley aplicable en el RES 650/2012.⁶⁶

Rodríguez Mateos comenta que, en la regulación sucesoria, material y conflictual, el RES 650/2012 mantiene una posición neutra tanto respecto de los sistemas de herederos forzosos como de los basados en la libertad de testar. Por ello, la apreciación de la legítima dependerá de lo que disponga la ley sucesoria y no se plantea como una cuestión de orden público internacional.⁶⁷ Sostiene, asimismo, que el RES 650/2012 intenta armonizar la confrontación entre concepciones, como la española, en las que el Estado hereda en defecto de parientes con derecho a heredar y otras en las que dicho Estado es titular dominical de los bienes vacantes situados en su territorio. Aunque la solución del RES 650/2012 pasa, en principio, por lo dispuesto en la ley sucesoria, no se opone a la aplicación de las leyes que prevén la titularidad dominical del Estado miembro de la situación de los bienes, siempre que se garantice la protección de los acreedores.⁶⁸

3.1.2. El ámbito de aplicación temporal

Señala el RES 650/2012 varios aspectos. El primero de ellos es su entrada en vigor que se dispone será a los 20 días siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la UE(27 de julio de 2012). El segundo de ellos corresponde a que este solo tiene vocación de ser aplicado a partir del 17 de agosto de 2015; no obstante, a determinados documentos redactados antes de la entrada en vigor del RES 650/2012, se les pueden aplicar determinadas disposiciones siempre que la persona de la cual se desprende la sucesión correspondiente haya fallecido el 17 de agosto de 2015 o después.⁶⁹

En tercer lugar, como excepción al plazo anterior se previeron algunas acciones que permitieran la correcta aplicación del RES 650/2012, fijando el plazo de 16 de enero de 2014 para la información en el marco de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil. Esta consiste en un espacio web que contiene un breve resumen de la legislación y procedimientos en materia de sucesiones de los Estados miembros. Además, incluye información sobre cuáles son las autoridades competentes en materia de sucesiones, así como sobre las autoridades competentes para conocer de las declaraciones de aceptación o renuncia de la herencia, de un legado o de la legítima, incluyendo datos habitualmente exigidos para registrar los bienes inmuebles situados en su territorio o derechos sobre los mismos.⁷⁰

Los Estados miembros mantendrán actualizada dicha información permanentemente. Además, se ordenó la recopilación de los nombres y los datos de contacto de los tribunales o las autoridades competentes para conocer las solicitudes de declaración de fuerza ejecutiva y los recursos contra las resoluciones dictadas sobre dichas solicitudes,⁷¹ así como las autoridades competentes para conocer de los procedimientos para recurrir las resoluciones dictadas en recursos previos.⁷² Se incluyó así mismo, la solicitud de la información pertinente relativa a las autoridades competentes para expedir el certificado y los procedimientos de recurso contra las decisiones tomadas por la autoridad emisora.⁷³Los Estados miembros comunicarán a la comisión toda modificación posterior de dicha información.

Se ordenó que esta publicará en el Diario Oficial de la UE la información comunicada,⁷⁴ así como que hará pública toda la información comunicada por cualquier otro medio adecuado, en particular por medio de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil (RJE civil).⁷⁵

La comisión adoptará actos de ejecución para establecer y modificar posteriormente las certificaciones y los formularios.⁷⁶ Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento consultivo.⁷⁷ Además, se creó un comité para que asista a la comisión,⁷⁸ para todos estos últimos aspectos se fijó fecha 5 de julio de 2012 y al parecer se cumplieron sin demasiados traumatismos.

3.1.3. El ámbito de aplicación espacial

En el ámbito espacial, el RES 650/2012 se aplica a los Estados miembros salvo Irlanda, Dinamarca y Reino Unido. Este recuerda que de conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo No. 21⁷⁹ sobre la posición del Reino Unido e Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al TUE y a l Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, dichos Estados miembros no participan en su adopción y no quedan vinculados por este ni sujetos a su aplicación. Ello, no obstante, se entiende sin perjuicio de que el Reino Unido e Irlanda puedan notificar su intención de aceptar el RES 650/2012 tras su adopción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de dicho protocolo.⁸⁰

Lo mismo ocurre respecto de Dinamarca, pues de conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo No. 22⁸¹ sobre la posición de Dinamarca, anejo al TUE y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, este país no participa en la adopción del RES 650/2012 y, por lo tanto, no queda vinculada por este ni sujeta a su aplicación.⁸²

Parte de la doctrina ya se había pronunciado antes de la entrada en vigencia del reglamento y afirmaba que afecta a todo tipo de sucesiones por causa de muerte de carácter internacional que tengan lugar en el territorio de la UE y será de aplicación con independencia de la nacionalidad del causante, sea o no ciudadano de la UE.⁸³

3.2. La conjunción forum/ius como opción de unificación del derecho sucesoral: la residencia habitual

La búsqueda de la unidad a través de la residencia habitual como factor de conexión determinante de atribución de competencia pero también de la ley aplicable a la sucesión es una característica marcada del RES 650/2012. Su elección fue fuertemente respaldada por la comunidad europea.⁸⁴ Aunque se escucharon voces acerca de la problemática que este concepto también presentaba. Álvarez González afirmó que efectivamente la determinación de la residencia habitual del causante es una tarea que puede resultar más difícil que la determinación de su nacionalidad y ello lo hace en el análisis de que no son pocas las personas con doble Residencia, por lo que se propusieron ajustes más rígidos, como el establecimiento de plazo fijos y concretos. Pero sostiene que nada de ello prosperó y la residencia del causante en el momento del fallecimiento se consagra como la conexión objetiva primaria.⁸⁵ Calvo Caravaca calificó como un hito histórico la adopción de la residencia habitual como foro general en materia de sucesiones resaltando que es la primera vez que tantos Estados han acordado internacionalmente codificar un sector legal que va precedido de tanta diversidad.⁸⁶

Benitez de Lugo ya apuntaba que dentro de los motivos que se destacan para preferir esa conexión están, en primer término, el hecho de que la residencia habitual supone, mucho más que la nacionalidad, el centro real de la vida del individuo y de la familia; en segundo lugar, la residencia habitual evita los conflictos de calificaciones inherentes a la determinación de lo que es nacionalidad o domicilio; por último, la adopción de la conexión “residencia habitual” ha permitido a los trabajos de codificación y unificación internacionales tender un puente entre los sistemas continentales, defensores de la conexión nacional, y los anglosajones, partidarios de la conexión domiciliaria.⁸⁷

No hubo una definición de residencia habitual, sin embargo, el RES 650/2012 contiene pautas para que los tribunales analicen el concepto de tal forma que se acerquen dos aspectos deseados: la residencia habitual, unida a un vínculo estrecho del causante con el Estado miembro cuyos tribunales conocerán y cuya ley será aplicable. Se sostiene en el RES 650/2012:

Habida cuenta de la creciente movilidad de los ciudadanos y con el fin de asegurar la correcta administración de justicia en la Unión y de garantizar que exista un nexo real entre la sucesión y el Estado miembro en que se ejerce la competencia, el presente Reglamento debe establecer como nexo general, a efectos de la determinación tanto de la competencia como de la ley aplicable, la residencia habitual del causante en el momento del fallecimiento. Con el fin de determinar la residencia habitual, la autoridad que sustancie la sucesión debe proceder a una evaluación general de las circunstancias de la vida del causante durante los años precedentes a su fallecimiento y en el momento del mismo, tomando en consideración todos los hechos pertinentes, en particular la duración y la regularidad de la presencia del causante en el Estado de que se trate, así como las condiciones y los motivos de dicha presencia. La residencia habitual así determinada debería revelar un vínculo estrecho y estable con el Estado de que se trate teniendo en cuenta los objetivos específicos del presente Reglamento.⁸⁸

Intenta el RES 650/2012, incluso de manera casuística, dar los elementos necesarios para la determinación del concepto de residencia habitual, por ejemplo, así en algunos casos determinar la residencia habitual del causante pueda revelarse complejo. Tal sería el caso, en particular, cuando por motivos profesionales o económicos, el causante hubiese trasladado su domicilio a otro país para trabajar en él, a veces por un periodo prolongado, pero hubiera mantenido un vínculo estrecho y estable con su Estado de origen. En tal caso, dependiendo de las circunstancias, podría considerarse que el causante tenía su residencia habitual en su Estado de origen, en el que estaba situado el centro de interés de su familia y su vida social.⁸⁹ Pero va más allá, y explica lo concerniente a las posibilidades de itinerancia entre distintos Estados miembros, pues contempla que también podrían suscitarse otras situaciones complejas cuando el causante haya residido en diversos Estados alternativamente o viajado de un Estado a otro sin residir permanentemente en ninguno de ellos. En estos casos señala el RES 650/2012 que si el causante fuera nacional de uno de dichos Estados o tuviera sus principales bienes en uno de ellos, la nacionalidad de aquel o la localización de dichos bienes podrían constituir un factor especial en la evaluación general de todas las circunstancias objetivas.⁹⁰

También se cobija la excepción, en casos en los que, por ejemplo, el causante se haya mudado al Estado de su residencia habitual poco tiempo antes de su fallecimiento, y todas las circunstancias del caso indiquen que aquel tenía un vínculo manifiestamente más estrecho con otro Estado, en ese caso se señala que la autoridad que sustancie la sucesión puede llegar a concluir que la ley aplicable a la sucesión no sea la ley del Estado de residencia habitual del causante, sino la ley del Estado con el que el causante tenía un vínculo manifiestamente más estrecho.⁹¹ No obstante, la vinculación manifiestamente más estrecha no debe emplearse como nexo subsidiario cuando la determinación de la residencia habitual del causante en el momento de su fallecimiento resulte compleja.

