Derecho humano a la alimentación en comunidades campesinas: desafíos y estrategias para su materialización en productores agroecológicos en Santander (Colombia)

Introducción

El derecho humano a la alimentación, reconocido como fundamental en la Constitución Política de Colombia de 1991, obliga al Estado a diseñar e implementar políticas públicas integrales que aseguren un acceso continuo y seguro a alimentos nutritivos para toda la población. La Carta Magna, a través de los artículos 43, 44, 46 y 65, establece la seguridad alimentaria como una prioridad estatal.

Según Mulyani et al. (2023) , "la disponibilidad, accesibilidad y adecuación del consumo de alimentos son aspectos esenciales para garantizar el derecho a la alimentación" (p. 151). No obstante, persisten deficiencias en la implementación de un enfoque sostenible que contemple la diversidad cultural y permita a las comunidades rurales y urbanas decidir sobre sus propios sistemas de producción de alimentos bajo sus prácticas tradicionales.

Esta autonomía resulta clave para diseñar modelos que articulen las dimensiones social, económica y ambiental en la garantía del derecho a la alimentación (Kern,2023). Sin embargo, las políticas actuales no priorizan estrategias que incentiven a las comunidades a desarrollar conocimientos y prácticas orientadas a la producción de alimentos básicos en relación con el uso del agua, la gestión de ecosistemas y la preservación de espacios agrícolas.

La formulación de la política agrícola en Colombia ha estado marcada por un enfoque que prioriza la transformación productiva en función de intereses económicos y energéticos, lo que ha generado tensiones en el acceso a la tierra y la seguridad alimentaria de las comunidades campesinas. En este contexto, la Ley 939 de 2004 definió incentivos para la producción de biocombustibles como alternativa a las fuentes de energía no renovables, para la promoción del monocultivo de palma de aceite como eje central de esta estrategia (Santamaría, 2018).

La expansión de estos cultivos desplazó la producción tradicional de alimentos de pan coger y consolidó la concentración de tierras fértiles en manos de grandes propietarios. Este proceso contó con el respaldo de autoridades municipales y departamentales, quienes impulsaron la permanencia de incentivos para la palma de aceite dentro de los planes de desarrollo por una década. Esa política implementada no incorporaba mecanismos de apoyo a la producción agroecológica, ni fortalecía la participación comunitaria en la toma de decisiones, lo que limitaba el acceso equitativo a los recursos productivos y profundizaba la vulnerabilidad de los sistemas agrícolas locales.

Con relación a políticas explícitas e implícitas aparece el Estatuto de Desarrollo Rural, que se establecía en la Ley 1152 de 2007, que, en el artículo 3°, priorizaba la agricultura como pilar de la seguridad alimentaria en la planificación del territorio rural, para promover prácticas de cultivo de pan coger y productos básicos. Sin embargo, en cuanto a lo implícito en su implementación se enmarcó en un modelo económico que incentivó la expansión de cultivos de alto valor comercial, como commodities, monocultivos y especies de ciclo largo, lo que generó impactos negativos en las comunidades campesinas. Este proceso condujo al desplazamiento de la flora nativa y a la erosión de variedades tradicionales de semillas destinadas a la producción de alimentos para el autoconsumo, generando afectaciones a la biodi-versidad y la sostenibilidad de los sistemas agrícolas locales (Santamaría, 2018).

Persisten deficiencias en la implementación de un modelo de producción alimentaria sostenible que incorpore la diversidad cultural y garantice a las comunidades rurales y urbanas la autonomía en la gestión de sus propios sistemas productivos, soportados en prácticas tradicionales. Esta autonomía resulta fundamental para fortalecer la resiliencia de los sistemas agroalimentarios y asegurar un equilibrio entre las dimensiones social, económica y ambiental en la garantía del derecho a la alimentación. No obstante, las políticas de desarrollo rural no priorizaron estrategias dirigidas a consolidar el conocimiento y las prácticas comunitarias en la producción de alimentos básicos, con énfasis en la gestión del agua, la conservación de ecosistemas y la protección de los espacios agrícolas.

En el marco de la Ley 1152 de 2007, se evidenció la ausencia de una transformación integral del desarrollo rural. Las zonas de reserva campesina (zrc), concebidas como un instrumento de regulación del uso del suelo y protección de territorios campesinos, fueron debilitadas, restringido su establecimiento a baldíos en los límites de la frontera agrícola, en lugar de promover su consolidación en áreas estratégicas cercanas a cabeceras urbanas y grandes ciudades (Vargas, 2018).

Esta limitación redujo su potencial como mecanismo para fortalecer el abastecimiento alimentario local, minimizar la intermediación en la comercialización de productos y contribuir a la conservación ambiental en zonas periurbanas, afectando la sostenibilidad del sistema agroalimentario y la seguridad territorial de las comunidades campesinas.

