En 2013 el consejo municipal de Bolívar, en el departamento suroccidental del Cauca, en Colombia, reconoció el corregimiento de Lerma como Territorio de Convivencia y Paz. Descendiente del pueblo indígena yanacona, Lerma es una comunidad campesina de 2500 habitantes que se vio envuelta en la economía ilícita de las drogas y el conflicto armado en Colombia a finales de la década de los setenta. Desde finales de los años ochenta líderes comunitarios han trabajado para romper con su pasado violento, en un principio con la celebración de eventos conocidos como Vistamos a Lerma de Paz, en homenaje a los muertos y en denuncia de la violencia.
Desde 2013 retomaron dichas conmemoraciones de su historia los primeros sábados de septiembre. Óscar Valencia, coautor del presente artículo, tomó parte en el encuentro de 2018, en el cual observó al principio cómo numerosas comunidades campesinas participantes se preparaban para intercambiar semillas (notas de campo, 2018). Entonces, se encontraban también para compartir conocimientos acerca de la coca, pero su compromiso con ello divergía de aquello con lo que habitualmente se asocia en Colombia y en todo el sur global.
Esta hoja nativa de la Región Andina es relacionada con narcotráfico, violencia y degradación ecológica, puesto que, como se sabe, contiene un alcaloide que es procesado para obtener cocaína. Los productos químicos para la transformación de la coca en cocaína contaminan las tierras y los cuerpos de agua adyacentes, a la vez que la erradicación mediante aspersiones aéreas con pesticidas de la "guerra contra las drogas" liderada por Estados Unidos acaba ocasionando una destrucción ecológica exponencialmente superior (Rhodes et al., 2021).
En algunos casos, a lo largo de Colombia, los ingresos generados por la producción de coca mejoran los medios de subsistencia de los campesinos (Gutiérrez Sanín & Machuca, 2021), incluyendo los de las mujeres (Parada-Hernández & Marín-Jaramillo, 2021). En otros, la economía ilícita de la coca puede aumentar las subjetividades capitalistas del individualismo y la explotación socioecológica, minando la autodeterminación de la comunidad, en lo que Anthony Dest (2021) de manera esclarecedora ha llamado la "anticultura" de la coca.
Ello reproduce la "colonialidad del poder", en la lógica colonialista de opresión y explotación que persiste incluso allá donde el imperialismo formal ha desaparecido (Quijano, 1992). De este modo, al parecer la coca compromete las relaciones de "dignidad ecológica", caracterizada por el bienestar sostenible y digno de todos los seres, humanos y no humanos (Courtheyn, 2022).
De manera similar a las normas globales que enfatizan el papel de los cultivos ilícitos en la financiación de los grupos armados y la perpetuación de la violencia (Angrist & Kugler, 2008; Bhatia, 2021; Cornell, 2005; Serrano López, 2020), la mayoría de las discusiones políticas sobre la coca en Colombia están relacionadas con la sustitución de cultivos, en la cual los agricultores reemplazan su producción de este cultivo ilícito con agriculturas legales (Nilsson & González Marín, 2021).
De hecho, uno de los seis compromisos logrados en el Acuerdo de Paz de 2016 entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo se centra en los cultivos ilícitos. Los encuentros campesinos sobre la coca tienden a enfocarse en cómo se ven afectados los cultivadores por los programas antidrogas y cómo potencialmente podrían beneficiarse de estos (Dest, 2021).
Sin embargo, la discusión de Lerma sobre la coca se apartó de la norma. En lugar de buscar su sustitución, los líderes de la comunidad hablaban de los usos agroecológicos no alcaloides de la hoja, lo que constituye el foco de su Escuela Agroambiental Arraigo -o 'Arraigo', en su versión corta-. Óscar indagó acerca de la relación entre coca y ecología. El líder de agroecología de Lerma y coordinador de Arraigo, Herney Ruiz, respondió:
Lo que siempre ha tenido esta propuesta es que se deben cultivar los cultivos de hoja ancestrales. Es hacer lo que hacían los abuelos, en pequeñas extensiones de tierra. Se tiene coca -coca orgánica, o sea, cero químicos, pero no solamente eso. Tiene que tener también sus maticas de café, tiene que tener las plantas medicinales, tiene que tener sus palos de frutales [...]. Aprovechar los tiempos de invierno para sembrar el maíz y el fríjol. Tiene que dejar espacios que son amigables con la naturaleza, que no se pueden tocar [...]. Comenzamos a hacer abonos sólidos, líquidos y aplicarlos en los diferentes cultivos que nosotros teníamos y logramos sembrar cebolla cabezona, repollo, lechuga y pimentones en nuestras tierras que son áridas, secas, de zona caliente, no aptas para verduras, a base de la misma hoja de coca, para salvaguardar nuestra soberanía alimentaria (diario de campo, 2018).
Este testimonio difiere de las narrativas colombianas y globales que equiparan a la coca con inseguridad y violencia. Se afianzan las prácticas ancestrales del cultivo de coca, incluyendo su procesamiento para obtener fertilizante orgánico, prácticas ligadas al policultivo, la soberanía alimentaria y la sostenibilidad ecológica. La coca agroecológica fue el punto central del evento de 2018 Vistamos a Lerma de Paz, sugiriendo que esta planta podría conformar una plataforma para la construcción de la paz ambiental de la comunidad (figura 1).
Dado que los actores armados siguen controlando la economía de la coca y que el gobierno colombiano, por lo tanto, ha fracasado en implementar programas de sustitución de cultivos ilícitos como está estipulado en el Acuerdo de Paz (Kroc Institute for International Peace Studies, 2021; Nilsson & González Marín, 2021), ¿cómo están respondiendo las comunidades locales? ¿En realidad puede ser la coca un catalizador para la paz? ¿Qué revela la coca orgánica acerca de la naturaleza ecológica de la paz? Si la paz requiere más que tratados entre grupos armados (Courtheyn, 2022; Lederach, 1997; Richmond & Mac Ginty, 2015; Roberts, 2011; Schultze-Kraft et al, 2016), ¿qué lecciones ofrece la experiencia de Lerma para el desarrollo rural y la construcción de la paz?

Fuente: foto de Óscar Valencia, presentada con la autorización del interlocutor fotografiado.
