Sección general

Extractivismo y expulsiones en las regiones Chaqueña y Metropolitana de Buenos Aires: una propuesta en el debate sobre migraciones y desplazamientos ambientales

Extractivism and Expulsions in the Chaco and Metropolitan Regions of Buenos Aires: A Proposal in the Debate on Migrations and Environmental Displacements

Extrativismo e expulsões nas regiões Chaqueña e Metropolitana de Buenos Aires: uma proposta no debate sobre migrações e deslocamentos ambientais

Malena Castilla*

Recibido: 28 de abril de 2023

Aprobado: 6 de febrero de 2024

https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/territorios/a.13172

Para citar este artículo

Castilla, M. (2024). Extractivismo y expulsiones en las regiones Chaqueña y Metropolitana de Buenos Aires: una propuesta en el debate sobre migraciones y desplazamientos ambientales. Territorios, (51), 1-27. https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/territorios/a.13172

Universidad del Rosario

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional.

Resumen

El desarrollo del modelo extractivista en Argentina causa numerosas consecuencias en los territorios y seres humanos y no humanos que en ellos habitan. Los cambios en el uso de suelo, las infraestructuras del ‘desarrollo’, los paquetes tecnológicos y el acaparamiento territorial expulsan a sus habitantes a otras zonas del país, generalmente urbanas, donde, lejos de encontrar mejores condiciones de habitabilidad, profundizan las desigualdades existentes. En este sentido, nos proponemos en este artículo analizar aquellas movilidades que tienen por protagonistas a integrantes de pueblos indígenas, a partir de describir los escenarios ambientales de los cuales son expulsados, fundamentalmente en la región chaqueña, y los territorios de destino donde convergen estos colectivos, centrándonos en la Región Metropolitana de Buenos Aires. Este artículo se sustenta en la información obtenida en investigaciones precedentes, trabajos y notas de campo, entrevistas en profundidad, análisis de fuentes estadísticas, datos cartográficos y literatura especializada en la temática.

Palabras clave

Extractivismo; indígenas; migración; ambiente; expulsiones.

Abstract

The development of the extractivist model in Argentina has numerous consequences for the territories and the human and non-human beings that inhabit them. Changes in land use, ‘development’ infrastructures, technological packages and land grabbing expel their inhabitants to other areas of the country, generally urban, where, far from finding better living conditions, they deepen existing inequalities. In this sense, we propose in this article to analyse those mobilities that involve members of indigenous peoples by describing the environmental scenarios from which they are expelled, mainly in the Chaco region, and the destination territories where these groups converge, focusing on the Metropolitan Region of Buenos Aires. This article is based on information obtained from previous research, fieldwork and field notes, in-depth interviews, analysis of statistical sources, cartographic data and specialised literature on the subject.

Keywords

Extractivism; Indigenous people; migration; environment; expulsions.

Resumo

O desenvolvimento do modelo extrativista na Argentina acarreta inúmeras consequências para os territórios e para os seres humanos e não humanos que os habitam. As mudanças no uso do solo, as infraestruturas de ‘desenvolvimento’, os pacotes tecnológicos e a proteção territorial expulsam os seus habitantes para outras áreas do país, geralmente urbanas, onde, sendo difícil encontrar melhores condições de habitação, aprofundam as desigualdades existentes. Nesse sentido, propomos neste artigo analisar os movimentos migratórios que tem como protagonistas os povos indígenas, a partir da descrição dos cenários ambientais de onde são expulsos, fundamentalmente na região Chaqueña, e dos territórios de destino para onde convergem esses grupos, centrado na Região Metropolitana de Buenos Aires. Este artigo baseia-se em informações obtidas em pesquisas anteriores, trabalhos e anotações de campo, entrevistas em profundidade, análise de fontes estatísticas, dados cartográficos e literatura especializada sobre o tema.

Palavras-chave

Extrativismo; indígenas; migração; ambiente; expulsões.

Introducción

Las migraciones y movilidades de los pueblos son fenómenos que llevan décadas de estudio en el mundo, sin embargo, aquellas causadas por conflictos ambientales y el denominado ‘cambio climático’ se tornan de interés a fines del siglo xx de la mano de organismos internacionales (Carassou, 2006; Black, 2011; Laczko & Aghazarm, 2009; oim, 2017). A nivel global existen instrumentos y acuerdos, impulsados generalmente por la Organización de las Naciones Unidas (onu), a través de los cuales se abordan las movilidades humanas por consecuencias ‘climáticas’.

Tal es así que año a año se han generado diversos compromisos y pactos entre los Estados miembros que conforman dicha organización. Este es el ejemplo del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030;1 la Iniciativa Nansen en ese mismo año;2 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el Compromiso de Ginebra sobre Derechos Humanos en la Acción Climática, realizado en 2015;3 la Declaración de Nueva York para los Refugiados y Migrantes de 2016; y el Pacto Mundial sobre los Refugiados en 2018.4

Sin embargo, Argentina no posee una gran cantidad de tratados firmados, ni cuenta con políticas ambientales destinadas a diagnosticar o trabajar en torno a estas problemáticas. Justamente, en este país, la “huella ecológica”5 es mayor respecto a los niveles anuales estimados y en junio de 2022 se consumieron todos los recursos naturales disponibles.6 Ello es resultado de la implementación de proyectos (mal denominados) de ‘desarrollo económico productivo’, que han propiciado inseguras condiciones de habitabilidad entre los pobladores, contaminación, desigualdad y exclusión, que expulsan a muchos de los habitantes a grandes conglomerados urbanos (Svampa, 2014).

En Argentina, el acceso y uso de la tierra y bienes comunes se presenta como una variable de conflicto emergente, en la que los principales actores afectados son los pueblos originarios y los pequeños productores campesinos. Los desmontes, la escasez hídrica —para los habitantes que no cuentan con las tecnologías necesarias—, las insuficientes o no aptas infraestructuras —para las características territoriales y necesidades sociales—, los déficits en el sistema sanitario, la permanente contaminación y las políticas públicas ineficaces convierten a estos territorios en zonas de sacrificio inhabitables para las comunidades (Lerner, 2012).

Dichas zonas están signadas por la explotación y desigualdad en el acceso, uso y distribución de la naturaleza para los actores que en ellos habitan. Es decir, en la implementación de modelos extractivo y de (mal) desarrollo, se producen nuevas territorialidades en las que imperan lógicas de control y dominación insostenibles que no solo desvalorizan otras formas de producir, conocer y vivir estos espacios, sino también las vidas que en ellas convergen, como son los seres humanos y no humanos.7

Siguiendo la literatura proveniente de la geografía crítica (Raffestin, 1993), entendemos que dichas zonas se transforman en espacios apropiados en los cuales confluyen relaciones de poder —por la multiplicidad de actores e intereses contrapuestos— que se despliegan de manera constante, generando nuevas territorialidades en permanente tensión que se disputan el control de la naturaleza a partir de la implementación de modelos extractivos como el agronegocio. En otras palabras, consideramos a estas zonas de sacrificio como territorios donde se intersecan múltiples territorialidades, es decir, diversas formas de organizarse, trabajar y habitar (Haesbaert, 2016; Wahren, 2021).

