Para la búsqueda de documentos, se desarrolló una indagación iterativa entre el 1 de mayo y el 1 de julio de 2024 en tres bases de datos bibliográficas reconocidas por su amplia cobertura y trayectoria internacional en estudios de calidad científica: Scopus, EBSCOhost y DOAJ. La exploración se hizo por medio de términos de búsqueda específicos que se determinaron a partir de Science Direct Topics. De allí que, para la búsqueda en Scopus, se estableció la siguiente ecuación de búsqueda: ("sustainability") OR ("sustainable development") and ("corporate social responsibility") OR ("CSR") and ("tourism") OR ("tourism sector"). En la búsqueda inicial se encontraron 340 documentos, y a partir de ahí se realizaron cinco filtros: tipo: artículos; temporalidad: desde 2013 hasta 2023; áreas de interés: ciencias sociales y negocios, gestión y contabilidad; idioma: inglés y español, y documentos de acceso abierto. Como resultado de este filtro quedaron 77 artículos de esta base de datos.

Por otro lado, para la búsqueda en DOAJ, se determinó la siguiente ecuación de búsqueda: ("desarrollo sostenible") OR ("responsabilidad social empresarial") AND ("turismo"). De la búsqueda inicial, se tomaron 135; solo en español, sin que se aplicara ningún filtro adicional. La búsqueda quedó entonces con los años predeterminados de la base de datos (2011-2024). Seguidamente, para la exploración en EBSCOhost se empleó el mismo patrón de búsqueda utilizado en DOAJ, con la excepción de que fue en inglés, que arrojó así un total de 194 artículos. En dicha búsqueda, se aplicaron filtros para asegurar que estos fueran publicaciones académicas y que estuvieran publicados entre 2013 y 2023. De esta totalidad, solo se consideraron 109 artículos, ya que el resto estaban repetidos y la misma base de datos los eliminó. No obstante, cabe mencionar que en ninguna de las tres búsquedas en las bases de datos se utilizaron las palabras concepción y prácticas, pues al utilizarlas, estas no se evidenciaban en los títulos, palabras clave ni resúmenes. Seguidamente, para la emisión de los juicios de inclusión y exclusión de los artículos, se tuvieron en cuenta las siguientes apreciaciones (tabla 1). Sin embargo, para llevar a cabo este proceso de forma objetiva, se revisaron los títulos, resúmenes y palabras clave de cada uno los artículos analizados, para su debida inclusión o exclusión.

Tabla 1

Criterios de inclusión	Criterios de exclusión
Estudios que aborden la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial en el sector turismo	Artículos que no abordaran directamente la sostenibilidad o la RSE en el sector turismo
Artículos que evidencien prácticas turísticas relacionadas con la sostenibilidad y la RSE en el turismo	Estudios que se centraran en sectores o industrias no relacionadas con el sector turismo

Estos juicios fueron pertinentes en la selección y valoración, puesto que principalmente se abordaron estudios estrechamente relacionados con la sostenibilidad y la RSE en el sector turismo, ya que estos son los enfoques principales del estudio, lo cual va alineado con el objetivo general y el interrogante planteado. De este modo, esta decisión se da por la necesidad de obtener una visión integral específicamente en el turismo y evitar enfoques diferentes respecto a la dispersión del tema.

Para extraer datos o información de los documentos seleccionados, se empleó una matriz de selección en el programa de Microsoft Excel, la cual contenía los siguientes elementos: número del artículo, nombre del artículo, base de datos, año de publicación, tipo de artículo, país de investigación, nombre de la revista, autores, palabras clave, objetivo general, marco conceptual o teórico, tipo de investigación, instrumentos, unidades de análisis y software de procesamiento. Esto, a fin de conocer en detalle la información más relevante entre los artículos y establecer similitudes y diferencias entre las investigaciones sobre la RSE y la sostenibilidad en el sector turismo. Así, esta matriz ayudó a considerar cada uno de los componentes clave, aumentando el rigor y exhaustividad de la revisión narrativa (Tranfield et al., 2003).

