Introducción
El extractivismo resulta una categoría potente que signa los debates sobre la realidad latinoamericana suscitados al calor de la cartografía de conflictos socioambientales que emergió junto a la intensificación de las actividades extractivas bajo la aplicación de las políticas neoliberales (Costantino & Gamallo, 2015). Alrededor de dicho concepto se articula una voluminosa bibliografía que aborda las disputas por los territorios producidas ante el avance de la megaminería, los agronegocios y la extracción de hidrocarburos (Gudynas, 2013), centrando su atención en los espacios rurales, territorios indígenas y zonas campesinas donde tiene lugar la extracción de los bienes primarios. De modo que estos estudios presentan un marco de interpretación que tiende a dejar de lado a los territorios urbanos, en tanto no trascienden los límites del sector primario individualmente considerado (Arboleda, 2018) y su territorialidad rural (Gago & Mezzadra, 2015).
Más recientemente, el concepto de extractivismo urbano constituye un avance en el camino de realizar una ampliación de la categoría de extractivismo que incluya a las ciudades (Svampa & Viale, 2014; Vásquez Duplat, 2017). Al pensar qué aporta dicha categoría a los estudios urbanos, observamos que, mientras el énfasis efectuado en la generación de renta urbana, incluso cuando adquiera magnitudes extraordinarias, no resultaría cabalmente sorprendente, el giro ecoterritorial (García-Jerez, 2019) que atraviesa a muchas producciones ha abonado el campo de trabajo sobre los conflictos que tienen lugar en las ciudades. En este sentido, se destaca el análisis de la extracción de renta por medio de la transformación de la naturaleza y su invención (Hidalgo Dattwyler et al., 2019; Pintos, 2020).
Sin embargo, en los trabajos asentados sobre la noción de extractivismo urbano, las ciudades emergen sin demás articulaciones con el extractivismo rural, al tiempo que se trataría, en rigor, de un extractivismo inmobiliario, así como lo han denominado algunos autores. De esta forma, dicho enfoque resulta tributario de las corrientes dominantes de los estudios urbanos, en las que existe una fuerte gravitación a ubicar al mercado inmobiliario y a la renta de suelo como los elementos excluyentes que explican la producción y estructuración de la ciudad.
Frente a este estado de la cuestión, adoptamos un enfoque que entiende el extractivismo como un proceso (Galafassi & Riffo, 2018) que instituye lógicas de territorialización (Haesbaert, 2014) que enlazan diferentes espacios. Desde esta perspectiva, el extractivismo emerge como el ordenamiento territorial hegemónico del capital en el que el binomio rural-urbano se diluye en un territorio-red verticalmente integrado a cadenas de producción de escala mundial e interviene en la producción social de las ciudades, llevando a la colonialidad de su territorio (Heredia Chaz, 2023b).
Y, de manera particular, en términos de construir un marco interpretativo que permita analizar las vinculaciones entre los procesos extractivos y la urbanización capitalista, la problemática es estudiada desde las perspectivas críticas de la justicia espacial (Salamanca Villamizar & Astudillo Pizarro, 2016; Soja, 2016) y la ecología política urbana (Quimbayo Ruiz & Vásquez Rodríguez, 2016; Swyngedouw, 2018).
En esta investigación, tomamos como estudio de caso instrumental (Merlinsky, 2013) la vinculación entre la ciudad de Bahía Blanca y un polo petroquímico recientemente privatizado, extranjerizado y ampliado entre los años 1995 y 2002, en tanto contiene un alto potencial heurístico para indagar sobre el asunto en cuestión. Entendemos que la consideración de un complejo industrial localizado en un área urbana se aleja de los estudios más difundidos sobre el modelo extractivo. No obstante, creemos que el recorrido que planteamos permite, justamente, problematizar y aunar estas distancias, aportando al debate y a la construcción ampliada de la concepción del extractivismo como proceso de acumulación capitalista.
La escala temporal de la investigación es construida en torno al proceso de privatización, transnacionalización y expansión del Polo Petroquímico Bahía Blanca (ppbb) entre 1995 y 2003. Dicho período se inserta en el reordenamiento neoliberal de los territorios que, ejerciendo una drástica mutación de las estructuras sociales, económicas, políticas y culturales de América Latina, impuso las bases para un nuevo ciclo extractivista (Machado Aráoz, 2016). En Argentina, la gran transformación ejecutada bajo el neoliberalismo, si bien inició con la última dictadura cívico-militar, fue en la década de 1990 cuando alcanzó mayor magnitud (Perren & Lamfre, 2015).
Simultáneamente, la escala espacial de la investigación está asociada al principal polo petroquímico de Argentina, el cual se encuentra localizado en la localidad de Ingeniero White1 del partido de Bahía Blanca, sobre la costa sudoeste de la provincia de Buenos Aires (figura 1). Bahía Blanca constituye una ciudad intermedia (Gorenstein et al., 2012) tanto por su tamaño como por su rol. Sus funciones de intermediación económico-territoriales refieren a su vasta red vial y ferroviaria, su gravitación dentro del sistema nacional de ductos y líneas de alta tensión, sus puertos de aguas profundas, el complejo agroexportador, las centrales térmicas, las refinerías y el polo petroquímico. Todo lo cual, desde nuestra perspectiva, define a Bahía Blanca como un nodo estratégico de procesos extractivos que inciden en la producción de su territorio.
Figura 1
Localización del partido de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires (Argentina)
Fuente: elaboración de la autora con base en Google Earth.
