Introducción

El presente artículo recoge algunas reflexiones surgidas en el marco de la realización de una estancia postdoctoral en Madrid (España) durante los primeros meses del año 2020. ¹ La misma perseguía como objetivo general abordar —en forma exploratoria— la producción, desarrollo y administración de conflictos públicos vinculados al hábitat, con especial énfasis en aquellos que tienen como eje de disputa el acceso a la vivienda y a la ciudad, a partir de recuperar, desde una perspectiva socioantropológica, las experiencias de lucha y de intervención de variadas agrupaciones sociales.

El acceso a la vivienda, a servicios e infraestructura urbana, al suelo, así como a otros elementos que hacen al acceso al hábitat —en tanto un concepto de carácter integral— (Cravino & Segura, 2021), habilitan la generación de procesos de movilización, lucha y autogestión por parte de heterogéneos actores sociales que de manera individual y/o colectiva, cotidiana y/o extraordinariamente, buscan garantizar la satisfacción de estos derechos básicos. Lo mencionado se encuentra íntimamente vinculado con las formas de funcionar del capitalismo global y sus expresiones espaciales, dando lugar al desarrollo de la ciudad neoliberal (Brenner & Theodore, 2002). Por este motivo, resultan problemáticas presentes en gran parte de los países, no siendo España una excepción. En este marco, desde el fin del ciclo económico-inmobiliario en el año 2008, España atraviesa uno de los mayores dramas sociales vinculados con el problema de la vivienda, suscitando la emergencia de diversos conflictos que tienen como protagonistas a movimientos sociales y agrupaciones vecinales, quienes reclaman el derecho a la vivienda digna.

En términos metodológicos, el presente artículo recupera variadas situaciones de trabajo de campo, el cual adoptó un enfoque etnográfico en tanto concepción, experiencia y práctica de conocimiento (Guber, 2001), que pondera la perspectiva de los actores sociales localmente situados, adquiriendo centralidad el trabajo de campo extendido, comprensivo y descriptivo, y la experiencia directa y prolongada del investigador (Malinowski, 1955). No obstante, el “ingreso al campo” se estableció como un problema que debía sortearse, puesto que desde el año 2008 se han suscitado numerosas investigaciones en Madrid respecto a la problemática habitacional, por este motivo, diversos actores sociales poseen cierta actitud “reacia” a la presencia de investigadores en espacios de asambleas y actividades colectivas. Ante esta situación resultó crucial, por un lado, la realización de entrevistas antropológicas a ciertos actores “clave” en virtud de sus experiencias de lucha y de trabajo así como por sus conocimientos sobre el tema, y por el otro, la participación en actividades universitarias (jornadas y mesas redondas) que tenían como protagonistas a diferentes actores abocados a la lucha por el derecho a la vivienda (Plataforma de Afectados por la Hipoteca, asambleas barriales, Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, ong, Organismos Internacionales).

Atendiendo a la diversidad de situaciones etnográficas recopiladas, se busca adentrarse en un aspecto que surgió de manera recurrente, esto es la centralidad que asume la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (pah) para habilitar procesos que permitan a las personas afectadas por la crisis de vivienda dejar de culpabilizarse y construirse como víctimas, dicha categoría posibilita no solo reivindicar derechos sino también identificar e interpelar a quienes ellos consideran responsables de la reparación o de la solución de la problemática habitacional que vivencian. Asimismo, adentrarse en estos aspectos obliga a dar cuenta de aquellos procesos políticos a través de los cuales las víctimas emergen como un producto social y colectivo (Zenobi & Marentes, 2020; Vecchioli & Rebollar, 2019). De este modo, cobra centralidad analizar las formas de organización y movilización en pos de tornar públicas sus demandas en materia habitacional, siendo un actor clave la pah, así como también las distintas estrategias y recursos que se movilizan para legitimar sus demandas y su condición de víctimas, las cuales incluyen desde prácticas más “institucionales” hasta aquellas de acción directa y de desobediencia civil (García Soto, 2016).

Producción social de víctimas y generación de un accionar colectivo

Durante los últimos años resulta posible advertir que la figura de las víctimas ha adquirido una centralidad específica en variadas sociedades y en la vida política contemporánea (Gatti, 2017; Pita & Pereyra, 2020; Zenobi, 2021), motorizando procesos de movilización y protesta respecto a situaciones y temas diversos. Como señalan Pita y Pereyra (2020), la condición de víctima no deviene mecánicamente de la concreción de un evento, ni tampoco se alcanza de una vez y para siempre; lejos de ser algo dado y autoevidente, esta condición se “produce” —de manera política— a partir de un conjunto de operaciones sociales. Los autores señalan que, a través de la apelación a dicha categoría, se suele hacer referencia a individuos o colectivos sobre los cuales se ejerce, o se ha ejercido, algún tipo de violencia o bien padecen, o padecieron, algún episodio traumático; pero además, de manera extendida se vincula con un sentido más amplio como es la estructuración de una demanda de reconocimiento, reparación y/o justicia. Por su parte, Vecchioli y Rebollar (2019) abonan a considerar a la noción de víctima como una categoría analítica, esencialmente descriptiva, cuyos usos y sentidos solo pueden desprenderse de las particularidades de cada investigación; al mismo tiempo advierten que no puede tomarse a la víctima meramente como dato puesto que adquiere sentido en un contexto de relaciones sociales. Es decir, es “el sistema de relaciones que media entre la existencia de un conjunto de personas y los mecanismos y condiciones objetivas que hacen posible su reconocimiento y nominación en tanto víctimas” (Vecchioli & Rebollar, 2019, p. 25). Lo mencionado anteriormente, ilumina respecto al estatus y jerarquía que permea la construcción de las víctimas puesto que no todas llegan a ser reivindicadas ni inscribirse en la arena pública (Gayol & Kessler, 2018), siendo una categoría en constante disputa y redefinición.

Otro aspecto a considerar sobre la temática se vincula con la discusión en torno a la agencia y/o pasividad de las personas. Zenobi y Marentes (2020) mencionan que en algunas investigaciones se contrapone la figura de la víctima a la del ciudadano, y de ese modo se le asignan ciertos atributos negativos como pueden ser la pasividad, el requerimiento de cuidados y que se encuentra gobernada por las emociones, por el contrario, el ciudadano representaría la defensa de sus derechos en el ámbito público al tiempo que privilegia la razón, entre otros aspectos. Frente a la supuesta pasividad de las víctimas, existen numerosos trabajos que hacen hincapié en la producción social de víctimas y sus procesos de politización. Es decir, interesa abordar las condiciones de posibilidad que operan en la generación de acciones colectivas y en la adquisición de competencias y repertorios de movilización, lo que muchas veces permite dar lugar a la conversión de las víctimas al activismo (Vecchioli & Rebollar, 2019).

