Introducción

En la actualidad, ha incrementado la competencia por celebrar eventos culturales que detonen valor agregado a las ciudades con patrimonio mediante el aumento de servicios e infraestructura turística, de manera tal que se eleve la contribución económica. Los eventos culturales enfocados en el uso de los recursos patrimoniales tienen la función de atraer visitantes e inversores, considerados estratégicos para el desarrollo económico. Para el caso del Festival Cultural Cerro de San Pedro, se tiene que, aun cuando busca la difusión y la puesta en valor del patrimonio cultural como memoria histórica que da identidad a los potosinos, la construcción de significado del festival cambia, así como la estrategia, pues esta se enfoca en dar a conocer el conflicto, los hechos políticos y el desastre medioambiental. De modo tal, que el motor dinamizador del evento se utiliza para resistir y recordar la pérdida de identidad y memoria colectiva, politizando el uso del patrimonio y el discurso de la cultura para crear disidencia en grupos enfrentados. Entonces, la puesta en valor del patrimonio surge como un discurso paralelo y disminuido frente a la realidad del evento. El festival se transforma en un discurso con significados atribuidos al conflicto, más que al patrimonio que se inscribe en los objetos materiales de la disputa, transformándolos en meros recursos capitales y en objeto de polarización política.

Por otra parte, el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL) informó que México es el país de Latinoamérica que registra más conflictos mineros, por encima de Perú y Chile. En el 2015 registró 37 conflictos (Solís, 2016). Uno de ellos es el del Cerro de San Pedro, ubicado en el Estado de San Luis Potosí, lugar histórico donde se realizaban actividades mineras artesanales. Estas actividades se industrializaron tras el proyecto que se inició en 1995 de extracción de oro y plata por parte de la empresa San Xavier, subsidiaria de Metallica Resources, de procedencia canadiense, por el método de tajo a cielo abierto y lixiviación por cianuración, atentando contra el área reservada a la restauración de flora y fauna, bajo protección ambiental en la que se encontraba la zona a explotar (Gobierno de San Luis Potosí, 1993). Al mismo tiempo, el poblado fue puesto en riesgo, desde ese instante se buscó que se declarara Zona de Monumentos, sin que hasta el momento se haya concretado declaratoria alguna. Frente a esta serie de amenazas, un conglomerado ciudadano se organizó en el Frente Amplio Opositor (FAO) para oponerse a este proyecto por sus impactos ecológicos y patrimoniales, realizando diversas actividades como volanteo, marchas, conferencias y finalmente un festival para informar a la población del Estado potosino sobre las actividades de la minera en el poblado de Cerro de San Pedro. Actualmente, este frente se reorganizó a nivel nacional como Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), sumando a otras poblaciones afectadas en la república.

En este contexto, el Festival de Cerro de San Pedro es organizado cada año por los opositores que son denostados por los medios oficiales y por Minera San Xavier, la cual ha tratado de engullir este evento, hacerlo suyo y participar en él, para desterritorializar el conflicto, intentando marcar esta festividad con su participación. Por ejemplo, en el reciente festival colaboró con la promoción de la cerveza artesanal, y la respuesta en las redes sociales fue un panfleto de invitación que mostraba una cerveza de cianuro evidenciando la resistencia del movimiento para no ser resignificado.

El objetivo de la presente investigación es evaluar si el festival rescata en los asistentes al evento la memoria histórica, el reconocimiento de su patrimonio y de su identidad como el lugar del descubrimiento de las minas que dieron origen a la ciudad de San Luis Potosí, el cual marca con su presencia el escudo de armas de la ciudad.

Metodología

Esta investigación es parte de un proyecto más amplio, por lo cual, se considera una aproximación metodológica en primera fase sobre el fenómeno de los festivales como dinamizadores de entornos en conflicto, de manera que se pueda observar el papel de las motivaciones, la cultura y la sociedad en la construcción de nuevos significados del patrimonio como recurso socioturístico. Para ello, se realizó una reflexión teórica a partir de la revisión de datos sobre el conflicto: páginas web, foros de discusión digitales, videos subidos en la red y literatura afín, que permitieron construir marcos teóricos que contextualizan el problema de investigación en lo referente al papel de la cultura, la importancia que adquiere en lo político, el turismo y los bienes culturales como recurso económico.

Así, se realizó un muestreo probabilístico del tipo aleatorio simple, mediante el diseño y la aplicación de una encuesta para evaluar la vigencia o grado de interés en la protesta, la percepción sobre el festival y el reconocimiento de los valores patrimoniales, consistente en una escala de 12 ítems y organizada en cuatro dimensiones. La primera dimensión se relaciona con la edad y el nivel socioeconómico, este indicador se construyó a través de las variables de ocupación, nivel educativo, gasto en el festival y forma de desplazamiento al evento. La segunda dimensión está relacionada con el conocimiento o grado de interés por la protesta con las siguientes variables: razón por la que asiste al evento, ¿sabe que es la FAO?, ¿sabe cómo opera la minera? y ¿sabe cuál es el motivo de conflicto minero-ciudadano? La tercera dimensión está dedicada a la percepción y experiencia bajo la perspectiva de entretenimiento, ocio y recreación que representa el festival para los asistentes; para esta dimensión se aplicaron los ítems: ¿piensa que el evento es único y novedoso?, ¿tuvo la sensación de aventura?, ¿se emocionó con alguna actividad realizada? y ¿recomendaría el evento? La cuarta dimensión tiene las variables sobre la identificación o grado de conocimiento de los valores patrimoniales: ¿identificó algún elemento patrimonial?, ¿visitó un lugar o edificio histórico?, ¿conoce la historia del pueblo? Al aplicar las variables de tipo cualitativo (proporción de incidencia), y contando con una población conocida de asistentes al festival, se procedió a utilizar la fórmula típica de población finita para calcular el tamaño de la muestra. Se asignaron parámetros de nivel de confianza y margen de error muestral del 90 % y 5 %, respectivamente. Por lo anterior, los resultados son representativos de la población de estudio, la cual comprendió a hombres y mujeres asistentes. La cantidad estimada fue de 700 visitantes, número proporcionado por los medios de comunicación en el sitio. El tamaño de la muestra resultante fue de 196 encuestas. La encuesta se complementó con trabajo de campo haciendo observaciones en el sitio sobre el comportamiento en espacios públicos y la utilización del patrimonio por parte de los asistentes al festival. Los resultados sirvieron para evidenciar la utilidad de la estrategia en el reconocimiento del patrimonio, su conservación y valoración, así como la vigencia de la protesta minero-ciudadana en los asistentes al festival.

