Territorios
ISSN:0123-8418 | eISSN:2215-7484

Agua Fría, Oaxaca

Santiago Xochitepec es una pequeña localidad de aproximadamente 500 personas, ubicada en una región montañosa al sureste del municipio de Santiago Textitlán, en el estado de Oaxaca, México. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015b), Santiago Textitlán contaba con 3.315 habitantes para el año 2000 y 3.929 para el 2005. Ahí se encuentra un paraje conocido usualmente por los pobladores como “Agua Fría”, donde el 31 de marzo de 2002 fueron ejecutados 26 campesinos de la localidad, dejando un total de 40 familias afectadas (CNDH, 2004).

Según información del propio INEGI (2015b), Oaxaca es uno de los tres estados con los mayores índices de rezago social y más altos niveles de marginación en el país desde hace al menos tres décadas. La actividad económica en la región montañosa se concentra en el trabajo agrícola y, principalmente, en la explotación forestal de los bosques que cubren las zonas altas que rodean Santiago Textitlán y el propio paraje de Agua Fría.

Las reducidas oportunidades laborales y de desarrollo de la población de Xochitepec y de todo el municipio de Textitlán, han hecho que la industria forestal sea la principal fuente de ingresos a nivel local. Además, la condición indígena y campesina combinada con el analfabetismo que imperaba en dicha región a inicios de los años 2000, condujo a hacer de la tala de árboles la forma común de obtener ingresos para el sustento diario de las familias, trabajando como “jornaleros”, es decir, obteniendo una paga diaria por la jornada laboral realizada en los aserraderos cercanos.

Para el año 2000 la mayoría de los pobladores de Santiago Xochitepec eran personas en edad económicamente activa (INEGI, 2015a), pero las prácticas extractivas no tenían regulación alguna, siendo el otorgamiento de un permiso regulatorio en 2001 lo que contribuyó a que se originara la muerte de los 26 indígenas campesinos, ya que los límites de la propiedad del territorio ha sido un tema en discusión de larga data entre comunidades vecinas, que algunos atribuyen a las confrontaciones entre civilizaciones prehispánicas: mixtecas y zapotecas (CNDH, 2004). Lo cierto es que esas comunidades son las que hoy en día dividen los límites de Xochitepec y su vecino pueblo de Santo Domingo Teojomulco, en otras palabras, los límites institucionales/estatales de la superficie de cada localidad no corresponden con la distribución hecha antaño, que es por la que se rigen algunos de sus habitantes (ver figura 1).

Esta pertenencia al territorio, como parte de la representación de un pasado ancestral, fundó una serie de imprecisiones tanto de carácter jurídico como económico, que a su vez generó disputas intercomunitarias por los derechos a la explotación de los recursos naturales locales. Ante estas diferencias se presentan obstáculos difíciles de superar por medio del consenso, ya sea con ayuda de la intervención de asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, instituciones del Estado mexicano, organismos internacionales o por una vía autónoma y autogestiva. De estos contextos y conflictos derivó la matanza de Agua Fría.

Puntualmente sobre los hechos que desembocaron en la muerte de los 26 indígenas campesinos en el paradero de Agua Fría, Oaxaca, se puede relatar una versión general:

El 31 de mayo del año 2002 un grupo de jornaleros de la localidad de Santiago Textitlán regresaba a casa después de una semana de trabajo en la hacienda conocida como “La Cofradía”, localizada en el pueblo vecino de San Pedro El Alto, aproximadamente a tres horas de distancia. Se transportaban en un camión de volteo empleado para la carga y descarga de la madera producida en los aserraderos de la región.

Cerca de las 17:00 horas de aquel día, los trabajadores llegaron a los alrededores del paradero de Agua Fría que se encuentra rodeado de cerros y montañas, la vialidad está diseñada con múltiples curvas, algunas muy pronunciadas. Por lo tanto, los vehículos deben avanzar a menor velocidad de lo habitual, sobre todo aquellos de grandes dimensiones como el que habían improvisado para llevar a los trabajadores hasta su pueblo. Además, por tratarse de una zona montañosa es común encontrarse con bancos de niebla que obstruyen la visibilidad y ello también implica la reducción de la velocidad como medida de precaución. En suma: la zona es de difícil acceso y, además, este es lento.

Por tales razones, llegadas las 19:30 horas arribaron a Agua Fría, donde el camión con los campesinos indígenas se detuvo, pues el camino había sido obstruido por tres grandes piedras. En ese momento un grupo integrado por alrededor de 50 hombres encapuchados y vestidos de negro, emergieron de las orillas de la ruta para comenzar el ataque contra los jornaleros de Textitlán.

