Revista Estudios Socio-Jurídicos
ISSN:0124-0579 | eISSN:2145-4531

La región del litoral Pacífico en Colombia, una de las de mayor biodiversidad del mundo (Myers, et al., 2000), ha experimentado un incremento sostenido de los cultivos de uso ilícito durante los últimos quince años (unodc, 2018). Dicho incremento no ha sido homogéneo. Hay diferencias marcadas tanto en el nivel departamental como en el municipal. El caso del municipio de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca, resulta particularmente interesante. Con más de 40 consejos comunitarios en su territorio, el municipio concentra alrededor de la cuarta parte del total de territorios colectivos de comunidades negras en el país, establecidos como resultado de la Ley 70 de 1993. Sin embargo, a pesar de tener condiciones que facilitan la expansión (e. g., alto índice de necesidades básicas insatisfechas, débil presencia estatal, alta probabilidad de contagio por adyacencia), Buenaventura se ha mantenido relativamente libre de cultivos ilícitos, con menos del 2 % del total regional, en especial comparado con municipios vecinos en el sur del Chocó y el norte del Cauca.

Más aún, entre los consejos comunitarios de Buenaventura también hay diferencias que son, a primera vista, contraintuitivas. Por ejemplo, algunos de los consejos con menor incidencia histórica de coca colindan con aquellos que han tenido el mayor nivel de expansión. Buscando explicar esas diferencias, nuestra investigación reciente ha encontrado que la variación en la presencia de cultivos de uso ilícito entre consejos se puede explicar, por lo menos parcialmente, por el nivel de liderazgo y capacidad organizativa de las comunidades como manifestaciones de su capital social. Mayores ‘dotaciones’ de capital social facilitan la puesta en marcha de estrategias de resistencia comunitaria a la penetración y expansión de cultivos en los territorios (Lobo & Vélez, 2020).

Partiendo de estos resultados, en este artículo damos un paso adicional para profundizar en la comprensión del fenómeno de la resistencia comunitaria. Para ello estudiamos el caso de un consejo comunitario afrocolombiano al sur del municipio de Buenaventura que, a diferencia de sus vecinos, tiene varios antecedentes de resistencia efectiva a la expansión de cultivos de coca y minería ilegal en su territorio. ¹ Profundizar en el análisis de este caso, en particular en la experiencia de resistencia a la siembra de coca, es relevante porque este Consejo en particular exhibe mayor dotación de capital social en comparación con otros consejos del municipio (Lobo & Vélez, 2020). Analizar el caso nos permite entonces avanzar en la comprensión de las condiciones que explican el origen de esa mayor dotación de capital social y, por lo tanto, las condiciones para la resistencia efectiva.

El argumento central que presentamos en este artículo es que la mayor dotación de capital social, en este caso particular, puede explicarse a partir de tres condiciones: i) la manera en que la comunidad gestiona la diversidad institucional generada por la Ley 70 de 1993, específicamente la complementariedad funcional entre las organizaciones de base; ii) el ejercicio del liderazgo colectivo y la puesta en marcha de reglas de gobernanza que lo sustentan; y iii) la influencia de los liderazgos fundacionales. Estas condiciones le brindan a la comunidad los fundamentos organizativos e ideológicos necesarios para darle curso y sostenibilidad en el tiempo a la resistencia.

En términos metodológicos, este artículo utiliza los datos recolectados en trabajos de campo para nuestras investigaciones previas (Lobo & Vélez, 2020; Vélez & Lobo, 2019), que incluyen 36 entrevistas semiestructuradas a líderes comunitarios y otros miembros del Consejo objeto de nuestro estudio, así como miembros del Proceso de Comunidades Negras (pcn).² Igualmente, utiliza los resultados de una encuesta que aplicamos en 541 hogares de tres consejos comunitarios de la zona rural de Buenaventura, en los cuales efectuamos trabajo de campo entre agosto y diciembre de 2017, y nuevamente en septiembre de 2018 (Lobo & Vélez, 2020). En particular, el Consejo Comunitario objeto de estudio fue visitado por los autores en dos ocasiones por períodos de dos semanas para la realización de las entrevistas y encuestas. Estos datos fueron revisados y ampliados con 5 nuevas entrevistas a líderes comunitarios para profundizar en los temas que abordamos en este análisis. Adicionalmente, este artículo toma como insumo la experiencia directa de uno de los coautores, quien es líder comunitario del Proceso de Comunidades Negras y del Consejo Comunitario objeto de estudio, como proveedor de datos e insumos y copartícipe en el análisis y la escritura. Esta decisión metodológica está guiada por la literatura sobre el involucramiento de participantes como coinvestigadores (ver la definición presentada en Boylorn, 2008). Finalmente, el análisis de los datos siguió el método cualitativo de análisis temático (Boyatzis, 1998; Fereday & Muir-Cochrane, 2006).

El resto del artículo está organizado de la siguiente manera. En la sección que sigue presentamos una síntesis selectiva de la literatura económica sobre cultivos ilícitos y la literatura de resistencia civil en contextos de conflicto armado, con el fin de ubicar los aportes de este texto. En la sección 2 describimos brevemente el contexto de la Ley 70 de 1993 y la titulación colectiva. En la sección 3 exponemos la evidencia derivada de nuestras investigaciones previas recientes sobre las experiencias de resistencia y el capital social en el Consejo Comunitario en el cual se enfoca nuestro análisis. En la sección 4 damos cuenta de la evidencia sobre los antecedentes de organización comunitaria y liderazgo en el Consejo; y en la sección 5 analizamos los factores que explican la resistencia efectiva y la formación de capital social. Finalmente, en la última sección presentamos conclusiones y algunas reflexiones sobre el impacto de nuestros hallazgos en la formulación de política pública, así como posibles lecciones para comunidades y territorios en contextos similares.

La literatura sobre cultivos ilícitos y resistencia civil

Parte de la literatura económica sobre cultivos ilícitos se ha concentrado en estudiar la efectividad de los instrumentos de política para frenar la oferta en países productores. Uno son los programas de sustitución de cultivos, cuya efectividad se reduce ante la dificultad del Estado para cumplir compromisos y mantener esos programas en el tiempo (Garzón, et al., 2019). El otro es la erradicación forzada, principalmente mediante aspersión aérea. Hay abundante evidencia sobre lo limitados que son los efectos de la erradicación forzada en el largo plazo (Ibanez & Martinsson, 2013; Riley, 1993; Zuleta, 2017). La erradicación por aspersión puede incrementar la oferta total al forzar a los productores a expandir los cultivos para diversificar el riesgo (Moreno Sánchez, et al., 2003), incluso en lugares donde ya ha habido aspersión (Rincón Ruiz & Kallis, 2013). Más aún, hay evidencia de que la aspersión puede también afectar cultivos lícitos, deteriorar la salud (Camacho & Mejía, 2017; Kogevinas, 2019; Solomon, et al., 2009) e incentivar la expansión hacia territorios protegidos o ecosistemas amenazados (Dávalos, et al., 2011; Mora, 1996; Rincón Ruiz & Kallis, 2013; Rincón Ruiz, et al., 2016). En oposición a las medidas coercitivas, la inversión social en bienes públicos es más efectiva para reducir la producción (Dávalos, 2016; Reyes, 2014).

La presencia de la siembra de coca en la economía campesina se explica por su rentabilidad relativa que puede llegar a ser entre 3 y 5 veces más alta que la de cultivos agrícolas tradicionales (Ibáñez, 2010). La coca no enriquece a los cultivadores, pero sí les provee una fuente de ingreso más regular. El aislamiento geográfico y las barreras para derivar sustento económico de otros productos agrícolas son buenos predictores de la presencia de cultivos de coca (Ibáñez, 2010). Allí donde el Estado está presente, la intensidad de los cultivos y su probabilidad de expansión es menor (Dávalos, et al., 2011; Dion & Russler, 2008). No obstante, los cultivos de coca no abundan en zonas de extrema pobreza, pues el acceso a mínimos niveles de infraestructura y la capacidad para asumir los costos de transferencia son condiciones que facilitan la expansión (Dion & Russler, 2008).

