Rezago social en menores privados de la libertad por delitos en el noroeste de México

doi:10.12804/revistas.urosario.edu.co/sociojuridicos/a.14889

10.12804/revistas.urosario.edu.co/sociojuridicos/a.14889

Artículos de investigación

Rezago social en menores privados de la libertad por delitos en el noroeste de México^*

Social Backwardness in Minors Deprived of Liberty for Crimes in the Northwest of México

Atraso social em jovens privados de liberdade por crimes no noroeste do México

Francisco Manuel Pina Osuna*

^* Universidad de Sonora. Profesor investigador de tiempo completo del Departamento de Sociología y Administración Pública de la Universidad de Sonora; Doctor en Ciencias Sociales por El Colegio de Sonora; miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt), Nivel I, del área temática Problemas sociales de la delincuencia, la violencia y la seguridad pública.
francisco.pina@unison.mx
0000-0002-5873-2787

Fecha de recepción: 30 de septiembre de 2024.
Fecha de aprobación: 1 de noviembre de 2024

Para citar este artículo: Piña, F. (2025). Rezago social en menores privados de la libertad por delitos en el noroeste de México. Estudios Socio-Jurídicos, 27(1), 1-31. https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/sociojuridicos/a.14889

RESUMEN

El estudio tiene como objetivo indicar las características de rezago social en una población de menores de edad que participaron en actividades delictivas en el estado de Sonora, norte de México, bajo la hipótesis de que la delincuencia juvenil está correlacionada con condiciones sociales de precariedad. Con el uso de estadística descriptiva, la muestra de información se tomó de estudios socioeconómicos de 273 menores varones privados de la libertad, en el Centro Especializado de Internamiento para Adolescentes Hermosillo I Varonil. Los resultados ilustran que la edad crítica para comisión de delitos ronda los 16 y 17 años, y los delitos de drogas y robo a casa habitación son los más comunes. La población no cuenta con el nivel educativo básico; son desempleados o se dedican a labores de construcción y jornalismo; viven en contextos familiares sobrepoblados, desintegrados y no funcionales, en los cuales existen antecedentes de consumo de drogas.

Palabras clave: delincuencia juvenil; delitos; poblaciones privadas de la libertad; rezago social; precariedad social.

ABSTRACT

This study aims to identify the social characteristics of social backwardness in a population of minors who participated in criminal activities in the state of Sonora, Mexico; under the hypothesis that juvenile delinquency is correlated with precarious social conditions. With descriptive statistics methodology and contingency analysis, information was extracted in Socioeconomic Studies of 273 male minors, deprived of liberty in a Specialized Detention Center for Adolescents. The results illustrate that the critical age for committing crimes is between 16 and 17 years old; drug crimes and home burglary are the most common; the population does not have a basic scholar level; it is dedicated to construction and day labor jobs, traditionally with low and precarious salaries; they live in overcrowded, disintegrated and non-functional family contexts, where illegal drug consumption habits exist.

Keywords: Juvenile delinquency; crimes; populations deprived of liberty; social backwardness; social precariousness.

RESUMO

O objetivo deste estudo é indicar as características do atraso social em uma população de menores que participaram de atividades criminosas no estado de Sonora, norte do México, sob a hipótese de que a delinquência juvenil está correlacionada com condições sociais precárias. Usando estatísticas descritivas de informações contidas em estudos socioeconômicos de 273 menores do sexo masculino, privados de liberdade em um centro especializado de detenção de adolescentes. Os resultados ilustram que a idade crítica para cometer crimes é em torno de 16 e 17 anos; delitos relacionados a drogas e roubos são os mais comuns; a população não tem um nível básico de educação; está desempregada ou trabalha na construção civil e em serviços como jornaleiros, por dia; vive em contextos familiares superlotados, desintegrados e não funcionais, onde há histórico de uso de drogas.

Palavras-chave: delinquência juvenil; crime; populações encarceradas; atraso social; precariedade social.

Introducción

Discursos políticos, mediáticos, sociales y culturales, reproducen imágenes estigmatizadas de las poblaciones juveniles. En Latinoamérica es común calificar a los menores como tendientes a la trasgresión de las normas, con alta reproducción de violencia, baja conciencia de la justicia, afectación por la inestabilidad comportamental, bajo control de impulsos y poca tolerancia a la frustración, como condiciones predisponentes de sus conductas delictivas. Cifali et al. (2020) consideran que la perspectiva de convertir a las poblaciones juveniles como sujetos predispuestos a la violencia, potencia su estigmatización y minimiza la corresponsabilidad que tiene el Estado e instituciones sociales —la familia, la escuela, las redes de apoyo— en el desarrollo humano, el respeto a los derechos y la crianza de estas poblaciones etarias, lo cual dificulta abordar a la delincuencia como producto de la precarización de las condiciones sociales a la que estas poblaciones son expuestas. El presente estudio convive con la idea de que, lejos de considerar la trasgresión de la ley como evento producto de la inmadurez y la falta de control de impulsos, la delincuencia juvenil debe ser explicada por el efecto de las desventajas sociales que se tienen, donde el delito representa un mecanismo para acceder o sostenerse.

Respecto a las condiciones sociales de las poblaciones juveniles, el Observatorio de la Juventud en Iberoamérica (OIJ, 2019), advierte que los Estados han sido rebasados en su capacidad para atender las demandas en las condiciones sociales de las poblaciones juveniles, y al hablar de superarlas, la incapacidad se potencia aún más. Se señala una baja calidad en las condiciones de los sistemas educativos, lo cual se traduce en pocas expectativas de ingreso al mercado laboral de calidad, donde el delito puede significar un paliativo para superar este rezago, o ser el resultado de condiciones sociales comprometidas. Es en estas condiciones, que la inseguridad y la reproducción de la violencia se encuentran en una manera exponencial, fuertemente relacionadas con la precarización social (OIJ, 2019, p. 7). El presente artículo no solo busca hacer énfasis en el rezago a nivel económico, sino en las dificultades de acceso a infraestructuras, servicios públicos, derechos sociales como la educación y vivir en un contexto familiar sano, entre otros (Consejo Internacional de Ciencias Sociales [CICS] et al., 2016).

Rezago social y delincuencia

Perspectivas sociocriminológicas sugieren diversos mecanismos que correlacionan rezago social y participación en actividades delincuenciales. Existen enfoques amplios que relacionan el delito con desorganización social y limitaciones de acceso a redes de apoyo (Carrillo & García, 2021; Kennedy et al., 1998). Otros análisis más específicos, como el de Enamorado et al. (2016), aducen que la unión a actividades delictivas está relacionada con precariedad laboral.

