La transición energética bajo prácticas autoritarias. Tres casos en México

The Energy Transition under Authoritarian Practices. Three Cases in Mexico

A transição energética sob práticas autoritárias. Três casos no México

GERARDO HERNÁNDEZ VÁSQUEZ
Universidad del Mar, México
LUIS ARTURO TAPIA GUERRERO
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, México
ARCELIA TOLEDO LÓPEZ
Instituto Politécnico Nacional, México
DORA LILIA GUZMÁN CRUZ
Instituto Politécnico Nacional, México

La transición energética bajo prácticas autoritarias. Tres casos en México

Desafíos, vol. 34, núm. 2, 2022

Universidad del Rosario

Recibido: 19 diciembre 2021

Aceptado: 23 agosto 2022

Información adicional

Para citar este artículo: (2022). Hernández Vásquez, G., Tapia Guerrero, L. A., Toledo López, A., & Guzmán Cruz, D. L. La transición energética bajo prácticas autoritarias. Tres casos en México. Desafíos, 34(2), 1-40. https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/desafios/a.11474

Resumen: Este artículo documenta los resultados de un estudio comparado, de tipo cualitativo, desarrollado en el periodo 2018-2020 en el istmo de Tehuantepec (Oaxaca, México) en torno a tres negociaciones para instalar tres parques eólicos que se encuentran cancelados. Nuestra investigación se apoya en entrevistas, minutas de asambleas, documentos jurídicos, amparos y notas de prensa. Nuestro análisis muestra cómo las prácticas autoritarias ejercidas en la negociación recaen sobre la transición energética, al gestar un clima de percepciones negativas que se tradujeron en una desconfianza e inconformidad que promovieron una oposición social y jurídica hacia los proyectos eólicos. Todo ello afectó la viabilidad de los procedimientos de negociación y consulta formales, como el establecido en el C-169 de la Organización Internacional del Trabajo y estancó la transición energética en la región.

Palabras clave: transición energética, prácticas autoritarias, energía eólica, México, Istmo de Tehuantepec.

Abstract: In this article we present the results of a comparative qualitative study of three wind projects that were suspended or canceled in the Isthmus of Tehuantepec (2018-2022). The cases show how the authoritarian practices exercised in the negotiation process affected the energy transition by creating a climate of negative perceptions which translated into distrust and nonconformity, promoting social and legal opposition to the wind projects. This affected the viability of formal negotiation and consultation procedures, such as those established in iLO C-169, and stalled the energy transition in the region. The study used a variety of data sources, such as interviews, assembly minutes, legal documents (writs of amparo) and press releases.

Keywords: Energy transition, authoritarian practices, wind farms, Mexico, Isthmus of Tehuantepec.

Resumo: São relatados os resultados de um estudo qualitativo comparativo, desenvolvido no período 2018-2020 no istmo de Tehuantepec (Oaxaca, México) em torno de três negociações para instalar três parques eólicos atualmente cancelados. Os casos mostram como as práticas autoritárias exercidas na negociação recaem sobre a transição energética, gerando um clima de percepções negativas que se traduzem em desconfiança e inconformismo que promovem uma oposição social e jurídica aos projetos eólicos. Tudo isso afeta a viabilidade de procedimentos formais de negociação e consulta, como o estabelecido no C-169 da Organização Internacional do Trabalho, e paralisa a transição energética na região. Foram utilizadas várias fontes de dados, como entrevistas, atas de reuniões, documentos legais (amparos) e comunicados de imprensa. A análise é qualitativa e comparativa.

Palavras-chave: transição energética, práticas autoritárias, energia eólica, México, Istmo de Tehuantepec.

Introducción

El cambio climático y la necesidad de reducir las emisiones de dióxido de carbono han llevado desde hace cuatro décadas a los organismos internacionales, gobiernos, activistas ambientales y actores interesados a impulsar un cambio estructural en los sistemas energéticos de escala local, regional y global (Bartelt & Rojas, 2019). Se trata de la promoción de un cambio en las fuentes primarias de energía, en las tecnologías de conversión y en los patrones de suministro que se ha denominado transición energética (Vaclav, 2010).

Los datos más recientes divulgados en el informe del Intergovernmental Panel on Climate Change del 2018 señalan que los resultados de la transición no están siendo suficientes para contener los efectos negativos de las actividades humanas, las cuales han causado aproximadamente 1 °C del calentamiento global por encima de los niveles preindustriales, y es probable que alcance los 1,5 °C entre los años 2030 y 2052, si continúa aumentando al ritmo actual (Masson-Delmotte, 2019).

Según lo anterior, es necesario encontrar mecanismos que aceleren y hagan sostenible la transición a las energías verdes, por lo cual es conveniente avanzar en estudios con perspectiva social que identifiquen aquellos factores que la dificultan (Adams & Asante, 2019; Bartelt & Rojas, 2019).

Un lugar destacado de la transición lo ocupa la energía eólica, que muestra un gran potencial de ahorro en emisiones (REN21, 2020). A este respecto, el istmo de Tehuantepec, región localizada en Oaxaca, uno de los estados al sur de México con mayor presencia de población indígena en el país, se considera la zona de mayor potencial eólico para la producción de energía eléctrica en América Latina (Elliott et al., 2004).

Desde el 2018, la región suma 27 parques eólicos en operación, con 1765 aerogeneradores y una capacidad de producción de 2749 megavatios. Además, las estimaciones señalan que se pueden instalar hasta 44 parques, con 5793 aerogeneradores que producirían el 25 % de la energía eólica nacional. Solo la capacidad instalada representa un ahorro estimado de 4,7 millones de dióxido de carbono por año (Asociación Mexicana de Energía Eólica, 2021). Sin embargo, la prensa y la literatura recientes muestran que en los últimos tres años la transición energética en la región está estancada a causa de movilizaciones y litigios promovidos por grupos y poblaciones opuestas a la instalación de parques.

La oposición y resistencia hacia los proyectos eólicos en la región ha sido ampliamente documentada por la literatura académica, en la que se muestra cómo las prácticas autoritarias ejercidas por los promotores de los parques y por los actores políticos se tradujeron en la articulación de movimientos de resistencia (Ávila, 2019). Sin embargo, estos estudios han adoptado una perspectiva transversal que ha descuidado los procesos longitudinales. De manera específica, han dejado de lado los efectos sociales de mediano y largo plazo, específicamente los relativos a los aprendizajes entre la población, el clima perceptual-anímico, la maduración tanto de la desconfianza como de la inconformidad social y los cambios tanto en la distribución de recursos como en las estrategias de negociación. Tal es el vacío que ha abordado el estudio que se reporta en estas páginas.