Posteriormente, se llevó a cabo un análisis de contenido, el cual se fundamentó en la perspectiva sugerida por Bardin (1996), caracterizada por un conjunto de técnicas sistemáticas de análisis de comunicaciones, destinadas al tratamiento de la información incluida en los mensajes, donde el análisis no se limita al contenido, sino que tiene en cuenta el continente (Bardin, 1996, p. 24). En este sentido, dicha técnica, no solo se enfoca en el contenido manifiesto, sino que también abarca el modo en que se transmite la información, lo que permite una interpretación más profunda del mensaje y la inferencia de las intenciones implícitas del emisor. Para ello, se identifica una unidad de registro, que corresponde al segmento de contenido que será considerado como la unidad base de la categorización, donde se realiza la descomposición de la comunicación para que el análisis sea válido, limitado a nivel semántico como el tema, pues es lo que se busca en el mensaje comunicativo; y se establece una dirección como regla de enumeración de carácter cualitativa, para demostrar la comprensión de lo que el hablante dice sobre el tema (Bardin, 1996, pp. 78-84).

De este modo, la técnica contribuyó a desglosar el contenido de los autores en cada artículo y a facilitar la agrupación de los datos en categorías, las cuales posteriormente revelaron temas comunes (Bardin, 1996; Kalpokaite & Radivojevic, 2021). Ahora bien, existe la posibilidad de que un autor aborde diferentes direcciones en su investigación, lo que genera una variedad de ocurrencias en las direcciones analizadas. Eventualmente, esta ambivalencia se manifiesta, ya que la información puede ocupar simultáneamente dos o más direcciones diferentes, debido a que el tema de la categoría está tan definido dentro un modelo que, por naturaleza, siempre incluye los tres componentes mínimos de la triple cuenta: económico, social y ambiental. Según Bardin (1996, p. 84), la ambivalencia en los datos es una posibilidad inherente al análisis, lo que facilita una comprensión más profunda y compleja de las múltiples dimensiones que los autores pueden presentar dentro de las subcategorías. Para identificar tanto la unidad de registro como la regla de enumeración dentro de los datos de la investigación, se usaron los siguientes datos de la matriz de análisis: objetivo, marco conceptual o teórico, método, resultados, discusión y conclusiones.

Partiendo de las direcciones "normas y estándares internacionales" y "más allá del cumplimiento de la ley", se presentan indicaciones sobre la necesidad de aplicar métodos coercitivos en los destinos turísticos, a fin de salvaguardar los ecosistemas y recursos naturales y proteger estas áreas de cualquier incidente proveniente de acciones carentes de responsabilidad. Ahora bien, si no existieran normativas, políticas o legislaciones en materia del cuidado ambiental, los problemas, los incidentes o las afectaciones serían mayores, teniendo en cuenta los efectos secundarios que se pueden desarrollar en el entorno de las comunidades.

Además, existe gran variedad de normativas obligatorias que deben cumplir los empresarios prestadores de servicios turísticos; pero, desde esta perspectiva, el solo cumplir con lo mínimo establecido en la normatividad, no es lo suficientemente válido para aplicar una RSE en el sector turismo. Por esto, en el sentido de dichas direcciones, Castro y Marrugo (2019) demuestran que la categoría legal se puede ver influenciada desde dos perspectivas o niveles: el proactivo y el reactivo. El primero hace hincapié en la capacidad de poder innovar en pro de la preservación y prevención de la contaminación y una activa presencia con acciones inmediatas para la transformación de las actividades operativas, desarrollando más actividades de las que están estipuladas en las normatividades. En su lugar, el segundo solo se orienta hacia la preocupación del cuidado del medio ambiente, cumpliendo con lo mínimo necesario sin ninguna iniciativa adicional.