El modelo económico neoliberal restringe el ejercicio de los derechos de las comunidades campesinas e instaura garantías para el capital transnacional, lo que favorece la transformación productiva y la deslocalización de la actividad agrícola. Ferreira et al. (2022) afirman que "el régimen alimentario neoliberal concentrado en el poder de las grandes corporaciones es marcado por prácticas desiguales y destructivas" (p. 262).

Por ello, instrumentos como la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional (psan) del documento de política Conpes 113 de 2008 subrayan la necesidad de crear medidas que garanticen la autosuficiencia alimentaria y reduzcan las desigualdades estructurales mediante políticas sostenibles y equitativas que empoderen a los pequeños agricultores. Este Conpes está orientado a disminuir la dependencia asistencialista y a fomentar mecanismos sostenibles en el sistema productivo nacional, para abordar determinantes sociales que perpetúan la desnutrición y el hambre, con mayor énfasis en los sectores vulnerables.

La política para la seguridad alimentaria combina asistencia inmediata con estrategias de autosuficiencia y sostenibilidad. A corto plazo, programas como comedores comunitarios, bancos de alimentos y alimentación escolar garantizan el acceso a comida para poblaciones vulnerables. A mediano y largo plazo, se impulsa la producción sostenible con huertas familiares, mercados locales y producción orgánica para aminorar la dependencia de la ayuda (Santamaría, 2018). La educación nutricional y los subsidios focalizados intensifican estos esfuerzos, promoviendo hábitos saludables y acceso a alimentos de calidad.

Mavroeidis et al. (2022) señalan que "lograr la seguridad alimentaria es quizás nuestra aspiración más desafiante y su éxito depende de la adopción de prácticas sostenibles" (p. 1). En este sentido, la política explícita del psan establece la seguridad alimentaria como un principio constitucional alineado con los derechos fundamentales, con estrategias que buscan su implementación efectiva. La incorporación de cultivos alternativos no solo diversifica la producción agrícola, sino que también mejora la estabilidad económica de los productores y fortalece la disponibilidad, accesibilidad y sostenibilidad de los alimentos.

Este enfoque requiere políticas públicas que integren dimensiones económicas y nutricionales para asegurar un acceso equitativo a alimentos de calidad. Además, el uso de cultivos resilientes "aborda las limitaciones de la agricultura convencional y reduce la degradación ambiental" (Mavroeidis et al., 2022, p. 5). Por ello, la formulación de políticas debe ajustarse a estas innovaciones para responder a los desafíos emergentes en la producción y distribución de alimentos.

La adopción de prácticas agrícolas sostenibles mejora el acceso a alimentos saludables y afianza la resiliencia comunitaria. Diekmann et al. (2018) sostienen que "los huertos urbanos han surgido como una estrategia para mejorar el acceso a alimentos saludables y asequibles dentro de las ciudades en el norte global" (p. 1). Adicionalmente, "las huertas urbanas aumentaron el acceso de campesinos de bajos ingresos a alimentos saludables, permitiéndoles tener una dieta alta en vegetales orgánicos" (Diekmann et al., 2018, p. 1).

Sin embargo, en el sur global, la concentración de tierras y el control corporativo limitan su impacto. La Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (cisan), creada por el Conpes 113 de 2008 y formalizada en la Ley 1355 de 2009, coordina políticas para garantizar el acceso a los alimentos, pero ha priorizado campañas educativas sobre hábitos de consumo sin abordar las causas estructurales de la inseguridad alimentaria.

La introducción de cultivos alternativos "podría aumentar la disponibilidad de alimentos" (Mavroeidis et al., 2022, p. 3), pero en el sector campesino su im-plementación sigue limitada por el acceso desigual a la tierra y la intermediación comercial. Aunque "la agricultura urbana no se trata solo de cultivar alimentos, sino de crear un sistema alimentario más sostenible y equitativo" (Diekmann et al., 2018, p. 3), esta visión no considera las barreras que enfrenta la agricultura campesina para acceder a mercados justos.

La Ley 2046 de 2020 busca incluir a pequeños productores en las compras públicas, pero mantiene su subordinación a la agroindustria. Si bien "los programas de seguridad alimentaria comunitaria, que proporcionan a las familias de bajos ingresos los materiales y la capacitación para cultivar sus propios vegetales, juegan un papel crucial" (Diekmann et al., 2018, p. 3), sin cambios en el acceso a mercados y recursos, refuerzan la dependencia del campesinado en lugar de fortalecer su autonomía.

El derecho a la alimentación sigue limitado por un sistema que deja al campesinado en condiciones de vulnerabilidad. Rahaman et al. (2020) afirman que "las debilidades del sistema alimentario global se han hecho evidentes durante la pandemia, [destacándose] las falencias del modelo capitalista" (p. 18). La dependencia de importaciones y la intermediación comercial elevan costos y reducen la autonomía de los productores locales, como lo anota el Plan Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional (pdsan) de Santander de 2022, al evidenciar el deterioro en la producción y el acceso a alimentos en el campo.

