Introducción
El desplazamiento forzado es una problemática presente en diferentes regiones del mundo y comenzó a tener mayor resonancia cuando, en 2022, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció la magnitud del problema: más de 100 millones de personas desplazadas a nivel global (ACNUR, 2022). A decir de la misma fuente, en septiembre de 2023 la cifra escaló a 114 millones, como consecuencia de la violencia o desastres naturales en lugares como Sudán, la República Democrática del Congo, Myanmar y Afganistán (ACNUR, 2023). Para fines de 2024, el desplazamiento forzado interno (DFI) a nivel mundial se incrementó a 123,2 millones (ACNUR, 2024), y hasta abril de 2025, según las estimaciones de esta agencia, se tuvo un descenso del 1 %, lo que se traduce en 122,1 millones de personas desplazadas de manera forzada (ACNUR, 2025).1
Por su parte, la región latinoamericana históricamente ha estado marcada por la proliferación de diversos episodios de desplazamiento forzado interno, en los que los conflictos armados han sido la principal causa de su existencia. Por ejemplo, en Brasil, la dictadura militar de las décadas setenta y ochenta llevó a cabo una campaña genocida contra los pueblos indígenas de la Amazonia, que incluyó desplazamientos forzados y la aniquilación de comunidades enteras indígenas.
Durante los ochenta, en los países que conforman el Triángulo del Norte (Guatemala, Honduras, El Salvador) proliferaron los conflictos armados. Situación similar se vivió en Perú, como consecuencia de la respuesta armada del gobierno al surgimiento de grupos como Sendero Luminoso. Esto explica que ha existido un interés por investigar el fenómeno desde distintas aproximaciones (Sánchez-Mojica, 2020; Tavares, 2018; Jiménez, 2016).
En Colombia, si bien el desplazamiento forzado interno puede ubicarse desde la década de los cincuenta, este se incrementó de manera importante a partir de los años noventa y hasta los albores del nuevo milenio. Por lo anterior, es común que las investigaciones se centren en el análisis de la violación de los derechos humanos y la violencia generalizada debido a los enfrentamientos entre las milicias, la guerrilla, los grupos paramilitares y los narcotraficantes, como causas que ayudan a explicar el desplazamiento masivo de personas, que abandonaron sus hogares, dejando sus tierras vacías (Sánchez-Mojica, 2020; Morales & Morales, 2016; Jácome, 2015). Otra arista que se ha estudiado ampliamente es el desplazamiento que se dio del campo a la ciudades intermedias y ciudades capitales de provincia, y sus consecuencias demográficas (Ruiz, 2011; Soledad & Egea, 2011; Soledad, 2007), así como el proceso de restitución de tierras a las poblaciones desplazadas (Counter, 2019).
Por su parte, en México, se cuenta con estudios generales sobre el desplazamiento forzado interno que han sido abordados desde diferentes enfoques y escalas. Tal es el caso de investigaciones que tratan de explicar las causas del DFI a nivel nacional (Durin, 2024; Mercado, 2016); también, sobre la protección de los derechos humanos, aspectos legales y falta de presupuesto para las personas desplazadas (Friné & Ayala, 2021; Silva, 2020); y, desde aproximaciones geográficas generales, se ha abordado el tema desde las etapas de exploración y explotación minera (Muñoz et al., 2023).
A nivel regional se han estudiado tanto las causas como las consecuencias del desplazamiento forzado interno. Entre los estudios destacan: la violencia por el control de territorio en Zacatecas (López, 2023); la construcción de embalses en Sinaloa y Sonora (Mancera & Egea, 2022); la explotación minera en Zacatecas y Puebla (Vázquez et al., 2020); la violencia generalizada en Michoacán (Querales-Mendoza, 2020); la violencia por el control de territorio en Guerrero (Argüello, 2022), entre otros temas.
Para el caso de Chiapas, la mayor parte de las investigaciones realizadas se han centrado en el estudio de las expulsiones de población por conflictos religiosos, políticos y armados (Del Riego, 2024; Chamberlain, 2013; Rivera, 2013; Robledo & Cruz 2015); por motivos económicos y sus efectos demográficos (Aubry, 2017); como consecuencias de desastres naturales y resultado de una agenda política nacional y estatal en la construcción de presas hidroeléctricas (Briones et al., 2013; Gallardo, 2014; Niño & Kauffer, 2020; Topete, 2009).
Sin embargo, en la mayor parte de los casos, suele verse al espacio geográfico como un elemento complementario y, en ocasiones, al margen de las investigaciones, aun cuando las problematizaciones involucren las nociones territorio, territorialidad, poblamiento y despoblamiento. Recientemente, se cuenta con investigaciones que vinculan el tema de los DFI con diferentes maneras de ejercer la violencia, planteadas desde enfoques geográfico-espaciales y antropológicos (Navarro, 2024, 2025, 2026; Morales, 2025).
Respecto a las investigaciones sobre la desaparición de personas desde un marco general latinoamericano, estas han sido tratadas desde los colectivos de búsqueda (Otero, 2021), los procesos de identificación forense (Mussh, 2010; Guglielmucci, 2017; Fondebrider, 2020); sobre los usos que se ha dado de la categoría (Martínez et al., 2018; Gatti et al., 2019; Robles, 2019); desde una agenda de políticas sobre los tópicos aparición/desaparición (Irazuzta et al., 2019).
En México, existen estudios sobre el tema, entre los que destaco aquellos que lo abordan desde la etnografía feminista, acompañando a colectivos y familiares de personas desaparecidas (Trejo et al., 2023; Hernández, 2025); los que relacionan la problemática con la noción de gubernamentalidad (Calveiro, 2021); y, también, desde el período conocido como Guerra Sucia (Barrera et al., 2024).
En Chiapas, el primer estudio que se aproximó a la temática de desaparición de personas fue el de Ronquillo (1994), en el que se dio cuenta de la muerte y también de la desaparición de población denominada en los años noventa como travestis, hoy conocida como transexual. Más recientemente, el tema está siendo abordado por organizaciones de la sociedad civil como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) (2023) y autoras como Navarro (2026), también desde esquemas comparados con otros estados del país referentes a la información vertida en las fichas de búsqueda de personas de la comunidad LGBTQI+ (Romero, 2024).