Algunos trabajos advierten que las poblaciones juveniles urbanas, de barrios más vulnerables y periferias, aumentan la propensión de unirse a la delincuencia, debido a sus dificultades para acceder a la educación formal y condiciones de empleo adecuadas, lo cual destaca la importancia del núcleo familiar inmediato como orientador hacia el fututo académico y laboral, así como proveedor de principios éticos desde etapas tempranas del sujeto; aquellos que carecen de acceso a estos mecanismos, se ven orientados hacia la trasgresión de las normas legales (Caballero et al., 2022).

El momento pospandémico en el cual se circunscribe este estudio, retoma trabajos que encuentran en este fenómeno un factor ligado a la comisión delitos. Balmori et al. (2021) y Abrams (2021) plantean que el delito en este periodo mostró un comportamiento particular, en cuanto a la disminución de delitos contra la propiedad privada por el confinamiento, pero a la vez, se presentó el aumento o mantenimiento de la delincuencia organizada como delitos de drogas, fraude o estafas. La muestra de análisis incluye a personas que cometieron delitos dentro del periodo de pandemia, lo cual sugiere que este pudo empujar a parte de la misma a la actividad delictiva, o bien, facilitar permanecer en esta, debido a las carencias activadas por la contingencia sanitaria.

Molinedo (2020) advierte que tienen más posibilidades de cometer delitos los jóvenes cuyos hogares son negligentes y con situaciones económicas precarias, donde se presentan indicios de violencia, así como la presencia de antecedentes delictivos y consumo de drogas o alcohol en miembros del núcleo familiar. Otro factor crítico que desata la delincuencia, aparte de la precariedad de los ingresos, es la desigualdad de acceso a derechos, garantías y oportunidades tales como la salud, la vivienda y la educación, los cuales son rezagos sociales que empujan a la trasgresión (Sánchez, 2020).

Por otra parte, Mejía et al. (2020) destacan las precariedades sociales relacionadas con la comisión de delitos de alto impacto como el homicidio, en el que la pobreza, el desempleo y la baja escolaridad son factores predictores. Así mismo, Bevan y Florquin (2006) y Castells (2003), puntualizan que el delito contribuye en poblaciones juveniles como forma de trabajo, y en algunos contextos, supone ser la oferta laboral predominante, por la inmediatez del beneficio material que entrega, al ser una actividad reconocida y viable en poblaciones con bajo control de conducta, con estado de derecho comprometido y caracterizado por altas precariedades; los autores también ubican el delito como mecanismo socializador y constructor de redes de apoyo, pues en condiciones de falta de redes sociales, el delito supone en una forma de crear comunidad en poblaciones juveniles.

En el contexto mexicano se destacan hallazgos del rezago social relacionado con el delito. Vásquez y Corrales (2017) encontraron que el crecimiento del índice delictivo en el noreste del país, se relaciona con el incremento de la pobreza extrema, del número de personas con ingresos menores al nivel de bienestar y el aumento del rezago social. Correa (2015), por su parte, documentó que las desigualdades económicas en las ciudades fronterizas de México fue el factor más determinante en el incremento del crimen.

Dado el estado de las cosas, el objetivo del estudio es caracterizar a una muestra de menores de edad que cometieron delitos, y determinar si su participación en actividades delictivas se relaciona con condiciones sociales en rezago. La pregunta que se busca responder es: ¿Cuáles son las condiciones de rezago social que se relacionan con la participación en actividades delictivas de un grupo de menores privados de la libertad en el estado de Sonora, México? Se sostiene que la población juvenil, al estar en un momento en el ciclo de vida de toma de decisiones —condicionadas por limitaciones socioeconómicas—, se relaciona con el reclutamiento en actividades del crimen (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [Cepal], 2018). El conocimiento en cuanto a las condiciones de su actividad, su familia, nivel educativo, actividades productivas, contexto de residencia y hábitos de consumo, abonan hacia un mejor entendimiento de los elementos que se asocian a la reproducción de la violencia y el delito en poblaciones vulnerables como las juveniles.

Método

Se trabajó con información obtenida de 273 expedientes de internamiento de menores que participaron en diversos delitos y que estuvieron privados de la libertad en el Centro Especializado de Internamiento para Adolescentes Hermosillo I Varonil, del Instituto de Tratamiento y Aplicación de Medidas para Adolescentes (Itama), ubicado al suroriente de la ciudad de Hermosillo, Sonora, México.

Se solicitó vía oficio, autorización a la Dirección General del Itama en Sonora, y se obtuvo respuesta afirmativa para trabajar en el centro mencionado. Se tuvo acceso al total de expedientes de internamiento¹ que se encontraban en el archivo del establecimiento, al momento del estudio (enero de 2023). Se extrajo información contenida en el estudio socioeconómico que aplica el Departamento de Trabajo Social al ingreso a internamiento de cada menor, el cual explora áreas como situación socioeconómica, situación laboral y educativa del menor y su familia, características y composición del grupo familiar, características de vivienda, antecedentes de consumo del menor y su familia. A partir de ello, se generó una base de datos en el paquete estadístico ibm spss versión 18, la cual se trabajó bajo una metodología cuantitativa, basada en estadística descriptiva, sometida a un análisis de frecuencia y contingencia que permitió la caracterización de los 273 expedientes de menores varones que estuvieron internos por su participación en actividades delictivas.

Resultados

El objetivo de este trabajo fue caracterizar los indicadores sociales que describen al total de menores privados de la libertad en el establecimiento mencionado. Desde el 1 de enero del 2019, hasta el momento que comenzó la recolección de los datos (enero de 2023), el centro tenía registrado un total de 273 adolescentes ingresados, población sobre la cual se centran los resultados del presente estudio.

Los resultados se ordenan en subapartados, a saber: características de las actividades delictivas en que participaron; contexto de residencia al momento de cometer el delito; nivel educativo del sujeto y su familia primaria; situación laboral del individuo y su familia primaria; características del entorno familiar del menor; indicadores económicos y de vivienda; y por último, consumo de drogas del individuo y familia.

Actividad en la que participó

Teniendo en cuenta el periodo analizado, se observó que el mayor número de ingresados al centro se dio en el 2022, donde el 35 % de los internos (n = 96) habían ingresado por comisión de delitos, aunque este dato ilustra que las labores de captura, enjuiciamiento y procesamiento de jóvenes relacionados con la conducta trasgresora se ha intensificado, también muestra aumento de la incidencia delictiva en esta población, dentro del contexto del estado de Sonora (Observatorio Nacional Ciudadano [ONC], 2023).

Se considera el periodo de restricciones por la contingencia de salud a casusa de la pandemia COVID-19, la cual intensificó sus acciones entre el 2020 y mediados de 2022, una sugerencia del efecto de este proceso sobre índices delictivos (Abrams, 2021; Balmori et al., 2021), lo cual es consistente con el dato de que los dos años (2020 y 2021) fueron los que presentaron menor número de internamiento por delitos; al sumar ambos años, apenas se alcanza el mismo número de internamientos que se consumaron solo en el 2022, y se observa que, un año antes de la contingencia casi se alcanza la misma cifra del 2022, seguido de una disminución considerable de casi la mitad en promedio por año, durante el lapso de tiempo con mayor intensidad de las medidas pandémicas.

