Introducción

El presente documento se desprende de un trabajo de tesis de Maestría en Derechos Humanos, titulado “Construcción del derecho a la ciudad desde las organizaciones comunitarias en la periferia de Ciudad Juárez, Chihuahua: análisis de los mecanismos colectivos para contrarrestar los efectos de la violencia estructural”, que a su vez, se complementa con la experiencia de trabajo de campo en algunas comunidades de Ciudad Juárez desarrolladas bajo las políticas urbanas de crecimiento desordenado y la experiencia de vivir y habitar la ciudad en la mayor parte de mi vida. Si bien este artículo no pretende discutir respecto a una temática innovadora, sí lo hace sobre un problema social que históricamente ha cobrado la vida de muchas mujeres en una de las fronteras más peligrosas del mundo. Es un aporte documental que desea visibilizar las formas de violencia normalizadas por décadas, ser un espacio de exigencia de justicia y plantear la idea referente a la importancia de hacer ciudad desde otros procesos más incluyentes.

En ese sentido, la violencia de género será el eje principal del análisis, rescatando el vínculo con el diseño y desarrollo de la ciudad, especialmente en los casos de feminicidio. Para esto, se tomó como espacio de referencia Ciudad Juárez, Chihuahua, zona fronteriza del norte de México, colindante con El Paso, Texas, en Estados Unidos. La frontera norte de México, en los últimos años se ha convertido en un lugar con contexto único a nivel mundial, en particular por sus procesos políticos, económicos, sociales y culturales. La instalación de la industria maquiladora desde hace más de 50 años; las olas migratorias nacionales, centroamericanas e internacionales; la comercialización y transporte de drogas ilegales a Estados Unidos; la disputa de la ciudad por los carteles de las drogas más importantes del país; la situación de violencia extrema; y, ante esto, la violencia de género exacerbada a través de los feminicidios, la trata de personas o las desapariciones forzadas de mujeres, son la cotidianidad e historia de estos espacios.

Ciudad Juárez es la viva representación de este contexto fronterizo. Es conocida a nivel mundial por los casos de feminicidios desde la década de 1990, hasta ser catalogada como la ciudad más “violenta del mundo” en el periodo 2010-2011, por su alta tasa de homicidios, muchos de ellos llevados a cabo en el espacio público (Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal [CCPSPJP], 2011). En este documento, la reflexión gira en torno a los procesos urbanos característicos de la ciudad, carentes de una planeación ordenada y sustentable, que ha dejado como consecuencias situaciones de inseguridad, violencia y desigualdad, en especial para ciertos sectores poblacionales como las mujeres y niñas.

Juárez fue desarrollada a voluntad de la industria maquiladora, misma que se instala en la búsqueda de mano de obra barata, en particular de mujeres. Urbanamente se construyó en beneficio de las grandes empresas generando segregaciones en grupos poblacionales, al alargar la ciudad territorialmente, estableciendo obstáculos para su tránsito con el aumento en las distancias, complicándose especialmente en las zonas periféricas. De esta manera, se forman varias ciudades dentro de una misma. Con casi millón y medio de habitantes, y cerca de dos millones y medio contando la zona metropolitana con El Paso, Texas, y la zona rural del Valle de Juárez, esta ciudad es una de las más pobladas del país, y sobre todo, con una constante inmigración-emigración desde hace cerca de 30 años (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información [INEGI], 2018).

Este apoderamiento del territorio por parte del sector privado se dio bajo la tolerancia del Estado, contribuyendo más a las complejidades de una ciudad empobrecida, marginada y habitada por una gran cantidad de víctimas directas e indirectas de la mal llamada guerra contra el narcotráfico, que ha llenado de sangre las calles de la ciudad.

Ciudad Juárez ha estado marcada históricamente por sus políticas misóginas, de tolerancia a la violencia de género—permitiéndose ser un territorio que por 30 años ha normalizado la desaparición de niñas, jóvenes y mujeres adultas, muchas de ellas encontradas sin vida—. Víctimas de diversas edades, señaladas y castigadas en múltiples ocasiones por hacer uso del espacio público, culpadas de su propia muerte y dejadas en impunidad. Es una ciudad machista social y urbanamente que, a través de sus políticas de crecimiento ha vulnerado la seguridad y vida de las mujeres que la habitan, quienes en la cotidianidad se enfrentan a situaciones de inseguridad que desencadenan violaciones, acoso sexual, robos, desapariciones y muerte.

Segregación de la ciudad: globalización y comercialización del espacio público

La ciudad moderna, edificada desde la lógica capitalista comercial, se ha diseñado a partir de la segmentación social, es decir, una distribución en donde la clase económica logra su reflejo en el orden urbano, excluyendo de la centralidad tanto lo no consumible como a los que no tienen el acceso para el consumo suficiente (Harvey, 2012). Por lo tanto, el espacio público se ve en disputa entre las élites de poder que dominan la ciudad, llámese gobierno, empresariado o crimen organizado, y la resistencia ciudadana en búsqueda de su apropiación.