En los últimos años, ha sido asunto de discusión si el DFI y la desaparición de personas son fenómenos relacionados. Desde la antropología, Cantor (2014), Querales-Mendoza (2020), Macleod et al. (2024) y Del Riego (2024) lo han señalado, coincidiendo en que hacen falta más aproximaciones al tema desde miradas multi e interdisciplinarias. Adicionalmente, aun con los abordajes de ambas problemáticas y los esfuerzos por vincularlas, en la mayor parte de los casos el espacio geográfico suele verse como un elemento complementario y, en ocasiones, ausente en las investigaciones.
Es desde ese lugar que la presente investigación está planteada, considerando al estado de Chiapas como un territorio clave, dada su ubicación geoestratégica en la configuración fronteriza regional México-Centroamérica y de cercanía con algunos de los grandes proyectos nacionales del gobierno federal actual: Refinería Dos Bocas, en Coatzacoalcos, Veracruz; en Oaxaca, el desarrollo turístico de Salina Cruz y el Corredor Transístmico Interoceánico; en Palenque, Chiapas, una estación de la ruta del Tren Maya (figura 1).
En ese contexto, entender la importancia que el territorio adquiere en términos de su contenido -natural, mineral y humano- puede ser útil en la explicación del incremento en los casos de desaparición de personas y el aumento de los episodios de DFI, teniendo presente la circulación de diferentes grupos armados en el territorio (paramilitares, narcotráfico, crimen organizado), que operan prácticamente en todo el país (Lomnitz, 2022), que han logrado consumar e instaurar una geografía del miedo que afecta en mayor medida a las mujeres en contextos principalmente urbanos (Soto, 2022) y, en ocasiones más extremas, se trata de una geografía del terror -en el sentido de Oslender (2008, 2018)- a través de estrategias de una violencia exacerbada y la existencia de un poder público que busca combatir el problema dando continuidad a una creciente política de militarización reforzada en las fronteras norte y sur de México, que también genera miedo durante el desarrollo de la cotidianidad de territorios del desplazamiento forzado interno y la desaparicion de personas los ciudadanos (Pain & Smith, 2016); esto último de acuerdo con información obtenida mediante entrevistas en diversos municipios fronterizos de Chiapas.
Figura 1
Regiones de Chiapas y su ubicación geoestratégica respecto a proyectos nacionales
Fuente: elaboración de la autora.
Aun con la estrategia de militarización del país, tanto el DFI como la desaparición de personas han ascendido durante el período de estudio, impactando en una pérdida de territorialidad de las poblaciones afectadas, por lo que es obligado preguntarnos si ha resultado ser una estrategia efectiva después de 18 años y eso cómo se refleja en el espacio geográfico.
El análisis de las dos problemáticas conduce a reflexionar sobre la distribución espacial que les es implícita, de manera que puedan evidenciarse cartográficamente relaciones de coincidencia o cercanía espacial entre el DFI y la desaparición de personas. Con esta investigación se pretende contribuir a los estudios académicos sobre estos temas en el sur de México, desde una perspectiva geográfica y cartográfica de actualidad, que también puede ser útil en el diseño de esquemas preventivos de gestión pública.
El artículo, en el que se presenta una serie de nuevas cartografías, se divide en cuatro apartados. El primero se refiere al período 2006-2012, en el marco del inicio de una nueva etapa del proceso de militarización en México, conocida como la guerra contra el narcotráfico, impulsada en el sexenio del gobierno conservador de Felipe Calderón. En un segundo momento, que va de 2013 a 2018, la atención está centrada en el aumento de las dos problemáticas, así como en las estrategias de resistencia comunales a proyectos extractivistas mineros y de hidrocarburos, con el regreso del partido político hegemónico por más de 70 años en México, encabezando la presidencia de la república Enrique Peña Nieto.
En el tercer apartado, el foco está puesto en el incremento acelerado de la desaparición de personas y las relaciones espaciales que guarda con los territorios del DFI, en un Chiapas altamente custodiado por la Guardia Nacional (GN), durante el primer período presidencial del partido de izquierda progresista, fundado por Andrés Manuel López Obrador, el presidente. Por último, se ofrece una aproximación al primer perfil sociodemográfico de las personas desaparecidas en Chiapas, durante el período de estudio, buscando sea de utilidad en esquemas preventivos del diseño de la política pública.
Metodología
La investigación se basó en metodologías mixtas que integraron el análisis cartográfico tanto de la desaparición de personas como del DFI, elaborado a partir de la información que revelaron las entrevistas con grupos de personas desplazadas, los recorridos en campo, así como los datos estadísticos de fuentes oficiales como la Fiscalía General del Estado de Chiapas, en su portal https://www.fge.chiapas.gob.mx/Servicios/Hasvistoa,2 que fueron cotejados con los del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), https//cnbreportadesapareci-dos.segob.gob.mx/
Por último, se recurrió a datos aportados por la Guardia Nacional en su informe del año 2022 (GN, 2023). En conjunto, la información fue georreferenciada, lo que permitió construir bases de datos novedosas sobre este tema. Así mismo, al considerar la importancia del cotejo de datos con la realidad espacial de la problemática tratada, se tomaron puntos GPS para espacializar el control que ejerce la GN en el corredor migratorio sur de Chiapas.
El abordaje fue planteado como un reto metodológico debido a la inexistencia de datos geoespaciales sobre las materias estudiadas; también, por un problema común observado al plantear este tipo de investigaciones al margen de la representación, comprensión e interpretación espacial. Fue así que se diseñó un modelo (figura 2) en el que se procesaron datos previamente analizados, ordenados y clasificados para ser proyectados en un sistema de información geográfica (SIG), desde el que fue posible detectar, mediante el traslape de capas de información geoespacial, los territorios en los que la desaparición de personas se ha presentado, así como algunos patrones de coincidencia y cercanía espacial con los territorios del desplazamiento forzado interno en Chiapas. La unidad territorial de análisis fue la municipal.
Respecto al procesamiento de los datos, estos fueron georreferenciados en formato shape (shp), siendo el primer registro del año 1987 con corte al 31 de diciembre de 2024. Es importante señalar que es una de las primeras bases de datos georreferenciados sobre el tema en México y la primera para Chiapas, que desagrega cada dato con su correspondiente coordenada geográfica a escala municipal, local y por área geográfica básica (AGEB). En total, se registraron 1408 entradas de personas desaparecidas, de las cuales 1322 desaparecieron en Chiapas, siendo 1317 las que corresponden al período de estudio.
