Introducción: las bases empíricas de la reflexión teórica

La globalización y su política manifiesta: el neoliberalismo ha impulsado en las úl­timas décadas un urbanismo que adapta la construcción de la ciudad y las nuevas formas urbanas a la fragmentación y disper­sión mediante la compresión del espacio-tiempo, que el capitalismo tardío impulsó a través de la aceleración de los procesos económicos, la creciente mercantilización de la vivienda, los símbolos culturales y la transformación de la experiencia subjetiva de su producción y reproducción (Harvey, 2004). En este contexto, se han desarrolla­do mutaciones importantes en los procesos de reproducción social de la ciudad, en una recomposición social o bien en una parcelación y separación más aguda de las clases y los grupos que la conforman.

En la actualidad, se han empezado a cuestionar las funciones de los espacios urbanos con el argumento de que el espa­cio propio del urbanismo moderno perdía protagonismo e importancia frente al es­pacio de flujos que impulsó el urbanismo posmoderno, donde todo se mueve y nada se fija. El resultado, se aducía, era la pérdida de espacios de convivencia, sociabilidad, encuentro, recreación e identidad y, en consecuencia, se generó una mayor segre­gación y exclusión social. Para esta línea de pensamiento, el concepto de espacio públi­co tuvo un lugar destacado, ya que no solo se le consideró como un elemento físico constitutivo de la trama urbana, sino que también se consideró como un instrumento político que contribuía a la cohesión social y a la integración de los sectores excluidos o vulnerables, capaz de contrarrestar la incontrolable fluidez y el desarraigo territo­rial del capitalismo tardío (Bauman, 2005; Castells, 1996), dar empleo y desarrollo económico (Segovia & Jordan, 2005), y además, al acceder a él, se alcanzaría lo que se ha denominado el derecho a la ciudad (Carrion, 2007; Borja & Forn, 1996).

Esta idealización del espacio público, originada e importada de la filosofía política (Narciso, 2014), ha sido vital en los estu­dios urbanos, y ha reproducido modelos “demasiado encorsetados en una previsi­ble y aburrida red de oposiciones binarias” (Estévez, 2012), como público-privado y se convirtió en la base hegemónica de los discursos políticos y académicos con­temporáneos; evidentemente el trabajo de investigación partió de la necesidad de realizar una revisión bibliográfica sobre el tema que queda integrada en el documento de Narciso (2014).

Cuando quisimos comprobar estos supuestos en el espacio público específico de Cuernavaca, localizada a una hora de la Ciudad de México, a partir de un análisis concreto que llevara a ejemplificar estos procesos en el estudio de caso, nos encontramos lo contrario (Narciso, 2014). Un trabajo de investigación de más de dos años que tuvo como objetivo reconceptuar, a partir de la forma como se construyen, apropian y usan los espacios públicos en la ciudad, nos llevó a conclusiones empíricas contrarias a las que los supuestos maneja­ban sobre estos espacios. A partir de un estudio detallado de la tipología de los es­pacios públicos de la ciudad, se identifica­ron los conceptos definidos por diferentes agencias estatales o privadas; esta se obtuvo de la recolección de información oficial que se encuentra solo en los archivos de la ciudad, en un reconocimiento de usos del suelo y en el conocimiento de los funcio­narios públicos, lo cual permitió identificar los diferentes espacios públicos ¹ .

La profundización del uso, transforma­ción y apropiación de esta investigación se llevó a cabo en tres lugares concretos: La Plazuela del Zacate, el parque CRI CRI y el Centro Comercial de Galerías. En cada uno se trabajó cualitativamente con 80 en­trevistas semiestructuradas (240 en total) y con observación participante durante siete días de la semana en diferentes ho­rarios (mañana, medio día y noche), que permitieron acercarnos a una experiencia de lo cotidiano de los diferentes agentes que los usaban, apropiaban, transforma­ban o percibían. Encontramos tres formas de espacio público correspondientes a los antes mencionados: la primera, como parte del centro histórico de la ciudad, que servía de paso para las funciones públicas y de es­parcimiento de jóvenes en las noches o los fines de semana; la segunda, como lugar de borde de las zonas del mercado central de la ciudad que permitía la recreación de las clases populares o la obtención de trabajo de plomeros, albañiles u otras especialida­des; la tercera, forma parte de los nuevos centros comerciales neoliberales que han proliferado como lugares de recreo y espar­cimiento de las clases sociales acomodadas.

Así, el análisis empírico y teórico rea­lizado permitió concluir que, a diferencia de lo que se concibe, en realidad el espacio público presenta un uso fragmentado que se constituye como diferenciador social más que como integrador o cohesionador. De acuerdo con nuestro punto de vista, esta­mos frente a una construcción ideológica diferente a la definición de un espacio como un contenedor homogéneo, que se aplica y explica en todos los lugares de la misma forma o “una práctica entendida como una unidad o incluso como una políti­ca dominada por una misma perspectiva” (Delgado, 2011, p. 10). Esta discusión quedó integrada en la primera parte del artículo; en ella se analizan los diferentes conceptos que se tienen del espacio pú­blico: se hace una reflexión sobre las razones para categorizarlo como carente de significado e ideologizado. En la segunda, argumentamos que la fragmentación social y la reproducción de clase de los espacios públicos llevan a un mercantilismo urbano que dista mucho de dar las condiciones para generar un derecho a la ciudad. En la tercera, se analizan las bases con las que Lefebvre (1973) construyó su postura en relación con el derecho a la ciudad que no corresponde a la de la ciudad mercantilista, sino a la que promueve la ONU Hábitat, e incluso algunos gobiernos de izquierda de América Latina. Estos hallazgos nos han permitido poner en duda la utilidad que tiene actualmente el uso del derecho a la ciudad como instrumento para generar cohesión social y ciudadanía.

1. Un concepto carente de significado

Las ciudades en América Latina se trans­forman y se resignifican muy rápidamente, por lo que un espacio público, un público, una opinión pública o hasta un servicio o bien público son cosas que ciertamen­te cambian de forma muy “natural” y, al mismo tiempo, muy objetiva, a partir de las determinantes políticas, ideológicas, sociales y culturales que dictan las trans­formaciones de la ciudad (Narciso, 2014). Hablar hoy de espacio público es hablar de un concepto polisémico y altamente cam­biante e idealizado, que puede tener múl­tiples significados dependiendo del autor y del momento en que se construyó, pero al mismo tiempo es un concepto en donde se incluye a toda la ciudad, excepto la vivienda que es privada.