La primera orden de los atacantes fue hacia el chofer del camión, quien a punta de fusil fue obligado a bajar del vehículo y se le pidió caminar alejándose del lugar. Inmediatamente después, los hombres encubiertos abrieron fuego hacia la parte trasera del camión en la que se encontraban las víctimas. Fue accionada una palanca con la que se activa el mecanismo de descarga del camión, la inclinación de la parte posterior hizo caer a los jornaleros y formar sobre el camino una pila de cuerpos, algunos heridos y otros ya muertos.

Una vez en el suelo siguió el tiroteo y se mantuvo por cerca de una hora. Incluso los pistoleros se aproximaron a los cuerpos para asegurarse de su fallecimiento. Evitando dejar duda de las muertes, algunas víctimas fueron ultimadas por medio de impactos de bala a corta distancia, apuntados a la frente o en otra parte de la cabeza, muriendo al instante con lo que se denomina “el tiro de gracia”; por su parte, otras de las víctimas mortales de esta matanza fueron encontrados con disparos en la zona genital. En general, las víctimas recibieron al menos cuatro disparos en distintas zonas del cuerpo. Acto seguido, los cuerpos fueron arrastrados sobre la carretera y posteriormente saqueados, pues algunos llevaban en sus bolsillos la paga que habían recibido por su trabajo y también, el de otros de sus compañeros.

Sin embargo, algunos pudieron sobrevivir al ataque, aunque la mayoría de los sobrevivientes fueron heridos. Para ello, unos fingieron estar muertos y evitaron moverse mientras les eran sustraídas las pertenencias de sus bolsillos, otros que quedaron semi apilados, lograron cubrirse con los cuerpos de sus paisanos caídos. Finalmente, unos más lograron sobrevivir con heridas de bala, pero en el momento del ataque fueron pasados por muertos.

Horas después de concluido el ataque tres sobrevivientes decidieron huir del lugar bajo el riesgo de encontrarse nuevamente con un grupo de atacantes, por lo que emprendieron un camino de ascenso por la montaña entre rocas, maleza y arroyos. Cerca de las 02:00 horas del día siguiente se encontraron con patrullas y ambulancias que se dirigían al paraje de Agua Fría, donde se registró inicialmente el fallecimiento de los 26 indígenas campesinos de Santiago Xochitepec, cuatro días después, el 03 de junio de 2002, la cifra de muertes aumentó a 27 con el fallecimiento de un joven que había resultado herido en el ataque.

La disputa histórica por el territorio: actores y poder

La noción de territorio es sumamente compleja, vinculante entre un amplio entramado social y cultural que lo define en sus propias formas, dimensiones y realidades. En el caso de la disputa de largo aliento entre comunidades indígenas campesinas de Oaxaca, en la región circundante al paraje de Agua Fría, la noción de territorio excede los márgenes puramente geográficos, es decir, físicos y materiales, y se inscribe en una dinámica de relaciones de poder directamente dependientes de determinaciones en el campo legal y político sobre su explotación con fines económico-mercantiles en uno de los estados más pobres de México.

Bajo esta tesitura, y de acuerdo con Ardila (2006), el territorio visto como esa constante resignificación de las relaciones sociales implica también cambios, y su definición está ceñida al seguimiento sistemático de los mismos. Así, las relaciones sociales situadas y experimentadas en el cotidiano de las personas entablan un vínculo de mutua transformación, de tal suerte que hablar de territorio sea también hablar de sus usos, que son, en última instancia, políticos.

El caso de la matanza de Agua Fría, Oaxaca, expone la constante disputa por el territorio como un ejercicio de oposición de poderes, en el que primaron los intereses económicos, que el interés por priorizar el resguardo de los recursos naturales y su vínculo ancestral con las comunidades mixtecas y zapotecas colindantes.

De este modo el territorio supera sus características materiales y tangibles para convertirse en una especie de locus de enunciación frente a un “otro”, en este caso los pueblos vecinos inmiscuidos en la disputa, como señala el propio Gerardo Ardila: “el territorio no es tan solo nuestra ubicación espacial, es también nuestro referente de ubicación social y, por tanto, el referente para nuestro comportamiento en relación con los demás” (2006, p. 14).

Ello no implica que la muerte de los 27 indígenas campesinos de Santiago Xochitepec se deba a la desvinculación de las relaciones sociales con el espacio físico, sino lo contrario, aquí se manifiesta la incidencia capital del espacio sobre las formas de coexistir y convivir de manera intercomunitaria, de ese modo, el ataque del 31 de mayo de 2002 deviene como consecuencia de una antigua oposición entre pueblos, que se ha ido transformando al paso del tiempo y conforme la acción e inacción del Estado mexicano se conjugaron para generar las condiciones extremas del conflicto.

Así, más que tratarse de un caso de desterritorialización, se vivió un fenómeno de reterritorialización como parte del continuum de la disputa por los bosques del sur del municipio de Santiago Textitlán. En ese tono, Renato Ortiz destaca que: “La desterritorialización tiene la virtud de apartar el espacio del medio físico que lo aprisionaba, la reterritorialización lo actualiza como dimensión social. Ella lo ‘localiza’” (1996, p. 159). Entonces, la brutalidad de las ejecuciones en Agua Fría sitúa la reconfiguración social, cultural, económica y legal del espacio geográfico en disputa, que finalmente se convierte en un nuevo territorio.