Los datos fueron desagregados por sexo, edad, fecha de desaparición, hora de desaparición, lugar de procedencia, nivel de instrucción, lugar en donde fue vista por última vez la persona, medio de transporte, entre otros temas de interés. En términos estadísticos y demográficos, lo anterior permitió construir una pirámide poblacional por grupos quinquenales y determinar, entre otras cosas, el sexo y rango de edad en los que desaparecen más personas, y cuándo esa tendencia disminuye. Para el procesamiento de datos, se utilizó el paquete estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), y, para los espaciales y la producción cartográfica, el software ArcGIS Pro.
Los datos sobre desplazamiento forzado interno también fueron georreferenciados y se obtuvieron por medio de 30 entrevistas realizadas en los meses de mayo, junio y octubre de 2024 a personas desplazadas y ubicadas actualmente en los municipios de Venustiano Carranza, Escuintla, Acacoyagua, Yajalón, Chapultenango, en Chiapas, y Teapa, en Tabasco (frontera con Chiapas), las cuales fueron grabadas con la autorización de las personas entrevistadas.
Desde fuentes secundarias, se recurrió a la prensa escrita y a los datos georreferenciados de otras investigaciones sobre el tema (Navarro, 2024, 2025). Este diseño metodológico permite considerar los mapas generados como una herramienta analítica y ofrece a los lectores la oportunidad de acercarse a la visualización de ambos fenómenos, promoviendo de esta manera su comprensión desde un lenguaje cartográfico e invitando a los diseñadores de la política pública a hacer uso de los insumos generados en sus ejercicios de gestión pública.
DFI, desaparición de personas y territorialidad en la frontera sur de México
En esta investigación ha sido importante reconocer la historicidad, incluso la más inmediata, de las nociones DFI y desaparición de personas, vistas, además, desde una perspectiva de frontera y que, a lo largo de tres sexenios presidenciales (2006-2024), abarca cerca de dos décadas. En los tres períodos, gobernados por políticos de derecha, de centro y de izquierda [progresista], hacen eco las palabras de Robinson (2014, 2021) en torno a la forma de gobernar de izquierdas o derechas en la era del capitalismo global, las cuales recurren "a la misma base social de los millones que han sido devastados por la austeridad neoliberal, el empobrecimiento, el empleo precario, y relegación a las filas de la humanidad superflua" (Robinson, 2021, p. 15), o la de los homo sacer de Agamben (2020).
Para Robinson (2021), el nivel de polarización social y de desigualdad es el más alto en la historia del capitalismo: el 1 % más rico de la población mundial controla más de la mitad de la riqueza, mientras que el 80 % más pobre tiene que conformarse con el 5,5 %. Esta desigualdad está generando una crisis en las dimensiones social y política que está siendo aprovechada al máximo en el creciente poder político de la clase capitalista transnacional, que, para el caso latinoamericano, muchas veces opera como lo que Böhm (2024), retomando a Kramer y Michalowski (2006), ha denominado criminalidad estatal-corporativa, es decir, aquellas prácticas que se mueven entre la legalidad y la ilegalidad, dada "la intersección socialmente dañina entre los intereses corporativos y los actores estatales" (Böhm, 2024, p. 16).
En ese contexto mundial, Chiapas no queda excluido, es el estado mexicano con mayor pobreza del país y desde 2004 es la entidad con menor PIB, se trata de una pobreza estructural que data de al menos el último siglo (López & Peláez, 2023). De acuerdo con datos del extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el año 2022 el 67,4 % de su población vivía en situación de pobreza; el 77,9 % tenía carencia por calidad y espacio de vivienda; y, del otro lado de la balanza, solo el 8,1 % de la población no era pobre, ni vulnerable; los datos por sí mismos reflejan una marcada desigualdad social y económica.
En los tres períodos analizados, la desaparición de personas guarda una relación directa con eventos violentos criminales-armados, que son los que detonan en diferentes momentos el DFI, provocando, a la par, una pérdida de territorialidad de las poblaciones afectadas. En ese mismo orden de ideas, por lo regular los grupos que ejercen este tipo de violencia y logran que las personas se desplacen son inspirados o dirigidos desde lógicas hegemónicas capitalistas de apropiación de territorios -principalmente ricos en cuanto a recursos naturales y biodiversidad-, con posiciones geoestratégicas clave para el desarrollo de proyectos extractivistas a diferentes escalas -local, regional, nacional y global- (Robinson, 2021), una dinámica similar a lo que Harvey ha denominado acumulación por desposesión (Harvey, 2006, 2012).
Visto de esta manera, tanto el DFI como la desaparición de personas son entendidos como parte de las violencias más duras que se viven en el México actual. En el contexto chiapaneco, podemos entender al DFI como es planteado desde los principios rectores de la ONU (1998), es decir, como una movilidad humana [forzada] que ocurre dentro de las fronteras nacionales. Aun cuando la violencia es una de las constantes observadas en este tipo de movilidad forzada, en su base subyace la multicausalidad y, por lo tanto, observarla, mediarla y visibilizarla cartográficamente debe incluir una visión multidimensional.
Abordado desde la geografía, el DFI en Chiapas debe abarcar, de manera inseparable, las dimensiones espacial y temporal, reconociendo sus constantes cambios y el dinamismo que lo caracteriza. Prueba de ello es cómo en los últimos años, dada la violencia exacerbada que se vive en este estado mexicano, las personas desplazadas han traspasado las fronteras nacionales, trasmutando al DFI en desplazamiento forzado internacional (DFIN).
Estas movilidades forzadas conllevan procesos territoriales e identidades culturales que las personas desplazadas reproducen en los nuevos asentamientos y que aluden a la territorialidad, en un proceso de adaptación a otro medio físico-geográfico que busca reproducir los símbolos y la cultura del lugar de origen (Giménez, 2014; Haesbaert, 2011; Porto Gonçalves, 2001).
Para el caso de Chiapas y de modo general, entiendo la territorialidad como "una estrategia humana, dinámica en el tiempo y el espacio, que denota la identidad a través del simbolismo y la cultura que se recrea o reproduce en un lugar" (Navarro, 2024, p. 100). No obstante, cuando el DFI se transforma en DFIN, la territorialidad corre el riesgo de perderse o desvanecerse en asentamientos con entornos culturales e identitarios diametralmente diferentes al de origen.
Por su parte, la noción desaparición de personas tiene una connotación histórica, cambiante en el tiempo y el espacio. La podemos encontrar, a lo largo del tiempo, revestida desde las formas en que fueron nombradas. Por ejemplo, en muchos documentos coloniales la palabra "cautivo/a" aplicaba para mujeres y hombres, principalmente de raza negra, que eran desaparecidos de sus geografías y trasladados a lo que hoy es América, bajo la figura de esclavos para trabajar en actividades extenuantes, como la minería.
