En América Latina, las políticas públicas se han caracterizado por estar fundamentadas en enfoques sectoriales y neoliberales en los que priman las relaciones de poder y los intereses económicos de una minoría, la indiferencia frente a la exclusión social y la pérdida de las identidades culturales de los diversos pueblos y comunidades, producto de la escasa consideración de enfoques que reconozcan la condición pluriétnica y multicultural del territorio (ONU-Habitat, 2015; Hosagrahar, 2017; Cepal, 2018, 2021; Sánchez-Villada & Gómez-Fierro, 2023).
Por su lado, las dinámicas de gestión territorial de Colombia han desconocido la importancia del bienestar común y del rol estratégico de las manifestaciones culturales (Jaimes Ochoa & Mosquera Téllez, 2023), lo cual se evidencia en la baja asignación presupuestal para un verdadero cierre de brechas socioterritoriales y para una adecuada gestión cultural dentro de los instrumentos de ordenamiento y desarrollo del territorio (Escobar, 2015; Diaz Uribe & Fernandes Roque, 2021; Vallejo Infante & Bernardino Colvero, 2023) y de la sociedad en general.
Los propósitos de la investigación se orientan a la revisión de enfoques teóricos, tendenciales y normativos de la planificación del territorio; las condiciones culturales y sociales de Colombia a la luz de la política pública; y la identificación de iniciativas integradoras que aporten a la convergencia de enfoques emergentes y alternativos en los procesos de gestión del desarrollo territorial del país.
El enfoque investigativo documental, de corte transversal (Hernández Sampieri et al., 2014) y la estructura hermenéutica (Barrero Espinosa et al., 2011) permitieron caracterizar, analizar y sintetizar tanto la revisión teórica y conceptual como la relación entre las políticas púbicas, la inclusión social y la gestión cultural en los procesos de desarrollo territorial promovidos por entidades de orden público, privado y organizaciones no gubernamentales. Los enfoques crítico y dialógico, analítico e interpretativo, holístico y sistémico, fenomenológico y lingüístico facultaron la profundización en el reconocimiento de las dinámicas sociales y culturales, multiétnicas y transculturales, y la valoración de su rol estratégico en el desarrollo territorial nacional y regional de América Latina.
Las categorías de análisis representadas en: i) los componentes territoriales como sistemas complejos adaptativos y ii) la transdisciplinariedad y transversalidad de las manifestaciones culturales permitieron establecer tres fases metodológicas (conceptual, contextual y propositiva) que fundamentan el desarrollo procedimental del proceso investigativo. La primera fase se orientó a definir enfoques teóricos emergentes que soportan las transformaciones territoriales; la fase contextual se encauzó a reconocer las dinámicas sociales y culturales de ocupación y uso del territorio que condicionan el desarrollo en Colombia; y, finalmente, la fase propositiva se soporta en los resultados previos para la formulación de una propuesta orientada a la revalorización y articulación de alternatividades contrahegemónicas para la territorialización convergente de la complejidad del desarrollo.
El carácter dialógico y la impredecibilidad de las transformaciones territoriales han permitido reconocer la insuficiencia de las perspectivas disciplinares y los enfoques tradicionales. Frente a ello, el enfoque sistémico y el pensamiento complejo permiten advertir y explorar la complejidad de las interrelaciones y dinámicas del entorno (Gómez Orea & Gómez Villarino, 2013; Aya-Velandia, 2020), su carácter adaptativo, evolutivo y regenerativo en el ámbito planetario (Rodríguez, 2017; Morin, 2004), sus cualidades ontológicas y transdisciplinares (Renaud, 2017) y las posibilidades de generar enfoques decoloniales contrahegemónicos (Bueno Bady & Ferreira da Silva, 2020).