Por lo tanto, se vuelve necesario construir la escala espacial de análisis por medio de una conceptualización crítica de lo urbano que contemple: las articulaciones rurales-urbanas por medio de un territorio-red (Blanco, 2007) y la multiescalaridad global-local de los procesos de neoliberalización que instituye la colonialidad territorial (Betancourt Santiago, 2021).
Frente a este problema de investigación, en el actual trabajo nos proponemos analizar las lógicas a través de las cuales los procesos extractivos de acumulación intervienen en la producción del territorio urbano, indagando la relación entre el polo petroquímico y la ciudad de Bahía Blanca en el período 1995 y 2002. Nuestra hipótesis de trabajo plantea que, durante la gran transformación neoliberal, se profundizó la colonialidad de la producción del territorio mediante un patrón de poder que operó a escala global-local, instituyendo un ordenamiento extractivo por medio de la apropiación capitalista de bienes comunes naturales y urbanos, y de la producción de injusticias espaciales asociadas a los costos del progreso.
Considerando el problema de investigación y el encuadre teórico, planteamos una estrategia metodológica cualitativa de diseño flexible, en tanto el análisis de los procesos socioterritoriales es llevado adelante por medio del diálogo y la (re)definición constante entre teoría y empiria (Di Virgilio & Gonzalez Redondo, 2022). De manera específica, empleamos múltiples fuentes de datos para el abordaje empírico del territorio, valiéndonos simultáneamente de fuentes primarias y secundarias. Las fuentes primarias están constituidas por entrevistas orales de carácter semiestructurado hechas a informantes clave, como referentes vecinales, funcionarios, representantes de las empresas, técnicos en cuestiones ambientales y abogados que han representado a los actores afectados por la actividad petroquímica.
Así mismo, entre los materiales empíricos, resultan centrales la prensa local, variadas fuentes pertenecientes a las compañías del polo industrial, informes oficiales de monitoreo de sus emisiones, documentos de planeamiento urbano, legislación correspondiente al Estado en sus tres niveles, demandas judiciales presentadas por vecinos y datos estadísticos. La utilización de una multiplicidad de fuentes en los estudios territoriales envuelve dos aspectos sobrepuestos: si, por un lado, tiene la ventaja de posibilitar la triangulación de datos, presentando múltiples medidas para un mismo fenómeno, por otro lado, nos encontramos ante el desafío de integrar fuentes heterogéneas (Rosati, 2022).
En función de responder al objetivo general del trabajo, luego de exponer el enfoque teórico, el análisis se estructura por medio de tres apartados. Primero, exponemos nuestro caso de estudio, exhibiendo a Bahía Blanca y, en particular, a su polo petroquímico como un nodo estratégico de convergencias de procesos extractivos que se extienden por medio de un territorio-red que liga al campo y a la ciudad. En segundo orden, construimos una ecología política del proceso de privatización, extranjerización y ampliación del ppbb, dando cuenta de los efectos que ello tuvo sobre la apropiación de bienes comunes y la producción de injusticias espaciales. En tercer lugar, abordamos dicho reordenamiento neoliberal del territorio poniendo foco en la política de escala global-local que lo define, profundizando su colonialidad (tabla 1). Por último, en las conclusiones, exhibimos los principales hallazgos y aportes del estudio.
1. Enfoque teórico-conceptual
En términos de construir un marco interpretativo que permita analizar las vinculaciones entre los procesos extractivos y la urbanización capitalista, trabajamos sobre un doble desplazamiento que habilita la apertura de la teoría social urbana y de sus claves de lectura. En primer lugar, en lugar de entender la producción de la ciudad en articulación mecánica al mercado del suelo, la estudiamos en vinculación al desarrollo integral de los procesos de acumulación y en la particularidad de cada geografía histórica (Pradilla Cobos, 2014).
Tabla 1
Síntesis del abordaje de la ecología política del reordenamiento neoliberal del territorio bajo el desarrollo petroquímico: dimensiones e indicadores
En segundo lugar, antes que considerar al suelo como el elemento excluyente de disputa en la ciudad capitalista, empleamos la noción más amplia de territorio, en tanto que, tal como ha señalado Polanyi (1947) , el fundamentalismo de mercado hace olvidar que lo que hoy llamamos "tierra" o suelo es la naturaleza reducida a una mercancía ficticia. La sedimentación de este doble desplazamiento desde el mercado inmobiliario hacia el proceso de acumulación en su totalidad y desde el suelo hacia el territorio en el marco de la teoría sobre la urbanización capitalista permite indagar las lógicas bajo las cuales el extractivismo enlaza acumulación y territorio en las ciudades latinoamericanas.
En tanto en la ciudad se evidencia la concentración de las condiciones generales de la producción capitalista, la urbanización capitalista es, fundamentalmente, una multitud de procesos privados de apropiación de estas (Topalov, 1979). Por lo tanto, la producción social del territorio urbano se encuentra asentada sobre la base de la contradicción entre el capital y las condiciones de producción, las cuales constituyen bienes comunes, valores de uso que terminan siendo administrados en función de su valor de cambio, por lo que, en última instancia y como plantea O'Connor (2001) , "las condiciones de producción capitalista son condiciones de la vida humana... y de la vida misma" (p. 190).
De este modo, en las ciudades, el extractivismo emerge como el ordenamiento territorial hegemónico del capital por medio de la apropiación privada de diversos bienes comunes naturales y urbanos, llevando a la persistente colonialidad de las ciudades latinoamericanas a través de un patrón de poder de larga duración que define el ordenamiento hegemónico del ambiente natural y el ambiente construido, y que se impone sobre los pueblos (Heredia Chaz, 2023b).
