Editorial

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Revista Estudios Socio-Jurídicos, vol. 20, núm. 1, 2018

Universidad del Rosario

El año pasado nos dimos a la tarea de averiguar cómo se creó Estudios Socio-Jurídicos en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, para conmemorar 20 años de trabajo editorial de la revista. Parte de la investigación se realizó a partir de encuestas en profundidad con miembros de la facultad vinculados, entonces, como profesores de cátedra y quienes vieron nacer la publicación de la mano del Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. La idea de tener una revista de divulgación era, principalmente, hacer públicas las reflexiones de los profesores de esta facultad, además de establecer un diálogo de saberes que abriera el enfoque hacia otras disciplinas de las ciencias sociales.

Poco a poco la revista se abrió paso en el ámbito académico, cumpliendo con los requerimientos de Colciencias y, en general, de índices y bases de datos nacionales e internacionales; de esta manera, se convirtió en una publicación de divulgación científica. Pero ¿qué significaba esto? De un lado, era necesario dejar atrás la intención de publicar únicamente la producción de nuestros investigadores y abrirse a la de autores externos, en lo posible, internacionales. De otro lado, cumplir con especificidades, como la evaluación ‘doble ciego’, la publicación de artículos con tipos de texto específicos (artículo de investigación, reflexión, revisión) y la puntualidad en la publicación, de acuerdo con la periodicidad de la revista.

Más pronto de lo esperado, lo que se figuraba como una oportunidad de visibilizar la investigación colombiana se convirtió en una ‘camisa de fuerza’ para todas las publicaciones seriadas. El Índice Bibliográfico Nacional Publindex se convirtió en paso obligado para dar cuenta formal de los procesos editoriales adelantados en cada revista y también, según su clasificación (A1, A2, B o C), las revistas jugaban un rol importante para la acreditación de los programas académicos y para la asignación salarial de los profesores de las universidades públicas (Decreto 1279 de 2002).

Sumado a los procesos de indexación de revistas y de medición de grupos en Colciencias, se configuraron trámites de administración en las instituciones tanto públicas como privadas, que, bajo la modalidad de la ‘auditoría’ o ‘accountability’, empezaron a medir la producción de la vida académica, como lo dijo Gómez Morales (2017), no solo en términos de prácticas académicas, sino también de eficiencia económica, es decir, los temas administrativos trastocaron los académicos y poco a poco ambos se vieron afectados por las dinámicas de competencia propias del mercado, el cual ha pasado a ser determinante en todos los aspectos de la economía nacional e internacional, pero además muy funcional a la hora de convertir un tema misional, como lo es la educación, en un negocio rentable.

De esta manera, participamos y confiamos en la convicción de que todos esos movimientos conducirían a resultados positivos en el desarrollo del país y de la investigación. Sin embargo, los resultados obtenidos hasta ahora no son satisfactorios. En estos momentos se discuten temas como el recorte presupuestal de la investigación para 2018 y se cuestionan los resultados de las convocatorias de grupos de investigación y de indexación de revistas, determinantes estos últimos para nuestro trabajo como eje transversal en la divulgación de resultados de la investigación colombiana.

Aunque Estudios Socio-Jurídicos clasificó en esta convocatoria y hace parte de las pocas revistas de derecho colombianas del IBN Publindex hasta 2019, es necesario, como lo han hecho ya varios investigadores desde sus orillas, continuar con la discusión sobre este ‘modelo’ del CTeI, que ha llevado a autores, editores, evaluadores y publicaciones, si nos concentramos únicamente en temas de investigación, a cumplir, a como dé lugar, con los requisitos establecidos por las bases de datos internacionales del JCR y el SJR, cuya influencia, para dar cuenta de la internacionalización de las revistas y de los investigadores nacionales, tiene connotaciones tan profundas como las que tiene la OCDE en el plan de desarrollo del gobierno. Finalmente, los indicadores mostrados no corresponden, plenamente, con los estándares reales de producción nacional, pues la medición en términos de citas no da cuenta de la calidad de la investigación ni de las publicaciones, menos aún de su objetivo principal, es decir, el de promover redes de conocimiento.

En repetidas ocasiones se ha sostenido que la inversión de recursos para la educación y la investigación en Colombia es mínima, en comparación con la inversión que tienen países como Estados Unidos y Alemania. “La inversión anual en ciencia y tecnología de Estados Unidos y de la mayoría de los países europeos está por encima de los 1400 dólares por persona” (Wasserman, 2017), y aun así, la presión que tenemos es igual o mayor a la que ya hemos conocido por sus investigadores. De este modo, el filo de la navaja es cada vez más cortante, el desgaste mayor y la interlocución entre el Estado, Colciencias, las instituciones y los investigadores, nula.

Ante este futuro algo incierto, es urgente la construcción de diálogos contundentes y propositivos para que la reinvención del sistema nacional de ciencia y tecnología, en el cual estamos involucrados, redunde precisamente en el desarrollo que todos deseamos alcanzar.

Para el volumen 20, número 1, especial que da apertura a una nueva etapa de publicación de Estudios Socio-Jurídicos, presentamos 7 artículos, de los cuales 5 pertenecen a docentes-investigadores colombianos que participaron con sus reflexiones sobre la investigación sociojurídica en Colombia durante estos 20 años (1999-2018). No fue fácil sortear la poca acogida que tuvo la convocatoria, junto con la dificultad en la consecución de evaluadores para los artículos postulados; no obstante, ha sido valioso constatar que las reflexiones que tenemos para ustedes en este número son producto de un trabajo de investigación serio, comprometido y significativo en aportes y construcción al conocimiento y a la sociedad de nuestro país.