En Veracruz, el Partido Revolucionario Institucional (pri) mantuvo el monopolio del poder en el Gobierno estatal hasta el 2016. A partir de esta fecha, la alternancia política estuvo al orden del día: primero, con la elección del expriista Miguel Ángel Yunes Linares, con base en una coalición conformada por el Partido de Acción Nacional (pan) y el Partido de la Revolución Democrática (prd); segundo, con la elección de Cuitláhuac García Jiménez, por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en el 2018, ya que el gobierno de Yunes Linares había sido elegido solo por dos años, debido a un ajuste de la agenda electoral.

El cambio de un partido a otro en el gobierno supone un cambio en la élite gobernante, es decir, otro personal político con nuevas características. Siguiendo la literatura clásica, élite política remite aquí a la minoría gobernante y, más ampliamente, a la minoría que se encuentra en posibilidad de acceder a cargos públicos, ya en un régimen competitivo de partidos (Mosca, 1984; Pareto, 1980; Michels, 1991). No todo personal político reclutado se consolida dentro de la élite política, pero la élite política se filtra a través de un proceso de reclutamiento. Entre los criterios de reclutamiento de la élite política están el lugar de nacimiento, la procedencia social, los estudios, el desempeño profesional y la congruencia entre la especialización y los cargos públicos, que constituyen requisitos y criterios objetivos de ascensión. Las trayectorias político-administrativas permiten distinguir pautas repetitivas en el curso seguido por las carreras políticas. En el sistema político mexicano, retomando la terminología de Pierre Bourdieu (2000), el capital político “burocratizado” solía tener más peso que el capital político “reputacional”, por obvias razones, dado que se trataba de un sistema autoritario de simulación electoral y asignación de cargos, donde la administración pública era un lugar de reclutamiento todavía más preeminente que el partido. Más aún, las relaciones personales y políticas constituían un factor central de reclutamiento por encima del criterio profesional, de la representación de grupos de interés y de las mismas organizaciones políticas. Desde luego, es relevante preguntarse en qué medida eso se modificó con la implementación de una democracia electoral efectiva. Sin duda, el cambio político no se reduce a la sustitución de una élite por otra: son formas de gobernar, tipos de políticas públicas y maneras de relacionarse con la sociedad. No obstante, el modo de reclutamiento, los rasgos distintivos y las tendencias sociológicas de la élite que accede al poder dan importantes indicaciones sobre sus patrones de comportamiento, sus orientaciones políticas y su visión social. Cuando se da un cambio de partido en el gobierno, lo que ocurre con la élite gobernante debería de plano considerarse en sí mismo como algo relevante.

En México, durante las dos últimas décadas, el tema ha sido bastante descuidado en el ámbito académico, en particular en los Estados, cuando justamente la alternancia política se ha vuelto rutinaria en los distintos niveles de gobierno. Por ello, nuestro estudio se centra en el primer gobierno pospriista del estado de Veracruz. No se trata de un estudio comparativo entre el gobierno de Yunes y los gobiernos anteriores, sino de una caracterización de los miembros de su gabinete y de su modo de reclutamiento en la trayectoria de las continuidades y discontinuidades anteriores de la élite política mexicana y veracruzana, tanto priista como vinculada con gobiernos pospriistas.

En el ámbito nacional, los gobiernos panistas supusieron la profundización de un proceso de tecnocratización de la élite política iniciada desde los gobiernos priistas, lo cual se acompañó de continuidades en términos de prácticas políticas, especialmente referentes a los amiguismos, las relaciones clientelares y las recomposiciones neocorporativistas del sistema político mexicano. En el caso del gobierno de Yunes, en Veracruz, donde se produjo el mismo proceso de tecnocratización de la élite estatal, aunque de modo más asimétrico, observamos una mayor continuidad del personal político y de su modo de reclutamiento, donde la variable profesional y tecnocrática se encuentra subordinada. De hecho, Yunes era el producto de una generación de líderes políticos veracruzanos que ascendieron en el mismo periodo dentro del pri estatal y, entre los cuales, varios fueron gobernadores o figuras políticas de primer plano del Estado.

El fin de casi un siglo de hegemonía priista parecía no poder ser algo anodino y generó, efectivamente, nuevas dinámicas políticas, más allá del periodo yunista. Al mismo tiempo, la elección de Yunes, debida al voto-castigo contra el pri y a las condiciones políticas entonces imperantes, no introducía grandes cambios y se producía a destiempo, cuando la polarización nacional entre Morena y los partidos antes hegemónicos iba ganando terreno, en detrimento del escenario de la “transición democrática”, donde el pan y el prd aparecían como alternativas de derecha e izquierda al gobierno priista, que incluso llegaron a aliarse en varias ocasiones, lo cual ocurrió tardíamente en Veracruz.

Metodología

Nuestro estudio de la composición del gabinete de Yunes abarca los trece secretarios: el jefe del programa de gobierno, el jefe de oficina del gobernador y el coordinador general de comunicación social, lo cual incluye diecinueve funcionarios con los cambios de titulares. Extrajimos los datos biográficos de las fuentes oficiales, principalmente de los currículos publicados por las dependencias de gobierno, así como por la cámara local y el congreso de la Unión, cuando dichos funcionarios habían sido legisladores, junto a la literatura gris generada por los organismos gubernamentales y los partidos políticos. Debido a la escasez de las fuentes primarias y secundarias disponibles, tuvimos que completarlas con una revisión exhaustiva de la prensa veracruzana, además de fuentes orales informales, lo cual supuso un trabajo distanciado de cruce y confrontación entre sus contenidos para extraer una información objetiva que sistematizamos en bases de datos. En la prensa veracruzana, consultamos principalmente los periódicos que tienen una importante sección política como La Jornada de Veracruz, Blog Expediente, Al Calor Político, El Dictamen . avc Noticias, con excursiones en la prensa local (Diario de Xalapa, Diario de Poza Rica, Diario de Minatitlán, Orizaba en Red) y nacional, cuando existían notas sobre Veracruz, por ejemplo, Milenio, Reforma y la edición nacional de La Jornada.

La mayoría de las notas provienen del periodo del gobierno de Yunes (2016-2018), cuando los miembros de su gabinete estaban expuestos al escrutinio público, pero dependiendo de las trayectorias anteriores y posteriores de ellos, recurrimos también a notas anteriores y posteriores. La información se buscó tanto de forma digital como en el Archivo General del Estado de Veracruz y a través de contactos con dependencias gubernamentales y organizaciones políticas dispuestas a abrir su documentación, lo cual dio pocos resultados en un contexto político de violencia, polarización y desconfianza.