En su rol de productoras, las comunidades rurales son estudiadas en la literatura económica principalmente como actores racionales que responden a incentivos económicos. No obstante, hay comunidades que desafían parcialmente este supuesto. Ante la presencia de cultivos ilícitos, algunas optan por la resistencia colectiva que puede adoptar una de dos formas. Una es la resistencia a la criminalización y erradicación forzada. Esta forma ha sido más ampliamente estudiada en especial en contextos en que existe también un vínculo cultural con el cultivo de coca (Grisaffi, 2019; Pinto, 2004; Ramírez, 2001). La otra forma, menos estudiada, es la resistencia a la penetración de cultivos ilícitos por parte de comunidades que se rehúsan a hacer parte de la economía de la coca aun en ausencia de alternativas económicas que compitan con su rentabilidad. Analizar el rol del capital social ayuda a entender este tipo de resistencia. ³

De manera más general, el capital social ha sido objeto de indagación en la literatura sobre cultivos ilícitos. La debilidad de la presencia institucional del Estado —un factor común y ampliamente diagnosticado en buena parte de los municipios del país— y los bajos niveles de ‘empoderamiento’ y capital social en el nivel comunitario son factores que facilitan la presencia de cultivos ilícitos (Thoumi, 2002). En particular, las ‘instituciones informales’, conceptualmente asociadas al capital social, parecen jugar un papel cuyo efecto es objeto de debate. Para algunos, es la debilidad de las instituciones (incluyendo también a las ‘formales’) lo que facilita la expansión de cultivos y el narcotráfico (Thoumi, 2002, 2005). Para otros, es la presencia de cultivos lo que deteriora las instituciones (Gaviria, 2008).

En la misma línea, la literatura de resistencia civil en contextos de conflicto armado ha estudiado el papel que juegan las comunidades para oponerse a la coerción violenta. Ciertas características de la comunidad, entre las cuales está el capital social, tienen un rol importante para entender la naturaleza de esa resistencia. Para el caso particular de Colombia, la literatura ha estudiado la forma en que las comunidades resisten la imposición de órdenes sociales por parte de los grupos armados (Arjona, 2016) y la manera en que preservan su autonomía para lograr que esos grupos las mantengan marginadas del conflicto (Kaplan, 2017).

Tomando como base la importancia del capital social como variable explicativa, el análisis que presentamos en este artículo arroja luces adicionales sobre el fenómeno de la resistencia comunitaria en un contexto en que el objeto de la resistencia (i. e., el cultivo de coca) altera las preferencias de las comunidades.

La ley de comunidades negras

Una de las reformas más importantes de la Constitución de 1991 fue la inclusión del artículo transitorio 55 (en adelante, at 55) que habría de convertirse en la Ley 70 de 1993. El propósito de la ley era reconocer la presencia histórica de las comunidades negras en los territorios del litoral Pacífico (hasta ese entonces considerados baldíos por el Estado) y otorgarles derecho formal a la propiedad colectiva sobre esos territorios. En el at 55 se estableció un plazo máximo de dos años para que el Congreso expidiera la ley, sujeta al estudio por parte de una comisión especial que el gobierno debía crear.

La Ley 70 definió las bases para la creación de los consejos comunitarios como un tipo especial de estructura de gobernanza para administrar los territorios colectivos y velar por la conservación de los recursos naturales. Según la ley, los consejos debían estar constituidos por un representante legal, una junta y una asamblea general, esta última compuesta por representantes de toda la comunidad. La Ley 70 estableció que el otorgamiento de los títulos colectivos debía quedar sujeto a la conformación de un consejo comunitario. Actualmente existen más de 170 consejos comunitarios distribuidos en seis departamentos del país, que representan casi seis millones de hectáreas de propiedad colectiva (figura 1).

En el caso particular del municipio de Buenaventura en el departamento del Valle del Cauca, los consejos comunitarios están organizados en dos tipos. Los consejos de cuenca abarcan las veredas ubicadas a lo largo de la cuenca de un río. En este tipo, las comunidades de todas las veredas de la cuenca aplican a un solo título colectivo bajo la lógica de evitar la fragmentación territorial y facilitar la aplicación de normas de conservación de los recursos naturales y el manejo del territorio. En los consejos de vereda, en cambio, cada vereda (o grupo de veredas) puede aplicar por su propio título colectivo. En este tipo, que emula la división político-territorial de las juntas de acción comunal, subyace una lógica de participación más directa, pues cada vereda puede determinar su forma de gobierno de acuerdo con sus intereses (Velez, 2011).

El nuevo régimen de derechos de propiedad establecido en la Ley 70 y el proceso masivo de titulación de tierra que desencadenó cambiaron el paisaje político de la región (Asher, 2009; Velez, 2011). Al mismo tiempo, generaron muchos desafíos. Aunque hay evidencias del impacto positivo que tuvo la reforma en la vida de las comunidades (Peña, et al., 2017) y en la reducción de la deforestación (Vélez, et al., 2020), el reconocimiento de jure de la propiedad colectiva de la tierra no se materializó automáticamente en mayores índices de desarrollo. Hay aún muchos desafíos pendientes para superar los problemas de pobreza y los múltiples rezagos de las comunidades afrocolombianas.

Uno de estos desafíos es la exposición al conflicto armado y la violencia que han enfrentado las comunidades negras en el Pacífico colombiano. Aun cuando la intensidad del conflicto ha sido en general más aguda en municipios de Nariño, Cauca y Chocó, el municipio de Buenaventura ha sufrido algunas de las manifestaciones más cruentas de la violencia y el conflicto armado (Carrillo, 2014; Human Rights Watch, 2014). Atraídos por el control de las rutas del narcotráfico, distintos grupos armados ilegales han tenido presencia en Buenaventura. Durante los años previos a la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las farc, predominó la presencia del Frente 30 del Bloque Occidental (Melo, et al., 2019). Previo a la desmovilización de las auc, el Frente Calima del Bloque Pacífico tuvo también presencia en el municipio como parte de su estrategia de control territorial (iei, 2019, citado en Melo, et al., 2019). La desmovilización de paramilitares y guerrilla ocasionó una fragmentación de grupos armados en disputa por el control del negocio del narcotráfico (tanto en el casco urbano como en la zona rural) cuya influencia permanece hasta hoy.

Los departamentos de la región Pacífico concentran cerca del 40 % del total de cultivos de coca en el país (unodc, 2018). Entre ellos, Valle del Cauca tiene la menor contribución. Es probable que la relativamente baja presencia de coca e intensidad del conflicto en el municipio de Buenaventura (comparado con municipios de los departamentos vecinos) esté asociada con el valor estratégico que los grupos armados les dan a sus distintas áreas de influencia. Buenaventura puede haberse convertido en un valioso puerto de embarque más que en un lugar de cultivo. No obstante, puede también haber sucedido, siguiendo a Arjona (2016), que los grupos armados hayan adaptado sus estrategias a las formas de organización preexistentes en las comunidades del municipio.

Evidencias de resistencia y capital social

En Colombia existen algunos casos documentados de experiencias de resistencia comunitaria a los cultivos de uso ilícito (cric, 2012; Vélez & Lobo, 2019). No obstante, los estudios académicos para entender este fenómeno específico son escasos. En este artículo nos enfocamos en el caso de un consejo comunitario al sur del municipio de Buenaventura. Este Consejo, que sigue una lógica de organización por cuenca, se estableció en 1998 y obtuvo la titulación colectiva en 2000. Hoy cuenta con más de 52 144 hectáreas tituladas colectivamente y 12 veredas con aproximadamente 2900 habitantes. Las actividades económicas de sus habitantes se basan principalmente en la agricultura de subsistencia, la pesca, la minería de oro a pequeña escala y la extracción de madera. Está ubicado a unas tres horas de la ciudad de Buenaventura por vía marítima y fluvial como únicas formas de acceso.

Las tablas 1 y 2 muestran datos de la encuesta socioeconómica de hogares que aplicamos en 10 de las 12 veredas del Consejo. Tanto en el nivel de ingresos como en la cobertura de servicios públicos la situación de este Consejo no es distinta a la de la zona rural del municipio, cuyas condiciones son muy poco favorables para sus habitantes.

A pesar de las limitaciones socioeconómicas, el Consejo ha sido reconocido —tanto por comunidades de otros consejos de la región como por la prensa local— por su historia de resistencia y movilización social contra la violencia y las economías ilícitas. Como resultado de ello (al menos parcialmente), y a pesar de ser vecino de algunos de los consejos comunitarios con mayor incidencia de economías ilícitas en Buenaventura, este es uno de los consejos que menor nivel de cultivos ilícitos ha tenido a lo largo del tiempo. De manera similar, parece haber logrado detener la entrada de minería ilegal en su territorio de forma más efectiva, de acuerdo con la evidencia observada en campo (Rodríguez, et al., 2019). Aunque la comunidad ha resistido la penetración de distintas formas de economías ilícitas, en el presente análisis nos enfocamos en las estrategias de resistencia a los cultivos de uso ilícito, en particular la siembra de coca.