Como componente ideológico pri­mordial de lo urbano, el uso del concepto de espacio público se convierte en un ele­mento de discusión en los estudios urbanos a partir de los años setenta, al interior de las ciencias sociales, destacando la sociología, la geografía, la antropología y el urbanismo, al ser tomado este como un componente urbano capaz de sostener o desencadenar otros procesos económicos y culturales (Portas, 2003); al mismo tiempo, es un elemento que “supuestamente” permite entender la metrópoli contemporánea (Du­hau & Giglia, 2008) a partir del análisis de su uso, forma y estructura.

Las discusiones que actualmente se despliegan de forma persistente en el es­tudio del espacio público, sin embargo, se han desarrollado al margen de una con­ceptualización práctica o de un abordaje del lugar y de las relaciones de poder que en él se desarrollan, y se asume como una realidad dada, incuestionable, es decir, co­mo un espacio absoluto. El vacío de sentido y significado que se concretiza a partir de realidades arbitrarias heredadas de la mo­dernidad, pero que lo identifica en la actualidad como algo que es capaz de regenerar, integrar y disolver las diferencias sociales, se ve interrumpida por el neoliberalismo, perdiendo su condición de libre acceso e igualdad, ganando nuevos significados, a través de nuevas formas urbanas.

Pero ¿qué significado tiene realmente el concepto de espacio público? Responder esta pregunta es un tanto complejo, ya que el resultado de nuestra investigación mues­tra que hay tantos espacios públicos como realidades existentes; de hecho, hoy más que nunca los significados desde una con­cepción instrumental son múltiples y cada quien hace un uso del concepto de acuerdo con las necesidades que persigue. Esto fue claro en el trabajo de campo, en el cual no existe un solo espacio que se comporte de una forma similar, porque esto depende de las prácticas cotidianas de clase de los grupos que se lo apropian o usan.

La construcción del espacio público en la ciudad de Cuernavaca y las especi­ficidades que ahí encontramos nos han permitido entender e interpretar a escala local los diversos significados que adquie­ren dichos espacios, pero también verlos como dimensiones cambiantes, ya que las transformaciones socioeconómicas por las cuales ha pasado, redefinen sus funciones y las percepciones que los habitantes tienen de estos. El tema adquiere mayor relevancia cuando se asocia con las formas diferen­ciadas de uso y de apropiación que tienen los lugares, la calidad física y relacional del entorno construido, las prácticas sociales que en ellos se desarrollan, las formas orga­nizativas de los agentes que los usan y trans­forman así como con la oferta cultural que ahí se promueven (Ramírez Kuri, 2009). Por ello, consideramos relevante, en una aproximación y razonamiento relacional, analizar los elementos físicos, institucio­nales, así como los programas y políticas de intervención, destacando sus objetivos, limitaciones y contradicciones que permi­ten comprehender las formas materiales e inmateriales que adopta el espacio público a diferentes escalas.

Al adentramos en las diferentes tipolo­gías de los espacios públicos de Cuernavaca, encontramos contradicciones dadas por las calidades inherentes en cada una de ellas. Se identifican como espacios públicos a partir de criterios preestablecidos, encargados de hacer su intervención, desarrollo o manu­tención; se consideraban en un mismo nivel distintos tipos de espacio como parques, jardines, plazas, camellones, aceras, calles, fuentes, áreas verdes, jardineras, glorietas o unidades deportivas. Esta identificación fue importante para conocer los espacios existentes, su cuantía y distribución al in­terior de la ciudad, su estado físico actual y su evolución en el tiempo, así como la intervención que hacen las diferentes ins­tituciones de gobierno para mantenerlos, mejorarlos o cambiarles su imagen y las contradicciones existentes en estas. Tam­bién permitió observar la vivencia que los ciudadanos hacen de ellos, las conexiones y las relaciones existentes entre los diferentes grupos sociales que las usan y su vincula­ción con las instituciones.

Con el análisis histórico conocimos los principales espacios públicos de Cuer­navaca en su formación. Cuando decimos principales, nos referimos a los que se iden­tificaron de acuerdo con la conformación y crecimiento de la ciudad y con los distintos momentos que marcaron su configuración territorial y su tipología (plaza, jardín, par­que). La vivencia de la ciudad evidenció, sin embargo, que había en el momento del es­tudio un mayor número de espacios públi­cos, aunque pudieran no tener la expresión y representatividad de los que acreditamos anteriormente, ya que muchos de ellos no tenían una centralidad histórica o dimen­siones “visibles”. Esto se pudo confirmar a partir de los levantamientos efectuados por los gobiernos municipal y estatal, pero mostraron una incongruencia y falta de información que fuera correspondiente con el levantamiento de campo.

El hecho de tener actores instituciona­les que intervienen el territorio de manera aislada provoca disparidades en la informa­ción, pero también en la forma, función y estructura del espacio público, que ade­más está directamente involucrada con los agentes privados. Al mismo tiempo parece haber una contradicción, ya que el espacio público no es un elemento prioritario en las agendas políticas, solo en los discur­sos. Observamos es que la intervención institucional no sigue planes o programas determinados, sino políticas de mitigación y adaptación al contexto existente, asociadas con una lógica de mercado neoliberal, patente en las recientes intervenciones del ayuntamiento denominadas de “Embelleci­miento del Paisaje Urbano de Cuernavaca”.

Cabe igualmente destacar y promover la hipótesis de que existe una visión reduccionista en la intervención del espacio pú­blico, evidenciada en el propio concepto, confundido con áreas verdes o equipamien­tos donde este programa ha intervenido (camellones, aceras, glorietas); estos, aun­que sean públicos, no permiten el recreo, la realización de actividades, la interacción social debido, en parte, a su tipología. Tam­poco mejoran la calidad del ambiente urba­no, porque son espacios muy puntuales y dispersos, y áreas muy pequeñas, pero que corresponden al imaginario de las clases pudientes de la ciudad, así como de la clase política, que ve estas intervenciones como una forma de atraer inversión nacional y extranjera.