Otro indicador que ilustra la dinámica en que la delincuencia está permeando la población interna, es la edad que los menores tenían al momento de cometer sus delitos. El mayor porcentaje de la muestra contaba con 17 años de edad cumplidos (47,6 %; n = 130), proporción que a su vez forma parte del 89 % de internos (n = 243) que, al ser ingresados al centro, tenían esa edad o eran menores. En cuanto a los mayores de edad que son admitidos en un centro de menores por haber cometido sus delitos en minoría de edad legal, se observa que conforme avanzan en años, la proporción va disminuyendo. Este dato sugiere que, la edad crítica para unirse a actividades delincuenciales en menores de edad en el estado de sonora, ronda los 16 a 17 años de edad.

Los 273 menores de edad privados de la libertad analizados, se distribuyen en una variedad de delitos cometidos (tabla 1). Se pueden observar dos modalidades delictivas en las cuales la mayor parte de la muestra estuvo relacionada. Primero, se destaca que la mayoría de sujetos participaron en delitos contra la salud, específicamente aquellos incluidos en el fuero común, donde el 24,9 / de la muestra de sujetos (n = 66) se relacionaron con este tipo de delitos; la segunda es el robo a casa habitación, sobre el cual el 18,9 / de la muestra de sujetos (n = 50) se fue partícipe en esta modalidad. Este dato coincide con los indicadores de incidencia delictiva que destacan a ambas modalidades como aquellas con mayor expansión en los últimos años en la región, aunque los datos señalan poblaciones adultas, esta correlación de datos destaca que el crecimiento en la incidencia de estas modalidades se puede generalizar a poblaciones delincuenciales menores de edad.

Tabla 1. Delito cometido por el sujeto

*Delito*	f	%	*% válido*	*% acumulado*
Homicidio	28	10,3	10,6	10,6
Feminicidio	3	1,1	1,1	11,7
Lesiones graves	8	2,9	3,0	14,7
Contra la salud (simple)	66	24,2	24,9	39,6
Contra la salud (federal)	5	1,8	1,9	41,5
Extorsión agravada	1	.4	.4	41,9
Armas de fuego	38	13,9	14,3	56,2
Secuestro	3	1,1	1,1	57,4
Privación ilegal de la libertad	1	.4	.4	57,7
Violación equiparada	12	4,4	4,5	62,3
Violación sexual	5	1,8	1,9	64,2
Robo de autopartes	2	.7	.8	64,9
Robo a transeúntes	35	12,8	13,2	78,1
Robo a casa habitación	50	18,3	18,9	97,0
Robo a negocio	8	2,9	3,0	100.0
Total	265	97,1	100.0
Sin dato	8	2,9
Total	273	100.0

Nota. Elaboración propia con datos consultados.

Los datos que ilustran una importante frecuencia de sujetos que participaron en modalidades delictivas de alto impacto,² tales como el narcomenudeo y el robo a casa habitación, contrastan con algunas otras modalidades de alto impacto que muestran una baja proporción de privados de la libertad; tal es el caso del homicidio (10,3 %, n = 28), el secuestro (1,1 %, n = 3), la violación sexual (1,8 %, n = 5), o la extorsión (0,4 %, n = 1), lo cual puede constituir dos fenómenos. El primero, el énfasis que las instituciones de justicia para adolescentes ha invertido en la persecución y aplicación de medidas de algunas modalidades delictivas sobre otras, mostrando la alta incidencia que ciertas formas de delitos de alto impacto presentan, y que en el estado de Sonora aún no se han atendido; el segundo, la tendencia de las poblaciones juveniles a participar o ser cooptadas en determinadas modalidades delictivas, lo cual puede ser indicativo de las necesidades sociales que buscan cubrir tras su relación con estas modalidades delictivas, facilitando el ingreso a estas. El comportamiento de los datos sugiere profundizar con mayor especificidad en cuanto a estos mecanismos diferenciales. Se debe tener en cuenta que, del total de sujetos analizados, el 13,2 / (n = 36) fue sentenciado por cometer dos delitos; la mayoría de este grupo (38,9 %; n = 14) fue por delitos relacionados con la ley de armas de fuego y explosivos, siendo el que presenta la mayor proporción de doble criminalidad en la población analizada.

La tabla 2 ordena los años de sentencia recibida, que ilustra la gravedad del delito cometido; se pudo obtener este dato en 89,4 / de los casos (n = 244), donde el 50,8 % (n = 124) de los sujetos obtuvo una sentencia privativa de la libertad de 1 año. Este elemento sugiere que, a pesar de que una proporción considerable de sujetos cometió delitos considerados de alto impacto, no es correspondiente con la sanción recibida, y se evidencia en el hecho que el 79,9 % de los que se obtuvo el dato (n = 175), recibieron sanciones equivalentes o menores a los 2,5 años. Se habla de delitos que fueron juzgados de baja gravedad o sin condiciones agravantes en un buen porcentaje en la muestra analizada.

Tabla 2. Años de sentencia

*Años*	f	%	*% válido*	*% acumulado*
1,0	124	45,4	50,8	50,8
1,5	32	11,7	13,1	63,9
2,0	29	10,6	11,9	75,8
2,5	10	3,7	4,1	79,9
3,0	14	5,1	5,7	85,7
3,5	9	3,3	3,7	89,3
4,0	16	5,9	6,6	95,9
4,5	6	2,2	2,5	98,4
4,6	1	.4	.4	98,8
5,0	1	.4	.4	99,2
7,0	2	.7	.8	100.0
Total	244	89,4	100.0
Sin dato	29	10,6
Total	273	100.0

Nota. Elaboración propia con datos consultados.

En cuanto a las características de la actividad delictiva en que participaron, la muestra se observa más relacionada con delitos de drogas y patrimoniales; donde el periodo de pandemia tuvo como posible efecto aminorar el número de sentenciados; la mayoría ingresados a sus 17 años de edad; con un bajo porcentaje de policriminalidad (comisión de varios delitos), en su mayoría con delitos de alto impacto, pero juzgados de baja gravedad con sentencias iguales o menores a un año.