De forma particular, los territorios resultantes del (des)ordenamiento extractivista son abordados desde dos perspectivas críticas de la cuestión urbana. Una de ellas es la justicia espacial, que, al abordar las desigualdades en la producción de la ciudad desde los vínculos entre justicia y espacio, construye una aproximación de tipo distributiva que conceptualiza el reparto equitativo en el territorio de los recursos socialmente valorados y las oportunidades de utilizarlos (Soja, 2016).
Si bien el cuerpo teórico de la justicia espacial ha sido construido principalmente desde el mundo anglófono y Francia, más recientemente, ha recibido aportes desde América Latina, en especial desde la ecología política, la justicia ambiental y la crítica radical al extractivismo (Tutor Antón, 2024), enriqueciendo su enfoque distribucionista y la definición de las "dos formas cardinales de la injusticia espacial" (Marcuse, 2016). Es decir, dichos aportes se refieren al reparto desigual, ya no solo de los bienes socialmente apreciados, sino también de los efectos negativos de la contaminación y la exposición a riesgos ambientales, o, en otras palabras, de los costos del progreso (Salamanca Villamizar & Astudillo Pizarro, 2016).
En tanto que, al abordar la territorialización de los procesos extractivos, la dimensión ambiental ocupa un lugar de relevancia, ponemos en diálogo la justicia espacial con la ecología política urbana. Swyngedouw (1996) fue quien acuñó el término, definiendo la ciudad como un híbrido socionatural atravesado por relaciones de poder y dando apertura a un campo académico que se pregunta cómo y para qué se producen socionaturalezas urbanas desiguales. Más recientemente, ha planteado la necesidad de politizar las ecologías políticas urbanas ante la proliferación de intervenciones tecnogerenciales que invisibilizan las desigualdades sociales, como es el caso del paradigma del desarrollo sustentable, de gran eficacia en nuestro período de estudio en la legitimación del reordenamiento neoliberal del territorio (Swyngedouw, 2018).
Frente a los enfoques predominantemente estructuralistas de este campo de investigación, que pierden de vista las dinámicas locales y concretas por medio de las cuales se producen las desigualdades, nos inscribimos en las ecologías políticas urbanas situadas que se están llevando adelante en clave latinoamericana (Quimbayo Ruiz & Vásquez Rodríguez, 2016), centrando la mirada en aquellos territorios donde los procesos de neoliberalización dieron nuevas formas a las geografías de la acumulación (Lukas et al., 2020).
2. El Polo Petroquímico Bahía Blanca: procesos extractivos y territorio-red
Si atendemos al extractivismo como el ordenamiento hegemónico que el capital traza a través de un territorio-red verticalmente integrado a cadenas de producción de escala mundial, Bahía Blanca emerge como un nodo estratégico de convergencia de diversos procesos extractivos. De manera particular, este territorio urbano contiene una especialización funcional en el procesamiento, la industrialización o exportación de hidrocarburos a partir de su fuerte gravitación en el sistema nacional de gasoductos troncales (figura 2), la localización del polo petroquímico de mayor magnitud del país y la presencia de terminales portuarias.
El progresivo desarrollo del polo se produjo en articulación con el avance de la frontera extractiva en la Patagonia y la creciente explotación de gas, su materia prima básica. La extracción e industrialización de este bien común de la naturaleza se ha producido bajo una lógica reticular que traza un ordenamiento territorial hegemónico que enlaza a Bahía Blanca con las cuencas patagónicas, cuestión que es posible observar en dos momentos.
En primer lugar, en la década de 1970, se dispuso la instalación de un polo petroquímico en Bahía Blanca como parte de la política nacional de industrialización sustitutiva de importaciones, bajo una estructura societaria con mayoría del Estado nacional en la planta madre (Odisio, 2008). Los factores más significativos que definieron la localización del complejo industrial en dicha ciudad respondieron al aprovechamiento de las ventajas comparativas asociadas a la dotación local de bienes comunes, entre ellos la convergencia de los gasoductos troncales provenientes de las cuencas patagónicas que proveerían al complejo industrial de su insumo básico. Por ello, una de las condiciones de posibilidad para la puesta en marcha del polo entre los años 1981 y 1986 se encontró en el descubrimiento y la puesta en explotación por parte de YPF de Loma La Lata (Hechem, 2010), el mayor yacimiento de gas convencional de Argentina, el cual se localiza en la provincia de Neuquén.
En segundo término, durante los años noventa, la privatización, extranjerización y ampliación del polo bajo el control de grandes empresas transnacionales se encontró en vinculación con la expansión y profundización de las actividades en Loma La Lata a partir de la privatización de YPF y de la llegada de Repsol (Pérez Roig, 2018). En este proceso, el proyecto Mega resultó ser la pieza fundamental, organizándose por medio de tres eslabones que enlazaron territorios rurales y urbanos: 1) una planta separadora en Loma La Lata, en pleno territorio de las comunidades mapuches Paynemil y Kaxipayiñ; 2) una planta fraccionadora localizada en la ciudad de Bahía Blanca; 3) un poliducto de 600 kilómetros que unió ambas plantas (figura 3).