3.2.1. Criterio atributivo de competencia internacional

En materia de competencia, el RES 650/2012 establece como regla general el hecho de que los tribunales del Estado miembro en el que el causante tuviera su residencia habitual en el momento del fallecimiento tendrán la competencia para resolver sobre la totalidad de la sucesión,⁹² por lo que la residencia habitual se convierte en un factor determinante para establecer cuáles serán esos tribunales competentes en el momento de abrirse el trámite de sucesión, especialmente frente a sucesiones abintestato.

Ahora bien, esta determinación del foro puede verse modificada por algunos factores. El primer factor se presenta en cuanto a la posibilidad de elección del foro, este es un supuesto que se permite cuando se ha presentado la professioiuris, es decir, cuando el causante ha escogido, en vida, para su sucesión, aquella ley de su propia nacionalidad.⁹³ En estos casos, cuando la nacionalidad del causante corresponda a la de un Estado miembro, independientemente de que esa ley sea la de su última residencia habitual, las partes interesadas podrán acordar que los tribunales del Estado miembro tengan la competencia exclusiva para poder sustanciar cualquier causa en materia de sucesiones.⁹⁴

Además, se establece que el acuerdo relativo a la elección del foro constará por escrito con expresión de fecha y firma de las partes; se considerará hecha por escrito toda comunicación efectuada por medios electrónicos que proporcionen un registro duradero del acuerdo.⁹⁵ También es posible que las partes del procedimiento admitan expresamente la competencia del tribunal al que ya se ha sometido el asunto. Es decir, es una manifestación de acuerdo tácito.⁹⁶ Quiere decir esto que, en dicho caso, son las partes interesadas las que hacen concurrir la conjunción entre el foro y la ley aplicable, no es la ley, no es el RES 650/2012 el que per se hace confluir el binomio foro/ley aplicable, sino que son las partes interesadas las que pueden, una vez que el causante ha elegido su ley nacional, hacer posible esa conjunción entre foro y ley aplicable, a través de un acuerdo de todas las partes implicadas. Ambas decisiones, tanto la professio iuris como la elección del foro, son manifestaciones del alcance de la autonomía de la voluntad tenida en cuenta por el legislador europeo, si bien de forma restringida.

Álvarez González resalta la posibilidad de que el causante elija la ley rectora de su sucesión como un elemento de flexibilidad y un elemento de liberalidad que le permite, si lo estima oportuno y se dan las circunstancias apropiadas, optar por un régimen de mayor o menor libertad de testar. Señala que contrariamente a lo que he señalado en torno a la ley de la última residencia habitual y a su secuela, la ley más estrechamente vinculada, la professioiuris, es tanto un elemento de flexibilización, cuanto un elemento de materialización importante en la búsqueda de la ley sucesoria. Afirma que desde el momento en que se permite la elección de ley existe una potencial opción entre dos o más leyes. Así, concluye que, en torno a las legítimas, ello es especialmente importante dado que esa elección no se verá constreñida o limitada por las legítimas que otra ley pueda establecer. Es decir, la ley elegida determinará también el sistema legitimario.⁹⁷

A pesar de estos aspectos positivos que trae consigo la potestad de elegir la ley y la jurisdicción aplicable a la sucesión, es igualmente importante poner de presente los riesgos que Vassilakakis encuentra en la utilización que se le puede dar a esta institución. Concretamente, puede ser empleada por el causante como un mecanismo para perjudicar potenciales herederos (principalmente miembros de su familia), mediante el incremento o disminución de su porción legítima.⁹⁸ Siendo así las cosas, el tribunal competente será entonces el mismo tribunal que se ubica en el Estado miembro de la ley aplicable. Por lo tanto, los tribunales de la residencia habitual deberán abstenerse de conocer de la totalidad de la sucesión cuando existe ese pacto entre todas las partes interesadas.⁹⁹

Otro punto a tener en cuenta es que, a pesar de que no haya este acuerdo entre las partes interesadas, los tribunales del Estado miembro donde hubiera tenido la residencia habitual el causante también pueden verse abocados a abstenerse de conocer del trámite por solicitud de una de las partes interesadas, siempre teniendo en cuenta otros factores como, por ejemplo, la residencia habitual de los interesados o la ubicación de los bienes.¹⁰⁰

Así se tiene que no necesariamente los tribunales de la residencia habitual del causante serán los competentes porque como se aprecia hay una marcada participación de la autonomía de la voluntad de las partes interesadas en que se pronuncien acerca de su interés para la elección del foro.

En el caso de la abstención, aquella se deriva por solicitud de uno o algunos de los interesados y ahí se muestra entonces esa faceta de autonomía de la parte interesada y su incidencia en la determinación del foro.¹⁰¹

Es posible que en los casos en los que en los tribunales de un Estado miembro avoquen el conocimiento porque su competencia ha sido determinada a elección de las partes interesadas y se haya iniciado el procedimiento, se haga parte un interesado que no había estado presente y por tanto no había hecho parte del acuerdo que dio lugar a la competencia o al foro. En esos casos pueden ocurrir varias cosas, la primera de ellas y la más deseable sería que se pudiera continuar con el trámite, para lo cual esta parte comparecería sin objetar el foro,¹⁰² pero al ser la determinación del foro el acuerdo de la totalidad de las partes, si es cierto que esa parte, que no había participado y se vincula al procedimiento una vez ya determinada esa competencia, esta podrá impugnar la competencia de ese tribunal y este se verá avocado a abstenerse de conocer.¹⁰³

Si el tribunal se abstiene de conocer por la impugnación que ha hecho una parte interesada, tendrá entonces que volverse a determinar la competencia y resolver la cuestión a través de la aplicación de la regla general; es decir, será competente el tribunal del Estado miembro en el que el causante tuviera su residencia habitual en el momento del fallecimiento. En caso de no darse este supuesto porque el causante no tuviera su residencia habitual en el momento del fallecimiento en un Estado miembro, los tribunales del Estado miembro en el que se encuentren los bienes de la herencia serán igualmente competentes para pronunciarse en tres supuestos: en el caso de que el causante poseyera la nacionalidad del Estado miembro en el momento del fallecimiento;¹⁰⁴en el caso de que el causante hubiera tenido previamente su residencia habitual en dicho Estado miembro, siempre y cuando, en el momento en que se someta el asunto al tribunal no hubiesen pasado cinco años desde el cambio de dicha residencia habitual,¹⁰⁵ y el último se dará cuando, aunque no se cumplan los dos anteriores, se pueda avocar competencia para pronunciarse sobre dichos bienes.¹⁰⁶

3.2.2. La determinación de la ley aplicable

El legislador europeo enmarca dentro del principio de seguridad jurídica su opción por definir una ley aplicable en materia de sucesiones que rija a todos los Estados miembros en casos transfronterizos. En los considerandos se asegura que para que los ciudadanos puedan aprovechar, respetando en todo momento la seguridad jurídica, las ventajas que ofrece el mercado interior, el RES 650/2012 debe permitirles conocer cuál será la legislación aplicable a su sucesión. En lo conflictual se establece que deben introducirse normas armonizadas en materia de conflicto de leyes para evitar resultados contradictorios. Este se afinca en el principio de previsibilidad para fijar una norma principal que debe garantizar que la sucesión se rija por una ley previsible, con la que se guarde una estrecha vinculación. También se apoya en el principio de unidad por motivos de seguridad jurídica y para evitar la fragmentación de la sucesión, sosteniendo que es necesario que esta ley rija la totalidad de la sucesión (todos los bienes y derechos, con independencia de su naturaleza y de si están ubicados en otro Estado miembro o en un tercer Estado que formen parte de la herencia).¹⁰⁷ Esta es una de las principales características de este instrumento de DIP europeo.

Es así como primeramente se contempla que la ley designada por el RES 650/2012 se aplicará aun cuando no sea la de un Estado miembro. Dos ítems se contemplan en la regla general. Esto es de por si complejo, pues la misma norma contempla una regla inicial que contiene una salvaguarda y una segunda opción que hace alusión al vínculo manifiestamente más estrecho que desplazaría la primera regla.