El contexto de residencia

Un elemento caracterizador que se obtuvo fue el contexto de residencia, principalmente, su lugar de nacimiento y de residencia, con el fin de ubicar el origen y estatus vecinal de la población analizada. Al respecto, la tabla 3 permite ilustrar que la mayor parte de la población de menores que participaron en actividades delictivas, es residente y nacida en el estado de Sonora. De los 273 analizados, el 94,5 % (n=258) al momento de la comisión del delito tenía como lugar de residencia el territorio sonorense, sumado a que el 87,9 % (n = 240) de la población de menores trasgresores analizada, son nacidos en el estado de Sonora. Este dato muestra que la mayor incidencia delictiva está ubicada en población propia de la entidad, que existe una endogamia delictiva de originarios y residentes del territorio, y va en contraposición de las posturas que señalan que el delito en contextos fronterizos está más dado por población de paso, o que son individuos pertenecientes a grupos externos al contexto. Históricamente se ha defendido la idea de que la mayor reproducción delictiva se establece en ambientes con alto índice de población itinerante (Carrillo & García, 2021; Izcara, 2016); sin embargo, los datos no reiteran esta condición.

Tabla 3. Lugar de residencia y nacimiento del sujeto

*Residencia*	f	%	*% válido*	*% acumulado*
Sonora	258	94,5	94,9	94,9
Foráneo	13	4,8	4,8	99,6
Sin dato	2	.8
*Nacimiento*	f	%	*% válido*	*% acumulado*
Sonora	240	87,9	88,2	88,2
Foráneo	32	11,7	11.8	100.0
Sin dato	1	.4

Nota. Elaboración propia de datos consultados.

La baja proporción de nacidos o residentes foráneos al estado de Sonora, puede ser indicador de que esta no proviene de contextos ajenos al Estado, contrario a los discursos que defienden la idea de que el delito se instaura desde fuera, o que corresponde a los movimientos migratorios tendientes a desplazarse hacia el norte del continente (Manaut, 2011). Por otro lado, estos datos sugieren que la mayor parte de la población analizada, no experimentó como condición de precariedad el haberse encontrado con los procesos de alienación, falta de ajuste y rezago social que implica el alejamiento del contexto de residencia, cuestión que sí puede ser vivida por sujetos foráneos. La mayor parte de la población de menores de edad analizados, en condición de internamiento delictivo, se encontró en condiciones de vivir en su contexto de origen y en residencia de un ambiente familiar, facilitando sus condiciones de ajuste. En ese sentido, no puede advertirse que una situación de precariedad o retraso en cuanto a su situación migratoria/estadía, está ligada a su conducta trasgresora.

El nivel educativo

Entre las condiciones sociales que se han discutido en la literatura y ligadas a la delincuencia juvenil, están las trayectorias escolares de los menores trasgresores de la ley (Caballero et al., 2022; Mejía et al., 2020). Este factor social es de análisis obligado en todo estudio que pretenda caracterizar a poblaciones delincuenciales, en favor de conocer la correlación del rezago educativo con la conducta delictiva. Al respecto, los datos obtenidos no solo se centran en el nivel educativo del menor en condición de internamiento, sino de las características educativas en su contexto familiar inmediato, el cual se reconoce como factor correlativo de impacto en el sujeto.

La tabla 4 distribuye la muestra analizada según el nivel educativo máximo alcanzado al momento de cometer su delito. Se observa que la mayor parte de la muestra al momento de la comisión del delito tenía secundaria trunca como nivel de escolaridad (30,8 %, n = 84); a este dato se le aúna que el 66,4 % de la muestra analizada (n = 180) no alcanzaba el nivel educativo básico al momento de la comisión del delito, que, para el caso de México, es el grado secundaria completa. Una importante proporción de la muestra analizada que se relacionó con actividades delictivas y estaba en situación de internamiento, presentó una condición de rezago educativo al momento de la comisión del delito. Si bien, esta última afirmación podría cuestionarse debido a que se trata de una población juvenil, que en muchos de los casos podría haberse involucrado con el delito, o ser internado antes de tener la edad para cumplimentar el requisito de secundaria completa (alrededor de los 14 y 15 años, en una trayectoria escolar regular), esta condición de rezago se sostiene si se retoma que la mayoría de la población analizada (más del 47 %) fue internada a la edad de 17 años, edad para cumplimentar el nivel secundaria. Este comportamiento en los datos permite reconocer que en los sujetos objeto de este estudio, se experimentó como una condición social el rezago escolar.

Tabla 4. Escolaridad al ingreso del sujeto

*Escolaridad*	f	%	*% válido*	*% acumulado*
No escolarizado	5	1,8	1,8	1,8
Primaria trunca	45	16,5	16,6	18,5
Primaria completa	46	16,8	17,0	35,4
Secundaria trunca	84	30,8	31,0	66,4
Secundaria completa	60	22,0	22,1	88,6
Preparatoria trunca	29	10,6	10,7	99,3
Preparatoria completa	2	.7	.7	100.0
Total	271	99,3	100.0
Sin dato	2	.7
Total	273	100.0

Nota. Elaboración propia de datos consultados.

A esto se suma el hecho de que solo el 22 % de la muestra sí cumplimentaba el nivel educativo de secundaria, y solo el 11,4 % (n = 31) pudieron llegar a cursar el nivel equivalente a bachillerato, por lo tanto, la población de menores involucrada en actividades delictivas en condición de internamiento, objeto de este estudio, se destaca por una proporción significativa con condición de rezago escolar, y un bajo porcentaje en el nivel educativo básico. Otro elemento que recrudece la situación escolar de la muestra estudiada, es el hecho donde consta que, del total de los 273 sujetos del estudio, el 85,7 % (n = 234) habían desertado de su educación escolar al momento de la comisión del delito. Es decir, a la condición de precariedad en el nivel educativo del menor se le añade un proceso de abandono escolar, aspecto que en la bibliografía sobre delincuencia juvenil es abordado con especial énfasis, siendo un factor correlativo potente en la trasgresión de la ley (Sánchez, 2020).

La tabla 5 ordena a la población objetivo en cuanto a las causas de deserción escolar, y muestra que un tercio de los menores, 33,3 % (n = 78), abandonó la escuela por voluntad propia, aspecto que puede ligarse al desinterés por la formación educativa, así como por mecanismos del cuestionamiento que existe entre la población juvenil acerca la función que la instrucción escolar tiene como movilizador social y actividad productiva. El anterior dato se hace más sensible, debido a que la segunda causa de mayor deserción escolar entre los analizados fueron los problemas de conducta para el 20 % (n = 47). Por lo tanto, se tiene que más del 50 % de los adolescentes internados por un delito en una institución del estado de Sonora, entre 2019 y 2022, desertaron de su formación escolar por factores dentro de su control, es decir, sus mecanismos de deserción estuvieron auspiciados por su decisión propia o problemas de autocontrol. En el caso de la conducta problemática, este dato da una idea de las repercusiones que el control de la conducta agresiva o violenta ha tenido en gran parte de la muestra; vistas a contraluz de la continuidad educativa, en el mantenimiento dentro de las conductas legales, ambas están comprometidas justamente por la falta de automonitoreo y control de impulsos.