Politización y cultura

Algunos investigadores afirman que la politización es armar una conversación sobre cuestiones que se encuentran en debate, que impactan directamente a la sociedad y versa sobre quiénes y cómo se deberían tomar las decisiones. Por otra parte, “lo político” se relaciona con aquello que dentro de una sociedad es susceptible de ser decidido de manera colectiva (Palet & Coloma, 2015). Es decir, que la politización se puede entender como un proceso en curso conformado por diversos actores sociales en relación con “lo político”. Es un intento por transformar en político un asunto que antes no lo era:

–Es un proceso en el cual se disputan los límites de lo que las sociedades pueden decidir; esto es, un proceso de disputa por la delimitación de lo político, así la politización opera como un proceso de construcción de límites que pueden ampliar o restringir el campo de autodeterminación de la sociedad. (Palet & Coloma, 2015, p. 53)

De igual manera, “lo político” se presenta como algo contingente y dinámico, debido a que lo que se discute y se decide va cambiando a lo largo del tiempo (Doxrud, 2017). Así, se tiene que lo que puede ser objeto de deliberación social excede los aspectos, dispositivos y actores institucionalmente determinados por la política, de forma que por ello trasciende, dándole sentido a la politización como proceso de discusión sobre los límites de las decisiones sociales por aquellas cuestiones que se encuentran en debate, como es la cultura.

La cultura se ha expandido sin precedentes al ámbito de lo político y económico, al considerarse como un recurso del Estado, es decir, se ha convertido en un pretexto para el progreso sociopolítico, el crecimiento económico (Recasens, 2014; Yúdice, 2002) y el surgimiento del capitalismo cultural (Rifkin, 2000), dando a la cultura un protagonismo en la época moderna que la ha llevado al centro del debate de “lo político”, al involucrar e impactar varios aspectos de la vida no solo cultural sino también en la cotidianidad de los grupos humanos que la generan. Entonces, se puede decir que la cultura se está politizando, pues se considera que cualquier decisión sobre asuntos culturales debe tener en cuenta e incluir en la toma de decisiones a la colectividad o grupo social. La cultura es relevante para las identidades individuales y colectivas, ya que genera un canal de acceso a la esfera política y permite politizar las demandas (Pasquino, 2011), incrementado la participación social.

Hoy la cultura se entiende como un derecho de la dignidad humana. De acuerdo con Dorantes Díaz (2013), detrás de cualquier derecho se encuentra presente la dignidad humana, esta es individual, pero también colectiva. Es la base de nuestra autonomía y capacidad de autodeterminación. Por esa razón, está en el origen de los derechos sociales, al tratar de satisfacer necesidades básicas que muchos individuos no podrían alcanzar por sí mismos, lo cual afectaría a su desarrollo como personas. Así, los derechos culturales se politizan y se asumen colectivos y de interés público. El concepto de cultura no solo ha sido esencialmente impugnado, ya que es definido de múltiples maneras, como apunta Geertz (2002), sino que también ha ganado muchas más interpretaciones y reconocimientos como recurso económico en una época de globalización. Es indiscutible que la cultura ha tenido usos políticos para promover ideologías específicas, ya sea con fines clientelistas para obtener favores en las relaciones exteriores, para mejorar las condiciones sociales o para estimular el crecimiento económico (Yúdice, 2002) y el turismo cultural. Este último resalta los aspectos utilitarios de la cultura y de sus productos materiales e inmateriales en la sociedad actual.

Cabe aclarar que, si bien la cultura a lo largo de la historia ha estado ligada al tema político, no siempre fue considerada como un incentivo para el crecimiento económico, de ahí que la relación de la cultura con la política presente implicaciones que se formulan en un debate fundamental para la modernidad, como es la relación político-mercantil de la cultura. En México, la política nacional turística dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo apuesta por la cultura para ayudar a revertir el deterioro urbano mediante el turismo cultural, la creación de fuentes de empleo, la reducción del delito y las industrias culturales. Es de esperar que la cultura crezca dentro de una red de gestores que, mediante fuentes de financiamiento, artistas y comunidades, generen y distribuyan cultura a los consumidores. Es lo que conocemos como desarrollo cultural, el cual le atribuye a la cultura múltiples propósitos (Delgado, 1998) que hacen que se considere una esfera crucial para la inversión y recurso para el turismo. De acuerdo con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), la incorporación del componente cultural constitutivo del ser, del ethos (devenir histórico) de los pueblos debe, en principio, asumirse como asunto de interés público y político que haga del recurso cultural un catalizador de los procesos de desarrollo (OEI, 2006).