Entre los datos recolectados están: la fecha y el lugar de nacimiento, los estudios, la trayectoria profesional, los cargos administrativos y los puestos políticos, así como los nexos familiares, personales y políticos. Los criterios de clasificación con base en los cuales organizamos los cuadros presentados en los desarrollos del artículo se extrajeron de la literatura especializada en la materia (Smith, 1979; Camp, 1996), así como responden a las evoluciones de la política mexicana y veracruzana. Por un lado, además del aspecto generacional, de la extracción social, del lugar de procedencia, del nivel y tipo de estudios y de la trayectorias profesionales y políticas inherentes a ese tipo de estudios, el criterio de profesionalización constituye una preocupación central de la literatura mexicana al respecto, debido a la predominancia de las lógicas nepotistas y facciosas. Debido a ello, nos interesamos en ver qué tanto el “gobierno del cambio” de Yunes daba un salto cualitativo en ese plano y qué tan congruente era la asignación de cargos con la formación y experiencia profesional y administrativa de los miembros del gabinete.

Por otro lado, la evolución tecnocrática de la política mexicana y la integración creciente de un personal político proveniente del sector empresarial, nos obligó a revisar si era una característica del gobierno yunista, verificando entre otras cosas la eventual especialización técnica en un área, la formación en el ámbito administrativo y financiero y las instituciones educativas de procedencia, pues suele ser una tendencia de los gobiernos panistas. No obstante, la carrera del nuevo gobernador y la génesis de su camarilla política procedían del sector más tradicional del priismo estatal. Ya dentro del pri, a partir de la década de 1980, la distinción entre “políticos” y “tecnócratas” se convirtió en un ángulo privilegiado de análisis de las mutaciones de la élite política mexicana: los primeros más bien provenientes de universidades públicas y carreras de derecho, así como caracterizados por su competencia propiamente política en el manejo de la administración pública, el quehacer de las organizaciones políticas y tareas de intermediación social; mientras los segundos —más bien vinculados con el sector privado— ostentaban su competencia profesional y técnica. Si algo resalta este estudio es, precisamente, que lejos de oponerse esas dos lógicas (políticos vs. tecnócratas), tienden a combinarse. Estas continuidades se agudizan en el caso del gobierno yunista, que no era tan representativo de la tendencia tecnocrática del panismo. Aun cuando la formación en universidades privadas indica una tendencia común a los partidos antes predominantes en México hacia una concentración de la representación política en grupos sociales privilegiados, patente en el relevo generacional y a contracorriente del imaginario democrático de la transición mexicana que posibilitó la pluralización partidista y la alternancia política, antes de adentrarnos en el análisis del gabinete de Yunes, se deben introducir algunas nociones y antecedentes históricos relativos al reclutamiento de la élite política mexicana y veracruzana.

El reclutamiento político en México

Sobre el reclutamiento de la élite política mexicana posterior a la revolución, destacan los trabajos de Peter Smith (1979) y de Roderic Ai Camp (1996, 2006), así como el estudio de Rogelio Hernández Rodríguez (1998) sobre los líderes y grupos políticos del Estado de México. Peter Smith dio cuenta de las discontinuidades entre la élite política pre y posrevolucionaria que, según él, se había separado de la élite económica, lo cual fue después matizado por Roderic Camp. Para este último, si bien periodos anteriores habían generado una mayor movilidad social en la élite política, en el momento de la presidencia de López Portillo, esta élite era principalmente urbana, tenía un alto nivel educacional y provenía de las clases altas y medias, lo cual no era exclusivo del pri, ni tampoco desde luego del sistema político mexicano (Camp, 1980).

Lo específico radicaba en la “camarilla” como mecanismo de reclutamiento basado en el padrinazgo y las relaciones personales de lealtad y amistad con sus reglas informales, propias de un sistema político cerrado, lo cual incluía la oposición política. Camp define la camarilla como un grupo de gente manejada “por alguien que se encuentra en posición de influencia política”, que “es como la relación patróncliente”, donde “la carrera política individual se vuelve dependiente del cultivo y mantenimiento de alianzas políticas y personales”, por lo que el

[…] aspirante anda en busca de un padrino o mentor, mientras el político establecido anda reclutando protegidos para expandir la fortaleza de su camarilla y asegurar así su capacidad para retener o tener acceso al poder político cuando sus reclutas están ejerciendo funciones públicas. (Camp, 1980, pp. 467-469)

A diferencia de sistemas “donde la competencia electoral es fuerte, donde el mérito del sistema de servicio civil está en la eficacia, donde la educación superior se expande rápidamente y donde la conducta cultural no da vigencia a las relaciones de amistad en el proceso de reclutamiento” (Camp, 1980, pp. 469-470), las universidades y en particular la Universidad Nacional se convertían en lugar privilegiado de reclutamiento de las camarillas, junto a la burocracia, especialmente la burocracia federal, y en grado menor el partido que no llegó a consolidarse como espacio de autorreclutamiento (Camp, 1980, pp. 470-473).

A partir del cambio de modelo económico operado por Miguel de la Madrid (1982-1988), pero sobre todo durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), los estudios se centraron en la relación entre la élite económica y la política (Camp, 1990), así como en la tecnocracia (Suárez Farías, 1991; Lindau, 1992). Eran dos temas distintos, pero ligados. En la trayectoria de la “utopía cardenista” de un desarrollo capitalista centrado en el Estado y sostenido en bases campesinas y obreras, donde el presidencialismo y el corporativismo mexicano se consolidaron, la instauración del modelo de industrialización por sustitución de importaciones había sido ya acompañada de ajustes en la relación entre el Estado y el capital privado, tanto nacional como extranjero, donde apareció un primer intento de tecnocracia estatal y grupos empresariales crecían “a la sombra” del Estado, parafraseando a Héctor Aguilar Camín y Lorenzo Meyer (1989). En la década de 1980 se produjeron dos fenómenos interrelacionados de estrechamiento de los nexos entre la élite política y las esferas empresariales nacionales y foráneas, así como de desarrollo de una tecnocracia involucrada en las reformas económicas. Por un lado, la clase empresarial antes periférica o subordinada se había convertido en protagonista política y ganaba posiciones en los organismos gubernamentales y los partidos. Por otro lado, la tecnocracia aparecida en el capitalismo tardío, la cual implica un alto grado de especialización técnica en economía y en otras áreas de conocimiento, se desarrollaba en México paralelamente al giro neoliberal y a sus políticas de apertura comercial, privatización y flexibilización. La tecnocracia supone de antemano la primacía de la competencia profesional en la asignación de cargos burocráticos, pero de un cierto tipo de competencia envuelta en una racionalidad científico-técnica de planificación, medición y control que se opone a las disciplinas académicas tradicionales, incluyendo la economía política (Habermas, 1986). Esa racionalidad era subyacente al modelo gerencial ya propiamente neoliberal de la administración pública, implementado en México bajo la terminología de la nueva gestión pública, donde se retomaban las técnicas de management privado con énfasis en la eficiencia y los resultados, al mismo tiempo que se redefinía la estructura y las funciones del Estado. Este último ya no se concebía como un ente centralizado y regulador, sino como una red de agencias ejecutoras y mediadoras que transferían algunas de las prerrogativas usuales del Estado al mercado (Martínez Nogueira, 2002; Nickson, 2002).