De modo que la cadena productiva del PPBB se organiza por medio de una lógica reticular que incluye a Loma La Lata. A través de la extracción, procesamiento y exportación de diferentes componentes del gas, se produce un ordenamiento extractivo que liga al campo y a la ciudad en un territorio-red. Bahía Blanca y las cuencas patagónicas se encuentran unidas por ductos por donde fluye incesablemente el gas, los cuales nos hablan de procesos extractivos que intervienen en la producción de ambos territorios y, también, de una diversidad de injusticias espaciales. En tanto en el próximo apartado abordaremos los efectos en dicha ciudad, vale también decir que, en el otro extremo del gasoducto, las comunidades mapuches han llevado adelante diferentes acciones de resistencia frente a la consolidación de su territorio como una zona de sacrificio ambiental y social a partir de la explotación de Loma La Lata (Heredia Chaz, 2023a).
3. Ecología política del Polo Petroquímico Bahía Blanca: extractivismo e injusticias espaciales
Bajo las políticas de restructuración neoliberal, Bahía Blanca se constituyó en el partido de la provincia de Buenos Aires que mayor flujo de inversiones extranjeras directas recibió entre los años 1995 y 2000, siendo el polo petroquímico su mayor depositario (Estrada & Giménez, 2008). Tras el proceso de privatización, extranjerización y ampliación del ppbb, se concretó una inversión global de aproximadamente 2000 millones de dólares. Resulta sugerente detenernos a pensar que, por medio de este proceso, así como el volumen de producción se incrementó en un 450 % (Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca Argentina, 2005), se produjo un salto destacado en la riqueza generada y, también, un aumento sustancial en el uso de bienes comunes.
Ante ello, construimos una ecología política que se pregunta acerca de la explotación intensiva por parte de las empresas petroquímicas de un conjunto de bienes comunes naturales y urbanos, e interroga las dinámicas a través de las cuales ello intervino en el reordenamiento neoliberal del territorio por medio de la producción de una serie de injusticias espaciales. A través de este marco interpretativo, buscamos interrogar las lógicas bajo las cuales los procesos extractivos enlazan acumulación y territorio en las ciudades.
En tal sentido, en el presente apartado, analizamos cuatro indicadores: a) la utilización de la atmósfera como un sumidero petroquímico; b) la desvalorización de viviendas en Ingeniero White; c) la presión ecológica de la industria petroquímica sobre el estuario de Bahía Blanca; y d) el consumo intensivo de agua por parte del ppbb. Si bien cada una de estas problemáticas ameritaría un análisis más profundo, en el actual trabajo, priorizamos una mirada de conjunto.
a) La atmósfera como sumidero petroquímico
Las empresas del ppbb utilizan incesablemente la atmósfera como sumidero de gases, ruidos, luminiscencias, olores. Antes que resultar impactos fortuitos, estos constituyen subproductos del proceso petroquímico que tienen como destino final el aire. Las plantas industriales del complejo petroquímico, al ser de proceso continuo, descargan efluentes gaseosos las 24 horas de los 365 días del año por medio de diferentes fuentes de emisión que cuentan con chimeneas y venteos.
Es de destacar que, por medio del proceso de privatización, transnacionalización y expansión del ppbb durante la segunda mitad de los años noventa, se produjo un incremento sustancial en la presión ecológica sobre la atmósfera en tanto sumidero petroquímico. Solo con la puesta en marcha de Mega y Profertil, sin contar las ampliaciones en pbb Polisur y Solvay Indupa, el caudal másico se acrecentó en más de un 100 %, superando los 2 millones de toneladas anuales.
Debido a la alta demanda de energía de los equipamientos, dentro de este caudal se destaca el dióxido de carbono, que, si bien no es considerado un contaminante básico, constituye uno de los principales gases de efecto invernadero. Además, entre las sustancias tóxicas arrojadas a la atmósfera, se hallan óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, hidrocarburos y monóxido de carbono, así como también mercurio, cloruro de vinilo monómero, cloro y material particulado. A su vez, la ampliación del complejo significó la adición de nuevos elementos, como el amoníaco (tabla 2).
La apropiación de la atmósfera como condición de producción capitalista por parte del ppbb genera una serie de impactos que se articulan de forma diferenciada a través de distintas escalas. En un primer nivel, la atmósfera, en tanto bien común global (Mirenda, 2020), es explotada como sumidero petroquímico a partir de la emisión de gases de efecto invernadero, entre los que se destaca el dióxido de carbono, que actúan en el calentamiento del planeta.
En un segundo nivel, la polución con las sustancias tóxicas arrojadas por las empresas produciría una serie de efectos perjudiciales sobre la salud de la población. En tanto se cuentan con escasos estudios desde una perspectiva socioam-biental (Lamtzev et al., 2014), resulta complejo aseverar acerca de la profundidad y magnitud de la problemática, la cual no necesariamente se circunscribiría a la escala territorial de Ingeniero White.
Tabla 2
Emisiones gaseosas de las empresas del Polo Petroquímico Bahía Blanca, según caudal másico, sustancias contaminantes y fuentes de emisión. Año 2003
[i]Fuente: elaboración de la autora con base en el Comité Técnico Ejecutivo (2003c).
En un tercer nivel, los impactos de la contaminación atmosférica del ppbb adquieren un carácter territorializado en la localidad de Ingeniero White y los barrios del sur de la ciudad de Bahía Blanca, configurando una zona de sacrificio ambiental y social (Borde & Torres Tovar, 2017). Es decir, es allí donde los escapes, gases, luminiscencias, ruidos se pueden ver, oler, escuchar. Por ello, a pesar de que el ordenamiento extractivista que se cierne sobre el territorio se organiza en una escala mayor, aquí la disputa se manifiesta como un conflicto de proximidad (Azuela & Mussetta, 2009) que resulta fuente de sufrimiento ambiental para la población de la zona.
b) La desvalorización de viviendas en Ingeniero White
Durante la segunda mitad de los años noventa, la territorialización de los procesos extractivos por medio de la privatización, transnacionalización y ampliación del polo petroquímico envolvió la desvalorización de viviendas en Ingeniero White, el área urbana más cercana al complejo industrial. De manera particular, se trata de una problemática derivada de una conflictividad funcional y ambiental entre actividades urbanas.