Complementando ejemplos de comunidades colombianas con estrategias innovadoras de supervivencia y autodeterminación en medio de la guerra (Rojas, 2007; Hernández Delgado, 2012; Mitchell & Ramírez, 2009; Mitchell & Rojas, 2012) y una creciente literatura acerca de los impactos positivos de la coca para las comunidades campesinas (Gutiérrez-Sanín, 2021; Gutiérrez Sanín & Machuca, 2021; Parada-Hernández & Marín-Jaramillo, 2021), Lerma brinda un estudio de caso ilustrativo acerca del papel de la coca en el conflicto armado en Colombia, pero, así mismo, para potencialmente fomentar la paz. Trabajando en conjunto con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Lerma es la primera comunidad en el país en obtener una licencia del Fondo Nacional de Estupefacientes para explorar los usos no alcaloides de la coca. Considerando que la coca ha sido asociada a diferentes formas de explotación y subordinación que corresponden a la colonialidad del poder, ¿en qué medida distintas relaciones alternativas con la coca podrían contribuir a una paz decolonial que la "desprende" (Mignolo, 2010) de la violencia ecológica?
Para analizar la relación entre coca, ecología y paz, partimos de una variedad de métodos cualitativos efectuados por más de seis años, de 2017 a 2022. Complementamos las observaciones en las visitas periódicas de estudio a la comunidad con métodos adicionales de investigación, que incluyeron cuatro grupos focales, realizados en diferentes estancias desde 2017 a 2020, y 22 entrevistas semiestructuradas a actores y expertos clave en el Territorio de Convivencia y Paz de Lerma y en la capital del departamento, Popayán.
Los entrevistados se identificaron mediante muestreo de 'bola de nieve', en el cual los interlocutores sugieren participantes adicionales y los investigadores con el tiempo van integrando al estudio a más personas de estas redes sociopolíticas. Ello contribuyó a generar una serie de interacciones con pioneros de la coca agroecológica, participantes en los proyectos correspondientes y colaboradores externos.
El proyecto comenzó con una observación inductiva sobre el trabajo de Lerma para transformar su relación de la comunidad con la coca. Luego, cambiamos a un enfoque deductivo para evaluar la afirmación predominante de que los cultivos ilícitos como la coca tienen una asociación inherente con la violencia. Utilizamos el caso de Lerma para esclarecer y analizar diversos impactos de la coca y relaciones divergentes a esta en Colombia, incluyendo el uso de la codificación deductiva para analizar cualitativamente nuestras notas de campo, así como la transcripción de las entrevistas y los grupos focales, y la publicación emblemática de la comunidad Territorio de Convivencia y Paz de Lerma, centrando la atención en los temas de coca, paz, violencia, género y ecología. A estas observaciones empíricas añadimos posteriormente un componente teórico para considerar la relevancia de la comunidad en cuanto a asuntos más amplios sobre rupturas decoloniales con la opresión.
Con el fin de complementar las publicaciones, escasas pero que empiezan a incrementar, sobre las lecciones de Lerma para teorizar sobre la gobernanza (Chilito Piamba, 2018) y la memoria (Mellizo Camacho, 2020), este trabajo examina su lucha por la sostenibilidad y la paz. Contextualizamos las experiencias y padecimientos de Lerma con la anticultura de la coca en relación con patrones más amplios de las economías globales y el despojo a los campesinos en Colombia, en lo cual la producción ilícita de coca en algunos lugares ha exacerbado la violencia y contribuido a la degradación de las costumbres ancestrales de los campesinos. Después, analizamos los esfuerzos de Lerma por reconstruir la cohesión de la comunidad y (re)apropiarse de las prácticas agroecológicas con el fin de establecer cómo esta cultura alternativa de la coca favorece el avance de la construcción de paz ambiental.
En esta sección ampliamos un resumen exhaustivo de lo que Francisco Gutiérrez Sanín y Diana Machuca (2021) llaman la "hipótesis estándar" sobre la supuesta relación inherente entre las economías ilícitas y la violencia. Lo hacemos con el fin de arrojar luz sobre cómo el papel de la coca es contextualmente contingente en la destrucción socioecológica o en la construcción de paz, para introducir nuestro análisis de las divergentes prácticas de la coca en Lerma en la siguiente sección.
Los conflictos armados contemporáneos a lo largo del mundo están marcados con frecuencia por un aumento en las actividades económicas ilícitas, promovidas o cooptadas por los grupos que participan en ellos. Por esta razón, muchos estudios suponen que las economías ilícitas y la violencia vayan de la mano (Bhatia, 2021; Sullivan, 2012). Por ejemplo, Jo Thori Lind et al. (2014) sugieren que en Afganistán la producción de droga se incrementa en los lugares controlados por los grupos armados que destruyen la infraestructura para la producción legal, donde el conflicto anima el cultivo de opio y la producción de heroína.
En Colombia, mientras algunos estudios confirman que la expansión territorial de los grupos armados ha conducido a que se aumenten los niveles de cultivo de coca, otros sugieren que la creciente violencia es consecuencia de que en aquellas regiones se haya acrecentado el cultivo de estas plantas (Angrist & Kugler, 2008; Díaz & Sánchez, 2004). En resumen, debido a su ilegalidad, los actores en estas economías utilizan la violencia para maximizar sus ingresos -tal como ha ocurrido con los grupos armados en Myanmar, Afganistán y Colombia-, lo que los desincentiva para comprometerse en acuerdos de paz (Drugs & Dis(Order), 2020; Serrano López, 2020).
La política sobre las economías ilícitas se orienta por lo general en dos direcciones. En la primera, las drogas son consideradas un asunto de criminalidad y seguridad. Las áreas cultivadas se presentan como 'vacías' o 'insubordinadas', que requieren de la llegada de instituciones (inter)nacionales para fomentar órdenes basadas en la seguridad estatal y el mercado capitalista. Hay una tendencia a favor de indicadores técnicos que dan legitimidad a intervenciones 'científicas' y 'cuantificables', como, por ejemplo, número de hectáreas asperjadas con glifosato, cultivos erradicados, laboratorios desmantelados, droga incautada y personas enjuiciadas (Drugs & Dis(Order), 2020; Goodhand et al., 2021).
Diversos analistas critican estas políticas "enfocadas en la criminalidad" por su tendencia a caer en afirmaciones determinísticas como que los cultivadores de drogas están motivados solo por sus altos precios; que las drogas son inherentemente una "fuente de conflictos" que dispara la violencia y la insurrección; y que las reducciones en la producción de drogas son el resultado solo de las políticas antidrogas y de ningún otro factor (Cornell, 2005; Drugs & Dis(Order), 2020; Sullivan, 2012).