En estos territorios, existen y se vincu­lan una multiplicidad de actores que comparte, en mayor o menor medida, la responsabilidad sobre los impactos en el ambiente y las personas. Tal como mencionamos antes, entre los principales afectados se encuentran las poblaciones indígenas y campesinas, que, en algunos casos, se ven obligadas a habitar sus tierras ahora contaminadas y degradadas o a migrar, ya sea por cuestiones ambientales generadas por dichos modelos extractivos o por la violencia directa que se ejerce sobre sus cuerpos (Castilla, 2021; Zarrilli, 2016). Parte de tales movilidades se efectúa a los grandes conglomerados urbanos, como la Región Metropolitana de Buenos Aires, donde, desde la década de 1950, se han asentado y organizado con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida, trabajo, habitabilidad y salud (Maidana, 2012; Tamagno, 2003; Weiss et al., 2013).

Desde la perspectiva de la antropología social y enmarcados en los debates referidos a la ecología política (Martínez Alier, 2015; Alimonda et al., 2017; Merlinsky, 2021), nos proponemos describir dichos escenarios, fundamentalmente de la Región Chaqueña y de la Región Metropolitana de Buenos Aires (rmba), en las cuales venimos desde hace más de una década trabajando en diferentes investigaciones.

Para ello, nos centraremos, a partir de estudios precedentes (Castilla, 2021, 2022) en aquellas movilidades protagonizadas por integrantes de los pueblos indígenas, atendiendo a las injusticias ambientales (Martínez Alier, 2001; Boelens et al., 2011) que se desarrollan tanto en los territorios de origen como en los destinos en los cuales convergen estos colectivos (Castillo, 2011; Gavazzo, 2021 2020).

Para esto recuperaremos más de quince fragmentos de entrevistas presenciales y virtuales —efectuadas durante el período que duró el aislamiento por el Covid-19— realizadas a integrantes de los pueblos indígenas de la Región Chaqueña y de la rmba, a funcionarios de organismos gubernamentales y a agencias internacionales, así como notas de campo tomadas en encuentros y registros de observación participante. Si bien nuestro trabajo en las regiones aquí analizadas es de hace más de una década (2011-2024), el estudio de la documentación obtenida en los trabajos de campo es permanente, aunque esta no esté citada en estas páginas.

Cabe destacar que, a lo largo del artículo, se encontrarán mapas que se realizaron mediante el Sistema de Información Geográfica, en el marco de esta investigación, a partir de la utilización de fuentes disponibles referidas a censos poblacionales, encuestas de hogares que miden los niveles de necesidades insatisfechas que posee la población, como también la búsqueda y sistematización de los principales conflictos ambientales que existen en los territorios, generados por organismos públicos u organizaciones no gubernamentales. Este análisis nos permite observar y complementar con la información obtenida en los trabajos de campo y sistematizada en la literatura especializada.

También, el estudio de fuentes provenientes de informes elaborados por entes estatales e internacionales, censos poblacionales y medios de comunicación fue clave para el desarrollo de este trabajo. Para ello, retomaremos informes de organismos que tratan con la problemática aquí referida, como la onu, la Organización Internacional para las Migraciones, el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno y la Unión Europea. Cabe destacar que el lector encontrará en el documento referencias textuales de entrevistas y notas de campo que corresponden a anotaciones recogidas en entrevistas, reuniones o espacios de intercambio. Así mismo, el uso de literatura especializada a lo largo de todo el trabajo acompaña y sustenta nuestra línea argumental.

Antes de mencionar la estructura de este texto, nos parece sumamente relevante explicitar que en Argentina la problematización de este fenómeno es reciente y en cierta forma novedosa. Entre las entrevistas que efectuamos a los organismos competentes en la materia, tanto nacionales como internacionales, los funcionarios afirman no contar con datos oficiales ni informes referidos a esta problemática en el país. Por ello, este ar­tículo propone desafiar y ampliar las investigaciones existentes a partir del análisis de dos regiones que están comenzando a ser de interés para estos organismos dada la creciente conflictividad ambiental, climática y territorial.

Respecto a la estructura de este artículo, los lectores podrán hallar cinco acápites, además de esta introducción y el apartado bibliográfico. En el primero, revisaremos conceptos clave y presentaremos una propuesta en inicial definición. Seguidamente, en el segundo apartado, describiremos el escenario en el cual se implementó un modelo extractivista en la Región Chaqueña, que provocó, entre otras consecuencias, la transformación de la naturaleza, el impacto en el ambiente y clima de la región, y la expulsión de parte de su población.

En el tercer acápite, nos centramos en la rmba, donde parte de los actores —fundamentalmente integrantes de los pueblos indígenas— se han asentado en territorios ambientalmente degradados, con índices de extrema vulneración. En la cuarta sección del artículo, esbozaremos algunas iniciativas internacionales interesadas en analizar una problemática de la cual —aparentemente— no se tienen datos ni diagnósticos, pero que agencias y organismos internacionales están dispuestas a analizar y financiar. Por último, al cerrar este documento, se exponen algunas reflexiones finales a partir de lo analizado en este trabajo.

Algunas consideraciones conceptuales y estadísticas

Definir las migraciones siempre ha resultado un tema complejo, dado que es un fenómeno multicausal y, si se centrase en un solo aspecto, no sería posible ver las condiciones en las que emergen los desplazamientos, movilidades y expulsiones de ciertos sectores poblacionales (Castillo, 2011). En tal sentido, al referirse a cuestiones ambientales se tiene en miras el cambio climático, el cual también conlleva un amplio debate sobre su origen y causas. Algunas de las nominaciones sobre estas movilidades son: migrantes climáticos, migrantes ambientales, refugiados ambientales, refugiados por razones ambientales, ecomigraciones, entre otras (Villamar, 2021).

Entendemos que la importancia de poder definir y conceptualizar correctamente este proceso refiere a las variables jurídicas, financieras, políticas, económicas, ideológicas, etc., que entran en juego y con ello a las acciones políticas y de desarrollo que se efectivizan y financian. Pajares (2020) afirma al respecto: “Las limitaciones a la hora de definir la figura de refugiado, migrante o desplazado, por causas del calentamiento global, derivan de la discusión política sobre quién debe hacerse cargo de las responsabilidades surgidas en estos movimientos poblacionales. Se trata de dificultades políticas y económicas más que semánticas, ya que estos conceptos no son especialmente complicados de definir” (p. 12).