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948), la cultura es un derecho humano fundamental y colectivo que necesita para su desarrollo de un soporte físico, un marco al cual llevar a cabo las actividades cotidianas y culturales, como son la calle, la plaza, las áreas verdes, etc. Esta relación permite la identificación de un determinado grupo social con todos aquellos elementos materiales de la cultura que caracterizan su entorno y localizan su territorio. Con ello, no solo se definen identidades particulares de grupos humanos, sino que se establece toda una serie de clasificaciones del patrimonio, que va desde monumentos, centros históricos, pueblos y paisajes culturales hasta manifestaciones inmateriales de la cultura. Además, pone de relieve la importancia de la relación con el hábitat, es decir, con el espacio habitable (urbano-arquitectónico). La cultura material merece, entonces, la prevalencia del interés público como memoria material de valor fundamental para la vida social de una comunidad, en la que generaciones presentes y futuras puedan disfrutar. Este derecho, nos dice Dorantes Díaz (2013), tiene como fundamento el interés colectivo, entendiendo como tal el que tiene “una pluralidad de personas en un bien idóneo para satisfacer una necesidad común” (p. 855). Es decir, un interés de este tipo de ninguna manera es solo suma de intereses individuales, sino que es el interés de todos los sujetos que forman parte de una comunidad.

En cuanto al disfrute y protección de los bienes culturales, la fracción XXV del artículo 73 Constitucional (Gobierno de México, 1917), faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional. Esta disposición constitucional tiene su regulación específica mediante la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (Gobierno de México, 1972). Dorantes Díaz (2012) afirma que el derecho a la cultura no se encuentra previsto en un solo artículo constitucional, y que debe ser interpretado de manera armónica entre los distintos tratados internacionales aplicables y las diferentes normas constitucionales relacionadas con este.

Turismo patrimonial como recurso económico

México ha mostrado un interés desde los primeros años de su vida como país independiente en la fundación de instituciones culturales y en la legislación en torno a la conservación de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, tendientes a proteger el patrimonio cultural tanto en el ámbito nacional como local. Dicho interés se encuentra íntimamente vinculado con el fortalecimiento de la identidad y con la construcción del Estado nacional en función de intereses políticos, científicos, culturales y religiosos (Mercado, 2013). Así, se generó el marco legal durante el siglo XX, apareciendo leyes y reglamentos para la conservación del patrimonio.

Es evidente el interés que han llegado a despertar en la actualidad los aspectos relacionados con el patrimonio cultural: gestión, protección, difusión, puesta en valor, normativa legal, formación, interpretación, entre otros. Este cambio se asume en la visión desarrollista que se tiene de la cultura como recurso económico, pero solo la presencia de recursos patrimoniales no es garantía para la oferta turística y la activación de procesos de gestión turística del patrimonio. Un recurso turístico, dice Leno (1993), es todo elemento natural, toda actividad humana o todo producto antropológico que pueda motivar un desplazamiento no lucrativo, cuyo móvil básico sea la curiosidad o la posibilidad de realizar una actividad física o intelectual.

Por su parte, la Organización Mundial del Turismo (OMT) distingue el patrimonio turístico como un conjunto de potencialidades de bienes materiales o inmateriales existentes en un determinado territorio y, a los recursos turísticos, como los bienes y servicios que hacen posible la actividad turística y la utilización de ese conjunto patrimonial. De manera que este acondicionamiento humano para su uso y disfrute es lo que transforma el patrimonio turístico en recurso turístico y más tarde en producto cultural (Cámara & Morcate Labrada, 2014).

Dicho lo anterior, se puede establecer que, a pesar de existir un contexto patrimonial en el caso del Cerro de San Pedro, no se puede considerar como recurso turístico. De ahí que la vertiginosa activación de su patrimonio cultural motivada por el conflicto con la Minera San Xavier resulte en propuestas distorsionadas en función de la realidad turística, y sin estudio alguno sobre su capacidad de acogida, de las necesidades de intervención que requiere el patrimonio cultural y de los servicios para ser convertido en “recurso turístico”. Sin embargo, es un subproducto turístico fruto de la promoción accidental de su patrimonio por el choque de diferentes actores (sociales, gubernamentales y privados), y los efectos socioeconómicos negativos que dejó la reciente explotación minera en Cerro de San Pedro, que difícilmente serán compensados por una inversión turística, sobre todo, aquellos de carácter irreparable como son los daños medioambientales, anulando el principio de sostenibilidad como noción común que se persigue en todos los segmentos del turismo, pues no tendrá aplicación en lo que se refiere a la preservación de los recursos para las futuras generaciones; y a la utilización del turismo al servicio de la protección del medio ambiente, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida (Palma Macías & Cañizares Roig, 2018). De igual forma, y paradójicamente, no podrá cumplir con uno de los cuatro ejes que conforman la Política Nacional Turística de México, la cual tiene como una de sus directrices la sustentabilidad y beneficio social para crear los instrumentos para que el turismo en México sea una industria limpia que cuide y preserve nuestro gran patrimonio natural, histórico y cultural (Gobierno de México, 2013). El turismo patrimonial es, por lo tanto, una categoría amplia que abarca tanto el ecoturismo como el turismo cultural, con especial hincapié en la preservación del patrimonio rural en México (Arista Castillo, 2017). Esto abre la puerta a todos aquellos emplazamientos rurales que guardan una relación respetuosa con su medioambiente y el paisaje que los rodea reflejando la inquietud por la preservación del medio y de los intereses locales.

Así las cosas, tal y como se encuentra hoy el Cerro de San Pedro, abatido ambientalmente y con la pérdida de parte de su emplazamiento —al devastar por completo el cerro que formaba parte de su significación histórica—, el desarrollo de eventos culturales no lo transformará en una oferta turística cultural, sumado a que la derrama económica proveniente de dicho festival no está siendo recaudada por las instancias gubernamentales, por lo que no tiene una aplicación directa sobre programas de conservación del patrimonio cultural del Cerro de San Pedro, pues lo recaudado se encuentra en manos particulares, enfocadas en la protesta o en interés privado, es decir que estos recursos no pueden ser transparentados; por lo tanto, este tipo de turismo difícilmente se podrá interpretar como un turismo sostenible y sustentable, sin olvidar que el papel de lo económico sobre el patrimonio tendrá un peso superior en muchas ocasiones.