En este conflicto entre los usos del suelo residencial e industrial, lo que adquiere un lugar central es la distribución de las externalidades ambientales negativas generadas por la actividad petroquímica, por lo que estos conflictos, que tienden a entenderse como meramente ambientales, "son, en realidad, conflictos sociales por el control de los territorios y, en tanto tales, tienen gran relevancia para el urbanismo" (Sabatini, 1997, p. 78).
Tras su privatización, el polo petroquímico se expandió vertiginosamente hacia el área urbanizada, acortando la distancia entre las empresas y las viviendas, y aumentando los impactos de la actividad sobre la vida cotidiana de sus habitantes. Dicho proceso de ampliación cristalizó la peligrosidad e incompatibilidad que envuelve la vecindad entre barrios residenciales e industrias clasificadas como peligrosas según la legislación vigente.
Por medio del reordenamiento neoliberal del territorio, las viviendas de los vecinos de Ingeniero White fueron apropiadas como condición de producción capitalista, viéndose desvalorizadas simultáneamente tanto en lo que hace a su valor de uso como a su valor de cambio, y produciendo un conflicto urbano que resultó judicializado. De este manera, se configuró una disputa que, ante la imposibilidad de encontrar una solución vía mercado, fue encausada por la vía judicial.
Los efectos ambientales producidos por la actividad industrial de las empresas petroquímicas, y cuyos costos fueron asumidos de modo involuntario por la población local a través de la desvalorización de su vivienda, resultó parte integrante y definitoria de la demanda judicial. Como se argumentó allí:
Lo que resulta evidente es que la contaminación como efecto secundario, como efecto colateral, expresada en el deterioro ambiental, forma parte del costo de la producción de las empresas demandadas, y es menester, indudablemente, persuadirlas de que contemplen en el precio de sus productos la contribución involuntaria que hacemos los vecinos al éxito económico de los emprendimientos señalados. Nuestra vivienda, en la ecuación económica, representa un modesto aporte o contribución a la producción, desde luego, para los suscriptos no querido, sino forzado por las circunstancias (cursiva en el original) (Curutchet, Darío Guillermo y otra c/ Profertil S. A. y otras s/Indemnización de daños y prejuicios, s. f.).
En dicha presentación judicial, se demandó una indemnización económica compuesta por tres rubros. En primer orden, la diferencia entre la valuación del inmueble y el precio esperado de venta. En segundo lugar, la perdida de chance de que la vivienda pueda obtener un mayor valor patrimonial, al también verse obturada la tendencia general al alza de los precios de los inmuebles. Estos primeros dos rubros se fundamentan sobre la peculiaridad del resquebrajamiento de algunas de las características más salientes del suelo como mercancía, las cuales indican que no solo no se deprecia, sino que además verifica un incremento del valor patrimonial a través del tiempo (Baer, 2013). La compensación económica que se reclamó está integrada, así mismo, por un tercer rubro: el daño moral, es decir, el perjuicio extrapatrimonial derivado del deterioro ambiental sobre el aspecto de la casa y el lugar donde se halla, afectando la relación cotidiana que sus habitantes entablan con ellos (tabla 3).
Tabla 3
Ejemplificación del cálculo de la indemnización de daños y perjuicios demandada. Localidad de Ingeniero White. Año 2001 (en pesos, $)
| Valuación del inmueble | 24 523 |
| Valor residual del inmueble | 11 000 |
| Diferencia | 13 523 |
| Chance perdida de valorización del inmueble | 4000 |
| Daño moral | 8000 |
| Total | 25 523 |
c) La territorialización de la industria petroquímica sobre el estuario de Bahía Blanca
Como parte del reordenamiento neoliberal del territorio, la privatización y extranjerización del polo petroquímico local durante la segunda mitad de la década de los noventa envolvieron una doble dinámica de dominio sobre el espacio costero y marítimo del estuario de Bahía Blanca, profundizándose las territorialidades en disputa en torno a este bien común.
En primer orden, es de considerar que la expansión del ppbb se localizó sobre el espacio costero del estuario de Bahía Blanca conocido como Cangrejales, donde se erigieron las plantas de la Compañía Mega y la empresa Profertil. Se trata de una zona de aproximadamente 120 hectáreas "ganada" al mar con el refulado de una gran obra de dragado que se realizó entre 1988 y 1991, la cual fue anunciada como un puntapié para la modernización portuaria local (Boskalis International B. V. Sucursal Argentina, 1991).
La zona que resultó denominada como Cangrejales fue creada al mismo tiempo que el dragado sepultó aquello que dio origen a su nombre. Además, algunos años antes, esta área había sido también la playita de Galván, uno de los tantos balnearios populares que se supieron ubicar sobre las orillas del estuario (Martín, 2018).
En segundo orden, vale también contemplar que el ppbb se encuentra localizado sobre las costas del estuario, un ecosistema de enorme biodiversidad, el cual utiliza incesantemente al modo de un sumidero. Las plantas industriales del complejo, al ser de proceso continuo, descargan sus efluentes las 24 horas de los 365 días del año, por medio de diferentes sistemas de vertido que, en todos los casos, tienen como destino final al mar.