La declaración de principios y la resistencia

La defensa de valores y principios comunitarios y ambientales ha sido una de las características distintivas del Consejo desde su formación. En 2004, el Consejo decidió adoptar una postura contra la penetración de los cultivos de coca por considerarla una amenaza al territorio. En asamblea general, se estableció un mandato para todos los miembros de la comunidad que de manera explícita prohíbe la siembra de cultivos de uso ilícito. Desde entonces se han adelantado esfuerzos desde distintos frentes para hacer cumplir ese mandato. Dichos esfuerzos incluyen desde la divulgación de los principios mediante la exhibición de pancartas en lugares públicos hasta movilizaciones colectivas (o ‘mingas’) de erradicación manual organizadas y financiadas por la comunidad. El mandato establecido por la comunidad incluyó también la prohibición de la minería mecanizada de gran escala y el uso de mercurio para la extracción de oro en el territorio, para evitar los impactos ambientales negativos y minimizar el riesgo de presencia de actores armados que controlan y/o usufructúan la actividad minera. En al menos una ocasión, ante el intento de personas foráneas de ingresar maquinaria para la extracción de mayor escala que la permitida por la asamblea del Consejo, un grupo de líderes frenaron la entrada de la maquinaria bloqueando la única forma de acceso por la parte baja del río.

Además de ser una estrategia de defensa del territorio, mantener una prohibición explícita de estas actividades busca evitar la intervención y uso de la fuerza del gobierno nacional en el territorio (por ejemplo, a través de la fumigación), que puede ser justificada bajo el argumento de la presencia de actividades ilegales. Una de las declaraciones incluida en una pancarta expuesta en una de las principales veredas del Consejo manifiesta: “No queremos que el gobierno fumigue, contamine, bombardee y nos quite nuestro espacio de vida”.

Mingas de erradicación

En 2007, los líderes del Consejo fueron alertados por miembros de la comunidad sobre la presencia de brotes de coca en la parte baja del río. Tras haber verificado la presencia de los cultivos, los líderes convocaron a una asamblea extraordinaria para confrontar a los cultivadores. Los dueños de los cultivos, miembros de la comunidad que habían accedido a sembrarlos en asociación con foráneos, argumentaron que lo habían hecho ante la escasez de alternativas económicas. Fue entonces cuando los líderes plantearon la idea de movilizar a la comunidad para erradicar manualmente los cultivos. En palabras de una reconocida lideresa del Consejo:⁴

Se identificó [sic] también unas personas de nuestro río que estaban también en eso [de la siembra de coca]. O sea, eso era difícil porque la gente dijo que se metió en esos procesos porque no tenía con qué sostener su familia, que no tenía para la comida, para vestir, que una cosa, que la otra. […] Cuando se hablaba de erradicar, la gente nos cobraba la plata que había invertido. Pero con todo y eso [les dijimos]: “Ustedes sabían que acá está prohibido ese cultivo y no debieron aceptar sembrar eso”. A unos que no eran de este río [les dijimos]: “Ustedes no tienen por qué venir a invadir”.

De la asamblea en 2007 no salió ningún acuerdo sobre cómo proceder con los cultivos de uso ilícito en el territorio. Luego de un tiempo y ante la imposibilidad de persuadir a los dueños de los cultivos, quienes reclamaban el pago de su inversión si los cultivos eran destruidos, la comunidad decidió organizar una minga que reunió alrededor de 250 personas. El propósito era acudir masivamente a la parte baja del río para erradicar 25 hectáreas de coca. Uno de los líderes participantes recordó la experiencia:

Nos reunimos en esta vereda el día antes de la minga. Teníamos dudas y todos estábamos tensos, muy tensos. Pero pues ahí decidimos, ya estamos aquí, no echemos para atrás. El temor era cómo estuviera el terreno, que fuera a estar minado o alguna cosa. Porque de qué se venía, de que nos estaban cobrando, de las amenazas, eso ya lo sabíamos. Entonces hablamos con algunos que tenían su siembra y los convencimos para que ellos subieran primero al terreno a caminar. ¡Y lo hicieron! [...] en un momento estuvimos a punto de cancelar todo. Pero pues [nos guiamos por la pregunta de] qué queremos: el bienestar de la comunidad. Seguir acá en el territorio, que la gente no vaya a mendigar a la ciudad y una forma [de lograr] esto es que nuestro territorio esté sano. O sea, conservarlo ha sido un desafío. Tenemos amenazas [de llegada de economías ilícitas] acá por los ríos vecinos y las prácticas que hay allá. Cuando ya se les va acabando su terreno, han querido venir. Llegan aquí a negociar y les toca irse otra vez. Así fue como nos impulsamos y seguimos para adelante.

Durante dos días, la comunidad destruyó y quemó los cultivos de coca sembrados en el territorio colectivo. La determinación mostrada por la comunidad, en particular los líderes, y la magnitud de la movilización disuadieron a los propietarios de los cultivos. La minga sentó un precedente en el Consejo e impulsó a los líderes a concentrarse en encontrar alternativas económicas viables para la comunidad. Sin embargo, nada de ello fue suficiente para suprimir del todo la insatisfacción entre algunos miembros de la comunidad. Para los líderes, la situación no se hizo más fácil. En palabras de una lideresa: “Sentíamos que los mismos de acá nos estaban traicionando. Y pues ya querían cobrarnos los que habían hecho sus gastos. Y nosotros [les decíamos]: ‘Pero ustedes se metieron en un terreno ajeno y acá [ese cultivo] no va. Acá [en este Consejo] no’. Entonces, vinieron las amenazas. Seguíamos recibiendo llamadas constantemente”.

A principios de 2016, los líderes tuvieron que convocar nuevamente a una asamblea general por causa de los cultivos de uso ilícito. Algunas personas en una de las veredas organizaron un grupo con la intención de asociarse para cultivar coca, en abierto desafío al mandato del Consejo y a la autoridad de los líderes. De nuevo, la comunidad acudió para confrontar al grupo, como narró una de las participantes:

La gente, uff, eso mejor dicho… ¡las mujeres! [les dijeron a los del grupo] aquí en [el Consejo] no van a impulsar esa siembra de coca, no se equivoquen. ¡Lo hicimos [una minga] antes y lo haremos de nuevo si es necesario! Y con eso los frenamos. El año pasado hubo asamblea. Fue dura esa discusión. ¡Dura! Hasta hoy sigue siendo difícil porque el hecho de que ellos no tengan, supuestamente, dinero para conseguir su comida, sus cosas personales, los culpables son los de la Organización porque no los dejaron sembrar. Toda el agua sucia va a los líderes. Eso es una lucha constante. Pues ahí seguimos. Estamos buscando unos apoyos con unas instituciones para que…, o sea, para cambiar el producto por otro. Que podamos llevar una vida agradable que la gente pueda obtener [mayor ingreso]. Uno no se va a volver, pues, un magnate en dinero, pero sí que podamos mejorar las condiciones de vida acá en el territorio.

La minga para la erradicación colectiva es una medida de último recurso a la cual se acude cuando los pasos anteriores no rinden frutos y se ha seguido el debido proceso. De acuerdo con la explicación de uno de los líderes, primero la junta del Consejo hace un pronunciamiento formal. Luego intentan convocar a los productores y pedirles que erradiquen ellos mismos sus cultivos. Si no oyen las demandas, se verifica que los cultivos sí existen. Una vez que existe la evidencia y si los productores aún se rehúsan a tomar medidas, la minga se organiza.

A principios de 2018 se identificó un nuevo brote de coca, aunque de menor extensión. Ello generó mucha preocupación entre los líderes, quienes se vieron abocados a actuar con premura. Movilizaron recursos de diferentes organizaciones para correr la voz y organizar una nueva minga de erradicación. “En 2007 —como explicó un líder—, la gente reaccionó con menos rapidez. En aquel entonces, era más como una movilización inculcada por un grupo cohesionado de personas preocupadas. Ahora realmente parece que toda una comunidad se moviliza alrededor de la defensa de su territorio”. Cuando se le preguntó sobre el desafío de mantener los principios colectivos a la luz de las presiones externas, otra líder señaló: “Siempre hay un líder en cada zona del río que se mantiene firme e irradia [nuestros principios] al resto de la comunidad. Eso es lo que nos ha mantenido unidos: saber que podemos contar el uno con el otro. Porque no podemos ignorar el hecho de que las tentaciones no van a desaparecer”.

