Introducción

Aunque su naturaleza puede variar, y la noción de ilicitud también puede cambiar con el tiempo, es claro que las actividades económicas ilícitas han constituido durante mucho tiempo una realidad generalizada. Hay muchas razones para esto, que van desde las oportunidades que ofrecen hasta las motivaciones sociales y culturales, así como —en la actualidad— las transformaciones geopolíticas globales. La producción y el tráfico de drogas, que se encuentran entre las actividades económi­cas ilícitas más emblemáticas e importantes, ilustran esto muy bien. La cocaína, por ejemplo, es un producto que tiene una plusvalía extrema­damente alta, con una diferencia entre el costo de producción y el valor de venta de hasta 10 000 %.¹ Pero, por otra parte, las drogas también se han asociado durante mucho tiempo con preocupaciones menos pecuniarias. A menudo han estado al centro de rituales religiosos —por el uso de la planta alucinógena haoma en el zoroastrismo o la ayahuasca en las sociedades indígenas amazónicas, por ejemplo— o se han conec­tado a actividades específicas de grupos (culturales) —por ejemplo, los hippies en Estados Unidos durante la década de 1960—. Finalmente, las drogas han pasado de ser legales a ilegales por razones que van desde el intento de países como China de contrarrestar los diseños imperiales de Occidente en el caso del opio hasta una preocupación por la salud pública con relación a la cocaína, que se comercializó inicialmente como medicamento —y fue un ingrediente clave en una primera versión de Coca-Cola— a fines del siglo xix, hasta que se hicieron evidentes sus consecuencias negativas para el bienestar de las personas.

Teniendo en cuenta la naturaleza amplia y polisémica de las activi­dades económicas ilícitas, es sorprendente que la gran mayoría de los estudios tienden a centrarse en ellas de manera muy limitada, a menudo haciendo hincapié solo en sus dimensiones pecuniarias o considerándolas a través de marcos conceptuales regidos por una estricta y rígida moral y una geografía particular. Tomemos la idea de la llamada ‘guerra contra las drogas’, por ejemplo, que, por un lado, considera que las drogas son un mal absoluto, pero que también centra gran parte de su atención en las áreas de producción, y en cierta medida de tránsito, en el sur y muy poco en áreas de consumo y venta final en el norte. Esto crea una concepción particular de la naturaleza de las actividades económicas ilícitas, que luego se refleja en la vida pública a través de la producción de demandas públicas y de movilizaciones sociales particulares. Este número especial de Estudios Socio-jurídicos tiene como objetivo avanzar con nuestra comprensión de la dinámica de las actividades económicas ilícitas relacionadas con las drogas de una manera que sale de estos marcos de entendimientos hegemónicos. En particular, se centra en cuestiones de agencia, movilización, y en los modos de expresión de las demandas hechas por los productores y otros actores en la economía de las drogas ilícitas, así como en sus complejas relaciones con modos más amplios de gobernanza, para explorar las diversas formas en que estas demandas ocurren y son procesadas, o no, por diferentes actores, su relación con conflictos violentos en distintos niveles territoriales, al igual que las diferentes formas posibles de resolución de conflictos. Al hacerlo, este número especial espera sacar a la luz las ambigüedades fundamentales que rodean a las actividades económicas ilícitas, y que deben ser reconocidas para realmente comprender de manera coherente el problema y su dinámica en constante evolución.

Las ventajas y las desventajas de las actividades económicas ilícitas

Una razón importante por la cual las personas se involucran en acti­vidades económicas ilícitas es obviamente por los beneficios económicos que estas pueden brindarles. Aunque estas ganancias se distribuyen de manera muy desigual —ver Levitt y Venkatesh (2000), Levitt y Dubner (2005) y Rodgers (2017)—, numerosos estudios han resaltado el enor­me volumen de ellas generadas por productos ilícitos como las drogas, por ejemplo, mientras que lo mismo se aplica, aunque quizá en menor medida, a otros productos ilícitos, como el oro o los diamantes extraídos ilegalmente, artículos de lujo pirateados o el comercio de partes de ani­males en peligro de extinción (pieles, marfil, etc.). Al mismo tiempo, las actividades económicas ilícitas producen más que ganancias pecuniarias. En su clásico estudio etnográfico sobre narcotraficantes puertorriqueños en el barrio de East Harlem en Nueva York, Philippe Bourgois (1995) destaca cómo sus actividades también tienen que hacer con una búsqueda de dignidad y respeto navegando las limitaciones de expectativas socio­culturales influenciadas por el machismo y su etnicidad, por un lado, y las realidades de lo que Bourgois llama el “apartheid urbano” de Estados Unidos, por otro lado. El tráfico de drogas constituye una de las pocas actividades económicas que permiten a jóvenes varones puertorrique­ños que viven en barrios pobres de la ciudad cumplir con expectativas y aspiraciones de virilidad, riqueza y reproducción social frente a estas restricciones. Si bien uno podría estar de acuerdo o en desacuerdo con el universo moral imbricado en tales expectativas y aspiraciones, el hecho es que el tráfico de drogas constituye un capital sociocultural a través del cual alcanzarlas, de la misma manera que estudiar para ser médico o abogado se considera el mejor medio para lograr una movilidad social para la clase media (baja) en buena parte del mundo.