Es de resaltar que, por medio del proceso de privatización, transnacionalización y ampliación del ppbb durante la segunda mitad de los años noventa, así como se incrementó el volumen de producción, se produjo un crecimiento sustancial en la presión ecológica sobre el estuario en tanto sumidero petroquímico. A partir de la puesta en marcha de las ampliaciones, el caudal de efluentes industriales aumentó al menos un 100 %, llegando a un valor promedio de 9775 m3 por día.
No obstante, las descargas deben ponderarse no solo en términos de cantidad, sino también de calidad. Si bien las plantas industriales llevan a cabo tratamientos a sus efluentes líquidos, diariamente vierten en el estuario numerosas sustancias contaminantes, entre las que se presentan metales pesados que se caracterizan por ser altamente tóxicos. Además, la ampliación del complejo implicó la descarga de nuevos elementos como nitrógeno y nitrógeno amoniacal, y la adición de metales pesados como plomo, cadmio, níquel, molibdeno (tabla 4).
La contaminación ambiental que sufre el estuario se manifiesta en tres dimensiones. Por un lado, se han observado niveles detectables de metales pesados disueltos como plomo, cobre, zinc, cromo, mercurio y cadmio. A su vez, se ha registrado una acumulación de metales pesados e hidrocarburos en los sedimentos, con una tendencia mayor a concentrarse en la zona interior del sistema. Y, entre las especies de peces estudiadas, el gatuzo y la pescadilla exhibieron residuos de metales pesados en músculos e hígados (Instituto Argentino de Oceanografía, 2003).
Tabla 4
Efluentes industriales vertidos al estuario de Bahía Blanca por parte de las empresas del Polo Petroquímico según caudal, sustancias contaminantes y medio de descarga. Años 2001-2003
[i]Fuente: elaboración de la autora con base en el Comité Técnico Ejecutivo (2002, 2003a, 2003b).
Hacia el año 2000, la pesca artesanal en el estuario de Bahía Blanca se hallaba atravesando una crisis cada vez más pronunciada debido a la merma del recurso ictícola (Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca Argentina, 2001). Si bien resulta dificultoso señalar con precisión las causas que originaron el problema, es posible afirmar que, entre ellas, se hallaron la contaminación de las aguas de la ría por el vertido de desechos cloacales y petroquímicos, los sucesivos dragados y el progresivo desplazamiento de los pescadores de los espacios donde solían llevar adelante su actividad.
De forma que la apropiación del estuario en tanto sumidero por parte del ppbb, función que resultó intensificada a partir de la ampliación del complejo durante la segunda mitad de los años noventa, consolidó este ecosistema de humedal como una zona de sacrificio no solo en términos ambientales, sino también sociales. Es decir, el aumento de la presión ecológica sobre el estuario implicó la profundización de las tensiones por la materialidad-sentido de este territorio hidrosocial (Boelens et al., 2017), entre las que se destacaron la disputa con los pescadores artesanales de Ingeniero White y su uso como lugar de ocio para el conjunto de los habitantes de la ciudad.
d) Industria petroquímica y despojo hídrico
La decisión de implantar un polo petroquímico en la ciudad de Bahía Blanca y, con posterioridad, de concretar su expansión durante la década de 1990, se vio definida por la posibilidad de explotar las ventajas comparativas asociadas a la dotación local de bienes naturales y de obras de infraestructura. Si bien uno de los factores más decisivos fue el suministro de gas natural, al mismo tiempo, resultó significativa la disponibilidad de agua (Simoni, 2002).
En este sentido, la realización de inversiones por parte de las grandes empresas transnacionales fue tomada sobre la base de, entre otros aspectos, los contratos celebrados con la provincia de Buenos Aires, en los cuales esta última asumió la responsabilidad en cuanto a la cantidad y calidad de agua potable y cruda por suministrar a la industria petroquímica.
La entrada en funcionamiento de las ampliaciones petroquímicas durante los años 2000-2001 implicó que la demanda de agua del complejo se multiplicara por más de tres veces. El polo pasó de demandar en promedio 24 640 m3 por día en 1994 a 84 640 m3 hacia 2000. Dado que, en el mismo período, el consumo de agua de la población urbana creció en menor medida, tanto en términos absolutos como relativos, lo anterior significó un salto considerable en la participación en el consumo total de agua proveniente del dique Paso de las Piedras por parte del sector industrial: del 14 % en el año 1994, creció al 33 % en 2000 (figura 4).
Figura 4
Consumo de agua proveniente del dique Paso de las Piedras. Años 1994 y 2000. Absolutos y porcentajes
Fuente: elaboración de la autora con base en la Dirección de Planificación Estratégica (1998) y la Municipalidad de Bahía Blanca (2000).
Además, mientras que la demanda hídrica ascendió en promedio a 260 000 m3 por día, el volumen captado en el embalse diariamente continuó oscilando entre 200 000 y 240 000 m3, la capacidad de transporte del acueducto que une al dique con la ciudad se mantuvo en 237 600 m3 por día y la capacidad de potabilización de las plantas prosiguió en 215 000 m3 diarios (Dirección de Planificación Estratégica, 1998). De esta manera, sin las obras de infraestructura correspondientes, el aprovisionamiento de agua pasaría a verse dificultado.
Esta situación se diagnosticó durante el proceso de planeamiento estratégico lanzado por el gobierno municipal hacia fines de 1997. En el documento final, dentro de las debilidades por superar en el partido de Bahía Blanca, se precisó el problema en la provisión de agua concluyendo: "Se impone la necesidad de optimizar estructuralmente el sistema, puesto que su capacidad alcanzaría para cubrir limitadamente la demanda" (Municipalidad de Bahía Blanca, 2000, p. 107).