Las estrategias de intervención de los gobiernos, así como del sector privado van determinando los agentes que usan los espacios, en lo cual la clase social es un elemento que territorializa los lugares. Los espacios públicos tradicionales, como es la plaza, el parque y el jardín, son utilizados en su gran mayoría por las clases popula­res, es el caso del Zócalo de Cuernavaca, el Jardín Juárez y el Jardín de San Juan, que son de propiedad pública, a los cuales no se da una atención, a no ser que exista una demanda política. Las clases altas, aunque reivindiquen aparentemente espacios públicos o de propiedad pública acorde con sus imaginarios colectivos, no dejan de ser meras intervenciones estéticas, porque los espacios públicos de su cotidianeidad son los espacios privados de uso público, como los centros comerciales y los clubes. Esa conciencia de clase es de tal forma intrín­seca a la misma condición que no existe una transposición de fronteras (simbólicas y sociales) entre los mismos espacios, pero eso como un elemento natural de la misma historia del espacio público.

Nos parece limitado pensar que las posibilidades de existencia de un espacio público que es de todos, como un derecho, sea un elemento heredado de la moderni­dad y que el neoliberalismo lo haya termi­nado. En realidad nunca fue de todos, sola­mente de las clases hegemónicas, las cuales se han reproducido a lo largo de la historia a través de nuevas formas y políticas urbanas, así como de la intervención privada, esto no ha hecho más que acentuar las diferencias sociales entre los grupos urbanos.

2. La función del espacio público

Si el concepto de espacio público es idea­lizado por la modernidad, también lo es su función social, ya que esta se sigue ma­nejando y reproduciendo a partir de ob­jetivos contrarios a los que el discurso de su origen marca. En las grandes ciudades contemporáneas, el espacio público se ha convertido en el resultado de un urbanismo espectacular, ostentado en obras magni­ficentes que procuran incorporarlas en el mercado global, atraer inversión y obedecer a los imaginarios idílicos de las clases medias y altas. Con ello se deja en el olvido el espacio público de las clases populares que se reproduce desde la lógica del uso que ellas hacen de él, sin apoyo económico ni gubernamental ni privado.

Se debe evidenciar que, si bien con elementos de desarrollo homogeneizan­tes este tipo de urbanismo espectacular, a pesar de que sea un principio central en la planeación urbana, ha tomado diferentes direcciones en Europa o América Latina, pues la forma y la escala con la que se han implementado han sido distintas. En el caso de ciudades medias, como la de Cuerna­vaca, las intervenciones no son de índole espectacular, sino arreglos paisajísticos, so­bre todo en las áreas de ingresos medios/ altos, que no se integran en los planes de desarrollo urbano o proyectos específicos. Otra forma de expresión de este tipo de urbanismo fue la proliferación de espacios comerciales, tipo centros comerciales y grandes plazas, que se han convertido en espacios públicos a pesar de ser privados, que han sido motivo de estudio de diversos académicos, quienes han puesto atención en las consecuencias urbanas y culturales que estos tienen (Caprón, 1997; Cornejo, 2006, 2007; Hiernaux, 2000; López Levi, 1997; Ramírez Kuri, 1993).

Cuando hablamos de un ejemplo de espacio público de la modernidad en la Ciudad de Cuernavaca (a finales del siglo XIX, principios del siglo XX) nos referimos a un espacio construido por las clases hegemónicas para su usufructo, a partir de las tipologías tradicionales como el jardín, la plaza y el parque que cumplen las funciones de recreo, esparcimiento, ver y ser visto, de encuentro entre agentes de igual condición o clase social, marcadamente homogéneos en intereses, gustos, expresiones y tradicio­nes culturales. En ellos, las clases bajas no tenían cabida y los espacios destinados a estas cumplían con funciones diferentes de las de clase alta, lo que permite cuestionar, desde entonces, la existencia de un espacio público de integración social o, incluso, de un espacio público como tal.

Autores como Sennett (1978) ya tejían esta crítica al espacio público de la moder­nidad (en sí), cuyas intervenciones denota­ban más el proceso de diferenciación social, con lo cual el autor ya preveía la tan aclama­da muerte del espacio público. En este sen­tido, los discursos actuales de una muerte o crisis del espacio público (Borja, 2005), deben ser revisados, ya que los mismos apuntan que esa muerte es consecuencia de una política neoliberal de privatización del espacio, que se puede evidenciar sobre todo en centros comerciales y condominios privados que destruyen los lazos de socia­bilidad y ciudadanía. Retomando a Sennett (1978), lo que resultó de nuestra investi­gación es que antes del neoliberalismo el espacio público ya había muerto, porque lo limitaban a ciertos grupos o clases sociales, por lo cual era selectivo y fragmentario del territorio.

En Cuernavaca, el espacio público tra­dicional de la modernidad era para las clases hegemónicas, las cuales con la revolución de 1910 trasladaron las funciones tradicionales de los espacios públicos al ámbito privado —como el jardín de la casa o el club— mucho antes de que surgieran los centros comerciales. El neoliberalismo del siglo XX indujo un nuevo análisis al espacio público a partir de los centros comerciales, de la resignificación de los tradicionales como son los jardines privados o de otros políticamente estratégicos que promueven a una forma de control social, dependien­do de la clase que los use: puede ser de recreo y trabajo para clases bajas, como el parque CRI CRI que estudiamos o una construcción idílica de embellecimiento de los camellones de sus colonias para las clases medias o altas.

En la actualidad, el espacio público se convirtió en categoría de moda de los gobiernos locales y estales sobre todo en América Latina: es sinónimo de inversión y captación de fondos del sector privado, lo que define Harvey (1989) como empre­sarialismo urbano; su organización y trans­formación es muy similar a la que se tuvo en la modernidad, ya que ha redundado en un incremento de las diferencias socia­les en las ciudades. Esta nueva forma de construir ciudad y espacio público, a partir del desarrollo del sector privado mediante sus empresas más que de la intervención pública directa del Estado, ha aumentado el número de condominios cerrados, la expansión de los centros comerciales y una imagen de intolerancia para el uso de cier­tos grupos de estos espacios públicos. De ahí que el modelo se impone homogenei­zando a la ciudad a partir de la visión em­presarial y de uso privado aun de espacios públicos. No se ofrecen soluciones reales para los problemas que las ciudades tienen, por el contrario, se imponen las soluciones que benefician el uso urbano para las clases media y alta. Harvey (1989) y Brenner & Theodore (2002) critican este nuevo urbanismo como una forma de acumulación de capital, que siguen reproduciendo los mismos ideales de las propuestas de Haus­saman, beneficiando a las clases altas y me­dias, pero no así a los desposeídos.