La segunda orientación en la política antidrogas se centra en propuestas de desarrollo alternativo, las cuales han comenzado a ser asociadas a la construcción de paz. Colombia representa un excelente caso para estudiar la correlación entre las economías ilícitas y la construcción de paz. El gobierno y las FARO hicieron énfasis en que la sustitución de los cultivos ilícitos de coca constituye la base de la construcción de la paz y que allá donde estos financian el conflicto deben ser erradicados.
Se han propuesto estrategias de desarrollo por parte del Programa Nacional de Integración de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), que fomenta proyectos para generar alternativas para los cultivadores de coca. Se supone que dichas iniciativas reducirán la precariedad económica que lleva a los campesinos a producir cosechas ilícitas y, de manera simultánea, disminuirán el narcotráfico, el crimen y el conflicto (Goodhand et al., 2021). No obstante, las dinámicas sociales y económicas han desvirtuado tales ambiciones.
Manuela Nilsson y Lucía González Marín (2021) establecieron que, aunque las comunidades están dispuestas a sustituir las cosechas ilícitas de coca con el fin de reducir la violencia, los cultivos promovidos por el PNIS (café, cacao, caña de azúcar, algunas frutas y vegetales o caucho) tienen precios relativamente bajos e inestables, con lo que se limita su viabilidad y su capacidad de ser un incentivo. Además, mientras que la pasta de coca que sirve como base para la cocaína es fácil de transportar, la falta de infraestructura y de acceso a los mercados de las otras cosechas impide que haya ventas por fuera del entorno local. Por estas razones, muchas comunidades se han estancado o han regresado a la coca como su mejor oportunidad de desarrollo.
Como sostiene Francisco Gutiérrez Sanín (2021), en Colombia la coca ofrece mejores oportunidades que muchos otros productos agrícolas legales, porque puede ser cultivada por pequeños agricultores; requiere mucha mano de obra, con lo que genera oportunidades de empleo para jornaleros; puede sembrarse junto a los cultivos necesarios para la subsistencia básica de los hogares; y es resiliente física y económicamente, tanto frente a las aspersiones con pesticida -que irónicamente mata en un porcentaje mayor a otros cultivos que a la coca- como a las volatilidades en los precios del mercado de otros productos y en el suministro de bienes públicos y subsidios estatales.
Igual que en Colombia, los cultivos ilícitos en Myanmar y Afganistán han proporcionado a los pueblos rurales marginados un nivel de ingresos básicos para acceder a créditos y pagar servicios básicos, como atención en salud, al tiempo que les posibilita inversiones en la educación de sus hijos y nuevas oportunidades para generar ingresos (Drugs & Dis(Order), 2020; Goodhand et al., 2021).
Sin embargo, el caso colombiano nos recuerda que, pese a que la coca producida para la economía de narcóticos es rentable y puede impulsar el desarrollo rural en ciertos casos, también puede contribuir a la inestabilidad en otros (Drugs & Dis(Order), 2020; Gutiérrez-Sanín, 2021). Cultivar la hoja de coca no es inevitablemente causa de degradación socioecológica (Gutiérrez, 2021; Parada-Hernández & Marín-Jaramillo, 2021), pero con frecuencia sí lo son las dinámicas de la cadena de producción de la cocaína y las respuestas militaristas de Estado ligadas a hacer "ilegales" ciertas producciones (Ciro Rodríguez, 2020; Espinosa, 2006; Ramírez, 2011).
Dos guerras a nivel global -a las drogas y al terrorismo- han llevado a la militarización de regiones cultivadoras de coca, en donde por lo general los campesinos buscan seguridad de parte de la autoridad de grupos armados estatales y no estatales y de redes organizadas del crimen. De manera simultánea, ello puede inducir al consumo de drogas y a masculinidades violentas reproducidas por el poder de hombres armados y la (potencial explotación por) prostitución. Este tipo de formas de inseguridad también puede tener carácter ecológico.
La producción de coca para elaborar cocaína está ligada a la degradación ambiental debido al uso de insumos químicos, exponiendo así a las comunidades locales a fumigaciones aéreas en los esfuerzos estatales de erradicación alineados con los intereses económicos de los complejos militares industriales (Lindsay Poland, 2020; Tate, 2015). En estas acciones, las fumigaciones devastan la ecología local matando otras especies y contaminando cuerpos, tierra y agua (Rhodes et al., 2021), lo que a su vez provoca el desplazamiento forzado, puesto que los campesinos empiezan a buscar nuevas fronteras para el cultivo.
Estas migraciones perpetúan en la Colombia rural una dinámica persistente de creciente concentración de tierras en pocas manos, que se remonta a mediados del siglo xix, en la cual empresarios de vocación exportadora apoyados por las políticas y los administradores estatales se han apropiado de las tierras de pequeños agricultores y del trabajo de los campesinos, llevando a la acumulación capitalista (LeGrand, 1988). Entre algunos ejemplos de ello se cuentan la guerra civil de La Violencia a mediados del siglo XX (Roldán, 2003) y la expropiación de tierras a lo largo del territorio nacional llevada a cabo por grupos paramilitares narcotraficantes asociados con ciertos agentes estatales y empresariales en las recientes décadas (Ballvé, 2020; Reyes Posada, 2009; Richani, 2003), que ha ido evolucionando en lo que Orlando Fals Borda (1975) denominó la "descomposición del campesino".
Con sus características materiales, que permiten un potencial de ganancias rápidas dada la actual demanda de cocaína en los países más ricos, la pasta de coca es un producto neoliberal por excelencia que ha profundizado aún más las relaciones capitalistas en el campesinado colombiano (Gill, 2005). Esto hace parte de una economía política mundial más amplia en la cual el capitalismo se define por la generación ilimitada de riqueza mediante la explotación de las y los trabajadores y la naturaleza (Marx, 1976; O'Connor, 1988; Wallerstein, 2005).
Adicionalmente, en conjunción con la racialización de zonas específicas de Colombia como "territorios salvajes" (Serje, 2005) -cuya pobreza es atribuida a las personas mismas en lugar al despojo ocasionado por el acaparamiento de tierras y la violencia estatal-, las regiones productoras de coca por lo general son estigmatizadas como "criminales", con lo que se inhibe a esas comunidades satisfacer sus demandas sociales en la esfera pública (Gutiérrez-Sanín, 2021; Ramírez, 2011).
La producción de coca para la economía de las drogas puede contribuir a una infinidad de dinámicas que van más allá de solo servir como un cultivo rentable de supervivencia y de la violencia asociada con el papel de los actores armados en la cadena de producción. Aunque no se da en todas partes en Colombia (Gutiérrez Sanín & Machuca, 2021), el caso de Lerma -como detallaremos más adelante- es similar a un estudio de caso indicativo en otro lugar del departamento del Cauca.