Sin embargo, mientras la ejecución de un plan de obras integral para garantizar un suficiente suministro de agua para la ciudad no se concretó, sí se construyó de forma expeditiva un nuevo acueducto con el fin de asegurar el aprovisionamiento adicional de agua demandado por las ampliaciones en el ppbb. La obra, licitada por la provincia de Buenos Aires, pasó a proveer de agua de uso industrial a Profertil y también a satisfacer la demanda del resto de las empresas, al tiempo que implicó privar a la población urbana de la posibilidad de consumir una sustanciosa cantidad de agua.
De modo que, junto a la gran ampliación que atravesó el ppbb luego de su privatización, se produjo un incremento sustancial en el consumo industrial de agua, configurándose una situación de desigualdad hídrica que incluyó no solo la apropiación privada del bien natural, sino también de las infraestructuras que hacen posible su distribución y consumo. Bajo el reordenamiento neoliberal del territorio se consumó un despojo hídrico (Swyngedouw, 2013) que forma parte de la lógica extractiva que articula la relación entre el polo y la ciudad.
4. Global-local bajo el neoliberalismo: territorio y colonialidad
Soja (2016) sostiene que "[...] las injusticias espaciales pueden considerarse a la vez como un resultado y un proceso [.] Es relativamente fácil encontrar, en términos descriptivos, ejemplos de injusticia espacial, pero es mucho más difícil identificar y entender los procesos subyacentes que producen geografías injustas" (p. 102).
En tal sentido, desde una perspectiva histórica territorialmente situada, nos interesa ahondar en los procesos que dieron por resultado el reparto desigual de los costos del progreso, lo cual requirió de una distribución asimétrica del poder territorial entre los diferentes actores en juego (Pizarro Astudillo et al., 2024).
En Bahía Blanca, la gran mutación neoliberal durante los años noventa implicó la profundización de los procesos extractivos y de un ordenamiento territorial injusto. Los impactos territoriales de la expansión del polo petroquímico se articularon a través de un juego de escalas mediante el cual, si bien fue en la zona más próxima donde se concentraron las injusticias espaciales, simultáneamente, algunas de ellas desbordaron dicha área, afectando al aglomerado urbano o, incluso, teniendo un alcance regional. De manera concreta, mientras la desvalorización de las viviendas se localizó en Ingeniero White, la problemática del agua afectó al conjunto de la población de la ciudad de Bahía Blanca; la presión ecológica sobre el estuario de Bahía Blanca alcanzó una escala regional; y la contaminación del aire tuvo implicancias que llegan incluso a un nivel global.
Ahora bien, más allá de esta multies-calaridad de los efectos territoriales de la expansión petroquímica, por el contrario, las resistencias sociales frente a ellas se han manifestado predominantemente como conflictos de proximidad (Azuela & Mussetta, 2009) en Ingeniero White. En agosto del año 2000, se produjeron dos grandes escapes de sustancias tóxicas durante la puesta en marcha de las ampliaciones llevadas adelante por las corporaciones transnacionales que tomaron el control del ppbb tras su privatización. A partir de dicho acontecimiento, los (as) vecinos(as) de Ingeniero White irrumpieron con una multiplicidad de acciones colectivas, entre las que se destacaron las asambleas populares y los piquetes en los accesos a las plantas (Becher & Klappenbach, 2014).
Por lo tanto, en la espiral histórica del conflicto (Sabatini, 1997) en torno al ppbb, existe un desacople entre las escalas espaciales en que se organizan los impactos territoriales y las resistencias sociales, respectivamente. Es decir, si bien el ordenamiento extractivista que se cierne sobre el territorio urbano opera sobre una geografía de la acumulación más vasta, los conflictos sociales han tendido a tener una fuerte gravitación en el área más próxima de Ingeniero White, haciendo de la construcción un efecto de lugar (Bourdieu, 2007) que tiende a invisibilizar la producción de las diversas injusticias espaciales de forma integrada.
A su vez, en un escenario caracterizado simultáneamente por el franco ascenso de las corporaciones transnacionales y por un Estado nacional en retirada de las políticas de composición social y de fomento de las economías regionales, se trasladó a los gobiernos locales la responsabilidad de gestionar los procesos de radicación de inversiones extranjeras directas. En el pasaje del desarrollismo al neoliberalismo, el paradigma del desarrollo sufrió un cambio en su adjetivación: se viró desde un modelo nacional de desarrollo hacia el concepto de desarrollo local, desde los planes de desarrollo nacional hacia el planeamiento estratégico por ciudades.
En el caso de Bahía Blanca, el enfoque del desarrollo local ocupó un lugar central en la formulación de políticas públicas durante los años noventa, destacándose el Plan Estratégico Bahía Blanca (Municipalidad de Bahía Blanca, 2000).
El proceso de planeamiento impulsado por el gobierno municipal debe ser comprendido como parte del instrumental técnico-administrativo neoliberal en términos de políticas urbanas (Fernández Wagner, 2008), siendo trazado sobre la base del consenso entre el sector público y el sector privado.
En tal contexto, se anunciaba que el objetivo del Plan Estratégico Bahía Blanca reposaba en el direccionamiento de los cambios que se encontraba atravesando la ciudad ante el flujo de inversiones extranjeras directas que se estaban radicando en el complejo petroquímico y portuario, con el fin de minimizar los impactos negativos y potenciar los positivos (Heredia Chaz, 2018).
