Políticas habitacionales públicas en Argentina. Una aproximación a la experiencia del programa Mi Pieza (2021-2023)

Apertura¹

La apropiación del sector habitacional por el sector de las finanzas es una tendencia global, masiva y hegemónica en la actualidad, y constituye un complejo proceso que vincula individuos y familias con la macroeconomía y con los Estados, y a estos, con instituciones financieras internacionales y organismos y agencias de cooperación (Rolnik, 2017). Se trata de un proceso que relaciona, a través de diversos mecanismos, una compleja cadena de actores e instituciones concernientes al sistema productivo global, entre estos fondos de pensión, bancos de inversión, sistema bancario paralelo, instituciones de crédito e instituciones públicas y las propias familias e individuos (Aalbers, 2016). No obstante, si bien se trata de un proceso concerniente a una dinámica global, como señalan Aalbers (2016) y Rolnik et al. (2021), también es necesario articularlo con las condiciones locales de cada contexto socioterritorial, permeadas estas por experiencias concretas, diversas y particulares.

En la Argentina reciente, existe una tendencia hacia la implementación de políticas de vivienda y del espacio urbano financiadas a nivel nacional e internacional, en un marco institucional que vincula individuos y familias con organismos estatales e instituciones bancarias, y a estas con organismos internacionales de financiamiento y diversas agencias de cooperación (Mosso, 2024). Sin embargo, a diferencia de otros países de la región -también insertos en economías globales en las que priman sistemas de financiarización de la vivienda-, estos esquemas locales atienden a las particularidades propias del país.

En esta apertura, durante el período 2019-2023, presidido por Alberto Fernández, es posible distinguir una cartera de proyectos y programas habitacionales² basados en esquemas de financiamientos y subsidios para estratos sociales medios y bajos, caracterizada a grandes rasgos por: esquemas basados en créditos internacionales, que vinculan centralmente aparatos estatales, organismos internacionales y sistemas bancarios; esquemas basados en créditos y microcréditos domésticos, que relacionan individuos y familias con aparatos estatales e instituciones bancarias; y esquemas de subsidios, que vinculan individuos y familias, aparatos estatales y sistemas bancarios, y pueden incluir a organizaciones sociales y comunitarias a través de prácticas de participación social.

En el marco de lo denominado como esquema de subsidios, el programa Mi Pieza, implementado en el año 2021 a nivel nacional luego de la pandemia mundial Covid-19, constituye una experiencia habitacional reciente y alternativa a las políticas de financiarización de la vivienda. En línea con otras políticas de autogestión y autoconstrucción, y en la intersección de los derechos de las mujeres con los territorios y sus escalas (Núñez, 2021), Mi Pieza invita a concebir los territorios y el hábitat desde perspectivas de género y feminismos.

El programa tiene entre sus objetivos reducir el hacinamiento de los hogares, mejorar la calidad constructiva de las viviendas y reactivar la economía barrial desde una perspectiva de género. En palabras de Fernanda Miño, exdirectora de la Secretaría de Integración Socio-Urbana (sisu), se trataba de "un programa con perspectiva de género que llegaba directamente a la cuenta bancaria de cada mujer, a través de la Anses. Nosotros podíamos monitorear las obras a través de una aplicación de teléfono y, también, las mujeres podían acceder a la inscripción de los sorteos a través de la página" (entrevista a Fernanda Miño, 2024).

La asistencia contempla el otorgamiento de subsidios a mujeres residentes en barrios populares del ReNaBaP (2020) y que cuenten con el Certificado de Vivienda Familiar (2018),³ para el mejoramiento de las condiciones constructivas de sus viviendas por medio de prácticas de autoconstrucción⁴ o bien mediante la contratación de mano de obra local. No obstante, a pesar de que esta política no logra revertir el empobrecimiento estructural de las poblaciones, constituye una estratégica con perspectiva de género centrada en el mejoramiento de las condiciones habitacionales que pone el eje en las mujeres y su entorno, en contrapartida a operatorias nucleadas en la mercantilización de suelo y de la vivienda a favor de las grandes corporaciones nacionales y transnacionales.

Presentada esta problemática, el objetivo de este texto es explorar la política habitacional instrumentalizada en Mi Pieza en Argentina, a partir de considerarla como una estrategia nacional viable de ser implementada con resultados favorables -aunque también con necesidad de revisiones en su implementación-, que percibe mejoras habitacionales para las mujeres y las familias residentes de barrios populares. Así mismo, el escrito pretende poner en valor experiencias de esta índole que, pese a estar inscriptas dentro de parámetros neoliberales, contribuyen a un desarrollo más equitativo de las poblaciones.

Es por ello que el trabajo también tiene como intención dejar testimonio de los discursos y prácticas que circulan en cierto contexto histórico del país y de la región. La metodología cualitativa contempla la recopilación, revisión y sistematización de fuentes secundarias, entre las que se incluyen documentos oficiales publicados por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, y la Secretaría de Integración Socio-Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (2019-2023), actualmente la Secretaría de Desarrollo Territorial, Vivienda y Hábitat y la Unidad Ejecutora de Integración Socio-Urbana, respectivamente, ambas del Ministerio de Economía de la Nación.