Dest (2021) puntualiza cómo la presente economía caucana de la coca promueve nuevas formas de producción y consumo "rápidas" que socavan la autosubsistencia y la organización comunitaria, intensificando las relaciones capitalistas de explotación social y las de las personas con la naturaleza. Aquí la economía ilícita de la coca genera una anticultura en la cual la autonomía de la comunidad se ve obstaculizada por subjetividades individualistas y la ascendente presencia de los grupos armados (el Ejército y la Policía nacionales, al igual que las fuerzas guerrilleras y paramilitares), poniendo a las comunidades en medio de la violencia típica del narcotráfico (Dest, 2021).
Esta anticultura reproduce la colonialidad del poder, que lleva a las relaciones de opresión y dominación basadas en el imperialismo que persiste incluso después del final del colonialismo formal. Las entrecruzadas dinámicas de la colonialidad del poder incluyen sexualidad y género (en las que las masculinidades violentas reproducen las relaciones patriarcales de poder), explotación (en la cual las subjetividades capitalistas de interminable acumulación agudizan la explotación tanto a congéneres humanos como a la tierra) y subordinación (cuando grupos hegemónicos consolidan la autoridad política y minan la autodeterminación de los otros) (Lugones, 2014; Maldonado-Torres, 2010; Quijano, 1992).
El presente trabajo busca comprender cómo podrían trascenderse estas relaciones de poder logrando que las comunidades se desliguen de la colonialidad del poder (Mignolo, 2010) al recuperar las prácticas anteriores o forjar nuevas relaciones de convivencia, lo que llamamos "paz decolonial". Las investigaciones han comenzado a demostrar que la escasez ligada al cambio ambiental puede ser un catalizador para la adaptación pacífica y la solidaridad más que para inducir necesariamente a la violencia (Barnett, 2019; Dam-de Jong, 2020; Homer-Dixon, 1994).
Dichos estudios resaltan las capacidades de agenciar y de resolución de conflictos y protección del ambiente que tienen las comunidades locales (Ide, 2018, 2020; Verhoeven, 2014). Construyendo desde la literatura sobre las ontologías relacionales (De la Cadena, 2015; Escobar, 2016) y la noción de Kristina Lyons (2020) de "descomposición vital", comprender la paz implica enfatizar desde lo relacional que la construcción de la paz tiene que promover la dignidad ecológica, en la que las dinámicas de regeneración mutua entre seres humanos y no humanos propician el bienestar y no la explotación (Courtheyn, 2022; Lederach, 2017).
Un enfoque relacional nos permite entender por completo la importancia de los esfuerzos por superar las relaciones mul-tidimensionales de la violencia, mientras que una lente decolonial centra nuestra atención en los intentos por romper los sistemas de opresión. Ahora pasamos a la comunidad de Lerma, donde la coca ha contribuido a una intensificación de la violencia que, sin embargo, desde entonces ha sido reconfigurada como una base para la construcción de paz y la sostenibilidad ecológica. Estudiamos el cambio de los usos e impactos de la coca en Lerma a lo largo del tiempo para analizar su relación con la paz (de)colonial.
La coca ha sido cultivada, consumida e intercambiada en el mercado en el suroccidente colombiano -y en la Región Andina más amplia- desde tiempos pre-coloniales (Arboleda Suárez, 2017). Siendo cosechada por el pueblo yanacona, de quienes desciende la población de Lerma, la coca fue fundamental en la cultura local. La práctica del mambeo -mascar una mezcla de hoja de coca con elementos naturales como la hoja del local yarumo, carbón de caliza o conchas marinas- conformaba una parte integral de los encuentros de la comunidad.
La hoja de coca servía como un sistema de medida y referencia en la época colonial, cuando a los campesinos se les pagaba el jornal con raciones de hoja tostada, bien para su propio consumo -como un estimulante suave, mascar coca incrementa la capacidad de resistir largas horas de trabajo- o bien como una forma de moneda para intercambiar por productos agrícolas o de otra índole (Restrepo, s. f.).
Hasta finales de la década de los setenta, la coca en Lerma era una cosecha integrada dentro de la diversa economía agrícola local, que también comprendía plantas medicinales, maíz, café, caña de azúcar, plátano y frutas nativas. Herney Ruiz de la Escuela Arraigo define este período como uno de "equilibrio natural", en el cual las épocas de siembra se guiaban según la relación con la luna para identificar los tiempos de sol o lluvia (entrevista personal, 21 de julio de 2021).
Así, la coca ha sido históricamente integral a la economía local y de la región, incluso fue promovida como una potencial estrategia de desarrollo por ciertos funcionarios estatales a mediados del siglo xx (Arboleda Suárez, 2017). Sin embargo, una serie de factores regionales y globales ocasionaron cambios sustanciales en la relación de Lerma con la planta de coca.
Con la creciente demanda de cocaína en los países ricos, los carteles narcotraficantes colombianos empezaron a dominar los corredores de transporte y los centros de procesamiento de la coca sembrada en Bolivia y Perú. No obstante, desde fines de la década de los setenta empezó a surgir la pasta de coca producida localmente como una alternativa para los agricultores colombianos, en medio de los decrecientes mercados de exportación de café y marihuana, esto sumado a las campañas estadounidenses de la guerra contra las drogas en Perú y Bolivia (Gill, 2005).
El hecho de que, como en otros casos en la región, voluntarios de los Cuerpos de Paz de Estados Unidos practicaran abiertamente el consumo de drogas y compartieran su conocimiento sobre la elaboración de estas alentó a los agricultores a procesar la coca para el tráfico de narcóticos (Arboleda Suárez, 2017); los mayores de Lerma recuerdan que los voluntarios les explicaban cómo podía transformarse la hoja de coca en cocaína (Restrepo, s. f.).
Según se dice, el municipio de Bolívar, donde está localizado Lerma, fue el primer lugar del Cauca en producir coca para el mercado de las drogas, lo que después se fue expandiendo a lo largo de la región. Al lado de oficiales cómplices de la Policía y el Ejército proliferaron ejércitos paramilitares de los carteles de las drogas, de derecha, paralelamente a guerrilleros de izquierda que buscaban nuevas fuentes de ingresos y que actuaban como "protectores" de los cultivadores de coca (Arboleda Suárez, 2017; Vásquez, 2011).