Asimismo, se hace hincapié en que la categoría "legal" presenta mayor relación con la dimensión ambiental, que con la económica y la social, puesto que existe mayor importancia por parte de entidades a la promoción del cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales, que a través de normativas manifiestan los requisitos que se deben de cumplir para un cuidado respetuoso, lo que implica realizar acciones más que voluntarias. En este mismo sentido, Mejía y Ortiz (2023) expresan que las empresas deben ir más allá de las normativas para ofrecer productos o servicios de calidad, siempre y cuando se hagan bajo procesos rigurosos y se prime el valor de lo ambiental sobre cualquier otra dimensión, demostrando siempre el respeto hacia el medio ambiente, ecosistemas y hábitats naturales. Además, no viendo la normativa como una obligación, sino como una parte integral de la gestión estratégica.

Desde una perspectiva diferente de la dimensión ambiental, McWilliams y Siegel (2001) mencionan que se deben de promover acciones que vayan más allá de los intereses de la empresa y de lo que exige la ley, es decir, ir más allá de todas las acciones que estén bajo órdenes o juicios legales. Por otro lado, Andrade y de la Cruz manifiestan que el cumplimiento de lo legal no se trata de una práctica voluntaria, sino un hecho con obligación de cumplir, expresando que su

De ahí que aun cuando se conciba como una herramienta estratégica, es importante resaltar que este enfoque, aunque valioso, puede ser limitado en el contexto ambiental de la RSE en el turismo. Si bien las normativas ambientales imponen estándares mínimos que las empresas deben cumplir, no siempre garantizan un cambio profundo o transformador en las prácticas efectuadas. Además, existen empresas que adoptan una postura reactiva en el sentido legal, haciendo hincapié únicamente en cumplir con lo mínimo exigido por la ley. Seguidamente, se observa que su aplicabilidad es limitada para lograr una mayor transformación responsable y sostenible en el territorio.

Además, Aragón-Correa (1998) retoma las líneas inductoras de lo legal, sosteniendo que la dimensión ambiental, por medio de la perspectiva proactiva, demuestra que se requiere ir más allá del cumplimiento normativo, ya que se centra en elementos fundamentales como lo son la innovación, la ecoeficiencia y la no contaminación. En este sentido, sostiene que las empresas que adoptan una postura proactiva en la sostenibilidad integran sistemas de gestión ambiental compatibles con estándares internacionales, no solo para garantizar el cumplimiento de las normativas, sino para construir una credibilidad sólida ante las partes interesadas. Walley y Whitehead (1994) apoyan lo dicho y agregan que los estándares internacionales permiten la protección del medio ambiente de manera sistemática, llevando a las empresas a liderar la preservación y protección de los ecosistemas naturales. Por ejemplo, desde la norma ISO 26000, la cual orienta al comportamiento socialmente responsable, contribuye no solo a identificar y reducir los impactos más importantes en la sociedad, sino que sus acciones prácticas se alinean con normas internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo sobre prácticas laborales. Esto evidencia el alcance sobre el impacto significativo en la estabilidad del tejido social, donde las empresas no solo deben evaluar su rentabilidad, sino también su contribución al bienestar general y la sostenibilidad en el largo plazo (Argandoña & Isea Silva, 2011).

Ahora bien, partiendo de las direcciones "crecimiento económico turístico" y "normativa y ética", se muestra un enfoque hacia la maximización de beneficios, regulaciones y principios que guían las prácticas empresariales. Se esperaba que se hablara sobre una sostenibilidad que asegurara las operaciones turísticas no solo desde la rentabilidad, sino también desde la responsabilidad y justicia. Sin embargo, se observó una tendencia preocupante: la priorización de la categoría económica sobre la social, así como una desestimación de la normativa legal en la implementación de prácticas sostenibles. Manning y Márquez (2022), en este sentido, traen a colación los autores que hablan únicamente de la sostenibilidad, desde diferentes perspectivas y revelan tanto convergencias como discrepancias en sus enfoques.

