Introducción

Bogotá, con una población de más de 7,4 millones de individuos, está experimentando una reducción de su tasa de pobreza y una mejora de las condiciones residenciales de sus habitantes. Según la Encuesta Multipropósito de 2017, la proporción de hogares afectados por el déficit de vivienda entre 2014 y 2017 habría disminuido del 6,5 al 4,6%. Sin embargo, más del 10% de los hogares del estrato socioeconómico más bajo (de una clasificación de seis estratos) todavía no tiene acceso a una vivienda adecuada¹ (Avendaño et al., 2018). La oferta formal de vivienda, que sigue siendo insuficiente frente a la demanda, sufrió una profunda mutación en sus modos de financiamiento y de producción a lo largo de estas últimas décadas. La Ciudadela Nuevo Usme es característica de una reciente oferta de apartamentos económicos construidos por promotores inmobiliarios privados. Nuestro estudio pretende recoger la experiencia vivida por los residentes de estos conjuntos residenciales desde la perspectiva del “habitar”. A partir de un análisis de las “prácticas de los lugares” (Stock, 2004) y representaciones de los habitantes, cuestionaremos la pertinencia de este modelo de hábitat social vertical.

En el marco de este artículo, presentaremos primero la perspectiva adoptada, los conceptos claves que apoyarán nuestra reflexión y la metodología desarrollada. A continuación, revisaremos brevemente el surgimiento de este nuevo tipo de oferta habitacional en el contexto de la transformación reciente del parque de viviendas para los hogares populares. En las tres últimas partes, mediante un enfoque multiescalar, primero desde la escala de la vivienda, luego de los conjuntos y por último de la Ciudadela, presentaremos nuestros principales resultados, poniendo de relieve las tensiones entre el espacio construido y el espacio habitado.

La perspectiva del habitante, el individuo como actor geográfico

Marco conceptual

Esta investigación se enmarca dentro de una amplia producción científica sobre la cuestión del habitar en conjuntos de vivienda social periféricos, que surgió en Europa y particularmente en Francia a partir de la década de 1950 (Kaës, 1963) y, más recientemente, en América Latina (Duhau & Jacquin, 2008; Hurtado, 2018; Cravino, 2012; Giglia, 1998). El uso del concepto del habitar nos permitirá devolver su papel de actores a los residentes de la Ciudadela en la construcción de su lugar de vida, un espacio que se “crea y se vive” constantemente (Stock, 2004). Recogiendo la perspectiva de De Certeau (1990) y la noción de “práctica del lugar”, compartimos la idea de que las prácticas de los individuos no se oponen al espacio, sino que expresan formas de “hacer con el espacio”, un espacio “que hacemos, construimos, usamos, pero también un espacio que nos constriñe” (Thibault, 2008). Como lo expresa Thibault (2008), no se trata de negar el impacto de las características de los lugares en las formas de practicarlos. Nos dedicaremos entonces a destacar las divergencias entre el espacio diseñado y los usos que se le dan. Este enfoque permite poner de relieve la complejidad de las relaciones al espacio de los habitantes, su capacidad de transformar materialmente sus lugares de vida e investirlos de significados para, al final, apropiarse de ellos.

Fuentes y metodología

Este estudio utiliza varias fuentes primarias y secundarias: estadísticas oficiales, trabajos académicos, resultados de encuestas institucionales sobre movilidad y dinámica socio-espacial en el distrito, entre otras. Sin embargo, el análisis se basa principalmente en los datos recolectados en nuestras propias investigaciones, realizadas en el marco de una tesis doctoral en curso, sobre las trayectorias residenciales y el acceso a la vivienda de los jóvenes adultos de barrios populares de Bogotá. Nuestro trabajo de campo en esta área empezó con una serie de visitas a las urbanizaciones y sus alrededores, con los primeros pobladores que conocimos, momentos que aprovechamos para construir un registro fotográfico, compartir charlas informales con los vecinos y establecer contactos para posteriores entrevistas. Esta primera fase de acercamiento a las realidades de este territorio se complementó con otros encuentros, como el de dos trabajadores sociales y algunos miembros de comités de administración de los conjuntos, incluidos tres presidentes de estas instancias (dos retirados y uno en funciones). Continuamos nuestra recolección de datos con la realización de ocho entrevistas semiestructuradas, con enfoque biográfico de residentes de dos conjuntos de la Ciudadela, Metro Usme 136 (5) y Bosques de Bogotá iii (3). Las entrevistas se llevaron a cabo en los apartamentos de los individuos. Primero, se trató de reconstruir la trayectoria de vida de las personas;² una segunda parte se enfocaba en sus prácticas espaciales y representaciones al nivel micro (vivienda), meso (barrio) y macro (ciudad); y una última parte se centraba en sus proyectos residenciales y de forma más amplia, en sus proyectos de vida.