El numeral primero del artículo 21 establece que “Salvo disposición contraria del presente Reglamento, la ley aplicable a la totalidad de la sucesión será la del Estado en el que el causante tuviera su residencia habitual en el momento del fallecimiento”.¹⁰⁸ Aquí se hacen coincidir el foro y la ley aplicable, pues ambos intentan inicialmente basarse en la residencia habitual del causante. Pero el numeral segundo no tarda en hacer temblar tal binomio, pues, al parecer, la regla principal pasaría a ser que la ley aplicable corresponde a la ley de otro Estado con el que el causante mantenía un vínculo manifiestamente más estrecho. Literalmente la norma señala:

2. Si, de forma excepcional, resultase claramente de todas las circunstancias del caso que, en el momento del fallecimiento, el causante mantenía un vínculo manifiestamente más estrecho con un Estado distinto del Estado cuya ley fuese aplicable de conformidad con el apartado 1, la ley aplicable a la sucesión será la de ese otro Estado.¹⁰⁹

En materia de autonomía de la voluntad privada puede decirse que se corrobora una libertad limitada a ciertos supuestos. El primero de ellos enmarca la posibilidad de designar la ley del Estado cuya nacionalidad se posea en el momento de la elección o en el momento del fallecimiento. Todo ello previendo posibles confluencias de varias nacionalidades dada la frecuente adquisición de una segunda nacionalidad en un Estado miembro, a veces con renuncia de la anterior como en el caso de Alemania, a veces, confluyendo en el ciudadano europeo dos nacionalidades de Estados miembros. Incluso, es posible que se trate de un ciudadano inicialmente nacional de un Estado NO miembro que logra posteriormente la nacionalidad de un Estado miembro. Así se afirma que una persona que posea varias nacionalidades podrá elegir la ley de cualquiera de los Estados cuya nacionalidad posea en el momento de realizar la elección o en el momento del fallecimiento.¹¹⁰

Bonomi explica que la admisión de la elección de la ley aplicable no es una sorpresa. Sostiene que la autonomía de la voluntad constituye uno de los pilares de DIP de la Unión Europea. Analiza que la mayor parte de los reglamentos europeos relativos a conflicto de leyes permiten la elección de la ley aplicable.¹¹¹

No se restringe la forma de la disposición, pero se señala que la elección deberá hacerse expresamente en forma de disposición mortis causa o habrá de resultar de los términos de una disposición de ese tipo. Además, se somete la validez material del acto por el que se haya hecho la elección de la ley a la misma ley elegida. Se añade que cualquier modificación o revocación de la elección de la ley deberá cumplir los requisitos formales aplicables a la modificación o la revocación de las disposiciones mortis causa, entendemos, conforme a la disposición de la ley elegida.¹¹²

Hubiera bastado que se señalara que el ámbito material de aplicación era toda la sucesión por causa de muerte. Sin embargo, en el reglamente se pormenorizan los aspectos concretos que cobija dicho procedimiento desde las causas, el momento y el lugar de la apertura hasta la partición.¹¹³

El RES 650/2012 exige como requisito indispensable de validez de la professiojuris que la determinación de la ley aplicable figure dentro de un acto por causa de muerte, bien sea un testamento o un pacto sucesorio.¹¹⁴ respecto de las primeras señala que su admisibilidad y validez material se regirán por la ley que, en virtud del RES 650/2012, haya sido aplicable a la sucesión del causante si este hubiese fallecido en la fecha de la disposición.¹¹⁵ La redacción no logra dar claridad al asunto, que puede complementarse con lo expresado en el considerando alusivo al tema, al aclarar que esa referencia se ha de entender como una referencia a la ley del Estado de residencia habitual del causante en esa fecha o, en caso de haber hecho una elección de ley en virtud del RES 650/2012, a la ley del Estado de su nacionalidad en dicha fecha.¹¹⁶ Lo dicho respecto a la disposición se aplica también a la modificación o revocación.¹¹⁷

Obviamente, también se permite que el disponente pueda escoger como ley que rija la admisibilidad y validez material de su disposición mortis causa aquella que el artículo 22 le permite elegir, en las condiciones que dicho artículo establece.¹¹⁸

En cuanto a los pactos sucesorios, estos son un tipo de disposición mortis causa cuya admisibilidad y aceptación varían de un Estado miembro a otro.¹¹⁹ El RES 650/2012 prevé las dificultades de su admisibilidad. Así, se afirma que con el fin de facilitar que los derechos sucesorios adquiridos como consecuencia de un pacto sucesorio sean aceptados en los Estados miembros, el RES 650/2012 debe determinar qué ley ha de regir la admisibilidad de esos pactos, su validez material y sus efectos vinculantes entre las partes, incluidas las condiciones para su RESolución.¹²⁰

Para resolverlo, el RES 650/2012 se detiene en dos posibilidades: la relativa a la sucesión de una sola persona, respecto de la cual señala que su admisibilidad, validez material y efectos vinculantes entre las partes, incluidas las condiciones para su resolución, se regirán por la ley que, en virtud del RES 650/2012, fuese aplicable a su sucesión si aquella hubiera fallecido en la fecha de conclusión del pacto.¹²¹

El segundo pacto que se prevé es el sucesorio relativo a la sucesión de varias personas. En este se restringe y se dice que únicamente será admisible en caso de que lo sea conforme a la ley que, de conformidad con el RES 650/2012, hubiera sido aplicable a la sucesión de cada una de ellas si hubieran fallecido en la fecha de conclusión del pacto. Al tratarse de varias personas y de varias leyes posibles de acuerdo a la residencia habitual o nacionalidad de las partes implicadas se prevé que será admisible solo si en todos se admite.¹²² Ahora, tratándose de varios se regirá en cuanto a su validez material y efectos vinculantes entre las partes, incluidas las condiciones para su resolución, por aquella de las leyes referidas en dicho párrafo con la que se presente una vinculación más estrecha, dando lugar a un análisis de un nuevo factor, el del vínculo más estrecho, en este caso, para los diferentes causantes.¹²³

Por supuesto, las partes podrán elegir como ley aplicable al pacto sucesorio, por lo que respecta a su admisibilidad, validez material y efectos vinculantes entre las partes, incluidas las condiciones para su resolución, la ley que la persona o una de las personas de cuya sucesión se trate habría podido elegir de acuerdo con el artículo 22 en las condiciones que este establece.¹²⁴

Queda por mencionar la norma relativa al reenvío. En este sentido el RES 650/2012 indica que las normas en materia de conflicto de leyes consagradas pueden llevar a la aplicación de la ley de un tercer Estado. En tales casos, se han de tomar en consideración las normas de DIP de ese Estado. Si esas normas disponen el reenvío a la ley de un Estado miembro o a la ley de un tercer Estado que aplicaría su propia ley a la sucesión, ese reenvío se debe aceptar a fin de garantizar la coherencia internacional. No obstante, se ha de excluir el reenvío en aquellos casos en que el causante haya hecho la elección de la ley en favor de la ley de un tercer Estado.¹²⁵

La doctrina ha especificado que existen problemáticas que deben ser resueltas como lo relativo a la remisión a sistemas plurilegislativos¹²⁶ como el caso Español. Se plantea que la existencia de distintos sistemas legislativos en el Estado, cuya ley ha sido designada por la norma de conflicto de foro, exige una toma de postura a fin de establecer cuál de los sistemas coexistentes en aquel Estado es el aplicable. Al respecto solo avanzar que la doctrina especializada ha defendido la aplicabilidad del RES 650/2012 siempre que se de un elemento de internacionalidad sin perjuicio de que el supuesto en cuestión acabe regulado como si de un supuesto puramente interno se tratara.¹²⁷

3.2.3. El foro y la ley aplicable en la jurisprudencia relativa al RES del TJUE

Una vez abordados los conceptos anteriores, se describirá la forma como la jurisprudencia del TJUE ha interpretado las disposiciones del reglamento en casos concretos donde el debate se centra precisamente en la determinación del juez competente y de las normas que han de gobernar la sucesión. La forma como presentamos las sentencias responde a la temática tratada. Primero, abordaremos dos decisiones que debaten la escogencia de la ley aplicable, luego, tres que reiteran la búsqueda de coherencia en la determinación del foro y la ley aplicable para evitar la fragmentación de la sucesión.

La jurisprudencia del TJUE entre los años 2016 y 2021 ha resuelto algunas cuestiones formuladas por Tribunales de Estados miembros sobre la interpretación del RES 650/2012,¹²⁸ al respecto resaltamos dos decisiones recientes que han versado sobre la determinación del foro y la ley aplicable, ya sea con fundamento en la última residencia habitual o la disposición hecha por el causante en ejercicio de su autonomía. En Sentencia del 9 de septiembre de 2021 con asunto C-277/20, el TJUE tuvo que analizar la condición de pacto sucesorio de un contrato celebrado antes del 17 de agosto de 2015 sobre un inmueble ubicado en Austria y su capacidad de determinar o no la ley aplicable a la totalidad de la sucesión. El contrato en comento establecía que, ante el fallecimiento, un bien inmueble sería transmitido si se cumplían unas condiciones y disponía como ley aplicable a ese acto la de Austria. Después del fallecimiento, una de las personas a quien debía ser transmitida la propiedad, de acuerdo con el contrato, inició los trámites de la sucesión en Alemania, por ser esta la última residencia habitual del causante; sin embargo, cuando acudió a Austria para lograr el registro correspondiente, surgió el debate ante los tribunales de ese país sobre la ley aplicable y la competencia para hacer efectiva la transmisión del inmueble. Se formularon entonces dos cuestiones, la primera: si el contrato era un pacto sucesorio para efectos del RES 650/2012 y, la segunda, si tenía la entidad para establecer la ley aplicable a la totalidad de la sucesión.