Finalmente, mientras los políticos convencionales acostumbraban estudiar en las universidades públicas y en carreras tradicionales como el derecho; los estudios en instituciones privadas, paraestatales y extranjeras, en particular en economía, finanzas y administración, tanto pública como empresarial, iban ganando terreno. En esos espacios de formación y socialización coincidía la futura élite política y económica, tanto priista como procedente de otros partidos. Hasta cierto punto, la instauración pactada de un sistema plural y competitivo de partidos y de elecciones implicó una apertura política que abrió espacios institucionales y partidistas a actores ciertamente provenientes del ámbito privado pero también vinculados con los movimientos sociales. Simultáneamente, la meritocracia tecnocrática impuso una más estricta selección social, ya que, siguiendo a Bourdieu (1989), la antinomia observada entre tecnocracia y democracia suele beneficiar a los individuos con mayor capital económico, un capital cultural específico y aquello que púdicamente se llama capital social, pero bajo las modalidades propias del sistema político mexicano. Desde esta óptica, además de ser un indicador profesional, los estudios en universidades privadas eran un indicador de reproducción social de la élite política.

En efecto, a pesar de las tensiones, la racionalidad tecnocrática y las usanzas políticas se adecuaban, tanto por las alianzas entre los tecnócratas y los políticos convencionales como por su inmersión en una cultura política común y las dinámicas inducidas por la competición política, donde la privatización de lo público había iniciado con su captación por la “familia de los revolucionarios” y se prolongaba en el auge tecnocrático-empresarial. En el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), formado en la mentalidad emprendedora de la universidad privada y producto de los grupos políticos del Estado de México, era evidente la fusión entre un estilo gerencial de administración pública y la añeja cultura priista. La observación se extiende a los gobiernos panistas donde, junto con las mismas tendencias tecnocráticas y sociológicas, las prácticas clientelares y las estructuras corporativistas no desaparecieron; al contrario, por ejemplo, en el ámbito educativo. Sin embargo, los vínculos del partido con el conservadurismo católico, una sociedad civil movilizada a favor del cambio político y una clase empresarial autónoma del Estado, especialmente en el norte del país, donde el pan conquistó su primera gubernatura, introducían nuevos matices en el reclutamiento de la élite gobernante.¹

Tecnocracia y transfuguismo político en el estado de Veracruz

En Veracruz, al margen de la producción periodística, existen pocos trabajos académicos sobre la élite política estatal. En 2018, Jaime Ángel Chama Cancela(2018) publicó una biografía política de Fernando Gutiérrez Barrios, exgobernador del Estado y secretario de gobernación de Salinas, cuya trayectoria era analizada desde las lógicas del sistema político mexicano. Una tesis de licenciatura (Portillo Villanueva, 2000) y otra de maestría (García Jarillo, 2019) abordan dos fenómenos significativos de la política veracruzana en las últimas décadas, desde luego nada exclusivos del Estado: la tecnocratización y el transfuguismo político. Alberto Portillo Villanueva (2000) ubicaba el inicio del primer fenómeno en el gobierno de Agustín Acosta Lagunes (1980-1986), contemporáneo del gobierno nacional de Miguel de la Madrid, quien fue impuesto en detrimento de grupos políticos locales. Alberto Portillo Villanueva definía la tecnocratización estatal como “lenta, incompleta y diferencial”, distinta del modelo de tecnocratización federal (2000, pp. 70 y 71). El gobierno de Acosta Lagunes era criticado por dar un trato político a los problemas económicos y, económico, a los políticos (p. 57). Desde entonces, se empezó a plantear la división entre “tecnócratas” y “políticos”, así como la alternancia entre gobiernos clasificados como “tecnócratas” (Agustín Acosta Lagunes, Patricio Chirinos Calero, Miguel Alemán Velasco) y otros como “políticos” (Fernando Gutiérrez Barrios, Dante Delgado Rannauro, Fidel Herrera Beltrán).

No obstante, esa clasificación no debe tomarse al pie de la letra. Así, el proyecto de modernización industrial y agrícola de Acosta Lagunes tuvo que lidiar con los cacicazgos ganaderos y cafeteros, además del poderoso sindicato petrolero, que abrió también espacios a nuevos cacicazgos, como Cirilo Vásquez en el sur del Estado, que tenían un papel de mediador entre el gobierno y los grupos locales (Aguilar Sánchez, 2009). A su vez, al mismo tiempo que trató de restablecer la autoridad del gobierno, aplacando los cacicazgos regionales, Gutiérrez Barrios dio más fuerza económica y política a los empresarios, generando vínculos precoces entre el pri-gobierno y familias de empresarios como los Fernández, los Chedraui y los Alemán (Portillo Villanueva, 2000, pp. 57 y 58). Ahora bien, no se puede obviar que el empresario Miguel Alemán era el hijo de un expresidente de México y provenía de una de las familias más preeminentes de la política mexicana que había mutado en grupo empresarial, por lo que involucraba una antigua red de relaciones familiares, personales y políticas. A su vez, mientras en el último tramo del sexenio de Salinas, Fernando Gutiérrez caía en desgracia, junto a su exsecretario de gobierno y sucesor en la gubernatura, Dante Delgado, el “tecnócrata” Patricio Chirinos era el nuevo hombre del presidente en Veracruz, junto a su secretario de gobierno, Miguel Ángel Yunes Linares, quien había sido relegado durante el periodo de Acosta Lagunes. En definitiva, los gobiernos sucesivos eran tantas fórmulas híbridas de una misma dinámica general, donde lo “nuevo” y lo “viejo” coexistían, en medio de pugnas y alianzas sucesivas entre líderes y grupos políticos que rebasaban la línea divisoria entre “tecnócratas” y “políticos”.

La otra tesis se centró justamente en la camarilla de Dante Delgado, desde su génesis en el pri estatal, pasando por su marginación y encarcelamiento, hasta la creación del partido Convergencia por la Democracia, en 1999 (García Jarillo, 2019). La mayoría de las personalidades políticas que dominaron la escena política veracruzana en las últimas décadas provenían de una matriz común, ya que se trataba de una generación formada en el pri, cuya carrera política había sido impulsada durante el gobierno de Rafael Hernández Ochoa (1974-1980). Entre los “hernandezochoistas”, se encontraban cuatro futuros gobernadores: dos electos (Fidel Herrera y Miguel Ángel Yunes) y dos interinos (Dante Delgado y Flavino Ríos Alvarado), entre otros políticos significativos del periodo. Asimismo, Dante Delgado y Miguel Ángel Yunes se convirtieron en líderes respectivos de la oposición estatal de “izquierda” y de “derecha”.