Aquel pasaje a la acción puede estar relacionado con la experiencia personal de reconocerse víctima (Ferraro & Johnson, 1983; McGuire et al., 2010), cuestión que está conectada con intervenciones estatales, medios de comunicación y movimientos sociales (Dunn, 2008; Gámez et al., 2020). Entonces hablamos del ‘activismo de las víctimas’ (Vecchioli & Martinelli Leal, 2017) cuando ellas promueven una causa pública por la que luchan e impulsan las formas asociativas concomitantes que, en algunos casos, pueden surgir como reacción a la conformación de otros colectivos con los que antagonizan (Crowley, 2009). (Zenobi y Matentes, 2020, p.70)

Los objetivos que se persiguen a través de un accionar colectivo resultan diversos, el foco puede estar puesto en la acusación, denuncia y oposición al Estado, en la búsqueda de apoyo o reparación, o bien en la impugnación y la negociación con variados actores. Atendiendo a los mismos, y en la búsqueda por traducir las demandas en términos políticos, se despliegan relaciones sociales, acciones y repertorios. En el caso de estudio, se evidencia cómo la participación en la pah habilita la producción social de víctimas en materia habitacional. En estos espacios adquiere centralidad la dimensión encarnada del sufrimiento y la utilización de un lenguaje emocional a los fines de promover un accionar colectivo, la politización de las demandas y su inscripción en la arena pública (Le Breton, 2008; Jimeno, 2010).

Como mencionan Vecchioli y Rebollar (2019), resulta preciso reconstruir el proceso social que habilita la conformación y sostenimiento en el tiempo de un grupo de personas puesto que, las violencias, situaciones traumáticas y/o tragedias que vivencian, no resulta una condición suficiente para explicar la conformación de agrupaciones y de un accionar colectivo. Advierten que existe un continuo trabajo tendiente al reagrupamiento, de definición y delimitación de las personas, lo cual permite la conformación y consolidación de agrupaciones, la conversión de casos particulares en demandas públicas —de carácter general— y la gestación de un compromiso político colectivo.

En añadidura a lo mencionado, Zenobi (2018) señala que en las sociedades contemporáneas existiría cierta sensibilidad compasiva ante el dolor y el sufrimiento ajeno, el cual muchas veces se traduce en fuente de reclamo y reconocimiento, permitiendo la articulación de la emocionalidad con la enunciación de discursos y acciones políticas en pos de disputar —eficazmente— con el Estado. En este sentido, la relación entre víctimas y activismo, entendiendo a este último como la construcción de un compromiso —político— con una causa pública, es algo que puede resultar posible atendiendo a la trayectoria de vida de las personas, la existencia de redes y organizaciones, la construcción de alianzas con actores del espacio transnacional, así como también de su inscripción en procesos sociales, políticos e históricos más amplios. Es por este motivo que en el próximo apartado se dará cuenta de algunas de las particularidades que adopta la problemática habitacional en España a los fines de interrogarse respecto a las condiciones de posibilidad, y de perdurabilidad en el tiempo, que permitieron el surgimiento de la pah en la búsqueda por garantizar el derecho constitucional a una vivienda para numerosas personas que a diario vivencian situaciones de violencia institucional y sufrimiento en materia habitacional.

Políticas de mercantilización y financiarización de la vivienda en España

En la búsqueda por caracterizar la problemática habitacional de España, con énfasis en la ciudad de Madrid puesto que allí se realizó el trabajo de campo, resulta imprescindible dar cuenta de variadas políticas públicas y programas que operaron en el agravamiento de la misma en la última década. Al respecto, diversos autores (Álvarez de Andrés & Smith, 2019; Colau & Alemany, 2012; Rodríguez Alonso & Espinoza Pino, 2017; García-Calderón Pavón & Janoschka, 2016; García Pérez & Janoschka, 2016) señalan que la emergencia habitacional que sufre España desde el año 2008 a la actualidad, se encuentra íntimamente vinculada a la implementación de políticas de mercantilización y financiarización de la vivienda, las cuales tienen sus raíces en el Franquismo (1939-1975). Durante el mencionado período dictatorial, el objetivo primordial en materia de vivienda era convertir a España en un país de propietarios y no de proletarios. Esta definición no solo implicaba ejercer control social sobre ciertos sectores de la población sino también fomentar al sector de la construcción bajo el supuesto de que su desarrollo permitiría el crecimiento económico del país. No obstante, en la década de los 50 en los principales centros urbanos (como por ejemplo Madrid y Barcelona) únicamente el 12 % de la población era propietaria de su vivienda; fue en el transcurrir de los años que el porcentaje creció abruptamente como consecuencia de la consolidación del modelo viviendista, lo cual supuso pensar a la vivienda como un bien de inversión y no como un bien de uso.

Así, durante las primeras décadas democráticas (1975-1999) se privilegió la construcción de viviendas y ejido urbano como núcleo productivo y económico de España. Pero, principalmente durante esos años se consolidaron las bases para acceder a la vivienda vía hipoteca, opción que era apreciada por sectores con medios y bajos ingresos. Como señalan Álvarez de Andrés y Smith (2019), en el período 1999-2007, se produjo un crecimiento significativo del sector de la construcción al tiempo que aumentó la especulación inmobiliaria. Sumado a ello, el ingreso de España a la Unión Europea incentivó la inversión extranjera en bienes de inmueble. Esta situación ocasionó que el sector inmobiliario y financiero se consolidara, al tiempo que existió una suerte de “retirada” del Estado en todos los ámbitos.

De este modo, desde la época del Franquismo al 2008 —año de explosión de la burbuja inmobiliaria— se consolidó la representación de que la vivienda en régimen de propiedad era una inversión segura y rentable a diferencia del alquiler que significaba malgastar el dinero. Por este motivo, creció abruptamente el número de créditos hipotecarios, lo que significó que las familias se sobreendeudaran, al tiempo que se redujo el porcentaje de inquilinos y la vivienda social prácticamente desapareció, existiendo además un número significativo de viviendas vacías que únicamente estaban destinadas a la inversión y especulación. Esta situación resulta aún más compleja si se considera la existencia de un mercado laboral altamente precarizado y una estructura económica dependiente del sector de la construcción.

Desde el propio Ministerio de la Vivienda, creado durante el gobierno de Zapatero en 2004, se concebía que la forma por excelencia para garantizar el derecho a la vivienda —tal cual se recoge en el artículo 47 de la Constitución Española—² era a través de las hipotecas. Esta forma de acceso evidenciaba una predilección por defender los intereses del sector empresarial e inmobiliario por sobre los de la ciudadanía. De este modo, una vez que se produce la crisis financiera en 2008, y ante la quiebra de numerosas empresas inmobiliarias, el gobierno decide eliminar el Ministerio. Pero fundamentalmente con dicha crisis, la economía española entra en recesión y se incrementa el número de desempleados lo que hace imposible el pago de las hipotecas, dando lugar a numerosos desahucios (por hipoteca, alquileres u ocupaciones) solicitados por fondos buitres y entidades bancarias, los cuales continúan hasta la actualidad.³

En dicho contexto, el gobierno del Partido Socialista Obrero Español (psoe), con el apoyo del Partido Conservador (Partido Popular, pp), lejos de asistir a las familias, generaron modificaciones en la legislación para favorecer a los intereses de las entidades financieras. Un ejemplo de ello resulta la modificación del artículo 135 de la Constitución Española para anteponer el pago de la deuda al bienestar social, la ayuda económica que le concedieron a las entidades bancarias sobre la base de recortar el presupuesto de áreas prioritarias, la aniquilación del parque público de viviendas,⁴ la creación de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (socimis),⁵ la modificación de la Ley de Arrendamiento Urbano,⁶ entre otras medidas.