Lo anterior ha contribuido a la enunciación de modelos sistémicos e integradores de desarrollo territorial, como es el caso de la propuesta de un modelo de ordenamiento territorial para Latinoamérica que estructura el espacio geográfico en cuatro componentes (natural, social, económico y jurídico), seis ejes y más de 60 indicadores para el manejo estadístico asociado a la gestión pública (Pereira-Corona et al., 2018), lo que permite caracterizar diversas interrelaciones sistémicas condicionadas jurídicamente (figura 1).

Fuente: adaptada de Pereira-Corona et al. (2018, p. 134) .
Otro caso corresponde al modelo de desarrollo territorial integrado (dti), propuesto por el grupo de investigación Gestión Integral del Territorio (git), de la Universidad de Pamplona (Colombia), el cual se encuentra estructurado en seis sistemas (ambiental, social, cultural, político, económico y tecnológico), con sus respectivos principios, que respaldan la orientación conceptual y el desarrollo procedimental del dti. Este prioriza la orientación del desarrollo hacia los sistemas ambiental, social y cultural (Mosquera Téllez et al., 2022), y faculta el abordaje de diversos componentes interdependientes y complementarios como aspectos que subyacen en la generación de nuevas interrelaciones sistémicas (Mosquera, 2014); y ha sido validado, al igual que el modelo anterior, en diferentes procesos y escalas de ordenamiento territorial, con alcances prácticos favorables (figura 2 y tabla 1) en los departamentos de Norte de Santander, Santander, Bolívar y Sucre.

Fuente: adaptada del grupo GIT, Unipamplona (2015) y Mosquera et al. (2022).
De esta manera, la concepción de las dinámicas territoriales como sistemas complejos adaptativos (Mosquera, 2006; Gómez Orea & Gómez Villarino, 2013; Rojas, 2018) permite interpretar asertivamente las potencialidades y conflictos del entorno, considerando la gestión pública desde la gobernanza multinivel de forma sustentable y equilibrada (Yory, 2007). Además, las perspectivas enunciadas habilitan la formulación de procesos emancipadores frente a las asimetrías territoriales y las injusticias socioespaciales (Viveros Vigoya, 2023; Zeballosf-Cuathin, 2023), valoran las manifestaciones ancestrales y enriquecen los discursos decoloniales con la resignificación de sus postulados (Bueno Bady & Ferreira da Silva, 2020).
La invalidez de las nociones disciplinares frente a la complejidad de las dinámicas territoriales (González Ortiz et al., 2020) se materializa en problemáticas del orden local, regional, nacional e internacional, las cuales exigen su abordaje desde una noción en la que prevalezca la gestión de conflictos de uso del territorio sobre los límites disciplinares. En ese sentido, la visión transdisciplinar (Nicolescu, 1994; Rojas, 2018; Montes Mata et al, 2019) se convierte en una posibilidad latente para transversalizar lo cultural en las demás relaciones del ser humano con el espacio habitado, poner en valor las identidades culturales (Pinto Contreras, 2020), fortalecer las luchas decoloniales de las comunidades étnicas (Téllez, 2011) y disminuir la vulnerabilidad de campesinos e indígenas frente a políticas estatales excluyentes (Pincheira, 2020; Altamirano et al., 2023; Vallejo Infante & Bernardino Colvero, 2023).
Adicionalmente, con el apoyo de enfoques como el lingüístico (Gadamer, 1993) y el fenomenológico (Fuster Guillen, 2019), la transdisciplinariedad se convierte en un valioso instrumento para el aprovechamiento del potencial endógeno en la negociación de intereses y la construcción participativa de pactos territoriales de gestión cultural (unesco, 2005).
Las desigualdades en América Latina, ampliamente tratadas por entidades, organizaciones y entes gubernamentales, demuestran una serie de problemáticas relacionadas con suficiencia de recursos económicos, desarrollo de capacidades humanas y organizacionales, existencia de infraestructuras, exclusión y discriminación (Porto-Gonçalves, 2009; Mosqueira & Alessandro, 2023).