Aunque el pdsan Santander busca enfrentar la inseguridad alimentaria, su enfoque sigue centralizado y no responde a las necesidades directas del campesinado. Por otro lado, se advierte que "la dependencia de cadenas de suministro internacionales crea vulnerabilidades significativas en el acceso a alimentos" (Pernille et al., 2019, p. 8), lo que expone al campesino a la desafección alimentaria cuando no existen mercados locales fortalecidos ni precios justos.

La implementación del derecho humanitario a la alimentación convoca a la transformación en los sistemas agrícolas, en los que se deben privilegiar enfoques regenerativos como la agroecología y la soberanía alimentaria, debido a sus beneficios sociales y ambientales (Anderson & Rivera, 2021). Lucantoni (2020) apunta que "el proceso de transición a la agroecología en las fincas familiares es un tema de gran importancia" (p. 1). El llamado es a conceptualizar la agricultura industrial como un modelo insostenible y a establecer una diferenciación precisa entre los sistemas agrícolas de carácter extractivo y aquellos fundamentados en principios de agricultura familiar regenerativa.

La agroecología, como paradigma regenerativo, optimiza la producción de alimentos de alto valor nutricional a través del encuentro entre el conocimiento científico y los saberes tradicionales, para fortalecer la resiliencia socioecológica de los sistemas agroalimentarios y la sostenibilidad de los medios de vida rurales (Anderson & Rivera, 2021). Su implementación favorece la sostenibilidad de los sistemas alimentarios y su alineación con los derechos humanos y la justicia social. La transición hacia sistemas agrícolas sostenibles requiere una coordinación efectiva de acciones para garantizar el acceso alimentario continuo y seguro. En este orden de ideas, Lucantoni (2020) indica que "la agroecología ha sido reconocida como el enfoque más prometedor para el desarrollo sostenible de los pequeños agricultores" (p. 1).

Los sistemas alimentarios regenerativos optimizan la calidad del suelo, promueven la diversificación biológica y fortalecen la seguridad alimentaria mediante la integración de externalidades socioambientales positivas en su estructura y dinámica productiva (Anderson & Rivera, 2021). En esta línea, Lucantoni (2020) expone que "el estudio muestra cómo los cuatro aspectos de la seguridad alimentaria -disponibilidad, acceso, estabilidad y utilización- han mejorado después de la transición a la agroecología" (p. 2). Si bien la implementación de sistemas agroecológicos conlleva una inversión inicial significativa, su adopción genera retornos económicos incrementales y mejora las condiciones socioeconómicas a largo plazo, optimizando la sostenibilidad productiva y la resiliencia territorial.

Los enfoques de economía comunitaria priorizan la producción de alimentos de alto valor nutricional al tiempo que fomentan la sostenibilidad territorial. Para Lucantoni (2020) , la agroecología promueve "prácticas agrícolas que mejoran la biodiversidad y la salud del suelo, y reducen la dependencia de insumos químicos externos" (p. 3). Los sistemas alimentarios regenerativos no solo garantizan la disponibilidad de alimentos para el consumo humano, sino que también cumplen funciones ecosistémicas clave, como la captura de carbono, la conservación de la biodiversidad y la promoción de la cohesión socioeconómica en comunidades rurales. Los sistemas agrícolas regenerativos orientan sus principios hacia prácticas y representaciones que pueden "restaurar los ecosistemas erosionados por décadas de implementación de acciones extractivas" (Anderson & Rivera, 2021, p. 21). En este marco, estos sistemas enfatizan la necesidad de robustecer la agricultura familiar y comunitaria como eje estratégico para el ejercicio efectivo de la soberanía alimentaria.

Marchetti et al. (2020) destacan "la necesidad de revalorizar y reintegrar los saberes tradicionales en el diseño de estrategias agroalimentarias sostenibles, garantizando su aplicabilidad a múltiples escalas" (p. 3). La soberanía alimentaria se configura como un paradigma alternativo a las dinámicas impuestas por las políticas neoliberales, fomentado por organismos de justicia social y ambiental que evidencian las asimetrías estructurales del comercio internacional en la configuración del desarrollo agrícola nacional y en la resiliencia de las ecologías locales.

En este contexto, las prácticas agroecológicas, sustentadas en un acervo de conocimientos y técnicas desarrolladas en un principio por productores rurales, emergen como "soluciones prometedoras que reconectan las ciencias agronómicas con la ecología y la planificación territorial" (Marchetti et al., 2020, p. 3). Este enfoque no solo responde a las demandas socioculturales de las comunidades rurales y los consumidores, sino que también consolida los principios de la soberanía alimentaria, para desafiar las estructuras hegemónicas del sistema agroalimentario global.

