Introducción
El repliegue de los actores armados ilegales como las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo sobre geografías periféricas es una tendencia consolidada en Colombia, más aún cuando las territorialidades tienen características rurales, concentración de la producción de coca, corredores de movilidad terrestres y fluviales, orfandad del Estado y una relación histórica de dinámicas comerciales con otros países. Allí es el nicho propicio para la reinstalación de los grupos armados, para la retoma del control y dominio territorial, ya no con fines de desestabilizar al Estado como lucha ideológica, sino, más bien, para crear una nueva forma de dominio e instrumentalización de los seres humanos hacia fines más mercantilistas ilegales que poco a poco deshumanizan.
Las estrategias de repliegue de los actores armados ilegales en Colombia (ELN, disidencias de las FARC, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Clan del Golfo, entre otros) sobre regiones periféricas donde el Estado se caracteriza por su ausencia o fragilidad (Sanahuja, 2018) han sido clave para la reinvención de su contrapoder, gobernanza, control, ya no solo sobre el Estado, sino sobre la vida de la población civil (Ramírez, 2022; Ríos Sierra, 2016).
En dichas regiones el dominio está en disputa desde múltiples actores armados, por lo que se requiere una nueva lectura de la reconfiguración armada ilegal no homogénea, sino altamente heterogénea, conflictiva y volátil, y que exige integrar en el examen el fracaso de los acuerdos de paz sin impacto en la integración de las sociedades locales de manera sostenida a las dinámicas de la nación.
Por lo anterior, es esencial acercarse a aquellos territorios donde no se observó un impacto real del Acuerdo de Paz firmado en el año 2016 entre el Estado y las FARC-EP, para poder radiografiar con precisión las nuevas condiciones que permiten retomar el control y dominio territorial armado ilegal, y con ello el incremento de las vulnerabilidades, riesgos y violaciones de derechos humanos (Estrada, 2021).
A propósito de dichos territorios, el municipio de Policarpa, ubicado al oriente del departamento de Nariño, como parte de la subregión de la cordillera es una de las zonas más impactadas por el conflicto armado, pues, de acuerdo con los datos reportados por la Unidad para las Víctimas (2023), registra 12 454 personas víctimas afectadas por el conflicto, es decir que la mayor parte de su población ha sido víctima de la guerra.
En efecto, presenta unas características geográficas y climáticas propicias para ampliar las economías ilícitas y el reacomodamiento de los grupos armados ilegales. Precisamente la influencia del río Patía, su contorno montañoso, el clima y ríos complementarios (Iscuandecito, Sanquianga, Telembí) que conectan con el departamento del Cauca, con la frontera con el Ecuador y con la costa Pacífica nariñense facilitan la movilidad, tal como se logra observar en la figura 1.
Bajo estas condiciones, en el recorrido histórico del conflicto en la zona han hecho presencia tres actores bélicos: en los años ochenta del siglo XX, el Comando Conjunto de Occidente de las FARC-EP conformó el Frente 29 para tomar control sobre la zona del pie de monte costero nariñense (Comisión de la Verdad, 2022); en los años noventa, como estrategia para contrarrestar la política militar del gobierno nacional y la puesta en práctica del Plan Colombia, se consolidaron las columnas móviles Mariscal Antonio José de Sucre y Daniel Aldana, para coordinar acciones en conjunto con el Frente 29 en toda la cordillera de influencia del río Patía (Defensoría del Pueblo, 2018).
Por su parte, el ELN ha hecho presencia esporádica desde 1983 en Policarpa, a través de los frentes Héroes y Mártires de Barbacoas y Manuel Castaño; y, finalmente, en 1990 se consolidó el grupo paramilitar Frente Brigadas Campesinas Antonio Nariño, dejando a su paso un sinnúmero de víctimas (Comisión de la Verdad, 2022).
Las poblaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes que habitan la subregión de la cordillera han sido testigos directos de las acciones de implementación de dos procesos de negociación que poco impacto han tenido en la terminación del conflicto armado en el territorio. Primero, la desmovilización de 689 integrantes de los paramilitares del Bloque Libertadores del Sur en el año 2005, quienes se ubicaron en las inmediaciones de la vereda El Remolino, municipio de Taminango (Nariño), zona que fue abandonada por los actores ante el incumplimiento del Estado y la creciente presión de la presencia de las FARC-EP y el ELN en las zonas de influencia (Defensoría del Pueblo, 2018); el segundo, con las FARC-EP en el año 2016 mediante la implementación del Acuerdo de Paz en el corregimiento de Madrigal, vereda La Paloma. Allí, se instaló el espacio territorial de capacitación y reincorporación (ETCR) denominado Aldemar Galán, escenario que al poco tiempo de su instalación tuvo que ser reubicado ante la amenaza que representaba para la vida de los firmantes del acuerdo por la llegada a la zona de nuevos grupos armados con la intención de ocupar los territorios dejados por los actores en reincorporación.
En la Alerta Temprana 38 de 2018, la Defensoría del Pueblo expone varios factores causantes del deterioro del ETCR, siendo los más relevantes: la presencia de nuevos actores armados ilegales en la zona (factor altamente influyente de la continuidad del conflicto y la violencia en todas sus expresiones); el incremento de la inseguridad para los reincorporados; la ausencia de medidas estructurales de recuperación territorial; la débil aplicación del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS); y la posterior vinculación de varios de los desmovilizados a las disidencias de las FARC-EP. También se encuentra la baja articulación de los actores de protección, prevención, justicia y seguridad en la zona; y una deficiente actuación de actores de desarrollo para aportar en la transición de lo ilícito hacia economías legales, competidas y generadoras de ingresos para sus pobladores.
La amenaza hacia los reincorporados provenía desde el año 2016, producto de la expansión de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), en especial la estructura los Héroes de la Cordillera, ubicada estratégicamente en el corregimiento de Santa Cruz, municipio de Policarpa, en actuación estratégica bélica contra el Frente Estiven González de las disidencias de las FARC (no desmovilizado), que llevaba el nombre de su comandante (posteriormente asesinado por el ELN); su accionar también se amplió a replegar las disidencias del Frente 29 de las FARC-EP en el departamento del Cauca. La expansión de las AGC logró tener control sobre los cinco municipios que comprenden la subregión de la cordillera (Cumbitara, El Rosario, Leiva, Policarpa y Taminango), lo que, en efecto, se constituyó en un nuevo dominio territorial y factor central que profundizó el conflicto y la violencia en la región.