El transfuguismo político implicó la circulación de las camarillas de un partido a otro en el contexto de la pluralización del sistema de partidos. El fenómeno pudo llegar a verse como un vector de diferenciación y cambio político inducido por nuevas oportunidades políticas, factores sociológicos y motivaciones ideológicas. A nivel nacional, las condiciones de creación del prd son un ejemplo de ello, donde expriistas, activistas de izquierda y movimientos sociales confluyeron para exigir democracia y justicia social. De cualquier manera, según Víctor Hugo Martínez González (2005), las fisiones y fusiones de la dirigencia del prd terminaron obedeciendo a pugnas y acuerdos facciosos entre grupos políticos, más que a diferencias y afinidades ideológicas. El transfuguismo se entiende más a menudo como un oportunismo, cuando espacios se cierran o se abren, que fomenta la reproducción y la uniformización política. De hecho, si bien generó primero un movimiento de migración política desde el pri hacia la oposición, entendiéndose que la afiliación al pri fue durante mucho tiempo casi obligatoria para acceder a la esfera política institucional, acabó siendo un fenómeno multilateral de circulación transpartidista de los líderes y grupos políticos. El fenómeno combina la cultura política común y el pragmatismo de la competencia política, donde existe una tendencia hacia la uniformización de las prácticas en un contexto singularizado por la debilidad estructural y la porosidad de los partidos, al mismo tiempo convertidos en un factor burocrático central de acceso al gobierno, precisamente debido a la mayor competitividad electoral.

La evolución del prd, observada por Hélène Combes (2004), desde la “política contestaria” hacia la “fábrica partidaria” de cuadros políticos se ubicaba en esa lógica restrictiva. En fin, en la elección a gobernador del 2010, la oposición al priista Javier Duarte Ochoa eran dos expriistas y viejos enemigos políticos, Dante Delgado por la coalición Convergencia-prd-pt y Miguel Ángel Yunes por la coalición pan-Nueva Alianza. A su vez, en el 2016, este último competía contra su propio primo, Héctor Yunes Landa, candidato por la coalición pri-Partido Verde-Nueva Alianza.

La última etapa priista en el gobierno estatal fue una síntesis de las tendencias contradictorias de las décadas anteriores. En primer lugar, los gobiernos de Fidel Herrera (2004-2010) y Javier Duarte (2010-2016) formaban una sola secuencia política, ya que el segundo era el ahijado político del primero. Si la crisis de seguridad y finanzas públicas estalló en el periodo de Duarte, se gestó en parte en la administración anterior para desembocar en un escenario de “fin de régimen”, con el desgaste del pacto corporativista, en medio de protestas sociales multisectoriales. Al mismo tiempo, existía un contraste entre el “viejo estilo” de Fidel Herrera, quien buscaba desmarcarse de la administración alemanista con propósitos de restauración del orden político, y Javier Duarte asimilado al estilo gerencial del “nuevo pri” de Enrique Peña Nieto. No obstante, paralelamente a la marginación de las principales figuras del gobierno alemanista, Fidel Herrera impulsó un proceso de renovación generacional de la élite priista, donde se encontraba justamente Duarte, que fungió de subsecretario y secretario de finanzas y planeación. En ambos gobiernos, coexistían perfiles heterogéneos de empresarios, tecnócratas y políticos más convencionales, tanto procedentes de la nueva como de la anterior generación, donde también se integraban personalidades cooptadas de la oposición.

El periodo de Duarte se distinguió por la multiplicación de los escándalos políticos y la inestabilidad del gabinete, donde se llegó a nombrar seis y cinco titulares en las secretarías de finanzas y planeación y de desarrollo social. El regreso de la vieja guardia alemanista en el último tramo de la administración duartista no logró salvar la hegemonía priista. Después de la derrota en las elecciones estatales del 2016, seguida de la renuncia y de la huida de Duarte, su último secretario de gobierno, Flavino Ríos, quien había heredado del mismo cargo al final del gobierno de Alemán y había sido entonces uno de los rivales de Fidel Herrera para la gubernatura, fue nombrado gobernador interino y condujo el proceso de transición (Tahar-Chaouch, 2021).

La carrera política de Miguel Ángel Yunes Linares

La elección de Miguel Ángel Yunes Linares a la gubernatura del estado fue, ante todo, la culminación de la trayectoria de un líder político, cuyo perfil era bastante convencional. De antemano, el apellido Yunes remite a una de las principales familias de la política veracruzana que había acaparado numerosas responsabilidades administrativas y políticas en el estado, históricamente vinculada con el pri y parcialmente venida al pan con el clan de Miguel Ángel. Abogado egresado de la Universidad Veracruzana, en 1974, Miguel Ángel Yunes se unió a las filas juveniles del pri en 1969, donde fue elegido diputado local y federal, respectivamente, en 1980 y en 1991, y llegó a la presidencia estatal del partido en 1997. Después de diversos cargos como agente del ministerio público (1974-1975), asesor jurídico del gobierno de Veracruz (1977) y presidente del Tribunal Fiscal Estatal (1977-1978), Yunes “se exilió” a la Ciudad de México durante el periodo de Acosta Lagunes, donde después de colaborar en la Cámara de Diputados estuvo en la Dirección Federal de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (1985-1987). Su carrera alcanzó su primera cumbre entre 1992 y 1997, cuando fue coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública y secretario general del gobierno de Patricio Chirinos.

Después de los malos resultados del partido en las elecciones municipales de 1997, que le cerraron la puerta de la investidura priista para la elección a gobernador de 1998, la carrera de Yunes tomó un nuevo impulso en la Secretaría de Gobernación (Segob), entonces encabezada por Francisco Labastida, donde llegó a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la Subsecretaría de Seguridad Pública, en 1999, y fue después coordinador de asesores. Reelegido diputado federal por la vía plurinominal en el 2003, Yunes se volvió entonces muy cercano a Elba Esther Gordillo, en ese momento secretaria general del pri y coordinadora de la bancada priista en el Congreso. En conflicto con Roberto Madrazo, la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pactó con Felipe Calderón y creó el partido Nueva Alianza en la coyuntura electoral del 2006. Así es como, después de renunciar al pri en el 2004, el político veracruzano fue nombrado subsecretario de Seguridad Pública por Vicente Fox, en el 2005, y luego secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (issste) durante el sexenio de Felipe Calderón, entre el 2006 y el 2010, Yunes se pasó oficialmente al pan en el 2008.

Los padrinazgos nacionales le despejaron el camino para ser candidato a gobernador de Veracruz por la coalición pan-Nueva Alianza, en el 2010, lo cual provocó el desplazamiento de Gerardo Buganza Salmerón que, en el 2004, había estado cerca de vencer a Fidel Herrera en la elección a gobernador. El empresario y militante histórico del pan se unió después al gobierno de Javier Duarte como secretario general de gobierno. En el transcurso, el clan familiar de Yunes había logrado afianzarse en la zona metropolitana de Veracruz y Boca del Río que, desde antes, había tenido presidentes municipales panistas. Su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato a gobernador en el 2018, fue elegido dos veces en Boca del Río, en el 2007 y el 2013. Posteriormente, su otro hijo, Fernando, tomaba posesión de la presidencia municipal de Veracruz en el 2018, seguido ahora de su cuñada, victoriosa en la elección del 2021. Así, si bien la camarilla de Miguel Ángel Yunes se gestó dentro del pri, se fue reconfigurando con su paso por la administración federal y su migración política, así como la de su círculo familiar hacia el pan.