Los casos documentados en el artículo parecen mostrar que las prácticas autoritarias dificultan los cambios sociales asociados con la transición energética, al incentivar la formación de coaliciones opositoras que, bajo coyunturas de oportunidad, adoptan estrategias exitosas de bloqueo. Se trata de una oposición favorecida por la maduración de la inconformidad y la desconfianza social y por el desarrollo de múltiples percepciones negativas. También se muestra que, en este contexto, las reglas formales de negociación se vuelven inoperantes, como las consultas públicas.

La relevancia analítica de las prácticas autoritarias en el estancamiento de la transición energética se constata en el hecho de que a pesar de que en Oaxaca se ha avanzado en la reglamentación del derecho a la consulta previa, libre e informada (cpli), emanada del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (oit), en los hechos su ejercicio no está modificando ni las posturas ni las estrategias de los actores inconformes; antes bien, la oposición a nuevos parques se está volviendo más frecuente.

El artículo informa sobre los resultados de un estudio comparado de tipo cualitativo con perspectiva relacional, desarrollado en el periodo 2018-2020 en el istmo de Tehuantepec en torno a tres proyectos eólicos que actualmente se encuentran suspendidos o cancelados. Para el estudio se emplearon fuentes de datos variadas, como entrevistas a profundidad, minutas de asambleas, documentos jurídicos (amparos) y notas de prensa. La metodología se desarrolló en tres etapas que se detallan en su respectivo apartado.

El documento se organizó del siguiente modo: se presenta una revisión de literatura; posteriormente, se describen los métodos empleados; luego, se reportan los resultados y su discusión, y, finalmente, se cierra con las conclusiones.

Revisión de literatura

La literatura internacional ha identificado de manera abundante los factores que generan la oposición social a los proyectos eólicos en el ámbito de las democracias industrializadas. Sin embargo, estos casos no siempre escalan a la protesta o al conflicto, como sí ocurre en los casos recientes en el istmo. Entre dichos factores se mencionan la percepción de riesgo para la salud (Baxter et al., 2013), la cercanía de los proyectos a las poblaciones (Spowers, 2000; Bell et al., 2007), el impacto visual (Devlin, 2005), el tamaño y tipo de aerogeneradores (Jobert & Merle, 2005; Wolksink, 2006), los beneficios o pagos a la población (Maillebouis, 2003), el régimen de propiedad del parque (Wolsink, 2006), la distribución de beneficios (Devlin, 2005), la confianza o desconfianza hacia el desarrollador del parque (Wolsink, 2006) y la posibilidad de participar en los proyectos (Maillebiouis, 2003).

Asimismo, se ha documentado que las fases de ubicación y construcción tienen mayor oposición que las de operación (Devine-Wright, 2005; Eltham et al., 2008). Además, la transparencia o restricción de la información repercute igualmente en la aceptación o inconformidad con los proyectos (Mimler et al., 2005).

La literatura también ha documentado la paradoja de una creciente aceptación social hacia las energías limpias, aunada a posturas opositoras cuando los proyectos tienen cercanía geográfica con las personas consultadas (Devlin, 2005; Bell et al., 2007; Jobert et al. 2007; Baxter et al., 2013). En la tabla 1 se resumen los factores que afectan las posturas de las poblaciones hacia la instalación de parques eólicos de acuerdo con la literatura sobre casos en las democracias industrializadas.

Tabla 1.
Factores de rechazo de proyectos eólicos en democracias industrializadas
Factores de rechazo de proyectos eólicos en democracias industrializadas


Fuente: elaboración propia.

La literatura sobre casos en el istmo

En contraste con la literatura internacional, los estudios que han abordado el caso oaxaqueño han identificado factores o causales de oposición distintas. Se ha dicho, por ejemplo, que muchas veces estos proyectos “verdes” afectaron de forma negativa a la población indígena, su autogobierno, el acceso a los recursos y las prácticas de subsistencia (Finley-Brook & Curtis, 2013), y que el Estado mexicano asumió un compromiso con la remediación del cambio climático, pero dejó de lado los derechos indígenas (Howe, 2014), los cuales había reconocido en la ley desde los años noventa (Martínez González & Gómez Suárez, 2017). Además, la ausencia de voces locales en el proceso de planificación e instalación de parques supuso una forma de neocolonialismo (Huesca-Pérez et al., 2016), despojo (LópezGómez, 2016) e injusticia ambiental (Baker, 2016), con su resultante inconformidad social.

Están muy identificadas y se pueden enlistar las violaciones a los derechos en la región: el poco acceso a la información de los proyectos (National Academy of Science, 2007), la falta de consulta previa (Oxfam, 2009), los contratos sin principios de equidad y transparencia (Borja et al., 2005), la falta de evaluaciones de impacto social (Nahmad, 2011) y de sanciones ante prácticas corruptas (Banco Mundial, 2006), el acaparamiento de tierras ejidales y comunales —facilitado por líderes políticos locales, sindicales, comisariados e intermediarios— (Dunlap, 2019) y el pago de grandes sumas de dinero para apartar terrenos y el despliegue de redes clientelistas para organizar acuerdos sobre las tierras (Friede, 2016; Dunlap, 2017).1

Otras de las prácticas que la literatura documenta son la manipulación de contratos, la emisión de informes generalizados, las falsas promesas de beneficios, la intimidación y la mala interpretación por las diferencias lingüísticas, con el objetivo de asegurar los contratos de renta sobre las tierras (Oceransky, 2009; Howe et al., 2015; Friede, 2016; Dunlap, 2017).

Todas estas prácticas han llevado a algunos a proponer conceptos como colonialismo transnacional (Ramírez & Böhm, 2021), que hacen hincapié en el papel de las transacciones económicas entre empresas y miembros de comunidades indígenas como actores de élite que buscan intereses económicos. Esta dinámica perpetúa las injusticias e instiga nuevas injusticias en los grupos vulnerables como los pueblos indígenas excluidos y marginados (Ramírez & Böhm, 2021).

Algunos han concluido que el establecimiento de parques eólicos en la región es como un modelo extractivo que no considera las culturas y organizaciones locales y permite que las empresas vean a las comunidades rurales como un activo en la transición energética nacional (Zárate-Toledo et al., 2019).

Otros trabajos han señalado con detalle las variaciones en las formas de resistencia hacia los proyectos en la región (Borras et al., 2012). Se indica, por ejemplo, que en el norte la oposición se ha centrado en temas como la posesión de las tierras, los contratos laborales, la inclusión social y la distribución de beneficios; además de que hubo una escasa y selectiva difusión de información a los lugareños y al poder político y agrario (Dunlap, 2017, 2018), y que, en contraste, en el sur existió un rechazo total hacia los parques (Howe, 2014; Sánchez, 2016; Dunlap, 2017). La literatura ha documentado de manera exhaustiva las malas prácticas en la instalación de parques en el istmo (tabla 2).