Efectivamente, las amenazas que representaban las AGC para los firmantes del Acuerdo de Paz, la población civil, líderes y lideresas comprometidos con el tratado de paz, defensores de derechos humanos, actores comprometidos con la implementación del PNIS, entre otros, fue una de las condiciones, no la única, para el reacomodamiento de las disidencias de las FARC-EP a través del Comando Conjunto de Occidente con operación estratégica en el suroccidente colombiano, especialmente en los departamentos de Cauca y Nariño, y su ampliación de operaciones a través del Frente Estiven González, el cual en la actualidad lleva por nombre Franco Benavides.
En el año 2017, las AGC se ubicaron en el corregimiento de Santa Cruz para ampliar su radio de acción hacia todo el municipio de Policarpa (territorio estratégico que facilita nuclear la producción de coca y la movilidad de los actores armados ilegales), situación que produjo confrontaciones con las disidencias, y que pronto conllevó la reinvención de estrategias por parte de estas disidencias para retomar el control del territorio.
En la actualidad, las disidencias de las FARC tienen el dominio territorial mediante el manejo de las economías ilícitas, la regulación de la vida civil por medio de carnets para vigilar la entrada y salida de la población, la influencia en la actuación de la juntas de acción comunal y la persuasión a las instituciones del Estado, creando así las condiciones para nuevas confrontaciones armadas y sometiendo a la población civil a hechos recurrentes de violación de derechos humanos (Gutiérrez, 2016).
Policarpa, como municipio ubicado en el departamento de Nariño, cumple con todas las anteriores características ideales para la reinstalación, el dominio y el control territorial de los grupos armados, es un epicentro histórico donde la guerra continúa su dinámica; pese a dos acuerdos de paz, el uno con paramilitares y el otro con las FARC-EP, es un lugar donde se reconfigura lo bélico y la dinámica de lo ilícito, situación que se expresa en cifras aberrantes de daños, hechos victimizantes y violaciones de derechos a tal punto de consolidar un índice de víctimas que superan la población oriunda de la zona (Unidad para las Víctimas, 2023).
En este lugar, la investigación realiza un triple análisis: primero, el fenómeno de lo bélico y sus impactos violentos que reclaman de por sí la urgente presencia del Estado; segundo, el impacto directo de las violencias sobre la población civil, pero, en especial, sobre las mujeres, con cifras alarmantes de restricción a la libertad, delitos sexuales, desapariciones, desmoralizaciones e instrumentalización de su feminidad con degradación de su dignidad; y tercero, muy poco auscultado y ahondado en la presente indagación, pone en escena las experiencias de las mujeres -paradójicamente en medio del dominio territorial y conflicto- en las que crean toda una serie de estrategias cíclicas no violentas y altamente activas de afrontamiento de los actores armados y de poder comunitario e institucional a partir de mimetismos;1 deconstrucciones del poder; formas organizativas democratizantes; procesos de formación popular autónomo desde la interlocución entre mujeres; incidencias colectivas a nivel comunitario e institucional; participación en las dinámicas de democracia local; creación de políticas públicas; y consolidación de verdaderas redes de trabajo multiactores hacia la prevención, protección y potenciación de la vida con base en su género.
Precisamente, el tercer fenómeno, de resistencias no violentas de mujeres rurales de Policarpa frente a las barreras del patriarcado, las restricciones institucionales y las nuevas violencias ocasionadas por actores armados (Piedrahíta, 2013; Ruiz & Castro, 2011), marca: la apertura invaluable de una nueva interpretación de las realidades a partir del desenvolvimiento de las mujeres con procesos de mimetismo estratégicos adaptativos ante actores opresores y violentos (Romania, 2004; Scott, 2000); el comienzo de procesos organizativos de y para las mujeres a nivel organizativo, comunitario e institucional (Cruz Hernández, 2020); la incidencia política a varios niveles, logrando instalarse en espacios institucionales locales estratégicos como medio de protección y defensa de derechos (Nash Rojas, 2013; Nussbaum, 2012; Piedrahíta, 2013); y la ampliación de la vida política del ámbito veredal al local y regional, tal como funciona la Mesa de Mujeres de Policarpa en la actualidad.
Para poder analizar la relación de los tres niveles de realidad, fue necesario, en primer lugar, hacer una revisión de información secundaria relacionada con artículos, libros y estadísticas oficiales; en segundo lugar, adelantar observación directa y análisis in situ en el territorio, realizar entrevistas, grupos focales, y sistematizar, codificar y encontrar una red de categorías que den cuenta del doble relato de las mujeres como víctimas, como sobrevivientes y como actoras potencia-doras de cambios en un contexto bajo la presión de la violencia.
Metodología
La investigación tiene un enfoque cualitativo, de corte interpretativo, dado que permite analizar las fuentes secundarias y los relatos de las mujeres sobre su realidad. Dicho enfoque facilitó comprender la relación progresiva de las tácticas de control, los riesgos, vulnerabilidades y violación de derechos humanos, y las formas de mimetismo, resistencia, organización e incidencia de las mujeres; y, por otro lado, la hibridez fenomenológica de las experiencias vividas y subjetivadas por las mujeres, que dan cuenta de dos acontecimientos distintos: el primero, con contenidos claros de imposición, control y barbarie; y otro, cuyos atributos y formas de desenvolvimiento exaltan los actos de resistencia y producción de acontecimientos distintos a la violencia.
En una primera parte, fue preciso el análisis del contexto de la región (Nariño) y de los sucesos específicos (Policarpa) haciendo uso de distintos libros, artículos, informes y estadísticas de instituciones regionales y nacionales, logrando consolidar una síntesis del termómetro real de violación de derechos humanos a razón de la persistencia del conflicto armado. En segundo lugar, fueron centrales los testimonios de las mujeres para dar cuenta sobre una realidad ambivalente: por un lado, la impuesta y altamente riesgosa para las mujeres de Policarpa; y, por el otro, la creada por ellas para autoprotegerse y resistir a la barbarie de los grupos armados.
Las técnicas de investigación que se utilizaron para la recolección de información fueron el rastreo bibliográfico, la entrevista semiestructurada, mesas de discusión y el grupo focal, tal como se evidencia en la tabla 1; dichas técnicas posibilitaron acceder a información de forma ordenada, profunda y sintética, para, de este modo, proceder a una interpretación de los datos y las voces de las protagonistas a fin de poder dar respuesta al planteamiento del problema y a los objetivos de la investigación. La población sujeto de estudio son mujeres integrantes de la Mesa de Mujeres del municipio de Policarpa (Nariño), quienes son mayores de 18 años, de estratos 1 y 2, habitan en zona rural y urbana, y sus niveles de formación en su mayoría son de primaria, secundaria y pocas de técnico, tecnológico y de formación profesional.