Tal como se sostiene en la cita, la forma de nominar continúa siendo objeto de disputa y, por este motivo, nos interesa analizar la definición esgrimida por la Organización Internacional para las Migraciones (oim), dado que es la empleada por un organismo de renombre internacional como lo son las Naciones Unidas: “Los migrantes por motivos ambientales son personas o grupos de personas que, por razones de cambios repentinos o progresivos del medio ambiente que afectan adversamente su vida o sus condiciones de vida, se ven obligados a abandonar sus lugares de residencia habituales o deciden hacerlo ya sea con carácter temporal o permanente, y que se trasladan a otro lugar de su propio país o al extranjero” (oim, 2019, la cursiva es nuestra).8

Como podemos observar en esta definición, hay dos cuestiones que resaltar y se refieren al carácter descontextualizado y despersonalizado que se les otorga a las causas y a los causantes de la migración y los ‘motivos ambientales’. Según la oim, existirían cambios en el ambiente y situaciones ante los cuales la población se ve obligada a migrar sin dar cuenta de las agencias y responsabilidades que tienen de ello los Estados, empresas, agencias de crédito internacional, entre otros. En ese sentido, entendemos que gran parte de estos “cambios repentinos o progresivos”, tal como los define la oim, son el resultado de la implementación de modelos extractivistas vinculados, fundamentalmente, al agronegocio, la industria hidrocarburífera, madereras, inmobiliaria, entre otros (Castilla, 2021; Pajares, 2020).

A su vez, las definiciones acerca de la migración ambiental propuestas por tales organismos nos permiten contraponerlas con aquellas conceptualizaciones que realizó Nixon (2011) sobre los procesos de violencia lenta, en los que la población no solo es sometida a experiencias tóxicas determinadas (Auyero & Swistun, 2007), sino también a injusticias de larga duración y que causan los altos niveles de pobreza estructural, las irregularidades territoriales, la ausencia de infraestructuras hídricas y de saneamiento eficaces, así como el incumplimiento de derechos humanos, territoriales y ambientales, entre otros.

Consideramos por ello que las definiciones que refieran a los ‘migrantes ambientales’ deben explicitar los procesos a partir de los cuales los habitantes fueron obligados a movilizarse. En este orden de ideas, debe tenerse en cuenta el acaparamiento territorial, hídrico y green grabbing;9 el déficit de gestión pública de infraestructuras y tecnologías de agua; desmontes, fumigaciones, cambio de suelos y clima por el avance extractivista de los modelos del (mal) desarrollo (Svampa, 2014); la conversión de espacios habitables, productivos, vividos y sentidos en zonas de sacrificio; y la connivencia existente —muchas veces— entre organismos gubernamentales, agencias de crédito internacional, empresas nacionales y transnacionales, y organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil (Castilla, 2021).

Nos parece importante en este trabajo referirnos a los actores como expulsados, explicitando en dicha nominación la acción cometida por sujetos, ya sean estatales, empresarios u otros, que obliga —de manera directa o indirecta— a los actores a movilizarse a un lugar diferente al de pertenencia en busca de mejores condiciones de vida.

Si bien existe cierto consenso, aunque aún en debate —sobre todo entre agentes gubernamentales y organismos internacionales—, acerca del uso conceptual del término de desplazados, en diversos diccionarios de habla hispana, se refiere a estas personas como “inadaptadas, que no se ajustan al ambiente o a las circunstancias”.10 A este respecto, siguiendo lo propuesto por autores como Sassen (2015), referirnos a estos procesos como expulsiones en lugar de desplazamientos nos permite abordarlos desde la crítica al sistema capitalista, que genera altos niveles de desigualdad e invisibilización producto de las acciones, técnicas, dispositivos e instituciones predatorios que implementa.

De tal manera, al explicitar la nominación de expulsados (que, según estos mismos diccionarios, se refiere a “echar a una persona de un lugar”), consideramos que contempla la idea de un tipo de intervención sobre los cuerpos, modos de vida y creencias, ya sea a través de mecanismos de violencia lenta, estructural o directa (Nixon, 2011), que obliga —o no deja muchas alternativas— a movilizarse a otros territorios donde, por lo general, encuentran peores condiciones de habitabilidad, incrementando así sus trayectorias de contaminación, vulneración y sufrimiento.

Así mismo, la categoría de expulsados permite pensar las injusticias y posibilidades que tienen los actores de disputar y luchar por esa acción desigual, a través de la consolidación de estrategias de resistencia y negociación acerca de sus existencias y permanencias (Castillo, 2011; Varela Huerta, 2015). Es por ello que, a lo largo de este trabajo, se encontrarán referencias a personas que se han movilizado de un área a otra, producto de la expulsión de sus territorios, reforzando esta definición e idea de acto violento que ejercen los modelos extractivos —en convivencia con otros actores— sobre los territorios y cuerpos de las personas que los habitan.

Igualmente, advertimos que no todos los movimientos de personas se refieren a las expulsiones ambientales —lo cual debería ser analizado por el Estado mediante una política que se proponga conocer dichos fenómenos, pasados, presentes y futuros—; por ello, al analizar los datos nos referiremos a personas que se han movilizado de un lugar a otro, entendiendo siempre a estas como expulsiones producto de la transformación sobre los territorios y cuerpos de las personas que en ellos habitan.

Es decir, cuando el clima, ambiente, territorios y acceso a los bienes comunes se transforma de manera negativa, aumentando los niveles de desigualdad y vulneración, y las políticas gubernamentales no acompañan desde la mitigación y adaptación estas transformaciones, la población en riesgo se ve violentada y expulsada de estos territorios, que se convierten en zonas de sacrificio e inhabitables para ellos.

Es menester explicitar que, si bien no existen estadísticas oficiales acerca de la cantidad de expulsiones internas que se producen por la implementación de modelos extractivos y de los conflictos ambientales que estos generan, sí sabemos que 60 millones de personas en el mundo se han movilizado desde zonas rurales a ciudades por estos motivos (Pajares, 2020). De acuerdo con la onu (2018), las migraciones a causa del ‘cambio climático’ se han acrecentado un 60 % desde la década de 1990, protagonizadas por la población rural: “Los desplazamientos debidos al cambio climático aumentan un 60 %. La media de personas que ha tenido que abandonar su hogar debido a sequías e inundaciones desde 1970 es de 26,4 millones por año”.11

Estos datos se reflejan en los estudios que hicieron desde el International Displacement Monitoring Centre (­idmc),12 donde —a pesar de que la información presentada en esta página carece de referencias para hacer un diagnóstico completo—, luego de un trabajo de procesamiento y análisis que realizamos para este artículo, se puede observar que, de los 159 466 desplazamientos internos que se dan en Argentina entre el período 2008 y 2021, cerca de 72 130 corresponden a movilidades que se efectuaron desde las provincias del Chaco, Salta, Santiago del Estero, Formosa, Córdoba, Corrientes, Santa Fe, Tucumán, La Rioja y Entre Ríos, a raíz de eventos climáticos fundamentalmente hídricos.

Si bien la información no aparece desagregada y no existen variables que expliciten el origen de las personas; cuántas veces se desplazaron; cuál es el destino de dichos desplazados o si existió el retorno a su lugar de origen, nos parece interesante dar cuenta de que cerca del 45,23 % de los desplazamientos por desastres ambientales se produjo en las provincias antes mencionadas, y, de ese porcentaje, el 39,60 % pertenece a la región Chaqueña (Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero).