El espacio público debe ser interpretado como el territorio de la ciudad de circulación libre y con derecho a su uso por todas y todos los habitantes, lo cual le da el concepto de accesibilidad. Contiene dimensiones sociales, culturales y económicas que le permiten ser un lugar de historia citadina. Este es administrado por el Estado, pero idealmente dominado por las y los habitantes, quienes le asignan una identificación simbólica y apropiación colectiva. Este espacio es un lugar de igualdad, en donde las personas se despojan de concepciones clasistas o condiciones sociales y disfrutan de su ciudad; es un lugar de uso, de convivencia y de recreación.

El caso de Ciudad Juárez es un ejemplo de la perspectiva de la ciudad moderna, una ciudad enfocada al ámbito industrial, al consumo y a la gentrificación. Esta localidad fronteriza tiene su desarrollo económico basado en la industria manufacturera que ha mantenido una política económica de venta territorial a las empresas multinacionales, además de precarizar la mano de obra con tal de satisfacer las necesidades industriales. Por esta razón, desde hace años es una ciudad en venta, lo cual provoca grandes conflictos urbanos como el crecimiento desordenado, que más que favorecer a las familias sin vivienda, ha privilegiado a las empresas inmobiliarias.

Juárez no es un caso aislado, es un reflejo de nuestra región. Las ciudades latinoamericanas poseen características similares, ya que pertenecen a un territorio económico y ambientalmente saqueado, catalogado por la élite del poder económico mundial como “en vía de desarrollo”, “subdesarrollado” o el “tercer mundo”.

La dependencia económica en algunos de estos países, como es el caso de México hacia las potencias mundiales de la economía, han minimizado un proceso alterno de construcción de ciudad, es decir, dicha concepción de subdesarrollo “refleja la profunda insatisfacción de sociedades como las latinoamericanas que, mirando fijamente hacia los países industrializados, perdieron la ocasión de definir su propio norte, es decir, de construir su imaginario colectivo de progreso y de desarrollo” (Hiernaux, 2014, p. 255).

Bajo esta lógica de hacer ciudad, a mayor lejanía de la comercialización de las zonas céntricas, los terrenos tienden a bajar de precio. Es así como las zonas periféricas “son muy propicias para la instalación, muchas veces en condiciones de irregularidad, de vivienda accesible a grupos pobres y para migrantes en localizaciones dispersas y con marcados déficits de servicios. Este tipo de asentamientos marginales son generalmente no planificados” (Aguilar, 2009, p. 23). Por consiguiente, “en estos espacios son muy recurrentes los asentamientos humanos irregulares que se caracterizan por asentarse en las orillas de las grandes ciudades y por ser uno de los principales promotores de la expansión urbana” (López, 2009, p. 161).

Ciudad Juárez es tan solo el reflejo de estos procesos de urbanismo en América Latina. Para el sociólogo argentino, Pedro Pírez, esta urbanización precaria es caracterizada por "la mercantilización de los bienes urbanos y la consecuente exclusión de un importante número de habitantes del acceso a esos bienes” (Pírez, 2015, p. 440). Mercantilización basada en las políticas neoliberales que se instauran en la región y que contribuyen con el incremento de la pobreza y la exclusión social. En México, dichas políticas inciden en la nueva modalidad de urbanismo a partir de la modificación al artículo 123 constitucional a principios de los noventa, el cual permite la incursión de la vivienda social en el mercado inmobiliario, privatizando de cierta manera el derecho a la vivienda digna (Maycotte, 2015).

La política neoliberal construye o desarrolla las no-ciudades al privatizar, mercantilizar y transformar los espacios públicos y comunes en áreas de consumo. Esto genera la desapropiación de dichos espacios, creando limitaciones para desarrollar un sentido de pertenencia, el simbolismo ciudadano y la convivencia comunitaria. Así, las políticas neoliberales en el tema de vivienda en México, especialmente en Ciudad Juárez, no solo se caracterizan por incidir en un aspecto económico, sino también en la morfología urbana, ya que generan la fragmentación de los territorios, la extensión de las distancias, la incomunicación de las comunidades, y por ende, incitan a la violencia en los espacios públicos de la ciudad.

Se comienza a abandonar el espacio público por temor a ser víctima de esta violencia, a pesar de no haber vivido una situación directa. La inseguridad se vuelve un proceso emocional que tiende a generar incertidumbre sobre los acontecimientos dañinos que nos puedan pasar, incrementado muchas veces por experiencias directas y otras ajenas. Como secuela de la inseguridad ciudadana se desarrollan las geografías del miedo, esto es, el proceso de abandono de espacios públicos y barrios, la eliminación de actividades cotidianas protegiéndose en los hogares, la contratación de seguridad privada, e incluso, consecuencias económicas como la ausencia de inversión en la ciudad que generan desempleo (Carrión, 2014).

Políticas gubernamentales del abandono: crecimiento urbano sin control

La ciudad contemporánea dista mucho del proceso tradicional que caracterizó a las ciudades, incluso antes de la segunda mitad del siglo pasado. Cuestiones que van desde la infraestructura hasta el modo de vida se han transformado y adaptado, o más bien oprimido, al sistema económico capitalista. La ciudad actual se vincula fácilmente a la industria, el consumo, la urbanización, extensión territorial y rezagos sociales.