En relación con las entrevistas semiestructuradas, se aplicaron a 6 mujeres, todas mayores de 25 años, 5 de ellas casadas, 1 soltera, 3 cuentan con nivel de educación primaria y 3, con nivel de educación secundaria, 4 son amas de casa y 2 laboran en oficios diarios; por su parte, frente a las participantes de las mesas de discusión y del grupo focal, todas fueron mujeres integrantes de la Mesa Municipal de Mujeres de Policarpa, mayores de 18 años, con domicilio en el casco urbano y en los diversos corregimientos del municipio.
La aplicación de los instrumentos se llevó a cabo entre los meses de agosto y septiembre de 2023. Los criterios de selección fueron los siguientes: que sean del municipio de Policarpa (Nariño); que hagan parte de la Mesa Municipal de Mujeres; que habiten en los corregimientos de Altamira, Madrigal, Sánchez, Ejido y el casco urbano de Policarpa; que tengan el interés y la disponibilidad para hacer parte de la investigación.
Por último, el procedimiento para la recolección de información se efectuó a través de unas guías de preguntas que fueron elaboradas mediante el apoyo de la matriz de categorización, en aras de garantizar la relación con las categorías de análisis, las subcategorías y los objetivos planteados en la investigación; dichos instrumentos fueron aplicados en territorio, para lo cual se llevaron a cabo seis entrevistas semiestructuradas, cuatro mesas de discusión y un grupo focal. La información obtenida fue organizada, y se analizó e interpretó mediante Atlas. ti, lo que facilitó la identificación de las categorías inductivas y la construcción de las redes categoriales; para la protección de los datos de las participantes, se usan códigos como, por ejemplo, ESE_AC1 y GFMP 1.
Resultados y discusión
Una vez se realiza la interpretación de la información obtenida mediante los relatos de las experiencias de las mujeres del municipio de Policarpa (Nariño), se procede a organizar las categorías deductivas y las categorías inductivas, tal como se expone en la tabla 2.
Tabla 1
Distribución de las participantes
Tabla 2
Relación de categorías deductivas y categorías inductivas
Policarpa, en continua violación de derechos humanos y del derecho internacional humanitario posacuerdos de paz
Los impactos de la violación de derechos humanos y del derecho internacional humanitario (DIH) en Policarpa como epicentro de análisis revelan una catástrofe continua sobre este municipio, y, a la vez, engrosan el impacto sobre un departamento como Nariño, que no ve esperanza inmediata de superación de la violencia. Las cifras con respecto a la violación de derechos humanos en la región nariñense se encuentran en ascenso, adquiriendo niveles desorbitantes luego de la firma del Acuerdo de Paz en 2016 (Lasso & Cabello, 2024).
Tal aseveración puede constatarse a través de tres análisis de datos complementarios. Primero, la relación de la población total de Nariño, 1 699 570 habitantes, proyección a 2023 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2018), y el consolidado de víctimas en el departamento, con un total de 539 650 personas afectadas (Unidad para las Víctimas, 2023), lo que evidencia que el 31,77 % de la población ha sido afectada por uno o más hechos victimizantes derivados del conflicto armado.
Segundo, en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz entre el Estado y las FARC-EP (2016-2023), la violencia hacia la población civil no ha disminuido, provocando nuevos hechos victimizantes. En dicho período, 185 000 personas han sido victimizadas, representando un 34,8 % de nuevas víctimas del total de afectados por el conflicto (539 650 víctimas entre 1985 y 2023).
Tercero, los cinco hechos victimizantes con mayor ocurrencia en los últimos cinco años, según las 185 000 nuevas víctimas, son: un 25,89 % de desplazamiento forzado (139 706 personas); un 2,31 % de amenazas (12 465 personas); un 2,30 % de confinamiento (12 391 personas); un 0,40 % de homicidios (1270 personas); y un 0,24 % de actos terroristas, atentados, combates, enfrentamientos y hostigamientos (1270 personas). Dichas cifras dejan evidencias de la sistemática violación de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en la región, resultante de la retoma del dominio, control y producción de violencia de los actores armados.
En tal contexto conflictivo y violento está igualmente inmerso el municipio de Policarpa con impactos nefastos en la vida de la población civil, con índices de violación de derechos humanos superiores a otros municipios de la región y del país. En Policarpa, con una población proyectada a 2023 de 10 314 habitantes (DANE, 2018), las víctimas por conflicto armado, conforme con la Unidad para las Víctimas (2023), asciende a 12 454 personas, lo cual representa una afectación del 120,75 % de sus habitantes.
Cabe resaltar que el hecho de que el número de víctimas sea superior a sus habitantes obedece a la migración de otras poblaciones hacia zonas de cultivos ilícitos donde encuentran oportunidades de empleo, pero con un alto riesgo en sus vidas. De acuerdo con la información más reciente de la Unidad para las Víctimas (2023), en el período vigente de implementación del Acuerdo de Paz (2016-2023), el conflicto armado ha sumado el 8,16 % de nuevas víctimas (1217 personas) en relación con las 12 454 registradas desde 1985.
En los últimos cinco años, los hechos victimizantes más catastróficos son: desplazamiento (6,93 %, 1034 personas), amenazas (0,14 %, 21 personas), homicidios (0,17 %, 26 personas), desaparición forzada (0,03 %, 5 personas) y delitos contra la libertad e integridad sexual en el marco del conflicto armado (0,01 %, 2 personas). Cabe resaltar que, en el análisis histórico de cifras (1989-2023), el hecho victimizante de delito contra la libertad e integridad sexual asciende a 802 casos (con mayor afectación en mujeres). Adicionalmente, en el año 2020 se presentó un desplazamiento forzado masivo de 219 personas (Fundepaz, 2021).
Frente al impacto diferencial del conflicto armado en Policarpa, es posible constatar que en el período de 1985 a 2023 existen cuatro hechos victimizantes que afectan en mayor proporción a las mujeres. En orden de importancia: el delito contra la libertad e integridad sexual, con una totalidad de 806 casos, 786 de estos fueron en contra de la dignidad e integridad sexual de las mujeres (98,1 %), en comparación con 14 casos que afectaron a hombres (1,9 %); en segundo lugar, las amenazas, con un total de 2251 casos, impactando negativamente a 1124 mujeres (52,2 %), en relación con 1052 hombres (47,8 %); en tercer lugar, el desplazamiento forzado, con un total de 10 866 casos, afectando a 5585 mujeres (51,4 %), en comparación a 5281 hombres (48,6 %); y, finalmente, la desaparición forzada, con un total de 50 casos, 26 mujeres sufrieron este flagelo (52,0 %), en contraste con 24 hombres (48,0 %).