Parte de esta información ha sido sistematizada en tablas en el apartado "Sobre los esquemas de financiamiento habitacional en Argentina". Igualmente, comprende informes desarrollados por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (uca),⁵ así como documentación de fuentes secundarias concernientes el programa Mi Pieza en el período 2021-2023, principalmente del monitor de obras de Integración Socio-Urbana de la sisu, analizadas en la sección "Sobre la experiencia de Mi Pieza".

Para la aproximación al programa investigado, se atienen a características propias, de tipo variable, como alcance nacional, respuesta inmediata, pluralidad constructiva, reducción del hacinamiento del hogar, modalidad por autoconstrucción, reactivación económica y autonomía de género. El estudio también se basa en fuentes primarias, principalmente en las voces recogidas a través de las entrevistas personales realizadas a funcionarias y técnicas de Mi Pieza, entre ellas la exdirectora de la sisu, Fernanda Miño, y A. F., técnica del ReNaBaP de la sisu. Como cierre, se hacen algunas reflexiones y se plantean interrogantes para continuar la investigación.

Sobre el contexto global de la vivienda

En un contexto capitalista neoliberal y profundamente desigual, las problemáticas en torno a la financiarización y mercantilización de la vivienda centran la atención de numerosos estudios, no solo por el carácter global que esta cuestión ha adquirido en las últimas décadas, sino por la creciente preocupación alrededor del endeudamiento progresivo en la vida cotidiana de las familias y de los Estados emergentes en relación con el acceso al crédito, sea este hipotecario o en el marco de las políticas de financiación del desarrollo.

En esta contextualización, varios autores definen un "régimen de financiarización" basado en una economía global introducida en diversos ámbitos de la vida cotidiana y de la producción (Rolnik et al., 2021); del mismo modo, profundizan en los canales de transición relacionados con las dinámicas de los flujos capitales y de la economía global, entre estos los del sector residencial (Fernandez & Aalbers, 2016).

En el contexto de las ciudades, se abordan reestructuraciones y reconfiguraciones urbanas producidas en grandes espacios urbanos, creados como reserva de valores y activos financieros internacionales (Gasca, 2019; Shimbo & Rufino, 2019). Algunas ciudades emblemáticas son utilizadas como "portafolios" del sector financiero, esto es, como activos financieros lucrativos para diversos fondos de inversiones financieras internacionales (Méndez, 2019).

En Latinoamérica, un núcleo de estudios refiere a una financiarización subordinada o a una subordinación financiera internacional en las economías emergentes (Socoloff, 2019, 2021). En este ámbito, equipos e investigadores dan cuenta de que se han producido, al menos, dos olas de financiarización del espacio construido (Delgadillo, 2021): una nucleada en la producción y reproducción de viviendas sociales localizadas en zonas periféricas de nuestras ciudades (Ortiz, 2007; Duhau López, 2008); y otra basada en una "selecta densificación intraurbana" (Rolnik, 2017; Delgadillo, 2021; Rufino, 2021) o en la construcción de grandes proyectos urbanos (Lungo, 2005).

En esta lógica, el mercado inmobiliario, junto al espacio urbano, la vivienda, las hipotecas y préstamos, se ha tornado un negocio rentable para capitales financieros globales, adquiriendo una escala colosal en diversas ciudades: "Como consecuencia [estos] ya no responden a las necesidades locales, sino que se edifican como activos financieros en función de la reproducción de capitales internacionales y las ciudades se han convertido en 'fábricas' productoras de plusvalías" (Delgadillo, 2021, p. 4).

Desde esta perspectiva, las políticas habitacionales y urbanas han renunciado, en varias ocasiones, a su función de bien común de distribución de la riqueza para transformarlas en un "mecanismo de extracción de ingreso, ganancia financiera y acumulación de riqueza" (Rolnik, 2017, p. 15). Así, el modelo de la casa propia adquirida a través de créditos hipotecarios se ha transformado en un paradigma dominante, provocando que su mercantilización se integre como un activo al mercado financiero. Sin embargo, esta cuestión acarrea diversas problemáticas. Por un lado, se trata de un proceso que afecta rotundamente las relaciones sociales alrededor de la vivienda, en la que la casa se transforma en un bien de cambio y no en un bien de uso, tornándose un capital fijo cuyo valor es la expectativa de generar más valor en el futuro (Rolnik, 2017; Núñez, 2012).

En esta línea, los derechos adquiridos en torno a la concepción de la vivienda adecuada o socialmente necesaria (Pradilla, 1984) se ven afectados para una parte considerable de la población, especialmente la clase empobrecida y la clase media-baja, vulnerando los derechos establecidos en las constituciones nacionales y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 1966 de la Organización de las Naciones Unidas (Núñez, 2012). Además, en ciertos casos, esta pérdida paulatina de derechos sociales y urbanos desencadena en endeudamientos progresivos de la vida cotidiana de la población e incita, así mismo, posibles desplazamientos y desalojos poblacionales forzados (Rolnik, 2017; Núñez, 2012; Mosso, 2019), o bien, la escasa movilidad residencial (Abramo, 2008).