En Colombia, las pugnas por la emancipación y el control social han estado estrechamente asociadas por la posesión de la tierra, la inequidad social y las posibilidades de acceso a bienes tangibles e intangibles (Ríos Burga, 2023), y han sido originadas por enfoques económicos en los que las clases dominantes ejercen su poder político (Marín et al., 2023) para determinar y controlar las capacidades productivas, y las poblaciones vulnerables son solamente admitidas en términos de recursos laborales con baja remuneración (Mazuera Arias & Albornoz Arias, 2017).
Dichas desigualdades limitan las oportunidades de bienestar de los menos favorecidos, en cuanto a aspectos sociales, tales como trabajo sostenido y bien remunerado, vivienda digna, educación y salud de calidad, así como en aspectos culturales relacionados con la valoración y fortalecimiento de su cultura, todos ellos fundamentales para su normal desarrollo (Contraloría General de la República, 2023).
A pesar de las problemáticas existentes en Colombia y la necesidad de contrarrestar los flagelos del conflicto armado interno (Mosquera Téllez & Flórez Peña, 2023), las luchas sociales, indígenas y campesinas, al igual que las de comunidades negras, raizales y palenqueras, se han revertido positivamente en la Constitución Política de Colombia (cp, 1991) y su orientación hacia cambios paradigmáticos frente al reconocimiento de la diversidad territorial, el desarrollo rural con enfoque territorial, el ordenamiento social de la propiedad, los derechos de la naturaleza, el acceso y la tenencia de la tierra, la restitución de tierras, la diversidad territorial y la diversidad étnica y cultural, y el derecho a la educación y salud de calidad, a la vivienda digna y al trabajo bien remunerado y sostenido (Ley 1448/2011; Corte Constitucional, sentencias C-107/02, T-743/13 y T-409/13; Gobierno Nacional de Colombia y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, 2016; Corte Constitucional, Sentencia T-622 de 2016; Corte Suprema de Justicia, Sentencia STC3460 de 2018; Diaz Uribe & Fernandes Roque, 2021; Mosquera Téllez & Flórez Peña, 2023; Hernández Delgado, 2024).
También se han fortalecido enfoques alternativos decoloniales asociados a los buenos vivires (Duque Acosta, 2023) y la condición pluriétnica y multicultural del país (Diaz Uribe & Fernandes Roque, 2021), que responden y ejercen influencia en la legislación en materia de ordenamiento territorial y protección de la cultura, aspectos representados en la Ley 70 de 1993, que reconoce las dinámicas colectivas de ocupación ancestral afrodescendiente y su relación con la tradición cultural de producción en el territorio; la Ley 397 de 1988 o Ley General de Cultura; la Ley 1185 de 2008, que complementa la Ley General de Cultura; la Ley 1834 de 2017, para el fomento de la economía creativa y la gestión cultural (también conocida como Ley Naranja); y la Ley 2294 de 2023 o Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que presenta aspectos novedosos en cuanto al rol estratégico de lo cultural y lo ambiental, y al enfoque convergente del desarrollo territorial.
Del mismo modo, se evidencia la existencia de resoluciones normativas como el Decreto 1345 de 2023, que establece el Sistema Transitorio de Equivalencias para el Sistema de Cualificación Laboral Indígena Especial; el proceso de formulación de la Política General de Ordenamiento Territorial (pgot) de Colombia que adelanta el Departamento Nacional de Planeación (dnp) y que busca promover la conservación y protección de áreas históricas, la apropiación cultural del suelo rural y el apoyo a los territorios habitados por comunidades étnicas; e iniciativas como la transformación del Ministerio de Cultura en el Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes.
Todo ello permite deducir que la gestión pública nacional cuenta con herramientas para incorporar alternativas contrahegemónicas de gestión cultural y social en el desarrollo territorial del país, soportadas en principios tales como autodeterminación, solidaridad y diversidad étnica y cultural (cp, 1991); "la función social y ecológica de la propiedad; la prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución equitativa de las cargas y los beneficios" (Ley 388/1997, art. 2°).