Merino (2020) plantea un modelo de gobernanza territorial fundamentado en los principios de "agricultura sostenible, derechos territoriales de campesinos, ciclos locales de producción-consumo e innovaciones agroecológicas" (p. 4). La agroecología, al integrar principios ecológicos y agronómicos junto con la recuperación de saberes tradicionales, configura un marco técnico para optimizar la productividad agrícola con una menor dependencia de insumos externos, al tiempo que mitiga los impactos ambientales de la actividad agropecuaria.

En esta línea, Marchetti et al. (2020) resaltan que "los sistemas agroecológicos están profundamente arraigados en la lógica ecológica de la agricultura tradicional y proporcionan ejemplos de sistemas agrícolas exitosos caracterizados por una amplia diversidad de cultivos y especies animales" (p. 3). La transición hacia estos modelos agroalimentarios no solo responde a desafíos productivos, sino que también atiende problemáticas ambientales derivadas de la intensificación agrícola convencional.

La soberanía alimentaria se concibe como un proceso de "reterritorialización del poder en contraposición a las dinámicas impuestas por el sistema agroalimentario global" (Merino, 2020, p. 5). Este enfoque no solo garantiza el derecho de las comunidades a acceder a alimentos nutritivos y acordes con su cultura, producidos mediante prácticas ecológicas y sostenibles, sino que también representa una estrategia intergeneracional para la preservación de los sistemas alimentarios locales.

Al respecto, se erige como "una estrategia para resistir y desmantelar el comercio global corporativo y el sistema alimentario actual desequilibrado" (Merino, 2020, p. 4). Su implementación fortalece la autonomía de los productores locales y optimiza la gobernanza de los recursos agroalimentarios, para mitigar la concentración de poder en los mercados y promover la equidad en el acceso y distribución de los alimentos.

Metodología

El estudio examina los desafíos en la implementación del derecho a la alimentación en contextos agroecológicos campesinos en el departamento de Santander, en el que integra enfoques de economía comunitaria campesina y soberanía alimentaria. Mediante un análisis de contenido cualitativo, se procesan y categorizan las entrevistas semiestructuradas para explorar percepciones sobre la aplicación de este derecho en relación con las condiciones ambientales, sanitarias y las prácticas agrícolas organizativas. Se exploran las percepciones sobre esa ejecución con respecto a condiciones ambientales, sanitarias y de prácticas organizativas productivas agrícolas en el contexto de políticas de mercado que han planteado desigualdades y vulnerado este derecho fundamental.

La técnica empleada para la recolección de información consistió en entrevistar a informantes clave miembros de comunidades campesinas. Se buscó entrevistar a aquellos que reconocen la importancia de la autosuficiencia y sostenibilidad en sus prácticas agrícolas. La muestra estuvo compuesta por agricultores y líderes comunitarios adscritos a la Federación Campesina de Mercados Agroecológicos en el departamento de Santander, que respondieron a la invitación para abordar los desafíos de la producción sostenible y la soberanía alimentaria. Un total de 20 informantes accedieron a participar en la investigación. Entre estos, hay 13 productores de cooperativas agrícolas y 7 de asociaciones independientes. Para el trabajo de campo se utilizó un protocolo de entrevista semiestructurada, enfocado en temas de apoyo institucional, prácticas sostenibles y participación comunitaria.

El análisis de contenido de las entrevistas (Bardin, 1991) se enfocó en dos temas principales: 1) autosuficiencia y sostenibilidad en la producción agroecológica; y 2) desafíos vinculados a la falta de inversión y apoyo estatal en comunidades campesinas. Estos temas examinan cómo la promoción de prácticas agrícolas sostenibles y la producción local agroecológica son vistas no solo como enfoques alternativos para el desarrollo rural, sino también como áreas que necesitan un apoyo institucional significativo para superar obstáculos productivos en la implementación del derecho humano a la alimentación.

Se extrajo el contenido de las entrevistas relacionado con estos temas y se creó un libro de códigos a través de un proceso deductivo, validado por expertos y verificado mediante la codificación doble de cinco entrevistas realizadas por dos investigadores diferentes. Se alcanzó una alta fiabilidad, evidenciada por una concordancia significativa entre los codificadores. Para el análisis de datos, se usó el software Nvivo 12, que facilitó la cuantificación de frecuencias y permitió comparar perspectivas entre los participantes.

Resultados

En un reconteo, al contabilizar todas las referencias relacionadas con la autosuficiencia y la sostenibilidad en la producción agroecológica, así como los desafíos de la carencia de inversión y apoyo gubernamental, se destacaron como más significativas las alusiones a la necesidad de respaldo institucional y la adopción de prácticas agrícolas sostenibles. En total, se registraron 112 menciones sobre estos temas, en contraste con 82 menciones vinculadas a la insuficiencia de apoyo estatal y la falta de inversión. Esto representa un 73,21 % de menciones centradas en inversión y respaldo gubernamental con respecto a un 26,79 % de la cuestión de autosuficiencia y la sostenibilidad.