Tabla 2.
Factores de rechazo de proyectos eólicos en el istmo
Factores de rechazo de proyectos eólicos en el istmo


Fuente: elaboración propia.

Algunos han recalcado que las prácticas que promovieron el ingreso de las empresas extranjeras en territorios indígenas fueron facilitadas por las instituciones estatales, las élites locales y segmentos de la población con intereses involucrados, los cuales hicieron uso del poder institucional, el clientelismo y otros mecanismos para arrebatar tierras comunales e imponer proyectos energéticos controversiales (Dunlap, 2019).

Lo que la literatura no explica es por qué en este contexto de prácticas autoritarias y de frecuentes movimientos opositores, hasta el 2018 no se logró la cancelación de ninguno de los casi treinta parques proyectados hasta ese año; además de que ha dejado de lado el papel del clima perceptual-anímico de las poblaciones como elemento que media entre las prácticas autoritarias, la formación de coaliciones opositoras y la cancelación o suspensión de parques.

La comprensión del clima perceptual-anímico es vital, porque nos permite entender la motivación y las respuestas de la oposición. Este elemento ha sido relegado en gran medida y por ello se invisibilizan las percepciones que subyacen a la inconformidad, desconfianza y oposición social y que pueden derivar en conflictos (Kretser et al., 2009; Manfredo & Dayer, 2004; Marshall et al., 2007).

Asimismo, la relevancia analítica de las prácticas autoritarias en el estancamiento de la transición energética se constata en el hecho de que, a pesar de que en Oaxaca se ha avanzado en la reglamentación del derecho a la consulta pública emanado del Convenio 169 de la oit, en los hechos este instrumento no está modificando ni las posturas ni las estrategias de los actores inconformes, lo que se traduce en el estancamiento actual de la transición energética en la región.

Metodología

El objetivo del estudio fue comprender cómo ha operado la cancelación de los parques en el istmo de Tehuantepec, hecho que ha estancado la transición energética en la región. Los casos seleccionados coinciden en ser aquellos que han logrado las cancelaciones de los proyectos tras un proceso de oposición, impugnación y suspensión judicial.

La metodología seguida corresponde a un estudio cualitativo de tipo comparado con perspectiva relacional, realizado entre 2018 y 2020, en el que se emplearon diversas fuentes de datos: entrevistas a profundidad, minutas de asambleas, documentos jurídicos (amparos) y notas de prensa.

Dado el objetivo de estudio, el análisis se centró en los proyectos que han tenido cancelaciones, suspensiones e impugnaciones, lo cual responde a un criterio de selección de casos que la literatura metodológica señala como intrínseco, pues son casos que tienen especificidades propias, que tienen valor en sí mismos y su estudio pretende alcanzar una compresión de un determinado problema (Stake, 2005).

Las especificidades reflejadas en el proceso de cancelación de los parques proporcionan un valor propio que permite comprender las causales del porqué surge la oposición, el bloqueo y la cancelación. Aunado a ello, la comparación de los casos permitió identificar los elementos transversales o irregularidades de los casos.

El análisis no se dirigió a una muestra representativa de la población, sino a los actores sociales que participaron en los procesos de negociación y oposición. Se reconstruyeron los procesos de negociación a través de la revisión de fuentes académicas y hemerográficas nacionales e internacionales. Asimismo, se complementó con diversos documentos jurídicos y contractuales, como minutas de asamblea y amparos.

Se realizó trabajo de campo en los respectivos municipios entre septiembre del 2018 y octubre del 2019, para una recolección de datos y voces, en las que se aplicaron 25 entrevistas a profundidad a actores clave. Entre los informantes estaban incluidos funcionarios públicos, exagentes políticos, miembros activos y no activos de las asambleas de los pueblos, miembros actuales y anteriores de autoridades agrarias y agentes externos involucrados en los procesos. Posteriormente, para el análisis de contenido cualitativo se usó el paquete atlas.ti, versión 7. A continuación, contextualizamos sobre los parques instalados y los respectivos casos de estudio.

Casos de estudio

Analizamos tres negociaciones para la instalación de parques en tres municipios de la región (tabla 3). Se trata de tres proyectos en los que la instalación se encuentra actualmente cancelada o suspendida por resoluciones de tribunales. El primer caso es el proyecto de una empresa española, a la que se denominará empresa A. Los otros dos casos corresponden a un proyecto de una empresa de origen francés, a la que denominaremos empresa B.2 Están localizados en los municipios de San Dionisio del Mar, Unión Hidalgo y Juchitán (figura 1). Estos se encuentran dentro de los polígonos con mayor potencial eólico en la región y, de acuerdo con el Atlas de recursos eólicos del estado de Oaxaca, sobrepasan la categoría de excelente (Elliott et al., 2004).

Tabla 3.
Proyectos de estudio y situación
Proyectos de estudio y situación


Fuente: elaboración propia.

Ubicación de los casos de estudio
Figura 1.
Ubicación de los casos de estudio


Fuente: elaboración propia a partir de las imágenes de Elliott et al. (2004).

Caso en San Dionisio del Mar. Este fue el proyecto de la empresa A que comprendía la instalación de 132 aerogeneradores (396 megavatios [Mw]) y que se ubicarían en territorios de la etnia ikojt o huave y abarcarían dos municipios: San Dionisio, con 102 turbinas, y Juchitán. con 30 (Howe, 2014; Mejía Carrasco, 2017). El intento de instalación se efectuó en el periodo 2011-2012. No obstante, el conflicto social bloqueó los intentos de consulta e hizo que en el 2013 se anunciara la cancelación del proyecto y la extinción de la empresa (López-Gómez, 2016; Mejía Carrasco, 2017).

Caso Gunaa Sicarú. Es un proyecto que se pretende instalar en las localidades zapotecas de Unión Hidalgo (municipio del mismo nombre) y La Ventosa (municipio de Juchitán), impulsado por la empresa B. Este proyecto estará conformado por 115 aerogeneradores (301 Mw), de los cuales 89 quedarían en la primera localidad, y 26, en la segunda. En el primer caso, los resultados de la consulta fueron impugnados por supuestas anomalías durante el proceso (Proceso, 2018), y en el caso de La Ventosa, las autoridades de Juchitán han bloqueado la realización de la consulta ante lo que denominan el incumplimiento de diversos acuerdos de un parque anterior que se instaló en su territorio.3

Procedimientos

El análisis se efectuó en tres etapas:

  1. 1) La reconstrucción de cada proceso de negociación a través de la revisión de fuentes académicas y hemerográficas nacionales e internacionales. Asimismo, se complementó con diversos documentos jurídicos y contractuales, como minutas de asamblea y amparos.