En primer lugar, Khatter et al. mencionan que "en el contexto del estudio actual, no hay legislación que obligue a los gerentes de hoteles a implementar el rango completo de políticas y prácticas de sostenibilidad ambiental" (2019, p. 4). Ahora bien, esta afirmación pone de relieve la falta de un marco legal robusto que incentive a las empresas del sector turismo a adoptar prácticas sostenibles. En este sentido, en Costa Rica, por ejemplo, la Certificación para la Sostenibilidad Turística del Instituto Costarricense de Turismo, acreditada por el Consejo Global del Turismo Sostenible, ha concedido premios a 126 empresas que muestran una gestión ambiental, social y económica. No obstante, las investigaciones subrayan la importancia de robustecer los estímulos regulatorios y las auditorías para garantizar efectos específicos en comunidades y ecosistemas (Manning & Márquez, 2022).

En contraste, se encontró que Martínez-Martínez et al. (2022) no abordan la legalidad, pero sugieren que es importante "identificar aspectos relevantes para la investigación futura sobre activos intangibles, como definir la responsabilidad social corporativa desde la triple cuenta" (p. 8), lo que sugiere que, aun cuando la legalidad no se menciona, el autor trae a colación la RSE como un marco más adecuado que podría incluir consideraciones legales. Ello implica que la legalidad no es un componente central de la sostenibilidad en sí misma, sino que puede abordarse a través de otras prácticas. Siguiendo la misma idea, Han (2021) destaca que la sostenibilidad en el sector turístico no se puede lograr de manera efectiva sin un marco legal adecuado. Por ello, aunque la RSE puede abordar aspectos legales, la falta de un enfoque legal explícito limita la efectividad de las iniciativas de sostenibilidad. En Colombia, cadenas como Decamerón han incluido en su política de responsabilidad social corporativa objetivos definidos para disminuir su huella de carbono -con un objetivo de un 30 % menos para 2030, con un inicio en 2023- y proyectos de energía renovable en diversos hoteles (Díaz & Torres, 2024); sin embargo, su naturaleza voluntaria resalta la restricción de dependencia exclusiva de la autorregulación empresarial.

Por otro lado, el abordaje de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) también muestra diferencias significativas entre autores. Si bien Khatter et al. (2019) enumeran áreas clave sobre sostenibilidad ambiental, como "emisiones de gases de efecto invernadero; eficiencia energética; conservación y gestión de recursos hídricos" (p. 5), no tienen en cuenta todos los objetivos, lo que puede limitar la comprensión integral de la sostenibilidad. En cambio, Dumitru y Gavrila mencionan que "el desarrollo sostenible y la responsabilidad social corporativa son procesos discutidos por la literatura juntos, ya que el desarrollo sostenible abraza los tres pilares principales: protección ambiental, responsabilidad social y desarrollo económico" (2014, p. 1). Esta es una visión más holística, según la cual, aunque se reconoce la interconexión entre los pilares, la falta de un enfoque claro hacia todos los ODS puede llevar a la priorización de lo económico sobre lo social.

Seguidamente, se encontró la noción del valor compartido entre los autores. Mientras que Martínez-Martínez et al. (2022) sugieren que "la co-creación de valor de experiencias entre partes interesadas locales y comunidades es clave para crear conocimiento valioso para el turismo" (p. 5), lo que implica un enfoque hacia el valor compartido, otros autores como Vinayavekhin et al. (2023) hacen hincapié en que los hoteles pueden liderar la transformación hacia una economía verde, lo que indica un valor compartido al mejorar el medio ambiente y beneficiar a la sociedad. De este modo, esta discrepancia resalta la necesidad de un equilibrio pertinente entre los beneficios económicos, el medio ambiente, y el bienestar social. Por ello, Vinayavekhin et al. (2023) afirman que la sostenibilidad se considera, generalmente, como compuesta por tres dimensiones: económica, social y ambiental; todas las cuales deben trabajar juntas para alcanzar la sostenibilidad. Sin embargo, otros autores, como Khatter et al. (2019), sugieren que las prácticas de estrategia empresarial suponen un enfoque en la sostenibilidad desde una perspectiva económica, afirmando que se prioriza lo económico sobre lo social.