Cabe destacar que esta información se refiere a eventos puntuales y no analiza aquellos desplazamientos que se van dando a lo largo del tiempo producto de situaciones como sequías o transformaciones debidas al avance extractivista. Es decir, inundaciones, tornados, tsunamis son algunos de los eventos que este organismo cataloga como ‘desastres más grandes’ dado sus impactos y que en Argentina no son particularmente usuales, tal como señaló en una entrevista uno de los responsables del monitoreo de desplazamientos en América Latina. Así mismo, como ya fue mencionado, no existe una búsqueda y sistematización sobre las movilidades en torno a estas problemáticas o conflictos territoriales en el país.

Según nuestros entrevistados del ­idmc, la información la obtienen a través de datos gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil —aunque destacaron que estos son escasos y carentes de respaldo—, académicos —que, en muchos casos en Argentina, no abordan detalladamente estos fenómenos—, medios de comunicación (principalmente: periódicos argentinos como La Nación, Clarín, y diario La Voz, de la provincia de Córdoba) y alertas de Google. Del mismo modo, conforme con esta entrevista, los organismos de gobierno, nacionales y provinciales son los que menos datos proveen al idmc (notas de campo, agosto 2022).

Luego de esta salvedad conceptual y reiterando que el presente trabajo se enmarca en un contexto en el que no existe abundante información en Argentina sobre dicho fenómeno —ni se ha sistematizado por los organismos internacionales dedicados a la materia—, nos proponemos abordarlo en este texto, de corte exploratorio, desde una mirada analítica y conceptual que desafía las categorías existentes, para debatir sobre los acontecimientos y efectos que existen en la región y su población.

“La tierra acá ya no sirve más”: extractivismo histórico en la Región Chaqueña

Desde la consolidación del Estado-nación y el establecimiento de sus fronteras —fundamentalmente luego de la Guerra de la Triple Alianza (1865-1870)—, la Región Chaqueña se configuró a través de la instalación de industrias (algodoneras, tanineras, forestales, hidrocarburíferas y agroganaderas, principalmente, entre otras) y de un entramado vial que permitió la explotación y exportación de productos primarios al mercado mundial (Porcelli, 1991).

A partir del acaparamiento territorial e hídrico en la región (en gran parte de los casos habitados por comunidades indígenas y campesinas), el avance de empresas fue ganando espacio y consolidándose como indispensable para la economía nacional, primero a partir de la industria forestal —fines del siglo xix hasta mediados del xx— y más tarde, con la producción de algodón, en algunas regiones como la provincia del Chaco (Zarrilli, 2016).

Más tarde, en la década de 1960, estas producciones fueron reemplazadas por maíz, poroto y sorgo, hasta la década de 1980, cuando se estableció la mayor retracción de la industria a nivel nacional; y diez años después, en 1990, de la mano de capitales regionales e internacionales, el avance tecnológico alcanzó su pico frente a la producción de transgénicos como la soja rr (García, 2007). Desde entonces, el proceso de sojización, en la Región Chaqueña —en particular—, se incrementó año a año, provocando transformaciones productivas y escenarios infernales en los territorios.

Un dirigente indígena de la provincia del Chaco afirmaba: “Anteriormente, sí había algodonales, por todos lados. Y todo eso era trabajo de nosotros, toda la comunidad, desde la siembra de algodón a los 20 o 30 días que empezaba la carpiada. Después había carpiada de sandía, zapallo, cebolla y así todo ese tipo de hortaliza. Más antes había trabajo. Ahora no hay algodón, ni sandía, no hay zapallo. No hay nada, solo soja” (entrevista a dirigente indígena qom de Chaco, agosto de 2014).

Este proceso se dio a partir de la pérdida de superficie boscosa en la región (figura 1), que estuvo sustentada en el avance de la frontera agropecuaria, aun desde la sanción en 2007 de la Ley Nacional 26331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y de las leyes de ordenamiento territorial de bosques nativos en cada provincia de la región. Tal es así que, en el país, según la onu, entre 1990 y 2015 se perdieron cerca de 7,6 millones de hectáreas (ha), ubicando a Argentina en 1 de los 10 países con más desmontes del mundo.13

Figura 1. Pérdida de bosques nativos en la Región Chaqueña

Fuente: elaboración de la autora a partir de la capa de desmontes del Chaco Seco (http://monitoreodesmonte.com.ar/).

De acuerdo con los datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, entre 1998 y 2018 se deforestaron más de 6,5 millones ha de bosques nativos en Argentina, siendo el 43 % de dicha explotación dentro del período de vigencia de la mencionada ley: cerca del 80 % de esas deforestaciones fue en la Región Chaqueña (MAyDS, 2020; Greenpeace, 2021). Al respecto, una integrante del pueblo qom de la provincia del Chaco sostuvo: “Acá sigue el desmonte, acá en la zona no hay más árboles grandes, cortaron todo. La tierra acá ya no sirve más, yo siembro y no sirve. Porque todo el tiempo sé que siembra y siembra y llega un momento donde no da más” (conversación telefónica con una integrante del pueblo qom del Chaco, 20 de abril de 2021).

Es a partir de este proceso que las provincias involucradas en esta región14 han extendido la superficie de cultivo, fundamentalmente desde el momento en que las semillas transgénicas pasaron a ser el principal producto comodín (Borras & Franco, 2010). Conforme con la campaña agrícola de 2020/2021, la producción de maíz representó en la región cerca del 14 % de la superficie total del país, mientras que la soja ocupó más del 12 %.15 Tal como fue mencionado en la introducción, los avances en las superficies implantadas con productos transgénicos no generaron transformaciones positivas en los modos de vida local y territorial.

Parte de dichos territorios, como la Región Chaqueña aquí trabajada, se encuentran degradados a raíz de las transformaciones en los suelos y clima, y su población ha sido arrinconada sin acceso a tierras productivas ni fuentes de agua segura para el consumo y uso (Castilla & Schmidt, 2021). Así mismo, las transformaciones climáticas y de suelos también interfieren en la utilización y cantidad de agrotóxicos destinados a los cultivos del agronegocio, al igual que la utilización de bienes como el agua, sobre todo en una ecorregión con una fuerte escasez hídrica como es la Chaqueña.

En tal sentido, fertilizantes, pesticidas, herbicidas, entre otros químicos, son en cada campaña usados de manera indiscriminada a pesar de las reglamentaciones vigentes en la región, ocasionando afectaciones presentes y futuras en la salud de las personas, la flora, la fauna, el aire, el agua y el suelo (Seveso, 2020). Un dirigente indígena de la provincia del Chaco explicaba sobre la problemática hídrica y la contaminación:

En la provincia ya no existe la producción para nosotros. Más antes, cuando yo tenía este terreno nos íbamos a los pueblos vecinos o parajes a ayudar a la cosecha, pero ahora no hay más nada. Vacas y soja. Aparte de eso, la sequía, en este momento, ahora… y desde hace muchos años es así… muchos tienen la voluntad de trabajar en la cosecha, pero si no tenemos agua cómo hacemos. Para nosotros la seca hizo estragos. Más encima fumigan hace años acá, está todo contaminado, hasta hicieron estudios y muestran eso, no se puede tomar más el agua que queda (entrevista a dirigente indígena qom del Chaco, julio de 2018).