La erradicación colectiva no es la única estrategia de confrontación a la que puede recurrir la comunidad. Como explicó un líder, expulsar a los productores de la comunidad o declararlos ‘persona non grata’ es otra de las opciones disponibles. Denunciar a los productores directamente con las autoridades también es una medida. Sin embargo, ninguna de estas estrategias ha sido usada hasta ahora, sobre todo porque quienes han cultivado coca son también parte de la comunidad. Relegarlos al ostracismo implica crear conflictos internos, una situación frente a la cual los líderes y la comunidad son reacios. No obstante, mantener creíble la amenaza de castigo es clave, lo cual ayuda a explicar por qué en este Consejo hay una política de baja tolerancia hacia quienes incumplen sus mandatos.

El desafío de mantener la resistencia

Sostener la resistencia a los cultivos ilícitos acarrea costos considerables, como sucede en cualquier dilema de acción colectiva. Como ilustra este caso, la resistencia no solo debe asumir los riesgos de posible retaliación por parte de actores interesados en la proliferación de los cultivos, como algunos grupos armados ilegales, sino que debe además lidiar con oposición interna de miembros de la misma comunidad.

En el Consejo que hemos estudiado, la resistencia a los cultivos ilícitos tiene fundamentos utilitarios y también normativos. Los cultivos de coca no solo son considerados indeseables por generar impactos sociales y legales negativos para la comunidad y por ser una amenaza para el territorio, también se asumen como perjudiciales para el conjunto de valores con que la comunidad se identifica. Ambos fundamentos se encuentran cuando se analiza la manera en que algunos líderes comunitarios expresan su concepción sobre la relación con su territorio. La propiedad sobre el territorio parece tener un significado que trasciende la dimensión económica de la tierra como factor de producción. La noción de la ‘pureza’ del territorio gana importancia y, de forma concomitante, la conservación de ese territorio adquiere, por lo menos en el nivel discursivo, un carácter imperativo para los habitantes del Consejo. Al ser indagada sobre el origen de su compromiso con la conservación del territorio, una lideresa afirmó: “Recuerdo pequeña tenía por ahí 14 años, mi papá me decía: ‘La tierra no se vende. La única riqueza que tiene el hombre del Pacífico es ese pedacito de tierra. Y si es posible [hay que] dar la vida por ella”.

Para darle sentido y sustento moral a la resistencia, los líderes del Consejo se involucran deliberadamente en la ‘transmisión’ de esos valores que consideran pilares centrales de su identidad como comunidad. Atentar contra el territorio (es decir, permitir la entrada de cultivos de coca, la minería ilegal o, incluso, los monocultivos) se vuelve sinónimo de atentar contra los valores compartidos distintivos, la historia e identidad de la comunidad, tres aspectos relacionados con lo que la comunidad entiende como ‘ancestralidad’.

La literatura sobre cultivos ilícitos muestra que las consideraciones morales influyen en las decisiones individuales de participar en actividades económicas ilegales (Ibáñez, 2010). No obstante, este caso sugiere que los mismos mecanismos que ayudan a restringir, en el nivel individual, la decisión de cultivar coca, pueden también operar de manera efectiva en el nivel colectivo. En este sentido, es posible afirmar que este Consejo encarna una forma de resistencia moral colectiva a las presiones del mercado y de los grupos armados. En contraste, otros consejos o bien no resisten estas presiones o carecen de las capacidades organizativas y de liderazgo para atribuirle sentido moral a la resistencia (Lobo & Vélez, 2020).

Capital social

Como mencionamos antes, los resultados de nuestra investigación previa muestran que existen diferencias significativas en el stock de capital social entre los consejos comunitarios de Buenaventura (Lobo & Vélez, 2020). Las figuras a continuación ilustran los resultados de la comparación entre tres consejos en una muestra por conveniencia que incluye el caso de estudio (uno de los consejos con menor incidencia de coca en el municipio) y dos consejos más (identificados como cc.x y cc.y) en los cuales la incidencia de coca y minería ilegal ha sido significativamente más alta. En esos tres consejos medimos, mediante 541 encuestas de hogar, cuatro variables asociadas al capital social:⁵ el nivel de confianza en un conjunto de instituciones, el nivel de participación en grupos de la comunidad, el grado al cual las personas reconocen la existencia de reglas para la administración de recursos y tierra, y la frecuencia de trabajo voluntario. Las figuras 2 a 6 muestran los resultados de las encuestas para esas cuatro variables de interés. La figura 5 incluye datos en una encuesta realizada a más de 800 habitantes de consejos mineros de Buenaventura para un proyecto de investigación previo (Rodríguez, et al., 2019).

El análisis que realizamos de estos datos (Lobo & Vélez, 2020) muestra que las diferencias entre nuestro caso de estudio y los demás consejos son estadísticamente significativas, lo cual permite inferir que el Consejo cuyo caso analizamos tiene en efecto mayor stock de capital social que sus vecinos. Para entender las razones por las cuales existen estas diferencias y, a través de ello, los mecanismos en los cuales se fundamenta la capacidad para resistir la influencia de las economías ilícitas, es preciso analizar los antecedentes de organización comunitaria y liderazgo en el Consejo estudiado, tarea que desarrollamos en la siguiente sección y que nos permite avanzar frente a los argumentos presentados en nuestras investigaciones previas.

Antecedentes de organización comunitaria y liderazgo en el Consejo

La evidencia presentada hasta ahora da cuenta de dos características distintivas del Consejo: sus experiencias de resistencia a la penetración de cultivos ilícitos y la fortaleza de su capital social. Para trazar el origen de ese capital social, en esta sección presentamos la evidencia sobre los antecedentes de organización comunitaria y liderazgo en el Consejo. Esta evidencia emerge del análisis de las entrevistas realizadas a líderes representativos, dentro de los cuales se encuentra uno de los coautores de este artículo.

Los antecedentes de organización comunitaria en el Consejo pueden ubicarse en el proceso que antecedió la formulación de la Ley 70. La expectativa creada por el at 55 motivó a las comunidades a crear organizaciones de base con el fin de contribuir de manera más estructurada en la formulación de la Ley 70. La comunidad del Consejo que aquí estudiamos creó su propia organización de base (en adelante, la Organización) en diciembre de 1991, conformada por un comité veredal en cada una de las comunidades del río y un comité central. Los objetivos centrales de la Organización, alineados con el espíritu de la nueva Constitución, eran promover la conciencia de identidad étnica negra y la defensa del territorio. Participar en el proceso de difusión y desarrollo del at 55 fue asumido como una forma directa para avanzar esos objetivos. En ello se concentró la Organización durante su primer año de trabajo. Aunque varias comunidades encontraron atractivo participar en ese proceso, no todas tuvieron el mismo nivel de involucramiento. En palabras de uno de los líderes que participó activamente:

En ese momento surge digamos la dinámica nuestra. Y ahí en ese momento digamos que la vida mía y la de muchas personas cambia porque hasta ese año 91 es solamente el escenario de discusión. Sí, no habíamos estado como metidos en el accionar como tal y asumir el tema de liderazgo. El artículo 55 sale y hay que dinamizarlo. Nosotros estamos acá, hemos estado trabajando con la zona rural, estamos conformando organizaciones en la zona rural, yo no sabía nada de eso pero había que organizar la gente. Eso fue lo que me dijeron que había que hacer, entonces nos metimos en ese proceso de organización. Se abre el artículo 55, hay que divulgarlo: ¿quiénes están disponibles? Hay que ir a todas partes donde haya negros a decirles que ese artículo existe. Y a mí es a uno de los que me envían. Me dicen: “¡Vaya!”, y yo en ese momento joven, sin mayor preparación, me voy.

Poco tiempo después de ser conformada, en agosto de 1992, la Organización fue designada por el gobierno departamental como una de las organizaciones miembro de la comisión consultiva del Valle del Cauca como resultado del dinamismo de su actividad político-organizativa. Esta membresía le otorgó la responsabilidad de hacer recomendaciones a la comisión especial creada para desarrollar el at 55. El líder del Consejo delegado como representante de la Organización fue a su vez seleccionado como integrante de la comisión especial que, a la postre, habría de generar la propuesta de la Ley 70 de 1993. A partir de la promulgación de la ley, la Organización se enfocó en la creación y fortalecimiento del Consejo Comunitario como máxima autoridad de administración interna y representación legal de las comunidades, manteniendo para sí el rol de ‘organización madre’ y orientadora política.