La tabla 1 presenta códigos relacionados con estrategias de sostenibilidad y autosuficiencia. Se resalta la importancia del "abastecimiento comunitario", según los relatos de los entrevistados. Algunos métodos que reflejan su relevancia central en la discusión con mayor frecuencia de mención son las "prácticas agrícolas sostenibles", que se agrupan en acciones de cohesión comunitaria para la producción local agroecológica. En contraste, se tienen estrategias como la "permanencia y la autonomía", que se mencionan con menos frecuencia, en las que se sugiere que son patrones temáticos menos discutidos en comparación con acciones ciudadanas para la sostenibilidad comunitaria.

La disposición de los códigos en la tabla 1 sugiere una jerarquía implícita en las preocupaciones, que comienza con las técnicas más discutidas y termina con aquellas que, a pesar de su importancia, han capturado menos atención. Algunas referencias sobre este tema incluyen:

En cuanto al desarrollo de empoderamiento rural para la producción local, se señala:

La sostenibilidad y autosuficiencia de la producción agroecológica campesina se consideran un elemento en la discusión contra las estructuras del sistema económico que prioriza intereses externos sobre las necesidades comunitarias. Este enfoque resalta cómo las federaciones agroecológicas campesinas mantienen su funcionamiento mediante recursos propios. Sin embargo, la ausencia de apoyo estatal y de inversión muestra una tendencia sistémica hacia la desatención de las iniciativas locales. La autosuficiencia se manifiesta tanto en términos económicos como en una resistencia cultural que busca preservar la autonomía frente a un sistema que no cubre las necesidades de las comunidades rurales.

La implementación de programas de asistencia técnica limpia y agroecológica es necesaria para la conservación y restauración de ecosistemas estratégicos, que integran la producción campesina familiar a las redes de abastecimiento de alimentación escolar. Este enfoque subraya el asegurar alimentos saludables para los estudiantes y reforzar el derecho a la alimentación, que pone en cuestión las políticas que favorecen intereses económicos más amplios y cuestionan la estructura de poder que perpetúa las desigualdades.

El empoderamiento rural y la organización del comercio campesino promueven una distribución más equitativa de los recursos. El vincular organizaciones de varios municipios fortalece el derecho a la alimentación y asegura acceso a alimentos de calidad. Este proceso se considera tanto una forma de resistencia como una afirmación de la autosuficiencia comunitaria frente a un sistema que margina a los pequeños productores. La Escuela Campesina de Soberanía Alimentaria tiene un papel en este contexto, proporcionando capacitación y asesoría para implementar prácticas sostenibles que promuevan la soberanía alimentaria.

Estas iniciativas buscan garantizar que las comunidades rurales tengan acceso a alimentos nutritivos y de producción local. Además, la privatización de semillas y la alta intermediación en la cadena alimentaria son prácticas que afectan la autosuficiencia agrícola y perpetúan las desigualdades económicas. Al enfocarse en técnicas agrícolas sostenibles y en la eliminación de intermediarios, se fomenta un modelo de producción que protege el derecho a la alimentación y cuestiona las estructuras que favorecen a los grandes actores económicos, consolidando una postura que reivindica la autonomía y la sostenibilidad de las comunidades campesinas.

La figura 1 muestra patrones temáticos relacionados con el desarrollo comunitario y las políticas alimentarias, centrados en la problemática de la falta de inversión estatal y su influencia en la implementación del derecho humanitario a la alimentación. La mayor frecuencia de menciones se da en la insuficiencia de recursos públicos, lo que tiene un impacto significativo en la coordinación de acciones para garantizar el acceso alimentario, como se evidencia en el número de referencias textuales.

La discusión con mayor atención en los entrevistados es la de la atención estatal, que minoriza la de la participación ciudadana. Hay una dependencia a la asistencia social soportada en la capacitación agrícola, como se evidencia en las declaraciones siguientes:

A continuación, destacamos algunas opiniones de los participantes sobre el soporte técnico y la cultura de involucramiento en actividades agroecológicas:

Hay una necesidad de fomentar soluciones de asociatividad, resiliencia comunitaria y empoderamiento de mujeres para desarrollar acciones autónomas y utilizar redes sociales para visibilizar procesos. Estas medidas buscan mejorar el acceso y la calidad de los alimentos disponibles, a fin de lograr las capacidades económicas y culturales que requiere el sistema económico que no cubre las necesidades de las comunidades rurales. La organización y el trabajo intersectorial son necesarios para construir acciones con impacto y beneficio para la ciudadanía; es preciso involucrar a la comunidad y a los jóvenes en la generación de propuestas de solución.

El empoderamiento rural y la gestión de recursos para obtener apoyo institucional, capacitaciones y asistencia técnica son componentes para la sostenibilidad agroecológica. Sin este apoyo, las comunidades campesinas enfrentan desafíos para mantener su producción, lo que impacta en su capacidad para garantizar el derecho a la alimentación de todos sus miembros.