Respecto del primer asunto, el TJUE concluyó que al tratarse de una disposición por causa de muerte esta encajaba en la descripción de pacto sucesorio del RES 650/2012, haciéndolo aplicable a tal acto. En relación con la segunda cuestión, en el contrato referido, el causante estableció una disposición mortis causa previa al 17 de agosto de 2015 por lo que era necesario acudir al régimen de transición del artículo 83 del RES y verificar el cumplimento de los requisitos allí establecidos para poder determinar si el pacto sucesorio tenía la capacidad de fijar la ley aplicable a la totalidad de la sucesión. Para abordar esos puntos, el TJUE observó que el contrato analizado solo fija una ley aplicable a la transmisión de un inmueble ubicado en Austria y no a la totalidad de la sucesión por lo que no cumplía con las exigencias de los artículos 21 y 22 del RES 650/2012. Consecuentemente, la interpretación del reglamento en este caso concreto no admite hacer examen de validez de una elección de ley aplicable que tuvo lugar antes del 17 de agosto de 2015 a efectos del artículo 3, apartado 1, literal b) por no referirse la disposición de cuiusen el pacto sucesorio aludido a la totalidad de la sucesión.

También, en Sentencia de 16 de julio de 2020 con asunto C-80/19, el TJUE analizó el caso de una ciudadana de nacionalidad lituana quien falleció teniendo su residencia habitual en Alemania, pero quien había otorgado su testamento ante un notario de Lituania antes del 17 de agosto de 2015. Al solicitar el certificado sucesorio, la notaría se negó a expedirlo al considerar que eran competentes los tribunales alemanes por ser esta la última residencia habitual de la causante. respecto de la determinación de la ley aplicable a la sucesión el tribunal sostuvo:

[inicio de cita]Los artículos 4, 5, 7, 22 y 83, apartados 2 y 4, del Reglamento No. 650/2012 deben interpretarse en el sentido de que la voluntad del de cuiusy el acuerdo entre los llamados a sucederlo pueden llevar a la determinación de un tribunal competente en materia de sucesiones y a la aplicación de una ley sucesoria de un Estado miembro distintas de las que resultarían de la aplicación de los criterios dimanantes de dicho Reglamento.[fin de cita]

Estas dos decisiones, si bien se reafirman que hay una tendencia hacia el reconocimiento de la autonomía al respetar la decisión sobre la ley aplicable que el causante haya tomado, también refuerzan unos criterios de que para que resulte viable la escogencia del foro y la ley aplicable debe respetarse el objetivo de que no se fragmente la sucesión.

Pasando a las decisiones que resaltan la finalidad del RES 650/2012 de lograr coherencia en la determinación del foro y la ley aplicable, su artículo 4 establece que la competencia la tendrán los tribunales del país de residencia habitual del causante, el cuál deberá ser uno para efectos de determinar las reglas que regirán la sucesión. Tal necesidad de identificar claramente cuál Estado miembro es competente pudo observarse en el análisis del TJUE en Sentencia de 9 de septiembre de 2021 con asunto C-422/20. Dicho caso se refería al trámite de una sucesión de un ciudadano alemán, con residencia habitual en España, pero quien había otorgado un testamento ológrafo en Alemania antes del 17 de agosto de 2015. Tras el fallecimiento del causante, la cónyuge sobreviviente solicitó la expedición de un certificado sucesorio nacional y europeo ante un tribunal alemán donde se había otorgado testamento en el que se instituían ambos cónyuges como únicos herederos. al respecto, el tribunal alemán de primera instancia accedió a otorgar los certificados referidos por lo que un hermano del causante impugnó esa decisión exponiendo que la competencia era de los tribunales españoles debido a la residencia habitual del causante conforme a lo dispuesto en el RES 650/2012. Esa postura fue acogida por el tribunal de apelación alemán a considerar que los competentes eran los tribunales españoles y revocar la expedición de los certificados sucesorios pues la última residencia del causante fue en España y de acuerdo con el artículo 4 del RES 650/2012 la competencia era de los tribunales de ese país.

El tribunal español que asumió el caso decidió abstenerse para conocerlo, dado que los tribunales alemanes estaban en mejor situación habida cuenta de las circunstancias prácticas, residencia habitual de la parte afectada y ubicación de la parte esencial de la herencia. Debido a esa abstención, la cónyuge sobreviviente volvió a presentar solicitud ante los tribunales alemanes. De ello, surgieron inquietudes en materia de competencia una vez el proceso volvió a los tribunales alemanes, particularmente, sobre las consecuencias de la abstención sobre la competencia de estos para conocer de la sucesión. El TJUE sostuvo respecto de la competencia adquirida por el tribunal del Estado de la ley escogida por el causante cuando se da inhibición del tribunal de otro Estado miembro que, las decisiones que inequívocamente lleven a entender que hubo una inhibición implican el traslado de competencia al otro tribunal sin perjuicio de las expresiones lingüísticas que varían a lo largo del espacio europeo y que dicho traslado le otorga competencia al tribunal cuya ley ha sido elegida por el causante para conocer de la sucesión al amparo de lo establecido en el artículo 7, literal a). Sostuvo el TJUE respecto de la finalidad de esta norma en el RES 650/2012:

En efecto, tal interpretación es conforme con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia, garantizado, en particular, por el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales, que subyace a la aplicación de las disposiciones del Reglamento de Sucesiones y que está consagrado en el artículo 39 de dicho Reglamento, que tiene por objeto, en el ámbito de la cooperación en materia civil y mercantil, reforzar un sistema simplificado y eficaz de normas de conflicto, de reconocimiento y de ejecución de las resoluciones judiciales adoptadas en el marco de una sucesión que tenga una incidencia transfronteriza, para contribuir a que se logre el objetivo atribuido a la Unión de llegar a ser un espacio de libertad, seguridad y justicia basado en el grado de confianza elevado que debe existir entre los Estados miembros.

Sobre la determinación de la competencia, también había dicho el TJUE en Sentencia de 21 de junio de 2018 con asunto C-20/17 que, con el fin de lograr coherencia, si una norma del orden nacional de alguno de los Estados miembros se opone al RES 650/2012, esta no podrá interpretarse con base en tal oposición pues eso podría cercenar el objetivo mismo del RES 650/2012 el cual es que los tribunales competentes lo sean para la totalidad de la sucesión. Lo anterior se desprende de la regla de foro prevista en su artículo 4: “Los tribunales de la residencia habitual tendrán competencia para la totalidad de la sucesión”.

En la misma línea de lograr coherencia, el TJUE decidió en Sentencia de 12 de octubre de 2017 con asunto C-218/16, al abordar un caso sobre la posibilidad de otorgar un testamento con un legado vindicatorio que estando permitido en un Estado miembro no lo estaba en otro:

deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la denegación del reconocimiento por una autoridad de un Estado miembro de los efectos reales del legado vindicatorio, reconocido por el Derecho aplicable a la sucesión que el testador ha elegido con arreglo al artículo 22, apartado 1, del citado Reglamento, cuando la denegación se basa en que ese legado se refiere al derecho de propiedad de un inmueble situado en dicho Estado miembro, cuya legislación no reconoce la institución del legado con efecto real directo en la fecha de apertura de la sucesión.

Lo anterior supone lograr una suerte de coherencia en donde si un ciudadano escoge, al amparo del artículo 22, la ley aplicable, un Estado miembro, distinto del de la ley escogida, no podrá negarse a aplicarlo invocando que tal figura no existe en su derecho interno.

Conclusiones

1. Después de un camino recorrido y de un sin número de programas, estudios, discusiones, debates y de consultas del libro verde; de conceptos sobre sus resultados, y de propuestas y de objeciones a las propuestas Europa logró un instrumento unificador de DIP que regirá los problemas de las sucesiones transfronterizas en 25 de sus Estados miembros firmantes. Esta es la herramienta más contundente de unificación que se ha logrado en el escenario del DIP en materia de sucesiones y aunque su proceso tomó casi 15 años de trabajo, lo cierto es que se supera con este instrumento al escenario internacional en el marco de la conferencia de La Haya situado mucho antes, en 1989.

2. La característica del RES 650/2012 y su ambición es hacer coincidir el forum/ius por medio de la residencia habitual como factor de conexión que operaría como atributiva de la competencia del los tribunales del Estado miembro donde el causante residía y cuya ley además, salvo pacto en contrario, sería aplicable. Tratándose de la determinación de la ley aplicable se juega en el RES 650/2012 con la autonomía de la voluntad de quien planeando su sucesión prefiere optar por elegir como ley para su sucesión mortis causa aquella que corresponda a su nacionalidad. Pero ¿la nacionalidad que tenga en qué momento? O si tiene varias, ¿cuál de sus nacionalidades? Estas posibilidades se resuelven en el RES 650/2012 al establecer que el disponente podrá elegir la nacionalidad al tiempo de la disposición o al tiempo de su fallecimiento. Teniendo varias podrá señalar la que desee en cualquiera de los dos momentos.

3. Los principios que rigen el RES 650/2012 son la unidad, la universalidad, la proximidad y la autonomía de la voluntad las cuales se reflejan en el factor de conexión de la residencia habitual pero también en el reconocimiento de la professio iuris para que los europeos puedan planificar su sucesión mortis causa.