¿Qué es lo que actualmente hace la diferencia en el proceso de reproducción social del espacio público en el tiempo? Las representaciones del espacio defini­das por Lefevbre (1991), asociadas a una racionalidad técnica y mercantil de quien lo construye, que no son en forma alguna neutrales, ya que están vinculadas con las instituciones de poder dominante y con las representaciones generadas por una “lógica de visualización” hegemónica, lo que da como resultado: nuevas formas urbanas, como centros comerciales asociados a la reproducción del capital, nuevas experien­cias e imaginarios urbanos elitistas que las acompañan.

En el proceso de reproducción del espacio público, el Estado dispone de los gobiernos locales como actores directos e indirectos para producir en la ciudad una diferenciación social y una jerarquización de lugares, “[…] creando nuevas centrali­dades y expulsando para la periferia los an­tiguos habitantes, estableciendo un espacio de dominación” (Carlos, 2001, p. 15). Al delegar a los municipios la transformación y construcción de los espacios públicos, estos se aprovechan y, conscientes de sus limitantes, muestran y mezclan intereses públicos y privados, que van desde los del propio presidente municipal o de cualquier funcionario público responsable, hasta los de agentes privados, y grupos sociales he­gemónicos, que en ocasiones entran en conflicto con los del resto de la población.

El conflicto se genera porque posiciona intereses contradictorios en donde gana el que más puede o el que más tiene. Así, el espacio público se usa como un instrumen­to político intencionalmente organizado y manipulado por las clases hegemónicas sean públicas o privadas, y es ahí donde se reflejan las tensiones por parte de los agentes que lo disputan, dependiendo de que la administración municipal quiera de­jar su impronta y usarlo como moneda de cambio para fines electorales (un producto personalizado que compromete el voto) y de legitimación social.

Los programas y proyectos urbanos así como la privatización de funciones y ser­vicios públicos, se han convertido en uno de los principales aliados que tienen los gobiernos municipales para el desarrollo de las ciudades y para generar espacios públi­cos y privados. Estos son manejados por la gestión del gobierno mediante organismos autónomos o formas empresariales que vin­culan la cooperación pública con la privada.

El conflicto surge debido a que los agentes privados orientan las intervencio­nes de acuerdo con sus intereses particula­res y el sector público no fija condiciones mínimas que garanticen resultados favora­bles para el interés colectivo: no hay me­diación entre ambas visiones, la pública y la privada, para establecer compromisos equi­tativos. El sector público se olvida de su función de beneficio para la población independientemente de la clase social a la cual pertenezca, y cede a presiones económicas y a intereses particulares que orientan las acciones de desarrollo urbano. Lo que ha cambiado con el urbanismo neoliberal es la forma, contenido y objetivo en el modo de construir el espacio público, pero también de usarlo y simbolizarlo (Pradilla, 2009).

Este tema ha sido tratado de forma dis­tinta entre las autoridades interesadas en es­tudiarlo, que en ocasiones contradicen sus posturas. Autores como Borja (2005) han tenido un papel fundamental en la función pública y en las decisiones políticas, por lo que no es de extrañar que para él:

La presentación de las ciudades como luga­res nodales, las nuevas oportunidades de los territorios (argumento apoyado en emergen­cias y reconversiones exitosas) y la prioridad al posicionamiento en las redes globales y, en consecuencia, a su proyección exterior han sido elementos clave de la construcción del vademécum de la buena política urbana. El plan estratégico, a su vez, ha sido la herra­mienta operativa (o ha pretendido serlo) de las ciudades aspirantes a triunfar en el mundo global mediante el discurso «hipercompeti­tivo» (pp.16-17).

En su opinión, el urbanismo neoliberal debe ser encarado como una forma positiva de atraer inversión, de mercantilización de los espacios como, lo ha presentado el modelo Barcelona. Esta postura ha sido importada a varios países de Latinoamérica (Borja, 2005), con consecuencias diversas, ya que por un lado ha aportado puntos interesantes al estudio del espacio público desde un punto de vista más conceptual, pero también se ha implantado con dis­cursos contradictorios, entre la academia y la función pública que impiden tener una visión clara sobre el tema.

Borja & Forn (1996) creen que el mayor desafío de la planeación urbana contemporánea es aumentar el potencial competitivo de las ciudades en el sentido de responder a las demandas globales y atraer recursos humanos y financieros internacionales. No obstante, de acuerdo con varios ejemplos que hemos observado, el planeamiento se ha hecho al margen de la ciudad, en paralelo con los objetivos del capitalismo neoliberal. Este discurso es si­milar al del alcalde Garrigós de Cuernavaca, quien magnificaba las intervenciones en el espacio público como forma de regenerar la ciudad y hacerla competitiva. Posterior­mente, Borja (2005) reconoció que estos proyectos de renovación urbana se consti­tuyen como proyectos políticos de ciudad y que pueden “derivar en una cortina de humo llena de buenas intenciones sin otra función que legitimar las practicas del po­der” (p. 17).

Las políticas, intervenciones e imagi­narios de la clase política apuestan a la ima­gen que pueden crear de la ciudad, lo que representa una negación de los intereses y las necesidades de algunos ciudadanos: los espacios creados por algunas renovaciones urbanas se han concebido al margen de los usuarios, haciendo que no los usen ni generen identidad alguna con ellos. Este tipo de intervenciones, desvinculadas de su contexto territorial y social, parecen reducir los lazos de sociabilidad, de integración social, de no identificación de los habitantes con su entorno y generan, en ocasiones, su abandono: ellos carecen de ciudadanía, porque no producen convivencia, pues se confinan en los espacios privados domésti­co o en los centros comerciales. Contrariamente, también existen espacios públicos que siguen vivos, usados, transformados y apropiados por las personas en su queha­cer cotidiano, como el parque Cri Cri y la Plazuela del Zacate.