Para ello, la participación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) fue fundamental en los hechos de Agua Fría. Esta es la institución del Estado mexicano encargada, entre otras cosas, de la administración y regulación de las prácticas extractivas de recursos naturales en el país, así como de verificar los acuerdos establecidos a nivel gubernamental y comunitario en dicha materia, velando por que estos sean respetados y dando seguimiento puntual a las implicaciones ecológicas, económicas y socio-culturales de los mismos, incluso llegando a intervenir en aspectos legales, técnicos e identitarios respecto a la zona y problemática en cuestión.

Se hizo evidente la poca atención que tuvo esta institución en los conflictos entre los pueblos de Santiago Xochitepec y Santo Domingo Teojomulco, pues la historia de las disputas por los bosques de la región montañosa datan de tiempos incluso anteriores a la Revolución Mexicana de 1910, cuando una de las principales razones del movimiento armado fue la promesa de la justa repartición de tierras a lo largo de toda la geografía nacional, principalmente para combatir la desigualdad y la pobreza en la que se encontraban sumergidos los pueblos indígenas y campesinos, situación insuperada hasta la actualidad.

De acuerdo con el diario Reforma del 08 de junio de 2002, el primer registro oficial del conflicto por la propiedad de la tierra entre ambos pueblos data del 11 de julio de 1892, en él los pobladores de ambas comunidades llegaron a un acuerdo sobre el establecimiento de los límites de cada demarcación (Fuentes, 2002, p. 4A). A este acuerdo le anteceden años de enfrentamientos por una superficie de 4.622 hectáreas de montaña y bosque.

No obstante, una vez restablecido el nuevo régimen político en México a causa de la Revolución, en 1939, se abre un nuevo expediente por nuevos conflictos derivados de la redistribución de las tierras entre poblados, en esta ocasión, se involucra en las disputas el pueblo contiguo de Santiago Textitlán, homónimo del municipio.¹ Para este caso, la instancia encargada del seguimiento fue el extinto Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización.

Para la segunda mitad de la década de 1960, el tema se reactivó. En los años 1966 y 1967, durante el gobierno del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, se publicaron tres decretos que dan fe de las fronteras intercomunitarias y determinan los límites geopolíticos de los pueblos de Santiago Xochitepec, Santo Domingo Teojomulco y Santiago Textitlán, designando este último como cabecera municipal. Por ello, en 1968 los pobladores de Santiago Xochitepec impugnan los decretos presidenciales alegando su propiedad sobre las tierras redistribuidas y ejecutan una demanda de amparo en la capital del país pidiendo la devolución del terreno.

Fue hasta 1971, que el juez falla a favor del pueblo de Santiago Xochitepec, derivando en la invalidez legal de los decretos presidenciales. El propio juez, junto con la resolución, ordenó al gobierno federal iniciar un expediente donde se registren las pesquisas correspondientes ya que se reconoció que esta es una zona de disputa intercomunitaria, de modo que, con ello, fuera posible llegar a una solución pacífica de los conflictos entre pueblos.

Así, en el año 1978 Santiago Xochitepec y Santiago Textitlán llegan a un acuerdo sobre los límites de sus territorios y firman un convenio en el cual se reparten las tierras entre las comunidades de ambos pueblos, pero en ese arreglo no participan los pobladores de Santo Domingo Teojomulco, y en 1982 un delegado local del estado de Oaxaca abre un expediente sobre las disputas, que integró el acuerdo firmado 90 años atrás para designar los dominios de cada comunidad.

Sin embargo, el 19 de septiembre de 1985, a consecuencia del sismo de 8,1 grados Richter que azotó la zona centro y suroeste de México, quedaron destruidas las oficinas en donde se resguardaba el expediente de los conflictos intercomunitarios por el territorio boscoso de la zona, perdiéndose así el convenio de 1892 y el amparo validado en 1971.

Fue en 1992, cien años después del primer convenio entre comunidades, veintidós años después del fallo en favor de Santiago Xochitepec y a diez años de abrirse el expediente en Oaxaca, que se comienza a indagar con relativa seriedad en búsqueda de dar solución a la disputa por el territorio y sus recursos naturales en la zona de la montaña, haciendo ejercicios de observación in situ y labores de identificación de los límites con base en la toma de fotografías.

Como a finales de la década de los 60, ahora en los 90 el caso volvió a dar un vuelco. En 1995 los comuneros de Santiago Xochitepec, organizados, solicitaron el restablecimiento del expediente perdido en el sismo de 1985 y con ello mantener la vigencia del amparo otorgado en 1971. El proceso fue largo y escaló hasta instancias de nivel estatal en 1996.