Finalmente, no se puede omitir que Yunes llegaba precedido de una fama negativa por su desempeño en la secretaría de gobierno, donde se le recordaba por su enfoque represivo, por las investigaciones sobre sus gestiones pasadas y por las acusaciones de la periodista Lydia Cacho (2004) sobre su presunta participación en una red de pornografía infantil.

El criterio profesional

Después de los escándalos de corrupción y la violencia del periodo duartista, la campaña de Yunes había prometido una administración transparente y eficaz, especialmente en el ámbito de las finanzas y de la administración pública. La congruencia entre la especialización profesional y los cargos asignados podía precisamente constituir un criterio de selección del personal gubernamental que diera cuenta de un salto cualitativo en la materia. Por ello, en la tabla 1 revisamos primero la congruencia entre el perfil de los diecinueve funcionarios considerados y su cargo.

En síntesis, se observa un esfuerzo de congruencia, porque diez funcionarios cumplían más o menos con el criterio, pero relativo, ya que solo era la mitad, y la congruencia era evidente en solo seis casos; mientras que cuatro no cumplían con el criterio. En la categoría muy congruente se encuentran las secretarías de Finanzas y Seguridad Pública, donde la congruencia es habitual, debido a su carácter altamente especializado y estratégico, junto a la Secretaría de Salud, donde es común nombrar a un médico con experiencia en administración pública. El nombramiento de Clementina Guerrero García no era casual, porque existía entonces un movimiento de defensa del presupuesto de la universidad pública, debido a las deudas acumuladas del gobierno estatal, lo cual constituía uno de los pendientes de la nueva administración. Clementina Guerrero tenía una larga trayectoria en la administración universitaria, donde había sido jefa del Departamento de Control Presupuestal desde 1973 y, más recientemente, contralora general (2013) y secretaria de Administración y Finanzas (2013-2016), además de haber sido subdirectora de enseñanza media a nivel nacional y directora administrativa en el Instituto Mexicano del Café. La contadora pública había sido nombrada desde el gobierno de transición de Flavino Ríos por sugerencia del propio Yunes para renunciar a los pocos meses de haber empezado el nuevo gobierno. Su sucesor, Guillermo Moreno Chazzarini, antes contralor general del Estado (2016-2017), había sido subdirector del Instituto de Pensiones de Veracruz (1999-2000) y director de Administración y Finanzas de la Fiscalización Superior del Estado (2001-2006), además de subdelegado del issste, en el 2007. A su vez, el abogado y catedrático Jaime Ignacio Téllez Marie había estado, entre otras cosas, en la Dirección General Adjunto de Prevención y Readaptación Social de la Subsecretaría de Seguridad Pública de la Segob (2000-2001) y en la Coordinación General de la Policía Intermunicipal de Veracruz y Boca del Río (2002-2004). Finalmente, Arturo Irán Suárez Villa, egresado de Políticas Públicas en Salud de la Universidad de Birmingham, había sido director general de hospital en la zona de Veracruz (2004-2005), subdirector de Infraestructura en el issste, durante la gestión de Yunes, y encargado de despacho del issstep, en Puebla, a partir del 2015. Junto a ellos, Elías Assad Danini, el director general de Comunicación Social, había sido vocero del senador Fernando Márquez, así como coordinador de Comunicación Social de Boca del Río, al lado de su hermano. En el programa del gobierno se encontraba Francisco Montfort Guillén, que tenía una carrera académica consolidada en la Universidad Veracruzana, donde llegó a ser candidato a rector en el 2013, y combinaba experiencias en asesoría del sector público y consultoría privada en cuestiones de opinión pública y mercado.

Otros funcionarios cumplían con el criterio, pero de manera menos contundente. El nombramiento de Silvia Mota Herrera en la Secretaría de Trabajo se justificaba por su competencia jurídica en materia de derecho laboral, luego de haber sido subdirectora de lo contencioso de la Dirección Jurídica del issste bajo la dirección de Yunes, además de tomar diplomados en materia laboral según algunas notas (“¿Quién acompañará a Yunes?”, 2016), pero no era experta en el ámbito productivo. El ingeniero Alejandro Zairick Morante había sido gerente operativo, comercial y general de la Zapatera Industrial de Orizaba (1997-2013), pero no tenía ninguna experiencia previa en la administración pública. En cambio, Julen Rementería tenía ya experiencia administrativa en infraestructura y obras públicas (Exsecretaría de Comunicaciones), porque había sido coordinador general de centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal (2008-2011), pero ningún otro dato significativo respaldaba su nombramiento. Para el último caso clasificado en esa categoría, tuvimos incluso que forzar un poco el criterio. Yolanda Baizabal Silva había tenido cargos administrativos en la Segob (2006) y en el issste, donde fue subdirectora de Conservación y Mantenimiento en la gestión de Yunes, además de fungir de secretaria técnica de la rectora en la Universidad Veracruzana (2013-2016), pero en otras áreas. En su caso, tomamos como antecedente la formación en arquitectura, por lo menos para la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas.

Cuatro secretarios no cumplían con el criterio. Enrique Pérez tenía una larga trayectoria administrativa desde que había sido secretario particular de Yunes en la Secretaría de Gobierno del Estado, ya que había sido subdirector y director general de Prevención y Readaptación Social en la Segob (1999-2001), delegado regional del issste (2007-2013) y secretario de gobierno de Boca del Río (2014-2016), pero sin antecedentes en el sector educativo. El médico-cirujano jalisciense, Leopoldo Domínguez Armengual, exsecretario de Salud del estado de Nayarit (1999-2001), quien había tenido un cargo menor en el issste, al lado de Yunes, tampoco estaba vinculado con el sector del turismo y de la cultura. Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, médico cirujano originario de Tantoyuca, no presentaba tampoco ningún antecedente significativo que justificara su nombramiento en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Lo mismo ocurría con Mariana Aguilar López en la Secretaría de Medio ambiente, exdiputada local del prd (1993-1995). Si pudo haber tenido algo que ver con el tema ambiental en su militancia, no se reflejaba en su formación como psicóloga y se mencionaba su “nula experiencia” en medio ambiente (“Las mujeres de Yunes Linares”, 2016).