Por otra vía de acceso a información, es relevante resaltar los datos de la Fundación Desarrollo y Paz (Fundepaz, 2022), que destaca que, de los 35 feminicidios presentados en el departamento de Nariño durante el año 2022, 18 se dieron en municipios ampliamente afectados por el conflicto armado: Tumaco, con 12 casos; Barbacoas, con 4 casos; y Policarpa, con 2 casos. En consecuencia, el conflicto armado sigue generando una violencia sistemática y acentuada sobre las mujeres en estos territorios.
Las representaciones y actuaciones transformadoras de las mujeres de Policarpa
La vida y experiencia de las mujeres de Policarpa necesita ser comprendida a partir de una hermenéutica de la realidad ambivalente, dotada de doble valor, verdad y acontecimiento (Morin & Viveret, 2013); esa realidad ambivalente da cuenta, por un lado, de cómo la continua actuación bélica expone y torna frágil la vida de las mujeres (Segato, 2014), provoca daños y violación de derechos humanos (CNMH, 2014) y deja incierta las vidas de las comunidades a razón de la violencia y la incertidumbre que genera (Bauman, 2005); y, por el otro, no evita lo cotidiano, lo casi oculto en la escena pública, pero que es altamente potencial, resalta los actos humanos dignificantes de lo femenino en contra de la violencia, barbarie e indolencia, a través de expresiones organizativas de autoayuda, formación, autoprotección, protección e, incluso, de resistencia a la guerra (Bermúdez et al., 2006; Zuluaga & Arango, 2013), de redes de construcción de confianza y reivindicación de derechos (Atencio Gómez, 2020), de subjetividades fundadoras de experiencias espacio-temporales en deconstrucción de lo inestable del territorio (Lindón, 2012; Piedrahíta, 2013), de actos de incidencia para frenar la guerra, exigir medidas de protección, tramitar los riesgos e, incluso, interpelar a los actores armados (Beristain & Riera, 2003; Nash Rojas, 2013; Piedrahíta, 2013; Ruiz & Castro, 2011), que son actos ético-políticos altamente reclamantes de dignidad, integridad y libertad.
Realidad riesgosa e inhumana
La primera parte de la realidad no depende de la actuación de las mujeres, es un suceso provocado e impuesto. Ellas no coparticipan, más bien acatan y obedecen por precaución los mandatos de los actores armados. Es una realidad construida bajo códigos de control e imposición arbitraria de límites (Scott, 2000) en una constante línea floja e insegura que pronto conlleva la vulneración de derechos humanos, inherentes a su vida integral.
Hace parte de la nueva macrotáctica de los grupos armados ilegales, que procuran disminuir la confrontación directa con la fuerza pública para aumentar el dominio y control de los territorios, a fin de imponer una gobernanza ilegítima, que tiene su ciclo de instalación, operación, intensificación e impacto directo en las mujeres; dicha macrotáctica comienza con la presencia en el territorio, la imposición de normas de regulación social, la exigencia de legitimización social de su presencia con armas, la exposición a situaciones de vulnerabilidad, la agudización de los riesgos y, finalmente, la violación de derechos humanos.
La presencia, control y dominio territorial de las disidencias de las FARC-EP como hecho fáctico se constató a partir de elementos y tácticas progresivas de regulación y legitimización comunitaria impuestas. Primero, mediante instalación de dispositivos simbólicos en la geografía de Policarpa, situación expresada por una de las personas entrevistadas: "Si te das cuenta desde la Vega hay dos carteles, el Frente Franco Benavides, es el frente que esta acá, es un frente que ha sido más presente, un frente que no se desmovilizó" (ESE_AC1); segundo, la presencia y control formal por parte del actor armado ilegal en el territorio, situación histórica y prolongada en la zona, tal como lo confirma una integrante de la Mesa de Mujeres: "Nosotros desde que llegamos allá a Ejido, cuando empezó a llegar la guerrilla, los primeros guerrilleros lo que hicieron fue apoderarse del pueblo" (GFMP 1); tercero, la regulación y la exigencia arbitraria de contribución para legitimar su presencia forzada. Al respecto es importante traer a colación lo expuesto por ESE_AC3, quien manifiesta: "Que si tenemos ganado, que los negocios vacunados, e incluso el pago por seguridad"; cuarto, el reconocimiento como actor de gobernanza ilegal eficaz, así es expresado por otra actora clave: "Si no me paga la vaca, mañana voy donde la guerrilla", y alguien concluye con precaución: "El propósito es cumplir una orden, quedar bien con los que dan la orden" (GFMP 1), siendo estas estrategias interrelacionadas fundamentales para que el actor armado gane presencia, control, gobernanza ilegal y dominio territorial sobre las personas.
En la consolidación del dominio territorial, el actor armado sigue ahondando aún más en el sometimiento, obediencia y legitimización forzada, exponiendo a personas, líderes y comunidades a situaciones de alta vulnerabilidad y daños (Gil, 2018). La vulnerabilidad en medio del conflicto armado es la exposición involuntaria y arbitraria a una situación altamente riesgosa.
Comienza con una ausencia o fragilidad del Estado e instituciones (Sanahuja & Schünemann, 2012), claramente expresado por una participante al señalar: "Toda Policarpa ha sido vulnerable por todos los gobiernos, locales, departamentales, siempre hemos sido vulnerables y con más abandono las partes más rurales" (GFMP 1); otra participante reafirma: "En Madrigal es igual, la ausencia de Estado permite que los actores armados hagan lo que el Estado no hace, tienen presencia porque el Estado no aparece por ningún lado" (GFMM_AC10_M); dicha exposición abre paso a una exposición mayor, más bárbara e inhumana, así es expresado: "Sacaron toda la gente para allá, que supuestamente al sacar el Ejército, entonces los cogieron como de sorpresa, como se dice de noche y los mandaron a sacar el Ejército" (GFMP 1); en otro sentido, se les expone como escudo humano, por ello, alguien más agrega: "Vivimos en un conflicto estable, hasta ahora estamos en conflicto estable e inestable, no sabemos qué va ocurrir el día de mañana" (GFMP 1).