El Consejo y el Proceso de Comunidades Negras

El at 55 desencadenó un proceso participativo sin precedentes. En el marco de ese proceso se consolidó la Coordinadora Nacional de Comunidades Negras, posteriormente llamada Proceso de Comunidades Negras (pcn), una organización nacional creada para articular organizaciones y personas que habían participado en el proceso constituyente y que veían la necesidad de fortalecer a las comunidades negras rurales mediante la creación de organizaciones con enfoque étnico-territorial. A partir de 1992 la Organización pasó a ser parte integral de la Coordinadora que, un año después, adoptó el nombre de pcn y definió principios de orientación política que todos sus miembros se comprometían a promover y defender. Luego de su creación, el Consejo se hizo también miembro del pcn.

De manera temprana se estableció una relación estrecha entre las organizaciones de base de la comunidad —i. e., el Consejo y la Organización— y el pcn, gracias al papel del líder delegado como representante de la Organización. Al respecto, un líder del Consejo comentó:

Él siempre ha sido […] de los [líderes] más reconocidos que hay en el pcn. Entonces [eso es algo] que no tienen los otros consejos. En otros consejos había participación, pero no salió nadie con un rol como el que tuvo [él] en los procesos [organizativos]. […] Entonces [él] comprometió mucho a [el Consejo] con el pcn. Digamos, ese es un tema que no… que los otros lo han asumido, las nuevas generaciones, pero no en el nivel que [él] lo ha hecho, digamos, y lo sigue haciendo. Hasta [en] la asamblea que terminamos [recientemente] quedó ratificado. O sea, [su relacionamiento e influencia] siguen en pie.

Esta estrecha relación facilitó que los primeros líderes del Consejo lograran visibilidad a nivel regional y nacional, ampliando su ámbito de relacionamiento con otras organizaciones rurales, urbanas, instituciones públicas y agencias de cooperación internacional. Hacia adentro del Consejo, ser parte del pcn permitió que profesionales, académicos y activistas del movimiento social negro apoyaran los esfuerzos de organización, formación política y concientización étnica. Ello ayudó al crecimiento de la Organización y a ganar legitimidad en el interior del Consejo. Igualmente, facilitó el acceso a recursos económicos de entidades de cooperación interesadas en la titulación colectiva y el fortalecimiento político de las comunidades. Para el pcn, por su parte, la relación con el Consejo, como una de sus comunidades miembros, le permitió ampliar su área de influencia y contar con nuevos líderes y territorios para su propuesta política.

La formación de líderes y el fortalecimiento étnico-político

Al indagar sobre el origen de la formación de líderes emergió la figura de un párroco de la diócesis de Buenaventura, hoy exiliado por amenazas contra su vida. Su orientación vocacional, de marcado énfasis político, tuvo una influencia significativa en el proceso de formación de liderazgos. No solo promovió la creación de la Organización, sino que orientó a los catequistas de todas las parroquias en las veredas del río para apoyar el proceso de organización comunitaria y, en particular durante los primeros años de funcionamiento de la Organización, la difusión del at 55. Así, la primera generación de liderazgos estuvo muy marcada por la influencia de la Iglesia católica. Los catequistas se convirtieron en líderes que abanderaron la causa étnica-territorial desde sus parroquias y su trabajo social.

De modo complementario, desde 1992 los líderes del pcn habían iniciado un proceso de identificación de líderes y lideresas en cada una de las veredas del río para que recibieran talleres de formación política que les permitieran apersonarse de la socialización del at 55 y la recolección de insumos para elaborar la propuesta de ley. A diferencia del trabajo adelantado por la Iglesia católica, el pcn enfocó sus liderazgos en un grupo amplio de personas que, sin dejar de lado a los catequistas, incluía jóvenes, docentes, promotores de salud, miembros de las antiguas juntas de acción comunal y otras personas como pescadores, mineros y corteros de madera que tuvieran un rol destacable en las comunidades. Por ello, al momento de su creación formal, el Consejo ya contaba con decenas de líderes y lideresas comprometidos con el fortalecimiento de la causa étnico-territorial. Ello facilitó la elección de los primeros integrantes de la junta del Consejo Comunitario, el comité central de la Organización y los liderazgos locales en los comités veredales.

Los esfuerzos en el Consejo para sensibilizar a la comunidad sobre el tema étnico y la formación de liderazgos no culminaron con la entrada en vigencia de la Ley 70. El proceso organizativo en el río logró conformar (y mantiene hasta hoy) una ‘masa crítica’ de líderes y un suministro constante de personas, jóvenes y adultas, dispuestas a asumir el liderazgo comunitario en sus diversos niveles. Para ello se han seguido tres estrategias formativas para cuya puesta en marcha es necesaria la colaboración cercana entre la Organización y el Consejo. La primera es la realización continua de escuelas de formación política en articulación con el pcn cuyo fin es formar nuevos líderes y fortalecer las capacidades de quienes ocupan alguna posición en la estructura organizativa. Quienes participan en esas escuelas aprenden, entre otros temas, sobre la Ley 70, derechos étnicos y organización en talleres dirigidos por líderes generalmente urbanos con conocimiento sobre territorio, identidad y participación. Las escuelas buscan posicionar la postura política del pcn y lograr que los líderes asistentes tengan capacidad argumentativa para divulgar y defender ese enfoque dentro y fuera del territorio.

La segunda estrategia es la sensibilización permanente a los miembros de la comunidad, particularmente a los jóvenes, sobre los logros del proceso organizativo y la necesidad de participar de forma activa en las organizaciones de base. El logro de este propósito está cimentado, principalmente, en el proyecto comunidad-escuela, mediante el cual la institución educativa del Consejo se convierte en un actor protagónico al servicio del proyecto comunitario, incorporando un currículo en el que la formación sobre identidad étnica y sobre el proyecto comunitario tienen un rol central en la educación de los estudiantes. El proyecto, que se convirtió en la filosofía pedagógica de la escuela en el Consejo, se complementa con dos actividades concretas: i) producción de material educativo, como cartillas, folletos y afiches, que se reparten en todas las comunidades a través del comité veredal y de la escuela; y ii) participación de los docentes en todas las actividades de la organización comunitaria. El proyecto comunidad-escuela guarda similitudes con las ‘escuelas quilombolas’ en Brasil, donde se busca que el proceso educativo responda a las especificidades culturales y étnico-raciales de la comunidad. En ese caso, no obstante, impartir también ‘conocimiento tradicional’ en las escuelas de educación primaria de las comunidades es mandato de ley.⁷ Respecto de esta estrategia, un líder explicó:

[El proyecto] se viene consolidando desde hace unos tres o cuatro años, ya de manera [más formal]. En la institución educativa hay profesores de carrera organizativa, que enseñan el tema de la organización, dedicados al tema social, comunitario, [incluso a] enseñar qué es y cuáles son las funciones de [la Organización]. Eso lo tenemos. Estos profesores no son por nombramiento [oficial], pues porque esos cargos [no son formales], pero sí lo colocan [en sus funciones]. Hay profesores que son encargados de los temas… como sociales, como los temas comunitarios. La institución les paga por eso.

Finalmente, la tercera estrategia es el posicionamiento de la participación y las responsabilidades organizativas-comunitarias como algo positivo para el crecimiento personal y para ganar reconocimiento local, regional y nacional al poder participar en espacios por fuera del territorio, interactuar con entidades públicas y ong nacionales e internacionales.

Análisis: los fundamentos de la resistencia

Los antecedentes de liderazgo y organización comunitaria presentados en la sección anterior brindan elementos claves para explicar la capacidad de resistencia a cultivos de uso ilícito en el caso de estudio y la formación de capital social. Lo primero que se evidencia en esos antecedentes es el hecho de que el proceso de formulación de la Ley 70 desencadenó un alto nivel de activismo y participación entre las comunidades negras. Divulgar la nueva Constitución y el at 55 entre todas las comunidades para llevar sus insumos a las comisiones encargadas de formular la propuesta de ley implicó un intenso trabajo organizativo en el Pacífico. De todo este proceso emergieron tres tipos de organización de base. Primero, las organizaciones de base que, como la Organización en el Consejo, se crearon como plataforma participativa primaria en el proceso de desarrollo del at 55. Segundo, organizaciones como el pcn a nivel nacional y regional que agruparon a otras específicamente alrededor del activismo político. Tercero, los consejos comunitarios como la expresión formal de organización comunitaria que quedó establecida en la Ley 70.