Siglos después, durante los períodos de Independencia, el revolucionario y posrevolucionario "el robo de la novia", ha sido documentado por Lomnizt (2022) como un antecedente a la problemática de la desaparición de las mujeres. Posteriormente, en el contexto de la represión estudiantil de 1968 y la Guerra Sucia de los setenta, la "desaparición forzada" fue el común denominador para todo colectivo considerado por el poder público como disidente; y, por último, en el contexto actual de violencia criminal, la "desaparición de personas" es un hecho alarmante en México.
Quizás una de las diferencias más importantes entre los dos últimos contextos es que la desaparición forzada de personas durante el período conocido como Guerra Sucia, en los años setenta del siglo xx, el principal señalado como responsable fue el Estado, vía los grupos de choque y el Ejército mexicano (Barrera et al., 2024). Actualmente, hay una diversidad de actores e intereses disputándose el control del territorio y ejerciendo todo tipo de violencias y violaciones a los derechos humanos que cada vez con mayor frecuencia coincide espacialmente con la desaparición de personas, por lo que imputar a un solo grupo o actor es una interpretación hasta cierto punto parcial.
Desde el marco normativo general de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, en su artículo 5°, se establece que "la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad tal como está definido en el derecho internacional aplicable y entraña las consecuencias previstas por el derecho internacional aplicable" (ACNUR, 2006, p. 2).
Sin embargo, ampliando la perspectiva a las condiciones actuales de la violencia en México, en general, y de Chiapas, en particular, la desaparición de personas obedece a causas múltiples y su explicación es más compleja que la proporcionada por el gobierno federal en diciembre de 2023, bajo el eslogan "Nueva Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada", basada en principios aritméticos de sumas y restas (Morales, 2023).
Más bien, como plantea Hernández (2025), habría que reconocer que la desaparición de personas implica más que la pérdida física de un ser querido, se trata de un problema más complejo y multifacético con efectos colaterales que afectan a la víctima, a sus familiares y a la sociedad en general, que queda atemorizada. A decir de esta autora, se trata de una acumulación de violencias estructurales y violación a los derechos humanos, que se vincula a redes de poder, impunidad y crimen organizado, que desgarra los tejidos sociales y que se manifiesta en múltiples niveles, tanto físicos como simbólicos.
Para el caso de Chiapas, entiendo la desaparición de personas como un acto de violencia feroz, que a la fecha no deja claro el destino de sus víctimas, es decir, en la mayor parte de los casos no se sabe si se trata de asesinatos o de esquemas de reclutamiento forzado de población, la cual, de acuerdo con el procesamiento estadístico de los datos, es principalmente masculina, sin instrucción o con instrucción primaria, en edad productiva, y que proyectados en el SIG trazan un patrón de mayor incidencia en las cercanías o coincidencia espacial con las coordinaciones que la Guardia Nacional ha establecido en el territorio, conforme con su informe del año 2022.
De la misma manera que el DFI, para observar, medir y visibilizar la desaparición de personas, se debe incluir una visión multidimensional. Específicamente, abordando su estudio desde la geografía, debe abarcar la dimensión espacial y la temporal, reconociendo el crecimiento que la caracteriza de los últimos años. Prueba de ello es cómo en el último sexenio las desapariciones de personas en Chiapas se ha incrementado en más del 400 % (Navarro, 2024).
El terror ante las desapariciones de juventudes, las amenazas directas de grupos paramilitares y los enfrentamientos armados entre integrantes de carteles y grupos del crimen organizado por el control de la frontera sur han sido las principales causas de la huida de la población que bajo la categoría de personas desplazadas han dejado sus tierras y hogares atrás, es decir, han dejado sus espacios vacíos. El espacio vacío visto de esta manera, desde la Colonia y hasta estos tiempos cargados de estrategias neocoloniales, continúa siendo el argumento más efectivo para la ocupación de territorios.
Desde una perspectiva de frontera, el DFI y la desaparición de personas son pensadas como estrategias de fronterización criminal del siglo xxi, que coadyuban en la reconfiguración social del espacio de frontera del sur de México, lo que en términos lefebvrianos sería pensar en el espacio [fronterizo] no como contenedor pasivo administrado y organizado por el Estado, sino como un producto social y una construcción histórica compleja necesaria para la reproducción del capitalismo (Lefebvre, 2020), ahora en su etapa más globalizada, según los planteamientos de Robinson (2021).
Primera ola. Las desapariciones entre 2006 y 2012
En México y particularmente en Chiapas, el DFI y la desaparición de personas son problemáticas que, lejos de estar resueltas, se han incrementado. Haciendo un rápido repaso de los últimos tres períodos de gobierno, se puede ubicar un antes y un después durante el sexenio de Felipe Calderón y la gobernatura de Juan Sabines. Por aquellos años, el número de municipios que registraron episodios de desplazamiento forzado aumentaron, debido, entre otras cosas, al impulso que Calderón dio al proceso de militarización por todo el país (Durin, 2024; Navarro, 2024).
No obstante, en ese período el desplazamiento forzado interno fue de cierta manera invisibilizado en estados como Chiapas, dado que la atención estaba puesta en la violencia generalizada que imperaba en todo México, mostrada principalmente por los medios de comunicación mediante fuertes imágenes de asesinatos, desapariciones y cuerpos desmembrados, dando inicio a la primera oleada de personas desaparecidas del nuevo milenio (Alvarado, 2014).
A nivel nacional se acrecentó la persecución de las juventudes precarizadas (Valenzuela, 2015), que, para el caso de Chiapas, en el corredor San Juan Chamu-la-zona norte de San Cristóbal de Las Casas, heredaron de sus padres y abuelos las consecuencias del desplazamiento forzado interno entre las décadas de los setenta y noventa (Aramoni & Morquecho, 1997; Chamberlain, 2013; Rivera, 2013; Navarro, 2024).
Este sector de la población, que años más tarde fue conocido bajo el alias de motonetos,3 se empezó a conformar a través de grupos juveniles precarios, estigmatizados y excluidos socialmente de la antigua Ciudad de Las Casas, a la par del surgimiento del Cartel de Chamula, de índole local (García, 2023). Es así que, coincidiendo con Gamboa y Sánchez (2019), se puede argumentar que la construcción del sujeto violento actual tiene un referente histórico y, por lo tanto, es estructural.