Un aspecto no menor del estallido de la crisis inmobiliaria en 2008, es que propició la emergencia de movimientos sociales y agrupaciones vecinales quienes reclaman el derecho a una vivienda digna (García Pérez & Janoschka, 2016; Abellán, 2016; García-Calderón Pavón & Janoschka; 2016). Resulta posible identificar heterogéneas formas de lucha, entre ellas se destacan los escraches, la ocupación de instituciones públicas, la recuperación de viviendas vacías y las acciones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (pah). Si recuperamos los aportes de la Sociología Pragmática y de los Problemas Públicos (Gusfield, 2014; Cefaï, 2002) se podría decir que este movimiento resultó un actor clave en la construcción de “lo habitacional” como un problema público a partir de la elaboración de motivos y justificaciones que legitimen el problema, de identificar a culpables (el Estado y al sector inmobiliario/financiero) y de establecer un plan de acción para llevar adelante sus demandas y reclamos en busca de soluciones. En ese sentido, la pah se transformó en un actor legitimado para hablar e intervenir en materia habitacional.

Ahora bien, uno de los aspectos denunciados por la pah es determinar las competencias gubernamentales en materia habitacional. Es el gobierno central el responsable de la regulación del proceso de ejecución hipotecaria. Sin embargo, las competencias en materia de vivienda están descentralizadas, transferidas a los ámbitos municipales y autonómicos. Atendiendo a esto, se hace hincapié en que Madrid no cuenta con una Ley de Vivienda, motivo por el cual desde las diversas plataformas de afectados —como es el caso de la pah y también de la Coordinadora de Vivienda Madrid— presentaron en 2018 una propuesta de Ley que aborda globalmente los problemas actuales del acceso a la vivienda en España como son: los desahucios⁷ (por hipotecas, alquileres y ocupaciones), el endeudamiento de por vida por parte de las familias, la carencia de parque público de vivienda, el elevado número de viviendas vacías en manos de fondos de buitres, las condiciones de los alquileres, etc. No obstante, diversos partidos políticos impidieron su tratamiento en el Congreso.

Estas problemáticas no hicieron más que agravarse con la pandemia por covid-19; el slogan “quedate en casa” fue tensionado por variados actores sociales y políticos en todo el mundo ya que justamente permitía desnudar las desigualdades estructurales que vivencian millones de personas que no tienen acceso a una vivienda adecuada. Como acciones “paliativas”, el gobierno de coalición encabezado por Pedro Sánchez implementó, a principios de 2020, un paquete de medidas sociales entre las que se destacaron la suspensión —durante un período de seis meses— de los desalojos por impago de los alquileres en los casos en que las personas no dispusieran de alternativa habitacional; la renovación automática de los contratos de alquiler que vencieran en los tres meses siguientes a la declaración del estado de alarma; se estableció una moratoria de tres meses en el pago de las cuotas de los créditos hipotecarios para las personas que hubieran perdido el empleo o reducido sus ingresos como consecuencia de la crisis sanitaria, y se suspendieron los cortes en el suministro energético y de agua.

Asimismo, las discusiones respecto a la problemática habitacional no solo se intensificaron a partir de la pandemia sino también por la reciente “Ley de Vivienda” que presentó el Gobierno con el apoyo del psoe y Unidas Podemos, cuyo Anteproyecto se aprobó en el Consejo de Ministros en octubre de 2021. La Ley es problematizada por un vasto conjunto de actores colectivos y organismos institucionales ya que no genera respuestas estructurales y de emergencia a la problemática habitacional (no impide que sigan habiendo desahucios sin alternativa habitacional, no genera regulación de los alquileres, no se establecen medidas adicionales para las personas sin hogar, etc.); aspectos que sí se encontrarían contenidos en la “Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda Digna y Adecuada”⁸ que en los meses previos (septiembre 2021) presentaron organizaciones de la sociedad civil.

Experiencias colectivas de lucha en materia habitacional: el caso de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (pah)

En el año 2009 se origina en Barcelona la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (pah) como respuesta a la crisis habitacional que estaba viviendo España. Como se advierte en un manual publicado recientemente por dicho espacio:

Doce años después, la plataforma ha llegado a tener más de 200 nodos funcionando de forma autogestionada por todo el Estado, ha parado miles de desahucios, ha negociado con bancos, ha hecho cambiar leyes, ha ocupado 50 edificios y, por encima de todo, ha rescatado a miles de personas que se veían al borde del abismo. ( pah, 2021, p. 12)

Desde su surgimiento, la pah se ha constituido en un actor colectivo legitimado para disputar las formas estatales de gestionar la problemática habitacional. No obstante, su centralidad en la escena pública fue potenciada luego del 15 de mayo de 2011 cuando un grupo de personas convocaron a manifestaciones y asambleas locales en diversas ciudades del país en pos de la defensa de los derechos de la ciudadanía, teniendo entre sus lemas “No somos mercancía en manos de políticos y banqueros”; evento que dio lugar a lo que se conoce como Movimiento 15M o Movimiento de los Indignados. Asimismo, resulta importante señalar que desde el 2009 a la actualidad han surgido diferentes actores colectivos que componen el campo⁹ de lo habitacional en Madrid, como por ejemplo la Coordinadora por la Vivienda, la Plataforma de Afectadas por la Vivienda Pública y Social (pavps) y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos. Estos espacios además de estar abocados a la lucha por el derecho a la vivienda, recuperan “nuevas coordenadas” de la problemática habitacional post crisis 2008, las cuales se vinculan con la vivienda en alquiler y con la expansión de una burbuja inmobiliaria fomentada por la legislación nacional y por el desarrollo turístico de las ciudades (Colau & Alemany, 2012; Rodríguez Alonso & Espinoza Pino, 2017).

Un aspecto que resultó recurrente en el desarrollo del trabajo de campo se vincula con uno de los principales logros de la pah, esto es el haber conseguido parar numerosos lanzamientos hipotecarios mediante variadas estrategias. Respecto a la normativa hipotecaria en España se debe mencionar que cuando una persona y/o familia incumple con el pago de la hipoteca, el acreedor —generalmente los bancos— tiene la posibilidad de iniciar una demanda judicial. Si la parte hipotecada no salda enseguida su deuda la vivienda se subasta; pero además, si la subasta queda desierta —situación que resulta la regla—, el banco se adjudicará el inmueble por debajo de su valor original y continúa con el trámite judicial para lograr la orden judicial de lanzamiento (desahucio) de la parte deudora. La particularidad que asume el marco jurídico español radica en que la persona y/o familia una vez desahuciada, sigue siendo titular de la deuda contraída con el banco, sumándose a la misma los intereses de demora y las costas judiciales; así como también el banco avanzaba sobre aquellas personas que habían prestado su aval para la hipoteca, los cuales también pueden perder sus viviendas. Por este motivo, García Soto (2016) advierte que en comparación con otros países europeos, la normativa española resulta por demás dura ya que no contempla la “dación en pago”, es decir, la condenación de la deuda una vez entregada la vivienda.