Las políticas públicas habitacionales recientes emitidas en el contexto institucional de Argentina no escapan a este contexto global y regional, por el contrario, se observa un cúmulo de prácticas y saberes "importados" en el marco de la implementación de programas habitacionales destinados a población empobrecida o con ingresos medios (Mosso, 2024). No obstante, a pesar de este carácter global, es posible apreciar un modelo local durante el período investigado en torno al mejoramiento y acceso a la vivienda y el suelo urbano, conferido en un entramado social que abarca, en diferentes ámbitos y escalas, organismos internacionales, aparatos estatales, sistemas bancarios, empresas constructoras, organizaciones sociales, individuos y familias. Este modelo contempla créditos habitacionales para la adquisición de la casa propia, pero, a diferencia de operatorias globales de financiarización de la vivienda, el Estado oficia como un promotor y ejecutor de su materialización. A su vez, dispone de subsidios para estratos sociales bajos, a fin de mejorar las condiciones de vida de esta población.

Sobre los esquemas de financiamiento habitacional en Argentina

En la Argentina reciente, durante la presidencia de Alberto Fernández (20192023), se puede apreciar una tendencia hacia la implementación de políticas públicas de vivienda y del espacio urbano ini-ciadas⁶ por gobiernos progresistas como lo fue el de Néstor Kirchner (2003-2007) y el de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), que mejoraron significativamente la calidad de vida de la población de estratos medios y bajos en relación con el acceso a la vivienda y el suelo urbano, entre otros ámbitos.

También se puede observar una continuidad en la implementación de ciertas políticas efectuadas por el gobierno de corte neoliberal de nuevas derechas de Mauricio Macri (2015-2019) en cuanto al acceso a préstamos y créditos tomados del ámbito internacional, principalmente para el financiamiento de la obra pública y el mejoramiento barrial. Sin embargo, durante el período investigado se visualizan operatorias de vivienda y mejoramiento urbano integral implementadas a partir de la pandemia Covid-19, como se dijo anteriormente, que buscaron insertarse en la tradición progresista de Kirchner y Fernández con miras a palear las situaciones habitacionales preexistentes y, a la vez, profundizadas por este contexto.

En primer lugar, se distinguen los sistemas basados en créditos internacionales que vinculan aparatos estatales con organismos internacionales (Mosso, 2024). Estos esquemas agrupan políticas urbanas financiadas total o parcialmente a través de créditos internacionales para la instrumentalización de programas y proyectos preferentemente de carácter urbano e integral desde distintas líneas y propuestas.

En el marco de la Resolución 323 de 2022, se establecen las funciones de coordinación y ejecución técnica de programas y proyectos con financiamiento externo multilateral, bilateral o regional en el marco de las secretarías de Desarrollo Territorial y Hábitat del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, actualmente Secretaría de Desarrollo Territorial, Vivienda y Hábitat del Ministerio de Economía. Considerada como una "inyección de fondos", en palabras del propio ministerio, esta línea cuenta con financiamiento de organismos internacionales de créditos, entre estos el Banco Interamericano de Desarrollo (bid), el Banco de Desarrollo Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (caf), el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (birf) y el Banco Mundial (bm).

Así mismo, se incluye la donación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (fmam), impartida a través del organismo Eficiencia Energética y Energías Renovables en Vivienda Social (get). Ejemplos de algunas políticas de esta línea implementadas en el período comprendido son el Programa Integral de Hábitat, financiado por el caf; las líneas Promeba IV y V, financiadas por el bid; y el Proyecto Integral de Hábitat y Vivienda, financiado por el birf, que, por motivos de espacio, no expondremos en este trabajo (tabla 1).

En segundo lugar, se encuentran los sistemas basados en créditos y microcréditos domésticos, relacionando individuos y familias con aparatos estatales e instituciones bancarias (Mosso, 2024). En esta línea, que actualmente se enmarca en la Secretaría de Desarrollo Territorial, Vivienda y Hábitat del Ministerio de Economía, el Estado nacional otorga créditos hipotecarios a individuos o cónyuges del grupo familiar de estratos medios y bajos, según el caso, para la adquisición de la casa propia.

La línea de créditos Procrear -actualmente suspendida-, denominada Programa Crédito Argentino e iniciada por Fernández de Kirchner, es posibilitada a través de un fondo fiduciario público creado por el Decreto 902 de 2012. Entre los programas vinculados se distinguen el programa Casa Propia, el cual comprende la adjudicación de créditos en pesos argentinos, con plazos de 30 años como máximo, cuyo destino es la construcción de la vivienda única y permanente en lote propio de un familiar directo de hasta 60 m².

Por su parte, el programa Lotes con Servicios consiste en el otorgamiento de un crédito hipotecario para la adquisición de un lote para la construcción de la vivienda. El programa Desarrollo Urbanístico también otorga créditos hipotecarios para la compra de viviendas nuevas originadas en el marco de los desarrollos urbanísticos del programa Procrear. El organismo fiduciario en todos estos casos es el Banco Hipotecario S. A. Procrear, entidad creada a los fines del programa Procrear. Los montos de los créditos varían de acuerdo al programa y la línea (tabla 2) y, en general, se manejan con la fórmula⁷ Casa Propia.

Así mismo, se menciona el programa de microcrédito Mejoramientos Gas, cuyo objetivo es mejorar las condiciones habitacionales, económicas y de salud de los hogares, por medio de créditos personales destinados a la instalación domiciliaria para el acceso a la red de gas de hasta tres bocas. En este marco, se involucran empresas privadas prestadoras del servicio. En la actualidad, estas líneas se encuentran, en su mayoría, suspendidas (tabla 2).