Tabla 5. Causa de la deserción escolar

*Causa*	f	%	*% válido*	*% acumulado*
Problemas de conducta	47	17,2	20,1	20,1
Bajo desempeño	12	4,4	5,1	25,2
Voluntario	78	28,6	33,3	58,5
Problemas económicos	20	7,3	8,5	67,1
Enfermedad	4	1,5	1,7	68,8
Drogas	19	7,0	8,1	76,9
Problemas familiares	7	2,6	3,0	79,9
Para trabajar	18	6,6	7,7	87,6
Cambio de residencia	4	1,5	1,7	89,3
Por el propio delito	19	7,0	8,1	97,4
Pandemia covid	6	2,2	2,6	100.0
Total	234	85,7	100.0
No desertó	39	14,3
Total	273	100.0

Nota. Elaboración propia de datos consultados.

Esta condición se hace más pertinente al momento de observar que las causas de la deserción de la muestra, poco se correlacionan con eventos o elementos externos al sujeto, son bajos los porcentajes de menores que atribuyen su deserción a factores como problemas económicos (8,5 %, n = 20), enfermedades (1,7 %, n = 4), problemas en el entorno familiar (3 %, n = 7), e incluso, otro factor ya mencionado, las contingencias de salud tales como el período de restricciones a causa de la pandemia SARS COVID-19, donde solo 2,2 % de los sujetos (n = 6) se vieron obligados a abandonar la escuela por dicha condición. Según datos, el rezago educativo en estos menores no parece ser relacionado a otros rezagos tales como el económico, familiar o de salud, sino que está más motivado por elementos bajo el control de la conducta dentro de la institución de educación y a la voluntad del sujeto. En este punto, se convierte en cuestionable el papel considerado por la juventud hacia la función que la educación escolar tiene en la capacidad de movilidad social y actividad productiva.

Un factor que en el estado del arte sobre la formación escolar del sujeto se ha correlacionado y busca ser de especial énfasis en este estudio, es el impacto que tiene el nivel escolar en la familia del sujeto, sobre el propio nivel del individuo. Por ello, entre los datos recabados en la muestra analizada, se encuentra el nivel escolar de la familia del menor delincuente, específicamente, de padre y madre. A este respecto, y a pesar de que no se pudo obtener el dato en el total de padres y madres de los analizados (solo se obtuvo en 94 y 165 casos, respectivamente), contrasta el hecho de que en una muestra de jóvenes que apenas supera el 20 % en aquellos que alcanzaron un nivel educativo básico, la proporción de padres y madres que lo alcanzaron es superior. En el caso de padres de los menores que delinquieron, el 41,5 % tienen estudios de secundaria completa, y en el caso de las madres fue de un 43 %; es decir, los padres y madres de los menores internados por cometer delitos tienen una proporción mayor de nivel educativo básico cumplimentado.

Aunque es preciso reiterar que hay una buena proporción en quienes no se obtuvo el dato, y que el período de vida no es equivalente entre el menor y sus padres, esto puede ser un reforzador del cuestionamiento de la función que cumple la educación escolar en generaciones juveniles, pues ese comportamiento no se observa en los padres y madres de los menores trasgresores.

Otra hipótesis que puede desprenderse de este dato, es que el rezago educativo de los menores tiene poca consistencia con las trayectorias escolares de los padres y madres de los mismos; por lo tanto, contrario a lo sugerido por Caballero et al. (2022), en esta muestra el impacto que puede tener el rezago escolar del menor, puede ser indiferente con respecto al de sus padres. A pesar de ello, la población de jóvenes analizada involucrada en delitos, muestra que es común el rezago educativo, pues cursaban niveles educativos bajos al momento del delito, con un nivel alto de deserción, donde las causas de ese abandono se atribuyen a factores que estaban bajo el control del propio menor, y los padres muestran mayor proporción de nivel educativo básico ya cumplimentado, que el de los menores trasgresores.

El empleo

Un indicador que puede dar una idea de la situación socioeconómica del menor internado por su comisión de delito, es la actividad productiva que este tenía al momento de relacionarse con la actividad delictiva. Al respecto, los datos obtenidos en la población analizada (tabla 6) muestran que el mayor porcentaje de la muestra se ubicaba como desempleada al momento del delito, (32,2 %; n = 88). Este dato ilustra que el menor que se relacionó con el delito se encontraba en una situación de vulnerabilidad, por su condición de abandono escolar, pues no se encontraba ocupado en actividad alguna, lo cual, además de aportar a una condición de rezago económico, se suma a la idea que la literatura sobre la delincuencia juvenil sugiere, respecto a que el desempleo y el alejamiento de la acción productiva, es considerado un elemento correlacionado con la trasgresión de la ley del individuo en etapas juveniles (Bevan & Florquin, 2006; Castells, 2003; Enamorado et al., 2016).

Tabla 6. Ocupación del sujeto al momento del delito

*Ocupación*	f	%	*% válido*	*% acumulado*
Estudiantes	26	9,5	9,6	9,6
Agropecuarios	26	9,5	9,6	19,2
Transporte	2	.7	.7	19,9
Comerciantes	3	1,1	1,1	21,0
Ambulantes	3	1,1	1,1	22,1
Sector servicios	1	.4	.4	22,5

Domésticos	1	.4	.4	22,9
Construcción	51	18,7	18,8	41,7
Jornaleros	43	15,8	15,9	57,6
Mecánicos	5	1,8	1,8	59,4
Empleado	22	8,1	8,1	67,5
Desempleado	88	32,2	32,5	100.0
Total	271	99,3	100.0
Sin dato	2	.7
Total	273	100.0

Nota. Elaboración propia de datos consultados.

Del 67 % de los analizados que sí se encontraban realizando alguna actividad ocupacional al momento de la trasgresión, una importante proporción, 39,5 % de los sujetos (n = 104), se distribuye en empleos relacionados con la construcción y de jornalero, labores tradicionalmente ligadas con oportunidades de ingresos salariales bajos y precarizados, característica que refuerza la condición económica comprometida en que se encontraban los menores al momento del delito, y que aumenta la probabilidad de optar por la trasgresión, al menos como opción de paliativo al rezago económico. Por otro lado, en cuanto a la ocupación del menor, los datos obtenidos en esta variable corresponden con lo mencionado en el apartado anterior, acerca del bajo porcentaje de sujetos relacionados con la vida estudiantil al momento de la trasgresión, pues menos del 10 % de la muestra analizada se encontraba en la ocupación de estar estudiando, dato que se relaciona con una condición de vulnerabilidad, donde la violación de la ley facilita.