Tal como hicimos mención, y recupera el dirigente indígena en su relato, la cuestión hídrica se presenta como uno de los principales problemas en la región, tanto para la realización de proyectos productivos como para el consumo humano. En este escenario, una serie de proyectos financiados por agencias de crédito internacional, como son el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, se han ejecutado en la zona con el objetivo de garantizar infraestructuras y tecnologías propicias para aumentar la productividad y comercialización regional e internacional.

De la mano de propuestas presentadas en el marco de proyectos como la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (iirsa), creada en el año 2000, se confeccionaron una serie de estrategias regionales para potenciar las diferentes industrias agroganaderas, madereras, hidrocarburíferas, entre otras (Álvarez, 2021). Entre las acciones ejecutadas en la Región Chaqueña (que integra el eje capricornio de esta iniciativa), se encuentran las obras e infraestructura viales, férreas, portuarias e hídricas, con sistemas de riego, plantas potabilizadoras y acueductos, para garantizar el acaparamiento y abastecimiento en aquellos emprendimientos extractivos y productores de commodities.

Al igual que definimos en otros trabajos de nuestra autoría (Castilla & Schmidt, 2021), entendemos el acaparamiento como la apropiación y control que ejerce un sector —principalmente empresarios en connivencia con actores gubernamentales— de los bienes comunes, como pueden ser grandes extensiones de tierra o agua, arrogándose el uso, acceso y derechos sobre estos. Así mismo, tal acaparamiento profundiza los niveles de desigualdad, dado que implica, a su vez, el control, captación y posibilidad de definir de qué modos, para quiénes y dónde se utilizan y consumen esos recursos como el agua (Franco et al., 2013).

Además de ello, parte de los territorios hidrosociales han modificado su paisaje a raíz de la realización de dichas infraestructuras (Camargo & Camacho, 2019):

Nosotros envidiamos mucho a la defensa que se construyó, porque cuando [se] crece el Bermejo choca esa pared y ahí queda, en cambio, cuando antes no estaba eso, cuando había creciente en el Bermejo, el agua venía por acá y bañaba toda esta parte y cruzaba la ruta y se llenaban todas las cañadas, esteros, lagunas. Los productores de ahí la hicieron, ellos la regulan. Si abren la compuerta para dar agua a la cañada se le va a quedar al dueño del campo de ahí y no quiere que se le inunde el pasto que los animales comen. Los productores se quejaban de que se les inundaban los campos, construyeron un canal para que el agua cambie el curso y hoy día esa zona no tiene agua para tomar (entrevista a dirigente indígena qom del Chaco, julio del 2018).

Como podemos observar, gran parte de las consecuencias de la implantación de este tipo de modelos extractivos, acompañados por las infraestructuras y tecnologías que financian las agencias de crédito, provocan el acorralamiento y expulsión de parte de la población local a zonas con baja productividad o a otras áreas del país, fundamentalmente los conglomerados urbanos. Con relación a esto, autores que trabajan sobre este tema han definido que dichas expulsiones pueden definirse como “desplazamientos por desarrollo”, que implican el abandono de territorios inhabitables por la construcción de obras de infraestructuras o sus impactos (Castillo, 2011; Dun et al., 2021).

Es de resaltar que parte de la población más afectada por estas políticas de (mal) desarrollo se refiere a las comunidades indígenas y campesinas ubicadas en áreas rurales: en la Región Chaqueña habita cerca del 25 % de población originaria del país. Las transformaciones mencionadas anteriormente en esta región no solo han provocado cambios en el uso y acceso a los territorios rurales y periurbanos, sino también un fuerte impacto en los conglomerados urbanos, producto de las movilidades internas hacia ellos.

Al analizar los censos de población hechos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (indec), observamos que el crecimiento poblacional entre censos (1980-2010) en zonas urbanas fue en aumento, mientras que la población rural decreció entre décadas. En tal sentido, la población rural de la región en 1980 representaba un 38,95 % y la urbana, el 61,04 %. Ahora bien, durante 2010, estos porcentajes variaron significativamente. Mientras en ámbitos rurales la población representó el 18,89 %, la población en ámbitos urbanos ascendió al 81,11 %.

En este sentido, no sería acertado concluir que la población de la Región Chaqueña ubicada en áreas rurales se haya movilizado exclusivamente a las áreas urbanas de dichas provincias, dado que diversos autores (Corbetta & Rosas, 2017; Hecht, 2011; Maidana, 2013; Tamagno, 2013; Weiss et al., 2013) sostienen que conglomerados como la rmba, entre otras, como Rosario, han sido el destino de gran parte de los migrantes desde la década de 1950 en adelante.

Luego de analizar en este apartado las consecuencias ambientales, territoriales o sociodemográficas de esta región a partir del avance de las fronteras extractivas, veremos en el próximo acápite el escenario al cual los protagonistas de las historias de vida migraron y las condiciones de habitabilidad en las que se encuentran. En las entrevistas, los actores sostienen que sus movilidades de ámbitos rurales a centros urbanos estuvieron motivadas por los impactos en la naturaleza o conflictos ambientales en sus territorios, así como por las condiciones de degradación ambiental, pobreza, marginación y hacinamiento en que se hallan actualmente.

La Región Metropolitana de Buenos Aires: zona de sacrificio receptora de población expulsada

En este apartado nos proponemos analizar —a partir de entrevistas realizadas a integrantes de pueblos indígenas con los que nos vinculamos en la Región Metropolitana de Buenos Aires (rmba) y la Región Chaqueña— las transformaciones ambientales y disputas territoriales que provocaron la expulsión y movilidad de integrantes de los pueblos originarios, principalmente. Respecto a ello, retomaremos algunos análisis socioeconómicos y ambientales para dar cuenta de las conflictividades que emergen en la rmba y afectan, en especial, a esta población.

Antes de continuar, nos parece importante mencionar que la rmba, en contraposición con la Región Chaqueña antes referida, posee una gran cantidad de superficie urbanizada en la cual habitan cerca de 15 millones de habitantes, según los datos del último censo poblacional (indec, 2010). Esta región, con una superficie aproximada de 6000 kilómetros cuadrados, comprende el área correspondiente al Gran Buenos Aires (conformado por 24 partidos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y otros 16 partidos de la provincia de Buenos Aires. Múltiples cuencas hídricas, ríos y arroyos subsidiarios confluyen y atraviesan esta región —entre ellas los ríos Luján, Reconquista y Matanza—, en los cuales navegan diferentes contaminantes producto de las actividades agropecuarias, industriales y domiciliaras (Rotger, 2017).

De la población total de esta región, encontramos que 248 516 habitantes se autoadscriben como integrantes de un pueblo indígena y representan el 26 % de la población originaria del país (que tiene un total de 955 032 personas). del mismo modo, siguiendo los datos publicados, la cantidad de personas que habitan en la rmba y nacieron en otras provincias de la República Argentina constituyen cerca del 39 % del total (indec, 2010).

Tal como ya fue establecido, las migraciones protagonizadas por integrantes de los pueblos indígenas en Argentina han sido abordadas por diversos especialistas (Corbetta & Rosas, 2017; Hecht, 2011; Maidana, 2013; Tamagno, 2013; Weiss et al., 2013, entre otros mencionados a lo largo de estas páginas) y, entre las principales causantes, se ha mencionado la búsqueda de trabajo y mejores condiciones de vida, teniendo en cuenta que en sus territorios el avance de modelos extractivistas generaba —muchas veces— la reconversión productiva y el reemplazo de economías tradicionales por economías industrializadas.