Los entrevistados tienen entre 23 y 35 años y la edad media de este grupo es de 29 años. El número de ocupantes de los apartamentos varía entre dos y siete personas (con un promedio de 5,4 personas). De las cuatro mujeres, todas son amas de casa, una de ellas trabaja ocho horas por semana como empleada doméstica. De los cuatro hombres, contamos un empleado de oficina, un estudiante de agronomía de la Universidad Nacional, un mesero y un modisto independiente.

Cuatro entrevistados de Metro Usme 136 son desplazados internos. Una sola persona es nativa de Bogotá. Los demás son en su mayoría del departamento del Tolima (2) o de Antioquia (3) (tabla 1).

Del asentamiento informal al conjunto residencial cerrado: la evolución de la oferta de viviendas para los sectores populares

Apuntes sobre el surgimiento del modelo de hábitat social vertical en Bogotá

Aunque el parque de viviendas de origen informal sigue siendo la principal alternativa de los sectores populares para resolver sus necesidades habitacionales, una reducida proporción de estos hogares ha podido acceder a viviendas de interés social (Lulle, 2014). Las características de esta oferta legal han experimentado profundos cambios desde finales de los años 90, como resultado de las políticas de liberalización promovidas por el Banco Mundial y el fmi en los países de la región (Puebla, 2002). El Estado colombiano, que desempeñó un papel importante en la producción directa de viviendas en las décadas setenta y ochenta, transfirió esta responsabilidad a los promotores inmobiliarios y limitó su actuación a los aspectos financieros, la simplificación del marco jurídico y la provisión de terrenos e infraestructuras (Paquette & Yescas, 2009).

En 1991 se creó un sistema de apoyo a la demanda, destinado a hogares que desde entonces han tenido que constituir un ahorro previo para recibir un subsidio estatal y luego acceder a un crédito. Sin embargo, una gran parte de los hogares populares fueron excluidos del mercado de vivienda social, debido a su falta de ingresos y su vinculación a la economía informal. Ante las crecientes dificultades de los promotores inmobiliarios para acceder a terrenos urbanizables de bajo costo y para fomentar la producción privada de viviendas sociales, la Alcaldía de Bogotá creó en 2001 la empresa parapública Metrovivienda. Su función principal es adquirir terrenos y dotarlos de infraestructura y servicios para venderlos a promotores inmobiliarios encargados de construir proyectos de viviendas sociales. Aunque el impacto de esta entidad en la reducción del déficit de viviendas ha sido limitado (Dureau, 2006), desde mediados de la década del 2000 su actuación ha contribuido al surgimiento de un nuevo tipo de vivienda multifamiliar bajo la forma de conjuntos residenciales cerrados. El primer conjunto de apartamentos de interés prioritario vio la luz en diciembre de 2006 en la Ciudadela El Recreo, en la localidad de Bosa.⁴

La Ciudadela Nuevo Usme, presentación del caso de estudio⁵

La Ciudadela Nuevo Usme está ubicada en la localidad de Usme, en el sur del Distrito, en las inmediaciones de Usme pueblo (figura 1). Este sector periférico de la ciudad, donde viven más de 340.000 habitantes, se caracteriza por tener uno de los niveles de pobreza más altos de la capital y por las fuertes dinámicas de urbanización informal⁶ (Avendaño et al., 2018; Garcia & Beuf, 2016). El proyecto Ciudadela Nuevo Usme nació a principios de la década de 2000 tras la adquisición de casi 65 hectáreas de tierras por parte de Metrovivienda. Tras la construcción de varios conjuntos de viviendas unifamiliares a partir del 2002, las primeras torres y bloques se erigieron en 2010 en un terreno de fuerte pendiente en las orillas del río Tunjuelito. Hoy en día, contamos doce conjuntos residenciales cerrados de edificios de seis a nueve pisos. Cada uno de ellos cuenta con unos 340 apartamentos. Entre las poblaciones beneficiarias se encuentran hogares reasentados, tras su desalojo de zonas de alto riesgo de inundaciones o deslizamientos de tierra (Conjunto residencial xie; Ventanas de Usminia), y víctimas de la ola invernal de 2011 (Mirador de Usme i y ii). Otros conjuntos han sido destinados a poblaciones desplazadas, víctimas del conflicto armado (Vistas del Río i y ii, Metro Usme 136).

Metro Usme 136 se construyó como parte del programa de las “100.000 viviendas gratis”, anunciado en 2012 por el presidente Juan Manuel Santos, destinado a poblaciones desplazadas y en situación de pobreza extrema. Los hogares víctimas del conflicto armado que se postularon fueron seleccionados por sorteo para beneficiarse de estos apartamentos, con una superficie bruta de 45 m² en seis bloques de seis pisos. Las primeras unidades fueron entregadas en marzo de 2014.

El segundo conjunto residencial de nuestro estudio, “Bosques de Bogotá iii”, cuenta con 15 bloques de seis pisos de apartamentos de 48 m² terminados en 2013. Los beneficiarios de estos apartamentos han pasado por el esquema clásico de acceso subsidiado a la vivienda social.

Habitar su vivienda: ¿hacia una “informalización” de los espacios diseñados?