En el caso de las ciudades de América Latina, el proceso migratorio de la población de zonas rurales a la ciudad se ha incrementado demasiado en los últimos años. Datos de las Naciones Unidas indican que de 1990 al 2007, la población residiendo en ciudades pasó del 71 % al 77 %, mientras que en países como Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela sobrepasan el 86 % (González, 2014). En México, se cuenta con 59 zonas metropolitanas que albergan dos o más municipios o zonas rurales, siendo el Valle de México con mayor población, al ubicarse poco más de los 20 millones de habitantes (INEGI, 2018). Ciudad Juárez está dentro de este catálogo de metrópolis, que conjuntamente con El Paso, Texas, así como la zona rural del Valle de Juárez, acumulan poco más de dos millones trescientos mil habitantes (Consejo Nacional de Población [CONAPO], 2010).

La metropolización de la ciudad no solo centraliza a la población en ciertos territorios, sino que también vuelve complejo la cobertura de servicios por el alto índice poblacional. Aunado a esto, la urbanización salvaje y capitalista bajo la lógica del consumo y gentrificación, se inclina más por la generación de las nociudades determinadas por la exclusión. Por su parte, la urbanización con perspectiva social se compone de políticas integrales de desarrollo de infraestructura para la dotación de servicios y garantía de derechos, tales como la salud y educación, así como el diseño de ciudades compactas e integradas.

Desde inicios del siglo XXI, Ciudad Juárez ha sido catalogada como símbolo de la

mala gestión del territorio y de un pésimo desarrollo urbano que tiene consecuencias sociales y económicas negativas […] es una de las ciudades con un tejido urbano muy frágil y en necesidad de reparación, porque en las últimas tres décadas registró un crecimiento acelerado, caótico y disperso, particularmente entre el 2000 y el 2010, cuando se expresa en el paisaje como una colección incongruente de fraccionamientos, maquiladoras y lotes baldíos. (Minjáres, 2014, s.p)

Para conocer lo grave del crecimiento urbano sin control, se tiene que del 2005 al 2010, la mancha urbana creció 11 veces más que la población (Minjáres, 2014), agravándose la situación al contemplar que con la crisis de seguridad generada por la declaración de la “guerra contra el narcotráfico” hecha por el expresidente del país, Felipe Calderón, el número de viviendas abandonadas incrementó ante el éxodo de miles de familias perseguidas por el crimen organizado.

Dicha desorganización urbana ha contribuido a la vulneración de la población, especialmente de mujeres, niñas, niños y jóvenes, propiciando espacios de violencia de género, incluida la violencia sexual (García, 2016). Al no tener una política urbana de ordenamiento territorial y crecimiento sustentable, también se vulnera la seguridad de las mujeres, quienes al ser violentadas por su condición de género, suelen arriesgar la vida ante una sociedad patriarcal marcada por los frecuentes casos de feminicidios desde hace 30 años. En Juárez comenzó la ola migratoria a partir de su conversión en zona de atracción laboral, particularmente en la década de 1990, bajo el Tratado de Libre Comercio (TLC) de América del Norte entre Canadá, Estados Unidos y México, abriendo la frontera norte para la instalación de la maquiladora o “fábricas”, como localmente se les identifica. Resultado de esta política, inició una dependencia económica de la industria maquiladora, fomentando la precarización laboral vinculada a los altos índices de pobreza y marginación, así como al desarrollo urbano desordenado, aumentando los territorios periféricos y disminuyendo la calidad de los servicios públicos (Pineda & Herrera, 2007). Para esto, la industria maquiladora comenzó su contratación dirigida en su mayoría a mujeres, desde un punto de vista estigmatizante, considerando que serían de mayor productividad por los roles establecidos socialmente por su sexo.

La maquiladora en la frontera norte poco ha tenido en sus metas el contribuir al desarrollo social. Su objetivo desde la instalación en estos territorios ha sido la obtención de mano de obra barata, sin preocuparse por mejorar las condiciones de vida de las personas obreras. De esta manera, la precarización y empobrecimiento de Juárez tiene rostro de mujer obrera y explotada, quienes tienen que doblar jornadas laborales para cubrir las necesidades básicas de sus hogares, además de ser, en muchas ocasiones, el único sustento económico del hogar al ser madres cabeza de familia. Es de esta manera como mujeres, especialmente jóvenes y empobrecidas de diversas partes del país, sobre todo zonas rurales, se ven motivadas a desplazarse a una ciudad de aparentes oportunidades.

Género y ciudad: la exclusión y violencia hacia las mujeres en el espacio urbano

Para la investigadora del Colegio de la Frontera Norte (COLEF), Julia Monárrez, la violencia de género es el reflejo de la desigualdad vivencial de espacios públicos y privados entre las niñas y los niños,

es consecuencia de la discriminación y los obstáculos que se les presentan para disfrutar de las mismas oportunidades que los hombres en el ejercicio pleno de su vida y de sus derechos en los espacios económicos, culturales, sociales y políticos, que requieren ser salvaguardados por el Estado en una sociedad democrática. (Monárrez, 2010, p. 233)

En ese sentido, la violencia de género se presenta en el espacio privado: familia y hogar, entre otros; así como en el público: colonia, comunidad y ciudad. Las mujeres se tienen que enfrentar a una serie de obstáculos para el uso del espacio público, desde las agresiones con vocablos sexistas, hasta evitar lugares que las pongan en peligro y estar asediadas por mensajes derivados de una ideología patriarcal que inundan las calles. Para la antropóloga mexicana, María de la Paloma Escalante, la ciudad se diseñó pensando en el hombre, ya que muchas de las ocupaciones de la mujer son únicamente dentro del hogar, y por esto, al salir de él y apoderarse de las calles, transgreden los estereotipos asignados desde una concepción patriarcal (Escalante, 2007).