Ahora bien, en los trabajos referidos no existe un análisis exhaustivo acerca de aquellos problemas vinculados a los impactos ambientales que causa este modelo y las transformaciones que produjeron gran parte de las expulsiones de dicha población, y que al indagar en las entrevistas con los actores siempre se podían reconocer. Encontramos en este punto un interés particular a la hora de observar los destinos de las poblaciones expulsadas, ya sea por procesos de violencia directa —como puede ser un desalojo— o lenta —por la permanente degradación del ambiente producto de deforestaciones, incendios, fumigaciones, entre otras—, que presentan, en ciertas ocasiones, similares problemáticas a las de los territorios de origen.

A partir de conversaciones que mantuvimos con integrantes indígenas que fueron expulsados del norte de Argentina a la rmba, pudimos reflexionar acerca de ello: “En Chaco trabajé en la chacra, algodón, batata, mandioca, cazaba nutrias, ñandú, carpinchos, todo lo que se podía vender, ahí más antes se vivía bien pero después se vino la seca… en el 74’ ahí vino la miseria […] ya conocía Buenos Aires de cuando hice la colimba y nos vinimos en busca de mejoría, pero más antes estábamos mejor” (entrevista a un integrante del pueblo qom, julio de 2022).

Similar es la explicación que da otro referente indígena asentado en la rmba: “Vine a los 16 años. Vine a estudiar. Como dice un hermano y luego: ‘Muchos vienen a estudiar, a buscar un trabajo, a buscar el progreso y terminan sometidos”. Al final no ven ningún progreso. Y es que en realidad yo vine porque el río se había llevado nuestra casa y no pudimos volver” (notas de campo tomadas en una conversación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, agosto de 2022).

En otra entrevista a este mismo referente, nos comentaba que no solo la crecida del río fue la que generó la expulsión de su familia, sino también el avance de la propiedad privada sobre territorios ancestrales: “Antiguamente las comunidades que se quedaban sin tierra porque el río crecía podían ir a otro lado, porque la tierra era libre, pero con las privatizaciones, cuando el río crece no puedo ir a otro lado, porque es propiedad privada, y de ahí me fui al pueblo y ahí a otros lugares como Buenos Aires” (entrevista a referente indígena en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, enero de 2021).

En los fragmentos recién citados, podemos observar que se esboza esta idea de la búsqueda de “mejoría” y “progreso”, a raíz de conflictos territoriales y ambientales ocurridos en sus territorios de origen. En estos casos, impactos como la seca, las inundaciones y la privatización de los territorios son los causantes de su expulsión, dado que no permiten a sus pobladores habitar en armonía y sanamente estos espacios. Recordemos que páginas atrás analizamos los datos de desplazamientos según el idmc, y los vinculados a la cuestión hídrica se repetían en la mayoría de los casos.

Ahora bien, tal como establecimos a lo largo de este trabajo, entendemos que parte de las expulsiones territoriales es resultado del avance del modelo extractivista y acaparador no solo de territorios, sino también de comunes, como es el agua, saberes e imaginarios ancestrales (Castilla, 2022). Así mismo, dicho modelo transforma el ambiente, clima, territorio y, fundamentalmente, la cotidianeidad de los habitantes locales a partir de la instalación de grandes obras de infraestructura, desmontes, fumigaciones y cambios en los usos de suelo.

Así como explica una integrante del pueblo qom del Chaco que actualmente vive en la localidad de Derqui en la provincia de Buenos Aires, ellos fueron expulsados por el avance de las topadoras y la imposibilidad de mariscar (cazar y recolectar) y trabajar en el monte. En este fragmento también encontramos la idea de la búsqueda de mejoría a la hora de asentarse en la rmba, donde hoy en día administran un comedor infantil y entregan alimento para los niños de la comunidad:

Hace 26 años que estamos viviendo ahí [en Derqui] […] estamos ahí sí. Nosotros vinimos por trabajo, siempre vivimos en el monte y de la marisca, nos criamos ahí […] cuando destruyeron todo el monte no pudimos mariscar, por los desmontes vinimos. Ahora sigue la lucha allá, porque ahí se pierde todo, hasta la medicina. Cuando empezaron a desmontar vinimos para acá a buscar un mejoramiento […] nos dieron dos hectáreas para la comunidad, hoy somos 42 familias. Ahí hay gente de Formosa, salteña, del Chaco. Yo tengo un comedor para los chicos y trabajamos ahí (conversación con integrante del pueblo qom de Derqui, agosto de 2022).

Podemos observar en los fragmentos la búsqueda de mejorías, o una “vida vivible” (Varela Huerta, 2015), que se traduce en buenos empleos, mayor calidad de vida y salud, etc. Ahora bien, resulta también una constante en las entrevistas hallar fragmentos que refieren al malestar que padecen en estos nuevos territorios, donde permanentemente deben lidiar con la contaminación, la pobreza y la exclusión. Así lo expresa otro de los entrevistados:

En lo espiritual, venir a Buenos Aires no mejoró mi vida. No estoy donde yo era feliz, junto al río. No me levanto a la mañana y no sé por dónde sale el sol […] pero también vos vas al conurbano y encontrás muchos asentamientos, el agua contaminada, el ceamse, las villas, ahí viven muchos hermanos originarios, los encontrás ahí a los hermanos. Lo cierto es que por ahí sobreviven, que no es vivir. Yo creo que acá estas peor, lo que hacen muchos hermanos es tratar de sobrevivir (entrevista a integrante indígena, enero de 2022).

Otra integrante del pueblo qom del Chaco asentado en la localidad de Marcos Paz explicaba: “Yo tengo un comedor comunitario para 70 chicos. Yo hago refuerzo de la merienda y los fines de semana de la comida […] muchos tienen miedo porque dicen, son indios, vienen de la villa, y siempre hay ese temor” (notas de campo de entrevista a integrante del pueblo qom de Marcos Paz, octubre de 2019).

Cabe destacar que, en la localidad de Marcos Paz, múltiples son los problemas que padece la población local, entre ellos las comunidades indígenas allí asentadas. Entre los principales conflictos podemos destacar: las fumigaciones con agrotó­xicos, la incineradora de residuos patológicos, las fábricas peladoras de aves (pollos), entre otras industrias alimenticias que, a su vez, impactan no solo en el aire, sino también en las cuencas hídricas que atraviesan esta región: “En 2014, fumigaron la Escuela Secundaria Nº 3 […] ahí hay una comunidad toba, qom, y ahí fumigaron y muchos chicos de la comunidad van a esa secundaria […]. La historia viene desde antes, ya en la zona lindante de Marcos Paz con General Rodríguez habíamos sufrido fumigaciones aéreas” (entrevista a dirigente de Suteba, junio de 2022).