En Colombia, la visión y los enfoques del ordenamiento territorial son cada vez más amplios, lo cual se evidencia cronológicamente en el contenido de leyes que se orientaron inicialmente a promover el desarrollo urbano frente a las leyes de fines de siglo pasado e inicios del presente siglo dirigidas con una visión integradora de aspectos interurbanos, municipales y supramunicipales, que responden a las diferentes tendencias, transformaciones y necesidades del territorio nacional.
A mediados del siglo XX, en el marco de enfoques urbanísticos europeos se emite la Ley 88 de 1947, la cual promovió la formulación de planes reguladores eminentemente urbanos, mientras que la Ley 61 de 1978 o Ley Orgánica de Desarrollo Urbano instaura los planes integrales de desarrollo como instrumentos exclusivos para ordenar el crecimiento de las ciudades (Mosquera et al., 2022). Dichas tendencias de orden municipal incidieron en la promulgación de la Ley 9 de 1989 o Ley de Desarrollo Urbano, la cual establece herramientas de gestión del suelo urbano y la obligatoriedad de formular planes de desarrollo físico, también con prevalencia de lo urbano sobre lo rural (dnp, 2014).
Seguidamente, a la luz de los evidentes fallos resultantes de una aproximación estrictamente urbana, la descentralización promovida por la Constitución Política de 1991 y la Ley 388 de 1997, toma fuerza el rol de los municipios como unidad básica del desarrollo territorial del Colombia, tendencia que, sobre la base de los pilares ambiental, social y económico del desarrollo promovidos por el acuñamiento del enfoque de desarrollo sostenible y ratificados en la Cumbre de Río o Cumbre de la Tierra (onu, 1992), permeó los procesos de planificación durante las dos últimas décadas del siglo XX.
De forma casi simultánea, en la última década del siglo XX y la primera del presente siglo, dadas las limitaciones de los planes de ordenamiento territorial en términos de participación ciudadana y gestión del riesgo, surgió la necesidad de hacer énfasis en dinámicas de gobernanza y ordenamiento ambiental, ahora desde una aproximación multidimensional apoyada por el Ministerio de Desarrollo Económico de la época, representada en cinco dimensiones (social, ambiental, económica, política y cultural) (mde, 1997), y la política nacional del sistema de ciudades de Colombia que establece seis dimensiones, a saber: social, económica, ambiental, tecnológica, institucional y de seguridad (dnp, 2014).
A continuación, la necesidad de contar con un enfoque supramunicipal, prospectivo y multidimensional conllevó la promulgación de la Ley 1454 de 2011 o Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, la cual enfatiza en la descentralización fiscal y en la autonomía territorial de las regiones, municipios, territorios indígenas y campesinos; promueve la asociatividad territorial desde el respeto por la diversidad histórica, cultural, social y económica; y propone un desarrollo humano sostenible acorde a las necesidades de la comunidad y del entorno. De forma complementaria, la Ley 1625 de 2013 (Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas) hace hincapié en la necesidad de abordar el territorio desde un carácter subregional, en el cual empieza a ganar importancia la aproximación sistémica.
Finalmente, en el marco de la desarticulación intergubernamental, en los años más recientes, la orientación del desarrollo se centra en la convergencia de la planificación multinivel y la asociatividad territorial con el respaldo del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (Ley 2294 de 2023), la Ley de Regiones (Ley 1962 de 2019) y la pgot (dnp, 2020), todo ello desde el enfoque sistémico que se consolida como una alternativa integradora para interpretar las interacciones, dinámicas y transformaciones territoriales.
La propuesta alternativa y convergente se orienta al fortalecimiento del modelo de dti por medio de la adición del sistema ontológico que, desde una orientación política, complementa los demás sistemas territoriales, aporta al reconocimiento de la diversidad territorial y respalda los derechos de las comunidades al territorio y a 'su territorio'. Dada su condición de relacionalidad etnoterritorial (Escobar, 2015), para este sistema se proponen los principios "apropiación", "territorialidad" y "territorialización" como aspectos ampliamente tratados en los procesos de ocupación, luchas y disputas territoriales (Porto-Gonçalves, 2009; Monnet, 2013). De igual modo, se formulan principios complementarios en los demás sistemas, con el fin de incorporar aspectos tendenciales emergentes en cada uno de ellos y, adicionalmente, se propone una serie de enfoques convergentes que transversalizan las orientaciones sistémicas desde la complejidad y alternatividad del desarrollo (tabla 2).