La existencia de estos tres tipos de organización no explica, por sí sola, la capacidad de resistencia del Consejo estudiado en este artículo, pues muchas de las comunidades de la región comparten esta misma ‘matriz’ de organización comunitaria. Ni siquiera el hecho de que el Consejo haya tenido una relación particularmente estrecha con el pcn puede entenderse como un factor explicativo aislado, pues varios consejos de la región, incluyendo aquellos con mayor presencia de coca, comparten esa característica. ⁸ Una explicación más plausible es la manera en que cada comunidad optó por gestionar esa diversidad institucional que trajo como resultado la Ley 70. En particular, tres elementos específicos, estrechamente relacionados, merecen especial atención. Primero, las trayectorias determinadas por las decisiones de gobernanza en cada comunidad. Segundo, la noción particular de liderazgo predominante en cada comunidad y su puesta en práctica. Tercero, el refuerzo de valores asociados a una narrativa compartida.

La gobernanza complementaria

De manera general puede afirmarse que la Ley 70 proporcionó un marco jurídico que tradujo formas de organización comunitaria tradicionales a estructuras de gobernanza formales. En particular, los consejos comunitarios son la expresión jurídica de lo que hasta antes de su creación habían sido formas organizativas sin naturaleza legal definida. Esas formas agrupaban a las comunidades a partir de la cohabitación a lo largo de la ribera del río como espacio geográfico de ordenamiento de la vida comunitaria (Oslender, 2002).⁹ Como ya se señaló, las organizaciones de base fueron, de alguna manera, un paso intermedio en la transición hacia la especificidad jurídica organizativa consignada en la ley.

Ahora bien, para varias comunidades, la creación de los consejos comunitarios como entidades formales de administración del territorio colectivo volvió redundante la función de esas organizaciones de base. Esto no llevó necesariamente a que dichas organizaciones desaparecieran, entre otras razones por la existencia de formas de asociación supracomunitarias (como el pcn) alrededor de las cuales agruparse y mantenerse vigentes. Sin embargo, en buena parte de los casos la razón de ser de esas organizaciones en la vida comunitaria dentro de los consejos dejó de ser relevante una vez que se cumplió el cometido de la formulación de la Ley 70 relacionado con la titulación colectiva.

La importancia relativa que las organizaciones de base lograron mantener luego de la ley determinó al menos dos trayectorias. En la primera, que podría denominarse sustitutiva, las organizaciones de base se mantuvieron como una forma de organización paralela a los consejos comunitarios con poca especialización funcional y, en consecuencia, alta probabilidad de duplicación y redundancia. Ante ello, las organizaciones de base quedaron de facto subsumidas por los consejos. El resultado de esta trayectoria fue el debilitamiento de estas organizaciones en el largo plazo y, eventualmente, su obsolescencia. En la segunda trayectoria, que podría denominarse complementaria, las organizaciones de base y los consejos diferenciaron y especializaron sus funciones de manera que se disminuyó la probabilidad de redundancia. Con funciones diferenciadas, las organizaciones y los consejos lograron coexistir en un arreglo complementario que fortaleció a las primeras en el largo plazo.

A pesar del tono prescriptivo de esta tipología, estas trayectorias no son del todo excluyentes, pues una misma comunidad puede haber experimentado a lo largo del tiempo momentos de debilitamiento relativo de algunas de sus organizaciones de base. Tampoco determinan sendas enteramente divergentes. Aunque es posible que estas trayectorias exhiban cierto grado de histéresis (o path dependence), nada impide, en principio, que una comunidad decida reorientar el rol que tiene la organización de base.

El Consejo comunitario aquí examinado ejemplifica la trayectoria complementaria. Allí, la comunidad tomó la decisión de buscar espacios de convergencia y complementariedad entre la organización de base y el Consejo para evitar que este absorbiera las funciones de la Organización. Conservar esos espacios es una tarea que se mantiene hasta hoy. En palabras de un líder del Consejo, coautor de este artículo:

Cuando se creó el Consejo Comunitario todo el mundo decía que [la Organización] tenía que desaparecer porque iban a ser lo mismo. Entonces la gente dijo no, el Consejo es administrador, pero políticamente el control territorial no es el Consejo Comunitario. […] En otros consejos existen [las organizaciones pre-Ley 70] porque el pcn ha hecho un esfuerzo para que se mantengan. Pero en términos del rol, [la figura de] el Consejo Comunitario les ha quitado mucho peso. Todo el mundo quiere ser representante legal y estar en la junta del Consejo y dejar abandonada la otra [Organización]. La medida que nosotros tomamos es en función de evitar que eso pase.

La medida a que se refiere el testimonio es la redefinición y especialización de funciones. El Consejo optó por mantener y fortalecer la naturaleza política de la Organización y enfocar sus esfuerzos en las labores de administración del territorio colectivo. Aunque en la práctica esas funciones se retroalimentan, especializarlas cumple el propósito de facilitar la gestión y evitar que una se fortalezca a expensas de la otra. Más aún, ello implicó tomar decisiones sobre el perfil deseado de los miembros en los espacios de participación de manera que sus aportes sean más relevantes. Al respecto, el mismo líder explicó:

Otra decisión que tomamos recientemente fue que los mayores [los miembros de la comunidad de mayor edad y trayectoria] del proceso [organizativo] quedaron en [la Organización]. Los más jóvenes quedaron en la junta del Consejo. Se supone que si [la Organización] va a orientar el territorio, [es importante] que sepan, que tengan una autoridad cultural, política para decirle a usted “señor representante legal, señor junta de gobierno, políticamente necesitamos que haga esto en nuestro territorio”

Un motivo adicional para preservar la especialización de funciones y la vigencia de la Organización como órgano independiente del Consejo, expresado por algunos de los líderes, se deriva de lo que la comunidad percibe como el riesgo originado de cierta inseguridad jurídica. Para el liderazgo del Consejo, no existe una garantía de que el ordenamiento institucional de la Ley 70 se vaya a mantener tal como fue establecido. En consecuencia, son mayores los incentivos para salvaguardar la organización comunitaria de base como una plataforma que, a los ojos de la comunidad, tiene naturaleza y legitimidad suprajurídicas, pues su existencia no depende del ordenamiento derivado de la ley.

El ‘liderazgo colectivo’

Poco después de la conformación del Consejo, los líderes fundacionales impulsaron una visión poco convencional sobre el ejercicio del liderazgo que a la postre se convertiría en apuesta distintiva del Consejo: el ‘liderazgo colectivo’. La característica principal de esta noción es la intención deliberada de descentralizar las responsabilidades del proceso organizativo de manera que estas no quedaran concentradas en la figura de los líderes más influyentes. En palabras de uno de esos líderes: “Uno es mejor líder cuando crea nuevos líderes y no cuando concentra el liderazgo en uno mismo”. Esta noción encapsula lo que en la literatura se ha estudiado con el nombre análogo de ‘liderazgo compartido’ (shared leadership). Pearce y Conger (2003) definen este tipo de liderazgo como un proceso de influencia interactivo y dinámico entre los miembros de un grupo para los cuales el objetivo es guiarse mutuamente hacia el logro de objetivos grupales, organizacionales o una combinación de ambos. ¹⁰ Estos autores enfatizan la naturaleza estructural de este tipo de liderazgo al señalar que, en vez de estar centralizado en un solo individuo, está distribuido ampliamente entre los miembros de una colectividad. De forma similar, otros autores enfatizan en que la interacción que permite compartir las responsabilidades del liderazgo es el atributo central del liderazgo compartido (Hiller, et al., 2006).

Adicionalmente, esta noción implica que el liderazgo no está principal ni necesariamente atado al ejercicio de roles en los órganos de gobierno del Consejo establecidos en la Ley 70. Por el contrario, la concepción de liderazgo en el Consejo se extiende a las personas que desempeñan roles en todas las instancias claves de la vida comunitaria, como los promotores de salud, madres comunitarias, inspectores o profesores. No se trata únicamente de un reconocimiento nominal. Estas personas forman parte activa de la organización comunitaria ejerciendo sus roles y son reconocidos como líderes en el Consejo. La ‘junta ampliada’ es un espacio que la junta del Consejo convoca cuando es necesario tomar decisiones difíciles (como sucedió cuando se descubrieron los brotes de cultivos ilícitos en el territorio), al cual asisten, además de sus miembros, todos aquellos que tienen roles de liderazgo en las múltiples esferas de participación en la vida comunitaria. Los asuntos tratados y las decisiones tomadas en este espacio son asumidos por ese conjunto amplio de liderazgos y no solo por los miembros de la junta, así como las responsabilidades específicas derivadas de esas decisiones.