4. Este reglamento, desde el año 2015, es una realidad en el espacio jurídico europeo y ha alcanzado un instrumento de desarrollo internacional de importante trascendencia: Reglamento de Ejecución de 2014,¹²⁹la unificación de los formularios tendientes a hacer realidad el CSE y toda la normativa en materia sucesoria, tal como este lo prevé. Este es uno de los temas cruciales de la implementación del RES 650/2012. El CSE ha ocupado un gran espacio en la escasa pero importante jurisprudencia del TJUE,¹³⁰que será objeto de análisis en un siguiente trabajo, pero que sin duda plantea que la seguridad jurídica del espacio europeo depende del buen manejo que se haga del CSE como instrumento internacional y del grado de reconocimiento en todo el espacio europeo pretendido para este en el RES 650/2012. ¿Logrará este CSE superar las fronteras europeístas y obtener reconocimiento en otras latitudes? ¿Cuál sería el escenario de DIP que permitiría conseguir ese impacto transfronterizo?

5. La experiencia jurídica europea en la aplicación del RES 650/2012 y los aspectos sucesorios vinculados a nuevas realidades sociales ya han sido estudiados recientemente por la doctrina más autorizada, cuya revisión amerita un espacio propio al mencionarse aspectos de gran calibre como el matrimonio polígamo y los problemas de técnicas de reproducción asistida en la fecundación post mortem, entre otros temas de máximo interés.¹³¹

6. Se observa en la jurisprudencia revisada y su abordaje de los conceptos de la ley del foro y la escogida por el causante que se reitera el principio de coherencia en que un tribunal sea el único competente para conocer de la totalidad de la sucesión, que el derecho interno debe ceder al del RES 650/2012 y que si bien la residencia habitual del causante es regla general, también lo es la escogida por el causante en ejercicio de su autonomía, que puede llevar a la aplicación de criterios distintos para la escogencia de la normativa sustancial que ha de gobernar la sucesión con fundamento en el artículo 22 del RES 650/2012.

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Notas

* El presente trabajo es un producto del proyecto posdoctoral “Derecho de sucesiones y derecho internacional privado: aproximaciones al escenario europeo para una necesaria armonización del derecho colombiano en casos transfronterizos”, en el marco de la Estancia de Investigación Posdoctoral en la Universidad Autónoma de Madrid en calidad de Profesora Visitante Investigadora. Aprobación del Consejo de Facultad en sesión de 12 de julio de 2018. Esta contribución pertenece al Grupo de Investigación en Derecho Privado de la Pontificia Universidad Javeriana. Especiales agradecimientos a Juan Camilo Arboleda y Sergio Eduardo González por el trabajo de apoyo en este documento. Igualmente a los profesores Mari Paz García Rubio y Santiago Álvarez González de la Universidad Santiago de Compostela, por sus aportes críticos al presente trabajo. Así mismo a Juan Miguel Azcárraga del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por orientar mi búsqueda.

1 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement Européen, au Comité Économique et Social Européen et au Comité des Régions. Troisième rapport annuel sur la migration et l’intégration. com (2007)512 final. Bruxelles, 11.9.2007, citado por Sucesiones internacionales. Comentarios al Reglamento (UE) 650/2012 ( Valencia: Tirant lo Blanch, 2015), 21. José Luis Iglesias Buigues, Guillermo Palao Moreno y Carmen Azcárraga Monzonís,

2 En Europa, los problemas migratorios representan una crisis humanitaria con graves consecuencias. En el informe de marzo de 2018 sobre la aplicación de la Agenda Europea de Migración se sostiene: “En 2017, la situación migratoria se estabilizó en cierta medida, pero sigue planteando un reto. Los casi 205 000 cruces irregulares de fronteras registrados en 2017 supusieron un 28 % menos que en 2014, el año anterior a la crisis. Sin embargo, la situación es frágil y en 2018 continúan los trabajos en todas las rutas migratorias para consolidar este descenso. Al mismo tiempo, la presión sobre los sistemas nacionales de migración, aunque ha disminuido, se mantiene en un nivel elevado. En 2017 se presentaron 685 000 solicitudes de asilo en la UE(un descenso del 43 % con respecto a 2016), de las cuales 160 000 fueron presentadas por menores, y los Estados miembros adoptaron casi un millón de decisiones de asilo en primera instancia”. (Llamados a pie de página del texto suprimidos). Comisión Europea, Comunicación de la Comisión Al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al Consejo. Informe sobre la aplicación de la Agenda Europea de Migración. 14.3.2018.com (2018) 250 final. https://eur-lex.europa.eu/RESource.html?uri=cellar:c77176b2-277c-11e8-ac73-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF

3 María Elena Cobas Cobiella, “Certificado sucesorio europeo. Algunas ideas preliminares”, Barataria Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales, no. 19 (2015): 103-113.

4 En el Informe sobre ciudadanía de la UE se sostiene que “Cada vez son más los ciudadanos que cruzan las fronteras nacionales de otros países de la UE distintos del suyo para estudiar, trabajar, vivir y (…) enamorarse. El número de parejas que viven en un Estado miembro del que no son nacionales está aumentando. De los aproximadamente 122 millones de matrimonios celebrados en la UE, aproximadamente 16 millones (13 %) son de carácter transfronterizo. En 2007, de los 2.4 millones de matrimonios celebrados en la UE aproximadamente 300 000 parejas tuvieron ese mismo carácter; lo mismo puede decirse de 140 000 (13 %) de los 1 040 000 divorcios que tuvieron lugar en la UE ese mismo año”. Comisión Europea, Informe sobre la ciudadanía de la UE 2010. La eliminación de los obstáculos a los derechos de los ciudadanos de la UE. 27.10.2010. com (2010) 603 final, https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0603:FIN:ES:PDF

5 Iglesias Buigues, Palao Moreno y Azcárraga Monzonís, Sucesiones internacionales…, 22.

6 Sobre el asunto véase Jesús Ramos Prieto y César Hornero Méndez (coords.), y José Manuel Macarro Osuna (ed.), Derecho y fiscalidad de las sucesiones mortis causa en España: una perspectiva multidisciplinar, (Navarra: Thomson Reuters Aranzadi, 2016), https://www.marcialpons.es/media/pdf/9788490987414.pdf

7 Comisión Europea, Informe sobre la ciudadanía de la UE 2010 …, 8.

8 Comisión de las Comunidades Europeas, Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y los actos auténticos en materia de sucesiones y a la creación de un certificado sucesorio europeo. 14.10.2009 com (2009) 154 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009PC0154&from=ES

9 Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, Reglamento (UE) No. 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de julio de 2012 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y los actos auténticos en materia de sucesiones y a la creación de un certificado sucesorio europeo. 27.7.2012 L 201/107, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0650&from=SK

10 Naiví Chikoc Barreda, “Reflexiones sobre los regímenes especiales en el Derecho Internacional Privado Sucesorio según el Reglamento Europeo 650/2012 de 4 de julio de 2012”, Cuadernos de Derecho Transnacional 6, no. 1 (2014): 122-123.

11 Varios son los autores que se han pronunciado sobre la relevancia de los instrumentos internacionales y la necesidad de la revisión de la normativa de DIP en países de América Latina. Véase, Patricia Orejudo Prieto de Los Mozos, “El derecho internacional privado colombiano ante la Ley Modelo OHADAC de DIPR”, Anuario Español de Derecho Internacional Privado XIII, (2013): 681-697, https://eprints.ucm.es/27862/1/DIPr%20Colombia.pdf Leandro Baltar, “Las sucesiones internacionales a la luz del nuevo código civil y comercial de la nación: ¿un pequeño gran cambio?”, Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones “Ambrosio L. Gioja” IX, no. 15 (2015): 7-24, http://www.derecho.uba.ar/revistas-digitales/index.php/revista-electronica-gioja/article/viewFile/49/33 José Hernán Muriel-Ciceri, “Aportes doctrinales europeos a la unificación y avance del derecho internacional privado”, Revista Chilena de Derecho 39, no. 2 (2012): 529-535, https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372012000200013&lng=en&nrm=iso&tlng=en

12 La Conferencia celebró su primera reunión en 1893, a iniciativa de T. M. C. Asser (Premio Nobel de la Paz en 1911). Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado [HCCH], Sobre la HCCH, https://www.hcch.net/es/about Pasó a ser una organización intergubernamental permanente en 1955, año de la entrada en vigor de su Estatuto. HCCH, Estatuto de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado , https://assets.HCCH.net/docs/97867a48-a528-4b5f-8c30-e63849448ae7.pdf

13 Cf. HCCH, Estatuto de la Conferencia…

14 Ibíd.

15 María Álvarez Torné, “Criterios de determinación de la competencia internacional en supuestos de sucesiones en el ámbito de la UE”, (tesis de doctorado, Westf. Wilhelms-Universität Münster & Universidad de Barcelona, 2010), 257-258, https://d-nb.info/1011868792/34 La autora cita a, J. H. A. van Loon, “Die Haager Konferenz und ihre Bestrebungen zur Reform des Internationalen Erbrechts”, MittRhNotK, 1989, pp. 9 ss. y a C. Azcárraga Monzonís, Sucesiones internacionales: Determinación de la norma aplicable (Valencia: Tirant lo Blanch, 2008), 345.