Esta realidad se contrasta con lo que define Augé (2005) de los espacios de trán­sito, caracterizados como no lugares, que retoma Carrión (2007), y los considera dentro de las nuevas corrientes de la ur­banización en América Latina; la plaza, se dice, ha perdido funcionalidad y, con ello, estamos viviendo su forzosa desaparición. De espacio estructurante ha pasado a ser un espacio estructurado, residual o margi­nal, incluso ha tendido a desaparecer por la pérdida de sus funciones o por la susti­tución por otros espacios más funcionales, en términos de reproducción del capital, como serían para el urbanismo actual el centro comercial o el club social. El autor comenta que cumplen la función de no lugares, pues son solo lugares de paso. En este punto la posición de Carrión (2007) resulta cuestionable, porque aun siendo de paso esos espacios públicos cumplen otras funciones, además de ser construcciones históricas, de múltiples agentes cambiantes en el devenir del tiempo.

Estos modelos fragmentan socialmente a la ciudad y han tenido un aumento significativo a través de las nuevas formas urbanas que generan e incrementan las desigualda­des y disparidades entre la sociedad y las bifurcaciones extremas entre la riqueza y la pobreza (Smith, 2005). Tenemos así una combinación de intereses estimulada por el concepto de city marketing o marketing urbano, que surge de un nuevo sistema de políticas públicas que se adoptó en varias ciudades y que pretende promoverlas a nivel local, regional y global, acorde con bases estratégicas del planeamiento urba­no que lo implantan y lo promueven. Hu­bo un refuerzo de la imagen de vitalidad urbana alcanzado por medio de obras de construcción de nuevas infraestructuras pretenciosas que reconcilian o intentan reconciliar las debilidades y las fragilidades de las ciudades, dentro de una lógica que responde a lo que se definió como sociedad del espectáculo (Debord, 1971).

La diferencia entre las intervenciones realizadas en diferentes ciudades radica en los matices diferenciados que dependen de la historia, de las características de ellas y el entorno en el cual se han desarrollado, a pesar de que la ideología mediante la cual se transforman sea muy similar, y los usos del espacio que cambian la tipología. Aun cuando hablamos de contextos y escalas tan diferentes, existen elementos que unen los espacios y las políticas de intervención: la idealización de lo bello; la tendencia a sacar a los feos y sucios de los espacios centrales o principales de la ciudad; los imaginarios de las clases media y alta; la marca global que se reproduce en todas las ciudades, en lugar de desarrollar una identidad propia a través de la creatividad o de los artistas y la sociedad que trabajan localmente.

Algunos autores tejen fuertes críti­cas a estas intervenciones de los espacios públicos como Davis (1992), De Mattos (2007), Duhau & Giglia (2008), Harvey (1989) y Smith (2005); ellos argumentan que la ciudad se vuelve una mercancía para el consumo de pocos al mismo tiempo que excluye a los más desfavorecidos, tal y como se percibió en el centro de Cuernavaca. Por otro lado, algunos autores argumentan que con las intervenciones hechas, la ciudad pierde su significado historicista, los luga­res ganan nuevas identidades: los lugares se resignifican, se refuncionalizan, pero no pierden su característica de espacios de lugares como se vio en el centro histórico de la ciudad en la Plaza y los lugares de los trabajadores como el parque Cri Cri.

La refuncionalización y resignificación es consecuencia de procesos dinámicos y dialécticos que se dan al interior de las ciu­dades, como construcciones efímeras que se disuelven con la acción del mercado y que se van materializando en las ciudades. Los dispositivos de control son cada vez más sutiles y menos evidentes; estos activan este conjunto de principios que tienden a expandirse en todos los espacios, desfigu­ran lo “nuevo” e influencian las estructuras sociales. Nos preguntamos, ¿es esta ciudad, fragmentada y seleccionada por el neolibe­ralismo para grupos minoritarios y selectos de los ciudadanos y orientada por el mer­cado capitalista, la que produce y a la que tiene derecho la ciudadanía, y nos hace ciu­dadanos? ¿Es la que nos da el derecho a la ciudad? ¿A cuál ciudad, nos preguntamos?

3. ¿Cuál derecho y cuál ciudad?

Dentro del concepto de mercantilismo urbano en la ciudad neoliberal, muchas de las intervenciones que se promueven por los servidores públicos tienen como fun­damento lo que se ha llamado el derecho a la ciudad. Este slogan ha ganado muchos adeptos, argumentando que entre más se use la ciudad, se construye más ciudadanía y apropiación de las urbes para beneficio de los más desposeídos, con ello justifican las intervenciones de privatización a pesar de que generen mayores desigualdades entre los usuarios. De ser así, nos preguntamos, ¿de dónde nace este concepto y cómo fue manejado por sus promotores con el fin de probar si el uso del término corresponde al que se le está dando en la actualidad?

En la década del setenta, en Europa, después de la reconstrucción originada por el desastre de la 2ª Guerra Mundial y con la importancia que el marxismo tuvo para entender la realidad social del momento, la urbana en particular, Henri Lefebvre, uno de los pensadores de izquierda más renombrados de la época, escribió, ente otros libros, uno que ha sido muy polé­mico y utilizado en la actualidad titulado el derecho a la ciudad (1973). Se pasaba así del derecho a la vivienda, que se promovió después de esta contienda para reconstruir las ciudades derruidas por la guerra, al de la ciudad, cuando el problema habitacional fue resuelto en aquel continente.