Para Shelley Buckingham, la vulneración de la seguridad y derechos de las mujeres no solo se enfoca en ciertas zonas con rezagos sociales y de infraestructura, sino en toda la ciudad, precisamente porque su diseño está basado para el uso del hombre, quien es el que frecuenta más los espacios públicos, de diversión, laborales, etc., y por lo tanto, hay zonas que estructuralmente incitan a generar esta violencia, “[c]alles sin salida, vías poco iluminadas, y parques públicos típicamente dominados por actividades masculinas, son algunas de las circunstancias sociales y estructurales que generan sentimientos de miedo en mujeres que transitan por espacios públicos” (Buckingham, 2010, p. 318).

Esta violencia histórica contra las mujeres ha tenido grandes consecuencias en los últimos años, siendo el feminicidio un claro ejemplo de este fenómeno. Este término se utiliza ante las condiciones de violencia extrema utilizadas en contra de las mujeres, solo por el hecho de ser mujer. Julia Monárrez y César Fuentes interpretan la definición de Redford y Russell, como “el asesinato de mujeres por ser mujeres, cometido por hombres desde su superioridad de género, utilizando como una política misógina de exterminio” (Monárrez & Fuentes, 2006, p. 45). A esta definición le agregan los siguientes elementos:

[…] la relación inequitativa entre los géneros, la estructura de poder y el control que tienen los hombres sobre las niñas y mujeres para que ellos dispongan el momento de su muerte; los motivos a los que se recurre para justificar el asesinato; los actos violentos que se ejercen en el cuerpo de la víctima; la relación de parentesco entre la víctima y el victimario; los cambios estructurales que se dan en la sociedad; la falta de investigación y procuración de justicia por parte de los aparatos de impartición de justicia, y la responsabilidad y/o complicidad del Estado. (Monárrez et al., 2010, p. 460)

Para Julia Monárrez, la violencia estructural de Ciudad Juárez se compone a partir del proceso de industrialización, el incremento del empobrecimiento urbano, las diversas etapas migratorias y crecimiento demográfico, así como la disputa de cárteles de la droga (Monárrez et al., 2010). Por su parte, el investigador social, Alberto Aziz, atribuye cinco aspectos: el efecto de la ubicación de la ciudad, frontera como zona de traspaso de droga al principal país consumidor; déficits sociales como pobreza, exclusión, consumo de droga, prostitución y rezago educativo; mal desarrollo urbano; segregación de múltiples zonas de la ciudad, colonias sin servicios básicos ni infraestructura, presencia de pandillas —existen alrededor de 500 pandillas de 15 a 25000 miembros aproximadamente y al menos 30 de ellas ligadas a los cárteles de las drogas—, y corrupción de autoridades, vínculo entre autoridades gubernamentales con el crimen organizado (Aziz, 2012).

Para Servando Pineda y Luis Alfonso Herrera, investigadores sociales y académicos juarenses:

En la industria maquiladora los roles tradicionales fueron alterados sin contar con redes de protección ciudadana que pudieran responder al nuevo modelo, que ha dejado secuelas tan lamentables como la propia violencia doméstica que acaba con las familias y a veces con las vidas, y de manera alarmante los asesinatos de mujeres conocidos ya en todo el mundo. (Pineda & Herrera, 2007, p. 423)

Este fenómeno de violencia de género tiene su base en la incorporación de la mujer al campo laboral, especialmente en la primera etapa de industrialización en donde se prefería la mano de obra femenina, contrastando con la cultura misógina y machista. De esta manera, las mujeres obreras de Ciudad Juárez, y las mujeres en general, no solo son limitadas a lo dictado por la postura masculina en el hogar, misma que en ocasiones las reprime por trabajar, sino que también se enfrenta a una serie de estigmatizaciones sociales al ser señaladas por el abandono y descuido de las y los hijos, así como por la vulnerabilidad laboral al ser acosadas sexualmente y discriminadas por razones de género, complicándose más siendo adolescentes empleadas. Para Monárrez, Cervera, Fuentes y Rubio esta situación de vulneración se debe principalmente a la libertad que fue concedida a la industria maquiladora, quienes podían hacer lo que quisieran con tal de no irse de tierras fronterizas y brindar empleo, impidiendo la sindicalización y violando tratados internacionales como el de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre cuestiones de género y contrataciones de menores de edad (Monárrez et al., 2010). Si bien, como lo menciona Buckingham, la ciudad tiene una construcción desde la lógica patriarcal, las violencias a las mujeres se agravan en consecuencia de sus contextos. Para las mujeres obreras y empobrecidas, hay una doble exclusión: por género y por clase social, es decir, mujeres que afrontan la inseguridad de un transporte público deficiente, la falta de alumbrado y pavimentación, complicando su regreso al hogar (Herrera, 2010). Para la académica Saraí García, la falta de planeación urbana de una ciudad como Juárez, está estrechamente ligada con las situaciones de feminicidios, aunado a discursos gubernamentales misóginos que culpan las acciones de las mujeres como justificación de sus asesinatos o desapariciones (García, 2016). Por lo tanto, ante este panorama,