16 Ibíd.

17 La autora remite para ver el texto del proyecto mencionado a Niboyet, J. – P. / Goulé, P., Recueil de textes usuels de droit international, t. ii, Sirey, París, 1929, pp. 440 ss.

18 A. Von Overbeck, “Divers aspects de l’unification du droit international privé, spécialement en matière de successions”, Rec. des Cours, t. 104, 1961, p. 560, citado por María Álvarez Torné, “Criterios de determinación de la competencia internacional…”, 258.

19 Alegría Borrás, “Prólogo”, en La autoridad competente en materia de sucesiones internacionales. El nuevo reglamento de la UE, AUT. María Álvarez Torné (Marcial Pons, 2013), 10.

20 HCCH, Convenio de 5 de octubre de 1961 sobre los Conflictos de Leyes en Materia de Forma de las Disposiciones Testamentarias , https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/status-table/?cid=40

21 HCCH, Convenio sobre la Administración Internacional de las Sucesiones, https://assets.hcch.net/docs/a89d2a14-abe0-45f4-a777-1342f596f760.pdf

22 Ibíd.

23 HCCH, Convenio de 1 de agosto de 1989 sobre la Ley Aplicable a las Sucesiones por causa de Muerte . https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/status-table/?cid=62

24 Fontanellas Morell define la professio iuris como aquella facultad conferida al causante para que, en una disposición por causa de muerte, designe, dentro de ciertos límites, la ley que debe regir, en todo o en parte, su sucesión. Josep María Fontanellas Morell, La professioiuris sucesoria, (Madrid: Marcial Pons, 2010). En el mismo sentido, Antonio Ripoll Soler, “Hacia un nuevo modelo de planificación sucesoria notarial: la professio iuris”, Revista de Derecho Civil3, no. 2 (2016): 28. http://www.nreg.es/ojs/index.php/RDC/article/view/190/151

25 Andrea Bonomi, “Le choix de la loi applicable à la succession dans la proposition de règlement communautaire”, Cursos de derecho internacional y relaciones internacionales de Vitoria-Gasteiz, no. 1 (2010): 245.

26 Alegría Borrás, “Prólogo”, 11.

27 Así se señala explícitamente en Comunidades Europeas, Plan de Acción del Consejo y de la Comisión sobre la mejor manera de aplicar las disposiciones del Tratado de Ámsterdam relativas a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia. Texto adoptado por el Consejo Justicia y Asuntos de Interior de 3 de diciembre de 1998. 23.1.1999 doce No. 1999/C 19/1, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1999:019:FULL&from=ES

28 Unión Europea, La historia de la ue 1990-1999, https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/1990-99_es

29 Comunidades Europeas, Tratado de la Unión Europea (tue) / Tratado de Maastr icht. 92 /C 191 /01. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:11992M/TXT&from=ES

30 Comunidades Europeas, Tratado de Ámsterdam por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos .doc 340 de 10.11.1997, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:11997D/TXT&from=ES

31 Donaire Villa señala, al comentar la Circulación de personas en un espacio de libertad, seguridad y justicia: “Al precio de una notable complejidad, el Tratado de Ámsterdam resuelve la cuestión de la supresión de los controles fronterizos, sitúa buena parte de las medidas compensatorias bajo competencia comunitaria, reforma y rebautiza la antigua cooperación JAI, incorpora la cooperación Schengen a la Unión mediante arreglos flexibles y otorga un estatuto especial al Reino Unido, Irlanda y Dinamarca en correspondencia a la conformidad de estos países con el nuevo sistema. Todo se instrumenta a través la definición de la Unión como un espacio de libertad, seguridad y justicia (nuevo considerando décimo y nueva redacción del art. B del TUE), lo que incluye adiciones al TCE(nuevo Título III bis de la Tercera Parte) y reformas al tue(nueva redacción del Título VI), así como matizaciones al sistema general a través de los nuevos Protocolos sobre el Acervo de Schengen, sobre el Reino Unido e Irlanda y sobre Dinamarca”. rebautiza la antigua cooperación Francisco Javier Donaire Villa, “El Tratado de Ámsterdam y la Constitución”, Revista Española de Derecho Constitucional 18, no. 54 (1998):119-167, https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/79623.pdf

32 Comunidades Europeas, Plan de Acción del Consejo y de la Comisión …

33 Ibíd.

34 Cf. Ibíd., 10.

35 Cf. Ibíd., 7.

36 Cf. Ibíd.,10.

37 Parlamento Europeo, Consejo de Tampere. Conclusiones de la presidencia, 15 y 16 de octubre de 1999, http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_es.htm

38 “El primer paso ha de consistir en suprimir dichos procedimientos intermedios para los expedientes relativos a demandas de consumidores o de índole mercantil de menor cuantía y para determinadas sentencias en el ámbito de los litigios familiares (por ejemplo, demandas de pensión alimenticia y derechos de visita). De ese modo, dichas resoluciones se reconocerían automáticamente en toda la Unión sin que se interpusieran procedimientos intermedios o motivos para denegar la ejecución. Ello podría ir acompañado del establecimiento de normas mínimas sobre aspectos concretos del Derecho procesal civil”. Parlamento Europeo, Consejo de Tampere…, 34.

39 Comunidades Europeas, Proyecto de medidas para la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil . 15.1.2001. doceNo. 2001/C 12/1, 1, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2001:012:FULL&from=ES

40 Comunidades Europeas, Proyecto de medidas para la aplicación del principio de reconocimiento mutuo…, 8.

41 Comunidades Europeas, Proyecto de medidas para la aplicación del principio de reconocimiento mutuo…, 3.

42 Ibíd.

43 Comunidades Europeas, Proyecto de medidas para la aplicación del principio de reconocimiento mutuo…

44 Ibíd., 8.

45 Consejo de la Unión Europea, El Programa de La Haya: consolidación de la libertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea . 16054/04, jai 559, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005XG0303(01)&from=ES

46 Ibíd.

47 Comisión de las Comunidades Europeas, Libro verde–Sucesiones y testamentos 01.03.2005. com (2005) 65 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0065&from=ES

48 Ibíd., 3.

49 Ibíd.

50 “Esta cooperación podrá incluir la adopción de medidas de aproximación de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros. 2. A los efectos del apartado 1, y en particular cuando resulte necesario para el buen funcionamiento del mercado interior, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, medidas para garantizar: a) el reconocimiento mutuo, entre los Estados miembros, de las resoluciones judiciales y extrajudiciales, así como su ejecución; b) la notificación y el traslado transfronterizos de documentos judiciales y extrajudiciales; c) la compatibilidad de las normas aplicables en los Estados miembros en materia de conflictos de leyes y de jurisdicción; d) la cooperación en la obtención de pruebas; e) una tutela judicial efectiva; f ) la eliminación de los obstáculos al buen funcionamiento de los procedimientos civiles, fomentando si es necesario la compatibilidad de las normas de procedimiento civil aplicables en los Estados miembros; g) el desarrollo de métodos alternativos de resolución de litigios; h) el apoyo a la formación de magistrados y del personal al servicio de la administración de justicia. 3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, las medidas relativas al Derecho de familia con repercusión transfronteriza se establecerán por el Consejo, con arreglo a un procedimiento legislativo especial. El Consejo se pronunciará por unanimidad, previa consulta al Parlamento Europeo. El Consejo, a propuesta de la Comisión, podrá adoptar una decisión que determine los aspectos del Derecho de familia con repercusión transfronteriza que puedan ser objeto de actos adoptados mediante el procedimiento legislativo ordinario. El Consejo se pronunciará por unanimidad, previa consulta al Parlamento Europeo. La propuesta a que se refiere el párrafo segundo se comunicará a los Parlamentos nacionales. En caso de que un Parlamento nacional notifique su oposición en los seis meses posteriores a la comunicación, la decisión no será adoptada. En ausencia de oposición, el Consejo podrá adoptar la decisión”. Comunidades Europeas, Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 17.12.2007 C 306/1), https://www.boe.es/doue/2007/306/Z00001-00271.pdf

51 Consejo Europeo, Programa de Estocolmo — Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano. 2010/C 115/01, https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:ES:PDF

52 Ibíd.

53 Ibíd.

54 Cf. Versión Consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea , https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=es

55 Comisión de las Comunidades Europeas, Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y los actos auténticos en materia de sucesiones y a la creación de un certificado sucesorio europeo . 14.10.2009 com (2009) 154 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009PC0154&from=ES Para un análisis de los resultados de Libro Verde, veáse, Albert Font I. Segura, “Valoración de las respuestas al libro verde sobre sucesiones y testamentos relativas a la competencia judicial”, en Perspectivas del derecho sucesorio en Europa: congreso organizado por la Universitat d’Andorra y el Departamento de Derecho y Economía Internacionales de la Universidad de Barcelona, Sant Julià de Lòria (Principado de Andorra), 29 y 30 de noviembre de 2007, coords. Ramón Viñas Farré y Georgina Garriga Suau, 59-82 (Madrid: Marcial Pons, 2009), y Rosa Miquel Sala, “El libro verde sobre sucesiones y testamentos primeros pasos hacia el reglamento de “Bruselas IV””, Anuario Español de Derecho Internacional Privado, no. 7 (2007): 695-718.