El derecho a la ciudad de Lefebvre es un concepto que, al igual que la producción del espacio (1991), va construyendo a lo lar­go del libro, ya que no está explícitamente tratado desde el inicio de su exposición, si­no que, lo elabora a lo largo de su discurso y lo define hasta el final de texto; ¿cómo es que se desarrolla esta construcción? A par­tir del uso de herramientas, metodología y categorías marxistas, analiza las condicio­nes y procesos del fenómeno urbano de los años setenta en Europa, lo que a diferencia de lo que sucede con su uso en la ciudad neoliberal lo sitúa en una postura crítica no solo del capitalismo y de la economía inmo­biliaria de ese momento, sino que se opone a posturas teóricas que explicaban la ciudad desde el funcionalismo y la ecología urbana de la Escuela de Chicago, tan en boga en ese momento. La dimensión histórica para analizar el paso de la ciudad precapitalista a la urbanización del momento es otro de los elementos fundamentales que es preciso rescatar y le dan consistencia a su postura crítica. La construcción del proceso lo ha­ce en cuatro instancias que se analizan a continuación.

En primer lugar, el autor se ubica den­tro de tendencias de largo y muy compli­cado alcance: el proceso es analizado a partir del paso de la ciudad-Estado a un sistema urbano mucho más complejo que está formado por tres dimensiones: la so­ciedad, el Estado y la ciudad (Lefebvre, 1973), que se forma a partir del binomio industrialización-urbanización. El valor de uso se lo adscribe a la ciudad y el de cambio a la industrialización, motor fundamental para la construcción de la ciudad capitalista (Lefebvre, 1973). De ahí pasa al crecimien­to urbano que se empieza a dar cuando las industrias se localizan fuera de las ciudades y agregan que este crecimiento se apodera de la ciudad antigua pero luego la trans­forma, la deteriora y la fragmenta, pues origina la existencia de diferentes zonas que el funcionalismo urbano extiende y planea. Así la ciudad dividida en zonas es parte del resultado de este crecimiento, y da como resultado “las ciudades y aglomeraciones, ciudades obreras, barrios periféricos que son apéndices donde la industrialización no alcanza a ocupar y fijar la mano de obra disponible” (Lefebvre, 1973, p. 23).

Este es definido como un doble pro­ceso que distingue y analiza a partir de binomios: industrialización y urbaniza­ción; crecimiento y desarrollo; producción económica y vida social, aspectos que son inseparables, con cierta unidad pero, según el autor, en conflicto al interior de ellos (Le­febvre, 1973). Estos aspectos se presentan como contradicciones dentro de la ciudad que la acompañan en su transformación.

Especial importancia pone al creci­miento de la aglomeración industrial en donde los suburbios forman parte impor­tante de ella como contornos; se expulsa al proletariado del centro urbano y de la ciudad para llevarlos a las periferias indus­triales, quedando el suburbio para clases medias y altas. En su opinión, esta expul­sión destruye la urbanidad, pues ya no están en el centro, lo que descentra a la ciudad al perderse el proletariado de la obra central. El suburbio es considerado como enemigo de la ciudad, ya que es una periferia desurbanizada, pero muy dependiente de la ciudad. Habla entonces de urbanización, desurbanizante y desurbanizada como as­pectos importantes del proceso mismo de crecimiento y expansión de las ciudades (Lefebvre, 1973).

Este proceso se amplía hasta formar la megalópolis de la Europa del Norte que se extiende desde el Ruhr hasta el mar del Norte, incluyendo a las ciudades inglesas, y de la región parisina a los países escandina­vos (Lefebvre, 1973), conformada a partir de un tejido urbano que cuenta con su­burbios integrados, construyendo una red urbana mucho más amplia que abarcaba desde entonces extensiones considerables.

En este contexto de crecimiento am­pliado que se genera en el proceso de urbanización, Lefebvre (1973) hace una dis­tinción importante entre hábitat y habitar. Habitar era “[…] participar en una vida social, en la comunidad, pueblo o ciudad, misma que se rompe paulatinamente con el proceso” (p. 32), mientras que el há­bitat refiere a una condición en donde se pretendía mejorar la calidad de vida de los trabajadores y se le agregaba el acceso de la propiedad. Con ello se vincula directa­mente al trabajador con el acceso a la vivienda, que se convierte en una mercancía promovida por el sector inmobiliario que prioriza la construcción y desarrollo de barrios autosuficientes y de nuevas ciuda­des descentradas de las antiguas. Como resultado, dice, surge la vivienda en estas nuevas ciudades como un derecho que asume el servicio público y el Estado como parte de su responsabilidad. Entonces más que preocuparse por generar entornos para habitar en una ciudad, el Estado promueve el derecho a la vivienda y al hábitat como parte fundamental de su actividad social, con orientaciones que favorecen a la eco­nomía de mercado, ligándose con el sector inmobiliario. Al respecto dice:

El derecho al alojamiento aflora, por así de­cir, en la conciencia social. Se hace reconocer de hecho, en la indignación que los casos dramáticos levantan, en el descontento que la crisis engendra. Sin embargo, no es recono­cido formal y prácticamente; es reconocido, por el contrario, como apéndice a los “de­rechos del hombre (Lefebvre, 1973, p. 35).

Surge una ciudad mutilada, deterio­rada y fragmentada, subordinada a la ne­cesidad de construir un hábitat que en las condiciones que lo hace deja de tener condiciones de habitar y que queda orga­nizado en el urbanismo de los hombres de buena voluntad: el de los administradores y el de los promotores que en sus diversas tendencias contribuyen a la construcción de un caos que es difícil detener o contener.

En segundo lugar, es desde esta pers­pectiva y construcción de la ciudad que el autor la define a través de sus transformaciones particulares y no de las generalizaciones globales ni pasivas. La ciudad depende, dice, “…. de relaciones de inmediatez, de vinculaciones directas entre las perso­nas y grupos que componen la sociedad (familias, cuerpos organizados, oficios y corporaciones, etc.)” (Lefebvre 1973, p. 64), poniendo un punto medio entre las ordenes de relaciones próximas entre los individuos y grupos y las que se llevan a cabo entre ellos y las instituciones co­mo el Estado y la Iglesia que predominan en la ciudad, identificándola como una forma de mediación entre ellas (Lefebvre 1973, p. 64). En este contexto se define la producción de la ciudad ubicándola más que en la producción de objetos urbanos es la producción de relaciones sociales como parte de la producción y reproducción de los seres humanos amplia el concepto de producción a una doble dimensión: la de obras y la de relaciones de producción. Es así que por un lado toma a la ciudad como una totalidad en donde la ciudad es la obra y lo urbano es la realidad social (Lefebvre, 1973), ambas formando parte de un todo.