La cultura juega un papel importante cuando se habla de turismo patrimonial. Se conjuga la idea cultural desde el punto de vista antropológico y del patrimonio como objeto de significación cultural heredado como valor histórico y social para la confirmación de identidades como parte de la vida cotidiana de los pueblos, y no como cualidad intrínseca del objeto. En este sentido, el Cerro de San Pedro representa no solo el origen de la fundación de la ciudad, sino que su emplazamiento natural fue motivo de significación cultural, ya que no solo está en el escudo de la ciudad, sino que se comparó su riqueza con la del Cerro de Potosí —considerado en la época virreinal el más rico del mundo—, de ahí la pugna patrimonial no solo por el impacto ambiental sino por lo que representaba el cerro para la cultura como expresión colectiva de las experiencias y concepciones propias del grupo humano, que definen su significación cultural y las razones argumentables para su preservación.

Mejía (2018) nos dice que todo bien cultural será definible, precisamente, a partir del significado inmaterial que le atribuyamos: testimonio de un acontecimiento histórico, de un modo de vida, etc. Así, el escudo de armas otorgado en 1656 por el virrey don Francisco Hernández de la Cueva, duque de Albuquerque, señaló para sus armas, en el centro, la representación del Cerro de San Pedro en campo azul y oro, con dos barras de plata y dos de oro, y sobre la cima del cerro la imagen de San Luis Rey de Francia que fue usado en la acuñación de monedas, papel moneda y sellos de cabildo, escudo de la ciudad y de la universidad con esta imagen (véase figura 1).

El poblado histórico del Cerro de San Pedro

Con la reciente inclusión de San Luis Potosí en la lista del Patrimonio Mundial por la Unesco (2010), le ha merecido por parte de los actores políticos una serie de intervenciones urbanas para la recuperación de su centro histórico con inversiones millonarias para su remozamiento, peatonalización, recuperación de edificios, entre otros. Sin embargo, y no lejos de este, a una distancia de 8 km de la periferia de la capital se encuentra el sitio que otrora fuera el “real de minas” de Cerro de San Pedro, lugar que dio origen a la fundación de la ciudad. Este enclave presenta una pérdida patrimonial y medioambiental por la explotación minera de la compañía canadiense New Gold, mediante su filial en México, Minera San Xavier (véase figura 2).

Los yacimientos del Cerro de San Pedro se enmarcan en la Sierra Madre Oriental. El yacimiento minero fue descubierto en 1592 (Montejano & Aguiñaga, 1980) y fue poblado en un esquema de gran complejidad por la multiplicidad étnica: indígenas, mestizos, negros, mulatos y españoles. El ordenamiento resultante de la interacción entre el grupo humano y el lugar (figura 3) intervino en la esquematización primaria que logró la configuración del asentamiento minero de Cerro de San Pedro (Arista Castillo, 2010).

Su emplazamiento y adaptación a la topografía definen la morfogénesis de su apropiación territorial (figura 4) y, sobre esta, se ensayan las primeras propuestas humanas de distribución funcional (figura 5), entendiendo que se parte de los intereses del grupo social dominante sobre los yacimientos argentíferos (Arista Castillo, 2010). Los reales de minas fueron los núcleos urbanos virreinales de la integración económica y política de la Nueva España y los centros de mestizaje cultural, siendo verdaderos modelos de simbiosis con la agricultura, la ganadería y el comercio. Estos emplazamientos mineros se convirtieron en un modelo cultural y territorial producto de la actividad minera (Sariego Rodríguez, 1992) que motivó los desplazamientos de los españoles a lo que llamarían más tarde el “Camino Real de Tierra Adentro”, que va de la Ciudad de México al sur de los actuales Estados Unidos, y que servía como ruta para transportar la plata y el mercurio a ultramar. Esta ruta fue distinguida como itinerario cultural por la Unesco el 1 de agosto del 2010. Curiosamente, la ciudad de San Luis Potosí consiguió su declaratoria, más no el sitio minero de origen.

Intereses económicos o bienes patrimoniales en el Cerro de San Pedro

La protección de los bienes culturales es un fenómeno complejo que forma parte de un conflicto de intereses económicos entre el Estado y los grupos sociales herederos de dicho patrimonio. Cabe preguntarnos, ¿qué pasa con aquellos asuntos políticos y culturales, como la disputa del territorio cultural, histórico o patrimonial por los grupos sociales que los habitan y las empresas que buscan su explotación? Debemos reflexionar sobre el uso del patrimonio, y por ende, de la cultura, como vehículos de politización en conflictos donde la economía prima sobre el beneficio social, y la creación de mecanismos de participación basados en la puesta en valor del patrimonio por los habitantes y grupos minoritarios, a través de la creación de eventos culturales para internalizar la cultura local, defender la identidad a la vez que foro de protesta y promoción turística, por medio de los argumentos del conflicto en estrategia turística para el desarrollo de eventos culturales en el Cerro de San Pedro.

La defensa de las tierras y bienes patrimoniales comunes de los pueblos latinoamericanos, amenazados por los proyectos extractivos de gran escala, genera empatía tanto a nivel nacional como internacional. Primero, porque posibilita la percepción de escenarios en los que las estructuras de poder pueden ser más claras (Zibechi, 2008). Segundo, porque se transmite la idea de que el riesgo generado por la extracción minera no es un asunto particular, sino colectivo. Y tercero, porque los bienes como objeto politizado en disputa les permiten constituirse en un grupo de identidad, generar una historia de la organización, del movimiento y de los argumentos del conflicto, puesto que las identidades colectivas se basan no en lo que sus miembros tienen en común, sino en no ser los “otros” (Yúdice, 2002).

Ahora bien, centrándonos en el caso del Cerro de San Pedro, el Frente Amplio Opositor (FAO) se conformó en el 2003 a partir de varios grupos minoritarios y tiene su origen en la organización del Patronato Pro Defensa del Patrimonio Histórico del municipio del Cerro de San Pedro A.C. (Reygadas & Reyna Jiménez, 2008); fundamenta su discusión en el despojo patrimonial tanto histórico como físico de las tierras de las comunidades, el daño medioambiental y los riesgos a la salud de los pobladores. Sin embargo, en la actualidad la encuesta arroja que solo el 12 % de los participantes sabe lo que es la FAO y el 7 % conoce sobre el conflicto minero-ciudadano.