Integrar a los jóvenes del área rural como vigías ambientales mediante procesos de formación que permitan realizar trabajo social y comunitario, y enseñar sobre el manejo del agua, la producción sostenible y el arraigo cultural promueve un entorno en el que se respeta y fortalece el derecho a la alimentación. Además, la creación de proyectos productivos con las escuelas de padres, en las que se recuperan saberes y se fomenta la autosuficiencia alimentaria, garantiza que las familias puedan producir sus propios alimentos, protege su derecho a la alimentación y mejora su calidad de vida.

La tabla 2 ilustra la situación de control de recursos, en la que sobresale el código "intereses externos y prioridades comunitarias" como el más relevante. Esta observación sugiere un enfoque en cómo estos factores influyen en la disponibilidad de recursos alimentarios, lo que invita a cuestionar ¿cómo se determina la priorización de intereses externos sobre las necesidades comunitarias? ¿Qué mecanismos perpetúan esta desigualdad? El contraste con la comercialización justa y los mercados solidarios, aunque reconocidos como importantes, indica una menor incidencia en la discusión. ¿Por qué estos elementos, a pesar de su potencial para mejorar la equidad, tienen menos peso en las prácticas actuales?

Así mismo, los códigos de privatización y control de semillas, junto con la dependencia a alimentos importados, reflejan preocupaciones sobre la protección de la biodiversidad agrícola. A continuación, se mencionan referencias notorias sobre este tema:

El control de recursos en la producción agroecológica campesina refleja la necesidad de estrategias de financiamiento sostenible y una revisión de la distribución de la tierra. La asignación preferencial de tierras a la ganadería y la consecuente dependencia de alimentos importados llevan a cuestionar ¿qué medidas pueden tomarse para revertir esta tendencia y promover un uso más equitativo y sostenible de la tierra?

La privatización de semillas y la alta intermediación en la cadena alimentaria subrayan la necesidad de modelos alternativos que protejan la biodiversidad y aseguren el derecho a la alimentación. Permitir la comercialización en mercados solidarios sin intermediación puede generar estructuras comunitarias de comercialización justas soportadas en una mayor equidad en el acceso a los recursos para el productor agroecológico.

En la figura 2 se observa una exploración de temas en bienestar comunitario, reconocidos por los entrevistados. Patrones temáticos relacionados con el suministro alimentario regional, asesoramiento agronómico y conservación ecológica, la salud pública y la agroecología, y la cooperación y fortalecimiento local tuvieron mayor presencia de discusión.

Estos engloban la noción de desarrollo comunitario sostenible, en la que se plantea la preocupación de garantizar la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición mediante prácticas agrícolas alternativas. Esta apuesta se enfoca en la conservación de recursos naturales y en la implementación de prácticas agrícolas sostenibles. En cambio, el uso de agroquímicos y su relación como determinante social en la salud pública son menos abordados, pero de igual relevancia para priorizar el bienestar comunitario. Algunos ejemplos son:

En la producción agroecológica se presentan obstáculos que limitan su capacidad para producir y vender alimentos. La vulneración al derecho a la alimentación de las comunidades locales está exacerbada por la dependencia estructural impuesta por los grandes intereses económicos. Las prácticas agrícolas sostenibles confrontan las fallas de un sistema que promueve la desaparición de semillas nativas y criollas, a causa de la proliferación de semillas mejoradas y el uso de agroquímicos; y amenaza la biodiversidad agrícola, limitando las opciones de cultivo y disminuyendo la resiliencia de las comunidades ante cambios ambientales. Esta situación perpetúa las prácticas que favorecen a los grandes productores en detrimento de los pequeños agricultores.

El derecho a una alimentación adecuada, esencial para la vida, se ve amenazado por el mal uso de tierras y la falta de políticas adecuadas, que resultan en una oferta alimentaria con agroquímicos que perjudican tanto la salud humana como la sostenibilidad ambiental. La protección de los derechos alimentarios se relaciona con la acción de asociatividad y el empoderamiento comunitario para reducir la dependencia de agroquímicos como iniciativa de salud pública. La capacidad de instalar resiliencia frente a los cambios ambientales permite a las comunidades locales tomar decisiones sobre sus sistemas alimentarios y asegurar la disponibilidad de alimentos a la par de promover un desarrollo rural que respete y conserve los recursos naturales, como la biodiversidad y los suelos.

Análisis del contexto del concepto 'derecho a la alimentación'

Hemos escogido las palabras clave 'derecho a la alimentación' para analizar en su contexto, obteniendo el árbol de palabras y frases que se muestra en la figura 3. Este árbol representa las frases de las entrevistas en las que aparece el término seleccionado. De este árbol se pueden resaltar algunas ideas que son de interés en el análisis del tema y que resumen las preocupaciones expresadas por los agricultores con relación al impacto de la autosuficiencia alimentaria.