La relación campo ciudad no la con­sidera exclusivamente como un elemento aleatorio de dependencia entre ambos es­pacios, sino que la trabaja a partir de tres términos: la ruralidad, el tejido urbano y la centralidad. Más que trabajarla como opo­sición o relación, la maneja como media­ción y, por lo tanto, en esa expansión cons­tante de la ciudad adquiere una dimensión especial a la que le da mucha importancia.

En tercer lugar, para él es fundamental el tema de la crisis de la ciudad, manejada a partir de dos aspectos. El primero tiene que ver con las transformaciones que cambian su fisonomía, y el segundo, con su crisis, en su opinión, es una crisis teórica y práctica. En la primera el concepto de ciudad (de la realidad urbana) se compone de hechos, representaciones e imagines tomadas de la ciudad antigua, pero en una nueva elaboración que la caracteriza. En la segunda, que es práctica, el núcleo urbano se resquebraja y continúa desbordado hacia los suburbios, generando y manteniendo su deterioro o descomposición (Lefebvre 1973).

El otro aspecto de la crisis de la ciudad se da por la discontinuidad que se pre­senta en la urbe contemporánea con los modelos que generaron las anteriores y en donde prevalece una morfología urbana que constituye su forma y contenido: la segregación que se produce al expulsar a las clases proletarias hacia los suburbios que origina una vida cotidiana recortada en fragmentos (Lefebvre, 1973). El resultado es la producción de gettos organizados por grupos sociales afines, zonas en donde estos se reproducen y viven, así como una separa­ción entre ellos y con la sociedad urbana. El consumo es un elemento fundamental que genera esta fragmentación de las ciudades, pues son diversos y diferentes los consumos que se generan a su interior. Agrega que la ciudad está muerta a pesar de que lo urbano este presente, pero es disperso y alienado. Entonces la crisis no solo implica la exis­tencia de discontinuidades económicas al interior de la urbe, sino también políticas, sociales y de otros tipos que generan el rompimiento entre lo urbano y la ciudad.

En cuarto lugar, el autor enfatiza los aspectos fundamentales de la metodología para acercarnos a la ciudad en donde hay que evitar que la morfología urbana y las continuidades o discontinuidades en los procesos sean tratados como elementos absolutos, ni como procesos globales o particulares exclusivamente. Es importan­te que instituciones y relaciones salgan de situaciones de clase que las definen y las transforman en relaciones personales, loca­les que son también de orden impersonal o bien de otras que se dan en el plano de lo percibido y lo concebido y son relevantes para comprenderlas.

Es desde estas posturas que el autor de­sarrolla el derecho a la ciudad, con ello pro­pone el surgimiento de una nueva urbe que tenga bases diferentes a las que el capitalis­mo generó hasta ese momento. Para ello, dice, es necesario hacer un programa en el que se integre y haga una síntesis o unidad la ciencia de la ciudad, el arte, la técnica del conocimiento. En este debe haber una par­ticipación ciudadana como elemento que integre una serie de derechos concretos, no fragmentados los cuales surgen a partir de una gran contradicción de la vida urbana que refiere a la creciente socialización de la sociedad y la segregación generalizada que se produce (Lefebvre, 1973, p. 137) De ahí que aparecen los derechos concretos que materializan los abstractos que tiene la humanidad y el ciudadano; estos for­man parte de los pilares de la democracia, entre los cuales se tienen los siguientes: los del hombre y ciudadano que se rigen por el principio de la democracia en donde se insertan “los derechos de las edades y los sexos (la mujer, el niño, el anciano), de­rechos a las condiciones (el proletario, el campesino), derechos a la instrucción y la educación, derecho al trabajo, a la cultura, al reposo, a la salud, al alojamiento.

En suma, el derecho a la ciudad es, en la visión de Lefebvre, una manera de repensar la utopía de futuro de la vida urbana de los citadinos y de los habitantes del campo. También es una manera de integrar la con­cepción de la ciudad en su totalidad y no dividida en fragmentos como lo hace el fun­cionalismo y, en la actualidad, el posmoder­nismo. En esta concepción el autor integra varios aspectos que incluye una forma de vi­da cotidiana que satisfaga las necesidades y la reproducción de la clase trabajadora que vive en la ciudad, sin restringirse exclusiva­mente a un espacio en particular, sea este público o privado y mucho menos al uso de alguno de ellos, ni al centro histórico o los espacios públicos de la ciudad. Incluye una manera de ver la generación de hábitats que permitan una vida cotidiana digna de cada uno de los habitantes, accediendo al habitar es decir, a la propiedad y al mejo­ramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la ciudad.

Es a partir de esta definición cuando se encuentran diferencias entre el uso de la categoría de derecho a la ciudad de Lefe­bvre y la del mercantilismo neoliberal. En el uso del derecho, hemos utilizado el fun­cionalismo no solo para planear y dividir a la ciudad, sino para fragmentar la manera como la entendemos y nos acercamos a ella: la separación entre lo público y lo pri­vado es una forma de hacerlo. Ahora, más que hablar de ciudad se habla de espacio público al cual se le adscribe la condición de social y de espacio de la cotidianeidad, como si la vivienda y el espacio privado no lo fueran. Además, solo el uso del espacio público es lo que nos da la condición de democratización de la ciudad y el derecho a ella sin que se tome en cuenta las condicio­nes de vivienda en las que se encuentran los ciudadanos, sin importar las condiciones salariales que estos tienen o el tiempo que tardan en recorrer la ciudad, independien­temente que destinen a la movilidad hasta seis horas al día o más, a las que se incluyen las de sus jornadas de trabajo.