[…] las mujeres jóvenes viven y experimentan cierta resistencia en hacer uso de lo urbano, en el aspecto de que prefieren callar, abandonar, retirarse e incluso normalizar las violencias que se padecen ya sea, en el espacio público como en el privado, porque es la parte que según ellas les toca porque el ser mujer en sí, ya representa un factor de riesgo. (García, 2016, p. 76)

La tolerancia gubernamental ante el historial feminicida en la ciudad hace pensar sobre la ausencia de la prioridad de los derechos de las mujeres en la agenda pública, en una urbe donde se prioriza mayormente la industria maquiladora. El feminicidio en el espacio público, su falta de investigación, tolerancia social e impunidad, envían el mensaje de que las mujeres no tienen el derecho de disfrutar estos espacios, y que por lo tanto, andar en la calle o el modo de vestir, justifican las violaciones, desapariciones y asesinatos. Para García, el miedo a lo urbano, a transitar la ciudad, especialmente mujeres solas y en la oscuridad, está ligado a las condiciones de infraestructura y carencia de planeación urbana,

[…] espacios abandonados, deteriorados, destruidos y marginados, como casas, parques, baldíos y calles desoladas […] son factores que propician el que las mujeres jóvenes sean víctimas de violencia en su tránsito por la ciudad mayormente abordada por hombres. Evidencia de ello, son los cientos de mujeres que desaparecen o que aparecen con violencia sexual en la vía pública, en lotes o terrenos baldíos, así como en las llamadas fosas clandestinas de mujeres. (García, 2016, p. 99)

Entonces, es debido a la violencia estructural que viven las mujeres en el espacio público, que se amerita contemplar dentro de las políticas públicas la transversalización de la perspectiva de género con el fin de disminuir las situaciones de riesgo. Una ciudad como Juárez, diseñada urbanamente desde la concepción patriarcal capitalista y carente de estas políticas, ha propiciado que al menos en los últimos 30 años cientos de mujeres hayan desaparecido, sido asesinadas, violentadas física y sexualmente, o hayan sido desmembradas en esos espacios que llamamos “públicos”: casas abandonadas o destruidas, lotes baldíos, parques deteriorados, calles oscuras, lugares en “donde lo único que en ocasiones se rescata son sus restos de lo que en vida fueron” (García, 2016, p. 139).

Ciudad Juárez: relación entre el espacio urbano y los feminicidios

La frontera entre México y Estados Unidos nació hace más de 160 años y tiene una distancia de 3 000 kilómetros. Está compuesta por diez estados, seis del lado mexicano y cuatro en territorio estadounidense, y por aproximadamente 50 ciudades de ambos lados, siendo Tijuana/San Diego la zona fronteriza más grande e importante. Al igual que muchas ciudades mexicanas, las zonas fronterizas se caracterizan por una serie de rezagos sociales y urbanos que complican o limitan el desarrollo social de estos lugares. Para la literata Cathy Fourez, las ciudades fronterizas del norte de México se han convertido en el basurero nacional y de Estados Unidos. Aquí se instalan las grandes industrias con salarios precarios, se reutilizan vehículos y camiones que ya no son aptos en suelo estadounidense, se asesina sin piedad a las mujeres como si fueran objetos y no personas, y se utiliza el territorio para el desecho de miles de cuerpos asesinados. En otras palabras, son lugares de exclusión y es precisamente por estas ciudades donde se expulsa al migrante (Fourez, 2008).

Ciudad Juárez presenta años de rezago social y urbano que condena a sus habitantes a una vida precaria de diferentes maneras tales como vivienda, seguridad pública, transporte, educación, iluminación, conectividad, espacios públicos de calidad, equipo y mobiliario urbano. Por lo tanto, puede considerarse un vínculo importante entre las condiciones urbanas y la violencia en la ciudad, incluida la violencia de género. Desde 1993, diversas organizaciones de la sociedad civil como el Comité Feminista 8 de Marzo, Mujeres por Juárez o Voces sin Eco, se dieron a la tarea de comenzar a registrar el número de mujeres encontradas sin vida por toda la mancha urbana.

A falta de interés por parte de las esferas gubernamentales, e incluso tratando de ocultar los hechos, esta violencia extrema comenzó a ser visibilizada por las organizaciones preocupadas por el fenómeno tan grave de violencia en la ciudad. Es difícil mencionar cifras concretas, ya que se ha complicado la manera de catalogar el feminicidio —término reconocido nacionalmente a partir de este fenómeno en Ciudad Juárez—, así como la metodología tanto de las organizaciones civiles como del Gobierno difieren. Según datos de la Red Mesa de Mujeres,² desde hace 20 años hay poco más de 140 recomendaciones estatales, nacionales e internacionales en Ciudad Juárez por el tema de la violencia de género y feminicidios (2022).