La dimensión social de la RSE aplicada por parte de las empresas se ve sujeta a los cambios tanto internos como externos del entorno donde desarrollan sus actividades operativas. En la esfera interna se propende a prácticas de integridad que reflejen la unión y el compañerismo para un mejor cuidado y aumento en la calidad de vida laboral. El modo externo, entre tanto, se enfoca en comprender la responsabilidad ética y cultural que conllevan aquellas acciones que permiten alcanzar un impacto positivo en las comunidades y en el entorno empresarial. Así pues, partiendo de las subcategorías "Relación ética y transparente con los stakeholders", "Iniciativas comunitarias y apoyo a la población local", "Atracción y empleabilidad de la población local", "Bienestar y valor compartido", "Compromiso ético y responsabilidad social" y "Equidad, justicia y protección de derechos humanos", los autores Yoopetch et al. (2023); Madanaguli et al. (2022); Khan et al. (2022); Babakhani et al. (2019); Peña-Miranda et al. (2019); Gligor-Cimpoieru et al. (2017); Ruiz et al. (2016); García et al. (2024); Vergara y Carbal (2014); Wojtarowski et al. (2016); Font y Lynes (2018); Melissen et al. (2018); Meng et al. (2024); Hatipoglu et al. (2019); Sánchez-Camacho et al. (2022); Hughes y Scheyvens (2016); Camilleri (2020); Vinayavekhin et al. (2023); Camilleri (2022a); Mejía y Ortiz (2020); Franzoni y Avellino (2019); Nwokorie y Obiora (2018); Del Baldo (2018); Soundararajan et al. (2022); Hassan et al. (2020); Valdivieso (2019); Narváez y Fernández (2013); Wojciechowska-Solis et al. (2016); Moliner-Tena et al. (2023), y Pérez y del Bosque (2014), convergen entre sí, mencionando que las empresas deben no solo cumplir con las expectativas mínimas en términos de ética y equidad, sino que deben involucrarse activamente en el desarrollo social y comunitario. Esto asegura un impacto positivo en la calidad de vida de las personas, en el entorno, en la creación de valor com partido y en el crecimiento en términos empresariales.

Dicho lo anterior, hay una relación directa con la teoría del valor compartido de Porter y Kramer (2024), quienes argumentan que las empresas pueden ir generando valor económico, mientras ayudan a resolver problemas sociales y medioambientales, lo que resulta positivo tanto para las empresas como para las comunidades y el medio ambiente. Asimismo, se relaciona desde las responsabilidades filantrópicas, siendo uno de los eslabones de la pirámide de la RSE propuesta por Carrol (1979), indicando que, se debe de propender a ser un buen ciudadano empresarial, aportando y contribuyendo con recursos a la comunidad con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas o comunidades.

De allí que, de acuerdo con las subcategorías "Relación ética y transparente con los stakeholders" e "Iniciativas comunitarias y apoyo a la población local", Wojtarowski et al. (2016) mencionen que esta dirección social implica una relaciona ética y transparente con los stakeholders o grupos de interés, donde se incluye mantener buenas relaciones con el personal, transparencia en las operaciones, respeto por los consumidores y preocupación por el medio ambiente, promoviendo un comportamiento ético, el cual es fundamental para el éxito empresarial. Asimismo, Hatipoglu et al. (2019) argumentan que es importante la participación de la comunidad y la colaboración con organizaciones locales y agencias públicas, puesto que ello asegura que se aborden los problemas sociales principales de un destino y que se faciliten la aceptación y propiedad comunitaria de proyectos; además, a través de la transparencia y el compromiso de los socios, se reflejan los valores fundamentales en las asociaciones, lo que contribuye a la reputación y efectividad en asuntos inherentes a las comunidades.

Seguidamente, respecto a la subcategoría "Atracción y empleabilidad de la población local", García et al. (2024) argumentan que, debido a la creciente demanda por la preocupación socioambiental y económica acerca de la RSE y la sostenibilidad, los empresarios implementan o adoptan prácticas sostenibles que coadyuvan al mejoramiento de la comunidad. Entre estas prácticas, la empleabilidad de la población local es fundamental, porque no solo ayuda mejorar la economía local, sino que fortalece el vínculo entre la comunidad y el sector turístico. Además, mencionan que es importante que se formalicen alianzas con proveedores locales, fomentando la economía circular y la reducción del impacto ambiental.