Por otra parte, una de las actividades económicas que mayor desplazamiento forzado ha generado en Chiapas ha sido la minería, siendo el municipio de Chicomuselo de la región Sierra ejemplo de ello. A fines de 2009, el fuerte activismo de Mariano Abarca, una de las voces más importantes en defensa del territorio en el lugar, fue asesinado, y este hecho tuvo fuertes repercusiones de escala mundial, obligando al gobernador Sabines a suspender -no a cancelar- la concesión a la empresa minera canadiense Blackfire Exploration Ltd. (ONU, 2009). No obstante, la actividad minera fue reactivada a partir del año 2021, bajo esquemas parecidos a lo que Böhm (2024) denomina como criminalidad estatal corporativa, que fue ejecutada a través de grupos ilegales armados, para ser nuevamente clausurada por el gobierno federal en 2025 (Martin, 2025).
Para el mismo período, los municipios con reporte de alguna persona desaparecida fueron Ixtacomitán, Ixhuatán, Ocozocoautla, Tuxtla Gutiérrez, Pijijiapan y Tapachula; a excepción de la capital del estado (Tuxtla Gutiérrez), los demás municipios enunciados guardan una relación espacial de cercanía con otras fronteras nacionales, y Tapachula con la frontera México-Guatemala (figura 3).
Figura 3
Municipios con reporte de desaparición de personas en Chiapas (México), 2006-2012
Fuente: elaboración de la autora con base en datos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, https://www.fge.chiapas.gob.mx/servicios/hasvistoa/, corte: 31 de diciembre de 2024.
Al respecto, es importante señalar que "¿Has visto a... ?", el portal desde el que se obtuvieron los datos, inició en el año 2015, por lo que la cultura de denuncia de este tipo de delitos es un hecho relativamente reciente y más recurrente en los centros urbanos densamente poblados, donde existen instancias y condiciones para hacer un reporte de desaparición de un familiar.
Para cerrar este apartado, de acuerdo con los datos recopilados y procesados, la desaparición de personas en Chiapas entre el año 2006 y 2012 acumuló 35 casos, concentrando la mayor parte en la población con un nivel de instrucción básica, siendo 22 de ellos varones.
Segunda oleada de desapariciones y extractivismo minero, 2013-2018
Durante el siguiente período de estudio, que coincide con el gobierno estatal de Manuel Velasco y Enrique Peña Nieto en la presidencia de México (2012-2018), se registró un incremento en los episodios de DFI, principalmente en territorios cercanos a Chenalhó, como Tenejapa y Chalchihuitán, también en Huixtán y Aldama, de la región de Los Altos de Chiapas (Pecker, 2019, 2020).
En términos de desplazamiento por actividad minera, gracias a la organización y resistencia comunal (figura 4) que inició en 2016 por parte de pobladores de localidades rurales como Los Cacaos, Nueva Francia y La Libertad, pertenecientes a los municipios de Acacoyagua y Escuintla, se logró suspender -aunque no cancelar- la concesión otorgada por parte del gobierno a particulares desde el año 2009, debido a los graves daños ambientales y en la salud de las personas provocados por los procedimientos químicos de lixiviación utilizados en la extracción de titanio y otros minerales que tenían como destino final puertos como Beijing y Hong Kong, en China (Navarro & Sánchez, 2026). En 2014, el gobierno del estado celebraba cómo entre 2012 y 2014 la compañía Cobalt United Industries había logrado exportar, a través de Puerto Chiapas 103 809 toneladas de titanio (Navarro & Sánchez, 2026; Moreno & Abraján, 2018; Ramírez & Martínez, 2020).
Una situación similar fue la vivida en la región Zoque, por la organización y el activismo político comunal del Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y de la Tierra (Zodevite), el cual en 2017 logró frenar las concesiones otorgadas para el desarrollo de proyectos extractivistas mineros y de hidrocarburos en diez municipios de la región Zoque de Chiapas -entre ellos Chapultenango y Francisco León- (Ledesma, 2020, 2022).
De acuerdo con la información vertida en entrevistas efectuadas a pobladores de la región en octubre de 2024, es probable que en cualquier momento se reactiven los intereses mineros quitando pausa a la suspensión y echando mano de los servicios brindados por grupos armados criminales, algo que en la jerga jurídica se conoce como criminalidad estatal corporativa o de cuello blanco transnacional, que opera de manera eficaz en países latinoamericanos como Ecuador, Honduras, Brasil y Guatemala (Blöhm, 2024, p. 17).
En los dos casos expuestos de resistencia, activismo y organización social, los pobladores enfrentan el hecho de que las concesiones fueron otorgadas por cincuenta años, situación que sugiere cómo, ante la posibilidad de reactivarse las concesiones, estas zonas están en riesgo de registrar expulsiones violentas y desplazamientos de población, dada la riqueza de recursos minerales y de hidrocarburos que contiene su territorio, que son de interés para las corporaciones capitalistas transnacionales.
En este segundo período, algo notorio fue la incorporación de municipios de prácticamente todas las regiones del estado al mapa de las personas desaparecidas en Chiapas, destacando los municipios fronterizos como Reforma, Palenque, Ocosingo, Frontera Comalapa, Suchiate, Tonalá, Cintalapa y Ocozocoautla (figura 6).
Figura 4
Expresiones de resistencia a la minería. Ejido Santa Anita, Acacoyagua, Chiapas
Fuente: fotografía de la autora, trabajo de campo, octubre de 2024.
Figura 5
Camino a la mina Los Cacaos (actualmente suspendida). Ejido Andes de Zapata, Acacoyagua, Chiapas
Fuente: fotografía de la autora, trabajo de campo, octubre de 2024.
Figura 6
Municipios con reporte de desaparición de personas en Chiapas (México), 2013-2018
Fuente: elaboración de la autora con base en datos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, https://www.fge.chiapas.gob.mx/servicios/hasvistoa/, corte: 30 de agosto de 2024.
Así mismo, el mayor número de reportes se concentra en los municipios más urbanizados y densamente poblados, como Tuxtla Gutiérrez (27 reportes), Tapachula (14) y Comitán (12), que cuentan con mayor infraestructura de instituciones gubernamentales, situación que contribuye a un mayor número de registros en los reportes existentes, los cuales muestran el siguiente comportamiento: 3 reportes en 2013, 5 en 2014, 26 en 2015, 50 en 2016, 59 en 2017 y 86 en 2018.
En resumen, conforme con los datos recopilados, analizados y procesados, entre el año 2013 y 2018 desaparecieron 229 personas en Chiapas, que tenían un nivel de instrucción de educación básica y de las cuales 156 fueron hombres y 73 mujeres.