La vulnerabilidad se adentra en el psiquismo del sujeto en forma de miedo y perplejidad, tal como es enfatizado por una participante del grupo focal: "Somos un municipio que constantemente está cambiando, hay grupos armados con los que se puede trabajar, se puede asistir, entablar diálogo, pero, hay otros que son mucho más violentos" (GFMM_AC4_M); otra complementa y aclara su estrategia de sobrevivencia: "Por ello, se debe ser muy asertiva y mirar lo que se va a decir, porque todo no lo puedes hacer abiertamente" (ESE- AC1); en efecto, la vulnerabilidad como exposición potencial a una amenaza y daño es multicausal, proviene de la orfandad del Estado, debilidad institucional, desigualdad, exclusión, distancia geográfica, y se acentúa con la presencia de los grupos armados, que con sus tácticas exponen a la población como escudo de guerra frente a otros actores armados.
La vulnerabilidad en contextos de conflicto no es única, se ahonda cuando las interacciones en el hogar, comunidad, institución y actuación política están mediadas por el poder y la jerarquía (Castro, 2018; Nussbaum, 2012); por la exposición a la precarización de la vida, impidiendo el despliegue de lo psíquico, la autonomía económica y de libertad (Butler, 2010); por la sutil táctica patriarcal de apego, arraigo y dependencia (Madrid Pérez, 2018); y a manera de una exagerada feminización, creando un imaginario de fragilidad por cuidar (Icaza, 2019), para dejar expuestas en desventaja a las mujeres ante los otros (actores bélicos, esposos, políticos y funcionarios institucionales, quienes les instrumentalizan), lo que facilita su control y producción de restricciones, prejuicios, discriminaciones y exclusiones.
Las mujeres de Policarpa, además de lidiar con las tácticas de control de los actores armados, también tienen que afrontar los obstáculos de los poderes masculinos en el ámbito público y privado. En el hogar se topan con obstáculos de sus conyugues, como lo expresa una de ellas ante la intención de asumir el reto de participar en el proceso organizativo de mujeres: "Vagas, qué van a hacer con eso" (GFMP1), y otra reafirma: "Usted no lo haga, y así sucesivamente, están sometidas, todavía existe el sometimiento, que si usted le dice no va, no va" (ESE _AC2); ante un reto mayor frente al escenario político local les sentencian:
"Ustedes no pueden, las mujeres tienen que estar en la casa, en los oficios" (GDMMP1_AC5_M), y a un nivel mayor de incidencia se percatan de la subordinación de género: "En las alcaldías los hombres están en las direcciones, en las coordinaciones, y las mujeres ¿dónde están?, en las secretarías, de auxiliares y de servicios generales" (GFMM_AC2_M); es más, cuando le preguntan al alcalde por mayor representación de las mujeres, este las interpela diciendo: "Allí está, pero ¿dónde están?, como auxiliares, secretarias y en servicios de aseo" (GFMP1).
Precisamente, sus propios análisis dan cuenta del exceso de poder masculino en todos los ámbitos privados y públicos, la exposición a la precariedad, la exclusión del poder y en la toma de decisiones, el sometimiento a roles marginales, siendo tácticas patriarcales que ahondan e incrementan la vulnerabilidad y el riesgo de tener un daño ante la presencia del actor bélico.
Siguiendo el entramado táctico de la actuación bélica, es de subrayar que la sola presencia del grupo armado es de por sí un riesgo. En las avanzadas agresivas de presión y control territorial, obligan a la mujer a vivir bajo su dominio con restricciones que limitan sus vidas (Atencio Gómez, 2020; Bermúdez et al, 2006), y, en el peor de los casos, apropian su corporeidad como medio para producir daño, deshonrar, deshumanizar y usarlas como botín de guerra (Segato, 2014).
Sus tácticas también procuran restringir el disfrute de la vida, las movilidades y la posibilidad de expresar, haciendo que el vivir sea difícil (Clacso, 2023), y allí, ante tales escenarios de dominio perverso, se deben acatar las restricciones o, por el contrario, afrontar un incremento de amenazas, riesgos y peligros a la dignidad, integridad y vida (CNMH, 2014; Ruta Pacífica de las Mujeres, 2013).
La táctica es producir incertidumbre, miedo, zozobra para ganar respeto y obediencia, también para facilitar a posteriori sus actos de violencia, confinamiento moderado, desplazamiento, reclutamiento, desaparición, feminicidios, entre otros, (UNODC, 2022); es más, cuando los riesgos se consolidan en daños eminentes, se neutralizan bajo presión violenta, logrando silenciar toda subjetividad y libre opinión en forma de táctica de oculta-miento de la memoria de lo que les pasa (CNMH, 2010).
Los riesgos hacen alusión a la potencial posibilidad de ocurrencia de un daño o pérdida en una persona o colectivo (Cardona, 2002), su manifestación es expresada como tensión umbral real y sentida a razón de un aumento de situaciones de presión, barrera y exposición a amenazas. A diferencia de las vulnerabilidades, los riesgos están más cerca a la ocurrencia de daños.
En Policarpa, el acto de evitar reclamar, decir la verdad o comunicar un acotamiento atroz es un acto cotidiano mimético para sortear el azar, tal como expresa una de las mujeres: "Frente a una situación o problema no se puede decir nada, por miedo, se vuelve una situación riesgosa y peligrosa" (ESE_AC4); de igual modo, otra de las participantes manifiesta: "Decir algo es atraer la muerte, desaparecer y que nadie sepa de uno" (ESE_ ACA).
En una mayor escala del conflicto, las confrontaciones son el mayor umbral de peligro a la vida y de sufrir daños físicos: "No sabemos qué puede pasar, nos quedamos inmóviles y hasta en ocasiones naturalizamos lo que pasa" (ESE_ AC3); y aún más preocupante, en dicha situación incierta se acentúa el riesgo a la violencia sexual, así lo dice una de ellas: "No sabemos qué grupo venga... por ello, creo que muchas mujeres estamos, vamos a estar siempre con los riesgos de ser violadas, de ser maltratadas por los grupos que llegan" (ESE_AC1); y otra de las mujeres alude: "Llegar allá (a dos veredas), es muy peligroso si usted es mujer" (GFMM_AC2). En últimas el riesgo es conocido, interpretado y gestionado de forma pasiva y adaptativa por las personas, como un acto de precaución.