En la búsqueda por frenar desahucios, desde los inicios de la pah se han desarrollado lo que denominan “acción de desobediencia civil no violenta”, esto es concentrarse delante de las puertas de las viviendas para impedir los desalojos. Así, el “Stop Desahucios” se convirtió en el principal símbolo de lucha del movimiento. Al respecto, Laura (Investigadora y activista pah-stopdesahucios) mencionaba:

Muchos pueden no saber cómo funciona un desahucio […] básicamente es completamente igual si es por hipoteca, si es por alquiler o si es por ocupación, la estructura básica es la misma. Tenemos un propietario que quiere desalojar a una familia y entonces va a un juzgado para pedir la posesión del inmueble […] Entonces la Plataforma de Afectados por las Hipotecas apoyamos a las familias para ganar tiempo en el juzgado para mientras tanto poder pactar con el propietario un alquiler social¹⁰ o conseguir una vivienda pública […] los desahucios son un acto de violencia, que venga la policía armada a sacar a una señora con sus hijos, eso es violencia institucional ¿no? Nosotros lo que intentamos hacer en el proceso judicial es poner todos los argumentos para frenarlo […] no hay una solución mágica […] lo que pasa es que tarde o temprano, lamentablemente muy poca gente consigue evitar un desahucio. Lo que pasa es que sin apoyo social no se puede hacer nada. (I Jornadas Habitar la Ciudad, 11 de febrero 2020)

Cuando se da cuenta del accionar de la pah, se hace hincapié en que la plataforma no puede pensarse como una suerte de gestoría de casos, ni un despacho de abogados para tramitar las situaciones particulares, ni un servicio para frenar cualquier tipo de desahucio. De este modo, se señala que la única respuesta que puede ofrecer la plataforma es la organización colectiva y la construcción de sujetos políticos capaces de luchar para revertir la situación que vivencian, concibiéndose a las asambleas como un espacio clave de participación y organización de acciones.

Resulta preciso mencionar que la plataforma funciona en diversas ciudades de España; en el caso de Madrid es posible localizar un espacio de la pah en numerosos barrios. La territorialidad está garantizada a través de las asambleas que se realizan una vez por semana, en un mismo lugar y hora, generalmente en espacios sociales y comunitarios (centros culturales, bancos recuperados, clubes, etc.). Estas asambleas se organizan de forma horizontal permitiendo que todas las personas tomen la palabra y expresen sus casos, inquietudes, temores y propuestas. De las mismas, participan profesionales comprometidos con la causa (principalmente abogados, psicólogos y trabajadores sociales), asociaciones de vecinos, activistas por el derecho a la vivienda procedentes de otras experiencias de militancia y ciudadanía en general, siendo los principales protagonistas los afectados por los procesos de desahucios.

Entre los principales objetivos de las asambleas se destacan, por un lado, el asesoramiento colectivo de las situaciones vivenciadas por cada persona y/o familia que participa. Esto supone que la persona recién llegada a una asamblea expone su problema, miedos e inquietudes y, posteriormente, el resto de quienes participan comienzan a brindarle un conjunto de apreciaciones y recomendaciones a partir de sus propias experiencias y del conocimiento que fueron adquiriendo en los años de lucha dentro de la pah. Y, por el otro, se asegura el acompañamiento en diversas gestiones (negociación con el banco, inscripción en el padrón municipal y otros trámites, reunión con trabajadores sociales, acciones de stop desahucios, etc.). Lo mencionado anteriormente permite problematizar qué sentidos asume la participación y, en especial, la construcción de un accionar colectivo, el cual puede conceptualizarse como un hacer juntos(as), que resulta contingente, contradictorio, fluido, parcial y muchas veces trunco (Fernández Álvarez, 2016).

En este sentido, algunos desafíos que enfrenta la pah se vinculan con el sostenimiento en el tiempo de ese hacer juntos(as), y la búsqueda para que las personas afectadas se involucren más allá de su caso. Entre los principales motivos esgrimidos se destaca la dificultad de repartir el tiempo entre la participación en las asambleas, los requerimientos familiares, el trabajo y los trámites que se requieren para evitar los desahucios. Manzano (2013) y Rosa (2011) advierten sobre el lugar que juegan los marcos familiares y de organización colectiva en el sostenimiento de las actividades diarias de aquellas personas que se dedican de manera permanente a la satisfacción de ciertas demandas. No obstante, deben aprender a lidiar y negociar con la existencia de dilemas cotidianos respecto a cómo satisfacer los requerimientos familiares y las exigencias de los espacios colectivos en los que se participa.

Desde el espacio de las asambleas, así como aquellas personas activistas con mayor trayectoria en la lucha, realizan un continuo trabajo tendiente a la conformación y consolidación de un accionar colectivo (Vecchioli & Rebollar, 2019), lo cual implica asistir a las reuniones de la asamblea, participar en el asesoramiento colectivo, garantizar las acciones de acompañamiento desplegadas en cada caso, poner el cuerpo en acciones beligerantes y/o de desobediencia civil, entre otras. Es decir, se busca la conversión de casos particulares en demandas públicas y la gestación de un compromiso político colectivo en pos de generar transformaciones en la gestión de la problemática habitacional.

Con el fin de pensar el rol que cumplen las asambleas en los procesos de conversión de “víctimas en activistas”, o como mencionan Zenobi y Marentes (2020) poder reflexionar respecto del “activismo de las víctimas”, se deben tener presentes dos aspectos imbricados. En primer lugar, la pah muchas veces se concibe como el “último” espacio que las personas encuentran para tramitar sus problemas, luego de transitar fallidamente por variadas instituciones. Nervios, miedos, angustias, incertidumbres y vergüenza no solo se hacen presentes cuando participan por primera vez sino también son el resultado de estar viviendo una situación dramática. De este modo, la plataforma posibilita no solo exteriorizar y socializar las emociones y sentimientos de las personas sino también su resignificación a partir de señalarse que no se “está solo/a”, y de brindar un mensaje esperanzador bajo la idea de “Sí se puede” revertir la situación que padecen.

Jimeno (2010) menciona que a partir de la narración personal del sufrimiento se establecen lazos afectivos entre personas diversas, generándose “comunidades emocionales”; así como también el uso de un lenguaje emocional motoriza muchas veces la demanda de derechos. En sintonía con ello, el autor da cuenta de que la expresión del dolor puede operar como un mediador simbólico entre la experiencia subjetiva, su generalización y politización. Por este motivo, se puede visibilizar la productividad política que detentan las emociones a la hora de habilitar la construcción de un accionar colectivo, identificando a la pah como un espacio de apoyo mutuo, confianza y cuidado que permite transitar colectivamente la problemática habitacional que padecen numerosas personas.