En tercer lugar, se mencionan esquemas de financiamientos que articulan aparatos estatales e individuos y familias de estratos bajos, los cuales posibilitan también la incorporación de organizaciones sociales y comunitarias. Por un lado, se alude el subprograma Autoconstrucción de Viviendas Participativas Cáritas, en el marco del programa Casa Propia de la actual Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda.

Este esquema iniciado en el año 2004 vincula aparatos estatales, organizaciones sociales, sistemas bancarios, individuos y familias mediante prácticas de autoconstrucción y participación social. Es decir, financia proyectos para la autoconstrucción asistida y participativa de población vulnerable. La organización social es la encargada de seleccionar a los/las beneficiarios/as y aportar los equipos técnicos de asesoramiento en materia constructiva, legal y administrativa, mientras que el Estado nacional otorga el financiamiento para una vivienda social, denominada solución habitacional.

Igualmente, es mencionado el programa Habitar Comunidad, también de la línea Casa Propia, que brinda soluciones habitacionales con perspectiva de género y diversidades; y el subprograma Casa Activa, dentro de la misma línea, que impulsa la construcción de viviendas para personas mayores de 60 años, en complejos habitacionales, con equipamientos comunes y colectivos que incluyen centros de día con atención primaria. Estos últimos programas se encuentran en ejecución, pero sin obras nuevas (tabla 3).

Por otro lado, se destacan los programas/proyectos/líneas de la sisu (tabla 4) en el marco de políticas de integración sociourbana que contemplan mejoramiento habitacional y urbano para familias residentes de barrios populares, situadas en el marco de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda del Ministerio de Economía.⁸ Estas políticas tienen financiamiento de diversa índole: fondos nacionales, fondos internacionales del bid y fondos provenientes del Fideicomiso de Integración Socio-Urbana (fisu). Para noviembre del año 2023, US$1244 fueron financiados por el fisu; US$168 correspondieron a fondos nacionales y US$32, al bid (Subsecretaría de Integración Socio-Urbana, 2020).

Entre estos programas, se encuentra Mi Pieza, financiada por el fisu, actualmente dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda del Ministerio de Economía como unidad ejecutora denominada Integración Socio-Urbana. Esta línea está destinada a mujeres residentes en barrios populares del ReNaBaP y tiene como fin brindar asistencia económica para refacciones, mejoras o ampliaciones de viviendas existentes, como veremos a continuación, constituyendo una línea de transferencia directa desde el organismo público a las destinatarias.

En palabras de una de nuestras entrevistadas: "Cuando surge la idea de Mi Pieza es porque lo que empieza a suceder en los barrios es la mejora de obra pública. Desde 2021 se empezaron a visitar obras de vereda, de cordón cuneta, de alumbrado público, y lo que sucedía era que la casita quedaba sin poder hacer, o sea, la familia estaba con ganas de querer arreglarla también, viendo que todo el barrio se estaba mejorando" (entrevista a A. F., 2024). En este contexto, emerge Mi Pieza como política de mejoramiento habitacional en los barrios populares del país.

Sobre la experiencia de Mi Pieza

De acuerdo con Núñez (2021) , la pandemia mundial del Covid-19 agravó las desigualdades y los problemas estructurales de la sociedad capitalista, manifestando emergencias en la precariedad del habitar, en las discriminaciones y en las variadas formas de violencia y segregación socioes-pacial, "y una forma urbana comandada por procesos mercantiles, que alimentó esta crisis generalizada, a la vez que esta la puso en cuestión" (p. 16). En estos procesos, también cobraron impulso los derechos de las mujeres, su precariedad laboral y económica, y los cuidados como responsabilidad colectiva (Núñez, 2021).

En este contexto, la línea Mi Pieza, puesta en marcha en el marco de la sisu, constituye un ejemplo de implementación de la política pública habitacional inmersa en este contexto y direccionada para paliar estas condiciones: "En la pandemia la mujer se transformó en la enfermera, en la maestra, en la que sacaba la olla y compartía a los vecinos lo que tenían, porque a muchos se les había acortado lo que tenían como ingreso económico por trabajar en la informalidad o en la economía popular. Y sinceramente fue la mujer la expositora de muchas de las cosas" (entrevista a Fernanda Miño).

Entonces, Mi Pieza tuvo que ver eso, con "reconocer, por un lado, a las mujeres como las que siempre controlan el hogar, [...] como las que la mayoría de las veces se dedican al cuidado [...] entonces que ellas puedan elegir cómo quieren llevar adelante ese cuidado" (entrevista a A. F., 2024). Así mismo, el programa buscó atender la problemática de violencia de género, "que ellas entonces puedan decir, bueno, yo me construyo mi casa, tengo algo a mi nombre [.] o poder empezar a decidir además sobre esa vivienda y sobre lo que sucede adentro de esa vivienda" (entrevista a A. F., 2024).