En esta misma línea, Narváez y Fernández (2013) señalan que las redes de cooperación empresarial promueven el desarrollo turístico local, porque el turismo puede mejorar las condiciones de vida de toda la población y porque este se presenta como una actividad que ayuda a la dinamización de la economía local, al generar empleos, siempre y cuando se resguarde el uso adecuado de los recursos locales; al fortalecer sectores conexos, y al mejorar el nivel de vida de la comunidad.

Por otro lado, en lo que se refiere a las subcategorías "Bienestar y valor compartido" y "Compromiso ético y responsabilidad social", Wojtarowski et al. (2016) plantean que el bienestar y el valor compartido se logran cuando las empresas no solo buscan maximizar sus ganancias, sino que también consideran los impactos sociales y ambientales de sus decisiones y acciones, promoviendo un desarrollo más justo y equitativo. Además, en el compromiso ético y la responsabilidad social se subraya la importancia de que las empresas adopten prácticas transparentes, donde se respeten los derechos humanos y laborales y se procure el cuidado del medio ambiente.

En esta misma dirección, Del Baldo (2018) precisa que el bienestar y el valor compartido se relacionan con la creación de condiciones materiales, culturales y espirituales que mejoren la calidad de vida de la sociedad, promoviendo la equidad y justicia social mediante una relación armónica entre procesos naturales y sociales. Estas acciones permiten demostrar la responsabilidad social aplicada y el grado de compromiso ético que se práctica en el proceder de las direcciones de un buen gobierno corporativo, manteniendo relaciones más humanas con su personal, la transparencia en sus operaciones, el respeto por los consumidores y la preocupación por el medio ambiente, al integrar principios éticos en su identidad y reputación para lograr una mayor contribución al desarrollo sostenible. De igual manera, Nwokorie y Obiora (2018) argumentan que el bienestar y el valor compartido son aspectos indispensables para el desarrollo sostenible, subrayando que las empresas deben equilibrar sus objetivos de lucro con la reducción de su huella ambiental y el bienestar de la comunidad.

Por último, respecto a la subcategoría "Equidad, justicia y protección de derechos humanos", Wojtarowski et al. (2016) exponen que tanto la equidad como la justicia social son fundamentales para mejorar la calidad de vida y reducir las desigualdades. De lo anterior se infiere que estos son aspectos esenciales para un mayor desarrollo sostenible, que le permitan a la ciudadanía exigir y compartir un desarrollo más justo y, además, proteger los derechos humanos dentro de las prácticas empresariales, donde se inste por la promoción de una ética humanista que coadyuve al fortalecimiento de las condiciones laborales. De igual forma, Vinayavekhin et al. (2023) destacan que la protección de los derechos humanos es fundamental para asegurar un desarrollo sostenible más inclusivo y justo.

Ahora bien, en la dimensión ambiental de la sostenibilidad, las empresas deben adoptar estrategias que reflejen un manejo responsable de los recursos, buscando minimizar la huella ecológica de sus operaciones y asegurando un legado sostenible mediante el cuidado ambiental y la promoción de un desarrollo que beneficia tanto al planeta como al sector empresarial del turismo. Así pues, partiendo de las subcategorías "Prácticas sostenibles en la industria y uso eficiente de recursos", "Preservación del medio ambiente y protección de recursos naturales", "Gestión de residuos, reciclaje y logística verde", "Innovación y tecnología verde para reducir la degradación ambiental", "Conservación de agua, energía, y compras verdes" e "Informes de sostenibilidad y ODS", los autores Madanaguli et al. (2022); Khan et al. (2022); Çelik y Çevirgen (2021); Babakhani et al. (2020); Yang et al. (2019); Gligor-Cimpoieru et al. (2017); Ruiz et al. (2016); García et al. (2024); Vergara y Carbal (2014); Martínez-Martínez et al. (2022); Sánchez et al. (2022); Dumitru y Gavrila (2014); Vinayavekhin et al. (2023); Camilleri (2022a); Franzoni y Avellino (2019); Nwokorie y Obiora (2018); Del Baldo (2018); Liu. et al. (2023); Khatter et al. (2019) destacan la importancia de estas prácticas para mitigar el impacto ambiental y promover un turismo sostenible, al proteger los recursos naturales y culturales para las generaciones venideras, al fomentar la participación de las comunidades locales, al garantizar que las ventajas del turismo se impartan de manera justa y al promover una experiencia más genuina y enriquecedora para el visitante, al mismo tiempo que se preserva el medio ambiente.