Yo siempre cuento que siento que he sido estafada porque cuando tuve la hipoteca me dijeron que iba a pagar en ese tiempo lo mínimo y que el banco luego se encargaría de renegociar conmigo y me cambiaría las cuotas. Y la verdad que eso nunca fue […] yo ya no podía juntar entonces los 1600 euros, y la verdad que me empezaron a presionar… fue una cosa espantosa. Al final de todo eso termine yo con un desahucio, para esto yo no conocía mucho la plataforma de afectados que recién se estaba formando y tal es así que a Laura… fue una de las primeras que me acogió y la verdad que fue muy duro para mí (comienza a llorar) salir de… cada vez que toco este tema me pasa siempre (se nota en su voz angustia, no pudiendo contener las lágrimas) lo tengo a flor de piel por eso a veces evito para no…

Y entonces tuve que entregar la llave, y es que tenía mucha vergüenza como cuenta mi compañera Laura de afrontar esto, ya cuando conocí a Laura me acompañó y me dijo que no era yo sola la que estaba pasando por esto, eso me animaba porque decía ya ves que no soy la única, porque ya me sentía fuerte para poder empezar la lucha. (Alicia, I Jornadas Habitar la Ciudad, 11 de febrero 2020)

Un reciente informe de la ong Provivienda (2019) justamente hace hincapié en la relación entre el acceso a la vivienda digna y la salud de las personas. A través de la investigación que realizaron, en diversas ciudades de España, visibilizan cómo diferentes fragilidades residenciales (pobreza, malas condiciones edilicias, personas sin techo, inestabilidad residencial y ocupación por necesidad) impactan y afectan a las personas y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad. La crisis de asequibilidad y de accesibilidad a la vivienda no solo vulnera el derecho a la misma, sino también el derecho a la salud, aspecto que se exacerbó con la pandemia por covid-19. Asimismo, en este informe se hace alusión al concepto de “malestar”, tanto físico como psicológico y/o emocional, que impide que las personas puedan desenvolverse con cierta normalidad en la vida diaria. Todo esto, permite dar cuenta de cómo el no acceso a la vivienda digna, y particularmente las diferentes situaciones de desahucios, desencadenan situaciones de estrés, trastornos de ansiedad, falta de descanso, medicalización de los afectados, consumo de alcohol, violencia doméstica, suicidios, etc.¹¹

Yo tengo que vivir con la llave puesta en mi casa porque yo no sé en qué hora me van a venir a abrir la puerta ya sea del banco, del juzgado o que sea de un listo porque en esta trama se juega muchas cosas […] En definitiva tenemos un sin vivir… yo hay días que paso bajones y como comentaba el compañero, se me vienen malos pensamientos porque no tenemos vida, esa es la triste realidad. (Marta, I Jornadas Habitar la Ciudad, 11 de febrero 2020)

Entonces llegamos a la primera orden de lanzamiento en marzo del 2017 fue la primera… ya lo estábamos viendo con los demás compañeros y compañeras pero es un drama emocional, un desgaste emocional terrible, no sabes qué hacer ni a dónde ir. Y bueno atravesamos la primera orden de desalojo y a los 3 meses nos vino otra, cada vez que llamaban a la puerta o escuchábamos una sirena por la puerta decíamos vienen para nuestra casa, escuchábamos un policía también era viene para nuestra casa… pues claro, ahora ya no, pero en aquellos primeros años hemos vivido con mucho miedo, pánico, noches sin dormir, a mí se me disparaba la tensión o vivía con mucha ansiedad, o sea, una enfermedad psicosomática, emocional, producida por la sensación de desamparo legal que atravesamos las familias […]. (Richard, I Jornadas Habitar la Ciudad, 11 de febrero 2020)

De los mencionados fragmentos también se destaca la centralidad que asume la temporalidad del malestar. Muchas veces las personas no solo han sufrido un desahucio por hipoteca, sino que una vez que consiguieron un alquiler social por parte del banco, este decide vender las viviendas a un fondo de inversión, lo que ocasiona que deban enfrentar un nuevo desahucio, pero esta vez por alquiler. Estudios antropológicos le han prestado atención a la temporalidad en tanto expresión de particulares relaciones sociales y políticas, pero además se destaca que el tiempo no indica simplemente una medida cronológica ni se expresa de manera lineal (Loera, 2011; Colabella, 2010). En el caso de estudio, el “tiempo del sufrimiento” daría cuenta de las diversas situaciones habitacionales que atraviesan las personas y de cómo propician la vinculación con otras agrupaciones, como es el caso del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos.

Otro aspecto clave que hace al funcionamiento de las asambleas es que ofrecen las condiciones de posibilidad para que las personas puedan desculpabilizarse y empoderarse.¹² Durante el trabajo de campo resultó recurrente la idea, tan bien expresada por Richard, de que “al principio se tiene un sentimiento de culpabilidad terrible… pero somos víctimas, no culpables” (I Jornadas Habitar la Ciudad, 11 de febrero 2020). El construirse y pensarse como víctimas resulta posible en la medida que se tensiona la narrativa hegemónica respecto a la crisis de vivienda. Es decir, las personas no son culpables de no poder pagar sus hipotecas y/o alquileres, de endeudarse, de haber perdido sus empleos, del “estigma que supone perder la casa en una sociedad donde la propiedad es a la vez una forma de control y un símbolo de prestigio social” (Ruiz Peralta, 2013, en García Soto, 2016, p. 75). Por el contrario, se avanza en la construcción de una interpretación alternativa de la crisis, de sus responsables y de sus víctimas. De este modo, se percibe como una crisis estructural, inclusive como una “estafa”, siendo sus principales responsables las élites políticas y financieras (García Soto, 2016; Colau & Alemany, 2012).

Los procesos de “desculpabilización” y “victimización” que transitan las personas que participan de la pah, permiten su devenir en activistas en tanto desarrollen alguna forma de compromiso político (Pita & Pereyra, 2020). Así, el drama personal debe dar lugar a la construcción de sujetos políticos que piensen la crisis de vivienda en términos de una problemática social y colectiva; lo que además implica generar distintas estrategias y recursos en pos de tornar públicas y justiciables las demandas por el acceso a una vivienda. Atendiendo al proceso de subjetivación política que se promueve al interior de las asambleas, se establece la clasificación de activistas y afectados, los primeros serían quienes una vez “resuelta” —favorable o desfavorablemente— su situación habitacional continúan participando de la pah en la búsqueda de transformaciones estructurales al problema.

El comprender el proceso de producción social de víctimas, y particularmente los aspectos subjetivos y colectivos que habilitan su conversión en activistas, obliga a problematizar las acciones e intervenciones que realizan cotidianamente así como las vinculaciones que establecen con otros actores e instituciones en la búsqueda por dar a conocer sus situaciones e interpelar a quienes se construyen como responsables de la solución del problema. García Soto (2016) clasifica el repertorio de acción de la pah en dos grupos: por un lado, sería posible identificar aquellas prácticas más “institucionales” como son las negociaciones con los bancos, la construcción de alianzas con actores políticos y gobiernos locales, el mantener vías de contacto y comunicación con notarios, jueces y abogados, y la utilización continúa de los medios de comunicación; y, por el otro, sería posible identificar aquellas prácticas de acción directa y de desobediencia civil¹³ que, por ejemplo, se despliegan para frenar los desahucios mediante la interposición pacífica de las personas en las viviendas (para impedir la llegada de los secretarios judiciales a la vivienda y la notificación del desahucio), la realización de protestas en espacios públicos y variadas instituciones, marchas, ocupación de bancos, recuperación de viviendas, etc.

En el presente artículo se hace hincapié en el primer conjunto de acciones ya que permite reflexionar sobre variados aspectos que operan en las formas de construir sujetos políticos capaces de generar cambios en la tramitación de la problemática habitacional española. Por este motivo, interesa ponderar la “dimensión pedagógica” que poseen las asambleas de la pah en tanto procuran definir, desarrollar y socializar formas de abordar la problemática habitacional a través de combinar diferentes conocimientos y prácticas. Dicha “dimensión pedagógica” no tiene necesariamente pretensión de definir formas moralmente correctas de decir y hacer, sino que permite enfatizar la productividad política que tiene la socialización de conocimientos, saberes y experiencias en la lucha.