Además, la participación en actividades económicas ilícitas también puede proporcionar más que solo formas de capital sociocultural sim­bólico, como, por ejemplo, formas de capital más instrumentales, en la medida en que las habilidades adquiridas a menudo son transferibles a otras actividades —ver Padilla (1992) y Rodgers (en este número)—, lo que significa que las actividades ilegales pueden proporcionar distintas maneras de aprendizaje para quien se involucra en ellas. Al mismo tiempo, sin embargo, un elemento que distingue inevitablemente las actividades económicas ilícitas de las lícitas es el estado ilegal de las primeras. En su forma más básica, el estado de derecho establece reglas de juego claras y regulares para la interacción social, también dentro del mercado (Polanyi, 2001 [1944]). En la mayoría de los casos, estas han sido establecidas y son garantizadas por un actor de estilo leviatán como el Estado, que tiene un control hegemónico o a veces monopolístico sobre la violencia en la sociedad que le permite mantener el respeto del estado de derecho a través de la amenaza de la violencia en lugar de su ejercicio (ver Hobbes, 1996 [1651]; Elias, 1994 [1939]). Pero frente a la fragmentación de los actores sociales y en ausencia del estado de derecho, la violencia a menudo reemplaza la amenaza de violencia como el medio más común para regular la interacción social. Como resultado, una de las principales dimensiones de las actividades económicas ilícitas que atraviesan sus diferentes formas es que generalmente son extremadamente volátiles y sus intercambios son impredecibles. En ese contexto, es muy fácil encontrarse con lo que llama el filósofo italiano Giorgio Agamben (1998, p. 32) “el punto de indistinción entre la violencia y la ley”. O a menudo, como vemos en este número, una interacción oblicua y compleja entre una y otra.

Economías ilícitas y movilización

Bajo estas condiciones, quizá no debe sorprender que las economías ilícitas generen, de manera más o menos inmediata, movilizaciones ma­sivas a favor y en contra de ellas. Lo hacen por al menos tres razones. Primero, por su magnitud y por la clase de ganancias que producen, tienden a involucrar a sectores muy amplios de la población. Además, la monetización masiva de la vida social debido a la articulación con un mercado global multibillonario tiene la capacidad de transformar el territorio —llámese este vereda o barrio— de manera radical. En esa transformación siempre hay ganadores y perdedores. Segundo, las eco­nomías ilícitas están íntimamente asociadas a la regulación de la vida cotidiana —por parte del Estado o por parte de actores armados no estatales—, es decir, a nociones básicas de orden social y de normas de convivencia directa e íntimamente vividas por millones de personas. Tercero, por su magnitud y por su propio estatus de ilegalidad, es más o menos inevitable que ellas se vinculen a conflictos armados en curso (verlos artículos sobre Filipinas y Colombia en este número), convirtiéndose en referentes para tomar partido, para construir formas de gobernanza y para financiar y reclutar.

Las movilizaciones a favor y en contra de las economías ilícitas convocan a diferentes agencias sociales —con la necesidad por parte del analista de identificar las respectivas unidades de análisis que le permitan describirlas y entenderlas—. Por ejemplo, la estructura de oportunidad que caracteriza a las economías ilegales abre múltiples ventanas de oportunidad de movilidad social ascendente. Aquí los protagonistas son los individuos. Pero no son individuos que vivan en un vacío social, sino que hacen parte de redes amplias y flexibles (ver el artículo de Rodgers en este número). También puede suceder que distintas unidades sociales territoriales actúen como comunidades, por ejemplo, oponiéndose a las economías ilícitas. A veces esa resistencia se puede expresar como la construcción de poderes locales autónomos (ver el artículo de Lobo et al. en este número), pero también puede articularse a ofensivas estatales extraordinariamente violentas, como en Filipinas (ver el artículo de De la Rosa y Lara en este número). Pero a veces puede suceder que productores y cultivadores decidan defender, a falta de alternativas, sus medios de subsistencia, contra un Estado que es percibido como una fuerza de ocupación (ver el artículo de Güiza et al. en este número).