  2. 2) La observación participante in situ para la recolección de datos y voces, durante la cual se realizaron 25 entrevistas a profundidad a actores clave de las negociaciones. Entre los informantes se incluyeron funcionarios públicos, exagentes políticos, miembros activos y no activos de las asambleas de los pueblos, miembros actuales y anteriores de las autoridades agrarias, agentes externos involucrados en los procesos, entre otros.

    En la realización de entrevistas se empleó un guion diseñado a partir de los cinco componentes del Governance Analytical Framework, desarrollado por Marc Hufty (2011), a saber: problemas, normas, actores, procesos y nodos de negociación.

    El trabajo de campo y las entrevistas se realizaron en múltiples visitas a los municipios de San Dionisio del Mar y Juchitán de Zaragoza entre septiembre del 2018 y octubre del 2019. Se tomó registro electrónico de las voces.

  3. 3) Con los datos se realizó un análisis de contenido cualitativo mediante el uso del paquete atlas.ti, versión 7.

    Los datos se reportan con extractos de las voces de los actores entrevistados para dar un mayor sustento a las inferencias.

Resultados

Oaxaca presenta un marcado rezago en sus indicadores de bienestar humano y de desarrollo político. Esto último se registra en el Índice de Desarrollo Democrático de México, diseñado por la Konrad Adenauer Foundation.

Por su bajo índice, en el 2020, la entidad se ubicó en el lugar 28 dentro de los 32 estados del país. Además, señaló retrocesos en democracia de los ciudadanos y democracia de las instituciones respecto a la medición del 2019 (kas et al., 2021), lo cual supone rezagos en el ejercicio de los derechos políticos y de las libertades civiles, así como condicionamientos en el ejercicio de derechos a causa de la inseguridad. Finalmente, su población tiene una alta percepción de corrupción en la esfera pública, de inestabilidad de la democracia y de poca rendición de cuentas (kas et al., 2021). Estos datos se corroboran a través de la información registrada en la prensa local. En esta, los conflictos del estado parecen conformar una red en la que interactúan los episodios de violencia, la violación de derechos y las percepciones y emociones negativas (figura 2).4

Red de conflictividad, violencia y percepciones sociales (Oaxaca, 2009-2020)
Figura 2.
Red de conflictividad, violencia y percepciones sociales (Oaxaca, 2009-2020)


Fuente: elaboración propia.

Los rezagos democráticos del estado (y del istmo) se expresan en arraigadas prácticas de corrupción, soborno, violencia, clientelismo, exclusiones sociales, patronazgos, falta de transparencia y rendición de cuentas, entre otras que se han documentado en la prensa y en la literatura (Bautista, 2010; Campbell & Tappan, 1989; De la Cruz, 1983; Velázquez et al., 2009), y que algunos identifican bajo la categoría de autoritarismo subnacional (Gibson, 2005).

Un recuento general muestra que de los 27 parques instalados hasta antes del 2018 (tabla 4), solo uno (Eólica del Sur) consideró la consulta pública en el proceso. De hecho, esta fue la primera que se realizó en la región. No obstante, sus resultados fueron impugnados por grupos de la población, argumentando diversas anomalías procedimentales, es decir, las prácticas autoritarias volvieron a aparecer, pero ahora dentro de las consultas.5 La tabla 4 muestra que los señalamientos de malas prácticas son una constante en los treinta casos enlistados.

Tabla 4.
Proyectos eólicos y rasgos en los procesos de instalación
Proyectos eólicos y rasgos en los procesos de instalación






cpli:consulta previa, libre e informada; n/a: no aplica

Fuente: elaboración propia.

Sin embargo, los casos de estudio muestran cómo las estrategias de oposición tuvieron una hibridación a partir de la integración de las consultas públicas, porque en paralelo a la protesta social, se recurrió a los tribunales para impugnar resultados o se bloqueó la realización de la consulta misma, con lo cual los proyectos ya no pudieron avanzar (tabla 5).

Tabla 5.
Hibridación de oposición hacia los proyectos eólicos
Hibridación de oposición hacia los proyectos eólicos






cpli:consulta previa, libre e informada. Fuente: elaboración propia.

Los datos que a continuación reportamos sugieren que, en el mediano plazo, el rezago democrático de la región ha terminado por convertirse en un freno para la transición energética, al generar percepciones negativas, climas de desconfianza social y estrategias de movilización que bloquean tanto la instalación de parques eólicos como la realización o los resultados de las consultas amparadas por el C-169 de la oit. Consideramos que los factores en este proceso se resumen en el modelo observado en la figura 3. El modelo sugiere que las prácticas autoritarias en la región permearon los procesos de instalación de los 27 parques establecidos antes del 2018. Esto generó percepciones negativas que alentaron, por un lado, un clima de inconformidad y desconfianza; por el otro, la cohesión de coaliciones opositoras. Ambos elementos estuvieron en la base de las frecuentes movilizaciones sociales en la región, pero ninguna de estas logró bloquear o cancelar la instalación de parques. Esto último fue posible solo cuando se reconoció la obligatoriedad de integrar al proceso de instalación la consulta pública amparada por el Convenio 169 de la oit.

Prácticas autoritarias, inconformidad y conflicto en la instalación de parques eólicos
Figura 3.
Prácticas autoritarias, inconformidad y conflicto en la instalación de parques eólicos


Fuente: elaboración propia.

Este cambio en el procedimiento supuso una redistribución de los recursos de presión-negociación a favor de los grupos opositores, por lo cual, una vez que en las primeras consultas realizadas volvieron a aparecer las prácticas autoritarias —ahora plagando las consultas—, las coaliciones opositoras pudieron impugnar sus resultados ante los tribunales o bloquear nuevas consultas, con el efecto, en ambos casos, de lograr la suspensión o cancelación de los parques. En los apartados sucesivos, desarrollamos los componentes del modelo.

A continuación, presentamos los datos de las prácticas autoritarias ejercidas en los casos de estudio, las cuales afectaron la negociación y respaldan un hecho contundente: la cancelación de los proyectos. Cabe precisar que las evidencias tienen como base la figura 3, pero los ejes rectores de los datos son las prácticas autoritarias, las percepciones negativas, las coaliciones y las consultas, de las cuales estas últimas son las que redistribuyeron los recursos entre los actores involucrados para lograr la cancelación de proyectos.