En la noción de ‘liderazgo colectivo’ subyace la aspiración de que ‘lo comunitario’ se convierta en el referente identitario por antonomasia para todos los habitantes del río. De acuerdo con uno de los líderes fundacionales del Consejo: [Cuando se creó la Organización], “lo primero que buscamos fue eliminar el veredalismo”. Es decir, lograr que la gente no se pensara en función de su vereda sino como miembros del Consejo como un todo. No fue fácil cambiar esa forma de pensar, pero hacerlo era vital para los cambios que querían lograr.

La evidencia muestra que el compromiso con el ‘liderazgo colectivo’ en el Consejo no es solo discursivo, sino que tiene repercusiones directas en las reglas de gobernanza orientadas a garantizar representatividad amplia en las instancias de gobierno. Ese es el propósito que tiene el mecanismo de elección de miembros en la junta del Consejo y el comité central de la Organización. Cada una de las doce veredas del Consejo escoge dos delegados, uno para la junta y otro para el comité central. Este último entra directo a hacer parte del comité, pues este órgano está compuesto por un delegado de cada vereda. Para elegir a los siete miembros de la junta del Consejo hay un proceso de elección en dos etapas. En la primera, las veredas que conforman cada zona del río (alta, media y baja) se reúnen para elegir, entre sus delegados, dos representantes. En una segunda etapa, la asamblea del Consejo en pleno escoge los roles que cada uno de esos seis candidatos (dos por cada zona) tendrá en la junta del Consejo (un séptimo miembro es escogido con el fin de tener un número impar de miembros). Este sistema de elección garantiza, por una parte, que quienes llegan a ocupar esos cargos ya cuenten con la legitimidad de haber sido elegidos entre las veredas de su zona; y, por otra, incentiva a quienes ocupan los roles a velar por intereses más amplios que los de la vereda que los eligió.

Hay otras dos reglas mediante las cuales se limita el personalismo y se incentiva la representatividad ampliada. Primero, no está permitido que una persona ocupe el mismo papel en la junta del Consejo durante más de un período. Segundo, nadie puede ser representante legal por más de un período. Combinadas, estas reglas hacen que, como máximo, una misma persona ocupe tres puestos distintos durante su estancia en la junta, luego de lo cual debe necesariamente salir. Este sistema de rotación obligatoria de personas y roles obedece a dos lógicas. Primero, evita que las personas extiendan demasiado sus términos, minimizando así el riesgo de que los intereses personales prevalezcan sobre los de la comunidad. Segundo, permite una renovación permanente del liderazgo para que los miembros jóvenes de la comunidad puedan aprender y ocupar puestos de responsabilidad en los órganos directivos formales.

El corolario de estas reglas es tan sencillo como desafiante. El Consejo debe garantizar que haya un ‘suministro’ constante de nuevos liderazgos dispuestos a ocupar los cargos que otros ya han ocupado. Esa es una de las funciones que cumplen las estrategias formativas mencionadas anteriormente. Ningún otro consejo en el municipio de Buenaventura, hasta donde nuestra investigación permite afirmar (Lobo & Vélez, 2020), tiene reglas de gobernanza similares.

Resistencia: el poder de una narrativa compartida

La gobernanza complementaria y el liderazgo colectivo presentados en las secciones previas proveen los fundamentos organizativos que hacen posible la formación de capital social y la resistencia comunitaria a los cultivos ilícitos en el Consejo analizado en este artículo. En conjunto, estos fundamentos tienen el efecto de ampliar y cualificar los espacios de participación. Por definición, la trayectoria de gobernanza complementaria descrita anteriormente multiplica los ámbitos y roles en los cuales los miembros de la comunidad pueden hacerse participes del devenir de su comunidad y provee más oportunidades para que los liderazgos se renueven y se fortalezcan en sus funciones representativas y de defensa de derechos. El liderazgo colectivo, por su parte, crea el efecto de ‘democratizar’ el ejercicio del liderazgo de manera que una capa más amplia de miembros de la comunidad, en el ejercicio de sus labores específicas, se ve motivada a tomar parte de las decisiones que atañen a la vida en comunidad. Ello cualifica desempeños que en otras circunstancias no tendrían necesariamente un valor especial. Cuando hay múltiples oportunidades para el ejercicio del liderazgo más allá de los (inevitablemente limitados) espacios formales, la motivación subyacente entre quienes quieren hacer contribuciones a la vida comunitaria pasa de la lógica de atracción por escasez (i. e., muchas personas aspirando a ocupar unos pocos puestos en los órganos de gobierno) a la lógica de atracción por afinidad. Los efectos de la gobernanza complementaria y el liderazgo colectivo se refuerzan mutuamente; poco sirve ampliar espacios de participación sin que exista una masa crítica de potenciales participantes.

Además de esos fundamentos organizativos, hay otro elemento —un fundamento ideológico, si se quiere— que es también relevante para explicar la capacidad de resistencia comunitaria aun cuando sea más difícil observarlo (y mucho más medirlo). Se trata de la influencia que ejercen los que podrían llamarse líderes tradicionales o fundacionales. La legitimidad de estos líderes está basada en su experiencia y trayectoria, así como en sus aportes a la comunidad y/o al movimiento negro. Este liderazgo contrasta con el que podría llamarse liderazgo institucionalizado, aquel que fue establecido con la entrada en vigencia de la Ley 70 y que tiene tres características: es representativo (i. e., es elegido por la comunidad para representar sus intereses en instancias de toma de decisión), es formal (i. e., está enmarcado en procedimientos y reglas explícitas predefinidas) y es fiduciario (i. e., tiene como responsabilidad primaria la de administrar y conservar el territorio colectivo que le pertenece a la comunidad a la cual representa).

Aunque estos dos tipos de liderazgo pueden traslaparse, la influencia que ejerce el primero tiene una naturaleza distinta porque emana de factores esencialmente intangibles y no codificados de manera explícita o formal. No por ello esa influencia es deleznable. Por el contrario, el impacto del llamado ‘liderazgo carismático’ ha sido estudiado ampliamente en la literatura, incluyendo los efectos positivos y negativos que puede tener el carisma como una forma de ‘influencia idealizada’ (e. g., Conger, 2013; Shamir, et al., 1993). Aunque la influencia de estos líderes podría interpretarse como contradictoria con la idea del ‘liderazgo colectivo’, en realidad son complementarias. La razón es que, como se señaló antes, buena parte de los principios de ese ‘liderazgo colectivo’ proviene justamente de esos líderes fundacionales. Más aún, es posible afirmar que los líderes fundacionales proporcionan una guía para el ejercicio del liderazgo más institucionalizado.

En buena medida, la influencia de estos líderes se expresa en su capacidad de promover un conjunto de principios que han adquirido estatus normativo en la comunidad. Esos principios incluyen la conciencia de identidad negra, la importancia de pensar ‘desde lo colectivo’, la defensa de los derechos y la conservación del territorio. Si bien ni la existencia ni la promoción de estos valores pueden ser enteramente atribuidas al rol de esos líderes, su papel es prominente. Varios de esos líderes, algunos de los cuales fueron precursores del movimiento social negro en Colombia, encarnan lo que algunas comunidades denominan la ancestralidad: la noción de ‘relacionamiento con el origen’ como un repositorio simbólico de la tradición y la identidad negra. La importancia de este elemento es incluso reconocida por personas ajenas al consejo. En palabras de un líder de un consejo comunitario del municipio afectado por los cultivos ilícitos:

Cuando usted mira, un consejo comunitario es una estructura organizativa, pero desde lo antiguo, es decir, desde el conocimiento de la gente, de ese conocimiento antiguo, pero para simplemente nosotros poder subsistir en un territorio desde nuestra forma [de vida]. [El Consejo] digamos que no fue arrancado de esa estructura antigua; por eso, allá existe una organización de río. Entonces los veteranos siguieron con ese consejo de darles a los jóvenes y de allí [el Consejo] se ha organizado desde esa estructura de pensamiento de lo antiguo. Ellos están avanzando como debe avanzarse. Los otros consejos han querido saltarse ese paso y la estructura de los antiguos se perdió. Por ejemplo, [nombre de otro consejo] tiene ese problema. No hay el ligamento con lo ancestral. Y cuando se pierde eso, el relacionamiento con los recursos naturales se perdió. Y entonces eso hay es que recuperarlo. Uno no puede avanzar en desarrollo sin tener en cuenta lo ancestral.