El hecho de que las economías ilícitas generen cambios sociales y movilizaciones de tal magnitud tiene un impacto igualmente enorme, aunque difícil de capturar y entender, en la vida y el espacio públicos. Transforma las vidas de cientos de miles de personas, exponiéndolas a experiencias y recursos a los que no hubieran tenido acceso de no mediar la existencia de tales economías. A partir de allí muchos de ellos pueden construir un bricolaje de destrezas y capacidades que entran a la corriente principal de la vida social —y no necesariamente de manera negativa (ver el artículo de Rodgers en este número)—. Por supuesto, las economías ilícitas también cambian la relación de múltiples sectores sociales con el Estado. En Colombia, por ejemplo, Ramírez Tobón (1996) se ha referido a “un campesinado ilícito”, cuyo acceso a derechos ciudadanos básicos está limitado por esa ilegalización masiva.

Todo esto incide en que las economías ilícitas se hayan convertido en el foco de atención de la política global —de hecho, son uno de los temas políticos globales por excelencia—. Como muestran casi todos los artículos considerados aquí, las movilizaciones a favor y en contra de las economías ilícitas ponen en movimiento coaliciones típicamente ‘largas’, que están ancladas en lo local, pero que terminan involucrando a Estados Unidos y a diversos poderes regionales. Esas coaliciones no necesariamente son consistentes, y en Colombia al menos han estado asociadas a continuos problemas de alineamiento y de acción colectiva (ver el artículo de Gutiérrez en este número).

Es este contexto el que presta a la ‘guerra contra las drogas’ su ca­rácter laberíntico. Esa guerra está articulada en Estados Unidos a toda clase de desigualdades, comenzando por las étnicas (Alexander, 2019), pero en cada país tiene que articularse a la respectiva distribución de poderes y conflictos. Es decir, en América Latina la guerra contra las drogas es el punto nodal de tres clases de asimetrías, las internas de Estados Unidos, las del par latinoamericano y las de la relación entre ambos (Mercille, 2011). Más aún, el vínculo de la guerra contra las drogas y la contrainsurgente es íntimo, pero no necesariamente rectilíneo. A menudo el elenco de aliados en una guerra constituye los blancos de la otra, como muestra de manera transparente el caso de los paramilitares colombianos (Gutiérrez, 2019), pero también muchas redes familiares, territoriales o religiosas en Filipinas, algo que discuten explícitamente De la Rosa y Lara en su contribución a este número.

No tan paradójicamente, la paz puede ser tan contradictoria y tan tensa como las dinámicas bélicas esbozadas en el párrafo anterior. La tragedia de los líderes sociales en Colombia lo atestigua así. Para im­pulsar la sustitución de cultivos ilícitos y el acceso a la tierra, los líderes sociales adoptaron programas planteados por el Estado en el marco del Acuerdo de Paz. Sin embargo, Gutiérrez, Machuca y Marín plantean en su contribución a este número que desde el principio —pero sobre todo al llegar al poder una coalición profumigación y abiertamente hostil al campesinado— los líderes sociales fueron dejados solos, lo que los convirtió en blancos de diferentes fuerzas, entre las que se destacan los grupos herederos de los paramilitares.