En términos generales, se trata de un programa nacional de asistencia económica destinado a mujeres para realizar refacciones, mejoras o ampliaciones de sus viviendas localizadas en barrios populares de Argentina. Data del año 2021 y actualmente se encuentra suspendido, estando vigente solo para los desembolsos pendientes correspondientes a beneficiarias sorteadas en el año 2023 y que han cumplido con todos los requisitos de inscripción solicitados.⁹ Es un programa de transferencias destinadas al mejoramiento habitacional por autoconstrucción focalizado en mujeres argentinas (naturales o por opción) o extranjeras con residencia permanente mayores de 18 años, residentes del ReNaBaP y que cuenten con el Certificado de Vivienda Familiar.

El programa dispone del otorgamiento de los subsidios a las mujeres en un abanico comprendido entre los $250 000 y $600 000 pesos argentinos para la compra de materiales y el pago de la mano de obra. Las mejoras las llevan a cabo las propias mujeres beneficiarias y sus familias por autoconstrucción o bien mediante la contratación de mano de obra. Los rubros son variados, percibiendo ampliaciones, reformas y mejoras habitacionales de calefacción, plomerías, iluminación, albañilería, mampostería, carpinterías, reparación de techos, trabajos de hormigón y concreto, pintura, aberturas, entre otros. Comprende un primer desembolso del 50 % del monto del subsidio y luego la recepción del segundo desembolso también del 50 siempre y cuando las beneficiarias acrediten avances de obra y registros fotográficos a través de la app Mi Pieza.

De acuerdo con el Informe de evaluación de la línea Mi Pieza en relación con la primera y segunda edición del programa efectuado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (2022), hacia junio del año 2022 fueron más de 156 000 las mujeres beneficiarias del programa en toda Argentina. En este marco, a nivel nacional 2 de cada 3 beneficiarias no trabajaba de modo remunerado, pero sí buscaba trabajo de manera activa, mientras que 3 de cada 10 mujeres se encontraba vinculada a tareas de cuidado dentro de sus hogares. Menos de la mitad de las mujeres tenía empleo.

Aproximadamente, 7 de 10 mujeres desarrollaban una actividad laboral asociada a la economía popular, y un 33,2 % participaban del programa Potenciar Trabajo. Por otra parte, 2 de cada 10 mujeres eran empleadas domésticas, en su mayoría, no registradas, mientras que solo el 13 % de las beneficiarias eran asalariadas en otra actividad. Solo 7 de cada 100 mujeres contaban con un empleo asalariado registrado. El 23 % de las beneficiarias no percibía ingresos por programas sociales y la mitad percibía ingresos a través de la asignación universal por hijo, por embarazo o ambas.

En cuanto a las condiciones habitacionales, el 42,7 % asintió vivir en condiciones de hacinamiento al momento de inscribirse al programa. Por su parte, se observó una preponderancia del grupo entre los 26 a 35 años. La media de edad general de las beneficiarias de las dos primeras ediciones de la línea Mi Pieza se ubicó en torno a los 35 años, sin destacarse variaciones relevantes a nivel regional (Observatorio Social de la uca, 2022).

Conforme con el informe de transparencia de Integración Socio-Urbana, hasta el 31 de diciembre de 2023 fueron 251 395 las obras aprobadas, de las cuales 207 244 se encuentran finalizadas. Estas obras incluyen lotes con servicios, obras generales de integración urbana y programas de mejoramiento de vivienda; y representa más del 80 % del total de las obras del fisu y una cobertura aproximada del 78 % del universo total de barrios incluidos en el ReNaBaP. Del total de estas obras, cerca de 250 000 corresponden a erogaciones del programa "Mi Pieza"¹⁰ (Cabrera, 2024).

Por este motivo, Mi Pieza es un programa de amplio alcance geográfico cuya formulación es sumamente pertinente en un país donde los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (indec, 2024) reportaron que, para el primer semestre del año 2023, el 29,6 % de los hogares se encontraba bajo la línea de pobreza y el 40,1 % de la población en la misma situación.¹¹ A su vez, los datos informados por el Observatorio Social de la uca estimaron que para enero del año 2024 la pobreza en Argentina habría llegado al 57,4 %, cuestión que hace lamentable la suspensión actual del programa y la falta de información sobre su continuidad.

Con respecto a la implementación del programa Mi Pieza y de acuerdo a los datos obtenidos a través de la encuesta en la app Mi Pieza (fisu, 2022), así como también por el programa Ciudades + Estado y Gobierno (cippec) (2023), se pueden realizar las siguientes reflexiones.

Alcance nacional. Mi Pieza se encuentra centralizado desde el ámbito nacional, con estructura específica de la sisu. Por este motivo, tiene un amplio alcance territorial que incluye a mujeres localizadas en todo el territorio nacional, siempre y cuando las beneficiarias residan en barrios populares del ReNaBaP y dispongan del Certificado de Vivienda Familiar, como se indicó anteriormente. En esta línea, la mayor distribución presupuestaria del programa -hasta octubre del año 2023- fue asignada a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Misiones y Chaco (cippec, 2023).

El acceso al programa se hace de modo remoto e individual a través de la app Mi Pieza y otorga el subsidio por transferencia bancaria a las cuentas personales registradas en la Anses, cuestión que evita a las mujeres posibles desplazamientos para proceder a la inscripción, acceder al cobro o demostrar la ejecución de la obra. Se destaca el rol de las organizaciones sociales en este marco, facilitando los procesos de difusión, inscripción y asesoramiento.