Como complemento conceptual del modelo Aspecto Humano, se disponen tres ejes estratégicos orientados a soportar la esencia del ser humano, la integralidad y la convergencia como enfoques estratégicos que facilitan la interpretación de las complejidades territoriales.
El sistema ontológico propuesto sirve de apoyo para consolidar la instrumentalización conceptual de la herramienta denominada 'Aspecto Humano', correspondiente al acrónimo (Aspecto) que acopla los sistemas territoriales (ambiental, social, político, económico, cultural, tecnológico y ontológico) del dti y al adjetivo (Humano) que busca resaltar la esencia del ser desde una perspectiva biológica, cultural y lingüística (Montilva & Montilva, 2018), pero, sobre todo, heurística del ser humano, en el marco de sus interrelaciones con el mundo, con las demás especies que habitan el territorio y con las capacidades creativas y divergentes (Penas Ibáñez, 2009), para asumir la objetividad del enfoque positivista y la subjetividad de las representaciones y significados sociales y culturales.
Con el fin de lograr la visión holística del territorio, se propone complementar los principios sistémicos que subyacen en la estructura del modelo de dti con principios complementarios que propendan por la integralidad de las alternatividades del desarrollo para el fortalecimiento de la cultura. Al respecto, se plantea reforzar el sistema cultural con los principios de 'ancestralidad', 'multietnicidad' e 'interculturalidad', orientados a reconocer los atributos que hacen parte de la esencia de las diversas comunidades; atender sus múltiples demandas y aspiraciones; y ofrecer espacios de intercambio y enriquecimiento mutuo. En el mismo sentido, el sistema social se complementa con los principios 'enfoque diferencial', 'relacionalidad' y 'solidaridad', los cuales han adquirido gran relevancia en las políticas públicas de Colombia y brindan oportunidades de convivencia pacífica, gestión de conflictos y bienestar humano.
[i]Fuente: elaboración del autor a partir de Mosquera Téllez et al. (2022) .
Además, se plantean principios adicionales para los demás sistemas territoriales, reconociendo su complejidad y los aportes de las discusiones teóricas y conceptuales que fueron tratadas en la primera parte de este manuscrito, como, por ejemplo, la interpretación ontológica y política a partir de los buenos vivires abordada por Duque Acosta (2023) (vivir, vivir bien y vivir sabroso); los enfoques emergentes para la protección ambiental (ecorrestauración, regeneración y biorremediación); las perspectivas políticas decoloniales (descentralización, metagobernanza y ordenanza); las nociones económicas solidarias (cooperación, colaboración y asociatividad); y, por supuesto, la necesidad de articular el conocimiento científico eurocéntrico con las ciencias ancestrales apropiadas por las comunidades (saberes, haceres y cosmogonías), así como la reivindicación de las luchas por la tenencia, uso racional y defensa del territorio, a las que hace alusión Escobar (2015) (acceso y tenencia, resistencias y transiciones).
La consideración de enfoques convergentes está dirigida a garantizar la trans-versalidad y transdisciplinariedad de los sistemas territoriales (González Ortiz et al., 2020). Con su planteamiento, se busca asegurar la convergencia de esfuerzos e iniciativas, luchas y poderes, capacidades y aspiraciones, como prerrequisito para la reconstrucción de nuevos significados, sistemas de creencias y buenos vivires, espiritualidades y alteridades, discursos disruptivos y alternatividades de desarrollo desde una visión integral del territorio, desde la humanidad expandida como Aspecto Humano catalizador de procesos convergentes para la construcción participativa y apropiación de políticas públicas diferenciadas que permeen todos los niveles humanos (individuales, familiares, colectivos, comunitarios) y territoriales (locales, subregionales, regionales y nacional), y que permitan desarrollar procesos educativos y culturales emancipadores para lograr un régimen de soberanía y gobernanza desde las diversidades y singularidades territoriales (figura 3).