Iniciado el año de 1997 un juzgado ordenó que se cumpla con el amparo de 1971 y dé atención a la condición de la disputa por el territorio para identificar vías de solución. Un año más tarde, en abril de 1998 son citados los representantes legales de las localidades de Santiago Xochitepec y Santo Domingo Teojomulco para declarar en una audiencia, pese a ello, la audiencia no se llegó a celebrar por inasistencia.

El 21 de mayo de 1999, la SEMARNAT otorgó un permiso de explotación forestal a la comunidad de Santa María Zaniza, pueblo vecino de los propios Xochitepec y Teojomulco, pero fuera de la disputa histórica por el territorio. Sin embargo, dicho permiso concedía un área de 95 hectáreas cubiertas por árboles de pino y encino que se encontraban dentro de los terrenos amparados en 1971 para el pueblo de Santiago Xochitepec. Esto es señal de la presencia y atención de las instituciones del Estado en los recursos naturales de la zona, pero no del respeto de los dictámenes oficiales ni de las vedas comunitarias (Taniguchi & Reyes, 2002, p. 6A).

Es hasta el año 2000 que el asunto llega a la Secretaría de la Reforma Agraria (sRa), a la que se le solicita el apoyo técnico para delimitar las áreas pertenecientes a cada uno de los pueblos inmiscuidos en la disputa y determinar puntualmente cuál es la superficie competida. Del resultado de esos trabajos se llega a la conclusión de que la zona en disputa es de 4.622 hectáreas de bosque.

Con todo lo anterior, se llega al punto cumbre de la situación, dado que, en el año 2001, específicamente el día 04 de abril, el juez correspondiente a la zona denuncia ante la Suprema Corte de Justicia, el máximo organismo legal en México, la inejecución del amparo otorgado al pueblo de Santiago Xochitepec en 1971.

Este acto despierta el caso, pues se inicia una averiguación en contra de las instancias menores sobre su atención durante las tres décadas anteriores y ello sirve de presión para que, el 16 de abril de 2001, se emita la sentencia que valida la delimitación de las fronteras entre los pueblos de Santiago Xochitepec y Santo Domingo Teojomulco. De acuerdo a lo establecido en el convenio de 1892, es decir, luego de 108 años de la lucha por el territorio forestal, se reconoció la vigencia legal del acuerdo con el cual las propias comunidades trazaron sus límites y se obligó a todos los involucrados a respetar su ejecución (Fuentes, 2002, p. 4A).

Por su parte, el 18 de diciembre de ese año, la SEMARNAT no solo validó el permiso otorgado al pueblo de Santa María Zaniza, sino que también lo ratificó con una ampliación hasta el 30 de junio de 2002 para el aprovechamiento de 95 hectáreas de bosque (Taniguchi & Reyes, 2002, p. 6A). Esa acción puso en evidencia la inconexión de las instituciones mexicanas en la atención de un mismo problema, donde cada grupo interesado logró reconocimiento de instituciones diversas, todas regidas bajo criterios distintos.

Una semana antes de la tragedia, el 24 de mayo de 2002 se calificó como improcedente el amparo conferido en 1971, esto derivado de la inspección ocular realizada por un juez en el terreno, acompañado por comuneros de los pueblos de Santiago Xochitepec, Santo Domingo Teojomulco y Santa María Zaniza, el 09 de marzo del mismo año 2002.

Como es posible identificar en el caso de las disputas indígenas campesinas, vinculadas a la muerte de los 27 jornaleros en el paraje de Agua Fría, “el territorio es una unidad dialéctica que se precisa en valores asimétricos con tendencia a la integración” (García, 1976, p. 269), donde las divergencias locales, al ser intervenidas de manera parcial por las diferentes instituciones del Estado mexicano a lo largo de más de un siglo, no lograron solucionar los conflictos intercomunitarios, en cambio, los empeoraron hasta llevarlos a un punto en que la jerarquía local se detentó con niveles extremos de violencia.

Para ese momento, varias generaciones de santiaguenses habían hecho su vida con la certeza de que el territorio estaba siendo disputado, ambos pueblos se adjudicaban la propiedad del mismo, por eso, para las personas de Santiago Xochitepec, el logro que supone el reconocimiento de su acuerdo de 1892 provocó en sus vecinos de Santo Domingo Teojomulco una sensación de pérdida y hasta despojo, y a ello atribuyen la masacre de sus 27 jornaleros.

Incluso, ante la inminente confrontación, los pueblos de Santo Domingo Teojomulco, Santa María Zaniza y Santiago Xochitepec se comprometieron a evitar acciones violentas entre sus habitantes, llegando a firmar un “pacto de no agresión” el 11 de marzo de 2002. No obstante, este compromiso fue una medida reactiva al asesinato de un comunero de Teojomulco el 07 de marzo mientras se realizaba una inspección de los terrenos.