Algunas de estas ideas son: "fallos de un sistema que desatiende las necesidades comunitarias"; "prácticas agrícolas que favorecen la autosuficiencia"; "la vida para todos se asocia con iniciativas que respeten y promuevan la disponibilidad de alimentos"; "el acceso a alimentos para proteger productos". Estas ideas reflejan una preocupación sobre cómo la autosuficiencia podría ser utilizada para proteger o influir en las comunidades locales.

La figura 3 muestra la panorámica compleja del uso de prácticas agrícolas sostenibles en contextos de producción local, en la que se destaca cómo este fenómeno altera la percepción y el comportamiento humano en el marco alimentario tradicional. Los temas que emergen, como la biodiversidad agrícola, la dependencia de monocultivos y la privatización de semillas, reflejan eventos agrícolas y vivencias, percepciones personales que modelan la realidad social de las familias campesinas, y la confianza en los sistemas alimentarios que promueven.

Se observa cómo las descripciones (biodiversidad agrícola, acceso a alimentos, conservación de semillas nativas) conducen a declaraciones sobre las capacidades de las prácticas agrícolas para proteger la alimentación local. Estas declaraciones se transforman en interpretaciones que sostienen que estas prácticas pueden ser utilizadas para mejorar las condiciones de vida o asegurar el acceso a los alimentos. Por ejemplo, el uso de técnicas agroecológicas para mejorar la producción revela una capacidad para influir en la disponibilidad de productos alimenticios, sin el conocimiento de las comunidades afectadas.

En términos de variaciones del fenómeno, se observan grados de influencia de las prácticas agrícolas, desde la mejora de la producción local hasta la protección de la biodiversidad agrícola. Esto sugiere una gama de comportamientos en los sujetos implicados, desde aquellos beneficiados hasta otros que reconocen y apoyan tales prácticas. El fenómeno de la autosuficiencia alimentaria se manifiesta como una interacción entre tecnología agrícola y ecología humana, en la que la tecnología no es una herramienta, sino también un participante que remodela las estructuras de experiencia y acción. Esta interacción puede representarse en eventos como el incremento de resiliencia ambiental y activismo agroecológico, o en el aumento de prácticas y soberanía alimentaria, dependiendo de cómo los individuos y colectivos experimentan y responden a estas influencias ecológicas.

Discusión y conclusiones

Las comunidades campesinas en Santander enfrentan una constante presión debido a la falta de apoyo estatal, lo que compromete la sostenibilidad de la producción agroecológica y la seguridad alimentaria. Según el estudio, el 73,21 % de las menciones reflejan la necesidad de respaldo institucional para fortalecer estos sistemas productivos. A esto se suma la privatización de semillas, que limita la biodiversidad agrícola y restringe el acceso a variedades locales, afectando la autosuficiencia de los productores.

Esta problemática no es exclusiva del ámbito rural, ya que investigaciones sobre agricultura urbana también han identificado la importancia de fortalecer modelos autónomos de producción que garanticen el acceso a alimentos saludables y acordes con su cultura (Diekmann et al., 2018). Sin embargo, el avance de modelos agrícolas dependientes de insumos externos ha desplazado progresivamente los conocimientos tradicionales, reduciendo la capacidad de los campesinos para gestionar su producción de manera soberana y sostenible.

El apoyo institucional en la agricultura no puede limitarse a declaraciones de sostenibilidad cuando las políticas gubernamentales han priorizado la inserción del agro en mercados globales, en los que se debilita la autonomía campesina. Aunque se reconoce que dicho respaldo podría fortalecer la confianza en la producción agroecológica, en la práctica, los programas estatales han promovido modelos productivos dependientes de insumos externos y tecnologías controladas por grandes corporaciones, restringiendo el acceso a semillas nativas y recursos esenciales para la economía comunitaria (Conpes 113/2008).

Esta tensión revela la contradicción entre el discurso oficial que promueve la seguridad alimentaria y la implementación de políticas que, en la práctica, continúan subordinando la producción campesina a dinámicas de mercado que priorizan intereses externos sobre necesidades comunitarias. En este contexto, las prácticas agroecológicas se han convertido en una estrategia de resistencia frente a un sistema que fomenta la dependencia de insumos controlados por grandes corporaciones y desincentiva modelos de producción autónomos y sostenibles (Rahaman et al., 2020). Para que el respaldo estatal sea efectivo, no basta con la promoción de prácticas aisladas, es necesario un modelo de gobernanza que garantice acceso equitativo a recursos, fortalezca la soberanía alimentaria campesina y reconozca las federaciones agroecológicas como actores clave en la construcción de sistemas alimentarios sostenibles y resilientes.

La producción agroecológica campesina supeditada al respaldo estatal restringe su autonomía y refuerza la dependencia. La figura 1 reveló que las menciones sobre la falta de inversión estatal duplicaron aquellas relacionadas con la participación ciudadana, lo que refleja una dinámica en la que el acceso a recursos sigue estando condicionado por decisiones gubernamentales. Aunque el Plan Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Santander (2022) plantea fortalecer el abastecimiento local, la brecha entre la formulación de políticas y su impacto real en la autonomía productiva sigue siendo evidente.