Leff (2004) nos dice que la mayoría de estos movimientos fundamentan su lucha sobre la base de la relación social y ambiental con su entorno, por lo que se les puede considerar como movimientos socioambientales. Así, más tarde se sumaron los grupos Pro San Luis Ecológico y la ONG Educación y Defensa Ambiental A.C. (véase tabla 1). Más tarde, se integrarían otras organizaciones de San Luis Potosí y México en su conjunto, así como de Estados Unidos, Canadá y entidades internacionales como Greenpeace e Icomos. El movimiento FAO constituyó la base para informar sobre las acciones de los representantes políticos y privados que ponían en riesgo el patrimonio construido y medioambiental. Se generó un grupo que, según expresa Yúdice (2002), tiene que ver con la política de la identidad, pues esta no es esencialmente para todos, sino para los miembros de un grupo específico. En este caso, dicho grupo llevó en su discurso la protección del patrimonio cultural, sin embargo, el porcentaje que arrojan en la actualidad las encuestas sobre la identificación del patrimonio es de un 6 % para la visita de inmuebles históricos como el templo de San Pedro o el Palacio Municipal, por citar algunos, de un 5 % sobre el conocimiento de la historia del poblado y de un 9 % sobre la población encuestada.

El conflicto inicia cuando se conoce el alto impacto que tendrán en la región las actividades mineras de la empresa canadiense New Gold a través de su filial en México, Minera San Xavier. Esto, tras la exigencia del municipio de Cerro de San Pedro y sus pobladores a la administración estatal (Reygadas & Reina Jiménez, 2008). De esta manera el conflicto emerge como un problema de “lo político”, que atañe a las políticas y a los distintos órdenes de gobierno. Este problema público resulta de las concepciones específicas de la realidad y son construcciones sociales complejas (Galeano, 2018), que se estructuran con hechos o datos seleccionados y caracterizados por los grupos o sujetos que los experimentan u observan con referencia a ciertos esquemas cognoscitivos y valorativos en un contexto determinado. El problema público representó una complejidad y variabilidad por las condiciones ecológicas de operación —una tecnología de explotación cianurada a cielo abierto, con excesivo uso de agua, y con devastadoras consecuencias sobre el pueblo, el paisaje histórico y su carga simbólica para la identidad cultural del Estado—. En el caso del Cerro de San Pedro, la valoración cultural es intrínseca al objeto de discusión y este a su vez es un producto cultural que autentifica las identidades culturales que son construidas en lugares y tiempos particulares (Wright, 1998). De modo que está ligado de manera interdependiente con el paisaje cultural como un todo, por lo que el problema ambiental impacta en el espacio construido producto material de la cultura, llevando el problema al plano de lo patrimonial y de lo político cuando se construye como uno de identidad cultural colectiva, ligada a la legítima pertenencia y apropiación del territorio, frente al “otro” y bajo la concepción simbólica de cultura definida como “patrón de significados” (Thompson, 1993, p. 145). Entonces, la cultura no puede considerarse como una instancia exterior a la política, sino como una dimensión inherente a la vida política, o más precisamente, como “una dimensión analítica de todas las prácticas políticas” (Giménez, 2007, p. 109).

La Secretaría de Medioambiente y Recursos Naturales es la instancia dictaminadora especializada en asuntos ecológicos, y es quien aprobó el proyecto de explotación minera. Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional otorgó una autorización condicionada para el uso de explosivos, y en cuanto al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) dejó actuar por omisión, lo cual destruyó y afectó el patrimonio en el Cerro de San Pedro. Sin embargo, el INAH interpuso varios juicios contra la Minera San Xavier en un primer momento para la protección del patrimonio y de los restos que forman parte del patrimonio industrial (Reygadas & Reina Jiménez, 2008). Como se ve, este problema público pasó a severo debido a su complejidad, y a que en lugar de ser resuelto solo fue gestionado ayudando a dar largas al asunto, con consecuencias evidentes.

Festival cultural como recurso turístico

Una de las actividades turísticas con fuerza cada vez mayor son los festivales culturales, donde se ponen en contacto los diversos actores, sociedad, instituciones y grupos minoritarios, compuestos por artistas y ONG en pro de la cultura y salvaguarda del patrimonio, creando un entorno más seguro para las inversiones (Yúdice, 2002). Estos festivales generalmente ocurren en el marco de espacios de alta significación histórica, sean estos urbanos o arquitectónicos. De esta forma, la cultura que anteriormente se veía como una colección de normas, actualmente es una colección de ofertas, se ha comercializado y es un gran negocio porque consumir cultura añade significado a nuestras vidas (Bauman, 2013). Dicho esto, la cultura se entiende como el contexto que agrega valor al producto turístico, pues es donde se desarrolla la actividad turística y se da el contacto que se incrementa a medida que el patrimonio, las costumbres y las actividades de las comunidades rurales y urbanas se asumen como recurso para el despliegue de actividades turísticas (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2006).

Aun cuando los festivales culturales suelen ser un atractivo, buscar financiamiento no es tarea fácil, ya que difícilmente existen indicadores para medir su impacto económico. Sin embargo, esto no desalienta a los grupos sociales de resistencia que ven en estos una forma de hacer llegar recursos a la comunidad, al tiempo que los convierten en foro de protesta y difusión para promover e interiorizar la cultura local. Así lo ha venido realizando el FAO, que anualmente organiza el Festival de Cerro de San Pedro para denunciar la irreparable devastación ambiental y cultural producida por la explotación a gran escala de los recursos minerales de la región.