En lo que hace particularmente a la intervención de profesionales, en variadas oportunidades del trabajo de campo se valoró positivamente la participación de abogados comprometidos con la causa, en tanto posibilitó construir argumentaciones desde un enfoque de derechos humanos y establecer instancias de mediación con autoridades gubernamentales en la búsqueda de “ganar tiempo” para la concreción de acciones que efectivamente atiendan las necesidades de las personas. De este modo, se advierte que la construcción de la legitimidad de las acciones, así como de las demandas y los actores demandantes que integran la pah, descansaría en su carácter colectivo y en que se sustenta en una “verdad” apoyada en conocimientos profesionales, jurídicos y científicos. Esto último se visualiza como estratégico para la generación de espacios sociales de vinculación, disputa y negociación con el Estado en la búsqueda de soluciones habitacionales (Girado, 2018).

Respecto a la intervención de profesionales, Zenobi y Marentes (2020) señalan que la posición que asumen los mismos se define por su compromiso político y público con una causa, por su “expertise” en relación con ciertos conocimientos técnicos y por los vínculos que logran construir con las víctimas y familiares. De este modo, el acompañamiento que reciben las personas que participan de la pah en variadas situaciones (como por ejemplo, en ir a negociar con el banco, realizar trámites legales, intermediar con los servicios sociales del ayuntamiento, frenar un desahucio, etc.), no solo descansa en sus propios compañeros sino también en un conjunto de profesionales.

Los conocimientos que movilizan estos últimos, se vinculan con el ejercicio de sus profesiones, con sus trayectorias laborales e inclusive de militancia, al tiempo que posibilitan simplificar e informalizar procesos y trámites; romper con la pretensión de neutralidad y la ponderación diferencial de un “saber técnico y de escritorio”; lograr vinculaciones con diversos funcionarios y variados organismos en pos de avanzar en la búsqueda de soluciones y decisiones políticas que generen transformaciones en la gestión de la problemática habitacional, introducir un enfoque de derechos que habilite otro marco de interpretación de los conflictos, etc. Aspectos que permitirían disminuir a su máxima expresión las fronteras entre la técnica, la política y el afecto (Perelmiter, 2011) y, además, habilitaría la socialización y apropiación de saberes y prácticas monopolizadas históricamente por el Estado y otros organismos, en la búsqueda por redefinir el alcance de las políticas públicas (Moreno, 2016).

Publicización de la problemática habitacional y generación de vinculaciones interinstitucionales

En este apartado se aborda la constante publicización de la problemática habitacional (Gusfield, 2014) que realizan desde la pah, lo cual opera en el reconocimiento que detenta esta asociación a nivel nacional e internacional. Para comprender este aspecto, se recupera el caso de Richard, el cual podría considerarse como un “caso de repercusión” (Eilbaum et al., 2017) puesto que consiguió movilizar mediática, política y socialmente a variados actores. En este sentido, la notoriedad pública de Richard se relaciona con las características de su caso y también con el conjunto de acciones y vinculaciones con organismos internacionales que se desplegaron para lograr visibilizar y revertir su situación. Su caso, de especial vulnerabilidad, fue estudiado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la onu, solicitando a España (en tres ocasiones desde marzo de 2018) medidas cautelares para evitar “daños irreparables” a su familia compuesta por Josefina y dos hijas menores de edad.

Nosotros éramos una familia normal, mi esposa y yo clase media de españoles, trabajadores, con una vida muy humilde, sencilla, trabajábamos los dos, con niñas pequeñas y pagábamos un alquiler… nosotros comenzamos en el 2007, 2008… y cuando salió la crisis nosotros seguíamos trabajando. No notamos el impacto de la crisis en nuestras vidas hasta varios años después […] en enero de 2015 entonces decidimos recuperar una vivienda, yo hago mucho hincapié en lo de la ocupación porque tenemos que descriminalizar ese concepto porque cuando a las familias se nos niega ese derecho humano de una vivienda social tenemos que ir a algún sitio […] para los organismos públicos… hasta ese momento desde el 2007 hasta el 2015 éramos solicitantes de viviendas pública y social en la comunidad de Madrid… durante 8 años estuvimos acreditados para ellos pero en el 2015 dejamos de ser… pasamos de ser familias acreditadas a ser okupas […] Entonces llegamos a la primera orden de lanzamiento en marzo del 2017 fue la primera… Y bueno atravesamos la primera orden de desalojo y a los 3 meses nos vino otra […] Y bueno y después llegó la tercera orden de desahucio y fue terrible pero se pudo parar el desahucio. Luego en septiembre de ese año vino otro… y finalmente vino otro para el 10 de febrero y también se pudo parar. (Richard, I Jornadas Habitar la Ciudad, 11 de febrero 2020)

Cuando se realizó trabajo de campo en Madrid —febrero de 2020—, la pah lanzaba una nueva campaña pública, “Vivienda por Derecho”, la cual le otorgaba centralidad a los dictámenes de Naciones Unidas a los fines de posicionar en la agenda pública y mediática la problemática habitacional. Los dictámenes y tratados internacionales de Naciones Unidas dejan en claro que no puede haber desahucio sin alternativa habitacional garantizada. Ante la violación de dicha norma, España acumula tres condenas en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la onu (cescr, por sus siglas en inglés) por vulneración del Derecho a la Vivienda, uno de ellos refiere a la situación de Richard y su familia. La campaña también se hacía eco, de las palabras esgrimidas por el Relator Especial de la onu, Philip Alston, quien realizó un informe respecto a la extrema pobreza y los derechos humanos en España.

España debería mirarse de cerca en el espejo[…] Lo que verá no es lo que desearía la mayoría de españoles, ni lo que muchos responsables de formular políticas tenían planeado: una pobreza generalizada y un alto nivel de desempleo, una crisis de vivienda de proporciones inquietantes, un sistema de protección social completamente inadecuado que arrastra deliberadamente a un gran número de personas a la pobreza, un sistema educativo segregado y cada vez más anacrónico, un sistema fiscal que brinda muchos más beneficios a los ricos que a los pobres y una mentalidad burocrática profundamente arraigada en muchas partes del gobierno que valora los procedimientos formalistas por encima del bienestar de las personas. (onu, 7 de febrero de 2020)

La violación sistemática del derecho a la vivienda ha ocasionado que diversas familias eleven sus demandas al cescr. Por este motivo, existen más de 160 casos presentados en el Comité que, como mencionan desde la pah, pueden hacer de España un país coleccionista de condenas por violación de Derechos Universales. Si bien el gobierno español aún no ha respondido por los tres informes al comité de la onu, esta situación motorizó la intervención de otros organismos internacionales que gozan de prestigio, como es el caso de Amnistía Internacional Madrid, en lo que respecta a la publicización de la problemática habitacional (Gusfield, 2014).

Este organismo en el año 2014 realizó un primer informe sobre la problemática habitacional, siendo España el primer país en el mundo en que Amnistía decide intervenir. A partir de la entrevista realizada a un integrante de la organización, fue posible conocer más respecto al trabajo de visibilización y sensibilización social que realizan sobre la problemática habitacional a través de diferentes actividades: participación en eventos vinculados con la vulneración de derechos —como es el de la vivienda—, realización periódica de informes que permitan pensar diferentes dimensiones de la problemática y actualizar datos, reuniones con autoridades de incidencia institucional en pos de trasladarles la perspectiva de Amnistía Internacional, trabajo sectorial con diversas organizaciones de Madrid, entre otras.