Al igual que con el nivel escolar, una variable que puede describir de manera más integral la condición del menor delincuente, es la ocupación laboral de la familia, bajo la idea de que las condiciones del entorno familiar del sujeto tienen un impacto sobre las del propio menor. Uno de los datos que se recabó en la muestra analizada, son las actividades laborales que madre y padre del menor realizaban al momento de la trasgresión. En el caso del padre, los datos coinciden con los del menor trasgresor, pues también se observa que la mayor proporción de ocupación se concentra en actividades de la construcción (19 %, n = 52), de esta manera y desde la figura paterna se tiene una consistencia en cuanto a la precariedad económico-laboral relacionada con estas ocupaciones. En el caso de la madre del menor, se observa que una buena porción concentra sus ocupaciones como empleadas, el 23,8 % (n = 65) pertenecen a esa fuerza laboral; sin embargo, destaca el hecho de que la mayor proporción, un 31,9 % concentra sus ocupaciones como ama de casa, este aspecto puede ligarse a condiciones de precariedad económica individual, pues en el caso de la figura materna, por un lado, se priva de la posibilidad de tener libertad económica y con ello independencia financiera al invertir sus ocupaciones exclusivamente en el cuidado del hogar; por otro lado, revela posibles deterioros económicos grupales, pues se priva a la familia del menor del ingreso que aporta la figura materna, concentrando la responsabilidad económica en menos miembros o, en el caso más precario, en una sola figura, lo cual genera inestabilidad económica en el entorno familiar del menor y hace más probable usar el delito como un medio de compensación a estas limitaciones en el ingreso.

El entorno familiar

Diversas son las referencias y variables que en la literatura adjudican una relación importante entre la comisión del delito con las condiciones del entorno y la composición familiar (Molinedo, 2020). En este apartado se ordenan algunos descriptores familiares del sujeto, comenzando por los que atienden a la familia primaria o de origen del menor que participó en delitos, para después revisar las características en aquellos casos donde existía familia secundaria. La tabla 7 ordena a la muestra por jóvenes que vivían en una condición de familia primaria funcional,³ en la cual se puede observar que la mayor proporción de los analizados donde se obtuvo el dato, no se criaron en un entorno familiar que tuviese esas características, pues hubo un 60,8 % de sujetos (n = 166) que no presentaban una familia primaria funcional. Este dato ilustra la condición comprometida que el individuo interno por su comisión de delitos tuvo en etapas anteriores, pues un alto número se desenvolvió en entornos familiares donde los roles parentales eran difusos, las reglas intrafamiliares eras laxas y la resolución de conflictos internos en el grupo familiar pudieron verse ineficaces, o más bien, escasas; condición que facilita la disrupción de reglas, la dificultad de reconocer la noción de figura de autoridad y responsable del control de la conducta fuera de las normas, lo que resulta en elementos facilitadores de la conducta trasgresora de la ley.

Tabla 7. Funcionalidad e integración en la familia primaria

*Fam. funcional*	f	%	*% válido*	*% acumulado*
Sí	85	31,1	33,9	34,3
No	166	60,8	66,1	100.0
Sin dato	22	8,1	100.0
Total	273	100.0
*Fam. integrada*	f	%	*% válido*	*% acumulado*
Sí	38	13,9	14,5	14,5
No	224	82,1	85,5	100.0
Sin dato	11	4,0	100.00
Total	273	100.00

Nota. Elaboración propia de datos consultados.

En cuanto a la desintegración del núcleo familiar primario,⁴ se observa en los analizados que el 82,1 % (n = 224) vivía en un contexto con estas características que, si bien, es una condición que no tiene un impacto tan profundo como la funcionalidad familiar, se reconoce que la falta de miembros en la familia primaria pueden auspiciar la ausencia de figuras parentales de importancia en el desarrollo de la personalidad del sujeto, y, por ende, pueden estas ausencias —sobre todo cuando son las figuras responsables del control, el moldeamiento y modelamiento de las conductas prosociales del individuo—, explicar la dificultad de este por controlar sus impulsos y derivar en la trasgresión de las normas. Por lo tanto, ambas características, la crianza en un entorno familiar disfuncional y desintegrado, al ser descriptores importantes en el ciclo vital del menor, y al destacar una buena proporción de sujetos que carecieron de esas condiciones, apoyan una situación comprometida hacia la aparición de la conducta delictiva en la muestra analizada.

Otro indicador que permite caracterizar las condiciones familiares en las que el menor se desarrolló, es el número de miembros que habitan el hogar. Tomando en cuenta que los datos demográficos más recientes en México (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática [Inegi], 2020), señalan que el promedio de miembros en la familia es de 3,6 personas; en la muestra analizada se observa que solo el 6,2 % (n = 17) de los sujetos vivían en un contexto familiar dentro del promedio, es decir, más del 90 % de los sujetos menores que se relacionaron con actividades delictivas, vivían en contextos familiares donde el número de miembros igualan o superan las 4 personas; incluso, se tienen casos cuyo mayor número de miembros en la familia era de 10 —un total de cuatro sujetos vivieron en esa condición familiar—. El anterior dato, ilustra que una buena porción de menores que cometieron delitos vivía en condiciones donde la familia primaria era numerosa, en este estado, es probable que las condiciones de acceso tanto de los espacios, como de los servicios se sugiere precaria, debido a la demanda que se recrudece en hogares sobrepoblados (Carrillo & García, 2021). De igual manera, en estas condiciones familiares se reafirma la posibilidad de que en el núcleo familiar hubiese conflictos, por lo cual el menor pudo haberse enfrentado a episodios de violencia directa o indirecta, la bibliografía destaca la relación existente entre hogares sobrepoblados y conflictos internos relacionadas con la comisión de actividades delictivas (Molinedo, 2020), en la muestra analizada esta serie de mecanismos probabiliza que el menor se relacione con la trasgresión de la ley.

Otras condiciones familiares fueron registradas en el sujeto menor interno por su comisión de delitos; se observó que el 15,8 % de los internos (n = 43) vivía en unión libre, por lo tanto, también vivía en una condición de haber formado una familia secundaria; del total de los sujetos que había formado su familia secundaria, el 76 % (n = 33) ya contaba con hijos, producto de la unión familiar formada por este, la mayor parte de ellos (n = 27), con solo un hijo. Aunque la proporción de la muestra total es baja en cuanto condiciones de familia secundaria, y de contar con hijos, las personas que experimentan esta condición pueden considerarse sujetos responsables de familia, lo cual supone un elemento que pueda explicar la inserción o reinserción en actividades delictivas, sobre todo en casos donde se sobreponen otros factores de rezago social como los ya enunciados, pues el delito puede significar en esta población un mecanismo para superar las demandas que la familia secundaria impone, en búsqueda de lograr su manutención.