Un estudio llevado a cabo por Julia Monárrez,³ determina que el feminicidio puede estar vinculado con la situación urbana de Ciudad Juárez, ya que el 48,4 % de los casos se han dado en lotes baldíos, mientras que el 38,8 % en las vialidades principales de la ciudad. Por su parte, las causas para el feminicidio son muy diversas y no existe un patrón en general, el 28,5 % se dio en ambiente íntimo (dentro del hogar, problemas familiares, etc.), el 25,3 % por acto sexual sistémico (secuestro, violaciones, mutilaciones, etc.), el 12,4 % fue comunitarias (riñas por pandillas, conflictos vecinales), el 9,3 % por narcotráfico (ejecuciones, privación de la libertad), y el 5,7 % por estigmatización de la ocupación (asesinatos de meseras, prostitutas, bailarinas, etc.).

Para Luis Ernesto Cervera y Julia Estela Monárrez, investigadores del COLEF, quienes a través de una muestra de datos oficiales diseñaron un análisis sobre la georreferenciación de los problemas de seguridad que más se presentaban en la ciudad, tales como homicidios, feminicidios y delincuencia juvenil, perciben que estos actos de delincuencia tienen raíz en un proceso estructural, al evidenciar un patrón específico que demuestra ciertas áreas o zonas claves de delincuencia vinculadas a una serie de condiciones de marginación urbana y carente de infraestructura. Es decir, el caso de los feminicidios y de la delincuencia juvenil tiene un gran vínculo con zonas carentes de espacios de recreación, cultura, deporte, servicios básicos y planificación urbana, siendo incluso los lotes baldíos zonas predominantes para esta violencia.

Entonces para Cervera y Monárrez, estas zonas claves o clusters, como los definen, son “zonas de exclusión social, que marcan patrones espaciales de marginalidad urbana donde se analiza espacialmente la geografía de la violencia (el crimen, el robo, la delincuencia juvenil, etcétera)” (Cervera & Monárrez, 2013, p. 51). Frente a esto, se identifica que los más vulnerados ante las situaciones de violencia son la población joven y mujeres empobrecidas sin opciones de empleo, sin estudios y sin algún tipo de oportunidad. ¿Qué relación tiene ser una zona marginada con la vulneración a la violencia en la ciudad? La falta de infraestructura que impide la satisfacción de necesidades básicas de recreación, educación, cultura, salud, entre otras, así como la limitación a una vida digna. Esta situación social impuesta desde un ente político-económico puede condicionar a diferentes sectores de la población, como las y los jóvenes, a ser partícipes del crimen el cual se convierte en la única opción para mejorar las condiciones de vida (Pineda & Herrera, 2007).

Según el estudio de Cervera y Monárrez, hay un total de 67 colonias críticas relacionadas con el feminicidio en Ciudad Juárez (cerca del 35 % de las colonias totales de la ciudad), de las cuales 19 se encuentran en zonas periféricas, representando el 28 %. Nuevamente se retoma el tema de lotes baldíos como un espacio vinculado a la ejecución de actos delictivos y de violencia, ya que, en el caso de los feminicidios, el 48,4 % se cometió en estos lugares (Cervera & Monárrez, 2013). ¿Qué relaciona los lugares periféricos con los feminicidios? La situación de abandono urbano y social, o la desigualdad urbana que vulnera a las mujeres que viven en estas colonias. La ausencia de alumbrado público, la gran cantidad de lotes baldíos, la falta de seguridad pública y el hecho de que la mujer tenga que trabajar en diferentes horarios del día para cubrir los gastos del hogar —sin olvidar el abandono de muchas niñas y niños solos en los hogares—, crea un sentido de riesgo que es aprovechado por el o los victimarios para cometer estos asesinatos o violaciones ante la cultura de impunidad de un Estado omiso.

Para Marcela Lagarde, antropóloga y feminista mexicana, los feminicidios son un acto de política de exterminio, especialmente los cometidos en la zona fronteriza norte (Lagarde, 2015), mientras que para Rita Segato, antropóloga y feminista argentina, son catalogados como crímenes de poder (Segato, 2008), y para el caso de Ciudad Juárez comienza a documentarse en la década de 1990. Los primeros casos fueron detectados en lotes abandonados y a los extremos de la mancha urbana, mientras que en los recientes años, especialmente después de la declaración de la guerra contra el narcotráfico en el 2007, aumentaron los casos en los espacios públicos y vías principales. Esto reforzado por una política de misoginia carente de estrategias de investigación y prevención de estos delitos. Lo que representa que en Juárez ha quedado claro desde años atrás que la vida de las mujeres no representa alguna preocupación gubernamental.