Es claro que la conjunción vulnerabilidades y riesgos ocasionados por una serie de tácticas remarcables de intimidación, infundir temor, falsificar información, crear incertidumbre, falsedades, generar tensión comunitaria y confusión, es estratégico para poder desplegar actos de agresión, daños y violaciones de los derechos humanos y del DIH. Las mujeres de Policarpa son testigos y víctimas de tales hechos atroces e inhumanos.
En este territorio las violaciones de derechos humanos ocurren a diario, con hechos fácticos de homicidios, retenciones arbitrarias, amenazas, intimidaciones, restricciones a la movilidad, confrontaciones, reclutamientos, desplazamientos, pérdidas de bienes vitales para subsistir (casas, tierras, negocios), rupturas familiares y del tejido social (GFMP1); dichas violaciones de sus derechos son claramente puestas en escena a partir de sus propias narrativas traumáticas, tal como sostiene una de ellas: "Lo que pasó aquí fue doloroso, fue grave, se perdió una vida, y nos quedamos impotentes" (ESE_AC3); otra ahonda: "A mí me pasó una pérdida de mi hijo, yo quería saber por qué, y cuando fui donde ellos, me retuvieron por cuatro días, yo no les recibía nada, solo tomaba agua, les decía si quieren mátenme" (GFMM_ AC4_M); una más resalta: "Me sacaron a las diez de la noche, me tuvieron tres días con la única ropa que llevaba puesta, y en un descuido escapé" (ESE_AC1_E). Estos son testimonios que revelan la violación de derechos humanos y del DIH al detallar la ocurrencia de homicidios, reclutamientos, retenciones ilegales a la que se han visto enfrentadas como mujeres.
Producción de experiencias miméticas y de resistentes para otra realidad
La realidad impuesta sobre las mujeres de Policarpa tiene un contrarrelato producido por ellas en procura de prevenir, autoprotegerse, gestionar vulnerabilidades y riesgos, y, aún más relevante, afianzar su discurso, poder, identidad y afrontamiento no violento de las dinámicas continuas de patriarcado que facilitan el control armado y la producción de violencia, como una invaluable contrapedagogía para afrontar la crueldad y protegerse de la violencia (Segato, 2018). Dicho contrarrelato revelador de experiencias altamente resilientes y transformadoras de las situaciones violentas puede ser descrito y explicado a través de cuatro estrategias desplegadas por las mujeres.
La primera estrategia rastreada es la creación de un discurso-acto mimético individual y colectivo para afrontar de forma no violenta la crueldad (Girard, 2010; Palacios, 2020; Scott, 2000), e implica el cambio de rol temporal afín al actor violento con el fin de adaptarse y sobrevivir, para gestionar un tiempo de retoma de la resistencia pacífica y de procesos comunitarios, culturales y de género con el objetivo de superar la subalternidad (Bhabha, 2002; Romania, 2004).
Un mimetismo operando en búsqueda de algo de humanidad del actor armado para poder abrir un diálogo, actuar en medio de la crisis, reconocer restricciones y resignificarlas, forjar subjetividades híbridas -relatar el hacer degradante de los actores armados y contar lo que se hace distinto como mujeres- e interactuar desde las barreras en lugares restringidos hasta lograr ampliarse en espacios más exigentes de actuación basada en género.
Las primeras actuaciones miméticas son parcas, pero invaluables, se basan en poder sobrevivir o prevenir la ocurrencia de una vulnerabilidad o daño. El asemejarse no es rendición o aceptación total del poder, sino más bien una estrategia recursiva para afrontar al actor armado. Sus actos miméticos comienzan encontrando semejanza con el actor violento para reducir impacto (Girard, 1983; Scott, 2000) y así aperturar un encuentro alejado del poder y la violencia con el fin de disuadir al agresor.
Inicialmente, el acto mimético puede ser visto como una aceptación sin resistencia, en palabras de ellas: "Aquí prácticamente nos toca es convivir con ellos, así son las circunstancias y no es un secreto, y ese es nuestro punto estratégico ante la llegada de todo grupo armado" (GDMMP1_AC5_M); otra afianza: "Hemos tratado de ser cuidadosas, ser neutrales y trabajar con transparencia, pese a los tiempos difíciles, ser transparentes, y ahí seguimos trabajando" (GDMMP1_ AC7_M); empero, la primera se amplía hacia otro sentido habilitante: "La situación de orden público es dura, pero hay que empoderarse, llegar más allá, trabajar muy bien en pro de las mujeres, ser transparente, así se reciben reconocimientos y no amenazas" (GDMMP1_AC5_M).
El acto mimético de reinventar la forma de proceder ante las imposiciones abre paso al arte de hacer lectura de contexto en zonas de difícil acceso, habilidad expresada de la siguiente forma: "Muchas cosas se dejaron de hacer por los ataques, se tenían actividades programadas en (tal lugar) y fueron reprogramadas, pese a ello seguimos" (ESE- AC1); y otra refuerza: "Vamos abriendo espacios donde sea posible, donde hay restricción esperamos, pero siempre pensando en otras formas de avanzar, por ello, ahora estamos casi en todas los corregimientos y veredas, formando, organizando, sensibilizando, trabajando con instituciones" (GDMMP1_AC5_M).
La lectura es en doble vía, sobre el patriarcado y el actor armado ilegal, para con ello lograr resignificar su actuación como mujeres, análisis expresado a varias voces: "Pese a los no se puede, vamos conformando comités, organizaciones, y participando como mujeres en las juntas de acción comunal" (GFMP 1); otra respalda la idea: "Por ello, ahora tenemos participación como mujeres en el Ejido, Policarpa, Sánchez, Madrigal y, últimamente, en Altamira" (ESE_AC1); y la líder más relevante resalta: "Es gracias a la Mesa de Mujeres que ya hemos tenido reconocimiento de la comunidad, de los hombres, de las instituciones e, incluso, de los actores armados, nos hacemos más visibles. a todos les decimos aquí estamos presentes, tenemos derechos y tenemos respaldo de la Alcaldía, de organizaciones regionales como 8 de Marzo y de todas las mujeres" (GDMMP1_AC5_M).
Aperturar una actuación dialógica en medio del control arbitrario, pese al temor, pronto les permite a las mujeres percatarse del poder de actuar colectivamente para gestionar sus necesidades y derechos e innovar en otras formas de organización y formación, en espacios de juntas de acción comunal, comités de salud, deportes, convivencia, y ahí, en dichos escenarios, poder diversificar nuevas formas de accionar con base en una perspectiva local de género para afrontar las estructuras decisorias patriarcales y de los actores armados; así se constata esta tesis: "En medio del conflicto armado tomamos la palabra, nos organizamos, e incidimos no solo con los actores armados, sino también con las juntas, las instituciones, para ir ganando representatividad en el Concejo, en los cargos de la JAC y, ahora, con nuestra propia Mesa de Mujeres" (GFMP 1).