La vivienda, “un asunto familiar”

Cuando se habla de los impactos del acceso a los apartamentos en su vida cotidiana, los entrevistados comparten primero la sensación de disfrutar de una estabilidad residencial, que rara vez se logró alcanzar en sus trayectorias de vida.⁷ Por consiguiente, el acceso a la vivienda se percibe como un paso decisivo que permite la redefinición y puesta en práctica de proyectos de vida a escala del hogar. Para la mayoría de los hogares que conocimos, el acceso a la vivienda les permitió dedicar una mayor parte del presupuesto familiar a los gastos diarios, que resultó en una mejora inmediata de las condiciones de vida. El acceso a la propiedad se vive en carne propia como un éxito en el proyecto de ascenso social y como una etapa central en la constitución de un patrimonio familiar, siendo la vivienda el activo más importante para los hogares populares (Moser, 2009). Aunque estos apartamentos fueron diseñados según el modelo de la familia nuclear, representan un recurso que se moviliza frecuentemente para albergar a familiares o allegados. Puede ser una respuesta inmediata y puntual a un momento de crisis en la trayectoria de un individuo, como la pérdida de un trabajo o una ruptura.

La vivienda como recurso también resulta ser una solución a largo plazo, dentro de una lógica de reproducción social que da lugar a estrategias familiares de acumulación de capital económico o de inversión en formación. El caso de Samuel, residente del Metro 136 y estudiante de agronomía, ilustra esta lógica. Su hermano mayor, la principal fuente de ingresos de un hogar de siete personas, le sugirió que dejara de trabajar para dedicarse mejor a sus estudios mientras vivía en el apartamento, eso sin compensación económica.

De la vivienda al “hogar”, un proceso de apropiación bajo restricciones

La apropiación de las viviendas a través de su transformación e individualización puede interpretarse como una forma de resistencia a la homogeneización, uniformidad y anonimato inducidos por este nuevo modelo de vivienda colectiva (Santamaría, 2008). Este proceso de adecuación de los lugares a las prácticas de los individuos comienza en el momento en que los beneficiarios ingresan a sus viviendas entregadas en obra negra (figura 2). Así, para reducir los costos de construcción, los residentes están encargados de los acabados de los apartamentos. Las modificaciones de los espacios domésticos siguen lógicas distintas según los gustos y aspiraciones de los individuos, el acceso al empleo de los miembros de la familia y la disponibilidad o no de ahorros, estos factores determinan en gran medida el grado de mejora de la vivienda. Muchos residentes, en especial los del conjunto Metro 136, solo instalaron las ventanas y la puerta de entrada para hacer estas superficies de cemento lugares habitables.

La mayoría de las modificaciones son realizadas por los propios residentes, lo que les permite expresar físicamente su apropiación de los espacios interiores (La Mache, 2003). Esta práctica conduce a una reducción del costo del trabajo, que se interrumpe o se reanuda en función de los recursos del hogar. La autoconstrucción y el carácter progresivo de la transformación de las viviendas nos remiten a prácticas que ya son bien conocidas en los estudios de los barrios de origen informal en Colombia y América Latina (Torres, 2009). Independientemente del nivel de apropiación y mejora de los apartamentos, los habitantes subrayan varias limitaciones relacionadas a las características de sus viviendas, ante todo vinculadas a la baja calidad de los materiales de construcción utilizados. Los residentes se quejan particularmente del bajo nivel de aislamiento acústico entre los apartamentos, asociado al sentimiento de violación de su privacidad familiar y a la imposibilidad de llevar a cabo sus actividades diarias sin molestar a sus vecinos: “Si uno camina, uno siente los pasos, pero cómo va a caminar usted, ¿volando? No se puede. Entonces eso es lo maluco. Y lo otro pues, cuando hablan, todos escuchan. Y a mucha gente le ha pasado” (Daniela de Metro Usme 136, Comunicación personal, 13 de noviembre de 2018).

Los habitantes mencionan también problemas de humedad e infiltración en los espacios adyacentes a los baños, así como molestias relacionadas con la mala evacuación de los olores que se escapan de las cocinas y se propagan a las zonas comunes. Otra queja recurrente es el reducido tamaño de los apartamentos.

La imposibilidad de transformar los apartamentos en función de la evolución de los hogares, puede dar lugar a situaciones de hacinamiento crítico observadas en varias de las viviendas visitadas (figura 3). Los habitantes deben entonces adaptarse a la disposición arquitectónica de los espacios domésticos. Por ejemplo, Estaban, que vive en Metro Usme 136, despliega un colchón en la sala de estar para dormir allí por la noche, mientras las otras seis personas se comparten las dos habitaciones.