La política neoliberal de hacer ciudad contribuye a que las mujeres transiten por espacios de inseguridad ante la necesidad de llevar a cabo su vida cotidiana. El ir y venir en Juárez para las mujeres —en especial las obreras que tienen que salir de sus hogares en la oscuridad de la madrugada para tomar el transporte a la maquiladora durante el primer turno, o bajarse del mismo transporte a altas horas de la noche al terminar el tercer turno; recorrer largas distancias caracterizadas por alumbrado público deficiente, lotes baldíos o casas abandonadas; doblar jornadas laborales o estar expuestas al acoso laboral para poder obtener mejores puestos—, son obstáculos para la garantía de su seguridad y su vida. Según las conclusiones de Cervera y Monárrez, los lotes baldíos generados ante la distribución desordenada de viviendas económicas en la ciudad y las vialidades principales, es donde han ocurrido el mayor número de feminicidios (Cervera & Monárrez, 2013).

Algunos casos emblemáticos

Como se mencionó, en 1993 organizaciones de la sociedad civil comenzaron a documentar diversos feminicidios realizados en Juárez, ante el desinterés en las tres esferas gubernamentales para darles atención. Activistas en defensa de los derechos de las mujeres notaron una situación grave de violencia hacia ellas, que pareciera solo era perceptible para quienes se comenzaron a indignar. Así, desde ese año hasta la actualidad, las desapariciones y feminicidios no han cesado. Si no fuera por dichas activistas, tal vez seguirían pasando desapercibidos estos hechos.

Desafortunadamente, varios han sido los casos emblemáticos que han evidenciado el grave problema de los feminicidios y la situación urbana de la ciudad, sobre todo al hablar de victimarios seriales, debido a los cuerpos encontrados en grupo. Según los registros por organizaciones de la sociedad civil, durante cerca de 30 años se han realizado asesinatos de mujeres por toda la mancha urbana. Los siguientes casos memorables se rescatan desde la experiencia de vivir en Ciudad Juárez la mayor parte de mi vida, así como por evidencia periodística que ha funcionado para documentar la triste historia de la muerte y desaparición de miles de mujeres y niñas:

En 1995, se encontraron los restos de cuerpos de ocho mujeres en un terreno baldío ubicado en los límites sur de la mancha urbana, conocido como Lote Bravo. Estos terrenos eran propiedad de empresarios, de los que se les considera “dueños de la ciudad”. Alrededor, lo más cercano eran las naves industriales. Un año después, cerca de la colonia Lomas de Poleo, fueron hallados los restos de cuerpos de siete mujeres. Esta comunidad se localiza al norponiente de Juárez, caracterizada históricamente por los rezagos sociales, el empobrecimiento y la marginación. Además, es la parte de la ciudad que colinda con el estado de Nuevo México, en Estados Unidos, ubicado exactamente en los límites fronterizos (Red Mesa de Mujeres, 2022).

En noviembre del 2001, se localizaron los restos de cuerpos de ocho mujeres en un terreno anteriormente utilizado como Campo Algodonero, y que para ese entonces, ya estaba sin uso, cercano al primer parque industrial de la ciudad. Este caso llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos las deficiencias en la investigación de tres de los ocho expedientes, obteniendo una sentencia en contra del Estado Mexicano en noviembre del 2009. Pocos meses después del caso del Campo Algodonero, se detectaron los restos óseos de varias mujeres en las faldas de la Sierra de Juárez, conocida como Cristo Negro y colindando con la zona periférica del norponiente, caracterizado por altos índices de rezago social (Red Mesa de Mujeres, 2022).

Del 2008 al 2013, se encontraron los restos de cuerpos de 11 mujeres en la zona conocida como Arroyo del Navajo, en el Valle de Juárez. Este territorio es la parte rural de la zona metropolitana, y desde hace 12 años ha disminuido su población a menos de la mitad por el éxodo ante la situación de violencia. Durante el periodo que fueron encontrados los restos de las mujeres asesinadas, era una zona custodiada en su mayoría por elementos del ejército (Pérez, 2014). Este caso logra la primera sentencia por el delito de feminicidios en el estado de Chihuahua. A principios del 2011, Susana Chávez, poeta y activista juarense, creadora de la frase “ni una menos, ni una muerta más” fue asesinada en una de los miles de hogares abandonados que hay en la ciudad. Susana, por años se manifestó en contra de los feminicidios de la ciudad (Nájar, 2011). A principios del 2020, una activista más fue víctima de feminicidio. La feminista promotora y defensora de los derechos de las mujeres, integrante del colectivo Hijas de su Maquilera Madre, Isabel Cabanillas, fue asesinada en la zona centro de Ciudad Juárez, lugar que por más de 20 años ha sido el sector principal de desapariciones de mujeres, sobre todo jóvenes (Lucero & Rubio, 2022).

Conclusiones

Si bien de manera histórica y por su ubicación geográfica Ciudad Juárez se ha caracterizado por ser una urbe violenta e insegura, después de la “guerra contra el narcotráfico” la situación se agravó. Una de las principales batallas entre carteles de la droga por el dominio de la plaza, se dio en esta ciudad carente de estrategias de seguridad, además del vínculo entre las esferas gubernamentales con estos grupos delictivos. La violencia transgredió la vida pública de la ciudad, teniendo como resultado el abandono ciudadano de los espacios públicos. Aunque toda la población se encuentra en un estado de vulneración, son grupos poblacionales como las mujeres y las niñas, quienes están en una situación de riesgo mayor, ante las omisiones históricas del Estado para garantizarles su vida y su seguridad.