Aunque se erigieron múltiples dudas en la identificación de los actores materiales e intelectuales de la matanza de Agua Fría, es probable que dicho pacto no haya sido respetado por los pobladores de Teojomulco, al menos en la versión del gobierno federal que arrestó a 17 pobladores de una pequeña localidad conocida como “Las Huertas”, perteneciente a ese pueblo. Esta apreciación fue compartida por uno de los sobrevivientes al ataque en una entrevista periodística donde fue interrogado al respecto: “¿Identificó a las personas de ‘La Huerta’?–En ese momento no, pero ellos fueron. Ellos son porque en marzo se oía que ellos iban a eliminar a la gente de alguna manera, por el conflicto” (Taniguchi, 2002, p. 9A).

La intervención estatal a partir de la disputa territorial entre indígenas campesinos se expresó en el campo legal, pero tuvo como objetivo la obtención de beneficios económicos, sacando provecho de la indefinición de la propiedad de las tierras con bosques, recursos naturales explotables en un mercado nacional y global. Al momento de la agresión en Agua Fría, la propia SEMARNAT tenía registro y, por tanto, conocimiento de los conflictos agrarios intercomunitarios de indígenas mixtecos, que ascendían a 1.084, mientras que de los zapotecos se contaban 1.183 (González, 2002, p. 4A).

Gustavo Montañez señala que la territorialidad “es el grado de control de una determinada porción de espacio geográfico por una persona, un grupo social, un grupo étnico, una compañía multinacional, un Estado o un bloque de estados” (Montañez, 1997, p. 198). Las muertes acontecidas en el paraje de Agua Fría el 31 de mayo de 2002 muestran una disputa por dicho control, una cuestión de ejercicio del poder que se orientó hacia el conflicto intercomunitario, siendo fundamental la participación del Estado y probablemente, nada fortuita ni casual, pues en más de cien años no se logró instituir límites de propiedad y hacer valer los acuerdos entre pobladores. Entonces, queda claro que el Estado mexicano, tanto a nivel federal como estatal fueron participes de dichas disputas, tanto por su fallida acción como inacción, buscando también hacerse del control de la zona forestal ubicada al sur del municipio de Santiago Textitlán, Oaxaca.

En este sentido, el control del espacio físico de dicha región no solamente se efectuaba con la administración de permisos de aprovechamiento forestal, asumiendo prácticas industriales ecológicamente responsables y autogestivas, en apego a la dinámica sociocultural de los pueblos, sino que la inestabilidad antaña de las relaciones intercomunitarias fue el marco idóneo para aprovechar las fisuras legales y las violaciones a los acuerdos que las prácticas laborales de los jornaleros demostraron, teniendo que salir en grupo a pueblos apartados a trabajar y obtener ingresos para sus familias.

El problema de la agenda

Pese a que la muerte de los jornaleros de Santiago Xochitepec formó parte de un largo conflicto entre las comunidades del sur de Oaxaca y que estas se ejecutaron de manera brutal y planificada, el caso no tuvo impacto en la sociedad mexicana, en parte, porque fue un asunto que solamente se trató a nivel periodístico en los medios impresos, sobre todo, la noticia tuvo seguimiento en diarios de circulación nacional, así como en otros distribuidos a nivel local dentro del propio estado, pero al día de hoy, es muy difícil saber si hay un archivo donde estos se conserven.

Una de las razones que incidieron en la poca trascendencia de la matanza de Agua Fría a nivel nacional e internacional fue su grado de exposición en la agenda, con todo y que, tanto por sus características de orden social y su brutalidad, hacen de este un caso paradigmático. En el proceso de investigación al respecto, se encontró que la fecha del 31 de mayo de 2002 coincide con el inicio de la Copa Mundial de Fútbol de ese año, realizada en los países de Corea del Sur y Japón, evento que acaparó los espacios de noticias electrónicos e impresos durante todo un mes opacando el caso de la muerte de los 27 jornaleros de Xochitepec e impidiendo la atención de las audiencias del país sobre el mismo (ver figura 2).

Derivado de lo anterior, esta investigación decantó hacia el uso de un método histórico para lograr la reconstrucción de los hechos que componen el caso y se tomó como fuente principal el acervo hemerográfico disponible en el Archivo General de la Nación (AGN), colocando como punto central una población de cuatro diarios de circulación nacional: La Jornada, El Economista, La Crónica de Hoy. Reforma, y un diario local del estado de Oaxaca: El Observador, de los que se obtuvo una muestra de 290 páginas impresas alusivas al caso de Agua Fría, mismas que dejaron de publicarse a partir del día 15 de junio, es decir que la cobertura de los diarios tuvo poco contenido y poca duración.