“La casa productiva”, una estrategia familiar a prueba de los espacios planificados

Un ejemplo de estrategias de elusión de las normas y prohibiciones propias del régimen de propiedad horizontal es el desarrollo de actividades productivas dentro de la vivienda, una práctica característica de los sectores populares. Se encuentran, entre otros, micro peluquerías, talleres de costura e incluso cibercafés dentro de los apartamentos, que se convierten en el soporte de prácticas que van más allá de la única función residencial prevista en estos espacios (figura 4). En un contexto socioeconómico caracterizado por altas tasas de desempleo y pobreza, esta estrategia genera ingresos adicionales. Sin embargo, la transformación de los espacios domésticos para estos usos puede deteriorar las condiciones de habitabilidad: “Pues digamos que el apartamento no está adecuado como una vivienda. Es más como un taller, donde tenemos la oportunidad de vivir. (Alejandro de Bosques de Bogotá iii, Comunicación personal, 30 de octubre de 2018).

Aunque esta práctica está oficialmente prohibida, los miembros de las juntas directivas, que son a su vez residentes de los conjuntos residenciales, admiten ser indulgentes cuando estas actividades no afectan a la tranquilidad de los vecinos.

Finalmente, a menos de cinco años de su entrega, estos apartamentos aparecen como espacios “híbridos” y “multifuncionales” (Santamaría, 2008), resultado de una doble dinámica de apropiación, a través de la transformación material, por un lado, y del desvío de los usos previstos para estos espacios, por otro. Estos procesos ponen de relieve una reproducción de los modos de vida característicos de los sectores populares. Esta “informalización” (Ferme, 2012) de los espacios diseñados y producidos por los promotores va más allá de los límites de la esfera doméstica, para extenderse hacia los espacios comunes y, de forma más amplia, a escala de la Ciudadela.

Aprender a vivir juntos en las agrupaciones residenciales

Modos de habitar y conflictos vecinales

Es importante recordar que estas “microsociedades” (Jacquin, 2007) se formaron a través de la instalación casi simultánea de cientos de hogares, que se enfrentaron entonces a nuevas formas de convivencia, a compartir eventos cotidianos, espacios colectivos, cargas y servicios. Este cambio abrupto en el tipo de hábitat, el descubrimiento y el aprendizaje de la vida en un conjunto residencial vertical, lleva a la aparición más frecuente de problemas de vecindad y de gestión dentro de estos espacios (Giglia, 1998, p. 140). Estas tensiones pueden revelar discrepancias entre las normas del conjunto y los modos de habitar anteriores de los individuos. En el caso de Metro 136, donde una gran proporción de los hogares es de origen campesino, algunos residentes expresaron dificultades para acomodarse al modelo residencial y a la proximidad padecida que experimentaron con extraños. Cuando estallan conflictos vecinales, la evocación del origen campesino de los protagonistas es presentado a menudo como detonante principal de la misma. Este proceso responde a una lógica de demarcación (Villechaise, 1997) basada en la dicotomía entre la figura del “citadino educado” y la del “campesino sin saber vivir”.

Por mis estudios, sí sabía de qué se trata, las normas, que hay que cumplirlas, pagar administración. Pero la mayoría de la gente fue campesina toda la vida, que no estudió, que no sabe nada de ley, no sabe nada de normas. A ellos no se los explicó lo que tenían que hacer. (Esteban de Metro Usme 136, Comunicación personal, 7 de noviembre de 2018)

Entre los principales motivos de disputa, además del desconocimiento de los reglamentos y la contaminación acústica, están las cuestiones del manejo de excrementos de perros, el consumo y la venta de sustancias psicoactivas, los atracos y los chismes. Estas desconveniencias y la dificultad de cohabitar con los vecinos impactan profundamente en los niveles de satisfacción residencial de los individuos, su capacidad de apropiarse de sus lugares de vida y el desarrollo de un sentido de pertenencia; también influyen en la forma de sociabilidad observadas durante nuestro trabajo de campo.

Vivir juntos, pero “cada uno en su casa”

Aunque las relaciones vecinales abarcan realidades muy distintas según las personas encontradas, observamos una tendencia de los individuos a replegarse en la esfera doméstica. Además, la realización de todas las actividades domésticas dentro de los apartamentos da lugar a una disminución de las interacciones entre los habitantes, en lo que respecta a ciertas prácticas cotidianas comunes en barrios de origen informal o en zonas rurales. Por instancia, Mena Romaña (2011) ha demostrado que, para hogares de comunidades afrocolombianas reasentados en Medellín, la instalación de cocinas individuales en las viviendas imposibilita la preparación colectiva de las comidas, práctica que es central para el mantenimiento del tejido social de estas poblaciones. La mayoría de los entrevistados declaró pasar la mayor parte de su tiempo libre en su vivienda. La tendencia a retirarse a la esfera privada también traduce una estrategia de protección. Las interacciones se limitan deliberadamente y a veces se reducen a meros saludos de cortesía:

Yo soy como más... ¿Asocial? [risas]. Casi no me gusta compartir [...] prefiero estar en mi apartamento. Pero la mayoría vivimos así. O sea, no somos como de compartir, sino que cada uno está en su apartamento. Es una manera también de comodidad. (Alejandro de Bosques de Bogotá iii, Comunicación personal, 30 de octubre de 2018)

Limitar la intensidad de las relaciones de vecindad es también una forma de protegerse en un territorio marcado por conflictos territoriales entre pandillas de la Ciudadela. En este sentido, Nicolás, camarero y rapero de Bosques de Bogotá iii, nos explicó que evitaba estar demasiado cerca de un grupo de jóvenes de su zona por temor a ser identificado como uno de ellos por las bandas rivales. Natalia, ama de casa de Metro 136, resume bien el retrato del vecino ideal dibujado por la mayoría de nuestros interlocutores. El buen vecino, “es el que no se meta”, dice, antes de añadir: “A mí, si me hablan de buen modo, yo trato bien a la persona”. Así como dicen los costeños, “de su cultura depende del machetazo, ¿no?”.