Tercera oleada y el crecimiento inusitado de las desapariciones, 2019-2024
Durante este último período de estudio, con López Obrador en la presidencia de la república y Rutilio Escandón como gobernador del estado, destaca la mención de la narcoviolencia como un fenómeno nuevo en Chiapas que afectaba en diferentes puntos de la geografía (Henríquez, 2024; Mandujano, 2023b). En ese mismo orden de ideas, entre 2020 y 2023, los territorios en los que el DFI se presentaba con más intensidad fueron nuevamente municipios fronterizos, incorporándose Motozintla, Amatenango, La Trinitaria y Frontera Comalapa, de la región Sierra (Pérez et al, 2020, 2021; Frayba, 2021, 2023; Mandujano, 2023b; Henríquez, 2023a) (figura 8).
Respecto a las regiones Soconusco e Istmo-Costa, se registró un aumento de concesiones mineras otorgadas a empresas mexicanas y extranjeras, en comunidades de los municipios de Tapachula, Huixtla, Mazatán, Motozintla, Siltepec, Villa Comaltitlán, Escuintla, Acacoyagua, Acapetahua, Ángel Albino Corzo, La Concordia, Pijijiapan, Mapastepec y Tonalá, que, aun cuando algunas se encuentran suspendidas -no canceladas- gracias al activismo político y resistencia de las comunidades organizadas (figura 4), han derivado en consecuencias adversas en la salud, con diferentes tipos de cáncer que padecen las personas que viven en municipios como Acacoyagua y Escuintla de la región Soconusco (figuras 4 y 5) (Navarro & Sánchez, 2026; Ramírez & Martínez, 2020; Secretaría de Economía, 2021; Vázquez & Peña, 2022).
Al contexto anterior se suman los monocultivos, que devienen en consecuencias ambientales que están transformando los paisajes y afectando el acceso al agua en esteros costeros, manglares y bosques (Barrasa, 2017; Moreno & Abraján, 2018; Castellanos, 2024). Cómo explicar que este tipo de áreas geográficas -por ejemplo, las ubicadas en la región Soconusco-, catalogadas en 2016 por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) como reservas potenciales de agua en México, estén empleando el recurso agua en este tipo de actividades económicas (Conabio, 2016).
Es una pregunta a la que se puede responder desde planteamientos hechos por autores como Robinson (2021), Böhm (2024), Kramer y Michalowski (2006), en el sentido del creciente poder político de la clase capitalista transnacional, que incentiva prácticas como criminalidad estatal-corporativa, que se mueve entre la legalidad y la ilegalidad, dada la confluencia negativa entre los intereses corporativos, mayoritariamente transnacionales, y los actores estatales.
A partir de 2021, reiniciaron nuevos episodios de desplazamiento forzado en Chicomuselo, toda vez que la concesión suspendida en 2010 a la empresa minera canadiense Blackfire, se reactivó. En diferentes momentos entre 2022 y 2024, la población estuvo aislada por parte de los grupos criminales que controlan la zona, los cuales se encargaron de cortar la comunicación por vía terrestre, el suministro de energía eléctrica y el agua, así como de atemorizar a la población que muchas veces optó por huir (Henríquez, 2023a, 2023b; Navarro, 2024).
Por lo que respecta al desplazamiento forzado, los años 2023 y 2024 fueron los que registraron éxodos intensos, que trataron de ser minimizados desde las más altas esferas del poder público (Aristegui Noticias, 2023; Báez, 2024; Henríquez, 2024; Velázquez, 2024). El municipio de Tila se convirtió en un caso de los más emblemáticos dado que las cifras oficiales establecían más de 4000 personas desplazadas, entre las que se encontraban grupos de infantes (figura 7); no obstante, mediante entrevistas hechas a personas desplazadas forzadas que se asentaron provisionalmente, en junio de 2024, en la cabecera municipal de Yajalón, el dato que proporcionaban era de al menos 12 000 personas desplazadas en el interior del municipio, en localidades como El Limar; en el interior del estado de Chiapas, en municipios como San Cristóbal de Las Casas; dentro del territorio nacional, en otros estados mexicanos como Yucatán, Tabasco, Veracruz, Michoacán, Sonora, Baja California y Chihuahua. También, con destino a Guatemala y, hasta antes del retorno de Donald Trump en enero de 2025 y de todas las restricciones impuestas desde Washington, a Estados Unidos. Fue de esta manera que el DFI fue traspasando las fronteras norte y sur de México, convirtiéndose en un desplazamiento forzado internacional o externo (DFIN). Sin embargo, según Estévez (2025), actualmente en México se está pasando de un régimen de migraciones bajo la figura del refugio a uno de DFI.
En julio de 2024, debido a la violencia exacerbada en municipios de la región Sierra, como Frontera Comalapa y Chicomuselo, los desplazamientos forzados de personas con destino a Guatemala, amparándose bajo la figura del refugio, sorprendieron a la opinión pública generalizada, a la que le resultaba familiar pensar en la figura de guatemaltecos refugiados en Chiapas, pero no chiapanecos en Guatemala (Morán, 2024).
Aun con la instauración de esta geografía del miedo -en el sentido de Oslender (2008, 2018)-, la organización y activismo social optó por salir a las calles y exigir al gobierno federal acciones inmediatas y efectivas contra los grupos criminales en municipios como Frontera Corozal, de la región Selva, pues, tras casi 30 años de lucha, el EZLN declaraba desaparecidos los municipios autónomos zapatistas y las juntas de buen gobierno (Mandujano, 2023a; Mariscal, 2023).
Figura 7
Expresiones de resistencia de las infancias al desplazamiento forzado interno en Tila. Auditorio de Yajalón, Chiapas, junio de 2024
Fuente: fotografía de la autora, trabajo de campo, junio de 2024.
El peligro que representó el reclutamiento forzado de población, principalmente de jóvenes, en localidades de municipios fronterizos con Guatemala como Frontera Comalapa, es una de las estrategias que los grupos criminales utilizan con resultados bastante eficaces ante la encomienda de vaciar espacios; desde algunos posicionamientos científicos, se ha considerado a estas organizaciones como una de las principales fuentes generadoras de empleo en México, ocupando el quinto lugar como empleador (Moreno & Urteaga, 2019; Caulkins et al., 2023; Curiel et al, 2023; Ferri, 2023).