Prácticas autoritarias

El concepto de prácticas adopta varios sentidos en la literatura (Banker, 1992; Chowdhury, 2007; Forrest et al., 2017; Hagene, 2010; Mukangara, 2000; Saeed et al., 2011; White & Tronto, 2004). El sentido que se recupera en estas páginas está referido por Giordano y Hayoz (2013) como prácticas asociadas a estructuras o instituciones informales. Se trata de un tipo de informalidad que algunos suelen vincular con los autoritarismos (Safiyev, 2013).

Los autoritarismos subnacionales han tenido distintos abordajes en la literatura, pero se han asociado a prácticas violatorias de derechos y de procedimientos legales (Gibson, 2010; Giraudy, 2010; Herrmann, 2010), como corrupción y sobornos, exclusiones, clientelismo, opacidad e incumplimientos. Mostramos los datos en los que se verifican estas prácticas y su asociación con la cancelación de parques eólicos. Por razones de extensión, las evidencias se reportan agrupadas sin referencia a las etapas del proceso indicado en el modelo (véase figura 3).

Corrupción y sobornos

En los procesos de instalación de parques es difícil trazar la distancia entre prácticas de corrupción y sobornos. Las empresas erogaron recursos en dinero o en especie para mejorar la aceptación social de los proyectos (entrevista 14, caso edf, 2019). Unas veces las erogaciones fueron secretas, y otras, públicas. Por ejemplo, las empresas asignaron recursos directamente a las autoridades municipales o ejidales sin el conocimiento de las poblaciones (entrevista 9, caso empresa A, 2018). Otras veces construyeron obras públicas en épocas previas a las consultas, extraoficiales (entrevista 7, negociaciones con la cpli, 2019).

Un rasgo de las malas prácticas en el istmo es precisamente la separación o tensión entre el interés de las poblaciones y el de las autoridades ejidales o municipales a causa de la corrupción, de modo que la asignación de recursos a estas últimas no se tradujo de forma necesaria en un recurso para el bien comunitario.

Existieron denuncias de contratos preexistentes en los que ya se habían efectuado pagos a propietarios de tierras para que asistieran a las consultas y dieran la aprobación a los proyectos (entrevista 9, proyecto de empresa A, 2018). De igual forma, existieron señalamientos de que las empresas realizaron “obras de caridad” o “donaciones” previas a las consultas con el efecto potencial de inducir a su favor la decisión de los participantes en las consultas (comunero de Unión Hidalgo, avispa.org, 2017). Asimismo, algunos actores locales usaron su influencia política y sindical para realizar peticiones de infraestructura a cambio de la aprobación de los proyectos (entrevista 4, negociaciones con la cpli, 2019).

Exclusiones

Un hecho que llama la atención es que la asignación de recursos por corrupción-sobornos se imbricó con estructuras preexistentes de exclusión y desigualdad. Por ejemplo, en San Dionisio, la empresa canalizó pagos compensatorios a la cooperativa pesquera afiliada al partido gobernante en el municipio y dejó por fuera a los pescadores que no pertenecían al grupo.

Otro signo de las prácticas de exclusión fue el hecho de que las empresas fueron insistentes en establecer contratos solamente con los arrendatarios de las tierras; es decir, a modo de contratos entre privados, y excluyeron a la mayoría de la población no propietaria (entrevista 14, negociaciones con la cpli, 2019). Esta modalidad en las transacciones entró en contradicción con la organización y con las cosmovisiones locales arraigadas en los pueblos indígenas.

Clientelismo

Los promotores, tanto empresariales como gubernamentales, canalizaron recursos e información a agentes específicos que favorecieron la cohesión de las coaliciones promotoras y la formación de clientelas afines a la instalación de proyectos.

Las prácticas de exclusión estuvieron imbricadas con el clientelismo. La aparición de intermediarios afines a una postura a favor de los proyectos y financiados con recursos públicos y privados supuso la asignación de beneficios focalizados, que excluyeron a aquellas personas desvinculadas a los patrones y a las redes clientelares (entrevista 14, caso edf, 6 de octubre del 2019). Asimismo, el despliegue de recursos se extendió a personas ajenas a los proyectos, como fue el caso de sindicatos de constructores y materialistas de la región, que tienen una fuerte capacidad de movilización social en la zona (entrevista 11, negociaciones con la cpli, 2019).

Opacidad

Hubo escasa transparencia en la información de los proyectos. Se trató de una situación bajo la que los agentes promotores buscaron capitalizar o preservar asimetrías de información frente a las poblaciones. Para ello, restringieron datos en torno a los posibles impactos ambientales generados por los proyectos o sobre los términos de los contratos de arrendamiento o sobre los recursos asignados a autoridades y a otros agentes (entrevista 6, proyecto de la empresa A, 2018).

La opacidad llegó a tal grado que, en algunos casos, los pobladores tuvieron que interponer solicitudes de información a través de vías legales para conocer los proyectos que se pretendían instalar en sus territorios. Fue, por ejemplo, el caso de los comuneros de Unión Hidalgo (avispa.org, 2017). En el caso extremo, los pobladores han sabido de los proyectos a través de la prensa (comunero, avispa.org, 2017).

Las empresas mantuvieron restricciones informativas que solo pretendían canalizar a titulares de los pueblos o propietarios de las tierras mediante reuniones extraoficiales (entrevista 7, negociaciones con la cpli, 2019). Incluso, hubo casos en que la información en torno a impacto ambiental y a la tenencia de tierra tuvo que ser solicitada a través de tribunales, porque no fue proporcionada por la empresa ni aclarada en las consultas (entrevista 13, negociaciones con la cpli, 2019).

Incumplimientos

El incumplimiento de acuerdos y protocolos es otro de los factores que se alinean con las prácticas autoritarias y que forman percepciones negativas hacia los proyectos, los implementadores y las autoridades involucradas.

Los incumplimientos generaron paths dependence que repercutieron en las negociaciones futuras de otros proyectos eólicos. Esto es claro en el proyecto de la empresa B, que está bloqueado por parte de las autoridades de Juchitán, ante el incumplimiento de compromisos pactados en un parque previo con otra empresa.6 En este asunto se ha observado la falta de coordinación entre los gobiernos federal y estatal, que habían acordado colaborar en el proyecto (entrevista 7, negociaciones con cpli, 2019).

Percepciones negativas

En la instalación de los proyectos eólicos estudiados se observa que en el paso de las prácticas autoritarias a la emergencia de la inconformidad y la desconfianza social y al posterior bloqueo de proyectos, hubo un conglomerado de percepciones negativas bajo contenidos de engaño, riesgo, daño, entre otros.