Lerma entonces experimentó un cambio sociodemográfico sustancial. La población en el corregimiento se duplicó de 2000 a 4000 habitantes debido a la oleada de personas de las regiones aledañas que llegaban en busca de mejorar sus condiciones con la economía de la coca (Restrepo, s. f.). De acuerdo con testimonios locales (entrevistas personales, 12 de junio de 2017 y 5 de septiembre de 2019), la nueva economía de la coca y su correspondiente afluencia de cantidades de dinero sin precedentes transformaron de manera dramática las costumbres de las y los campesinos y el uso de la tierra.
El policultivo fue reemplazado por el monocultivo de coca. Se fomentó una cultura patriarcal de hombres fuertes en la cual el estatus social se determinaba -como lo parafrasean los residentes locales- según "aquel que tuviera el mejor caballo y la mejor arma, el mayor número de mujeres y tomara más trago". Los bares se convirtieron en hervideros de violencia en la comunidad, contribuyendo a la degradación del tejido social. Los grupos guerrilleros y paramilitares se constituyeron en autoridades que resolvían los conflictos y disputas locales; cuando llegaba un nuevo actor armado, las personas se dirigían a él para tomar venganza -muchas veces con asesinatos- contra miembros de la comunidad alineados con el grupo que había estado anteriormente.
Estos espacios y conductas propiciaron el desarrollo de masculinidades violentas que reproducían las relaciones patriarcales de género ligadas a la colonialidad del poder, que son interdependientes con las relaciones ecológicas no sostenibles. Estimados locales indican que en este período un tercio de la población humana local fue o desplazada o asesinada. Así mismo, el abandono del cuidado de la tierra, sumado al impacto de los agroquímicos usados para la producción de pasta de coca y a los programas de fumigación realizados por el Estado -incluyendo tanto una larva que devora la planta traída en la década de los ochenta como las consiguientes aspersiones de glifosato-, llevó a que desaparecieran varias prácticas agrícolas, semillas y especies.
Pese al desplazamiento de algunos habitantes a las ciudades, el considerable aumento de nuevos pobladores incrementó la tala de los bosques y generó presión sobre los recursos naturales. Este proceso erosionó las costumbres y relaciones locales, contribuyendo a una sensación de "desarraigo" en aquellos que eran de Lerma y permanecieron allí (entrevistas personales, 12 de junio de 2017 y 27 de julio de 2021).
La experiencia de Lerma con la economía de las drogas tiene correspondencia con la anticultura de la coca en ciertos lugares de Colombia (Dest, 2021; Vásquez, 2011), en la cual las relaciones colonialistas de poder se encuentran enquistadas en las relaciones sociales y económicas ligadas a la lógica neoliberal de acumulación y consumo. La violencia aquí era multidireccional, afectando a los humanos, especialmente a las mujeres, y a la naturaleza no humana, incluyendo ríos, especies vegetales y el suelo. Para superar esta anticultura se requeriría de la recuperación de la organización comunitaria, así como de arraigo al territorio.
A continuación procedemos a tratar los esfuerzos de Lerma de reconfigurar el uso de la coca y construir la paz.
A finales de los años ochenta, un conjunto de líderes comunitarios empezó a organizarse contra la violencia social y ambiental. Reunieron a un grupo conocido como Fuerzas Vivas. Era un colectivo de actores sociales locales que luchaban por sobrevivir a la violencia. Estaba conformado por profesores, comerciantes, trabajadores de las telecomunicaciones y el transporte, el inspector de Policía, las juntas de acción comunal de la localidad y otras reconocidas figuras de liderazgo de la comunidad. Es notorio que la coalición no incluía (para)militares ni guerrilleros, esto 'facilitado' por el hecho de que los grupos insurgentes presentes en Lerma habían dejado las armas o se habían reorientado sus operaciones a otras regiones hasta la década de los noventa.
El colectivo Fuerzas Vivas fundó comités y cooperativas para diagnosticar la situación y activar respuestas. Los miembros de la comunidad llegaron a la conclusión de que la producción de cultivos ilícitos acompañada por la falta de educación secundaria había menoscabado las opciones económicas dignas para los jóvenes, erosionando la identidad de la comunidad e induciendo el desplazamiento. Organizaron la primera versión de Vistamos a Lerma de Paz para conmemorar los asesinatos en el centro del corregimiento. Prohibieron el alcohol y cerraron los bares -reconocidos como sitios de concentración de violencia- durante diez años.
Efectuaron actividades artísticas con el fin de identificar y rescatar las prácticas culturales de Lerma (como canciones, bailes y mitos), y entonces usaron la danza, la música y el teatro para llevar a una reflexión pública sobre la vida cotidiana de narcotráfico y la violencia de la comunidad. Por ejemplo, con el objeto de reconstruir las representaciones so-ciopolíticas de dignidad ecológica entre los campesinos y la tierra, la "danza de la coca" les enseñaba a los jóvenes acerca de los usos ancestrales de la hoja de coca, rememorando las técnicas agroecológicas de generaciones anteriores y la práctica del mambeo.
También se organizaron para abrir una escuela de educación secundaria en Lerma. Al principio funcionaba en espacios provisionales, como la parroquia o las casas de los habitantes. Múltiples actores locales, incluyendo mujeres empobrecidas, fueron colaboradores clave en la preparación de las comidas de los estudiantes, el lavado de las ropas de los profesores y los servicios de transporte. Para financiar la escuela secundaria, la comunidad preparaba y vendía comida típica de la región, como empanadas y sancocho, y al mismo tiempo hacían rifas y fiestas en los días de mercado.
Lerma, igualmente, estableció una finca comunitaria y un restaurante escolar. Estos servían para satisfacer las necesidades nutricionales de los estudiantes y recobrar las costumbres campesinas: los miembros de la comunidad, incluyendo a las madres y los padres, retomaban las formas de producir y elaborar el pescado, la carne, el plátano, la piña, la leche y demás. Adicionalmente, estos proyectos generaban ingresos para comprar una casa en la cual alojar a profesores y estudiantes de otros pueblos (entrevistas personales, 20 de junio de 2017, 10 de junio de 2018, 12 de julio de 2019 y 5 de septiembre de 2019). Como tal, la escuela de bachillerato fue levantada por esfuerzos de soberanía alimentaria.
A diferencia de los bares ligados a la anticultura de la coca, los lugares alternativos de la comunidad mencionados antes crearon, en donde era posible, nuevos espacios para resignificar la identidad de lo lermeño, en términos del sentido de pertenencia y dignidad. El liderazgo y la intervención activos de las mujeres en dichos proyectos estimularon tanto el empoderamiento de personas de una 'posición social más baja', que contrarrestaba la deshumanización de la colonialidad del poder, como la feminización de ciertos actores, para lograr una organización comunitaria más participativa y digna. Al desligarse y separarse de la economía ilícita de la coca como determinante de la vida social, estas actividades educativas y de seguridad alimentaria nutrieron la lógica del bienestar y la solidaridad de la comunidad.