La ausencia de planeación urbana en el desarrollo de la ciudad; la omisión del Estado ante las desapariciones de mujeres y niñas; la falta de justicia para los cientos de casos de feminicidios, incluido el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del Campo Algodonero, forman parte de una estrategia de misoginia reflejada en las políticas gubernamentales. Hombres con gran poder político y económico son quienes forman el futuro de esta ciudad precarizada, en donde las mujeres representan la mano de obra barata y son la imagen del empobrecimiento. Por esta razón, también en Juárez el activismo ciudadano tiene rostro de mujer, porque históricamente han sido invisibilizadas en un espacio de confrontaciones políticas, sociales, culturales y económicas. Han sido el último eslabón cuando de garantizar derechos y generar desarrollo social se trata. Ante la exclusión, la organización entre ellas ha sido la mejor y única opción. Pese a que la vulneración de la seguridad y vida de las mujeres juarenses es generalizada, la historia de las desapariciones y feminicidios visibilizan la interseccionalidad de las violencias. Mujeres empobrecidas, morenas, migrantes, maquiladoras, jóvenes y habitantes de las periferias, han sido el perfil construido desde que en 1993 se comenzó el registro. Esto evidencia la necesidad de generar políticas de atención a estas poblaciones de manera integral, que permitan la reducción de riesgos, tales como brindar mayores oportunidades educativas que posibiliten otros horizontes laborales aparte de la maquiladora; espacios de cuidados a hijas e hijos de madres trabajadoras, especialmente ante el importante porcentaje de hogares en donde las mujeres son el único sustento económico; promoción de los derechos de las mujeres y sensibilización a funcionarios públicos con el fin de aumentar la cultura de la denuncia ante agresiones y violencia familiar; investigar los delitos hacia las mujeres desde un enfoque de género; y dotar de servicios básicos de calidad a colonias con mayor rezago en infraestructura.

La injusticia es el máximo reflejo de la tolerancia al asesinato, violación y desaparición de las mujeres. Aunque es necesario generar estrategias para la prevención de estos delitos, también es urgente brindar justicia a los cientos de casos históricos en la ciudad. La reparación del daño a los eventos pasados y la prevención de casos futuros, son un gran reto gubernamental. Por su parte, la planeación y ordenamiento del espacio desde una perspectiva de género, contribuye directamente a la atención de las diversas problemáticas y necesidades urbanas de la ciudad: atacar la destrucción, el abandono y ocupar el espacio público. Juárez ha sido el experimento de la política neoliberal, generando un espacio en donde se pudieran ver sus máximos resultados, entre ellos, la cosificación de los cuerpos de las mujeres, minimizándoles a ser unos residuos óseos y desechables en los miles de lotes baldíos de la ciudad.

La política gubernamental representa lo que se hace, pero también lo que se omite, sea de manera voluntaria o de manera estratégica. En Ciudad Juárez parece que la omisión es parte de la planeación minuciosa. ¿Cómo puede sostener una ciudad un proceso histórico de violencia extrema hacia las mujeres de manera continua por casi 30 años sin algún efecto de prevención y resolución de casos? La respuesta podría ser justamente la organización y encubrimiento desde las élites que tienen el poder de decisión, apoyadas por una cultura misógina que respalda las políticas de exterminio de las mujeres que consideran “desechables”.

De esta manera, la cultura misógina y de odio a los cuerpos de las mujeres, su objetivación para la perseverancia de la criminalidad organizada, el abandono del uso del espacio público para fines recreativos por causas de la violencia, y el uso de los baldíos para la materialización más aguda de la violencia de género, más que como causa principal, son un dispositivo de violencia previa ya existente. El desarrollo de la ciudad desde una perspectiva de género no erradicará la violencia contra las mujeres, ya que este permea en la cultura de misoginia del patriarcado, pero sí puede aportar en la disminución de condiciones de vulneración y de riesgos para las mujeres.

Una ciudad incluyente y segura puede contribuir a disminuir los riesgos de las mujeres y niñas que transitan y viven en Juárez. Colonias cubiertas de servicios públicos pueden mejorar las condiciones de salud, educación y seguridad de las mujeres y niñas que habitan esas zonas. Contemplar el acceso a la vivienda digna para las mujeres, abona al empoderamiento e independencia, así como a su seguridad. En general, una política y planificación urbana con el enfoque de vivir la ciudad desde el ser mujer, hace justicia a la invisibilización y violencia histórica en una de las ciudades más violentas de Latinoamérica.

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Notas

² La red está compuesta por 10 organizaciones de la sociedad civil que han trabajado durante años el tema de los derechos humanos de las mujeres. Los servicios que ofrecen se dirigen a los aspectos de salud, desarrollo comunitario, educación, derechos laborales y atención a mujeres en situaciones vulnerables. Véase en http://www.mesademujeresjuarez.org/.

³ Esta investigación se dio únicamente con una pequeña muestra de los casos de feminicidio en total, ya que la demás información estaba restringida o carecía de datos exactos.

Declaración de intereses

* Investigador social en temas referentes a los derechos humanos