Las percepciones negativas observadas no denotan un hecho individual, sino social. Se trata de construcciones que tienen su desarrollo en la interacción y en las redes personales de información. De esta manera, los eventos y la información se sociabiliza de tal forma que termina generando y reforzando esas percepciones (Mine et al., 2013; Sabatier et al., 1987; Wills-Herrera et al., 2011).

Riesgo

Los datos muestran que entre los pobladores de San Dionisio del Mar se percibió el riesgo de afectación a sus medios de subsistencia, luego de que las primeras obras del proyecto bloquearon el acceso al área de pesca, una de sus actividades primarias.7 La empresa actuó de “esto es área de nosotros y aquí no les corresponde a ustedes” (no pueden pasar). Nuestra parte supo “que (la empresa) sí cerró con boyas… De que no pueden pasar…” (entrevista 1, proyecto de la empresa A, 2018).

Unos biólogos expertos en eso [i.e. la laguna] dijeron que los ruidos de las ondas magnéticas de los aerogeneradores violentan el mar. Eso hizo saber que los animalitos se descontrolarán, los animalitos se iban a esconder y ya no iban a tener libre tránsito en el mar. Entonces pues prácticamente no iba a haber pesca. (entrevista 10, proyecto de la empresa A, 2018)

Daño y pocos beneficios

El arribo de proyectos eólicos a las comunidades ha ido generando la percepción de daño a causa de los cambios en sus modos de vida. Se habla de desplazamientos, de ruidos y de pocos beneficios para las poblaciones:

Ha habido desplazamiento, muchas veces dentro de la misma población porque algunos de estos aparatos [turbinas] se quedaron a 400 metros de las casas y en la noche no se aguanta el zumbido. Entonces, lo que la gente hace es desplazarse a unos kilómetros de ahí y en el día regresan a trabajar. (Proceso, 2019)

[…] Hasta ahora solo las empresas se han beneficiado, pues las comunidades han visto violentada su cotidianidad por las afectaciones en sus tierras, sus costumbres y sus derechos humanos. (Ancheíta, directora de ProDesc, Dw Made for Minds, 2020, citado en en Proceso, 2019)

Engaño

Entre las percepciones negativas se destaca el engaño. Se denuncia como una doble faceta o de cómo se promocionan los proyectos eólicos en planos nacionales e internacionales, pero ocultando las afectaciones o anomalías en los planos locales.

Se ha observado oportunismo político y económico en las negociaciones, tanto por parte de las autoridades locales como por parte de las empresas. Los primeros con el objetivo de beneficios económicos o políticos, mientras que los segundos buscan una pronta aprobación e instalación de los proyectos con apoyo de autoridades o modificación de los protocolos de negociación.

Un hecho frecuente en los casos estudiados es el incumplimiento de etapas en los procesos de consulta y de instalación. De manera específica se observa la erogación de recursos o la distribución de bienes en momentos que afectan la percepción de las intenciones de los agentes:

Si la empresa cumpliera con el protocolo, todo, desde que fuera claro con sus propuestas, hasta con el dinero, ahorita estuviera el parque eólico. Pero quisieron ser muy astutos, pasarse de listos y les salió mal. (Entrevista 5, proyecto de la empresa A, 2018)

La Comisión Federal de Electricidad en su división construcción ya compró los terrenos para la construcción [sic] de la subestación, para contener la energía y dirigirla a la subestación potencia en Ixtepec. Adquirir los terrenos antes de la consulta hace que esta sea un mero trámite [una simulación]. (Comunero de Unión Hidalgo, Proceso, 2019)

[…] Previo a la aplicación del apoyo [en la electricidad] hubo una elevación de tarifas… Para que cuando se aplicara el descuento, todo quedara igual. El apoyo no se percibe, es una farsa, el beneficio no es real. (Entrevista 4, negociaciones con la cpli, 2019)

En planos locales, las poblaciones perciben el engaño reflejado en las decisiones y las acciones de las autoridades y empresas eólicas. En el caso de San Dionisio, el engaño se vislumbró en la figura del alcalde, que omitió declarar la cantidad de los recursos obtenidos de la empresa.

Coaliciones

Las prácticas autoritarias y las percepciones negativas generadas en torno al proyecto de la empresa A llevaron a la conformación de una coalición opositora. Así, la población instauró la Asamblea General del Pueblo de San Dionisio del Mar (agpsdm), movimiento que se definió como antieólico y cuya primera decisión fue desconocer la autoridad municipal y tomar la sede de gobierno (López-Gómez, 2015; Mejía-Carrasco, 2016). La oposición y el rechazo se nutrieron con diversos actores que compartían las percepciones negativas en torno a los proyectos eólicos instalados en la región.

La gente se comenzó a organizar, “vamos a defender lo que es nuestro”, decían. La gente se dio cuenta de que solo los de San Dionisio no iban a poder, entonces se unieron todos los que están alrededor del sistema lagunar. “Se constituyeron en asambleas, tuvimos apoyo de todos los pueblos, San Mateo, San Francisco, Xadani, Álvaro Obregón, una parte de Juchitán, Unión Hidalgo. Nuestros hermanos zapotecas nos ayudaron (grupo focal, entrevista 4, proyecto de la empresa A, 2019).

En otros casos fueron precisamente las prácticas autoritarias las que provocaron la división de las coaliciones promotoras. Por ejemplo, en San Dionisio, la élite política compuesta por el cabildo y por miembros del partido gobernante, inicialmente favorables al proyecto eólico, sufrieron una abrupta división interna a causa de la opacidad con la que el presidente municipal manejó el dinero recibido por la empresa.

En el momento de la confusión no éramos nosotros, eran los del pRi, tanto [gente] comunal como municipal, dentro del mismo grupo del pRi que no les tocó parejo [el dinero otorgado por la empresa], se abrieron y nos invitan a nosotros y pues claro, nosotros estábamos a la expectativa. Pero por el interés que no estaba parejo [el reparto de dinero]. (Entrevista 13, proyecto de la empresa A, 2018)

En el caso de La Ventosa, las autoridades municipales —que en general habían sido favorables a la instalación de parques y que habían conformado la coalición promotora junto con la empresa y los gobiernos estatal y federal— muestran actualmente una división a causa de lo que consideran incumplimientos de acuerdos asociados a la instalación de un parque anterior.

Consultas

El conflicto social suscitado en San Dionisio del Mar constituyó una oposición firme a las formas de negociación e implementación de los proyectos eólicos. La población tuvo que apelar a protestas y a mecanismos jurídicos, como el amparo para evitar la instalación del parque, pero fue la misma empresa la que canceló el proyecto luego de varios años de bloqueos.