Pero el movimiento de paz de Lerma no rechazó la coca, sino que analizó sus divergentes potencialidades. Más bien se trata, como lo recuerdan miembros de la comunidad (entrevistas personales, 28 de julio de 2021 y 13 de abril de 2022), de lo definido por el fallecido mayor Célimo Hoyos en su conceptualización de "empobrecimiento ilícito" versus "coca para la vida". Este último hacía referencia a un enriquecimiento monetario de corto plazo por narcotráfico que a fin de cuentas resulta en el empobrecimiento de las semillas, la fertilidad del suelo y del conocimiento y la cultura de los campesinos. Ahora bien, la "coca para la paz" orgánica integrada en la economía campesina diversa fomenta la dignidad, el empoderamiento y la sostenibilidad.
Mientras que la coca para la producción de cocaína por lo general se da en zonas fronterizas recientemente pobladas (Ramírez, 2011) y algunas veces compromete la organización comunitaria (Dest, 2021), las raíces indígenas yanaconas de Lerma y la memoria histórica de sus mayores sobre las anteriores prácticas de la coca fueron esenciales para imaginar futuros alternativos. Al apartarse Lerma de su experiencia anticultural encarna la insistencia de otras comunidades en que "la memoria es la fuerza de la resistencia" (Courtheyn, 2016). De manera implícitamente decolonial, los conceptos de Célimo rompen con las nociones capitalistas de rentabilidad y explotación a cambio de la insistencia por el bienestar ecológico.
Más aún, la lucha de Lerma por la paz fue parte de un movimiento social regional de mayor dimensión que ganó apoyo del Estado. Bolívar, en cuya jurisdicción se encuentra Lerma, fue uno de los quince municipios en el Cauca y el departamento colindante de Nariño que se unieron en el Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA). En 1999, en medio de un período intenso del conflicto armado del país, en especial en el sur de Colombia, CIMA organizó una serie de movilizaciones en defensa de los derechos humanos y los territorios comunitarios, así como en demanda de inversión estatal en educación rural para la soberanía alimentaria. Un acuerdo posterior entre CIMA y el gobierno nacional dispuso que la institución de educación pública SENA llevaría programas de formación agrícola a las zonas rurales. Inspirada en el modelo regional de escuelas agroambientales del CIMA, Lerma fundó en 2006 su Escuela Arraigo que luego trabajaría en colaboración con el SENA.
Entre los objetivos de Arraigo se encuentra reivindicar la producción orgánica de la coca basada en las tradiciones ancestrales, con el fin de promover las costumbres culturales y las relaciones ecológicas con la tierra que garantizan la soberanía alimentaria y la permanencia en el territorio. Los principios de Arraigo pueden resumirse en dos focos interdependientes que se relacionan con la organización política y la dignidad en la biósfera.
También es importante anotar que la declaración formal del territorio de paz de Lerma de 2013 tuvo lugar en el contexto de los planes del gobierno nacional de proyectos de minería a gran escala en la zona (Restrepo, s. f.). El Territorio de Convivencia y Paz se constituyó, por lo tanto, en una reivindicación de la autonomía local contra el extractivismo y en una estrategia de dignidad ecológica entre seres humanos y no humanos (tabla 1).
La cooperación Arraigo-SENA jugó un papel clave en la transformación -y decolonización- de los usos de la hoja de coca en Lerma. Una instructora del SENA, Dora Troyano, estaba familiarizada con los usos no alcaloides de la coca por haber vivido en Perú y debido además a que sus abuelos practicaban el mambeo. El saber ancestral de los usos alternativos de la coca entre los mayores de Lerma -como Célimo Hoyos- complementaron la formación y la investigación sobre las diversas propiedades y utilización de la hoja.
La red institucional del SENA proporcionó apoyo para el proyecto de coca orgánica y ayudó a publicitar sus resultados; la Open Society Fundation participó como donante, mientras que la Fundación Tierra de Paz estaba encargada de la administración. De la coca cultivada orgánicamente, Lerma comenzó a producir harina, panes, galletas y ungüentos, además de fertilizantes líquidos y sólidos (figura 2).

Fuente: foto de Óscar Valencia.
La alianza Arraigo-SENA alcanzó un hito en 2016 cuando obtuvo el primer permiso del Fondo Nacional de Estupefacientes que de manera formal autorizaba los experimentos del trabajo en cooperación con los usos alternativos de la coca. Los investigadores del SENA establecieron que la hoja tiene un potencial alimenticio alto en nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, hierro, manganeso, cobre, cinc, aluminio, boro y sodio (entrevistas personales, 2 de septiembre de 2019 y 13 de abril de 2022).
La producción de fertilizantes de base de coca comprende la mezcla y el procesamiento de una variedad de elementos, incluyendo agua, una serie de minerales, el humus de la lombriz, miel de purga, frutas, las cenizas del fogón, levaduras, ácido bórico, limón y la hoja de coca misma. En la transición de coca no orgánica a orgánica y el cultivo de otras cosechas de vegetales y frutas para la soberanía alimentaria, estos fertilizantes también contribuyen a revitalizar la tierra, que ha sido degradada de forma dramática debido a años de producción de pasta de coca y fumigaciones con glifosato.
La flora y la fauna, incluso árboles frutales y pájaros, en áreas antes dedicadas a la producción de pasta de coca, también se han recuperado con el tiempo. Herney Ruiz señaló que la recuperación de la fertilidad del suelo tomó aproximadamente diez años (entrevista personal, 13 de abril de 2022), con lo que se evidencia la necesidad y el poder de los períodos sostenidos de descomposición vital y regeneración (Lyons, 2020) que son esenciales para la dignidad ecológica.
Similar a otros casos de relaciones potencialmente divergentes pero también de correspondencia entre campesinos y científicos (Lyons, 2020), la relación Arraigo-SENA es recíproca: el SENA estructura la formación y brinda el apoyo institucional, mientras que la comunidad proporciona -además de la propia hoja de coca producida orgánicamente- un espacio físico y social en el cual el SENA puede hacer que su conocimiento técnico dé frutos para el desarrollo rural (figura 3).
En lo económico, Lerma comenzó a desprender un poco la producción de coca del tráfico de drogas, así como a desestigmatizar la coca al vender hojas al SENA para la experimentación científica. En la ciudad de Popayán y a lo largo del Cauca la comunidad ha establecido entonces un mercado regional para sus productos basados en la coca, incluyendo harina, pan, galletas, tortas y refresco.