Por su parte, las cifras de desaparición de personas durante el tercer período se incrementaron de manera considerable, cubriendo, hasta el 31 de diciembre de 2024, el 74 % de los municipios del estado, dicho de otra manera: 92 municipios de los 124 que conforman el territorio del estado de Chiapas tienen hasta esa fecha al menos un registro de persona desaparecida.
De la misma forma que en el período anterior, los reportes de personas desaparecidas tienen una mayor incidencia en las ciudades más densamente pobladas y urbanizadas, tal es el caso de Tuxtla Gutiérrez (158 reportes), Tapachula (134), Comitán (79). Sin embargo, se suman al mapa de desapariciones municipios con una menor densidad poblacional: Frontera Comalapa, con 83 casos, y Palenque, con 45. Desde una lectura espacial es interesante observar cómo la desaparición de personas está más presente en las fronteras de Chiapas, en municipios como Frontera Comalapa, La Trinitaria, Suchiate, Tonalá, Cintalapa, Reforma, Palenque y Ocosingo (figura 8).
Como es del dominio público, durante el sexenio de López Obrador el proceso de militarización que había sido iniciado por Felipe Calderón se reforzó y consolidó. En ese sentido, de acuerdo con el informe 2022 de la Guardia Nacional, se establecieron once coordinaciones regionales en el territorio de Chiapas que contaron con 3810 efectivos, distribuidas en los municipios de "Pichucalco, Palenque, Bochil, Ocosingo, Tuxtla, San Cristóbal de Las Casas, Las Margaritas, Villa Flores, Comitán, Tonalá y Tapachula" (Guardia Nacional, 2023, p. 27) (figura 9).
Al hacer el cruce de las capas de información espacial referente a los municipios en los que ha habido casos de DFI en Chiapas con los que han registrado personas desaparecidas,4 podemos observar una especie de ruta o corredor central que inicia en Frontera Comalapa, continuando por La Trinitaria, Comitán, San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez, que puede terminar en la frontera oeste por Ocozocoautla-Berriozábal-Cintalapa, o bien, por el norte del estado, en Palenque.
En ese mismo sentido, parecen dibujarse rutas por el norte, centro y sur de Chiapas que coinciden con los corredores migratorios más conocidos en el estado (figura 9).
Es de llamar la atención la coincidencia espacial entre la densidad del evento (desaparición de personas) y el establecimiento de las coordinaciones de la Guardia Nacional. En este punto, es importante recordar que se está trabajando con datos e información proporcionados por las mismas instancias gubernamentales, es decir, la Fiscalía General del Estado de Chiapas y la Guardia Nacional, que en esta investigación fueron procesados estadística y espacialmente, esperando sean de utilidad en el diseño de estrategias que contribuyan en el diseño de esquemas preventivos de gestión pública (figura 9).
Figura 8
Municipios con reporte de desaparición de personas en Chiapas (México), 2019-2024
Fuente: elaboración de la autora con base en datos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, https://www.fge.chiapas.gob.mx/servicios/hasvistoa/, corte: 31 de diciembre de 2024.
Figura 9
Territorios del DFI y la desaparición de personas con presencia de la gn, Chiapas (México), 2019-2024
Fuente: elaboración de la autora con base en datos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, https://www.fge.chiapas.gob.mx/servicios/hasvistoa/, corte: 31 de diciembre de 2024; y de la Guardia Nacional (2023).
Otro aspecto por destacar que puede ser observado en la figura 9 es un patrón de cercanía espacial entre los territorios del DFI de las regiones Soconusco y Sierra Mariscal con las concesiones otorgadas para el extractivismo minero, o las de hidrocarburos en la región Norte (noroeste), con casos muy focalizados y de incremento en la desaparición de personas, y cercanía también con algunas coordinaciones de la Guardia Nacional, algo que no debería sorprendernos si tomamos como base los estudios de Paley (2014), quien demostró cómo en Colombia, Guatemala y Honduras las corporaciones transnacionales contratan a grupos criminales para intimidar a quienes se opongan a estos proyectos de "desarrollo" y controlar de esta manera el territorio, pero no cualquier territorio, sino aquel rico en recursos minerales.
Por último, de acuerdo con los datos analizados y procesados, entre el año 2019 y 2024 desaparecieron 1143 personas, de las cuales 996 fueron varones y 233 mujeres. Distribuidas por año de la siguiente manera: 74 reportes en 2019, 91 en 2020, 152 en 2021, 216 en 2022, 266 en 2023 y 344 en 2024, con un nivel de instrucción mayoritariamente en educación básica. En este período han aumentado los casos de personas desaparecidas que cuentan con estudios de nivel medio superior y superior -con ingenierías y licenciaturas-, y dos casos de personas desaparecidas que tenían posgrado.
Hacia la construcción de un perfil de las personas desaparecidas
Respecto a los datos sobre desaparición de personas, se obtuvieron a través de fuentes oficiales, como los reportes de personas desaparecidas de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, en su portal https://www.fge.chiapas.gob.mx/Servicios/ Hasvistoa, que fueron cotejados con los del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), https://cnbreportadesaparecidos.segob.gob.mx/, del gobierno federal.
Lo anterior posibilitó la construcción de una base de datos estadística que fue georreferenciada en formato shape (.shp), que inicia en el año 1987 con corte al 31 de diciembre de 2024. En total, se registraron 1408 entradas de personas desaparecidas, de las cuales 1322 se extraviaron en Chiapas, siendo 1317 las que corresponden al período de estudio.
De cada ficha de búsqueda, se obtuvieron datos que fueron desagregados por sexo, edad, fecha de desaparición, hora de desaparición, lugar de procedencia, nivel de instrucción, lugar en donde fue vista por última vez la persona, entre otros temas que son de interés. En términos estadísticos y demográficos, ello permitió construir una pirámide de población desaparecida por grupos quinquenales de edad, así como determinar el sexo y rango de edad en los que desaparecen más personas, y en qué grupos de edad esa tendencia disminuye.
Entre los años 2006 y 2024, la cantidad de reportes de personas desaparecidas revela que el 80,20 % del total corresponde a varones y el 19,80 % son mujeres. Los rangos de edad en los que más desaparecen las mujeres, clasificados por grupos quinquenales, están en los grupos de 10-14 y 15-19 años, lo que puede tener una relación con la actividad ilegal de trata de personas. Para el caso de los varones, los grupos son 15-19, 20-24, 25-29, 30-34 y 35-39 años (figura 10), es decir, se trata de hombres en edad productiva.