La distribución de las páginas con información al respecto, se correspondieron de la siguiente manera: La Jornada, 116 (40 %); El Economista, 5 (1,73 %); La Crónica de Hoy, 74, (25,51 %); Reforma, 85 (29,31%); y El Observador, 10 (3,45%). El diario La Jornada fue el que mayor espacio y seguimiento le dio al caso de los indígenas campesinos, pero cabe destacar que tanto en ese diario como en los demás, esta información se encontró en la sección de noticias locales, titulada en su mayoría con la rúbrica “Estados”. También se debe decir que, en todos los diarios el caso llegó a formar parte de la primera plana en alguno de los días que se publicaron notas sobre el evento, aunque en ninguna ocasión la información al respecto cubrió la mayor parte del espacio, es decir, nunca se trató la matanza de Agua Fría como la noticia principal de estos diarios, a lo largo de los 16 días que duró su vigencia en la agenda mediática, pero en repetidas ocasiones el énfasis estaba en la Copa Mundial de Fútbol aludiendo casi siempre a la participación del equipo mexicano.

El tratamiento de la información en los espacios de noticias ya sean electrónicos, digitales o impresos tiene, a partir de la comunicación, repercusiones de índole psicológica, sociológica y también histórica, así lo mostró Gregory Bateson (1955) en un análisis pionero en la materia que introduce la idea de encuadre .framing) para hacer referencia a la selección y enfoque que se da a la información al momento de comunicar un mensaje. Décadas más tarde Goffman (2006), emplea el mismo término framing para designar a los marcos sociales de referencia con los que las personas construyen sus realidades. El punto de conexión entre las ideas de estos autores es la existencia de un marco por el cual conocemos y ordenamos nuestra experiencia en el mundo, que nos permite entender y comunicar ideas. Y esto pasa con las noticias, pues la selección de temas encausa los intereses y referencias hacia el conocimiento de nuestro entorno próximo y distante. Así, casos como la muerte de 27 campesinos en Oaxaca y la Copa Mundial de Futbol de 2002 se vuelven parte de un problema de agendas mediáticas, pero también políticas y, en ese sentido, podríamos hablar de una disputa también en el territorio informativo.

De acuerdo con Semetko & Valkenburg (2000) son cinco los principales encuadres en la prensa informativa: 1) conflicto, que llama la atención de las audiencias por presentar conflictos entre individuos, grupos o instituciones; 2) interés humano, este presenta la noticia desde un enfoque dramático buscando provocar la emotividad del público; 3) consecuencias económicas, que muestra una problemática desde la visión de las pérdidas o ganancias económicas de sus actores; 4) moral, este encuadre expone una temática desde un código moral compartido o una orientación religiosa y; 5) de responsabilidad, a partir del cual se atribuyen responsabilidades sobre un problema a personas, grupos, instituciones y gobiernos, es tanto una forma de denuncia como un espacio de propuesta de soluciones (Semetko & Valkenburg, citado en Acosta, 2016, pp. 47-48).

Los encuadres descritos por Semetko & Valkenburg (2000) operan también en el contexto de la agenda que marcaron los medios impresos nacionales, sobre el ataque perpetrado contra los trabajadores de Santiago Xochitepec en el paraje de Agua Fría, y que ya se han venido anticipando un poco en estas líneas. Empero, del análisis de las noticias impresas al respecto se ha llegado a las siguientes proposiciones en función de cada tipo de encuadre:

Las ejecuciones de 27 indígenas en Agua Fría, Oaxaca el 31 de mayo de 2002 llevó a cuestiones elementales de fondo, saber por qué ocurrió fue una de ellas. La agenda de los diarios nacionales mostró la disputa intercomunitaria de más de un siglo como elemento central de la explicación, enmarcando el caso desde la perspectiva de un conflicto entre indígenas campesinos. Con todo, el foco de la cobertura mediática en los 15 días posteriores a la matanza estuvo en el evento deportivo de la Copa Mundial de Futbol que se inauguró en la misma fecha. Entonces, el framing central en este caso fue el de conflicto por la historia de disputas territoriales entre los pobladores de Santiago Xochitepec y Santo Domingo Teojomulco, aunque posteriormente emergieron otros actores involucrados en el conflicto, por ejemplo, instituciones del Estado mexicano como la SEMARNAT.

Por otra parte, dentro del encuadre de interés humano se encontraron notas de dos tipos, por un lado, las que hacían ver a los detenidos como víctimas de la fabricación de culpables por parte del gobierno y por otro, los testimonios que relataban explícitamente los hechos de la masacre, ambos contenidos estuvieron orientados a sensibilizar a los lectores y provocar en ellos una reacción emocional. Ejemplo de esto es que el periódico Reforma, desde el 06 de junio de 2002 ya mostraba en sus columnas una nota titulada “Los asesinos andan sueltos” y El Economista en su tiraje del día 10 de junio de 2002 incluyó un relato bajo el encabezado “Se hizo el muerto para sobrevivir a la matanza”. El contenido de ambos tipos de nota estuvo encaminado a la narración dramática de lo sucedido.