La cancelación del proyecto de la empresa A en el 2013 constituyó el factor central que impactó en los procesos de negociación posteriores, porque provocó un cambio en los procedimientos y pasó de los esquemas de negociación bilateral empresa-propietarios y empresa-autoridades, al de negociación colectiva en el marco del C-169 de la oit:

[En el 2013] nadie esperaba que un parque se cancelara. Se mandó el mensaje de que si ya pasó una vez, puede pasar otra vez. El hecho de que le hayan dicho que ¡no! a una empresa, les indicó a las demás empresas que no pueden hacer lo que quieran. Que tenían que cambiar un poco el tipo de negociación. (Entrevista 1, negociaciones con la cpli, 2019)

Paradójicamente, las primeras consultas revelaron que las prácticas autoritarias iban a moldear los nuevos procedimientos regidos por las consultas públicas. Por eso, luego de los primeros procesos, las denuncias se multiplicaron y llegaron a los tribunales, donde se invalidaron los resultados. Este hecho parece indicar que las prácticas autoritarias terminan anulando la viabilidad de los marcos normativos y de los procedimientos reglamentados, de manera que se generan condiciones para la preservación de las oposiciones. Los pueblos han denunciado que en las formas de realizar las consultas se viola su autonomía, y su derecho a la autoconsulta, sin autoridades y empresas que los presionen:

No se nos está dando una oportunidad de tener una asamblea entre la población, sin dependencias [entidades de gobierno], sin la empresa. La empresa y el gobierno quiere que la consulta sea [solo] a los dueños de la tierra, y así no. (Entrevista 4, negociaciones con la cpli, 2019)

Diversas organizaciones de derechos humanos de Oaxaca hicieron un llamado al gobierno federal y estatal para que deje sin efectos el permiso a la empresa francesa y realice un proceso de consulta. Lo que queremos es una consulta organizada por nosotros. (Comunero de Unión Hidalgo, avispa.org, 2017)

La SENER [Secretaría de Energía] mostró una postura de que el proyecto Eólica del Sur iba a quedar porque iba a quedar [i. e. forzosamente]. Para ello se desplegó dinero, reposición de actores políticos y grupos que dieran el visto bueno. (Entrevista 7, negociaciones con la cpli, 2019)

En diciembre del 2020, el gobernador del estado de Oaxaca anunció en su cuarto informe de gobierno la construcción de dos nuevos parques eólicos, entre los cuales estaba el proyecto de la empresa B. Dicho anunció molestó a pobladores y comuneros de las localidades involucradas, quienes señalaron que aún no autorizaban la instalación del respectivo parque y el gobernador anunciaba ya su instalación como un hecho inminente (“Peligran los dos nuevos parques eólicos”, 2020).

Las consultas suponían un avance en los procesos de democratización y participación ciudadana, pero terminaron señaladas y denunciadas por prácticas autoritarias y sujetas a una nueva etapa de inconformidad y desconfianza social, por lo cual sus resultados se impugnaron o se impidió su realización. En otras palabras, el reconocimiento del derecho a la consulta pública ofreció argumentos-recursos legales para los grupos opositores, los cuales empezaron a recurrir a demandas y amparos para proteger sus derechos colectivos, como se observa en el proyecto de la empresa B. En otros casos, se empleó el control territorial para bloquear la realización de nuevas consultas, como en el caso de La Ventosa. De este modo, el C-169 supuso una redistribución de recursos de negociación u oposición entre las partes interesadas en los proyectos eólicos.

Discusión

La literatura sobre casos en la región ha analizado la oposición a los parques eólicos, pero no la cancelación de proyectos, que resulta un fenómeno específico y reciente. De manera particular, ha faltado explicar el punto de quiebre entre la etapa en la que los parques lograron instalarse —a pesar de las oposiciones— y la etapa reciente en la que empezaron a cancelarse o a suspenderse, por lo que existen vacíos en la identificación de los factores que abonan en el actual estancamiento de la transición energética en la región.

La literatura ha dado cuenta de las percepciones como un componente de la subjetividad que abre perspectivas para la comprensión de actitudes y comportamientos, pero también de estrategias y de conflictos sociales. En este sentido, resulta paradójico que disciplinas como las sociología hayan pasado por alto frecuentemente este horizonte de estudio (McClelland, 2004).

Algunos trabajos han planteado, por ejemplo, que los conflictos sociales están asociados con percepciones más que con comportamientos (Labianca et al., 1998). A este respecto, se ha corroborado que las percepciones de inseguridad correlacionan negativamente con el bienestar subjetivo de las poblaciones (Wills-Herrera et al., 2011). También se ha establecido que las experiencias de pérdida o daño son elementos distorsionantes en las percepciones y estimaciones de pérdidas o daños posteriores —por ejemplo, en las relaciones humano-naturaleza en áreas naturales protegidas (Arthur et al., 2013; Gillingham & Lee, 2003) o condicionantes de los niveles de tolerancia hacia la vida silvestre (Hill et al., 2007; Marker et al., 2003)—. También se ha establecido que las percepciones antagónicas de los líderes políticos acerca de un problema favorecen conflictos internacionales (Copper, 1997). A su vez, las percepciones de justicia/injusticia resultan elementos vinculados a la legitimidad que se otorga a un régimen político (Brisbin & Hunter, 1992). Y en casos de tensión, las distintas percepciones de justicia son condicionantes de conflictos en contextos indígenas (Whiteman, 2009). Así también se ha establecido que las percepciones sobre la justicia de un sistema presentan variaciones bajo condicionantes étnico-raciales (Buckler & Unnever, 2008; Langer & Ukiwo, 2009).

Las percepciones de conflicto intergrupal pueden generar distorsiones en las relaciones interpersonales y agudizar los conflictos percibidos; de esta manera, se forman circuitos de retroalimentación que alientan los conflictos mismos (Labianca et al., 1998; McClelland, 2004, 2014). También, se ha señalado que las percepciones de contexto dan forma a los modelos mentales de los actores políticos y estos influyen en su comportamiento y en sus estrategias (Salazar & Alper, 1996).

Otros trabajos han identificado las percepciones de riesgo para la salud y la economía como variables predictoras de la actitud de apoyo o rechazo en la instalación de proyectos energéticos (Baxter et al., 2013). En un sentido similar, se ha planteado una asociación entre la percepción de riesgo y las dificultades en la construcción de confianza hacia proyectos energéticos (Mah et al., 2014).