En relación con lo anterior, dichas ideas se alinean con la visión de la Comisión Brundtland, según la cual el medio ambiente es el espacio común donde todos coexistimos, y el desarrollo es nuestra búsqueda colectiva de un mejor bienestar dentro de este espacio. Ello demuestra que ambos conceptos son directamente proporcionales y, por lo tanto, inseparables. Dicha perspectiva resalta la relación simbiótica entre el crecimiento económico y la conservación ambiental, donde uno no puede prosperar sin el otro. Ahora bien, todo ello se traduce a la necesidad de promover prácticas desde el valor compartido, que no solo generen ingresos, sino que también preserven y enriquezcan el entorno natural y cultural para las generaciones futuras (Menéndez, 2007, p. 27).

De acuerdo con la subcategoría "Prácticas sostenibles en la industria hotelera", Babakhani et al. (2020) mencionan que implementar prácticas sostenibles en este sector contribuye a la preservación del entorno natural y al desarrollo de las comunidades locales. Asimismo, Vergara y Carbal (2014) mencionan que la optimización de estos recursos es una acción fundamental que se debe desarrollar para mitigar el impacto ambiental de las actividades procedentes de sus operaciones turísticas. Igualmente, Khan et al. (2022) mencionan que la inclusión de prácticas sostenibles en las operaciones empresariales mejora la imagen corporativa y genera beneficios económicos a largo plazo, lo que nos lleva a pensar que las prácticas de sostenibilidad, tan necesarias para la supervivencia humana, están supeditadas a una retribución económica que genere valor en su implementación. Bajo esta misma idea, Machín (2020) menciona que el neoliberalismo ha reinterpretado el desarrollo sostenible para beneficiar sus propios fines, transformando ecosistemas y culturas en activos capitalizables; sin embargo, aboga por un modelo de sostenibilidad integral.

Por otra parte, de acuerdo con la subcategoría "Apoyar la naturaleza y propender por la protección de recursos naturales", Çelik y Çevirgen (2021) destacan la importancia de implementar políticas que fomenten la protección de la preservación del entorno natural, los ecosistemas y la biodiversidad, argumentando que la protección de los recursos naturales es una acción esencial para garantizar un futuro sostenible. Por su parte, Sánchez et al. (2022) abogan por el cuidado y la protección del patrimonio natural y cultural, señalando que se debe establecer la integración de estos elementos en las políticas corporativas de las empresas turísticas, ya que ello es crucial para mantener la identidad y sustentabilidad de las comunidades afectadas. Dichos argumentos se relacionan con Mantilla (2006, p. 11), quien argumenta que la sostenibilidad debe ser parte de un enfoque integral que contemple no solo la economía, sino también la necesidad de preservar el medio ambiente y los recursos naturales para las generaciones futuras, como lo estableció la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, en 1992, y el Pacto Mundial del Desarrollo Sostenible.