También, desde una mirada general del período, el nivel de instrucción de las personas desaparecidas se concentra en el nivel básico y, en menor proporción, en el nivel medio superior. Sin embargo, más de 400 registros quedan bajo la etiqueta de 'sin especificar', lo que puede sugerir que es momento de replantearse la manera de formular esta pregunta, o la forma en que se trata de obtener esa información (figura 11). En los tres períodos, el número de personas desaparecidas en Chiapas se ha acrecentado en términos absolutos durante los últimos seis años, pasando de 35 casos reportados en el primer período a 229 en el segundo, y a 1143 en el tercero (figura 12).
Además de la construcción de la base de datos georreferenciada, que en sí misma es un aporte valioso, aproximarnos a un perfil sociodemográfico de desaparición también lo es. En términos generales, desaparecen más varones en edad productiva, de los 15 a los 39 años, mayoritariamente sin instrucción o con instrucción primaria, esto último ya nos habla de desigualdades socioeconómicas que mapeándolas han correspondido con desigualdades socioespaciales, por ejemplo, de falta de acceso a la educación debido a la ausencia de infraestructura en el mismo rubro.
Figura 10
Personas que desaparecieron en Chiapas, 2006-2024, por grupo quinquenal de edad y sexo
Fuente: elaboración de la autora con base en datos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, https://www.fge.chiapas.gob.mx/servicios/hasvistoa/, corte: 31 de diciembre de 2024.
Figura 11
Nivel de instrucción de personas desaparecidas en Chiapas, 2006-2024
Fuente: elaboración de la autora con base en datos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, https://www.fge.chiapas.gob.mx/servicios/hasvistoa/, corte: 31 de diciembre de 2024.
Figura 12
Personas desaparecidas en Chiapas que cuentan con reporte, 2006-2024
Fuente: elaboración de la autora con base en datos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, https://www.fge.chiapas.gob.mx/servicios/hasvistoa/, corte: 31 de diciembre de 2024.
Reflexiones finales
Si bien el proceso de militarización inició en 2006, sus efectos se vieron reflejados a partir del segundo período y más claramente en el tercer período analizado. El procesamiento de datos vistos en las cartografías generadas a través del SIG revela que tanto el desplazamiento forzado como la desaparición de personas se han incrementado, sin dar señales hasta ahora de que la estrategia federal de militarizar este territorio del sur esté revirtiendo alguna de las problemáticas.
Haber abordado geográfica y cartográficamente los territorios del desplazamiento forzado interno en Chiapas y relacionarlos, mediante análisis espacial, con los de la desaparición de personas a través del uso del SIG resultó una experiencia retadora y pertinente, que puede ser de utilidad en el diseño de esquemas preventivos de gestión pública en el ámbito gubernamental. De ahí la importancia de incursionar desde este tipo de perspectiva, en la que se generaron bases de datos georreferenciadas sobre el tema, pioneras en su tipo para Chiapas y de las primeras que existen y son públicas a nivel nacional.
Por otra parte, el otorgamiento de concesiones para el desarrollo de proyectos extractivistas mineros y de hidrocarburos principalmente a empresas de capital transnacional; la cercanía espacial con algunos proyectos del gobierno federal: Refinería Dos Bocas, Tren Maya, Corredor Transístmico Interoceánico; y el control de los flujos internacionales que ingresan a México por Chiapas y transitan por los corredores migratorios del norte, centro y sur del estado están impactando en las disputas actuales por el territorio entre diferentes grupos criminales armados que pretenden controlar la frontera sur.
Sumado a lo anterior, la política federal de militarización del país iniciada en el 2006 y consolidada en 2024 -alejada de todo marco normativo internacional defensor y regulador de los derechos humanos- no reporta resultados alentadores que ayuden a revertir la violencia. El procesamiento de datos estadísticos y espaciales arrojó una serie de insumos cartográficos que pueden ser de utilidad para investigaciones posteriores sobre el tema, y, sobre todo, para los tomadores de decisiones y diseñadores de la política pública, con la identificación de patrones espaciales que evidencian posibles zonas de riesgo de desplazamiento forzado y de daños ambientales en regiones como Soconusco, Istmo-Costa, Zoque noroeste, en donde han sido otorgadas concesiones para el desarrollo de proyectos extractivistas mineros y de hidrocarburos.
También, mediante la espacialización de los datos, fue posible identificar los territorios en los que desaparecen un mayor número de personas y con ello estar en condiciones de inferir, al menos hipotéticamente, sobre posibles rutas por las que se tiene una mayor incidencia. La relación de coincidencia y cercanía espacial entre los territorios del desplazamiento forzado y los índices más altos de densidad de la desaparición de personas parecen trazar rutas en los corredores migratorios irregulares del norte, centro y sur de Chiapas, por los que transitan, se estancan y también desaparecen personas que proceden de países como Guatemala, Honduras, El Salvador y Colombia, ascendiendo en total a 98 registros de personas desaparecidas durante todo el período estudiado.
Así mismo, se identificaron patrones de cercanía y coincidencia espacial entre los territorios del extractivismo minero, de hidrocarburos y los militarizados con los territorios del desplazamiento forzado y la desaparición de personas. Ello confirma el creciente poder político de la clase capitalista transnacional dominante, que tiene sus intereses en donde se encuentran recursos naturales y minerales. Es realmente esta clase la que incentiva prácticas como la criminalidad estatal-corporativa, que se mueve entre la legalidad y la ilegalidad, muchas veces en contubernio con autoridades en distintas escalas del poder público.
El desplazamiento forzado interno, en esta etapa de violencia en Chiapas, ha trasmutado en el último lustro, traspasando las fronteras nacionales y convirtiéndose de esta manera en desplazamiento forzado internacional. La condición fronteriza de este estado mexicano, que es el más importante en cuanto a la recepción del flujo internacional continental y transcontinental irregular, ha cambiado su dinámica desde finales del período presidencial de Joe Biden y el inicio del segundo mandato de Donald Trump en la Casa Blanca. Así, los migrantes internacionales se están enfrentando a una política migratoria sumamente restrictiva desde enero de 2025, situación que los mantiene en el territorio nacional en condición de espera y también incursionando por nuevas rutas que, por lo regular, suelen ser de costo más elevado y peligrosas.
Por último, a nivel transfronterizo con Guatemala, en la frontera sur de México, permea la violencia ejercida por los cuerpos castrenses, por grupos paramilitares, por los integrantes de los carteles del crimen organizado y el narcotráfico, que, hablando de migración, controlan mediante estrategias de terror, rutas, costos de traslado, desapariciones y, en términos generales, la frontera en sí.