En sintonía con esta literatura, los casos analizados en nuestro estudio sugieren que, sin importar el tipo de negociación que se efectúe, ya sea un esquema bilateral o una cpli, si el clima perceptual-anímico es negativo, en el mediano plazo los pueblos terminan adoptando estrategias de tipo jurídico, de protesta en calle o híbridas para bloquear proyectos eólicos. Es por ello por lo que se considera que la desconfianza social y las percepciones que la componen importan tanto en la fase de negociación como en la de instalación u operación de parques.

El contexto de autoritarismo subnacional en el que negociaron los promotores de energías renovables en el istmo ofreció condiciones favorables para adoptar estrategias oportunistas y violatorias de los derechos de los pueblos que las empresas explotaron con éxito en una primera etapa y que les permitió instalar todos los parques proyectados hasta el 2018, a pesar de la fuerte oposición social. Pero en una segunda etapa, la redistribución de recursos de negociación que supuso la integración de la cpli modificó los resultados para las coaliciones opositoras. En cualquier caso, las prácticas autoritarias siempre generaron oposiciones a los parques eólicos, y más recientemente estancaron la transición energética en la región.

El avance de las energías verdes no solo plantea la adopción de una agenda de reformas en las legislaciones nacionales, sino también su implementación en los ámbitos locales, y este proceso resulta particularmente problemático en territorios con presencia de pueblos indígenas y de rezagos democráticos. En otras palabras, los casos analizados muestran que el avance de la agenda verde sufre un desfase en sus objetivos con las capacidades para su adopción en lo local, pues la implementación de proyectos no solo desvela los conocidos rezagos políticos, sino la adaptación o acomodo de grandes empresas internacionales a las prácticas locales. Hablamos de prácticas como el oportunismo y la explotación de dos situaciones preexistentes: la corrupción política y las asimetrías de información. Sin embargo, con el tiempo, las poblaciones han ido adquiriendo aprendizajes, lo cual ha reducido esas asimetrías.8

La formación de coaliciones opositoras parece ser el mecanismo de sociabilización mediante el que se generan y refuerzan las percepciones negativas, la inconformidad y la desconfianza social. Se trata de constructos que requieren procesos de sociabilización en los que intervienen la información y los aprendizajes sociales en el tiempo.

En años recientes se postuló la consulta pública como un mecanismo regulatorio para la instalación de megaproyectos en estos territorios; sin embargo, este marco institucional ha ido mostrando sus límites como procedimiento para la construcción de acuerdos, cuando se ha fortalecido un clima perceptual-emotivo adverso frente a las prácticas autoritarias. En tal sentido, las expectativas generadas por la implementación de las consultas no se han cumplido y las negociaciones efectuadas bajo esta norma han reiterado la oposición o postergación derivada de la asociatividad defensiva y las protestas sociales.

Los casos analizados muestran procesos de negociación y conflicto en dos momentos: en el primero, se demandaba la consulta pública como procedimiento o regla. En el segundo, se impugna el resultado de la consulta o su realización. Se ha pasado de un sistema sin reglas de negociación-acuerdo a un sistema en el que se impugna la regla o el procedimiento. Esto abre una agenda de discusión sobre la construcción de instituciones o de reglas para la instalación de nuevos parques.

Conclusiones

Los casos estudiados muestran diversos factores que afectan el avance en la transición hacia las energías limpias locales, pero sobre todo abonan en la tesis de que en el mediano y largo plazo las prácticas autoritarias pueden afectar la transición energética en el plano local.

El componente de desconfianza y percepciones negativas puede volverse neurálgico, por cuanto moldea inconformidad y oposición, y condiciona las estrategias de las poblaciones frente a las negociaciones, e incluso frente a procedimientos como las consultas públicas.

La desconfianza, la inconformidad y las percepciones negativas son factores que median entre las prácticas autoritarias y la oposición hacia la instalación de los parques eólicos. Las consultas se adoptaron de forma tardía en la región y sus primeras implementaciones estuvieron condicionadas por las prácticas autoritarias; de este modo, en lugar de plantear una vía de construcción de acuerdos, han resultado un procedimiento cuestionado, y esto se ve reflejado en el bloqueo a las consultas mismas o en la impugnación de sus resultados. En cualquiera de estos casos, los parques no se instalan.

La situación del istmo sugiere que los autoritarismos subnacionales, con sus prácticas políticas, generan climas sociales que en el mediano plazo dificultan las negociaciones y los acuerdos en torno a proyectos territoriales y a la construcción de reglas o procedimientos de negociación. Esto es relevante, porque muestra que la viabilidad de la consulta indígena como recurso procedimental amparado en el C-169 de la oit está condicionada por la existencia de un clima social de confianza; es decir, la consulta no genera la confianza social, sino que la presupone. A falta de esta última, la consulta se vuelve inviable, como está sucediendo en el istmo de Tehuantepec.

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Notas

1 En el 2008, la legislación energética nacional integró los derechos de las comunidades locales donde se instalan los proyectos de generación de energía eléctrica, pero no se estipuló ningún mecanismo para protegerlos. Fue hasta el 2014, con la Ley de la Industria Eléctrica (LiE), cuando se comenzó a demandar dichos derechos a través de la figura de la CLpi o consulta indígena (Martínez González & Gómez Suárez, 2017).

2 Se usan denominaciones anónimas de estas empresas para evitar conflictos de interés.

3 Se trata del parque de Eólica del Sur, instalado en los municipios zapotecas de Juchitán de Zaragoza y el Espinal, y es el parque eólico más grande de México. Dicho parque es el proyecto que se pretendía instalar en San Dionisio del Mar de la extinta Mareña Renovables.

4 En la figura 2, el tamaño de nodo denota la centralidad de intermediación, es decir, el papel del nodo como mediador entre subgrupos. A su vez, el grosor de los vínculos refleja la frecuencia de las interacciones.

5 Esta impugnación mantuvo el proyecto suspendido durante casi tres años, hasta que el cambio en el titular del gobierno estatal y un cambio de juez favoreció la resolución del litigio a favor de la empresa. No obstante, este evento radicalizó las estrategias de oposición en los siguientes proyectos.

6 Se trata del incumplimiento en la instalación de un parque comunitario de dos turbinas para beneficio de la población del municipio. Este fue prometido en la clpi de Eólica del Sur.

7 Cabe señalar que el bloqueo de acceso iba a ser temporal, pero gran parte de los pescadores desconocían este dato a causa de la poca información que se les daba sobre el proyecto.

8 Como parte de los aprendizajes, las poblaciones comenzaron a demandar derechos, v. gr. la consulta, acuerdos fiscales, inversión social, mejoras en los precios de arrendamiento, la interposición de recursos legales frente a tribunales y otros.