Además, de acuerdo con la subcategoría "Gestión de residuos, reciclaje y logística verde", Nwokorie y Obiora (2018) expresan que la disponibilidad de mecanismos de gestión de residuos y reciclaje es fundamental para minimizar el impacto ambiental. Asimismo, Liu et al. (2023) recalcan que si se adopta un modelo de sostenibilidad, las empresas mejoran su proceso de producción, aumentan su eficiencia y, en última instancia, optimizan su rendimiento económico, al darles importancia al establecimiento y mantenimiento de la reputación verde (p. 16). Asimismo, Flores-Ruiz et al. (2016) ponen el relieve en la importancia de la preservación del medio ambiente a través del uso de materiales reciclables que promuevan un uso más eficiente de los recursos disponibles. Sin embargo, existe una discrepancia por parte de Boada (2007, pp. 17-21), quien expresa que el significado de sostenibilidad o de desarrollo sostenible ha cambiado a lo largo del tiempo, pues en el pasado sostenible podía intercambiarse con verde, ecológico o ambientalmente amigable; pero, en la actualidad, el término sostenible abarca también la responsabilidad social y la viabilidad económica. Por eso, limitar su significado a lo ambiental resulta en una comprensión incompleta y errónea del término.

Aunado a ello, de acuerdo con la subcategoría "Innovación y tecnología verde para reducir la degradación ambiental", Martínez-Martínez et al. (2022, p. 2) expresan que una cultura abierta permite a las empresas ser competitivas y cumplir las expectativas de las partes interesadas con nuevos conocimientos y capacidades alineadas con la reducción del impacto ambiental. Seguidamente, Camilleri (2020, p. 1) destaca que las organizaciones turísticas están experimentando una tendencia hacia la ética empresarial, mediante la gestión responsable de recursos humanos y el respeto por el entorno natural, con lo que generan valor para la sociedad y enriquecen la actividad empresarial. En este orden de ideas, Enríquez y Pando (2017, p. 304) expresan que, según las declaraciones de Estocolmo y la declaración de Río, la protección ambiental debe ser una parte intrínseca del desarrollo y no una consideración aislada que promueva estrategias que conecten transversalmente todas estas áreas de la triple cuenta y todos los sectores de la sociedad para lograr un verdadero desarrollo sostenible.

Finalmente, respecto a las subcategorías "Conservación del agua, energía y compras verdes" e "Informes de sostenibilidad y ods", García et al. (2024, p. 4) mencionan que la minimización del impacto ambiental promueve que las empresas generen valor de manera transparente y responsable, integrando el respeto por el medio ambiente y los intereses de sus grupos de interés en su cadena de valor. Asimismo, Del Baldo (2018, p. 2) expresa que es fundamental que las empresas optimicen su eficiencia material y energética, transformen los residuos en valor y remplacen métodos contaminantes por alternativas renovables. Ahora bien, Franzoni y Avellino (2019, p. 3) destacan que la Organización Mundial del Turismo ve en el turismo una herramienta clave para alcanzar los ODS de la Agenda 2023 de las Naciones Unidas. En este contexto, los ODS buscan movilizar una acción colectiva, así como orientar políticas de los gobiernos hacia un crecimiento económico, en aras de promover un desarrollo sostenible con metas vinculadas a la protección del medio ambiente, la equidad social y el crecimiento económico.

De este modo, la sostenibilidad implica un marco ético y legal que garantice que las actividades del sector turístico sean responsables y respetuosas con el medio ambiente y las comunidades. Resulta entonces necesario fortalecer los aspectos legales y jurídicos vinculados a los ODS, para trascender las buenas intenciones y asegurar que las acciones empresariales tengan un impacto positivo duradero y alineado con las metas globales. Sin embargo, según Epstein (2009, p. 25), a menudo, para las empresas resulta todo un desafío implementar estrategias de sostenibilidad; pero el hecho es que ya no debería estar en discusión el problema de si las empresas deben considerar o no su responsabilidad ambiental o social y el impacto de sus actividades en sus stakeholders, ya que, como menciona Kotler (2024, p. 127), las empresas cuentan con una poderosa posición de negociación y acción frente a diversos elementos y factores de su panorama empresarial. Ello les permite estar preparadas para cambiar y adaptarse, y deben hacerlo, puesto que si se llega al final de la extinción de los recursos limitados, no habrá sociedad, empresas ni condición económica que lo reponga.