Como se puede observar, la perspectiva hermenéutica permite identificar, describir y relacionar los sistemas territoriales y sus atributos a través de la conceptualización de las dinámicas y transformaciones, relaciones y conflictos existentes en su interior y entre ellos; interpretar la manera en que estos principios sistémicos pueden ser complementados; y priorizar elementos concurrentes que aseguran la articulación de enfoques alternativos y contrahegemónicos.
La utilización de la modelación teórico-conceptual ofrece la posibilidad de declarar criterios relevantes asociados a cada sistema; establecer las características o cualidades atribuibles a cada sistema y principios sistémicos; e interpretar las interrelaciones sistémicas existentes entre estos componentes. De esta manera, el instrumento conceptual Aspecto Humano actúa como el soporte y complemento del dti, que puede ser fundamental para restablecer la representación simbólica y significante de la interpretación teórica adquirida por medio del razonamiento conceptual.

Fuente: elaboración del autor a partir de Mosquera Téllez et al. (2022) .
La visión integral del desarrollo territorial propuesta por autores como Pereira-Corona et al. (2018) y Mosquera et al. (2022) contempla perspectivas sinérgicas que reflejan la complejidad de cada lugar y puede ser apoyada por herramientas tecnológicas que permitan traspasar las fronteras físicas, aumentar las interacciones identitarias y, en concordancia con Barrero Espinosa et al. (2011) , abordar la intersubjetividad propia de las manifestaciones culturales. También responde a lo argumentado por Aya-Velandia (2020) en lo que respecta a la posibilidad de aportar a la epistemología de lo político para la descolonización epistémica de los territorios sugerida por Viveros Vigoya (2023) .
Por su parte, la postura de Barrero Espinosa et al. (2011) sobre la subjetividad de las manifestaciones culturales permite evidenciar la pertinencia de la instrumentalización conceptual y la interpretación de significados otorgados y construidos por el ser humano en el estudio y la valoración del patrimonio cultural en sus múltiples expresiones.
En el mismo sentido, la cultura debe ser entendida desde la perspectiva transversal sustentada por Montes Mata et al. (2019) para ser incorporada de forma estratégica en la gestión pública, a través de políticas públicas diferenciadas que permeen todos los niveles humanos (individuales, familiares, colectivos, comunitarios) y territoriales (locales, subregionales, regionales y nacional). De esta manera, y de acuerdo con Hosagrahar (2017) , la incorporación de la cultura en la agenda pública permitirá reconocer la diversidad territorial, asegurar un desarrollo inclusivo y aportar a la configuración sistémica de saberes locales respetuosos de los bienes naturales.
Adicional a lo anterior, es fundamental respaldar iniciativas como las de Pinto Contreras (2020) y Zeballosf-Cuathin (2023) , que permitan orientar los esfuerzos hacia procesos educativos emancipadores que propendan por el bienestar cultural y espiritual, al igual que las posturas de Vallejo Infante & Bernardino Colvero (2023) , orientadas al fortalecimiento de las luchas sociales, los pactos colectivos y la negociación de intereses comunes, en armonía con estructuras pluriétnicas heterárquicas, como alter-natividades del desarrollo frente a los acostumbrados entornos jerárquicos
Los resultados obtenidos demuestran la pertinencia de las aproximaciones metodológicas complementarias para la gestión del conocimiento; resaltan la pertinencia epistemológica que subyace en la investigación hermenéutica-interpretativa usada por Barrero Espinosa et al. (2011) ; refuerzan la influencia de la cultura y el poder de la palabra que Gadamer (1993) consideraba como instrumento inspirador de transformaciones individuales y colectivas desde una posición reflexiva, crítica, argumentativa y fundamentada.