Respuesta rápida y masiva. El programa fue diseñado con el objetivo de complementar las obras desarrolladas en el marco de la sisu, lo que permite generar una respuesta de implementación rápida. Esta cuestión se explica, principalmente, por la baja cantidad de actores involucrados en el proceso (cippec, 2023). Del mismo modo, la estructura de funcionamiento directo del programa, sin unidades ejecutoras y en relación directa con las mujeres, posibilita las instancias de ejecución, evaluación y selección, y potencia la escala de intervención. Los municipios acompañan en el momento de la inscripción y refuerzan la ejecución en los territorios, mientras que los centros de desarrollo social de todo el país asesoran en consultas particulares. A su vez, se realizan validaciones y cruces con ReNaBaP, Renaper, SINTyS y Anses (cippec, 2023).

Pluralidad constructiva. Mi Pieza dispone diversas opciones constructivas para efectuar las mejoras a la vivienda, posibilitando ampliaciones, refacciones y mejoras, y no restringiendo la cuestión a solo uno de estos aspectos, como suele suceder en políticas de esta índole. Para esto, el programa prevé dos tipos de obras: por un lado, las obras tipo A, que abarcan mejoramientos de pared, la ejecución de paredes para división interior, mejoramientos de piso, mejoramientos de aberturas, refacción menor de plomería o electricidad; por otro lado, las obras tipo B, que implican la ampliación de la vivienda o el mejoramiento del techo.

Las mujeres seleccionadas pueden optar por la realización de hasta dos obras de tipo A, o bien una obra de tipo B. Las posibilidades de elegir el tipo de obra según las necesidades familiares permiten mejoras en la calidad habitacional. De acuerdo con la encuesta Mi Pieza, "las beneficiarias identifican mejoras en la salud de sus hijos e hijas más pequeños/ as, debido a que la obra permite resolver problemas del ambiente, tales como humedad o desprendimiento de materiales de paredes" (fisu, 2022, p. 24).

Reducción del hacinamiento del hogar. Vinculado al punto anterior, el programa responde a las necesidades particulares de cada mujer y su grupo familiar, evitando dar por sentado una familia 'universal' y una vivienda 'unifamiliar', 'tipo', 'social'. Esta cuestión es central, dado que posibilita a cada beneficiaria realizar las mejoras habitacionales que se requieran a nivel intradoméstico, dando lugar a la participación y decisión que cada una considere pertinente para su entorno y conforme con su necesidad habitacional.

En palabras de Fernanda Miño, "con mi pieza las mujeres aprendieron hacer de todo [.] hasta un espacio para vender los productos que fabricaban en su casa, por ejemplo, desde la pieza para los chicos y separar varones y mujeres porque dormían todos en un solo lugar y la privacidad no existía, hasta poder traer a la hija que se había ido porque estaba sufriendo violencia de género" (entrevista a Fernanda Miño, 2024).

Datos registrados a través de la encuesta en la app Mi Pieza (fisu, 2022) indican que, al inicio del programa, el 42,7 % de las mujeres participantes declaró vivir en condiciones de hacinamiento al momento de inscribirse. Con la asistencia económica recibida, el 51,5 % ejecutó solo ampliaciones de las viviendas; el 35,2 %, solo refacciones; y el 13,3 %, obras de ampliación y refacción. En consonancia, las ampliaciones más frecuentes responden a nuevas habitaciones, cocinas, comedores o baños.

Así mismo, el 68 % de las obras realizadas tienen como objetivo mejorar la materialidad de la vivienda de pisos, paredes y techos. El incremento en la cantidad de ambientes, las mejoras en los servicios y en el estado constructivo en general de las viviendas contribuyen a reducir los niveles de hacinamiento del hogar, a mejorar el descanso, las relaciones familiares dentro de la vivienda y la calidad de vida en general.

Según la evaluación de los resultados de Mi Pieza, la ampliación del espacio físico "tiene efectos positivos en las relaciones intrafamiliares. Permite organizar mejor las rutinas de los niños, niñas y adolescentes del hogar, y mitiga los conflictos", así como también "permite dar respuesta a la demanda de mayor privacidad de los niños, niñas y adolescentes, a partir de contar con un cuarto propio o con una puerta para su pieza" (fisu, 2022, p. 17).

Modalidad por autoconstrucción. La modalidad de autoconstrucción permite a las familias disponer de sus tiempos y posibilidades, dentro de los plazos establecidos en el programa, pudiendo organizarse de acuerdo a sus propias dinámicas. Según la encuesta en la app Mi Pieza (fisu, 2022), en el 7,34 % de las obras efectuadas participó solo 1 persona de la ejecución; en el 38,53 %, 2 personas; en el 31,3 %, 3 personas; en el 15,05 %, 4 personas; y en el 7,58 %, 5 o más personas. En este contexto, el 55,8 % son residentes del propio barrio, el 26,31 % son personas fuera del barrio (más de diez cuadras) y el 17,89 %, trabajadores de alrededor del barrio (hasta diez cuadras).