Es preciso señalar que hay que agregar una dimensión adicional a la concepción lefebvriana sobre el derecho a la ciudad, pues ahora estamos ante una nueva crisis urbana por la discontinuidad y fragmen­tación que se ha dado entre la ciudad in­dustrial moderna del siglo XX y la ciudad terciaria del siglo XXI (Ramírez, 2006), en la cual la industrialización ya no es el eje fundamental de su conformación, sino la actividad terciaria y de servicios en una doble dimensión: la producción del servi­cio y su consumo. Desde esa perspectiva, lo que se toma fragmentariamente como derecho, más que constituir un mejora­miento en la calidad de vida en una forma integral, fragmenta los derechos urbanos, por ello, la vivienda, el descanso y la vida cotidiana se han convertido en valores de cambio que es preciso comprar e intercam­biar como mercancías y no forman parte ya de la demanda de solución de necesidades básicas resueltas. Desde esta perspectiva, el discurso del derecho a la ciudad inmerso en el neoliberalismo es una construcción ideológica que intenta resolver, minimizar y legitimar la disminución de la calidad de vi­da que tienen los habitantes de las ciudades, incluyendo la de Cuernavaca, en donde se ubicó nuestro estudio: con esto se justifica la forma mercantil como se reproduce en la actualidad y las acciones que los gobier­nos, sean estos de izquierda o de derecha implementan para embellecerla.

Al manejar esto a partir de las contra­dicciones que evidencia el autor, constante­mente observamos que si bien hay un dis­curso por obtener el derecho para acceder a una vida cotidiana citadina, parecería que el proceso se encarga de no proporcionarla; por el contrario, entre más lejana se localiza la vivienda en los bordes urbanos, menos calidad de vida se tiene, a pesar de usar y transitar por el espacio público del centro de Cuernavaca o bien del de Plaza Galerías, que es un bien de carácter privado para uso público en el borde de la ciudad.

Es preciso añadir que en esta transi­ción, hay un paso significativo en la inter­vención del Estado, ya que en la concep­ción lefebvriana este era una institución fundamental para la generación de una buena parte de los soportes materiales que constituyen la ciudad. En la actualidad, el Estado, sea cual fuere su tendencia, se ha convertido en un gestor de proyectos o de intervenciones urbanísticas tal y como se ejemplificó, que se dedica a mejorar algu­nos espacios públicos mientras que otros se han privatizado como serían los centros, ambos construidos por el impulso y el be­neplácito estatal.

Cabe destacar que si bien Lefebvre le da una importancia fundamental a la cen­tralidad como eje rector de la organización de la ciudad, en su producción y generación acepta la constitución de otras centralidades mientras sirvan para la convivencia cotidia­na y un mejoramiento de la vida ciudadana. No restringe la centralidad al centro his­tórico como ahora se ha promovido, pero presenta condiciones para que otras se generen. Lamentablemente esto se ha hecho a partir de los centros comerciales privados que generan espacios seguros para el es­parcimiento de las personas, adscritas a las clases sociales que pueden acceder a ellos.

Reflexiones finales

En el presente trabajo, queda manifiesto que ha habido un uso fragmentario del concepto de derecho a la ciudad que Le­febvre, en su momento, construyó para hablar de la necesidad de eliminar el funcio­nalismo de la planeación urbana y retomar elementos de derecho a la calidad de vida que los habitantes requerían para su susten­to. Es evidente que en los planteamientos como los que hacen Borja (2005) y sus seguidores, en relación con las ciudades europeas, usan elementos funcionalistas que pretendían erradicar de la propuesta; ellos argumentan que el espacio público mercantilista y neoliberal es el que resol­verá la fragmentación, pero lo que es peor, sirven como inspiración para proponer los cambios de las ciudades latinoamericanas, esperando con ello generar ciudadanos e imponer gobernanza en donde ya no la hay.

En América Latina el planteamiento incluso ha ido más lejos. De acuerdo con la concepción de Segovia & Jordán (2005), quienes trabajan para la Cepal, el concep­to de espacio público refiere a un espacio social o a uno de cotidianeidad, a pesar de que este carece de definición sobre espacio público. Se inserta en la globalización, pero se le caracteriza como segregado, carente totalmente de contexto para definirlos co­mo modernos, feos o sucios. Sin duda que es la apariencia la que define esta caracte­rización. El espacio público es percibido como una amenaza por la inseguridad que presenta. Con ello, se asume que todos los problemas relacionados con este tema se dan en el espacio público, lo que es limitan­te y podríamos afirmar que hasta erróneo: es el espacio que genera temor y miedo de­jando de lado el contexto actual en el que está inserto. El refugio a estas presiones son en los espacios privados que se construyen ahora, como las casas enrejadas, los barrios cerrados y los suburbios alejados (Segovia & Jordán, 2005).

En esta concepción, el espacio públi­co es manejado homogéneamente, de la misma manera y en todas las realidades so­ciales, pero a su vez se le asume como un espacio de la interacción social en donde se construye la identidad colectiva. Si se pier­de esta identidad, aumenta la inseguridad. Hace un paso entre el espacio público y la pobreza sin mediaciones, pues la cercanía generada por las redes de cooperación y de seguridad que se dan en el espacio público pueden ayudar a eliminar la pobreza, como si en automático con identidad, seguridad y espacio público la pobreza del continente pudiera ser eliminada, ya que se afirma que la convivencia del espacio público resuelve la pobreza, pero también la inseguridad (Segovia & Jordán, 2005).

Las dualidades entre el espacio público y el privado, las consideraciones del derecho a la ciudad como ideología para justificar la acción estatal y otras que han sido analiza­das anteriormente son limitantes para po­der entender el espacio en una perspectiva más amplia. La multidimensionalidad que los espacios tienen y las múltiples posibili­dades de producción, interpretación, uso, transformación, apropiación y construcción (Massey, 2005) quedan fuera de las visiones que se tienen para interpretarlas, por ello, la riqueza de las experiencias que se presentan en los espacios, sean públicos o privados, son eliminadas de los análisis de la realidad que presentamos.

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Notas

1 Estos documentos son de trabajo e inéditos por lo que no han sido publicados y por ende no es posible citarlos.

Notas de autor

^* Doctora en Urbanismo de la Universidad Nacio­nal Autónoma de México, UNAM. Profesora de la Universidad Nacional Au­tónoma de México. Correo electrónico: carla-narciso@iol.pt

^** Doctora en Urbanismo de la Universidad Nacio­nal Autónoma de México, UNAM. Profesora-Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Correo elec­trónico: blare19@me.net.mx

Información adicional

Para citar este artículo: Filipe, C. & Ramírez, B. (2016). Discursos, política y poder: el espacio público en cuestión. Territorios, 35, 37- 57. https://doi.org/10.12804/territ35.2016.02