Las condiciones económicas de la familia

Aunque de manera directa no se pudo tener información precisa y fiable acerca del ingreso neto que los hogares familiares de los internos menores tenían al momento de la comisión de su delito, una forma de reconstruir las condiciones económicas que se vivían en el entorno familiar de la muestra analizada supone varios elementos de donde sí se recuperó. La tabla 8 destaca la distribución de la muestra en cuanto a quién era el responsable de la manutención familiar al momento de la comisión del delito del menor, en ella, se puede observar que, aunque con ligera diferencia, la mayor parte de la muestra de menores tenía como responsable de la manutención de su familia a su madre, con un 29,3 % de las madres analizadas (n = 80); muy cerca están aquellos menores cuyas familias tenían como responsable económico a ambos padres (27,5 %; n = 75).

Tabla 8. Responsable de la manutención de la familia

*Responsable*	f	%	*% válido*	*% acumulado*
Ambos padres	75	27,5	29,4	29,4
Padre	13	4,8	5,1	34,5
Madre	80	29,3	31,4	65,9
Hermanos	7	2,6	2,7	68,6
El propio sujeto	20	7,3	7,8	76,5
Todos	13	4,8	5,1	81,6
Otros familiares	47	17,2	18,4	100.0
Total	255	93,4	100.0
Sin dato	18	6,6
Total	273	100.0

Nota. Elaboración propia de datos consultados.

Esta información muestra el peso que tiene la madre como figura económica de importancia, y podría ir en contraposición de aquel dato emitido anteriormente, donde se indica la baja proporción de madres que tiene empleo, y una más alta que se dedica a labores exclusivas del hogar. Sin embargo, los datos muestran consistencia en el hecho de que son múltiples las figuras que se responsabilizan de la manutención del menor, pues esta figura, en la muestra analizada, se distribuye entre varias personas, incluso, se tiene que el 17,2 % (n = 47) de los menores eran mantenidos por miembros de la familia extendida, y no tanto por sus padres directos, lo cual se puede correlacionar con la dificultad que se contaba en el entorno familiar primario para alcanzar la satisfacción de las necesidades materiales, a la vez que puede reflejar una dispersión más sensible de alcanzar estas necesidades cumplimentadas. De ahí que, aunque en baja proporción, sea el propio menor quien se puede encargar de esta responsabilidad en el entorno primario, como es el caso del 7,3 % de los casos (n = 20); que, aunque poco significante, sí se tiene que es el propio sujeto que, ya relacionado con actividades delictivas, observó en estas una manera de contribuir económicamente al círculo familiar en el hogar.

Dentro del análisis de estadística descriptiva, en relación con variables de corte económico, hay datos que dan cuenta de las condiciones económicas en las cuales los menores se encontraban al momento de la comisión de su acto trasgresor de la ley; uno de esos aspectos atiende las condiciones de vivienda que se encontraban en la muestra analizada, los resultados arrojan que, a pesar de reconocerse ciertas condiciones de rezago socioeconómico como el nivel de empleo, el nivel de grado escolar o la dispersión en cuanto a la figura responsable de la manutención familiar, la mayor proporción de los analizados donde se pudo obtener el dato (90 % de la muestra total), vivían en una vivienda propia de la familia (59,9 %, n = 148), que, aunque no es una diferencia significativa respecto a los que no estaban en esa condición, al menos refleja que, a pesar de los diversos indicadores de rezago económico, una buena parte de los menores vivían en una relativa seguridad patrimonial, lo cual, en su ausencia puede reflejar mayores incertidumbres en el entorno inmediato del sujeto y contribuir a las demás precariedades socioeconómicas. A este dato se agrega que, del total de la muestra analizada, el 78,8 % (n = 215) vivían en una casa que contaba con los servicios básicos de agua potable, luz eléctrica, drenaje y alcantarillado.

El consumo de drogas

Son múltiples y transtemporales las referencias sociocriminológicas que correlacionan la comisión del delito con el uso de drogas legales o ilegales (Becker & Murphy, 1988; Becker et al., 1991; Díaz & Laverde, 2023; Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de Estados Unidos [NIDA], 2008); por lo anterior, los datos arrojados sobre los hábitos de consumo de los menores analizados son de especial atención en favor de encontrar condiciones de rezago o de vulnerabilidad en este rubro, y su correlación con el acto delictivo. La tabla 9 muestra que la mayor parte de los menores analizados que cometieron delitos (90,7 %; n = 225), entre quienes se obtuvo el dato, presentaban antecedentes de consumo de drogas al momento del acto. Si bien, no se puede estimar el grado de relación o dependencia hacia las sustancias, este dato proporciona la alta incidencia de sujetos que han utilizado drogas entre quienes han cometido delitos, situación que apoya el nivel de predisposición comportamental que facilita la trasgresión de la ley, debido a la deficiencia en la capacidad del control de impulso por el efecto de las sustancias, y, por otro lado, la vulnerabilidad social que implica el consumo de sustancias, pues se experimenta una condición que facilita la trasgresión como forma de garantizar el suministro de la misma, aunque se insiste en que pocos datos se tienen del nivel de dependencia en su consumo, sí se advierte una condición correlativa que facilita la conducta delictiva en los consumidores de drogas legales e ilegales.

Tabla 9. Antecedentes de consumo de drogas en el sujeto

*Consumo*	f	%	*% válido*	*% acumulado*
Sí	225	82,4	90,7	90,7
No	23	8,4	9,3	100.0
Total	248	90,8	100.0
Sin dato	25	9,2
Total	273	100.0

Nota. Elaboración propia de datos consultados.

Respecto de las sustancias que la muestra analizada consumió como primera opción (tabla 10), el dato se obtuvo en 214 casos (n = 78,4 %), de este total, se observa una importante proporción del 77,1 % (n = 165) que consumía marihuana, y distante el cristal (metanfetamina) con el 12,5 % de la muestra (n = 34) que tuvo su consumo con esta como principal sustancia de uso. Este patrón coincide con el común entre la población usuaria de sustancias ilegales en México. Sustancias legales como el alcohol o el tabaco, no superan ni el 1 % en su uso. Por lo tanto, se puede caracterizar a la muestra de menores que cometieron delitos como usuarios de drogas ilegales mayormente.

Tabla 10. Sustancia de consumo

*Sustancia*	f	%	*% válido*	*% acumulado*
Marihuana	165	60,4	77,1	77,1
Resistol	2	.7	.9	78,0
Psicotrópicos	5	1,8	2,3	80,4
Cocaína	5	1,8	2,3	82,7
Tabaco	1	.4	.5	83,2
Alcohol	2	.7	.9	84,1
Cristal	34	12,5	15,9	100.0
Total	214	78,4	100.0
Sin dato	59	21,6
Total	273	100.0

Nota. Elaboración propia de datos consultados.