Si bien el respaldo institucional puede ser utilizado para crear prácticas agrícolas sostenibles, la ausencia de estrategias que reduzcan la subordinación campesina impide consolidar un modelo de producción independiente. Esto concuerda con estudios que evidencian cómo, pese a la implementación de espacios productivos comunitarios, las estructuras de poder que regulan el acceso a recursos no se ven alteradas.

En el caso del análisis de la figura 2, se muestra que las preocupaciones ambientales superan la atención a la asistencia técnica, lo que sugiere que la sostenibilidad es vista como un aspecto prioritario frente a la capacitación productiva. No obstante, la tabla 2 refleja que la influencia de actores externos en la economía campesina triplica la presencia de menciones a mecanismos de comercialización justa, lo que evidencia que el mercado sigue favoreciendo a sectores dominantes en detrimento de los productores locales. Esta realidad refuerza la idea de que, aunque la economía comunitaria campesina es promovida como una alternativa sostenible, su consolidación depende de la transformación de los sistemas de distribución para fortalecer la soberanía alimentaria y disminuir la intermediación que perpetúa la dependencia.

Además, la privatización de semillas y la intermediación en la cadena alimentaria fomentan la dependencia de los monocultivos y afectan la cohesión comunitaria. Esto sustituye las prácticas agrícolas diversificadas por modelos de producción que no respetan la biodiversidad, lo cual reconfigura el orden social y económico de las comunidades rurales, influyendo en las percepciones de los agricultores y alterando la orientación de sus actividades productivas.

Los resultados coinciden con las observaciones de Ferreira et al. (2022) , quienes sostienen que la privatización de semillas y la intermediación en la cadena alimentaria comprometen la autosuficiencia agrícola y la sostenibilidad de las comunidades locales. Dichas prácticas limitan la conservación de semillas nativas y afectan el ejercicio de la soberanía alimentaria por parte de los productores locales. Esta problemática se vincula con la necesidad de implementar programas de asistencia técnica que fortalezcan la conservación de ecosistemas y el fomento de la integración de la producción campesina en redes de abastecimiento alimentario escolar.

Desde una perspectiva geopolítica, Merino (2020) plantea que "las políticas supranacionales en la región Andina han buscado armonizar los principios de seguridad y soberanía alimentarias, pero en la práctica refuerzan el modelo agrícola extractivista y la dependencia de la producción industrial transnacional" (p. 12). En este sentido, se observa que, aunque ciertos marcos normativos (Ley 1152 de 2007, Ley 1355 de 2009 y Ley 2046 de 2020) reconocen la importancia de la producción campesina, las estrategias implementadas tienden a reproducir dinámicas extractivistas que subordinan la producción local a las exigencias del mercado global.

La viabilidad de estrategias de autosuficiencia agrícola exige políticas que no solo mitiguen los efectos de la privatización de semillas, sino que también establezcan mecanismos de apoyo para la producción agroecológica y la comercialización en circuitos de proximidad. Sin embargo, Merino (2020) advierte que "el concepto de soberanía alimentaria ha sido cooptado por los Estados nacionales para legitimar el modelo extractivista, mientras que las comunidades locales continúan luchando por su autonomía territorial y alimentaria" (p. 7). Esta afirmación subraya la necesidad de reconfigurar el marco normativo para garantizar el reconocimiento de los derechos de las comunidades campesinas y fortalecer su rol en la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios.

Además, se aborda cómo las prácticas sostenibles complican la detección de barreras en la producción y amplían la capacidad de las comunidades para preservar la biodiversidad y asegurar la equidad en la distribución de alimentos. Estos enfoques agroecológicos, lejos de ser herramientas neutrales, reflejan y amplifican las intenciones de sus promotores, lo que representa un desafío para la sostenibilidad agrícola (Silva et al., 2023). Proteger los sistemas agroecológicos frente a los sistemas agroalimentarios es fundamental para contrarrestar sus efectos adversos. La integración de prácticas sostenibles en los procesos de producción plantea retos relacionados con la equidad en el acceso de alimentos.

La adopción de sistemas agroecológicos en comunidades campesinas enfrenta barreras que ralentizan su consolidación. Aunque surgen iniciativas de economías alternativas, los sistemas agroalimentarios convencionales siguen limitando el acceso a alimentos nutritivos de forma sostenible. Esto exige una reconfiguración de la sostenibilidad agrícola respaldada por políticas que fortalezcan la autonomía productiva y comercial de los actores rurales.

Para competir con las dinámicas dominantes de producción y distribución, la economía alternativa debe consolidarse como un modelo viable. Las prácticas agroecológicas de las familias campesinas son clave para garantizar sistemas productivos sostenibles que enfrenten el hambre y mejoren la nutrición. Las estrategias agroecológicas requieren respaldo político para contrarrestar las restricciones impuestas por la agroindustria y fortalecer su resiliencia.