Tal como relata la dirigente del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), la historia de contaminación viene desde antes, sobre todo para los integrantes de las comunidades indígenas, que tienen en sus cuerpos una trayectoria de sufrimiento y toxicidad (Auyero & Swistun, 2007; Castilla, 2022), primero, adquirida en sus territorios de origen, de los cuales fueron expulsados por las topadoras y, luego, en los territorios de destino.

Ahora bien, tal como vemos en estos fragmentos, son múltiples los ­conflictos ambientales que emergen en la ­rmba vincu­lados a diferentes proyectos, ya sean de la industria del agro, territorial, inmobiliaria, entre otras. Así mismo, numerosos son los casos en los que las fumigaciones con agrotóxicos se realizan en áreas urbanas, con altos niveles de hacinamiento por superficie cuadrada en la región (Casadinho & Bocero, 2008).

También, la constante contaminación producto de los desechos industriales, la ausencia de tratamiento de basura como en establecimientos de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (ceamse) —mencionada por uno de nuestros entrevistados—, los conflictos territoriales en áreas de reserva y humedal, el (mal) desarrollo inmobiliario y la gestión de sus afluentes domiciliarios son otras de las conflictividades que emergen en un territorio habitado por comunidades indígenas (Curutchet et al., 2012; Gutiérrez, 2012).

Esto lo refería una vecina que también fue expulsada del norte y se radicó en la localidad de Virrey del Pino, en el partido de La Matanza, donde sufre las fumigaciones, la contaminación por el basural, la fábrica de metales pesados Klaukol, un matadero de animales y el agua con niveles de arsénico y otros contaminantes:

Yo tengo que salir de acá por mi salud, por todo, tenemos el ceamse y después tenemos el sojal [hectáreas destinadas a la producción de soja transgénica] y acá hay matadero también… agua tenemos, pero no da abasto la manguerita, muchos usan agua de pozo. Yo me vine hace 30 años y lloré tanto, Dios mío... Ni en mi provincia vivía así… ni allá sufrí tanto, […] nunca nos dimos cuenta de que tiraban el veneno, yo no veía, pero esta vez la garganta molesta continuamente, tengo problemas respiratorios (entrevista hecha en Virrey del Pino, noviembre de 2021).

Este territorio degradado por múltiples conflictos ambientales se suma a una lista de paisajes que se convirtieron en zonas de sacrificio. Allí, entre sus habitantes se encuentran aquellos integrantes de pueblos que, mediante procesos violentos de expulsión, tuvieron que radicarse y ampliar sus trayectorias de sufrimiento y contaminación. Además, deben generar estrategias o repensar la posibilidad de irse a otro lugar —una vez más— donde habitar en mejores condiciones. El extractivismo que los expulsó de sus tierras y cotidianeidades vuelve a correrlos de sus nuevos asentamientos, sin distinguir entre fronteras rurales o urbanas.

En un estudio —aún en curso— hemos buscado y sistematizado más de 200 fuentes —principalmente noticias periodísticas— y trabajos académicos, con el objetivo de mapear dichos conflictos en la región, atendiendo principalmente a aquellos que se encuentran cerca de comunidades originarias registradas por el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas de Buenos Aires (figura 2). En este sentido, en un primer avance sobre este mapeo, que todavía queda por actualizar, hemos encontrado que se registran más de 65 conflictos ambientales en áreas atravesadas por cuencas hídricas, y con altos niveles de necesidades básicas insatisfechas en la región.

Figura 2. Conflictos ambientales y comunidades indígenas en la Región Metropolitana de Buenos Aires

Fuente: elaboración de la autora a partir del análisis de fuentes y documentos.

Es de resaltar que, sin dudas son más las conflictividades a lo largo de la región, pero nos interesaba cruzar los datos que venimos analizando y dar cuenta de que en aquellas áreas en las que existe presencia indígena es donde también hay mayores necesidades básicas insatisfechas y una gran cantidad de conflictos territoriales y ambientales. Es decir, gran parte de esta población originaria, de la cual cerca del 40 % ha nacido en otra provincia de Argentina, se encuentra viviendo en condiciones de vulneración, hacinamiento y exclusión.

Hay que destacar que las políticas públicas tendientes a generar diagnósticos y herramientas para trabajar con la mencionada población y en relación con estas temáticas resultan insuficientes y deficitarias, ya sea por la ausencia de financiamientos o de interés para abordarlas (Castilla, 2022). En el próximo apartado desarrollaremos esta problemática e indagaremos en las estrategias y acciones que se llevan a cabo desde organismos internacionales y nacionales al respecto.

La mirada de los organismos de crédito internacional sobre las ‘migraciones ambientales’

En un encuentro organizado en junio de 2022 en la localidad de Tartagal, en la provincia de Salta, organizaciones no gubernamentales, organismos gubernamentales, agencias de crédito internacional y académicos participaron de una jornada que concluyó con la presentación del proyecto “Migraciones ambientales en el Gran Chaco”. Este programa gestionado por una organización civil a partir del apoyo y financiamiento de la Unión Europea se propone generar información y datos sobre la movilidad humana relacionada con cuestiones ambientales en la Región del Gran Chaco para sensibilizar y fomentar acciones y políticas tendientes a trabajar en esta problemática.

Dos cuestiones llamaron la atención en este encuentro: por un lado, que quienes coordinan y financian esta iniciativa aseguran que no existen datos e información sobre la Región Chaqueña. Tal como sostuvo el representante de la Unión Europea, “es raro que los gobiernos y las universidades locales no tengan literatura reciente en esa materia” (notas de campo, Salta, junio de 2022). Si bien no existe información exhaustiva acerca de las expulsiones de la población local, sí abunda literatura que analiza las múltiples consecuencias generadas por el modelo extractivista en la región y las secuelas ambientales y territoriales que afectan, principalmente, a las comunidades indígenas y campesinas.

Parte de este trabajo pretende, como mencionamos páginas atrás, establecer algunas líneas de análisis y ser un puntapié a la hora de pensar estas movilidades como una consecuencia más de la implementación de estos modelos extractivos que, desde hace décadas, se ejecutan en la región. Ahora bien, es de destacar —retomando las palabras del representante de la Unión Europea— que quizás aquellos datos construidos y ya referidos sobre estos temas no sean relevantes para los organismos de financiamiento y coordinación.

Esto nos da la posibilidad de mencionar lo segundo que nos llamó la atención en la presentación del programa en Tartagal y que se refiere a la directiva que definió dicho representante del ente internacional al respecto:

Hagan un estudio basado en hechos y datos no en cosas que, aunque parezcan y tengan un sentido […] porque hay cosas que no tienen mucha utilidad. La última cosa que no me cae muy bien en general y que lo escuché es la dramatización. Porque si después uno presenta el Chaco como un casi desierto que se está destruyendo por el cambio climático la gente dice que acá el impacto climático impacta, entonces es una dramatización y no le hace mucha justicia. ¿Por qué?, porque el Chaco, por ejemplo, en este momento es una región que produce materia orgánica, hay nuevos bosques en el Chaco: sí vos hablas con los indígenas te dicen: “Hoy hay muchos más bosques que cuando nosotros éramos chiquitos”, sí claro que hay desmonte, hay desmonte, pero también hay muchísimos más bosques por ciertas razones que se están estudiando y eso tiene que ver con la potencialidad. Entonces, digamos presentar solo el aspecto más complicado, o los problemas, no ayuda. Entonces, no arranquemos con este tono, porque arrancar con ese tono no nos ayuda. Vamos a ver también las cosas con una actitud un poco más constructiva porque si no, no vamos a ningún lado (representante de la Unión Europea en Salta, junio de 2022).