Las consecuencias económicas se presentaron como un tema periférico en las notas de los diarios impresos analizados. No obstante, los señalamientos hacia la participación de las instituciones del Estado mexicano desde 1892, pero sobre todo en 2001, con el otorgamiento de permisos de aprovechamiento forestal, ponen en evidencia los intereses económicos que altas esferas del gobierno mantuvieron en la zona. La regulación arbitraria de la explotación de los bosques del municipio de Santiago Textitlán no resulta casual sino parte de una dinámica económica que operó hasta ese momento por fuera de los márgenes legales de ese mercado. Por otra parte, a raíz de las muertes de Agua Fría, los jornaleros de Xochitepec suspendieron sus actividades laborales, en uno de los testimonios recabados en el diario El Economista se describe que: “Los sobrevivientes dijeron que no saben si alguna vez volverán a trabajar fuera de Xochitepec. Aunque el Ejercito está patrullando el área, los hombres dijeron que no saben cuánto tiempo se mantendrán las medidas de seguridad” (Sedeño, 2002, p. 64), lo que implicó la abrupta disminución de los ingresos del pueblo al cesar su principal actividad económica.

El framing moral también se hizo presente en el manejo mediático de la matanza de Agua Fría. Entrelazado con otro tipo de posicionamientos, sobre todo los que se enfocaron en exponer el conflicto intercomunitario, se generó una evidente polarización hacia los actores involucrados; primeramente, a partir de un juicio moral negativo entorno a los habitantes de Santo Domingo Teojomulco se expuso su portación de armas de fuego, las cuales eran de una procedencia desconocida y que condujeron a validar la imputación de cargos a los 17 sospechosos detenidos de ese municipio, todos pertenecientes a una pequeña comunidad conocida como “Las Huertas”.

En el diario La Crónica de Hoy fue más frecuente encontrar estas posturas, algunas notas encabezadas con títulos como: “En Teojomulco la gente vende vacas y puercos para comprar sus armas” (Pérez, 2002, p. 5), situación que fue desmentida por los familiares de los inculpados, quienes llegaron a declarar que no tenían los conocimientos para manipular un arma de fuego. Respecto al mismo tema del origen de las armas, un artículo de opinión en Reforma, titulado “Armas a la mano”, emitió un juicio sobre el mercado negro de armas en México que, independientemente de los actores materiales de la masacre, es accesible a cualquier persona, incluso acusa la colusión de cuerpos policiales y ejército en el mismo.

Otro punto de encuentro entre los encuadres morales está en la nota del diario Crónica, encabezada como: “Dios sabe que somos inocentes de la masacre de Xochitepec” (Cruz, 2002, p. 17), mostrando un discurso de exculpación a los detenidos, desde la concepción religiosa de pobladores de Santo Domingo Teojomulco, atribuyendo a la educación religiosa de sus habitantes, la imposibilidad de su participación en el ataque de Agua Fría.

Pero, sin lugar a dudas, ante un evento de tal brutalidad, la búsqueda de soluciones tiende a la atribución de responsabilidad. Respecto este tipo de encuadre, la detención de los 17 presuntos ejecutores del ataque a los comuneros fue expuesta de manera ambivalente, por un lado, los testimonios de tres sobrevivientes aseguraban que “ellos fueron” (Rendón, 2002, p. 9A), pero en contrapunto, se recabaron testimonios de los familiares de los acusados en los que se destaca la negación de la participación en dichos actos, incluso con la participación de testigos que indicaron en dónde se encontraban a la hora de la emboscada, además, los pobladores de Teojomulco alegan que las detenciones fueron arbitrarias y que se dieron sin el levantamiento las ordenes, ni pruebas correspondientes. Aunque en información del periódico Reforma se expone: “La Procuraduría de Justicia del estado asegura que se encontraron armas al momento de la captura y que los detenidos dieron positivo en la prueba de rodizonato de sodio, lo que demuestra que accionaron armas de fuego” (Rendón, 2002, p. 4A).

Así, la atribución de responsabilidad dentro de las notas periodísticas del caso de la matanza de los 27 jornaleros de Santiago Xochitepec se describe con discrepancias entre las versiones sostenidas por el Estado y los testimonios de los habitantes de Santo Domingo Teojomulco, acusando al gobierno mexicano de aprovecharse de las disputas por el territorio para la fabricación de culpables a modo de “chivos expiatorios”, incluso el edil del pueblo encabezó diversas protestas para exigir la liberación de los inculpados, entre esas acciones estuvieron marchas, plantones y huelgas de hambre.

La responsabilidad del Estado en este caso es justificada también por la respuesta tardía de los cuerpos de asistencia médica y de la policía, ciertamente la zona era de difícil acceso, al punto en que el ataque había sido premeditado y ante el pacto de no agresión firmado una semana atrás, las autoridades deberían contar con mayor número de recursos disponibles en caso de actos como este.