Para terminar, vienen algunos casos que decidimos poner aparte. El nombramiento del abogado Rogelio Franco Castán en un puesto tan importante como la Secretaría de Gobierno no estaba respaldado por una experiencia previa en administración pública. Rogelio Franco era entonces presidente estatal del prd. En ese caso, el nombramiento respondía a una lógica estrictamente política, como resultado de la negociación entre los dos partidos que habían conformado la coalición ganadora de la elección del 2016. En la jefatura de la oficina del gobernador, donde se suele nombrar a una persona de entera confianza, Manuel Muñoz Ganem era sencillamente el más antiguo y leal colaborador de Yunes y su mano derecha en el gobierno. La Secretaría de Protección Civil es un caso específico. Primero, estuvo a cargo de Yolanda Baizabal y después de Juan Carlos Saldaña, quien había sido auxiliar del área de Adquisiciones (2008-2009) y director de Alumbrado Público y Mantenimiento Vial (2014-2016), durante las dos administraciones de Miguel Ángel Yunes Márquez en Boca del Río. Antes de ser secretario, había sido jefe de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Yunes padre. De paso, su hermano mayor, Julio Saldaña Morán, había sido un importante cuadro del pan en el puerto de Veracruz, antes de mudarse al prd, donde fue elegido diputado federal, en el 2015. El punto es que la Secretaría de Protección Civil suele darse como retribución política o a un aspirante, lo cual parece haber sido el caso de Yolanda Baizabal, por tratarse de una de los dos perredistas del gobierno, así como de Juan Carlos Saldaña, como joven político proveniente de una familia que ya tenía antecedentes políticos.

La Secretaría de Desarrollo Social es también un caso especial. Sus titulares sucesivos no se distinguían por su experiencia en materia de programas sociales, aunque existían unos antecedentes mínimos, ya que Indira Rosales San Román había sido coordinadora del Programa de Empleo Temporal Inmediato de la secretaría en el municipio de Medellín, en el 2010, así como encargada del Programa de Gestoría Social del diputado local y luego senador, Fernando Yunes Márquez, entre el 2011 y el 2013. No obstante, los encargados de esa secretaría suelen más bien tener un perfil político, debido al manejo político de los programas sociales, cuando no se prestan directamente a operaciones clientelistas de cooptación del voto. Indira Rosales y José Rodrigo Marín Franco eran ambos colaboradores cercanos de los hijos de Yunes y especialmente de Miguel Ángel, quien se perfilaba como candidato del pan en la elección estatal del 2018. Después de haber sido coordinadora de Atención Ciudadana (2014-2016) y secretaria del municipio de Boca del Río, en el 2016, así como jefa de la Oficina del Gobernador electo y coordinadora de la elaboración del Plan Veracruzano de Desarrollo, la futura senadora del pan coordinó la campaña de Miguel Ángel Yunes Márquez para la elección a gobernador. A su vez, José Rodrigo Marín había colaborado con este último en los dos periodos de su presidencia municipal en Boca del Río, primero como director de Participación Ciudadana (2008-2010) y después como regidor de las comisiones edilicias (2014-2016), antes de ser subsecretario de Desarrollo Social y Humano hasta su nombramiento como secretario. En ese caso, se seguía con la usanza.

Tecnocracia y factor político

Los datos no permiten afirmar que la presencia en el gabinete no se ajustaba al criterio profesional, pero tampoco es edificante. La tendencia profesionalizante incluye perfiles tecnocráticos o más convencionales, aunque desde luego los primeros son un indicador específico de profesionalización que no descarta el factor político, así como este último no excluye el criterio profesional, si bien pueden entrar en contradicción. Desde esta óptica, contrario a lo esperado, lo primero que debe resaltarse es la poca representación en el gabinete del sector empresarial o de políticos vinculados con el sector privado. Entre ellos se puede considerar a Juan Carlos Saldaña, que había sido asistente de dirección del World Trade Center del puerto de Veracruz, en el 2007, y a Francisco Montfort por sus consultorías, pero sobre todo al empresario Alejandro Zairick. Este último se había vinculado con el pan recientemente, donde había sido diputado local en Orizaba, entre el 2013 y el 2016, mientras que su primo Daniel Zairick era candidato en la presidencia municipal de la misma ciudad. Su legitimidad partidista era recurrentemente cuestionada por militantes panistas locales (“Acusan a Alejandro Zairick de traidor al pan”, 2018). Aunque se intuya que las relaciones existían en otros niveles, no se reflejaba en la composición del gabinete, lo cual no era anodino. Existen distintas explicaciones posibles: las relaciones estrechas ya señaladas entre el pri estatal y familias de empresarios, si bien las administraciones anteriores habían provocado cierta inconformidad, las propias características del empresariado local, que no llegó a tener la autonomía y la cohesión política de la clase empresarial del norte del país, aunque parezca ser más el caso en zonas del estado como la región Orizaba-Córdoba. A su vez, las peculiaridades del pan estatal, tal vez más asentado en otros segmentos de las clases altas y medias que en el sector empresarial, y las divisiones internas del partido, donde existía una desconexión entre Yunes y los cuadros históricos. Como lo vimos, su investidura, en el 2010, había provocado la salida del empresario orizabeño Buganza. Otros cuadros históricos vinculados con el sector privado se deslindaron del partido, como el cordobés Juan Bueno Torio, primer diputado federal de oposición electo en Veracruz, cuando fue rechazada su petición a favor de un proceso democrático para la designación del candidato del partido en la elección estatal del 2016.

Si se considera la especialización técnica en áreas específicas, el carácter tecnocrático del gabinete es bastante limitado. La hay en administración y finanzas y, en cierta medida, en desarrollo económico y portuario, pero no en otras áreas como trabajo, obras públicas, educación, turismo, medio ambiente y desarrollo agropecuario, donde el criterio de congruencia profesional no se cumplía en las cuatro últimas. Asimismo, la especialización policiaca o médica no es propiamente tecnocrática. La tendencia tecnocrática del gabinete radicaba más bien en el hecho de formarse en el área administrativa y financiera, por lo que es donde se encontraban los funcionarios más especializados, pero ese tipo de formación era transversal a las otras áreas. Lo evidenciamos en la tabla 2, con base en los estudios, precisando el tipo de universidades donde se realizaron (privadas o públicas), así como el lugar de nacimiento (cuando se tiene), que indica la procedencia en casi todos los casos, ya que se debe matizar la especialización con los criterios sociológicos de selección.

Pusimos aparte las dos licenciaturas en contaduría por tratarse de una carrera más bien tradicional, aunque indudablemente vinculada con el área financiera. Aun así, los estudios en administración de empresas y gestión pública estaban bien representados con ocho funcionarios, principalmente de universidades privadas, pero también de universidades públicas. No obstante, en cuatro casos (Clementina Guerrero, Joaquín Guzmán, Arturo Suárez y Mariana Aguilar) eran formaciones complementarias, cuando ya existía una carrera político-administrativa y se buscaba consolidar el perfil. Paralelamente, se constata que nueve funcionarios estudiaron en universidades privadas, pero ambas variables coinciden solo en seis ocasiones y en cuatro para estudios de pregrado. Los estudios en universidades privadas se realizaron en otras disciplinas como derecho, medicina, ciencias penales e ingeniería industrial. De hecho, las formaciones tradicionales seguían predominando, especialmente en derecho, con siete casos. Asimismo, los miembros del gabinete estudiaron más a menudo en universidades públicas, con una clara predominancia de la Universidad Veracruzana, donde cuatro funcionarios cursaron la licenciatura de derecho, así como Silvia Mota, quien lo hizo en la Universidad Nacional Autónoma de México.