Economía informal y redes sociales

El desarrollo de una red de tiendas y servicios informales ha permitido reproducir una forma de sociabilidad característica de los barrios populares. Estas actividades comerciales en la Ciudadela han dado lugar a la apropiación y desviación de los usos de diferentes espacios, más allá de las puertas de los apartamentos. Los pasillos o ventanas se convirtieron en el medio de publicidad para atraer a los clientes (figura 5). Para los habitantes de la planta baja, estas ventanas también pueden servir como un escaparate.

Dentro de los conjuntos estudiados, aparte de la venta ocasional de algunas verduras por parte de los ancianos, no se identifican apropiaciones de los espacios comunes para un uso comercial. Los pocos puestos informales de este sector están ubicados en el espacio público, en las aceras de la calle principal que conecta los diferentes conjuntos. Si la apropiación de este espacio puede percibirse como fuente de “desorden” y ocasionar una fuerte oposición de los vecinos (Hurtado, 2018), también puede dar vida a la calle y reducir la sensación de inseguridad (Duhau & Jacquin, 2008).

Dentro de las residencias, las actividades informales fortalecen los lazos sociales. Dentro de los apartamentos, las reuniones relacionadas con la venta de artículos de primera necesidad, de comida, la costura, el apoyo escolar o los servicios de guardería permiten el surgimiento de relaciones de confianza, que van más allá de la relación cliente-vendedor. El cibercafé gestionado por la madre de Esteban es un claro ejemplo de estas dinámicas que observamos un día hablando con ella, en la cocina abierta al salón donde están instalados los cuatro ordenadores. Mientras dos niños que habían ido a imprimir sus tareas escolares se quedaban jugar un rato con Cristian, de 6 años, su padre ayudaba de forma gratuita a un vecino, poco familiarizado con las nuevas tecnologías, a finalizar un trámite administrativo por internet. Estas formas de sociabilidad permiten establecer relaciones de apoyo mutuo y ayudan a reducir las situaciones de aislamiento, en particular en el caso de las personas mayores de edad, que sufren de una movilidad especialmente restringida. De estas relaciones a veces surgen algunos grupos de amigos que trabajan colectivamente para embellecer el conjunto (figura 6).

La difícil institucionalización de la convivencia

Enmarcado en la Ley 675 de 2001, que regula el régimen de propiedad horizontal en Colombia, el consejo de administración es un actor que debería desempeñar un papel central en la resolución de los problemas de convivencia. Los consejos, integrados por residentes elegidos, son responsables de velar por el cumplimiento de las normas, cobrar las cuotas de administración, organizar asambleas y apoyar la toma de decisiones colectivas con el fin de mejorar la vida cotidiana de los residentes. En la Ciudadela, estas entidades podrían haber sido catalizadores de la cohesión social, pero en realidad se les acusó muy rápidamente de falta de transparencia, malversación de fondos y corrupción. Samuel, Luciana, Alejandro y Daniela les reprocharon la limitación de su acción a un papel coercitivo, reducido a la emisión de multas que consideraban abusiva. Nicolás y Marcela, sin embargo, mencionaron la organización de eventos puntuales o reuniones institucionalizadas y actividades para niños durante la Navidad o el día Haloween. Las críticas a la presunta ineficacia de estos consejos también están vinculadas a su papel de intermediarios en conflictos no resueltos entre las poblaciones y los promotores inmobiliarios en relación con la falta de infraestructuras colectivas y la degradación prematura de su hábitat (hundimiento de las construcciones, grietas en las fachadas, falta de zonas de juego para los niños, falta de rampas de acceso para las personas con movilidad reducida, cortes de electricidad e infiltraciones).