El Festival de Cerro de San Pedro, a través de la organización de diversas actividades —mesas de discusión, presentaciones de libros, exposiciones, conciertos— es una iniciativa que sirve para comprobar el carácter destructivo y voraz de la megaminería (Navarro & Carmona, 2013). Como se observa, el festival está encaminado a resaltar el conflicto, es un evento que se puede definir según Jago y Shaw (1998) como un acto ocasional o poco frecuente de duración limitada, que proporciona al consumidor una oportunidad de ocio más allá de la experiencia cotidiana. No obstante, como se ha comentado, la encuesta arroja un 12 % sobre el conocimiento de la FAO, un 7 % sobre el conflicto con la Minera San Xavier y un 6 % sobre la forma en que opera la minera. Un alto porcentaje de los asistentes no conoce los motivos de manera clara o profunda de los grupos de ciudadanos que llevaron a cabo la organización de este festival cultural, esto puede ser porque en el tiempo trascurrido las nuevas generaciones no tienen el mismo interés en el conflicto, ya que la mayoría de los asistentes entrevistados son jóvenes entre los 18 y 30 años.

Los festivales tienen una serie de ventajas económicas como su flexibilidad, ya que son móviles y adaptables en mayor medida que otros recursos turísticos como el patrimonio edificado. Además, no dependen tanto de las estaciones como el turismo de sol, playa y naturaleza. Las razones para celebrar eventos festivos, tradicionalmente, se relaciona con mejorar la imagen urbana, revitalizar espacios, atraer turistas, aumentar el orgullo local, el espíritu comunitario y fortalecer la imagen colectiva de la ciudad, por ello son utilizados por ciudades consideradas tradicionalmente poco atractivas (Barrera Fernández et al., 2019). En el caso del Cerro de San Pedro, se utiliza como denuncia del conflicto, aunque este motivo con el tiempo se ha ido desdibujando entre los asistentes al evento.

Puesta en valor ciudadana

Los procesos de puesta en valor del patrimonio de una nación se realizan con la intención no solo de restaurar un bien, sino de la recuperación de la población en el redescubrimiento de su identidad. Es el Estado el que gestiona, a través de sus instituciones, planes y programas, la puesta en valor, rescate y protección del patrimonio cultural. Estas acciones no involucran necesariamente procesos de participación ciudadana para la comprensión e interpretación del patrimonio. En contraste con lo anterior, en el caso del Cerro de San Pedro es la población la que inicia la interpretación del bien y la protesta por primar lo económico sobre el bien social y cultural, mientras que la autoridad no asume su participación en la protección. Esta puesta en valor se realiza con la intención de recuperar o redescubrir la identidad (Pebe Niebuhr, 2016). Ejercer este derecho lleva a una democracia participativa en la protección de los bienes culturales, pero no debe quedar fuera la participación de las instituciones encargadas de regular los bienes, de acuerdo con las leyes de protección vigentes. Aunque una de las ideas que motivó fuertemente la protesta fue la pérdida del patrimonio, este se ha visto denostado por la falta de asesoría en cuanto a la protección, conservación, manejo, difusión e interpretación de los valores patrimoniales, pues los datos arrojados por la encuesta muestran un bajo conocimiento e interés por el patrimonio frente al ocio y entretenimiento que ofrece el evento.

El desarrollo de la puesta en valor del patrimonio del Cerro de San Pedro se realiza bajo una reacción-acción apremiante de protección del patrimonio, y con un afán por que los habitantes de la capital del estado conozcan y se concienticen de la importancia simbólica del poblado, más allá de su simple estructura física, es decir, de sus valores identitarios, y se sumen a la protesta. Esta puesta en valor patrimonial, unida a la protesta por la explotación de los recursos naturales, adquiere una resemantización del patrimonio, que se convierte en una promoción —panfletos, posters, volantes, conferencias, entrevistas y charlas— de lucha por despojos de la tierra, agua, ambiental, social, cultural y patrimonial. Todo ello se refleja en los carteles publicitarios para la promoción del Festival Cerro de San Pedro, que siempre llevan una consigna de lucha en la trasmisión del mensaje, ya sea por medio de palabras que aluden al conflicto, por expresiones de izquierda o imágenes sugestivas de protesta a través de las redes sociales.

En tal sentido, Wright (1998) nos dice que la nueva idea de cultura es un proceso conflictivo de construcción de significado que se da en torno al significado de términos y conceptos clave por parte de actores diferencialmente posicionados, quienes apelan a vínculos locales, nacionales y globales dentro de relaciones de poder desiguales. También hace referencia a que se identifican aquellos elementos en la disputa que están enmarcados por prácticas y reglas implícitas —corrupción, impunidad, poder, etc.—, que los actores desafían, fuerzan o reinterpretan como parte de la disputa. En este punto debemos preguntarnos, ¿es el festival un medio para hacer que sus significados resistan?, ¿existe una disputa por la construcción de significado entre los actores?, ¿son los sentimientos de apego un instrumento de política?, ¿es esta una respuesta a una cuestión de identidad de una cultura particular? La realidad es que el Cerro de San Pedro se detonó como destino turístico asociado al conflicto y a su destrucción ambiental de manera muy preponderante, de forma tal que el patrimonio dejó de ser el punto clave para dar espacio a la lucha por los derechos humanos, por una calidad de vida y un derecho a la cultura. De manera paradójica, este movimiento de lucha por el conflicto social está comenzando a dejar de estar presente entre los jóvenes asistentes y solo se ve reflejado en los panfletos promocionales y en los reportes de prensa, pues las encuestas realizadas dejan ver cómo el interés que motivó la creación del festival se ve disminuido frente a la distracción y el ocio que proporciona a los jóvenes el evento.