El valor de los estudios en instituciones privadas era más social que profesional. De antemano, las fechas de nacimiento permiten comprobar la procedencia urbana de los miembros del gabinete y, por ende, la estabilidad de la élite política desde ese punto de vista. Dos funcionarios cursaron posgrados en universidades privadas, cuando ya tenían una carrera profesional y recursos propios (Jaime Téllez y Clementina Guerrero). Para los otros era claramente un indicador de origen social, donde se distinguen dos grupos separados por la variable generacional. El primer grupo se constituía de individuos con una carrera profesional y política ya consolidada: dos panistas con una larga trayectoria en el partido (Julen Rementería y Joaquín Guzmán) y un expriista (Guillermo Moreno), a los que se les puede añadir Leopoldo Domínguez, quien si bien estudió en la Universidad Autónoma de Guadalajara, así como Arturo Suárez, había transitado del pri al pan. Tres de ellos eran médicos, entre los cuales uno foráneo, pero provinciano, lo cual apunta hacia un perfil de notable local. En la nueva generación que aspiraba a consolidarse estaban Alejandro Zairick, reclutado en Orizaba, y tres funcionarios allegados a los hijos de Yunes que colaboraron con Miguel Ángel Yunes Márquez en el municipio de Boca del Río (Juan Carlos Saldaña, Indira Rosales y Elías Assad).

Algunas instituciones privadas de educación superior parecían ya ser lugares privilegiados de reclutamiento: el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Autónoma de Veracruz “Villa Rica” y la Universidad Mexicana plantel Veracruz, donde el propio marido de Indira Rosales en ese entonces, otro colaborador de la familia Yunes y diputado local desde el 2021, Jaime de la Garza, había cursado la carrera de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior. A su vez, los hijos de Yunes cursaron, respectivamente, la carrera en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas y Marketing Internacional en la Universidad de Miami, para Miguel Ángel, y la Licenciatura en Derecho en la Universidad Anáhuac Sur de la Ciudad de México, así como la Maestría de Acción Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, para Fernando, quien llegó a ser el más joven senador del país. Eran un ejemplo de herederos de la élite priista formados en universidades privadas, ya ubicados dentro del pan, junto a individuos de la misma generación y de similar extracción social.

Sin duda, los compromisos políticos dictaron algunos de los nombramientos: Rogelio Franco Castán y Yolanda Baizabal Silva por el prd; Julen Rementería del Puerto y Joaquín Rosendo Guzmán Avilés por el pan. Ya lo habíamos puntualizado para el primero, el cual militaba en el prd desde las filas juveniles y subió todos los escalones del partido para ser dos veces presidente estatal (2005-2008 y 2014-2016), así como diputado federal en Campeche (2003-2006) y diputado local en Veracruz (2010-2013). En el caso de Yolanda Baizabal, cabe precisar que, además de ser afiliada al prd, había colaborado con Yunes en el issste. Julen Rementería, diputado local del pan en dos ocasiones (2001-2004 y 2013-2014) y posteriormente senador (2018-2021), así como regidor y presidente municipal del municipio de Veracruz, respectivamente en 1997-2000 y 2005-2007, era un rival de la familia Yunes en la zona metropolitana de Veracruz. Joaquín Guzmán, también dos veces diputado local (2007-2010 y 2013-2016) y dos veces presidente municipal de Tantoyuca (2005-2007 y 2011-2013), conquistó la presidencial del pan estatal en el 2019, donde es igualmente considerado un rival de los Yunes. Tres, cuatro con la precisión hecha: los nombramientos debidos a acuerdos políticos eran bastante moderados. En todo caso, salvo Rementería más tendiente a ser un tecnócrata, los funcionarios que presentaban menos congruencia entre la especialización y el cargo eran principalmente aquellos que tenían un perfil muy político: por compromiso intra e interpartidista (Joaquín Guzmán y Rogelio Franco), porque permitía tener un aliado asentado en el partido (Leopoldo Domínguez) y por otras condiciones particulares que esclareceremos ahora (Mariana Aguilar). El factor político abarcaba también las relaciones personales y políticas construidas con Yunes y su clan familiar, independientes de las negociaciones de las cúpulas partidistas. Ese tipo de reciprocidades suele precisamente ser considerado como el menos compatible con la lógica profesional.

Un gabinete de allegados a los Yunes

En efecto, por encima de cualquier otro criterio, el gabinete estaba compuesto por funcionarios más o menos allegados al clan familiar de los Yunes Linares y Márquez. Desde luego, no es un dato original, pero en ese caso fue muy pronunciado. Así, identificamos tres núcleos principales de vínculo con los Yunes: los antiguos socios del gobernador, los que trabajaron con él en el issste y los colaboradores de su hijo en Boca del Río. Lo ilustramos en la tabla 3, añadiendo una fila para los casos especiales.

Vemos que concierne a la casi totalidad del gabinete, salvo los tres casos, donde no mediaba ninguna relación con los Yunes; no tenemos datos específicos para Alejandro Zairick. Ya habíamos dado cuenta de la trayectoria de Enrique Pérez, quien, después de haber sido secretario particular de Yunes, lo siguió en cada una de las etapas de su carrera política hasta apoyar la administración de su hijo en Boca del Río. Manuel Muñoz Ganem era un colaborador todavía más antiguo, ya que su amistad inició durante el periodo de Rafael Hernández, cuando Manuel Muñoz fue director de Turismo (entonces cargo equivalente a secretario), para prorrogarse durante el “exilio acostalagunista” en la Dirección General de Aeropuertos y después en la Secretaría de Gobierno, en la Segob y en el issste, donde fue respectivamente director de Normatividad, director general adjunto de Prevención y Readaptación Social y coordinador general de Administración. Eran expriistas, pero ante todo yunistas desvinculados del pri desde tiempo atrás. De hecho, desde Chirinos, ningún miembro del gabinete había tenido cargos en secretarías de gobierno. Solo dos funcionarios habían tenido alguna relación con administraciones priistas recientes, pero más en la periferia: Jaime Téllez en la coordinación de la Política Intermunicipal de Veracruz y Boca del Río, al final del periodo de Alemán; Guillermo Moreno en el órgano de fiscalización superior del Estado, también durante el periodo alemanista y al inicio de la administración de Fidel Herrera.