Más allá de los muros de los conjuntos residenciales: apropiarse de la Ciudadela

Recuperación del espacio, la inseguridad como vector de movilización colectiva

Uno de los procesos de apropiación colectiva de los conjuntos supervisados por los comités de administración, probablemente el más visible, es el relacionado con la seguridad. Ante la presencia de atracos, venta y consumo de drogas, las primeras asambleas vecinales llevaron a cabo la adquisición de cámaras de seguridad, la mejora de la iluminación exterior, la consolidación de los recintos con sistemas eléctricos y alambre de púas, y el refuerzo de las puertas de entrada. Sin embargo, estudios recientes han subrayado que, más allá de las preocupaciones de seguridad, la aspiración de los sectores populares a cerrar sus lugares de residencia también se refiere a un deseo de distinción imitando los hábitos residenciales de las clases altas (Moret, 2019). Parece que estas acciones colectivas han dado resultados, ya que los entrevistados informan de una mejora en la seguridad dentro de las agrupaciones, lo que, sin embargo, ha provocado un desplazamiento de estos problemas a los espacios adyacentes. A modo de ilustración, un grupo de jóvenes identificados por los vecinos como “ñeros” o hinchas de Millonarios, suele apropiarse el parque de juego de niños entre los conjuntos Metro 136 y Ventanas de Usminia. Por lo tanto, este lugar, que ha sido el teatro de enfrentamientos violentos entre “parches”, está desinvestido por las familias del sector:

¿Si viste el parque? Si tú sales allá, allá se forman las peleas. Las pandillas de acá con las pandillas de allá. Y se pelean a cuchillo. Estábamos con los niños allá y se vinieron todos, quedamos en la mitad, no sabíamos que hacer. (Marcela de Metro Usme 136, Comunicación personal, 18 de noviembre de 2018)

No obstante, esta tendencia al cierre y al repliegue sobre el espacio residencial suele ir acompañada de una baja inversión en el barrio (Le Roux, 2015). Lo confirman los testimonios colectados que señalan la debilidad o incluso la ausencia de interacciones con los vecinos de los conjuntos contiguos. La evocación de las poblaciones vecinas suele basarse en la estigmatización. El distanciamiento discursivo y la voluntad de distinguirse se hace más fuerte a medida que la distancia social es reducida (Moret, 2019). Así, Daniela, Alejandro y Nicolás, habitantes de Bosques de Bogotá iii, se niegan a ser asociados con la imagen de los beneficiarios de las “viviendas gratis”, recordando frecuentemente que, a diferencia de los habitantes de Metro Usme y otros conjuntos, ellos o los miembros de su hogar han tenido que pagar por su vivienda. Los habitantes de Metro Usme se quejan repetidamente porque se les acusa de todo tipo de males, sobre todo de la delincuencia en el sector y de ser potenciales exguerrilleros. A su vez, algunos residentes del conjunto, como Luciana y Marcela, acusan a los vecinos de Ventanas de Usminia, que llegaron en 2016, de ser responsables de los problemas de violencia. Si bien la cuestión de la inseguridad aparece aquí como un factor de tensión y desconfianza entre las poblaciones vecinas, este problema también ha dado lugar a una movilización colectiva entre los líderes de los diversos conjuntos. Este proceso, aunque fuera puntual, superó la escala de la Ciudadela, ya que sus residentes se acercaron a los habitantes del pueblo de Usme para trabajar juntos en este problema, presionar a las autoridades locales y colaborar con la policía.

Derecho a la ciudad y movilizaciones colectivas

Aunque los residentes de proyectos de hábitat social, por el hecho de llegar a vivir en casas ya hechas, tienden a tener una “relación más pasiva e individualista con la construcción de sus barrios” (Beuf & Garcia, 2016), con respecto a lo que se puede observar en barrios de origen informal, la poca integración socio-urbana de Ciudadela dio lugar a varios momentos de movilizaciones colectivas reveladoras de una vulneración del derecho a la ciudad (Lefebvre, 1978) de los habitantes. Este concepto nos remite al ejercicio pleno de la ciudadanía en términos de acceso a la vivienda, el transporte público, la salud, la educación etc., pero incluye también el derecho “a sentirse parte de la ciudad” (Girola & Thomasz, 2013). Distintos momentos de lucha fueron evocados por los entrevistados, los cuales están vinculados especialmente con la falta de cupos para los niños en los colegios y la falta de servicio de transporte. Los líderes de los conjuntos lograron plantear estas problemáticas locales a un nivel superior a la Ciudadela, juntándose otra vez con pobladores de Usme pueblo, que padecen también de la saturación de estos servicios. Varios bloqueos y protestas fueron organizadas.

El entorno natural, lugares de sociabilidad y vector de apego al territorio

Paradójicamente, los entrevistados se refieren de manera positiva a la ubicación de la Ciudadela cuando se trata de evocar la vista sobre la montaña, el “aire puro” que allí se respira y el río que se encuentra al lado de los conjuntos. La orilla del río Tunjuelito es un lugar muy apreciado por los habitantes. Muchos de ellos están acostumbrados a reunirse allí los fines de semana o en días festivos, en torno a una comida cocinada al aire libre, durante el tradicional “paseo de olla”, una práctica colectiva entre miembros de una misma familia y sus allegados, que desempeña un papel importante en el mantenimiento de los lazos sociales y la construcción de la memoria familiar en Colombia (Salazar, 2009). En estos momentos de ocio, los jóvenes hijos de campesinos del pueblo de Usme aprovechan para ofrecer paseos a caballo a los niños de la Ciudadela (figura 7). La percepción de proximidad a la naturaleza y a territorios campesinos es narrada en las entrevistas a través de una oposición a la imagen de Bogotá, presentada como una ciudad caótica, ruidosa y contaminada (figura 8). Este sentimiento era aún más fuerte para los entrevistados como Marcela, Esteban, Samuel, Natalia o Luciana que pasaron gran parte de su infancia en una finca.