Un aspecto interesante del diálogo con el entrevistado fue su señalamiento respecto a que hace varios años el acceso a la vivienda no estaba en la agenda pública, en cambio en la actualidad esta situación se habría revertido —parcialmente— como consecuencia de la agudización de la problemática y del protagonismo de movimientos y agrupaciones sociales, como es el caso de la pah. En relación a lo mencionado, tanto la actuación de Amnistía Internacional así como la apelación que se hace de la pah respecto al comité de la onu, dan cuenta del trabajo realizado por construir a la vivienda en tanto un problema público que debe ser atendido por el gobierno español. Es decir, se pondera el carácter construido del problema habitacional ya que es producto de un complejo proceso por medio del cual una situación (Gluckman, 1958) es socialmente elaborada como problemática.

En este punto, los aportes de la sociología de Gusfield (2014) y de Cefaï (2002) resultan pertinentes puesto que proponen un análisis pragmático e interaccionista de los problemas públicos. En este tipo de abordaje el foco está puesto en desentrañar cómo determinadas situaciones son construidas por los actores como problemas sociales o problemas públicos, mediando un proceso social en el que los propios actores elaboran motivos y justificaciones que legitiman el problema, construyen “culpables” y establecen un plan de acción para llevar adelante demandas y reclamos. De este modo, fue Gusfield quien se adentró en los procesos de definición de situaciones problemáticas, pero haciendo eje en su carácter público. Entendía que existe una diferencia entre la designación en tanto problemas públicos o problemas sociales:

[…] no todos los problemas sociales llegan necesariamente a ser problemas públicos. No todos se vuelven tema de conflicto o de controversia en la arena de la acción pública. No todos cuentan con dependencias que los atiendan ni con movimientos que trabajen para resolverlos. (2014, p. 69)

Por situación problemática Gusfield (2014) se refería a una situación que genera preguntas y debates, inconformidades y sospechas, y que llama a su discusión pública. El proceso de definición de la situación problemática es lo que denomina problematización. A su vez, la producción de esa situación está asociada a la dinámica de publicización, es decir, cómo se da ese proceso en el que un asunto privado se vuelve público, siendo fundamental la constitución de públicos que reconozcan la legitimidad del reclamo. Cefaï recupera a John Dewey (2004) para definir a estos últimos como “una forma extraña de vida colectiva que emerge alrededor de un problema al mismo tiempo que lo constituye” (2002, p. 54). En este sentido, resulta necesario considerar tanto a quiénes afecta el problema como a aquellas personas que están afectadas sin estar directamente implicadas en el asunto. Es la acción conjunta de las personas “afectadas” lo que da lugar a la emergencia del problema, lo que también supone pensar el dinamismo en la conformación de colectivos puesto que permanentemente se están recomponiendo en el curso de los problemas. Sumado a ello, los problemas públicos suponen un proceso escenográfico y argumentativo con el fin de dar visibilidad a ciertos asuntos.

Atendiendo a lo mencionado, resulta importante desnaturalizar a la problemática habitacional, siendo fundamental para ello atender tanto a las condiciones estructurales como a los contextos sociohistóricos que habilitaron la emergencia de actores colectivos, que en virtud de sus particulares experiencias de vida, de trabajo y de lucha, construyeron la problemática habitacional haciendo eje en algunos aspectos públicos en pos de que ganen legitimidad sus demandas y acciones. Pero además, toda disputa sufre transformaciones a lo largo del tiempo atendiendo a cómo se interrelacionan tres variables: lenguaje, participantes y audiencia; esto puede estrechar una disputa a partir de imponer ciertas categorías para clasificar eventos y relaciones, o bien expandirla a través de agregar nuevos temas, ampliar el campo de discusión o aumentar el número y tipo de participantes activos (Mather & Yngvesson, 1980).

En el caso de estudio, desde el 2008 hasta la actualidad la disputa habitacional se ha expandido y agudizado, a partir del surgimiento de nuevos actores colectivos, la intervención de organismos internacionales, la incorporación de nuevas coordenadas de lucha en relación al acceso a la vivienda en alquiler y el contexto de pandemia. Este conjunto de aspectos posibilita adentrarse en los modos de procesamiento —políticos, sociales y judiciales— y de transformación de la problemática habitacional española, siendo la pah un actor clave para su comprensión puesto que persiste desde el año 2009, tiene presencia en todo el territorio español, llevando a cabo acciones de manera coordinada sin dejar de atender las particularidades locales, y ha consolidado un hacer juntos(as) que resultó crucial para conseguir, entre otras cuestiones, la dación en pago, el alquiler social y la condenación de la deuda total o parcial de las personas.

Consideraciones finales

El abordar la experiencia de lucha y de trabajo de la pah resulta relevante para advertir que hoy en día, quienes se conciben como víctimas no forman parte necesariamente de algún fenómeno extraordinario, sino que son los propios ciudadanos los que se construyen de esa manera a través de la denuncia y politización, de exponer públicamente variados tipos de daños y sufrimientos. En este sentido, el participar en la pah les permite a las personas concebirse ya no como culpables de su situación habitacional sino como víctimas del sistema políticofinanciero nacional e internacional. Como sostienen Theodore et al. (2009), las ciudades pueden pensarse como lugares estratégicos para el avance de políticas públicas y proyectos de reestructuración neoliberal, aunque también para su resistencia y visibilización de sus límites.

Lo mencionado anteriormente habilitó un conjunto de interrogantes respecto a ¿cómo se construyen las víctimas de la crisis de vivienda?, ¿cuáles son sus demandas y cómo las expresan en la arena pública?, ¿qué rol asume la pah en todo ello? y ¿qué es lo que diferencia a la pah de otros actores colectivos movilizados? Con la finalidad de responderlos se hizo hincapié en, por un lado, los procesos que habilitan la producción social de víctimas y, por el otro, la manera en que la pah construye la problemática habitacional. De este modo, interesó señalar que cuando las personas disputan no se limitan al objeto de la misma sino que también están disputando sobre otras cuestiones que hacen al mundo social (Comaroff & Roberts, 1981). Una disputa supone la construcción del marco normativo con que las ideas y acciones serán evaluadas; es a partir de su encuadre que la misma adquiere forma y contenido. Como se mencionó en reiteradas oportunidades, el propio concepto de personas afectadas utilizado por la pah resulta una estrategia política para enmarcar lo que en sus inicios se concebía como un problema personal en un problema estructural, lo que además habilita la identificación de culpables y promueve variadas acciones para garantizar el acceso a una vivienda.