En relación con las obras en las cuales se registró participación femenina -1 de cada 3-, en el 78,58 % participó solo 1 mujer; en el 17,18 %, 2 mujeres; en el 2,97 %, 3 mujeres; en el 0,87 %, 4 mujeres; y en el 0,41 %, 5 o más mujeres. Se deduce, a su vez, que la mano de obra fue delegada a familiares o conocidos del entorno. Igualmente, sugieren que "la mayor parte de las obras empleó al menos a dos personas, sin considerar los casos en los que además trabajó la beneficiaria o conocidos, familiares o vecinos que participaron de manera no remunerada [.] Esto significó un impacto positivo en la dinamización de la economía de los barrios populares" (cippec, 2023, p. 38).

Por ejemplo, "en el mejor de los casos, si en la familia había alguien que era albañil [.] eso se aprovechaba para hacer más obras" (entrevista a Fernanda Miño, 2024). También, "en algunos barrios, en la mañana trabajaban en la cooperativa y a la tarde los mismos albañiles hacían changuitas de Mi Pieza en las casas de las familias" (entrevista a Fernanda Miño, 2024), representando un ingreso monetario para estas familias. A su vez, las beneficiarias llevaron a cabo diferentes tareas durante la ejecución de la obra: "En primer lugar, la compra y elección de materiales; en segundo, la contratación de mano de obra; y, en tercero, la elección del tipo de obra y el diseño, así como la construcción" (fisu, 2022, p. 15).

Reactivación económica. El programa promueve la reactivación económica en comercios del rubro y la contratación de mano de obra. Conforme con la encuesta en la app Mi Pieza (fisu, 2022), el 76,8 % de las mujeres, esto es, 3 de cada 4 mujeres, invirtieron el dinero en la compra de materiales y en la contratación de mano de obra. Estas mujeres utilizaron más de % del monto recibido en la compra de materiales, más allá del monto asignado.

Así mismo, el 21,2 % solo compró los materiales. El 56,7 % de las mujeres declaró añadir dinero al subsidio asignado durante la ejecución de la obra, siendo un promedio que 1 de cada 2 beneficiarias invirtió $47 000 en la materialización de la obra. En cuanto a las mujeres que destinaron dinero a la adquisición de materiales, la mayoría señaló realizar la compra en corralones y pequeños comercios; el 56,28 % lo hizo en corralones; el 33,07 %, en comercios barriales; y el 10,65 %, en tiendas de construcción (como Easy, Sodimac o las que tienen similar escala). El 21 % de estos locales se localizaron alrededor del barrio (dentro de las diez cuadras); el 25,3 %, dentro del barrio en donde residen las mujeres; y el 53,7 % fuera del barrio (a más de diez cuadras). No obstante, en algunas regiones del país esta proporción tendió a ser inferior debido a la dificultad de acceso a comercios próximos.

Autonomía de género. La focalización de Mi Pieza en mujeres con altos niveles de vulnerabilidad social requiere entenderla desde la génesis particular en que se formula el programa como en el contexto en que se encuentra inmerso. Respecto a la primera, y contemplando el marco social actual e histórico signado por brechas sociales asociadas con el género, la focalización resulta adecuada teniendo en cuenta las disparidades laborales, culturales, de salud, de educación, en cuanto a las tareas de cuidado, de sostenimiento y mantenimiento del hogar, y a las tareas de reproducción en general, entre otras cuestiones, que afrontan diariamente las mujeres.

Más aún, tomando en consideración el contexto de pandemia mundial, situado anteriormente: "Sabíamos que era a la mujer a la que teníamos que ir directamente a darle una mano con eso porque [.] la casa quedaba en un último lugar, pues siempre si había un manguito más era para las cosas del cole, los chicos o alguna medicación, pero nunca para la casa" (entrevista a Fernando Miño, 2024). En este sentido, el programa se inscribe en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ods) de la Nueva Agenda Urbana 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (onu), a la cual Argentina se encuentra adherida.

Particularmente, en el ods 5, que busca "lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas", y en el ods 1, que busca "poner fin a la pobreza en todas sus formas en el mundo"¹² (onu, 2024). En torno a su contexto, es preciso entender la focalización en un escenario de contextualización más amplio. Para eso, el ReNaBaP es un instrumento que identifica a las familias empobrecidas que residen en condiciones habitacionales y de tenencia precaria, y, por lo tanto, que requieren de una atención inmediata y direccionada por parte del aparato estatal.

Es por ello que "las participantes mostraron niveles de vulnerabilidad laboral más altos que los de la población femenina en general" (cippec, 2023, p. 38). De acuerdo con la encuesta en la app Mi Pieza (fisu, 2022), "la línea refuerza la autonomía de las mujeres a partir de su participación: toma de decisiones sobre la obra, uso del subsidio, etc. Además, hay apropiación simbólica: dado que el subsidio está destinado a la mujer, hace la obra según sus deseos" (fisu, 2022, p. 19). A su vez, las mujeres expresan una mayor sensación de seguridad frente a riesgos externos e internos a la vivienda, así como también disminuyen o eliminan incomodidades respecto a visitas en sus viviendas (fisu, 2022).

En cuanto a las cuestiones críticas o negativas del programa en relación con los objetivos que se propone, se hallan las siguientes observaciones. Teniendo en cuenta el contexto económico de Argentina, si bien los montos asignados en los primeros sorteos fueron significativos para la compra de materiales y el pago de mano de obra, en los sorteos subsiguientes los montos asignados quedaron muy por debajo de los costos reales, tomando en consideración la inflación creciente en el país, los costos actuales de los materiales de construcción, los gastos relacionados con su materialización y la mano de obra, entre otros aspectos.