Consideraciones finales

A lo largo de este trabajo hemos pretendido dar cuenta de la experiencia vivida por los pobladores de este modelo de hábitat social vertical, que hace parte de un desarrollo sin precedentes en Bogotá. Enfocarnos en el análisis de los modos de habitar, las representaciones del espacio y las estrategias de apropiación de los hogares nos permitió poner en perspectiva la confrontación espacial entre las prácticas de planificación urbana y las de la población. Desde la perspectiva de los habitantes, hemos podido identificar una serie de limitaciones estructurales vinculadas a los modos de producción de estos espacios.

La búsqueda de ganancia, por parte de los promotores privados, ha dado lugar a una reducción de la calidad material de las viviendas y de los conjuntos. Al desconocer los modos de habitar anteriores de los residentes y privilegiar una alta densidad poblacional, este hábitat propicia el surgimiento de conflictos vecinales, que dificultan la convivencia y el bienestar colectivo. La falta de responsabilidad social de los constructores y de seguimiento por parte de las autoridades públicas dio lugar a un deterioro de las condiciones de vida de los residentes. Así, las dificultades cotidianas propician un débil sentimiento de pertenencia y un nivel reducido de participación de los residentes en la gestión colectiva de los conjuntos. La capacidad de los residentes para transformar y apropiarse de estos lugares, bajo una lógica de informalización de estos espacios formales, llevó a la creación de una red de comercios y servicios, que también puede ser la base de relaciones de solidaridad y nuevas sociabilidades. Frente a problemáticas comunes como la de la inseguridad o la falta de infraestructuras y equipamientos, hemos observado varias formas colectivas de apropiación del espacio y una relativa capacidad de fomentar movilizaciones sociales.

A pesar de esto, constatamos una tendencia al repliegue de las personas hacia el conjunto y el espacio doméstico, aumentando el riesgo de aislamiento social. Este fenómeno se explica también por la fuerte estigmatización por parte de los pobladores del centro de Usme, una realidad sintomática de la falta de integración de las poblaciones locales en la realización de estos proyectos de viviendas a gran escala, desde su diseño hasta su implementación. Así, resulta necesaria una mayor intervención de actores institucionales para preparar a los antiguos pobladores a la llegada de nuevos habitantes a su lugar de vida y desarrollar espacios de intercambio con el fin de fortalecer la convivencia entre las distintas comunidades y el arraigo al territorio.

Luego, sabiendo que la fuerte concentración de una población vulnerable y homogénea propicia formas de estigmatización, reproducción de la pobreza y de las desigualdades socioeconómicas, sería interesante plantear unas reflexiones, desde ámbitos académicos e institucionales, sobre la posibilidad de diseñar edificios con apartamentos de diferentes costos. Dejar de producir conjuntos focalizados en un solo grupo de la población podría permitir una mayor mezcla social. Es posible que una reformulación de los proyectos de hábitat social en este sentido pueda disminuir los riesgos de re-victimización que sufren los hogares desplazados, víctimas del conflicto armado.

Por último, hemos visto a través de nuestro estudio de caso, que la producción masiva de apartamentos estandarizados en periferia lejana no permite asegurar el derecho a la ciudad de los hogares populares. Es importante mencionar que todos los entrevistados encontrados han expresado su deseo de irse de los conjuntos cuando tengan una mejor oportunidad o la posibilidad de vender su vivienda. La razón principal de la inconformidad de los entrevistados era la ubicación de este proyecto inmobiliario. Sin una respuesta adecuada por parte de los promotores y del Estado para brindar mejores condiciones de habitabilidad y acciones dirigidas hacia la mitigación de los efectos de la segregación residencial, no podemos excluir el riesgo de un abandono parcial de la Ciudadela.⁸ Frente a este panorama es urgente desarrollar alternativas que permitan a poblaciones vulnerables y de bajos ingresos vivir en barrios ya integrados en la ciudad (por ejemplo, con subsidios para arrendatarios, mayores recursos para programas de renovación urbana, nuevos instrumentos de gestión y adquisición de suelos urbanos, etc.).

Referencias

Avendaño A. J., Monroy Londoño, D., & Cuevas Chaves, E. (Coords.). (2018). Encuesta Multipropósito 2017. Principales resultados, Bogotá-Región. Secretaría Distrital de Planeación. http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/encuesta_multiproposito_2017_-_principales_resultados_bogota_region_0.pdf

Beuf, A., & García, C. (2016). La producción de vivienda social en Colombia: un modelo en tensión. En P. Abramo, M. Rodríguez Mancilla, & J. Erazo Espinosa (Coords.), Procesos urbanos en acción. ¿Desarrollo de ciudades para todos? (pp. 393-421) [Ciudades de la gente N.o 3]. Abya-Yala; Universidad Federal de Río de Janeiro; clacso. https://www.researchgate.net/publication/295849620_La_produccion_de_vivienda_social_en_Colombia_un_modelo_en_tension

Cravino, M. C. (Org.). (2012). Construyendo barrios. Transformaciones socioterritoriales a partir de los Programas Federales de Vivienda en el Área Metropolitana de Buenos Aires (2004- 2009). Ciccus; Universidad Nacional de General Sarmiento.