No obstante, consideramos que el paradigma del desarrollo local operó más bien legitimando el reordenamiento neoliberal del territorio bajo la apertura de un nuevo ciclo de acumulación, recreando la ilusión del desarrollo en América Latina por medio de la consolidación de un nuevo relato colonial que ha resultado funcional a la reproducción del capital global (Fernández, 2008).
De manera que, mientras la territorialidad estatal y de la resistencia se configuraron desde lo local, vale entonces dilucidar quiénes fueron los actores que ejercieron en concreto el poder de reordenar el espacio durante la gran transformación neoliberal. Al poner el foco en ello, hallamos que las inversiones extranjeras directas que se radicaron en el ppbb fueron llevadas adelante por grandes empresas transnacionales líderes a nivel mundial en el sector químico, petroquímico y petrolero, cuyas sedes centrales se situaban en Estados Unidos (Dow Chemical), Bélgica (Solvay), España (Repsol), Brasil (Petrobras) y Canadá (Agrium).
De este modo, el territorio urbano se encontró de manera creciente integrado verticalmente a las estructuras de dominación y subordinación del capitalismo global, al tiempo que se reprodujeron las injusticias espaciales vinculadas a los costos del desarrollo petroquímico. Bajo los procesos de neoliberalización, se profundizaron las dinámicas a través de las cuales lo local y lo global conforman una desigual geometría de poder (Massey, 2011), reforzando la jerarquía que define la política multisecular del capitalismo. Por lo tanto, se consolidó la colonialidad de la producción del territorio mediante un patrón de poder que operó a escala global-local (Betancourt Santiago, 2021), instituyendo un ordenamiento hegemónico de carácter extractivo por medio de la apropiación privada de un conjunto de bienes comunes y urbanos (Heredia Chaz, 2023b).
Conclusiones
En el presente trabajo, abordamos la forma en que los procesos extractivos de acumulación capitalista intervienen en la (trans)formación de los territorios urbanos, tomando como estudio de caso instrumental la relación entre Bahía Blanca y el polo petroquímico, durante una temporalidad que se organizó en torno a su privatización, transnacionalización y expansión entre los años 1995 y 2002. En concreto, construimos una ecología política de la territorialización de los procesos extractivos durante la gran transformación neoliberal, indagando las injusticias espaciales que se organizaron en torno a ellos y la colonialidad en la producción de la ciudad.
La perspectiva del extractivismo como un proceso que se organiza a través del espacio nos permitió desestabilizar la idea de un extractivismo rural que se circunscribiría a actividades primarias. Por el contrario, en la organización de la cadena productiva del ppbb por medio de una lógica reticular rural-urbana, la explotación e industrialización hidrocarburífera forman parte de un mismo proceso extractivo de acumulación.
Además, indagamos la territorialización de los procesos extractivos en las ciudades, diferenciándonos así mismo de aquellos análisis que hacen uso de la noción de extractivismo urbano. En tal sentido, presentando un caso en el que el mercado inmobiliario no es el agente que motoriza la tensión de territorialidades, pudimos dar cuenta cómo, de manera más compleja, la apropiación capitalista de la ciudad se produce en torno a un conjunto de bienes comunes naturales y urbanos, incluyendo no solo al suelo, sino también a la atmósfera como sumidero de contaminación, a las viviendas y al espacio urbano en tanto valores de uso, a los ecosistemas de humedal que constituyen territorios hidrosociales y al agua, así como a las infraestructuras urbanas que hacen posible su almacenamiento, distribución y consumo. Por ello, consideramos que la investigación implicó un conjunto de aportes a los estudios sobre el extractivismo, en términos de entenderlo como un proceso que instituye lógicas de territorialización que se organizan más allá de las actividades primarias, de los enclaves rurales e, incluso, de la lógica inmobiliaria.
A su vez, dimos cuenta de que la territorialización de los procesos extractivos implica la multiplicación de un conjunto de injusticias espaciales vinculadas a los llamados costos del progreso. En tal sentido, mostramos que la ampliación del polo petroquímico bajo las políticas de reestructuración neoliberal conllevó una profundización de la distribución desigual del uso y la contaminación de bienes comunes, de medios de vida que hacen parte tanto del ambiente natural como del ambiente construido.
Es decir, mientras se produjo una apropiación capitalista de la naturaleza y la ciudad como condiciones de producción capitalista, se socializaron los efectos negativos de la contaminación, la exposición a riesgos ambientales y el consumo intensivo de un bien vital como es el agua. De este modo, el desarrollo petroquímico portó una tensión fundamental con la reproducción social de la vida misma.
Por último, analizamos que dicha geografía injusta resultó del reforzamiento de un patrón de dominio político-económico que operó a escala global-local. En tanto las resistencias sociales se organizaron como conflictos de proximidad y la territorialidad estatal se replegó bajo el paradigma del desarrollo local, la desigual distribución de los costos del progreso se sostuvo sobre una desigual distribución del poder en el territorio.
El proceso de privatización y ampliación del ppbb a partir de la segunda mitad de los años noventa implicó que un grupo de corporaciones transnacionales se erigieran como las principales ordenadoras del territorio, siendo este último tomado como un recurso para la explotación productiva bajo la lógica de la acumulación. Por ello, entendemos que el artículo constituyó también una contribución a los estudios urbanos latinoamericanos, al trabajar sobre un nudo crítico respecto a la colonialidad del reordenamiento neoliberal del territorio.