Los funcionarios del issste eran a veces veracruzanos que habían tenido lo esencial de su carrera profesional, administrativa y política en el Estado. En el caso de Guillermo Moreno no hay datos sobre una relación previa a la subdelegación del issste, pero la confianza fue suficiente para que fuera incorporado después al equipo de Yunes hijo en Boca del Río. Tampoco se sabe bien cuándo inició la relación con Arturo Suárez, diputado local de Veracruz por Perote, cuando Yunes era secretario del gobierno del Estado. Como Yunes, Arturo Suárez tenía vínculos con el grupo poblano de los morenovallistas que lo llevaron después al issste. Lo importante es que la relación se haya consolidado en ese periodo. Otros eran funcionarios foráneos traídos por Yunes a Veracruz, como Silvia Mota y Leopoldo Domínguez. Este último aportaba su capital político en el pan, donde fue diputado local (2011-2014) y presidente municipal (2014-2016) de Tepic, después de haber sido consejero nacional del partido (2004-2007) y antes de ser presidente del congreso de Nayarit (2018-2021), siendo retribuido con una notaría en el puerto de Veracruz. De todas formas, esos nombramientos resultaban menos de una lógica partidista que de relaciones personales construidas en la administración federal, por cierto en un gobierno panista. En otras palabras, si bien Yunes trajo parte de su camarilla al issste, el organismo fue ante todo un espacio de reclutamiento para su camarilla, lo cual puede verse con un traslado excesivo de la dirección del issste al gobierno veracruzano, pero tenía también fines operativos que buscaban conciliar el criterio profesional con relaciones de confianza. Por otro lado, tanto desde el punto de vista de su pasado priista como de su nuevo partido, por lo menos a nivel veracruzano, Yunes se encontraba relativamente aislado o, más bien, el único reservorio de militantes panistas locales a su disposición eran los socios de su hijo en Boca del Río. En ese sector, se encontraban precisamente algunos de los casos de asignación de puestos gubernamentales que obedecían a criterios poco ortodoxos desde una óptica estrictamente profesional o demasiado ortodoxos desde el punto de vista de las usanzas políticas (Juan Carlos Saldaña, Indira Rosales y José Marín). En definitiva, los factores político-administrativos de ascensión en las estructuras de gobierno eran bastante convencionales.

Quedan algunos casos aparte. Para Jaime Téllez, la relación se evidencia desde que este último había coincidido con los yunistas en la Segob. En los casos de Mariana Aguilar y Francisco Montfort, no era anodino que la primera fuera asesora de los legisladores panistas, ni que el segundo haya sido presidente de la Comisión Electoral Estatal y, en el 2006, secretario ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, pero se trataba de la relación con un grupo político específico. Mariana Aguilar había sido miembro de la camarilla de Ignacio Morales Lechuga, exsecretario general de gobierno de Acosta Lagunes y procurador general de la República con Salinas. En la elección a gobernador de 1998, cuando su mentor no tuvo la investidura del prd, ella rompió con el partido y se unió a su campaña en el Partido del Trabajo. En ese entonces, Mariana Aguilar formaba parte de un grupo de reflexión sobre la transición. Si bien estaba asociado al pri, Francisco Montfort había colaborado con ese grupo que, antes de acercarse a Yunes, tuvo vínculos con Fidel Herrera, pero se desmarcó del gobierno de Duarte (“Las mujeres de Yunes Linares”, 2016).² Para Clementina Guerrero, lo cual puede extenderse a Yolanda Baizabal, estaba la relación con la rectora Sara Ladrón de Guevara. El esposo de la rectora, Guillermo Heitler Aroeste, había colaborado con Manuel Bartlett Díaz en la Secretaría Federal de Gobernación, durante el periodo de Miguel de la Madrid, desde donde se había favorecido la elección presidencial de Salinas de Gortari. En la órbita de Salinas, Bartlett y Chirinos, así como de la red de gobernación y del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, Guillermo Heitler y Miguel Ángel Yunes coincidieron entonces (“Espionaje azul”, 2017).³ Posteriormente Guillermo Heitler fue asesor del expriista y gobernador panista, Rafael Moreno Valle, en Puebla, lo cual cerraba el círculo político.

En fin, desde la óptica de la preeminencia de las relaciones personales, el gobierno de Yunes no presentaba ninguna novedad con relación a las prácticas anteriores de la política veracruzana, incluso tendía a agudizarlas, debido a su relativo aislamiento político.

Conclusión

Por ser el primer gobierno pospriista del estado de Veracruz, se planteó el problema del cambio y de la continuidad del reclutamiento político del gabinete de Yunes. En primer lugar, se comprobó cierta tendencia tecnocrática entre sus integrantes, especialmente por su formación administrativa, pero limitada, sin contraste cualitativo significativo con los gobiernos priistas. El relativo esfuerzo de profesionalización buscaba sobre todo desmarcarse de las dos administraciones inmediatamente anteriores, no tanto porque esas administraciones hubieran excluido el criterio profesional, sino por la voluntad de poner orden en los asuntos públicos en áreas estratégicas. En segundo lugar, era evidente la continuidad de la cultura política en los patrones de reclutamiento del gabinete, donde predominaban las relaciones personales y políticas. No obstante, si bien el gabinete incorporaba expriistas, lo cual era de esperarse, porque es algo que suele ocurrir y más aún por la trayectoria política de Yunes, pocos funcionarios estaban implicados en las administraciones priistas de las dos últimas décadas y nunca de una forma que sobresaliera. El gabinete incorporaba un nuevo personal político, en parte procedente del prd, pero principalmente del pan y de la administración federal panista, lo cual desde luego no era anómalo.

En definitiva, y es lo más relevante de nuestra conclusión: el gobierno de Yunes se ubicaba en la continuidad de los que habían sido los gobiernos priistas de las cuatro últimas décadas, en los cuales un precario proceso de tecnocratización coexistía con las formas tradicionales de la política estatal. Desde esta óptica, su gabinete abrazaba algunas tendencias sociológicas actuales de la política mexicana, como los estudios en universidades privadas; pero no se distinguía por reclutar en el sector empresarial e incluso predominaban los perfiles convencionales. Era otra variación de lo mismo. Aun así, fue un gabinete muy particular que, fuera del cumplimiento de compromisos políticos mínimos, movilizó un pequeño grupo de individuos leales al gobernador y a su clan familiar. El poco tiempo, la crisis que azotaba el estado y la proyección del hijo como candidato a gobernador podían explicar la opción de un gobierno inmediatamente operativo, formado por profesionales de su entera confianza. Por otro lado, Yunes contaba con pocos apoyos políticos locales, salvo alrededor de su hijo en Boca del Río, después seguido de su otro hijo en el puerto de Veracruz, donde se encuentran el relevo generacional y la herencia política. Por lo pronto, el cierre de las filas no impidió que el gobierno de Yunes fuera otra cosa que un paréntesis, cuyo clan está ahora atrincherado en el feudo de la zona metropolitana de Veracruz y Boca del Río, si bien sigue conectado a nivel nacional, ante la nueva hegemonía de Morena en el Estado, pero ya es otra historia.

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Notas

¹ Sobre el pan, véase Loaeza (1999).

² Relato confirmado por distintas fuentes orales, en particular por un exconsejero de la Comisión Electoral Estatal.

³ Hay elementos dispersos en la prensa veracruzana con respecto a esa antigua relación.