Pero los señalamientos no paran ahí, pues el día de los hechos un grupo mayoritario de policías fue ordenado para concentrarse en los pueblos vecinos de Santo Domingo Teojomulco y San Lorenzo Texmelucan para vigilar a las comunidades, previniendo una posible agresión, la orden emitida fue mantener la seguridad en esos puntos desde las 10:00 hasta las 19:00 horas del 31 de mayo de 2002, horario en el que también era esperado el regreso de los jornaleros a Santiago Xochitepec (Cruz, 2002, p. 17).

Finalmente, la responsabilidad sobre la muerte de los 27 indígenas campesinos de la localidad de Santiago Xochitepec, Oaxaca quedó indefinida en la agenda de los medios impresos, pero la información publicada permite reconocer parte de una larga historia de conflictos intercomunitarios en los que el Estado mexicano, por acción y omisión, contribuyó al incremento desmedido de la violencia entre pueblos a lo largo de más de cien años.

El dictamen penal ratificó la culpabilidad de los pobladores de Santo Domingo Teojomulco, suscribiendo al discurso Estatal y reconociendo las disputas intercomunitarias entre indígenas y campesinos; y quedó sentado un precedente de lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos calificó como autogenocidio (CNDH, 2004, p. 132). De ahí la importancia de administrar el territorio con base en las condiciones socio-culturales e históricas de sus habitantes, como señala José Luis García: “Planificar el territorio es una tarea que requiere el contacto directo con los grupos sociales sin los cuales ese territorio no tendría sentido” (García, 1976, p. 344).

A modo de cierre. Un ejercicio de memoria

En estas líneas se ha revisado el recorrido de una disputa intercomunitaria añeja por el territorio de bosques entre los pueblos de Santiago Xochitepec y Santo Domingo Teojomulco en el municipio de Santiago Textitlán, Oaxaca, que llevó a la muerte de 27 indígenas campesinos en el paraje conocido como Agua Fría, el 31 de mayo de 2002. Pero en la masacre también se detecta la incidencia de diversas instituciones del Estado Mexicano, principalmente la SEMARNAT tanto por su desdén como omisión de acciones que coadyuvaran al esclarecimiento de la propiedad del territorio, sobre el cual otorgaron permisos de explotación con fines económicos.

Dada la descripción de los hechos, se asume que la matanza fue un acto premeditado que da cuenta de una prolongada y sistemática reproducción de la violencia, propiciada por el Estado mexicano mediante la acción directa e influencia en actos con desenlaces mortales y traumáticos para una comunidad, como por su histórica omisión en la resolución de conflictos locales sobre el territorio indígena del país. Agravando los traumas culturales en una zona que ya se encontraba en disputa: “El trauma cultural ocurre cuando miembros de una colectividad sienten que han sido sujetos de un evento horrendo que deja una marca indeleble sobre la consciencia del grupo”² (Alexander, 2004, p. 1).

En este sentido, la matanza de Agua Fría destaca como un acto coyuntural que llegó a redefinir las consideraciones locales sobre el territorio y la propiedad del mismo, siendo los ejercicios de poder expuestos en la disputa por 4.622 hectáreas de bosque las que, al llegar a un punto crítico de violencia, determinaron nuevas condiciones sociales para convivir y coexistir de manera intercomunitaria, de tal suerte que “El territorio se entiende entonces como elemento estructurante de nuevas subjetividades” (Rodríguez, 2012, p. 226).

Lamentablemente, este caso paradigmático en México no generó el eco merecido en la sociedad, parte de esa problemática se atribuye a su espacio en la agenda mediática, que, casual o causalmente, coincidió con el inicio de la Copa Mundial de Fútbol de 2002. Ello provocó la (in)visibilidad social entrelazada con las operaciones gubernamentales para determinar las responsabilidades del ataque. En su conjunto, este desfavorable contexto marcó una tendencia al desconocimiento del caso y a su nulo anclaje en la memoria colectiva nacional (Halbwachs, 1950). En consecuencia, estas líneas pueden leerse como un ejercicio de memoria que debe ser nutrido y actualizado por otras fuentes, apuntando hacia la no repetición.

Bibliografía

Notas

¹ Cabe aclarar que, en México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) comprende las divisiones políticas para fines estadísticos y jurídicos en orden de mayor a menor superficie, de la siguiente manera: país, estado, municipio, pueblo o localidad, colonia, área geoestadística básica (AGEB) y manzana. Aunque también hay otros criterios particulares: región para usos, tradiciones y costumbres compartidos; zona económica para las actividades productivas puntuales por las características físicas en común; solo por mencionar algunas.

² Traducción del autor.

Notas de autor

* Posgrado en Antropología Social, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.