56 Comisión Europea, Tipos de derecho de la UE, https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/types-eu-law_es

57 Ibíd.

58 Ibíd.

59 Comisión de las Comunidades Europeas, Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia…

60 Cf. RES, Artículo 84.

61 Cf. Considerando (9), Artículo 1.1, Artículo 3.1. a).

62 Cf. Artículo 1.1. Segunda parte.

63 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000/C 364/01). http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf

64 Cf. Considerando (81).

65 Para la revisión de la dimensión negativa de la delimitación del ámbito de aplicación material del RES 650/2012, véase Iglesias Buigues, Guillermo Palao Moreno y Azcárraga Monzonís, Sucesiones internacionales…, 34-48.

66 Cf. Artículo 2.

67 Pilar Rodríguez Mateos, “La sucesión por causa de muerte en el derecho de la Unión Europea”, Revista electrónica de estudios internacionales (REEI), no. 27 (2014): 3. http://www.reei.org/index.php/revista/num27/articulos/sucesion-causa-muerte-derecho-union-europea

68 Id. Citando para una exposición de los distintos sistemas sucesorios a Carmen Azcárraga Monzonís, Sucesiones internacionales. Determinación de la norma aplicable, (Valencia: Tirant lo Blanch, 2008), pp. 53 y ss. También puede consultarse para los sistemas sucesorios europeos en un estudio de derecho comparado a Álvarez Torné, Criterios de determinación…, 22 y ss.

69 École National de la Magistrature, Règlementeuropéen en matière de successions internationales, 5, https://ics.utc.fr/ENM/M1_modifs_sara/enm_succession_papier.pdf

70 Cf. RES, Artículo. 77. La Red Judicial Europea en materia civil y mercantil (RJE civil) puede consultarse en https://e-justice.europa.eu/content_european_judicial_network_in_civil_and_commercial_matters-21-es.do

71 Cf. RES, Artículo 78.1.a), en concordancia con el artículo 45.1. y 50.2.

72 Cf. RES, Artículo 78.1.b), en concordancia con el artículo 51.

73 Cf. RES, Artículo 78.1.c), en concordancia con el artículo 64 y Artículo 78.1.d), en concordancia con el artículo 72.

74 Cf. RES, Artículo 78.2 de conformidad con el apartado 1, excepto las direcciones y otros datos de contacto de los tribunales y las autoridades contemplados en el apartado 1, letra a).

75 Cf. RES, Artículo 78.3. En el Artículo 79 se agrega que: “1. La Comisión, sobre la base de las comunicaciones de los Estados miembros, establecerá la lista de las demás autoridades y los demás profesionales del Derecho a que se refiere el artículo 3, apartado 2. 2. Los Estados miembros notificarán a la Comisión toda modificación ulterior de la información contenida en esa lista. La Comisión la modificará en consecuencia. 3. La Comisión publicará la lista y toda modificación ulterior en el Diario Oficial de la Unión Europea. 4. La Comisión hará pública toda la información notificada de acuerdo con los apartados 1 y 2 por cualquier medio adecuado, en particular a través de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil”.

76 Cf. RES, Artículo 80 en concordancia con los artículos 46, 59, 60, 61, 65 y 67.

77 Cf. RES, Artículo 80 en concordancia con el artículo 81.2.

78 Cf. Artículo 81.1.y 81.2 en aplicación del Reglamento (UE) no 182/2011.

79 Unión Europea, “Protocolo (No. 21) sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia”, Diario Oficial de la Unión Europea 55, no. C 326 (2012): 295-298, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2012:326:FULL&from=ES Para las implicaciones respecto al Derecho inglés, veáse, Alfonso Ybarra Bores, “La elección del Derecho inglés como Ley aplicable a la sucesión en relación a los británicos residentes en España”, Bitácora Millennium, no. 4 (2016). http://www.millenniumdipr.com/ba-52-la-eleccion-del-derecho-ingles-como-ley-aplicable-a-la-sucesion-en-relacion-a-los-britanicos-residentes-en-espana

80 Cf. Considerando 82.

81 Unión Europea, “Protocolo (No. 22) sobre la posición de Dinamarca”, Diario Oficial de la Unión Europea 55, no. C 326 (2012): 299-303, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2012:326:FULL&from=ESP

82 Cf. Considerando 82.

83 Cf. Raúl Lafuente Sánchez, Hacia un sistema unitario europeo en materia de ley aplicable a las sucesiones internacionales, Cuadernos de Derecho Transnacional 5, no. 2 (2013): 350-370. https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/viewFile/1821/852

84 Álvarez Torné, La autoridad competente…, 97.

85 Santiago Álvarez González, “La ley aplicable a la sucesión por causa de muerte en el reglamento 650/2012: algunos temas seleccionados”, en El nuevo marco de las sucesiones internacionales en la Unión Europea, coord. Isidoro Antonio Calvo Vidal (Consejo General del Notariado, 2014), 61.

86 “The adoption of ‘habitual residence’ as the general fórum in matters os sucession in the esrconstitutes an historic milestone. It is the first time that so many States have agreed internationally to codify a legal sector over which so much diversity presides”. Alfonso Luis Calvo Caravaca, “Article 4. General Jurisdiction,” en The eu Succession Regulation, eds. Alfonso Luis Calvo Caravaca, Angelo Daví y Heinz-Peter Mansel, (Cambridge University press, 2016), 130, https://doi.org/10.1017/CBO9781316422311

87 Para el Derecho Español ya había señalado que “Junto a la conexión nacional desempeña un cierto papel la constituida por la residencia habitual de la persona. En el proceso de reforma del Título Preliminar del CC, una enmienda presentada por el profesor A. Bercovitz Rodríguez-Cano en el seno de la Comisión General de Codificación destacó la tendencia moderna a sustituir la nacionalidad por la residencia habitual y la conveniencia de recoger esta conexión en determinados supuestos. Posteriormente, el Consejo del Estado en su Dictamen estimó conveniente introducir, con carácter general, la conexión ‘residencia habitual’ como subsidiaria de la nacionalidad, considerando que los trabajos de la Haya y la más autorizada corriente doctrinal se inclinan a preferir esa conexión por tres motivos de importancia…”. Mariano Aguilar Benitez de Lugo, Beatríz Campuzano Díaz, Elena Cano Bazaga, Hilda Grieder Machado, José Antonio Pérez Bevia, Andrés Rodríguez Benot, María Angeles Rodríguez Vásquez y José Antonio Tomás Ortíz de la Torre, Lecciones de Derecho Civil Internacional, (Barcelona: Tecnos, 1996), 30.

88 RES, Considerando (23). “El principio de proximidad. La consecuencia de la aplicación de este principio es una reducción de los costes de litigación internacional. La razón es que se permite a las partes implicadas en el proceso acudir a los tribunales de los Estados miembros a un coste reducido porque esos tribunales presentan una conexión real y sustancial con el caso sucesorio. De este modo lo señala el propio Reglamento Europeo de Sucesiones en sus considerandos, exige la existencia de un nexo real entre la sucesión y el Estado miembro en que se ejerce la competencia y también un vínculo estrecho y estable”. Isabel Lorente Martínez, “Competencia judicial internacional y sucesiones internacionales, Costes de litigación y eficiencia económica”, Cuadernos de Derecho Transnacional 8, no. 1 (2016), 335. https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/view/3033/1739

89 Cf. RES, Considerando (24).

90 Cf. Ibíd.

91 Cf. Ibíd, (25).

92 Cf. RES, Capítulo II. Competencia. Artículo 4.

93 RES, Remisión del Artículo 5.1 al Artículo 22.

94 Cf. RES, Artículo 5.1 en concordancia con el Artículo 7. b).

95 Cf. RES, Artículo 5.2.

96 Cf. Ibíd., 7. c).

97 Santiago Álvarez González, “Las legítimas en el Reglamento sobre sucesiones y testamentos”, Anuario Español de Derecho Internacional Privado, no. 11 (2011): 380. https://www.academia.edu/4494491/Las_leg%C3%ADtimas_en_el_Reglamento_sobre_sucesiones_y_testamentos

98 Evangelos Vassilakakis, “The Choice of the Law Applicable to the Succession under Regulation 650/2012 – An Outline,” Annalsof the Faculty of Law of Zenica, 221. https://ssrn.com/abstract=2882394