De Certeau, M. (1990). L’invention du quotidien (Vol. 1: Arts de faire). Gallimard.

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Notas

* Este artículo se basa en una ponencia presentada en el marco del xiv Seminario Internacional de Investigación Urbana y Regional, de la Asociación Colombiana de Investigadores Urbano Regionales (aciur), organizado los 11, 12 y 13 de noviembre de 2020 (https://seminario.aciur.net/). Me gustaría dar las gracias al revisor anónimo de este artículo por sus constructivos comentarios y a Maite Elena Barranco Barrios por su rigurosa relectura.

¹ La medición del déficit habitacional realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (dane) se basa en una serie de variables relacionadas con la estructura de la vivienda, situaciones de hacinamiento, cohabitación con otros hogares, la existencia de un espacio destinado exclusivamente para cocinar y el acceso a servicios públicos (energía, acueducto, alcantarillado y recolección de basuras). Para más detalles sobre la metodología y los resultados de las encuestas multipropósitos de 2014 y 2017, ver Avendaño et al., 2018, p. 72.

² En esta primera sección, se utilizó como base una matriz biográfica compuesta de cinco columnas cronológicas, relacionadas con las trayectorias migratorias y residenciales, la trayectoria de estudio, la trayectoria profesional, la trayectoria familiar. Una última columna permitía identificar otros eventos importantes que no entraban en el ámbito de las anteriores temáticas. El entrevistado era invitado a comentar y compartir su percepción sobre cada etapa y el momento decisivo de su trayectoria. Para más información sobre el uso de las matrices biográficas ver los balances de investigación del Groupe de Réflexion sur l’Approche Biographique (grab, 1999) y de Dureau & Imbert (2018).

³ Los nombres se han cambiado para respetar el anonimato de los entrevistados.

⁴ La Vivienda de Interés Prioritario (vip) remite a la categoría más económica del mercado de la Vivienda de Interés Social (vis) en Colombia. Mientras que el valor máximo de la vis es de 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el de la vip no puede superar los 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

⁵ La elección de la Ciudadela como campo de estudio se inscribe en el marco más amplio de nuestro trabajo de tesis doctoral sobre el acceso a la vivienda de los jóvenes adultos de barrios populares en Bogotá. Intentamos incluir en nuestro análisis la diversidad de los sectores de hábitat popular, en términos de localización, de tipos de barrios y viviendas. Por esta razón, nuestro trabajo de campo se centró en barrios de origen informal periféricos (localidad de Ciudad Bolívar), así como en barrios históricos del centro popular (localidad de Santa Fe). También consideramos importante dar cuenta de la experiencia vivida por jóvenes habitantes de nuevos conjuntos de vivienda social en altura, un tema todavía poco investigado. Esta decisión, en términos metodológicos, nos permitió reflexionar sobre cuestiones relativas a los programas de vivienda, a destinación de hogares de bajos ingresos y poblaciones desplazadas, así como sobre sus interrelaciones con las movilidades residenciales de los jóvenes de sectores populares.

⁶ La localidad de Usme, antiguo municipio anexionado a Bogotá en 1954, tiene una superficie de 21.506 hectáreas, el 85% de las cuales está clasificada como rural. Tiene la tasa de pobreza multidimensional más alta del distrito (10,9% en 2017) y alrededor del 60% de la población activa trabaja de manera informal ( sdm & omeg, 2020). En cuanto a la dinámica de urbanización, Beuf & García (2016) estiman que cerca del 90% del área urbanizada es de origen informal. El pueblo de Usme y la Ciudadela están situados fuera del núcleo urbano de Bogotá. Para llegar al primer portal del Transmilenio, el servicio de transporte público del Distrito, y unirse a las principales rutas de esta red, el viaje ya dura unos 25 minutos.

⁷ En Colombia, el acceso a la propiedad es aún más restringido para las poblaciones desplazadas que son víctimas del conflicto armado, incluidos los residentes de Metro Usme 136. En 2014, solo el 11% de los jefes de familia eran propietarios de su casa (Defensoría del Pueblo, 2014, p. 80).

⁸ Una encuesta realizada por la Secretaría Distrital del Hábitat en mayo de 2014 muestra que en los conjuntos de Bogotá 1, 2, 3, y 4, 198 apartamentos se encontraban desocupados, es decir el 11%. En el conjunto residencial Metro Usme, 136, 86 familias beneficiarias no vivían en sus apartamentos, lo que representa el 25% del total de las unidades habitacionales del conjunto (sdh, 2015).