Estos productos se venden ahora mucho más allá, en otras ciudades como Cali, Medellín y Pasto. Lerma ha sido visitada por chefs y más de 200 de ellos compran en la actualidad harina de coca para cocinar debido a su valor nutritivo o a su sabor. Así mismo, Arraigo forma parte de una red de guardianes de semillas constituida por comunidades en todo Colombia y en Chile, Ecuador y Francia (figura 4).
Las mujeres, en particular, han aprovechado estos proyectos de desarrollo para desafiar la exclusión y la subyugación. Han instituido diversas organizaciones en múltiples niveles, incluyendo la asociación regional Mujeres Maiceñas y grupos locales como Manos Creativas.

Fuente: foto de Óscar Valencia.
Tejiendo Identidad y Soberanía, Asociación de Mujeres El Hortigo, del corregimiento de Lerma, y el Grupo de Mujeres de la Cabecera de Lerma. En medio de la pandemia del Covid-19, las mujeres en Lerma iniciaron nuevos proyectos de huerta utilizando fertilizantes de coca para cultivar vegetales -como cilantro, lechuga, repollo, pimentón, tomate- y cosechas de hierbas aromáticas como la yerbabuena, el paico y la manzanilla.
Esto hacía parte de un proceso agrícola más amplio liderado por mujeres que empleaba fertilizante de coca para revitalizar el cultivo de ciertos productos ancestrales como maíz clavo, fríjol caraota y gandul. A nivel familiar, esto les permitía a las mujeres percibir un ingreso al vender o intercambiar con otras familias por productos que no habían cultivado antes. En el plano comunitario este intercambio de enseñanza y conocimiento bajo la dirección de mujeres tuvo un impacto en el espacio social y político. Han extendido sus prácticas de solidaridad y autoayuda entre ellas mismas mediante los proyectos agroecológicos ligados a la coca orgánica, con su papel en estos últimos, llevando a una influencia más fuerte gracias a la participación en los organismos de toma de decisiones dentro del gobierno municipal y también fuera de este (Elcy Hoyos, entrevista personal, 28 de noviembre de 2022). Al liderar y participar en diferentes proyectos agrícolas las mujeres reclaman derechos, autonomía y espacio político.

Fuente: foto de Óscar Valencia.
No obstante, desprenderse no es un proceso instantáneo. La pasta de coca sigue constituyendo la mayor parte de la economía en Lerma. A los pioneros agroecológicos, sin embargo, los favorece el hecho de que los narcoparamilitares mismos no se encuentran en la comunidad ni amenazan a los líderes locales. En cambio, los comerciantes intermediarios recolectan la pasta de coca local de los productores para enviarla a laboratorios de droga y traficantes en otros lugares. Entre tanto, el mayor actor armado activo en la zona, el insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN), no ha presionado a los campesinos de Lerma para que siembren coca.
En cualquier caso, mientras la mayoría de la producción de coca en esta localidad se continúa destinando a la economía de los narcóticos, el liderazgo de Arraigo reporta que el 20 % de la coca producida allí ahora es orgánica, conformando una economía alternativa a niveles local y regional, incluso entre agricultores que siguen atados al tráfico de drogas. El trabajo de Arraigo está preparado para continuar la transición, dado el extendido apoyo de la coca orgánica como economía alternativa en lo local y lo regional, incluso, como se menciona antes, entre aquellos agricultores que se encuentran en el tráfico de cocaína.
Líderes comunitarios afirman que el apoyo al trabajo de Arraigo por las juntas de acción comunal y también por el CIMA y el SENA proporciona una base política que probablemente modera posibles intervenciones de algún grupo armado para sabotear el programa. Como parte integral de este proceso, la experimentación agroecológica ha contribuido a fortalecer los lazos de la comunidad, puesto que la producción y la aplicación de fertilizantes propician el trabajo comunitario y la educción.
Los y las campesinos de Lerma buscan ganar dinero de sus nuevos productos de coca, pero su producción, sus interacciones en el mercado y la orientación subjetiva difieren bastante de la acumulación incesable de las corporaciones capitalistas que se da gracias a la explotación de la fuerza laboral y la naturaleza. Herney Ruiz reitera la insistencia del mayor Célimo Hoyos en llegar a una transición material y subjetiva del "empobrecimiento ilícito" a la "coca para la vida": "Aunque puede obtenerse riqueza material [cultivando la coca para la economía de la cocaína] a corto plazo, eso no justifica el perder la relación del campesino con la naturaleza o el tener que comprar todos los productos como verduras y frutas afuera del territorio [...]. En contraste, la coca para la vida da dignidad. No se tiene miedo para vivir, no hay que estarse escondiendo, no se está haciendo el mal a otro" (entrevista personal, 13 de abril de 2022).
Tales imaginarios contrarrestan la lógica capitalista de explotación y acumulación. Si la paz ambiental decolonial está ligada a la soberanía alimentaria, la transformación de la manera como se procesa y usa la coca hace posible un cambio mayor aún, para así apartarse de la subordinación a los grupos armados y al capitalismo, constituyendo de este modo un proceso, si bien lento pero real, que impulse la resistencia a la colonialidad del poder (figura 5).
En síntesis, la Escuela Agroambiental Arraigo de Lerma resignifica la hoja de coca. Al utilizarla para producir fertilizantes orgánicos se propicia la soberanía alimentaria que potencia la autonomía y la sostenibilidad comunitarias, en medio de formas de subordinación y explotación relacionadas con la producción de cocaína, los mercados capitalistas y el conflicto armado. En lugar de ser simplemente un recurso para los grupos armados, la coca puede servir de catalizador de la paz en la Región Andina debido a su alto valor nutricional y cultural. La mata de coca, cambiándole su finalidad de un agente que aumenta la colonialidad del poder a un medio para lograr dignidad ecológica, podría conformar una opción de desarrollo en contextos de construcción de paz en los cuales la coca agroecológica puede hacer parte esencial de reconciliaciones y sentimientos recobrados de pertenencia entre los miembros de la comunidad y con la naturaleza no humana.
El presente artículo destaca un planteamiento relacional y decolonial para comprender cómo la paz y el desarrollo pueden ser creados por poblaciones afectadas por la producción de cultivos ilícitos para el narcotráfico y el conflicto armado. Profundizando en el estudio de caso de Lerma en el suroccidente de Colombia, presentamos tres hallazgos que difieren de la mayoría de los estudios sobre política antidrogas y paz.