En la búsqueda de respuestas integradoras a las complejas interrelaciones y dinámicas territoriales, las recientes perspectivas sistémicas y holísticas, transdisciplinares y transversales, generan un escenario promisorio para la gestión de un desarrollo regional, en el que la cultura, lo pluriétnico y lo diverso se convierten en aspectos estratégicos de las alternatividades de poder.
La incorporación de los sistemas complejos adaptativos, la complejidad y la transdisciplinariedad en el tratamiento de las manifestaciones culturales se convierten en instrumentos relevantes para la descolonización epistémica de los territorios, la gobernanza política asociada a la memoria biocultural y la gestión del conocimiento articulada a las ciencias ancestrales.
El proceso de reconceptualización y recontextualización de las perspectivas teóricas, en articulación con la incorporación de las interrelaciones sistémicas en las políticas de ordenamiento territorial y la interpretación espaciotemporal de lo político y lo cultural en el territorio colombiano, permitió evidenciar luchas emancipatorias y voluntades políticas vigentes que ofrecen condiciones favorables para la articulación de las políticas públicas y el reconocimiento de otros derechos a través de alternativas contrahegemónicas de gestión cultural.
La herramienta Aspecto Humano propuesta respalda el enfoque sistémico del territorio desde una aproximación ontológica orientada a resaltar la relacionalidad del ser en el entorno y a aprovechar las representaciones socioculturales por medio de complementos sistémicos convergentes que aportan a la construcción de una visión holística del desarrollo.
Específicamente, se propone enmarcar el desarrollo en contratendencias basadas en el aprovechamiento de la diversidad natural y cultural de Colombia, en la valoración de las manifestaciones culturales y los procesos transculturales, con el fin de aportar a la transformación del modelo de desarrollo predominante (globalizante, exógeno y centralizado) desde la reapropiación consciente de conceptos contrahegemónicos y su incorporación en el quehacer colectivo y comunitario, académico y político.
Finalmente, los aportes del complemento metodológico denominado Aspecto Humano están representados en la contribución al enfoque holístico del modelo de desarrollo territorial integrado desde una perspectiva ontológica-lingüística-heurística; en la ampliación del campo de acción de sus principios sistémicos por medio de criterios contrahegemónicos; y en la visibilización de la transversalidad interdisciplinar de lo cultural con ayuda de enfoques convergentes.
De esta manera, los resultados contribuyen a la instrumentación conceptual y pueden servir de base para la reivindicación de la cultura en las políticas públicas de gestión y desarrollo territorial de Colombia; para la formulación y realización estructurada de planes, programas y proyectos de gestión cultural integral que, en un marco de relativa autonomía local con respecto al poder central del país, faculten la generación de cambios estructurales asociados a relaciones emergentes de interdependencia, especialización y complementariedad, y fundamentados en la recuperación y fortalecimiento de las diversas manifestaciones culturales.
Las actividades subsecuentes para el afianzamiento de la propuesta y el aseguramiento de su aplicabilidad consisten en la construcción y retroalimentación de diálogos vinculantes con otros enfoques conceptuales y metodológicos, tradicionales y emancipadores, para la resignificación de las relaciones de poder, los propósitos del desarrollo territorial y las condiciones de los buenos vivires.
De esta manera, se puede proponer la configuración de un sistema de indicadores apropiados para la articulación de sistemas y subsistemas, principios sistémicos y enfoques convergentes, teniendo en cuenta políticas públicas, instrumentos de ordenamiento territorial e indicadores existentes, así como la posibilidad de incorporar información local y regional estratégica no sistematizada, a partir de lo cual se logre la operacionalización del modelo Aspecto Humano.
Altamirano Flores, J. E., Vásquez Bernal, J. V., & Tonon Ordóñez, L. B. (2023). Buen vivir y la economía social y solidaria en la Región Andina de Ecuador. Revista Científica de Ciencias Sociales y Humanas, 85, 50-65. https://doi.org/10.33324/uv.v2i83.698
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