Reforzar una narrativa compartida sobre el origen, la identidad, los derechos y el valor de la conservación del territorio, como se mostró previamente, tiene entonces un valor importante para la resistencia porque provee a la acción colectiva de un significado ulterior (una ‘causa común’) que incentiva a los miembros de la comunidad a asumir los riesgos adicionales que implica la resistencia. La relevancia de estos refuerzos ha sido estudiada en otros contextos. Szreter y Woolcock (2004) argumentan que una condición para la evolución de la confianza entre los miembros de una red o un grupo es contar con una historia previa de trabajo político, constitutivo e ideológico. De manera similar, en su estudio sobre las variaciones subnacionales en las políticas y resultados de bienestar social, Singh (2015) plantea que es posible generar políticas de bienestar en grupos sociales a partir de la solidaridad que emerge de la identificación colectiva.

De acuerdo con los líderes del Consejo, la cohesión lograda a partir de esos refuerzos, junto con las sinergias propias de la diversidad de liderazgos, han permitido que ante situaciones como la presión de actores armados, la entrada de cultivos de uso ilícito o minería ilegal, así como la necesidad de concertar con entidades públicas, privadas o no gubernamentales, este Consejo cuente con un conjunto numeroso de líderes y lideresas dispuestos a asumir las discusiones o a enfrentar las amenazas

Conclusiones y discusión de las implicaciones de política

La conclusión central que se desprende del análisis precedente es que hay tres condiciones que explican la mayor dotación de capital social existente en el Consejo analizado, donde ese capital facilita la resistencia efectiva a la penetración de cultivos ilícitos: la complementariedad funcional entre las organizaciones de base, el ejercicio del liderazgo distribuido (o colectivo) y la influencia de liderazgos fundacionales. Aunque estas pueden no ser las únicas condiciones que facilitan la resistencia, la evidencia presentada nos muestra que son, a lo sumo, condiciones determinantes. Estas condiciones facilitan la resistencia comunitaria a los cultivos de uso ilícito porque le proporcionan a la comunidad fundamentos organizativos (i. e., una plataforma ampliada de espacios y oportunidades de participación e involucramiento en la vida comunitaria) e ideológicos (i. e., un conjunto de valores con estatus normativo enmarcados en una narrativa común) sobre los cuales desencadenar y mantener la resistencia.

Aun cuando del análisis de un solo caso no es posible extraer generalizaciones, sí es posible aventurar, al menos como hipótesis, dos conclusiones adicionales, ambas en un tono algo más generalista. La primera es que las comunidades afrocolombianas que crean sinergias más profundas entre las estructuras organizativas de base creadas para y por el ordenamiento jurídico formalizado en la Ley 70 pueden adquirir una ventaja comparativa en términos de la fortaleza de su capital social. La segunda es que así como la dimensión organizativa de la acción colectiva es indiscutiblemente importante, también lo es su dimensión ideológica. La resistencia comunitaria fundamentada en ambas dimensiones puede ser más sólida y sostenible.

Es fácil sobredimensionar las virtudes del caso de analizado, en particular por los méritos que tiene resistir el embate de las economías ilícitas cuando hay necesidades económicas apremiantes. Hacerlo, no obstante, sería contraproducente, pues ello oculta los desequilibrios estructurales por los cuales la resistencia comunitaria se hace necesaria en primera instancia. Por ello, es necesario reflexionar sobre este caso con mirada crítica.

Lo primero que hay que advertir es que, además de las condiciones que hemos identificado, hay una multiplicidad de factores adicionales que inciden en la posibilidad de resistencia, sobre los cuales la comunidad no tiene control. Esos factores incluyen la intensidad de las amenazas externas. No hay resistencia que no se doblegue ante la acometida desmedida de violencia e intimidación por parte de grupos armados ilegales. La asimetría de poder tan amplia entre los miembros de la comunidad y los actores interesados en la proliferación de la coca hace de la resistencia comunitaria un equilibrio temporal y frágil que expone de manera desproporcionada a los actores más vulnerables al transferirles los costos más altos. En segundo lugar, la resistencia comunitaria es un sustituto de la presencia estatal, en particular de la provisión de seguridad como bien público y de oportunidades económicas viables. Las comunidades recurren a la resistencia —a pesar de los costos que implica— porque la alternativa es ceder a la coerción de grupos armados o asumir los riesgos de la ilegalidad. Más aún, como muestra la evidencia presentada anteriormente, aun en casos de resistencia efectiva hay divisiones internas que no son fáciles de conciliar.

¿Qué lecciones de política se pueden derivar de experiencias de resistencia como la del caso analizado aquí? Los factores que hemos identificado no son fácilmente transferibles. Por lo tanto, la posibilidad de replicar la capacidad de resistencia comunitaria en otros contextos es limitada. No solo por la dificultad de construir capital social desde intervenciones externas (Ostrom, 2000), sino por las prioridades de política y limitaciones del Estado colombiano para hacer presencia en los territorios. Incorporar experiencias como la de este caso en la política pública de lucha contra las economías ilícitas es un desafío que merece más investigación. Sin embargo, invertir en la capacidad organizativa existente, apoyar y promover los planes de vida etnoterritoriales, así como consolidar las propuestas de gobierno propio, son, para comenzar, una buena base para fortalecer los procesos de resistencia comunitaria como una forma de reorientar la política contra las drogas con una lógica preventiva.

Referencias

Notas

1 Por razones de seguridad, el nombre del Consejo Comunitario será omitido a lo largo del artículo. En adelante nos referiremos a él simplemente como el Consejo.

2 La mayor parte de las entrevistas realizadas para nuestras investigaciones previas y para este artículo fueron hechas con líderes comunitarios. Su visión es, por consiguiente, la principal fuente de datos para nuestro análisis. Durante el trabajo de campo pudimos sostener conversaciones con algunos miembros de la comunidad que estuvieron involucrados directamente en la siembra de hoja de coca, aunque dichas conversaciones no fueron registradas en audio y, por ende, sus testimonios no pueden ser citados.

3 Aunque en las ciencias sociales hay aparente consenso sobre la importancia del concepto de capital social, no así sobre la definición precisa que lo caracteriza. En este artículo seguimos la definición propuesta por Ostrom (2000), según la cual el capital social es el conjunto compartido de saberes, entendimientos, normas, reglas y expectativas que los individuos en un grupo tienen sobre sus patrones de interacción y traen a sus actividades recurrentes (traducido de Ostrom, 2000, p. 176).

4 Este y otros de los testimonios usados en esta sección fueron también utilizados (traducidos al inglés) en Lobo y Vélez (2020).

5 Las variables que incluimos en nuestra medición corresponden con lo que Ostrom y Ahn (2009) identifican como tres ‘formas’ de capital social centrales para el análisis de la acción colectiva: confianza, redes y reglas e instituciones formales e informales.

6 Carretera vieja y carretera nueva se refiere a un conjunto de consejos comunitarios. Zona ribereña se refiere únicamente al Consejo analizado en este artículo.

7 Las comunidades quilombolas son comunidades negras descendientes de esclavos agrupadas territorialmente en los quilombos, el equivalente jurídico de los consejos comunitarios en Colombia. La Ley 10639 de 2003 en Brasil facultó a las escuelas en los quilombos para abordar la historia y culturas africana y afrobrasilera como parte obligatoria del currículo. Para un análisis detallado, ver Guimarães (2015).

8 En contraste, hay investigaciones para el caso de México que muestran que la resistencia comunitaria indígena a la influencia de grupos armados asociados al narcotráfico depende de la capacidad de expandir sistemas de leyes indígenas locales a regímenes de autonomía étnica regionales (Ley, et al., 2019).

9 Este fue el criterio originario a partir del cual se creó la figura de los consejos comunitarios durante el diseño de la Ley 70. No obstante, como se explicó en la sección 2, no fue el único. Amparado en la flexibilidad otorgada en la misma ley, surgió un segundo criterio de ordenamiento basado no en la cohabitación a lo largo de la ribera del río, sino a partir de la vereda como unidad central de organización. Estos dos criterios sentarían las bases para los dos tipos de consejos comunitarios existentes en la región: consejos de cuenca y consejos de vereda, respectivamente.

10 Traducido de la cita original en inglés en Pearce y Conger (2003, p. 1).

Notas de autor

* Candidato a Doctorado en Estudios de Desarrollo, University College London (Reino Unido). Profesor de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, 2003-2013 (Colombia). Correo electrónico: ivan.romero.15@ucl.ac.uk

** Directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed); profesora asociada de la Facultad de Economía, Universidad de los Andes. PhD en Economía de los Recursos Naturales de la Universidad de Massachusetts, Amherst. Correo electrónico: mavelez@uniandes.edu.co

*** Magíster en Administración de Empresas y en Gobierno. Líder del Proceso de Comunidades Negras y del Consejo Comunitario protagonista de este caso de estudio. Investigador afiliado Cesed. Correo electrónico: alvaroarroyo@renacientes.net