Según Isla et al. (2024) , los fondos obtenidos no fueron suficientes para los proyectos planteados, siendo necesario articular con ahorros previos, donaciones, otros programas y préstamos personales. También se han detectado casos de mejoras habitacionales que quedaron inconclusas y paralizadas. Esta cuestión debería mejorarse atendiendo a su actualización a través de coeficientes que se renueven periódicamente y sean significativamente representativos para solventar las mejoras habitacionales.

Igualmente, podría revisarse la asignación del subsidio que actualmente responde al 50 % al inicio y el 50 % posterior, otorgando un mayor desembolso al principio del programa (en lo posible del 70 %), cuestión de que facilite los avances de obras en menor tiempo. Por su parte, el programa reconoce el saber y las trayectorias en las experiencias de autoconstrucción de las mujeres y sus familias, siendo que "el 71 % de las beneficiarias manifiesta que no cree necesario ningún asesoramiento técnico" (cippec, 2023, p. 37). Si bien el programa ofrece asesoramiento técnico para la materialización de las obras, sería de apoyo revisar este aspecto, a fin de garantizar que las mejoras se realicen dentro de marcos normativos, evitando inconvenientes a futuro a nivel edilicio, infraestructural, de instalaciones, entre otros.

Por último, resaltar que, si bien Mi Pieza no resuelve la cuestión habitacional en su complejidad ni está en condiciones de revertir la pobreza estructural, constituye una mejora significativa para las mujeres y su entorno familiar, ya que reconoce su habitabilidad, localización, tenencia de la vivienda (sea cual fuera el tipo de tenencia del suelo) y sentido de pertinencia, en contraposición con otros programas habitacionales que implican relocalizaciones y desalojos forzados de la población. Es por esto que su suspensión resulta alarmante en un contexto de incertidumbre social.

Consideraciones finales

En este artículo se buscó recuperar la estrategia habitacional Mi Pieza como una política pública nacional viable de ser implementada y con resultados favorables, y también con necesidad de revisiones. Esta afirmación se sostiene por las siguientes reflexiones. Inicialmente, es necesario comprender la génesis de este instrumento en un contexto global en el que priman sistemas de financiarización de la vivienda, como se dijo anteriormente.

En este sentido, Rolnik (2017) expone la hipótesis de la construcción de una hegemonía ideológica y práctica de un modelo de política pública habitacional basado principalmente en la "promoción del mercado y del crédito habitacional para la adquisición de la casa propia", el cual se ha expandido por el mundo "a la velocidad electrónica de los flujos financieros" (p. 13).

Si bien este modelo ha primado en las economías mundiales y también regionales, en el período investigado es posible encontrar indicios de la implementación de políticas públicas destinadas a estratos sociales medios y bajos que, aun en este contexto, buscan atender a las poblaciones más necesitadas, direccionando políticas que contribuyan a redistribuciones más equitativas para las poblaciones. Es por ello que Mi Pieza, en el marco de los esquemas de subsidios, constituye un instrumento pensado en las comunidades desde una perspectiva de género, con génesis en las problemáticas profundizadas por la pandemia del Covid-19.

Por lo tanto, no es casual, que esta y otras líneas implementadas desde la sisu vinculadas a los barrios populares se vean suspendidas en la actualidad, en un marco en el que las políticas de ultraderecha intentan aplazar los derechos humanos alcanzados, entre estos el de acceso y apropiación a la vivienda y a la ciudad. En el último año, más dramática se ha tornado la situación, dado que, a través del Decreto 70 de 2025), se ha dispuesto la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda.

Por otra parte, Mi Pieza constituye una política diseñada para residentes de barrios populares de Argentina que reconoce otros modos de tenencia y apropiación de las viviendas, y que, dentro de este marco, no solo permite realizar mejoras constructivas a las viviendas ya existentes, sino que también escoger el tipo de obra por efectuar. Esta cuestión es esencial, puesto que, por lo general, las políticas públicas para estratos empobrecidos se encuentran centradas en nuevas viviendas mínimas, soluciones habitacionales o relocalizaciones, y no en el mejoramiento de las condiciones de las viviendas propias, realizadas mediante prácticas de autoconstrucción y participación comunitaria. Todo esto en el marco de un programa focalizado en mujeres que buscar mitigar las brechas sociales respecto al género y que, si bien por su escala no constituye un impacto masivo, sí resulta una mejoría en relación con los derechos de las mujeres en vinculación con los territorios y sus diferentes ámbitos.

Como cierre, y reconociendo también las debilidades y sugerencias al programa elaboradas en el apartado anterior, surgen interrogantes acerca de ¿cómo sostener políticas habitacionales de esta índole en un contexto nacional cercado por ideales de ultraderecha que buscan vulnerabilizar aún más los derechos humanos? ¿Cuáles son los elementos, experiencias y saberes que podrían transmitirse desde los sectores populares en general, y desde la perspectiva de los feminismos en particular, para afrontar estos contextos? ¿Qué otro tipo de programas sociales podrían complementarse con Mi Pieza? Y ¿resulta posible sostener o recuperar políticas habitacionales públicas financiadas y subsidiadas por los Estados nacionales en un contexto global y hegemónico regido por sistemas de financiarización de la vivienda?