En ese marco, el festival es apenas un recurso que no abona a la protección del patrimonio, sino a otras muchas causas del discurso del conflicto en lo político, es decir, al conjunto de pretensiones colectivas de los miembros que para referirse a ellas utilizan la expresión “interés público”. Dicho esto, no existe un proyecto de recuperación de la parte física de los monumentos, de la reconstrucción histórica o centro de interpretación del patrimonio, y menos, una aportación de esta derrama para la protección de los bienes culturales.

Discusión y conclusiones

Se aplicaron 196 encuestas en dos días que dura el evento del Festival Cerro de San Pedro en el 2019, estas se realizaron en las calles y espacios públicos. Tanto la observación in situ, como el porcentaje de las encuestas, mostró un comportamiento y preferencia tendiente a la recreación y ocio, así como a un alta percepción por parte de los asistentes a la sensación de aventura, con un 83 %, y de emoción al realizar actividades musicales y ecoturísticas, con un 71 %. Durante la observación se registró que la gran mayoría de jóvenes buscan beber y bailar en los espacios públicos, con una sobresaturación del espacio urbano.

Los resultados sirvieron para evidenciar que tanto el conflicto como los valores patrimoniales se van disolviendo en el tiempo mientras que ganan terreno aquellas estrategias lúdicas de ecoturismo y turismo de música como parte del ocio y distracción del evento, muy distante del conflicto inicial. Esto pone de relevancia la necesidad de proponer nuevas estrategias en la organización del festival y en los servicios urbanísticos, pues cada vez se deteriora más el patrimonio al sobrecargar la capacidad de los espacios urbanos históricos del poblado, lo cual afecta a la imagen urbana.

Si bien los resultados muestran un desinterés por la protección de los bienes culturales y naturales, esto también impacta en la forma de vida en las comunidades que se encuentran adyacentes o cercanas al poblado. No obstante, es ineludible observar que la mayoría de los conflictos entre el Estado y los movimientos sociales evidencian un poder jerárquico, que no considera los aspectos culturales de cada grupo. Es decir, se impone un modelo político ajeno a las necesidades de la población, denominado por Gonçalves y Walter (2001) como “tensión de territorialidades”, caracterizado por la asimetría de las fuerzas participantes, que lleva a los grupos afectados a desarrollar estrategias o mecanismos con qué hacer frente al conflicto.

En este tipo de situaciones se observa un predominio del Estado, con una gestión inadecuada del patrimonio que puede estar motivada por causas políticoeconómicas y un debilitamiento de las leyes de protección del patrimonio federal y estatal, ya que no existe una versión transversal de los valores culturales en las políticas encaminadas al desarrollo económico. Los países como Canadá, que se interesan en la explotación de recursos mineros en otros países tal como México, interpretan el patrimonio del país desde una perspectiva diferente, a esto debemos sumar factores que añaden complejidad a las formas de la cultura, es decir, a sus productos materiales e inmateriales, pues constantemente no solo la sociedad se dinamiza sino también el patrimonio que se expande y cambia de acuerdo a las nuevas concepciones de la cultura. Así, aparecen nuevas acepciones o corrientes como los paisajes culturales, lugares dedicados a la memoria, las tradiciones o expresiones vivas de la cultura. Estos cambios influyen en la sensibilidad hacia los bienes culturales y sus categorías.

La destrucción del paisaje natural y de los ecosistemas en el contexto de la explotación económica y el discurso del desarrollo y la generación de empleos, ha sido frecuente en diversas partes del mundo. En México, en particular, el artículo 4 constitucional en su párrafo 9 expresa que:

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. (Gobierno de México, 1917)

Aun así, los intereses sobre lo económico y el capitalismo rebasan las leyes, este último trata de axiomatizar los movimientos emergidos de las protestas contra la voracidad económica a través de su sistema ideológico expansivo y globalizado, inventando nuevos principios para incluir dentro de su mecánica todos aquellos movimientos que aparezcan como una amenaza incontrolable y, entre ellos, está la lucha por la cultura y las identidades de los pueblos para resignificarlas. Por lo tanto, a la vez que las destruye, las positiviza.

Referencias

Arista Castillo, L. (2010). Elementos de análisis en la lectura morfológica urbana, el caso de Cerro de San Pedro. En K. Ariceaga (Ed.), Ponencias y Apuntes de la V Cátedra Nacional de Arquitectura Carlos Chanfón Olmos (pp. 470-487). Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Arista Castillo, L. (2017). Turismo y gobernanza en la conservación del patrimonio rural de México. Armadillo de los Infante, San Luis Potosí. International Journal of Scientific Management and Tourism, 3 (1), 311-337. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5975081

Barrera Fernández, D., Hernández Escampa, M., Morales Basaldú, A. D. J., & Hernández Gómez, M. A. (2019). Eventos culturales en ciudades históricas. Impacto urbano, percepción de los visitantes e imagen de la ciudad. Patrimonio, Economía Cultural y Educación para la Paz (mec-edupaz), 1(15), 64-99. http://dx.doi.org/10.22201/fpsi.20074778e.8.1.15.68888

Bauman, Z. (2013). La cultura en el mundo de la modernidad líquida. Fondo de Cultura Económica.

Cámara, C. J., & Morcate Labrada, F. Á. (2014). Metodología para la identificación, clasificación y evaluación de los recursos territoriales turísticos del centro de ciudad de Fort-de-France. Arquitectura y Urbanismo, 35 (1), 48-67. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1815-58982014000100005&script=sci_arttext&tlng=en

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (1917). Diario Oficial de la Federación, 5 de febrero de 1917.

Delgado, E. (1998). Transnational and Regional Support for Culture, trabajo presentado en la conferencia sobre las Nuevas Tendencias en la Política Cultural para el siglo XXI. En G. Yúdice (Ed.), El recurso de la cultura, usos de la cultura en la era global (pp. 27-30). Gedisa.