En primer lugar, de modo contrario a la línea académica que etiqueta a la coca como fuente, y recurso, inherente de conflicto, nosotros nos sumamos a un creciente conjunto de académicos que consideran que la coca y la paz no se encuentran inherentemente en una relación de opuestos entre sí. Su relación depende del contexto. Los usos alternativos de la hoja muestran que pueden servir de raíz para la construcción de paz. Nos recuerda que 'ilegalidad' y 'criminalidad' son construcciones sociopolíticas que, en especial en el caso de este producto emblemáticamente neoliberal, refuerzan la acumulación capitalista (Gill, 2005). Que la coca fomente un empobrecimiento ilícito anticultural que intensifica la colonialidad del poder o que promueva una paz decolonial depende de las prácticas materiales y los espacios sociales asociados a ella.
En segundo lugar, el proyecto de coca orgánica de Lerma potencia las afirmaciones acerca de la dimensión ecológica de la paz en la cual la reciprocidad entre los seres humanos y no humanos es crucial para el bienestar. Y tercero, dichas relaciones de paz decolonial surgen de procesos de organización comunitaria para la autodeterminación y la recuperación de tradiciones ancestrales -o de la creación de nuevas tradiciones-, junto con alianzas estratégicas con asociados externos.
En lugar de etiquetar de 'criminales' a los cultivadores de coca, es necesario evaluar la reproducción de o la resistencia a las relaciones de subordinación y explotación, centrando la atención en las prácticas diarias, los proyectos y el conocimiento de los campesinos; esto permite considerar las complejidades de las experiencias de las personas y, al mismo tiempo, abrir también la posibilidad de otras narrativas sobre diferentes dinámicas de economías (i)lícitas (de la coca) y de construcción de paz. Sin caer en la "trampa local" (Kleinschmidt & Benzing, s. f.) que asume que los esfuerzos de las comunidades de base son inherentemente emancipatorios (Donais, 2009; Hancock, 2018; Mac Ginty, 2015), observar ciertos grupos que construyen de manera activa alternativas a la violencia y la degradación demuestra que estos actores pueden ser agentes de la paz.
A pesar de que no se le ha dado la misma atención académica que a otros movimientos comunitarios en Latinoamérica, el Territorio de Convivencia y Paz de Lerma ha evidenciado otro caso más de desarrollo rural, demostrando al mismo tiempo y claramente cómo pueden generarse cambios en las relaciones con la coca. El trabajo de la Escuela Arraigo en conjunto con el SENA sugiere que los programas de sustitución de cultivos que buscan la erradicación desaprovechan oportunidades de explotar el poder nutricional, ambiental y cultural de la coca apuntando hacia el policultivo. Invitamos a que se realicen futuros estudios sobre los esfuerzos de otras comunidades por superar la violencia ligada a las economías ilícitas, en especial en el sur global.
La evidencia de Lerma nos recuerda la necesidad de ir más allá de las visiones conservadora y liberal de la paz basada en la seguridad y el mercado capitalista. Los esfuerzos de construcción de paz deben trascender el propósito de terminar el conflicto, puesto que la paz es un proceso sociocultural y ecológico más amplio. Los programas de políticas que buscan alternativas a los productos y la materia prima 'ilícitos' tienden a fracasar, a menos que se combinen con procesos comunitarios radicales que vayan más allá de la explotación capitalista.
Lerma nos invita a decolonizar el conocimiento de cómo se imagina y construye la paz. Los planteamientos de la academia y las políticas que sitúan a los Estados, a los actores armados y al emprendimiento capitalista como los protagonistas de la paz rural ignoran las relaciones intrínsecas entre campesinos y tierra, territorio e identidad. Se concibe con frecuencia a las y los campesinos como sujetos sin conocimiento técnico, ignorantes del medio ambiente y el mercado e incapaces de actuar sin tener interlocutores del Estado para tomar y evaluar sus propias decisiones de cara al conflicto.
Nuestra perspectiva decolonial destaca el conocimiento de la comunidad y la potencialidad de las alianzas estratégicas comunitario-políticas arraigadas en la reciprocidad anticapitalista. La producción de su propia comida y educación ha permitido a Lerma oponer resistencia a la deshumanización y el despojo. La coca por la paz de Lerma ofrece, por lo tanto, un caso inspirador para la creación y el estudio del desarrollo rural y la construcción de paz ecológica.
La coca agroecológica sugiere que la construcción de la paz debe obedecer a una relación multidireccional en la cual se entrecruzan múltiples vidas y relaciones. En estas relaciones multirrecíprocas entre campesinos y naturaleza se forjan otras ecologías alternativas y aparecen nuevos sujetos políticos comunitarios. La producción de fertilizantes y alimentos orgánicos locales enriquece el sustento local, reproduciendo al mismo tiempo una lógica de solidaridad comunitaria mediante la conservación de semillas y la reforestación de la tierra.
En concordancia con la investigación de la construcción de paz ambiental desde la perspectiva de las ontologías relacionales de dignidad ecológica (Courtheyn, 2022; Lederach, 2017), Lerma evidencia una paz decolonial. Su "coca para la paz" propone la posibilidad de superar la lógica colonialista de la economía de la cocaína, promoviendo relaciones de bienestar mutuo dentro de las comunidades y entre ellas, pero la paz también a través de la naturaleza, donde coexisten múltiples especies.
Manifestamos nuestro profundo agradecimiento a los miembros del Territorio de Convivencia y Paz de Lerma por su tiempo y sabiduría. También queremos expresar nuestro reconocimiento a la Fundación Universitaria de Popayán (FUP) por la financiación de este trabajo de campo, así como a la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) (Territorial Cauca) por el tiempo asignado al coautor Óscar Valencia para el desarrollo escrito de este artículo. Nuestra mayor gratitud a Claudia Ríos por la traducción al español del texto.
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[2]Traducción del artículo: Valencia, Ó. E., & Courtheyn, C. (2023). Peace through coca? Decolonial peacebuilding ecologies and rural development in the Territory of Conviviality and Peace of Lerma, Colombia. Third World Quarterly, 44(5), 10771097.https://doi.org/10.1080/01436597.2023.21 75656. La traducción ha sido realizada por Claudia Ríos. Agradecemos a la revista en la que se publicó la versión original, la cual autorizó la traducción y divulgación.
[3] Valencia, Ó. E., & Courtheyn, C. (2025). ¿Paz por medio de la coca? Ecologías decoloniales de construcción de paz y desarrollo rural en el Territorio de Convivencia y Paz de Lerma, Colombia. Territorios, (52), 1-29. https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/territorios/a.15040