99 Cf. RES, Artículo 6. b). en concordancia con el Artículo 7. a).

100 Cf. RES, Artículo 6.a).

101 “The coincidence in principle between forum and jus created by the esrmay obviously be disrupted by a professio juris by the testator in favour of his national law in accordance with article 22. However, taking account of the important practical benefits which its preservation insofar as possible may offer, the European legislator considered it appropriate to make available to the parties concerned an instrument for restoring the destroyed unity, provided that the law designated by the testator is the law of a Member State (…) Moreover, pursuant to article 6(a) and 7(a), even in the absence of such a choice-of-court agreement, the courts of the Member State whose law was designated by the deceased shall have jurisdiction if a court of a different Member State, seized on the basis of one of the jurisdictional criteria laid down in articles 4 and 10, declines jurisdiction in their favour upon request by one of the parties, on the grounds that they are better placed to rule on the succession. Finally, article 9 adds that, where not all of the parties to the proceedings are also parties to the choice-of-court agreement, parties to the proceedings that are not parties to the agreement enter an appearance without contesting the jurisdiction of the court”. the court seized on the basis of the latter shall continue to exercise jurisdiction if the Angelo Davi, Introducción, en The eu Succession Regulation, eds. Alfonso Luis Calvo Caravaca, Angelo Davi and Heinz-Peter Mansel, (Cambridge University Press, 2016), 47, https://doi.org/10.1017/CBO9781316422311

102 Cf. RES, Artículo 9.1.

103 Cf. Ibíd., 9.2.

104 Cf. Ibíd., 10.1. a).

105 Cf. Ibíd., 10.1. b).

106 Cf. Ibíd., 10.2.

107 Cf. Ibíd., Considerando 37.

108 Cf. Ibíd., Artículo 21.

109 Ibíd.

110 Ibíd., 22.1.

111 El autor también da cuenta de lo ocurrido en el proceso así: “Pendant les travaux préparatoiRES du Règlement, un choix limité de la loi applicable avait été préconisé dans l’étude de l’Institut notarial allemande. Le Livre vert l’envisageait comme une solution possible et le Parlement européen l’avait appelée de ses voeux dans la résolution législative de 2006. Le choix de la loi nationale a finalement été inclus dans la proposition de la volonté a été généralement approuvée par les commentateurs de la proposition, même si les modalités proposes me faisaient pas toutes l’unanimité” (Notas suprimidas). de règlement (article 17), dans des termes très proches du texte définitif. L’autonomie Andrea Bonomi, « Article 22. choixdeloi », Le droit européen des successions, Commentaire du Règlement n°650/2012 du 4 juillet 2012, eds. Andrea Bonomi et Patrick Wautelet (Éditions Bruylant, 2016), 322-323.

112 RES, Artículo 22.2.

113 “Artículo 23 Ámbito de la ley aplicable1. La ley determinada en virtud de los artículos 21 o 22 regirá la totalidad de la sucesión. 2. Dicha ley regirá, en particular: a) las causas, el momento y el lugar de apertura de la sucesión; b) la determinación de los beneficiarios, de sus partes alícuotas respectivas y de las obligaciones que pueda haberles impuesto el causante, así como la determinación de otros derechos sucesorios, incluidos los derechos sucesorios del cónyuge o la pareja supérstites; c) la capacidad para suceder; d) la desheredación y la incapacidad de suceder por causa de indignidad; e) la transmisión a los herederos y, en su caso, a los legatarios, de los bienes, derechos y obligaciones que integren la herencia, incluidas las condiciones y los efectos de la aceptación o renuncia de la herencia o del legado; f ) las facultades de los herederos, de los ejecutores testamentarios y otros administradores de la herencia, en particular en orden a la venta de los bienes y al pago de los acreedores, sin perjuicio de las facultades contempladas en el artículo 29, apartados 2 y 3; g) la responsabilidad por las deudas y cargas de la herencia; h) la parte de libre disposición, las legítimas y las demás restricciones a la libertad de disposición mortis causa, así como las reclamaciones que personas próximas al causante puedan tener contra la herencia o los herederos; i) la obligación de reintegrar o computar las donaciones o liberalidades, adelantos o legados a fin de determinar las cuotas sucesorias de los distintos beneficiarios, y j) la partición de la herencia”. RES, Artículo 23.

114 Florence Guillaume, « Le choix de la loi applicable à la succession. Une comparaison de la portée de la professio juris en droit suisse et en droit européen », en Droit successoral international. Recueil des contributions du 8e séminaire de formation de la Fondation Notariat Suisse et de la 2e Journée de droit patrimonial international du 3 septembre 2019, eds. Andrea Bonomi, Denis Piotet y Philippe Frésard (Zurich: Schulthess Verlag, 2019), 60.

115 RES, Artículo 24.1.

116 RES, Considerando (51).

117 RES, Artículo 24.3. “Article 24.3 esr states that capacity to make a modification or revocation of a disposition of property upon death is governed by the law applicable to substantive validity at the moment the modification or revocation is carried out,, i.e. the choses law according to article 22, or, in the absence of a choice of law, the law which would have been applicable if the author of the modification or revocation had died on the day on which the modification or revocation were carried out.” Celia M. Caamiña Domínguez, “Article 26 Substantive Validity of Dispositions of Property upon Death,” Theeu Succession Regulation, eds. Alfonso Luis Calvo Caravaca, Angelo Davi y Heinz-Peter Mansel (Cambridge University press, 2016), 398, https://doi.org/10.1017/CBO9781316422311

118 RES, artículo 24.2.

119 Sobre pactos sucesorios véase, Isabel Rodríguez-Uría Suárez, “La ley aplicable a los pactos sucesorios” (tesis de doctorado, Universidad de Santiago de Compostela, 2013). https://core.ac.uk/download/pdf/61965152.pdf

120 RES, Considerando (49).

121 Ibíd., artículo 25.1.

122 Ibíd., 25.2.

123 Ibíd., 25.2 segunda parte.

124 Ibíd., 25.3.

125 Ibíd., Considerando (57) en concordancia con el Artículo 34.

126 Cf. Ibíd., artículo 36.

127 Cf. Albert Font Segura, “La remisión intracomunitaria a sistemas plurilegislativos en el reglamento 650/ 2012 en materia de sucesiones”, El nuevo marco de las sucesiones internacionales en la Unión Europea, coord. Isidoro Antonio Calvo Vidal (Consejo General del Notariado, 2014),75 y ss. Sobre el tema también puede verse, Gorka Galicia Aizpurua, “ El Reglamento europeo de sucesiones y el carácter plurilegislativo del ordenamiento civil español”, Actualidad Jurídica Iberoamericana, no. 3 (2015): 523-542, https://www.ehu.eus/documents/1549725/5164031/2015+Gorka+Galicia+-+Actualidad+Jur%C3%ADdica+Iberoamericana+-+N%C2%BA%203.pdf

128 Hacemos una breve referencia a otras decisiones proferidas en ese término que también han abordado asuntos relevantes sobre el reglamento, pero que escapan a las temáticas principales de este escrito. En primer lugar, el TJUE describe el alcance del término tribunal en el reglamento en la Sentencia C-80/19 respecto de la tarea realizada por notarios en algunos Estados miembros. Así mismo, la Sentencia C-685/17 expone la interpretación que debe hacerse de los conceptos de resolución y documento público en el RES 650/2012 dependiendo de quién expida el documento y las competencias que tenga en el derecho interno del Estado miembro. Por otro lado, la Sentencia C-301/20 abordó la vigencia que tiene la copia auténtica de un certificado sucesorio europeo y si sus efectos cobijan exclusivamente los solicitantes o las personas nominadas en dicho documento. La Sentencia C-558/16 aborda la relación que puede haber entre el régimen matrimonial de un país y la expedición de un certificado sucesorio. Particularmente, aborda la tensión creada por el artículo 1371 del Código Civil Alemán al establecer una cuota herencial en favor del cónyuge cuando el régimen matrimonial es el de participación en las ganancias y si tal circunstancia se enmarca dentro del RES 650/2012. Finalmente, desde el punto de vista de las reglas formales sobre la solicitud del certificado sucesorio europeo, la Sentencia Asunto C-102/2018 estableció que la utilización del formulario IV que está en el anexo del RES 650/2012 es facultativa.

129 Reglamento de Ejecución (UE) No. 1329/2014 de la Comisión, de 9 de diciembre de 2014, por el que se establecen los formularios mencionados en el Reglamento (UE) N° 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1329&from=ES

130 Tribunal de Justicia (Sala Segunda), Sentencia de 12 de octubre de 2017, C‑218/16. Aleksandra Kubicka. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195430&doclang=ES Tribunal de Justicia (Sala Segunda), Sentencia de 1 de marzo de 2018, C-558/16. Doris Margret Lisette Mahnkopf. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199805&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=291569 Tribunal de Justicia (Sala Segunda), Sentencia de 21 de junio de 2018, C-20/17, Vincent Pierre Oberle. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203223&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=11

131 Congreso Internacional: “La herencia tras el Reglamento (UE) sobre Sucesiones mortis causa: cuestiones controvertidas y problemas prácticos de aplicación, 23 de marzo de 2018, https://www.civilistiitaliani.eu/images/eventi/2018_02_27/Valencia_Programma_ES.pdf

Notas de autor

** Profesora titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá D.C. (Colombia). Líder del Grupo de Investigación de Derecho Privado y exeditora de la Revista Vniversitas. Doctora en Derecho Privado Social y Económico y máster en Necesidades y Derechos de la Infancia de la Universidad Autónoma de Madrid (España). Directora de la Especialización en Derecho de Familia de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia) y abogada de la Universidad del Norte (Colombia). Correo electrónico: yalarcon@javeriana.edu.co orcid 0000-0002-8635-6264.