Dorantes Díaz, F. J. (2013). Derecho a la cultural en México. Su constitucionalización, sus características, alcances y limitaciones. Alegatos, 27(85), 845862. https://www.cbi.azc.uam.mx/index.php/ra/article/view/133

Doxrud, J. (2017, 12 de febrero). ¿Por qué vivimos en sociedades? Contrato Social y Naturaleza Humana. Libertyk. http://www.libertyk.com/blog-articulos/2017/2/12/por-qu-vivimos-en-sociedades-1-contrato-social-y-naturaleza-humana-por-jan-doxrud

Galeano, M. E. (2018). Estrategias de investigación social cualitativa: el giro en la mirada. Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.

Geertz, C. (2002). Paso y accidente: una vida de aprendizaje, en reflexiones antropológicas sobre temas filosóficos. Paidós.

Giménez, G. (2007). Estudios sobre la cultura y las identidades sociales. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Gobierno de México. (2013, 21 de agosto). Política Nacional Turística. Secretaría de Turismo; Gobierno de México.https://www.sectur.gob.mx/wp-content/uploads/2014/01/pro-grama_turismo.pdf

Gobierno de México. (1972). Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Diario Oficial de la Federación, 6 de mayo de 1972. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_160218.pdf

Gobierno de San Luis Potosí. (1993, 24 de septiembre). Plan de Ordenación de San Luis Potosí y su Zona Conurbada que abarca los municipios de san Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Mexquitic de Carmona, Cerro de San Pedro. Diario Oficial de la Federación del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. Versión Impresa.

Gonçalves, C. W. P. (2001). Geografías: movimientos sociales, nuevas territorialidades y sustentabilidad. Siglo XXI Editores.

Jago, L. K., & Shaw, R. N. (1998). Special events: A conceptual and def i n it iona l f ra mework. Festival Management and Event Tourism, 5 (1-2), 21-32. https://doi.org/10.3727/106527098792186775

Leff, E. (2004). Racionalidad ambiental. La reapropiación social de la naturaleza. Siglo XXI Editores.

Leno, F. (1993). La evaluación de los recursos turísticos. El caso del Canal de Castilla. Universidad Complutense de Madrid.

Mejía, V. C. (2018). Elementos conceptuales para valorar el patrimonio cultural. Revista Científica General José María Córdova, 16 (23), 109-124. https://doi.org/10.21830/19006586.301

Mercado, E. (2013). La protección del patrimonio cultural en México: normatividad local para la conservación del patrimonio urbano arquitectónico en Morelia. Afinidades y conflictos con la convención del Patrimonio Mundial. Revista de Patrimonio Histórico, 13, 40-63. http://hdl.handle.net/10481/36003

Montejano, R., & Aguiñaga, R. (1980). La minería en San Luis Potosí. Archivo Histórico de San Luis Potosí.

Navarro, L., & Carmona, L. (2013, 24 de marzo). Minera San Xavier, 17 años de una lucha que no se resigna a perder. Desinformémonos. https://desinformemonos.org/minera-san-xavier-17-anos-de-una-lucha-que-no-se-resigna-a-perder/

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2006, 13-14 de julio). Declaración de la IX Conferencia Iberoamericana de Cultura. Montevideo, Uruguay.

Organización de las Naciones Unidas. (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. Organización de las Naciones Unidas.

Palet, A., & Coloma, M. (2015). Desarrollo humano en Chile. Los tiempos de politización. Naciones Unidas para el Desarrollo.

Palma Macías, G., & Cañizares Roig, M. (2018). La contabilidad ambiental como herramienta de gestión para el turismo sostenible. Cofin Habana, 12(1), 124-146. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s2073-60612018000100009

Pasquino, G. (2011). Nuevo curso de ciencia política. Fondo de Cultura Económica.

Pebe Niebuhr, H. Y. (2016). Turismo y patrimonio: la importancia de la sensibilización ciudadana en los procesos de puesta en valor del patrimonio. El caso del complejo arqueológico Mateo Salado. Revista Otium, 2 (1).

Recasens, A. V. (2014). Discursos “pachamamistas” versus políticas desarrollistas: el debate sobre el sumak kawsay en los Andes. Íconos-Revista de Ciencias Sociales, (48), 55-72. https://doi.org/10.17141/iconos.48.2014.1209

Reygadas, P., & Reyna Jiménez, Ó. (2008). La batalla por San Luis: ¿el agua o el oro? La disputa argumentativa contra la Minera San Xavier. Revista de Estudios Demográficos y Urbanos, 23 (2), 299-331. https://doi.org/10.24201/edu.v23i2.1313

Rifkin, J. (2000). The Age of Access: The new culture of hypercapitalism, where all of life is a paid-for experience. Jeremy P. Tarcher/Putnam.

Sariego Rodríguez, J. L. (1992). Minería y territorio en México: tres modelos históricos de implantación socio espacial. Estudios Demográficos y Urbanos, 327-337. https://www.jstor.org/stable/40314745

Solís, A. (2016, 3 de junio). México, el país con más conflictos mineros en América Latina. Forbes. https://www.forbes.com.mx/mexico-lider-conflictos-mineros-america-latina/

Thompson, J. B. (1993). Ideología y cultura moderna. Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.

Unesco. (2010). Camino Real de Tierra Adentro. Unesco. https://whc.unesco.org/es/list/1351#top

Wright, S. (1998). La politización de la cultura. Anthropology Today, 14 (1), 7-15. http://periodismo.undav.edu.ar/asignatura_lic/cs212_problemas_socioculturales_contemporaneos/material/u1_wright2007-la_politi-zacion_de_la_cultura.pdf

Yúdice, G. (2002). El recurso de la cultura, usos de la cultura en la era global. Gedisa.

Zibechi, R. (2008). Territorios en resistencia: cartografía política de las periferias urbanas latinoamericanas. Ediciones Lavaca.

Notas

* Esta investigación es parte del resultado del Proyecto de Investigación sobre Turismo y Gobernanza del Patrimonio Rural en México, con el apoyo del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa pfce-2018 de la Secretaría de Educación Pública.