Las ambigüedades de la movilización

Muchos trabajos parten del supuesto de que es fácil trazar una línea divisoria más o menos clara entre lo lícito y lo ilícito. Por desgracia, como vimos antes, en muchos contextos esto simplemente no es posible, y a veces resulta claramente irrazonable. Para todas las unidades de análisis que hemos establecido aquí, desde el individuo hasta las coaliciones, parecería que la norma más que la excepción son las experiencias socia­les impuras, basadas en mezclas entre lo ilegal y lo legal, y en tránsitos continuos de un lado a otro, cuando no en la capacidad de residir en la frontera difusa entre ambas categorías. Esto es algo que se ve reforzado por la forma en que la categoría lícito/ilícito puede cambiar muy rápi­damente, tanto de manera intrínseca como también situacionalmente. Ya hemos mencionado cómo puede cambiar el estado legal de un pro­ducto en particular, pero el asunto va más allá de esto. Tomemos como ejemplo la coca, que geográficamente se puede cultivar legalmente bajo ciertas condiciones y en ciertas partes de Bolivia, pero no en otras. O la forma en que el té de coca es legal, pero la cocaína no lo es. Del mismo modo, la marihuana en los Países Bajos se puede comprar y consumir legalmente en pequeñas cantidades, pero no se puede comprar al por mayor. O, más generalmente, la forma en que funciona el lavado de dinero, en la medida en que, una vez que se lava el dinero del narco­tráfico, (re)ingresa a la economía sin olor y sin problemas. En general, lo que señalan estos ejemplos es la manera por la cual el contexto es fundamental para la existencia de la categoría misma de lo lícito o lo ilícito, que constituyen así, al menos en algunas fronteras de interacción social, Estados ambiguos e inestables.

Pensar en ambos temas juntos nos permite considerar de modo más matizado la idea de la legalización y si constituye necesariamente una buena idea en relación con las actividades económicas ilícitas. A un nivel, se podría argumentar que la legalización debería enfrentar pocas críticas. Pensando más ampliamente sobre las actividades económica sin formales, por ejemplo, en 2015, la Organización Internacional del Trabajo (oit) aprobó con poca resistencia su recomendación 204 sobre “la transición de la economía informal a la economía formal”, que exhortó explícitamente a los Estados miembros de la organización a implementar programas para promover la formalización como un medio para expandirlos derechos y beneficios tanto de los trabajadores como de los empleadores. Al mismo tiempo, ha habido numerosas críticas con respecto ala idea de legalizar, por ejemplo, las drogas, particularmente emanadas del ámbito de la salud pública. Una crítica secundaria se ha referido ala forma en que la legalización inevitablemente causaría un colapso delas tasas de ganancias y ganancias de capital, amenazando los medios de vida de los cientos de miles involucrados en el tráfico de drogas.

En este sentido, un aspecto que no se ha discutido tanto, pero que está directamente relacionado con la cuestión más amplia de las movi­lizaciones sociales en torno de actividades económicas ilícitas, se refiere a lo que sucede con ciertas categorías de trabajadores desempleados si la industria de la droga colapsa o se vuelve mucho menos rentable. La gran mayoría de los involucrados son agricultores pobres que apenas subsisten en la parte inferior de la cadena alimentaria de las drogas, pero la industria también involucra varias clases de lo que el sociólogo político estadounidense Charles Tilly (2003) denominó “especialistas en violencia”. En 2012, se estimó que los carteles mexicanos empleaban directamente a casi medio millón de personas, una mayoría de ellas en una función relacionada con la seguridad (Chew Sánchez, 2014). ¿Qué pasaría si se encontraran desempleados? ¿Con qué fin usarían sus habilidades violentas? No se desaparecerían, pero buscarían sobrevivir, quizás utilizando sus habilidades para tomar el control de otra rama de actividades económica. Visto desde esta perspectiva, la legalización es una intuición que necesita ser desarrollada, necesariamente marcada por la ambigüedad que podríamos decir es una característica fundamental de las actividades económicas ilícitas, y uno de los factores que hace que sean tan difíciles de manejar coherentemente.

Conclusiones

La primera constatación para visualizar el tema de las actividades económicas ilícitas con claridad es que las economías ilícitas producen tanto males como bienes sociales. Muchas de las movilizaciones que contemplamos en este número especial están orientadas a combatir los males o a aprovechar —desde individuos hasta coaliciones— los bienes. Pero tales bienes provienen directamente de la naturaleza ilícita de la economía que los genera. Para poner el ejemplo obvio, el hecho de que la economía cocalera sea productiva en territorios sin acceso a bienes públicos, servicios ni infraestructura para comercializar proviene del hecho de que está vinculada a un mercado global que genera superganancias, debido a su estatus institucional de ilegalidad. A un nivel mucho más micro, la movilidad social urbana ascendente basada en los aprendizajes puede estar cerrada en el mundo legal, pero abierta en el otro. Visto así, la ilegalidad y sus ambigüedades aparecen como un espejo que refleja las carencias de su contraparte legal. Tratar de destruir el espejo no ha sido buena idea. Pero precisamente por ello su existencia plantea la pregunta de qué pueda suceder sin la existencia de las opciones que la economía ilegal habilita, a veces a costos prohibitivos.