Otra lideresa afirma: "Ahora formamos para la cultura de paz, los valores, el respeto por los otros, en especial con los jóvenes" (ESE_AC3); una tercera destaca: "Estamos para hablar por aquellas que callan, decir que como mujeres tenemos derechos, y que podemos gozar de muchas cosas" (ESE_AC1); y, finalmente, otra concluye: "Entrar donde no era permitido, dialogar entre mujeres, organizarse en varios puntos y caminar el territorio ha sido clave para recuperar un papel más protagónico en la casa, en las organizaciones e, incluso, con las instituciones que también actúan poniendo obstáculos a nuestro papel" (GDMMP1_AC5_M).
La segunda estrategia tiene que ver con la conformación de una organización exclusiva de y para las mujeres en medio del patriarcado y del control armado, siendo relevante la Mesa de Mujeres de Policarpa, con una génesis clara de deconstrucción cotidiana del poder masculino, formación de lideresas, participación activa en espacios organizativos e institucionales, actos de incidencias bajo roles más protagónicos y, en especial, la invaluable acción formativa entre las mismas mujeres, haciendo réplica de los conocimientos.
En un comienzo, los espacios de deliberación y acción de mujeres fueron informales, sin estructura organizativa y bajo diálogos y espacios cotidianos alrededor del deporte y eventos comunitarios, como lo expresa una líder: "En los espacios comunitarios y deportivos nos dimos cuenta de que hacían falta las mujeres, y nos decíamos debemos hacer algo" (ESE_AC1).
Con la Mesa de Mujeres se impulsa una mayor participación en las juntas de acción comunal y sus comités en varios puntos geográficos de Policarpa, tal como lo da a conocer una líder: "Nos involucramos en casi todos los comités de las JAC, e, incluso, en algunas zonas como Ejido, Madrigal, vamos llegando a ser más mujeres involucradas" (GDMMP1_AC5_M). La participación también se inclina hacia instituciones como ONU Mujeres, Pastoral Social, 8 de Marzo, con las cuales se profundiza en los derechos y se amplía el desarrollo de la conciencia como expresión de la formación política, alcance expresado así: "Cada formación nos fue abriendo los ojos, y lo aprendido había que compartirlo, que otras sepan de derechos y de lo que hacemos" (GDMMP1_ AC5_M); y, finalmente, la participación y deliberación se torna espontánea y autónoma para dar lugar a la génesis de la Mesa de Mujeres de Policarpa, y, así, ampliar su radio de acción, en doble vía, hacia las comunidades y hacia las instituciones. Es de aclarar que la Mesa no hace parte de las organizaciones tradicionales, sino, más bien, se distancia y les deconstruye con su actuación, y tal diferenciación le ha permitido consolidarse en un medio articulador entre mujeres.
Una tercera estrategia es la incidencia política e institucional basada en género y de autoría de la Mesa de Mujeres de Policarpa (MMP). La Mesa ha adquirido protagonismo en las organizaciones comunitarias, entidades del Estado e instituciones por su incidencia y movilización continua hacia las zonas rurales. Su activismo deja resultados concretos, entre ellos, vinculación de mujeres de varios corregimientos en actividades de movilización y conmemoraciones afines a sus derechos; legitimidad de la Alcaldía y sus dependencias, logrando contar con un decreto de reconocimiento de la Mesa y financiación para su plan de acción; articulación de entidades como Pastoral Social, ONU Mujeres, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Universidad de Nariño, Universidad Mariana, para trabajar procesos formativos en derechos humanos, perspectivas de género, elaboración de iniciativas, prevención de las violencias y fortalecimiento organizativo; construcción de infraestructuras comunitarias simbólicas desde el activismo de lideresas como centros comunitarios, Casa de la Mujer; obtención de oficina para la Mesa en espacios de la Alcaldía; financiación de iniciativas productivas y de sus labores autónomas. Así lo expresa ESE_AC3:
Como Mesa de Mujeres ya tenemos un reconocimiento, por lo que contamos con una política pública que fue adoptada de la política pública del Departamento de Mujeres y Población LGBttQ+, y también tenemos, bueno, a la Alcaldía, que es una de las aliadas principales, contamos con la corporación 8 de Marzo, una de las grandes aliadas en estos momentos, no sé si está presente en el municipio, pues era una de las que más teníamos contacto, hoy. La OIM, también estaba la USAID, en este momento contamos con la organización CARE, con la Universidad de Nariño, hay una organización que hace incidencia pues en todo el departamento que es Pastoral Social, entonces como que a cada institución, a cada organización, a cada ente que llega al municipio tratamos de decirle aquí estamos presentes, aquí está la Mesa de Mujeres para que trabajen con nosotros, siempre estamos como abiertas a recibir toda esta clase de información, capacitación, todo lo que sea visible para que se muestre como estamos empoderadas (ESE_AC3).
Otro aspecto por resaltar es que tanto en la interlocución y posicionamiento de iniciativa y procesos propios de la Mesa de Mujeres como en la deliberación de asambleas de la Mesa últimamente se ha impulsado a las mujeres líderes en la participación de contiendas electorales para ganar representatividad en las instituciones públicas y de gobernanza en la zona; como resultado de ello tiene actoras clave en las veredas de Madrigal, Altamira, Sánchez ante el Concejo Municipal de Policarpa, consiguiendo así ampliar la toma de decisiones y financiaciones públicas a favor de sus procesos. En efecto, en la contienda electoral celebrada el pasado 29 de octubre, tres mujeres integrantes de la Mesa de las veredas anteriormente mencionadas fueron elegidas como concejales para el período 2024-2027.
Finalmente, una cuarta estrategia se refiere a la capacidad de trabajar en red, de encontrar puntos de articulación e integrar toda posibilidad, alternativa e iniciativa a favor de los procesos de las mujeres, con la particularidad de no ser excluyente o barrera para la participación de los hombres. El trabajo en red es un acto cotidiano y se sustenta en sus discursos de logros en varios sentidos: un sentido de formación ampliada, tal como señala una lideresa: "Pastoral Social comenzó a trabajar con nosotras en Madrigal, pero, luego, le mostramos la necesidad de trabajar con los jóvenes en convivencia e iniciativas productivas" (ESE_AC1); en sentido de iniciativas productivas, en lo que respecta a infraestructura avanzan en la construcción de la Casa de la Mujer Rural en Altamira, que impulsa a una nueva gestión de la construcción de las casas de la mujer en Policarpa.