Teniendo en cuenta los relatos de algunos de los entrevistados que mencionamos en este trabajo, en los que se refieren a los desmontes, las sequías, las inundaciones y privatizaciones, es imposible coincidir con discursos como el recién citado. Por tal motivo, nos pareció relevante conocer las experiencias de otras agencias internacionales y organismos gubernamentales, a los cuales solicitamos audiencias y reuniones para saber sobre la metodología a través de la cual construyen sus registros relacionados con estas problemáticas.

En entrevistas realizadas a integrantes de organismos internacionales (acnur de la onu e idmc), así como a técnicos y funcionarios de organismos nacionales (Ministerio de Ambiente —específicamente de la Secretaría de Cambio Climático— y del Ministerio de Seguridad de la Nación), pudimos corroborar que no cuentan con información sobre las movilidades vinculadas a las problemáticas ambientales. Parte de la información que las agencias internacionales buscan y sistematizan de Argentina es a partir de análisis sobre notas periodísticas, como lo son las de los periódicos argentinos de mayor alcance nacional (La Nación, Clarín, La Voz, entre otros), alertas de Google y trabajos académicos que se refieran al tema de desplazamientos por desastres ambientales principalmente (notas de campo, agosto de 2022).

Sin embargo, aquellas movilidades que se producen por procesos de violencia lenta, como, por ejemplo, contaminación o destrucción de la naturaleza; y por eventos de violencia directa, como son los desalojos territoriales, no son tenidas en cuenta por estos organismos. Igualmente, tal como sostuvimos anteriormente, entendemos que en la medida en que estos organismos continúen definiendo estas expulsiones como desplazamientos o migraciones por cuestiones ambientales o climáticas dejarán de lado las problemáticas sociales, políticas, económicas y productivas que generan. Tal como establece Baldwin (2022):

Cuando los impactos del cambio climático, como el clima extremo o los incendios forestales, se usan para explicar fenómenos sociopolíticos como la migración, oscurecen las condiciones históricas subyacentes de aquellos a quienes afectan […]. El Banco Mundial quiere que creamos que el cambio climático es la amenaza más apremiante que enfrentan las personas más precarias del mundo y que obligará a millones a abandonar sus hogares. Sin embargo, al fomentar esta creencia, el Banco Mundial enmascara cómo sus políticas han dejado en una situación precaria a las mismas personas a las que ahora afirma ayudar […]. Cuando se utiliza el cambio climático para explicar fenómenos sociopolíticos como la migración, la desigualdad social se naturaliza”(s. p.).

Es decir, debemos problematizar el modelo extractivo, los agentes y actores que lo financian y ejecutan, y las consecuencias que ello origina en el territorio, aunque estos datos sean “dramáticos”, como estableció el referente de la Unión Europea, si lo que realmente nos interesa conocer es el impacto que se produce en estos espacios y provoca que parte de la población se vea obligada a habitar otros territorios.

Reflexiones finales

A lo largo del presente documento, nos hemos propuesto describir dos escenarios, aparentemente distantes, pero con un modelo extractivo que los atraviesa por igual: la Región Chaqueña, en el norte del país, y la Región Metropolitana de Buenos Aires, en el centro administrativo de la República Argentina. En el marco de ello, nos centramos en analizar parte del modelo extractivo y los impactos generados para dar lugar a la descripción de un fenómeno que está, actualmente, en debate entre los organismos internacionales y académicos: la movilidad de las personas.

Ahora bien, tal como insistimos en las páginas anteriores, nos parece central explicitar que, muchas veces, aquellas personas que se movilizan de un territorio ambientalmente devastado a otro, en iguales o similares condiciones que el de origen, se ven forzadas —generalmente de manera violenta— a abandonar sus hogares ancestrales y a transformar sus modos de vida.

A través de procesos de violencia lenta y directa, los expulsados escapan de las condiciones de pobreza, desocupación, por las sequías, inundaciones, incendios, fumigaciones, privatizaciones o cualquier otro fenómeno, no porque el clima o ambiente se transforme —sin explicación aparente—, sino como resultado de la implementación de un modelo extractivo, ejecutado por empresarios regionales y transnacionales, en connivencia con agentes gubernamentales y de crédito internacional, que explotan la naturaleza y comunes. Es por ello que a la hora de analizar estos procesos consideramos que es importante conocer las trayectorias de vida de los actores protagonistas y las historias productivas de los territorios para poder definir y conceptualizar correctamente que no son ‘desplazados climáticos’, sino expulsados por el extractivismo.

Así mismo, tal como indicamos a lo largo del trabajo, en Argentina, en particular, y en América Latina, en general, no existen abundante información ni análisis que refieran a la problemática aquí tratada, por lo tanto, esta investigación se presenta como un desafío conceptual, a la vez que busca generar un debate hasta el momento ambiguamente problematizado. Si bien las migraciones en Argentina han sido abordadas, las provocadas por conflictos ambientales, climáticas o territoriales no han sido centrales en estos estudios.

Es por ello que no solo nos propusimos abordar y discutir la definición de desplazados climáticos/ambientales, sino que también realizamos una descripción de la Región Chaqueña, área diferencialmente afectada en las últimas décadas por actividades extractivas, fundamentalmente vinculadas al agronegocio, para efectuar un diagnóstico del escenario histórico de la región. De este modo, los efectos de tales actividades no provocan eventos climáticos como huracanes, terremotos o fenómenos que se repiten periódicamente —como en otros países del sur global en los cuales esta problemática es abordada en mayor profundidad—, sino que responden a consecuencias que se desarrollan con el tiempo y producto de la ejecución de acciones antrópicas e infraestructuras que transforman los territorios.

En este sentido, analizamos la manera en que los desmontes, fumigaciones, acaparamiento de bienes comunes como la tierra y el agua han propiciado climas secos, producto de la constante transformación de los suelos, como también las —cada vez más frecuentes— inundaciones, por la instalación de obras de infraestructura mal gestionadas. Ello da lugar a que se transforme la geografía y biodiversidad del lugar, convirtiendo a los territorios ancestralmente habitados por las comunidades indígenas en zonas de sacrificio susceptibles a ser explotadas por la agroindustria, entre otras empresas.

En ese marco, es que nuestra propuesta radica en analizar estos fenómenos para repensar las ‘migraciones’ desde este punto de partida, y problematizar que, frente a movilidades que aparentan ser por ‘búsqueda de trabajo’, existen transformaciones del ambiente y conflictos territoriales que expulsan a su población a otras zonas que, por lo general, también se encuentran ambientalmente degradadas y donde está expuesta a altos niveles de hacinamiento, viviendas de baja calidad habitacional, sin servicios básicos y altos niveles de riesgo y contaminación.

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