En esta nueva edición de Estudios Socio-Jurídicos, volumen 27 número 2, del segundo semestre de 2025, presentamos un conjunto de artículos que, desde diversas metodologías, enfoques teóricos y realidades geográficas, exploran las complejas interacciones entre el derecho, la sociedad y los procesos de transformación que el mundo y nuestra sociedad está experimentando en la actualidad. Los artículos aquí reunidos no solo dan cuenta del rigor y la solidez académica de sus autoras y autores, sino también de su compromiso con el análisis crítico de fenómenos jurídicos de profunda relevancia social, política, ambiental y cultural.

El artículo de Cindy Hawkins Rada, “‘Raizalization’ in the Archipelago of San Andrés, Old Providence, and St. Ketlina in Colombia: The Impact of Migration Restrictions on the Identity-making of the Raizal People”, ofrece un análisis crítico del impacto del régimen jurídico migratorio en la construcción identitaria del pueblo raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La autora examina cómo los procesos históricos de colonización, seguidos por políticas de “colombianización” han generado tensiones entre los habitantes originarios del archipiélago y los colombianos continentales.

La normatividad migratoria ha sido clave para articular los reclamos de la población raizal, al establecer restricciones a la movilidad de personas no originarias al archipiélago con el fin de proteger el medio ambiente y evitar la sobrepoblación, medidas que han sido avaladas por la Corte Constitucional para proteger la identidad cultural del pueblo raizal. La autora plantea que estas regulaciones han servido como herramientas para delinear categorías jurídicas y fronteras simbólicas, reforzando una noción de identidad que se consolida a partir de su interacción con el espacio, la ley y las dinámicas políticas.

Este proceso, que Hawkins denomina “raizalización”, da cuenta de una identidad híbrida y cambiante, que se forja y reafirma mediante la acción política, cultural y jurídica. Las restricciones migratorias no solo delimitan la circulación de personas, sino que intervienen directamente en los procesos de autoidentificación y de afirmación étnica del pueblo raizal, lo cual hace visible la relación entre el derecho y la producción de subjetividades culturales en contextos marcados por la colonialidad.

Por su parte, el artículo de David Ernesto Díaz-Navarro, “Evolución conceptual y jurisprudencial del desplazamiento ambiental forzado en el ordenamiento jurídico colombiano”, aborda la creciente problemática del desplazamiento ambiental forzado en Colombia, en un contexto donde el cambio climático redefine las categorías jurídicas tradicionales sobre movilidad humana. Su análisis propone una diferenciación conceptual entre desplazamiento ambiental (vinculado a causas naturales) y desplazamiento ambiental-climático (derivado de causas antropogénicas), y entre migración voluntaria y desplazamiento forzado, lo que permite trazar una tipología más precisa de los movimientos poblacionales generados por factores ambientales.

Díaz-Navarro señala que la noción de “damnificado” tiende a homogeneizar realidades diversas, y argumenta que tanto el desplazamiento como la migración deben ser entendidos desde las causas que los provocan, lo que obliga al derecho a adaptar sus marcos normativos a una realidad ambiental cada vez más compleja. Su estudio demuestra que, aunque el derecho colombiano ha intentado incorporar esta dimensión, aún persisten retos conceptuales, institucionales y normativos para garantizar una protección integral de las personas afectadas.

Desde México, María Guadalupe Sánchez Trujillo y Jorge Carlos Ruiz Ruiz, en su artículo “Cultura alimentaria, soberanía y derecho humano a la alimentación: estudio de caso en la comisaría de Molas, Yucatán, México”, examinan la soberanía alimentaria y el derecho humano a la alimentación en la comunidad de Molas, Yucatán. A través de un enfoque mixto que combina el análisis documental y el trabajo de campo mediante encuestas, los autores revelan que, aunque la mayoría de los hogares perciben que cuentan con alimentos suficientes, existe una fuerte dependencia del mercado y un consumo limitado de frutas y verduras. El estudio destaca la necesidad de reforzar estrategias comunitarias que promuevan la seguridad alimentaria, así como revalorizar prácticas alimentarias tradicionales como componentes esenciales de la soberanía y la autodeterminación alimentaria de las comunidades rurales.

Por otra parte, en el artículo “La digitalización jurídica en Colombia: de la ley a la práctica. Análisis crítico de las normas sobre el uso de las nuevas tecnologías antes, durante y después de la pandemia”, Catalina Torres Gavilán analiza la evolución de la digitalización del derecho en Colombia, con especial atención a las regulaciones adoptadas antes, durante y después de la pandemia por Covid-19. A partir de un análisis normativo, la autora explora cómo la Ley 527 de 1999 sentó las bases para reconocer el valor jurídico de los mensajes de datos, promoviendo la equivalencia funcional con los documentos tradicionales. Sin embargo, subraya que la implementación de esta normativa ha estado limitada por una infraestructura institucional y cultural insuficiente, lo que impide su efectiva aplicación.

La pandemia aceleró la necesidad de adaptar procedimientos judiciales y administrativos al entorno digital, pero también puso en evidencia la improvisación legislativa y la falta de articulación entre marcos normativos preexistentes. Si bien se promovió el uso de tecnologías en la justicia y la administración pública, muchas de las nuevas normas resultaron redundantes o inconsistentes. Torres Gavilán concluye que la consolidación de la justicia digital en Colombia requiere no solo de normas claras y coherentes, sino también de un compromiso institucional y social que garantice su eficacia en un país atravesado por profundas desigualdades.

Ahora bien, Johan Ricardo Miranda Acuña, en su artículo “Un análisis del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH): una mirada a la responsabilidad internacional del Estado colombiano en la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos (Corte IDH)”, analiza la responsabilidad internacional del Estado colombiano ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por la comisión de hechos internacionalmente ilícitos. Mediante un estudio detallado de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el autor examina las tensiones entre las obligaciones internacionales y su cumplimiento en el plano interno, especialmente en relación con medidas de reparación no pecuniarias como la investigación judicial, la identificación de víctimas, las capacitaciones y el derecho a la verdad.

Miranda Acuña evidencia cómo el artículo 93 de la Constitución colombiana ha otorgado jerarquía superior a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, dotando a los fallos de la Corte IDH de carácter vinculante. No obstante, destaca que, aunque el Estado ha mostrado avances en el cumplimiento de reparaciones económicas, los compromisos relacionados con medidas de satisfacción y garantías de no repetición siguen siendo una deuda pendiente, especialmente en casos de desaparición forzada. A través del análisis de informes de seguimiento y resoluciones de la Corte IDH, el autor concluye que la efectividad del sistema interamericano depende, en buena medida, del compromiso real de los Estados de implementar integralmente sus decisiones.

Quisiera cerrar este editorial expresando un agradecimiento muy especial a la profesora Rocío Peña Huertas, quien desde 2010 se desempeñó como editora de esta revista, y consolidó a Estudios Socio-Jurídicos como una de las revistas académicas más reconocidas en el campo socio-jurídico de Colombia y América Latina. Agradezco también la confianza de la profesora Peña y de la Dra. Laura García, quienes hicieron posible que asumiera el rol de editor de esta revista desde febrero de este año. Extiendo igualmente mi reconocimiento a Laura Duperret, cuya dedicación y capacidad de coordinación han sido fundamentales para asegurar la continuidad y la calidad editorial de la revista.

Finalmente, agradezco profundamente a todas las autoras y autores que confiaron en nosotros para la publicación de sus investigaciones. Espero que los artículos incluidos en este número contribuyan de manera significativa a las reflexiones académicas y a los debates jurídicos en Colombia y Latinoamérica.