A este respecto, al igual que Karl Polanyi (2001 [1944], p. 92) cuan­do señaló cómo la noción de un mercado autónomo y autorregulador era una “falacia”, afirmando que, en última instancia, “la economía humana [...] está incrustada y enredada en instituciones, económicas y no económicas” (Polanyi, 1982 [1957], p. 34), este número especial nos invita a repensar las categorías de lo lícito y lo ilícito como instru­mentos de análisis (aunque obviamente constituyan categorías sociales muy importantes). En este sentido, tal vez se podría hacer una analogía con la noción de “informalidad” ofrecida por el antropólogo británico Keith Hart (1973). Aunque superficialmente parece basarse en una dis­tinción binaria similar entre actividad económica formal e informal, en realidad la concepción de Hart evita elegantemente relegar diferentes tipos de acción económica a formas supuestamente excluyentes, y abre la posibilidad de la existencia de permutaciones distintas y un conti­nuo. De hecho, después de su estudio inicial sobre mercados laborales urbanos en Acra (Ghana), gran parte del trabajo de vida de Hart ha sido comprender cómo la actividad económica varía en el tiempo y el espacio entre contextos y dentro de ellos (ver Hart, 2001).

Más específicamente, en vez de oponer las nociones de “informalidad” y de “formalidad”, Hart (2008, p. 11) rechaza explícitamente la noción de que estas constituyen una oposición binaria, y subraya implícitamente la continuidad básica de toda la actividad económica:

Los aspectos formales e informales de la sociedad ya están vincu­lados, por supuesto, ya que la idea de una ‘economía informal’ está implicada por el esfuerzo institucional para organizar a la sociedad según líneas formales. La ‘forma’ es la regla, una idea de lo que debería ser universal en la vida social […] Pero tales ideas deben ponerse en un contexto histórico […] [Por ejemplo, durante la mayor parte del siglo xx las formas dominantes han sido las de la burocracia, particularmente de la burocracia nacional, ya que la sociedad se ha identificado en gran medida con los Estados nacionales […]. Esto implica cierta modalidad de ver el mundo, una modalidad binaria […].

Como continúa diciendo Hart (2008, p. 12), existe un peligro en ver las cosas así, porque las “formas son necesariamente abstractas y mucha de la realidad social se deja fuera de nuestra comprensión como resultado”.

Este número especial podría ser un paso en esa dirección no binaria. Obviamente, no esconde los costos enormes, a veces los horrores, que acompañan a muchas de las economías ilegales; precisamente por ellos es que hay movilizaciones en contra. A la vez, y considerando nues­tra invocación previa de Polanyi, las tenemos también que considerar como espacios sostenibles e íntimamente articulados a otras formas económicas y sociales, y a partir de allí evaluar las distintas formas de poder que se generan, la manera en que involucran —de forma compleja y característicamente ambigua— a diversos actores sociales y cómo se enganchan con otros espacios regulados de modo diferente (por ejemplo, estatalmente). Estos enfoques, concentrados en dinámicas de poder, dominación y representación, y en la manera en que estas fundamentalmente condicionan las dinámicas de la vida social, parecen particularmente prometedores para entender verdaderamente cuáles son las consecuencias de estos tipos de actividades.

Referencias

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Alexander, M. (2019 [2010]). The new Jim Crow: mass incarceration in the age of color blindness. New York: Penguin.

Bourgois, P. (1995). In search of respect: selling crack in El Barrio. Cambridge: Cam­bridge University Press.

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Elias, N. S. (1994 [1939]). The civilizing process: sociogenetic and psychogenetic investigations. Oxford: Blackwell.

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Mercille, J. (2011). Violent narco-cartels or us hegemony? The political economy of the ‘war on drugs’ in Mexico. Third World Quarterly, 32(9), 1637-1653.

Padilla, F. M. (1992). The gang as an American enterprise. New Brunswick: Rutgers University Press.

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Polanyi, K. (2001 [1944]). The great transformation: the political and economic origins of our time. Boston: Beacon Press.

Ramírez Tobón, W. (1996). ¿Un campesinado ilícito? Análisis Político, 29, 54-62.

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Tilly, C. (2003). The politics of collective violence. Cambridge: Cambridge Univer­sity Press.

Notas

¹ Ver: https://www.businessinsider.com/farc-cocaine-production-in-colombia-coca-paste-2016-7?r=US&IR=T