De los 225 casos de menores que cometieron delitos y que tenían antecedentes de consumo drogas, el 73,7 % (n = 166), consumían una segunda sustancia, y, en esta segunda sustancia el cristal tiene la mayor proporción de uso con un 32,5 % (n = 54) entre los que consumen dos sustancias; el resto de sustancias se distribuyen con proporciones muy bajas respecto al cristal. De igual manera, entre quienes tuvieron antecedentes de consumo en la muestra analizada, un 50,6 % (n = 114) consumían una tercera sustancia, donde se observó que en este rubro el alcohol fue la de mayor uso con un 30,7 % (n = 35) entre los que consumían tres sustancias. Por lo que se ilustra que en la muestra analizada hay una proporción muy alta de antecedentes de uso de sustancias ilegales entre quienes cometieron delitos en su etapa de minoría de edad, esta condición se combina con una proporción grande de quienes utilizan más de una o dos sustancias, en las que la marihuana, el cristal y el alcohol son las de mayor uso. En estas condiciones de hábitos de consumo el menor se vuelve más propenso a la trasgresión, la utilización de sustancias que alteran el comportamiento dificulta la capacidad de controlar sus impulsos (NIDA, 2008), a la vez que cuando el uso describe una dependencia a estos químicos, aumenta la probabilidad de utilizar el delito como un mecanismo de aprovisionamiento, este último mecanismo encuentra mayor relevancia y viabilidad si se retoma el hecho de que la muestra analizada está muy relacionada con delitos dirigidos a la comercialización de drogas ilegales, donde el sujeto puede pasar de formar parte de la demanda de sustancias, a la oferta de las mismas, en favor de asegurar la demanda propia, mecanismos relacionados con los propuestos por la teoría económica del delito (Becker & Murphy, 1988; Becker et al., 1991).

Como en otros elementos ligados al delito en menores, la familia se considera un factor de atención, pues se relacionan con las condiciones del propio sujeto y recalcan el efecto importante que tiene el contexto familiar sobre el individuo. En este sentido, uno de los datos que se pudo obtener en la muestra analizada es la existencia de antecedentes de consumo de drogas en el núcleo familiar del menor interno por delitos; aunque es baja la proporción de la muestra donde se obtuvo el dato (108 del total de casos), sí se observa entre ellos un alto porcentaje de menores con estos hábitos dentro de la familia, el 78,8 % (n = 108) contaban con algún familiar con consumo de drogas; la mayoría de ellos por parte del padre (45 %). A las cifras que demuestran que los menores privados de la libertad por la comisión de un delito, presentan una importante relación con antecedentes de consumo de drogas, incluso de varias sustancias entre las que destacan la marihuana, el cristal y el alcohol, se suman datos indicadores de que, en la familia de este, hay también una buena porción con este tipo de antecedentes, sobre todo en la figura paterna.

Conclusiones

Para retomar la cuestión que se pretendió responder con este trabajo, ¿cuáles son las condiciones de rezago social que se relacionan con la participación en actividades delictivas de un grupo de menores privados de la libertad en el estado de Sonora, México?, los datos obtenidos en la muestra analizada permiten concluir que la mayoría de los menores de edad que participaron en delitos, rondaban entre los 16 y 17 años de edad al momento de la comisión, los delitos de alto impacto como contra la salud y el robo a casa habitación, fueron las modalidades más comunes, residían en el estado de Sonora en condiciones de rezago escolar sin concluir estudios de nivel básico (secundaria), que abandonó la escuela por propia voluntad o problemas de conducta, desempleados o relacionados con labores legales informales, procedentes de entonos familiares primarios no funcionales, desintegrados y con integrantes consumidores de drogas, que presentaban propiamente antecedentes de consumo de drogas como la metanfetamina (cristal) y la marihuana.

Como se ha discutido, estos datos que advierten las condiciones de rezago social en los analizados, son consistentes con los hallazgos en trabajos de campo ya realizados sobre el tema, como lo es la relación entre el rezago educativo, la serie de precariedades que se desprenden de esto y la comisión del delito. Al respecto, algunos sugieren que la educación escolar no solo debe cumplir funciones de ocupación y preparación en la población juvenil, sino de proveer herramientas para crear un vínculo real y práctico con el contexto productivo laboral bajo un modelo que promueva en el sujeto su capacidad de independencia y autosostenibilidad (Cortés, 2023); sin embargo, para ello la salud integral es importante, como Bevan y Florquin (2006) o Castells (2003) señalan, la calidad escolar pierde su efecto positivo ante la ausencia de condiciones laborales inestables; estado en donde el delito no solo es la consecuencia de precariedades sociales, sino supone un mecanismo para superarlas. De ahí que es preciso que las instituciones pongan especial atención en contextos donde el delito supone la oferta laboral predominante, por la inmediatez del beneficio material que conlleva su comisión, agregando el hecho de que es una opción de actividad en grupos críticos como las poblaciones juveniles, en que el bajo control de conducta, el estado derecho comprometido y las altas precariedades experimentadas, se vuelven un caldo de cultivo para que la conducta trasgresora de la ley se establezca y reproduzca.

Teniendo en cuenta las condiciones de los analizados, sugerencias como las de Arguello et al. (2020), Barroso y Bembibre (2019) y Montes-Maldonado (2020), destacan el importante papel que tiene el centro de internamiento juvenil en mejorar el nivel educativo y los contenidos de la educación de los jóvenes en tratamiento, en favor del aprendizaje de conductas prosociales, la reinserción a la sociedad por la revalorización de la responsabilidad social, y mediante estrategias socioeducativas y socioafectivas que hasta el momento de la reclusión se notan precarias, aspectos que faciliten la probabilidad de un regreso a la actividad productiva legal y disminuir la reincidencia delictiva.

Por último, se destaca que una proporción de la muestra analizada cometió sus delitos en el período de contingencia pandémica. Trabajos de campo con hallazgos en este contexto (Abrams, 2021; Balmori et al., 2021), invitan al análisis y generación de datos más precisos sobre el efecto de esta eventualidad en las poblaciones delictivas juveniles, pues se convive con la sugerencia que este periodo empujó a ciertos sectores de la población a la actividad criminal, ya sea porque esta condición les facilitó el permanecer en ella, o debido a las carencias activadas por la misma, y que buscaron ser sufragadas con la trasgresión. Futuras investigaciones sobre el fenómeno delictivo están obligadas a dar continuidad al comportamiento y los mecanismos que intervienen en esta contingencia de eventos. El presente trabajo supone una sugerencia sobre este mecanismo, sin embargo, es necesario desde un enfoque de análisis cuantitativo y cualitativo, conformar o destacar el efecto de esta contingencia.

Rezago social en menores privados de la libertad por delitos en el noroeste de México*

Social Backwardness in Minors Deprived of Liberty for Crimes in the Northwest of México

Atraso social em jovens privados de liberdade por crimes no noroeste do México

Rezago social en menores privados de la libertad por delitos en el noroeste de México^*