En el ámbito regional, la Mesa se articula con otras organizaciones y plataformas de participación de la sociedad civil, como lo apunta la lideresa: "En el momento, también podemos hacer incidencia en todo lo que tiene que ver, como la Red de Defensoras de Derechos Humanos, mujeres Gestoras de Paz, Mujeres Educando Mujeres" (ESE_AC1). Es así como la Mesa ha creado un patrón cultural, fundado desde la formación, las acciones colectivas y la resistencia, distinto, de actuación, que debe ser descrito a mayor detalle y potenciado como estrategia estructurada de paz.
Conclusiones
La construcción de paz negativa (ausencia de conflicto armado) enfocada a reducir significativamente a los actores armados ilegales, el narcotráfico, las inseguridades y la violación de derechos humanos ha logrado reincorporar de manera significativa a miembros de las guerrillas y disidencias (M-19, FARC-EP) y a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), no obstante, los dos últimos grupos en procesos de desmovilización y reincorporación no han sido suficientemente exitosos; parte de los integrantes de las AUC se ha reintegrado a otros grupos delincuenciales y parte de los firmantes del Acuerdo de Paz, al no encontrar garantías de seguridad en los espacios de reincorporación y por la tendencia de la llegada de otros grupos armados a territorios despejados (con reincorporación), retomaron sus estructuras, estrategias y tácticas armadas de control y dominio territorial donde los cultivos de hoja de coca están en crecimiento (asegurando su refinanciamiento).
En ese sentido, la tesis del fracaso del Acuerdo de Paz del Estado con las FARC-EP, bajo el análisis de su impacto real en territorios estratégicos dominados históricamente por actores bélicos, es real y comprobable, tal como ocurre en el municipio de Policarpa, ubicado en la subregión de la cordillera en el departamento de Nariño, lugar donde las disidencias de las FARC-EP mantienen uno de los bloques más importantes de la región, el Frente Franco Benavides, bajo lógicas de control social, territorial, de las economías ilegales e, incluso, de las dinámicas institucionales.
La disputa y dominio territorial en la subregión de la cordillera (cubriendo Policarpa) de las disidencias de las FARC-EP con las Autodefensas Unidas de Colombia y la fuerza pública intensifica las restricciones a la libertad, controles rígidos (manuales de convivencia), amenazas, retenciones ilegales, desplazamiento forzado, desapariciones, reclutamientos, homicidios y demás afectaciones a los derechos humanos y al DIH.
Las vulneraciones, riesgos y violaciones de derechos humanos son comprobables a partir de dos fuentes: por un lado, fuentes secundarias relacionadas con informes y alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, los reportes de personerías municipales y del Registro Único de Víctimas; y, por el otro, fuentes primarias resultado de testimonios de las mujeres que dan cuenta de sus experiencias organizativas, de resistencia e incidencia en medio de escenarios restringidos de control del actor armado, y del trabajo de campo de los investigadores como observadores, escuchas y testigos de casos de homicidios, retenciones arbitrarias y presiones a las familias y a las juntas de acción comunal. La hermenéutica en doble vía, textos, informes, reportes y testimonios de los actores de la investigación, confirma una intensificación de vulnerabilidades y violación de los derechos humanos que torna al municipio en una zona frágil y de alto riesgo.
Posterior a la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, en Policarpa se reportan continuos actos de violación de derechos humanos, dejando como resultado cinco hechos victimizantes con impacto negativo en la vida, dignidad e integridad de las mujeres de Policarpa, los cuales fueron presentados al inicio del texto en orden de importancia porcentual (delitos en contra de la libertad e integridad sexual, amenazas por exigencias y liderazgos, desplazamiento forzado, desaparición forzada y feminicidios provocados por los actores armados).
Es de resaltar que los hechos victimizantes no revelan las situaciones procesuales que afrontan las mujeres (presión, control territorial, de la vida y la corporeidad, restricción a la libertad de expresión y de movilidad, limitaciones al reto de asociarse, entre otras) y las formas de tramitarlas desde su imaginación ética, identitaria y política, lo que facilita la invisibilización de sus formas de sobrevivencia, mimetismo, resistencia e incidencia, que logran reducir y transformar las presiones y amenazas en alternativas para permanecer en el territorio. Así pues, se constata que hay un sobreexceso de producción de información que da cuenta de la sistematicidad de violación de derechos, pero, a la vez, un vacío profundo sobre lectura de los testimonios y experiencias de las mujeres que actúan de manera resiliente en medio del control y dominio de sus vidas y territorios.
Finalmente, se constata que las mujeres, además de ser las más afectadas por el conflicto armado, son sobrevivientes, víctimas, testigos y actoras clave para construir paz local desde sus procesos de resistencia, acciones colectivas y movilización. Son fuente primaria capaz de relatar lo que les pasa como testimonio de daño y violación de derechos humanos (en tiempos de implementación de un acuerdo de paz). Son sobrevivientes de delitos degradantes e inhumanos que se reproducen en un territorio que tiende a reciclar formas de reconfiguración armada y de producción de violencia, y que, aun a pesar de ello, avizoran un horizonte de cambio desde su propia actuación.
Y son en especial actoras de paz en medio del control territorial, de la confrontación armada y de las tentativas de construcción de paz del Estado con los actores armados ilegales, resaltando su capacidad de mimetismo, deliberación en el riesgo, fomento de la organización, construcción de identidad de género, gestión de procesos e incidencia a varios niveles comunitarios e institucionales, con el fin de crear un entorno de autoprotección y de movilización en defensa de sus derechos fundamentales a la dignidad, integridad y libertad.
En consecuencia, las mujeres son testigos y testimonio de un conflicto nefasto para la sociedad, de un Estado frágil en sus territorios y de creación de paz bajo su autoría, con base en una hermenéutica de sí mismas que da cuenta sobre aquello que les pasa por la presencia de actores armados arbitrarios y violentos, pero también que evidencia lo que ellas piensan y hacen que pase en potencia a favor de sus vidas, es decir, como acto creador de cuidado de su propia existencia en medio de la barbarie. Por consiguiente, ellas, con base en sus distintas estrategias, experiencias y retos, son sujetos colectivos de paz, dignas de ser comprendidas, protegidas e impulsadas en sus retos regionales.