Por este motivo, se reconstruyó la centralidad que asumen las asambleas en la organización cotidiana del accionar colectivo, en tanto ponen en el centro de la escena la dimensión política del sufrimiento que se origina en torno al (no) acceso a una vivienda digna; así como también el conjunto de intervenciones que se despliegan en la búsqueda de hacer público el reclamo y conseguir respuestas por parte de las entidades bancarias, fondos buitres y el propio Estado español. En este sentido, continuamente se articula la lucha con la tramitación ya que se organizan campañas y protestas en el espacio público; se utilizan canales de comunicación para difundir los reclamos y generar adhesiones; se promueven articulaciones con organismos internacionales —como es el caso de Amnistía Internacional y la onu— con el objetivo de legitimar las demandas y presionar al gobierno; se impiden y/o dilatan desahucios; se realizan presentaciones a nivel legislativo; se promueve la participación de profesionales en tanto aportan “herramientas para pelear” centradas en la apropiación de argumentos y saberes que resultan relevantes tanto para “ganar tiempo” como para establecer vinculaciones y acuerdos con autoridades gubernamentales, entre otras acciones.

Asimismo, el adentrarse en el proceso de publicización de la problemática habitacional resultó crucial para advertir uno de los principales logros de la pah, que además permite diferenciarla de otros actores colectivos movilizados, esto es su incidencia en las arenas públicas, en tanto “lugar de combate” y “escena de realizaciones”(Cefaï, 2002), a partir de la producción y circulación de configuraciones retóricas y dramáticas que permiten legitimar el problema de la vivienda y a las personas demandantes, cuyas identidades muchas veces se encuentran deterioradas para la mirada del Estado y la opinión pública. Además habilitó, como se solía escuchar en las asambleas, que “la vergüenza cambiara de bando”, es decir, que quienes se sintieran culpables y señalados fueran los gobiernos y actores privados.

En añadidura a lo mencionado, los planteamientos de Sigaud (1996) ganan centralidad ya que evidencian que el conocimiento y/o violación de derechos, puede motivar o no el reclamo por parte de las personas, estando este subordinado a otras normas que rigen la vida social. Quienes participan de la pah están expuestas a la vulneración de derechos sociales, entre los que se encuentra la vivienda. No obstante, es a partir de procesos de empoderamiento y desculpabilización que se anima a las personas afectadas a luchar —individual y colectivamente— por la resolución de su situación habitacional. En ese sentido, el accionar de la pah ilumina sobre el carácter inacabado y disputado que asume la problemática habitacional española.

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Notas

¹ La estancia de investigación se realizó en el marco de la obtención de una beca de la Fundación Carolina y el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la República Argentina. Por este motivo, en el transcurso del artículo se recuperará el trabajo de campo realizado durante los meses de febrero y marzo de 2020 en la ciudad de Madrid (España), antes de que se establecieran medidas sanitarias restrictivas en el marco de la pandemia por covid-19.

² “Elderecho a la vivienda está garantizado expresamente por el artículo 47 de la Constitución de 1978, y asimismo por los artículos 10.2 y 96.1 como parte de las obligaciones jurídicas internacionales de España, que se han incorporado al derecho interno. El derecho a la vida privada y familiar también se proclama en el artículo 18 de la Constitución, así como en el derecho internacional de los derechos humanos” (Informe Amnistía Internacional, 2015, p. 11).

³ El 25 de febrero de 2020 la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (pah) de Madrid realizó un comunicado en Facebook donde advertía que desde que estalló la crisis en 2008 se realizaron en España 1.002.000 desahucios. Asimismo, señalaban que según los últimos datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial, publicados el 9 de marzo de 2020, se siguen produciendo 198 desahucios al día.

⁴ Como señala uno de los informes de Amnistía Internacional (2015), España posee una de las políticas de vivienda social más endebles de Europa; “Se calcula que el parque de viviendas sociales en España representa solamente el 1-2 % de todas las viviendas, comparado con el 32 % en Países Bajos, el 23 % en Austria, el 18 % en Reino Unido o el 17 % en Francia” (p. 5).

⁵ “Con la excusa de promover una mejora en la calidad de vida de la ciudadanía, el texto jurídico buscaba impulsar «nuevos modelos de inversión» que proporcionasen una respuesta adecuada a las necesidades del mercado, de modo que este mantuviera su dinamismo y se minimizaran los impactos negativos de los ciclos económicos. No se trataba de otra cosa que de favorecer la atracción de capitales internacionales a través de la especialización económica española por antonomasia: la sobreexplotación inmobiliaria” (Rodríguez Alonso & Espinoza Pino, 2017, p. 84).

⁶ La modificación de la normativa persiguió la implementación de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas. Sobre la base de concebir como un problema la baja tasa de alquiler, como consecuencia del empeño en incentivar la compra de viviendas vía hipotecas, se buscó “flexibilizar el mercado” a través de la regulación del desahucio exprés, la eliminación de las ayudas para jóvenes, o la reducción del plazo mínimo del contrato de alquiler (Rodríguez Alonso & Espinoza Pino, 2017).

⁷ Para mayores precisiones de la cantidad de desahucios producidos ver https://afectadosporlahipoteca.com/2020/09/28/en-plena-pandemia-losdatos-oficiales-sobre-desahucio-siguen-siendoalarmantes/

⁸ Véase https://afectadosporlahipoteca.com/2021/09/30/presentamos-y-registramos-la-propuesta-alternativa-al-gobierno-en-materia-de-derecho-a-la-vivienda/?fbclid=IwAR37sc2JAmC6OalPY5Qs7zNFIwMTz7tepHtMLSkqrZtuM_86Ss38mgazkq4

⁹ Cuando se habla de campo se hace en el sentido planteado por Bourdieu (1997), es decir, el campo se conforma por múltiples instituciones y actores abocados a “lo habitacional” en un sentido amplio. Siguiendo al autor, esta conceptualización refiere a un espacio social relativamente autónomo, configurado como un campo de fuerzas al interior del cual prevalecen luchas con medios y fines diferenciados según la posición de cada actor en la estructura del campo.

¹⁰ Desde el año 2012, y al calor del reclamo de diversas agrupaciones y movimientos sociales, el gobierno central aprobó una serie de medidas en la búsqueda por mejorar la situación de las personas en riesgo de perder sus casas, entre ellas se destaca el “Código de Buenas Prácticas” de adhesión voluntaria para los bancos. A partir de este código los bancos deberían ofrecerles a las familias hipotecadas el acceso de alquileres sociales en condiciones muy concretas, la condenación de la deuda una vez que pierden sus viviendas para que tengan la posibilidad de “comenzar sus vidas desde cero”, la suspensión de los desalojos en el caso de familias pertenecientes a “colectivos especialmente vulnerables”, entre otros aspectos.

¹¹ Véase el documental “Desahucios y Salud” en donde se difunden los resultados de la investigación “Procesos de desahucio y salud”, realizado por la Escuela Andaluza de Salud Pública, en colaboración con el Grupo Stop Desahucios Granada-15M: https://www.youtube.com/watch?v=Hstu23jEjk4

¹² Proceso mediante el cual las personas —de manera individual y/o colectivamente— consiguen una comprensión crítica de su situación, habilitando la toma de decisiones y acciones. Asimismo, el empoderamiento permite hacer hincapié no solo en la agencia de las personas sino también en la estructura de oportunidades (Ábel Bereményi & Montero-Díaz, 2019).

13 Las prácticas de desobediencia civil son teorizadas por los propios activistas como una forma de “autotutela de derechos”. Inclusive la propia pah en julio de 2013 presentó un “Manual de desobediencia civil”, https://afectadosporlahipoteca.com/2013/07/09/obrasocial-pah-manual-desobdiencia-civil-viviendasentidades-financieras/