La política exterior de Rusia ha estado marcada por profundas transformaciones, pero también por continuidades que atraviesan su historia desde el zarismo hasta la actualidad. En cada una de las etapas que configuran su evolución -zarismo, régimen soviético y período postsoviético-, tres características fundamentales han sido centrales para entender su proyección internacional: el poder personalizado, el militarismo y la idea de imperio. Este artículo busca analizar cómo estas características han sido determinantes en el diseño y la ejecución de la política exterior rusa, y cómo han permitido que el país navegue los complejos escenarios geopolíticos que ha enfrentado.
El zarismo, que gobernó desde mediados del siglo XVI hasta 1917, se construyó sobre la base de un poder personalizado, concentrado en la figura del zar, y una concepción mesiánica de la civilización rusa. Rusia se veía a sí misma como la heredera del Imperio bizantino, con la misión de proteger y unificar los pueblos eslavos, bajo la bandera del cristianismo ortodoxo. Este imperativo geopolítico impulsó la expansión territorial hacia Europa del Este y el Cáucaso, y marcó su confrontación con el Imperio otomano por el control de los Balcanes y Constantinopla. La derrota de Rusia en la Guerra de Crimea, en 1856, fue un punto de inflexión, pues reveló la fragilidad del imperio frente a las potencias occidentales, lo que llevó a un debate interno entre aquellos que abogaban por modernizarse al estilo europeo y los románticos nacionalistas que defendían la singularidad rusa.
Con la Revolución de 1917 y la llegada del comunismo, el poder personalizado pasó a manos del liderazgo soviético, pero la ideología de la expansión y el mesianismo no desaparecieron. Bajo la Unión Soviética, Rusia adoptó el marxismo-leninismo como guía ideológica, y la expansión del comunismo se convirtió en la nueva misión internacional del país. El régimen soviético fue, en muchos aspectos, una continuación de la lógica imperial, con la diferencia de que el expansionismo ahora estaba impulsado por el deseo de expandir la revolución socialista en lugar del paneslavismo ortodoxo. La victoria de la URSS en la Segunda Guerra Mundial reforzó la legitimidad de este proyecto y cimentó su rol como una de las superpotencias durante la Guerra Fría, en un mundo dividido en bloques ideológicos.
El período postsoviético, marcado por la disolución de la URSS en 1991, trajo consigo un cambio radical en el escenario internacional. Rusia se enfrentó a un colapso económico y a una crisis política interna, que limitó su capacidad de actuar como potencia global durante gran parte de la década de 1990. Sin embargo, con la llegada de Vladimir Putin al poder a finales de esa década, Rusia comenzó a redefinir su papel en el mundo, buscando recuperar su estatus de gran potencia. El poder personalizado volvió a concentrarse en la figura de Putin, y el militarismo se convirtió en una herramienta clave para proyectar la influencia rusa, como lo demuestran las intervenciones en Crimea en 2014 y en Siria a partir de 2015. En este contexto, el Gobierno ruso ha buscado reposicionar al país como un actor clave en un escenario internacional multipolar, manteniendo un delicado equilibrio entre la cooperación y la confrontación con Occidente.
Este artículo se propone analizar cómo estas tres fases han sido influenciadas por las características intrínsecas de la política exterior rusa, y cómo, a pesar de las rupturas y cambios en los regímenes políticos, las tradiciones históricas han seguido condicionando el comportamiento internacional de Rusia. A través de un enfoque histórico-conceptual, se explorarán las continuidades y cambios en la estrategia diplomática y militar del país, proporcionando una visión integral del rol que Rusia ha jugado y sigue jugando en el escenario internacional.
El presente trabajo adopta un enfoque histórico-conceptual como estrategia metodológica para el análisis de la política exterior rusa. Este enfoque parte de la premisa de que los conceptos centrales que estructuran las prácticas estatales -en este caso, poder personalizado, militarismo e imperio- no son categorías fijas ni atemporales, sino construcciones históricas que adquieren sentido en contextos específicos. A su vez, estos conceptos orientan la acción estatal al condensar visiones del mundo, doctrinas políticas y trayectorias institucionales que se proyectan sobre el plano internacional.
Desde esta perspectiva, el análisis se sitúa en la intersección entre la evolución histórica de los períodos considerados (zarismo, régimen soviético, época postsoviética) y las formas específicas que adoptan los conceptos en cada período, observando tanto sus continuidades como sus transformaciones. Se parte así de una noción historizada de los conceptos: estos no solo reflejan realidades políticas, sino que también participan activamente en su constitución, al definir los marcos de inteligibilidad desde los cuales los actores interpretan el escenario internacional y diseñan su accionar estratégico.
Metodológicamente, este enfoque se inscribe en una tradición de análisis desarrollada, entre otros, por Koselleck (2006), quien subraya que los conceptos políticos deben ser entendidos como indicadores de los movimientos históricos que expresan, condensan y disputan. Asimismo, se recuperan aportes de la Escuela de Cambridge, particularmente de Skinner (2002), en cuanto a la necesidad de contextualizar el lenguaje político y comprender las prácticas discursivas como actos intencionales situados. En esta línea, también se considera la propuesta de Freeden (1998), quien plantea que los conceptos políticos funcionan como estructuras ideológicas con significado relacional y dinámico.
El enfoque histórico-conceptual permite entonces identificar momentos de condensación, resignificación o disputa conceptual, los cuales suelen coincidir con transiciones de régimen, redefiniciones doctrinarias o reconfiguraciones del entorno internacional. A lo largo del estudio se examina cómo cada una de las categorías seleccionadas -poder personalizado, militarismo e imperio- se articula con las estrategias de política exterior del Estado ruso, no solo como reflejo de determinadas estructuras de poder, sino también como elementos constitutivos de una identidad internacional proyectada.
El objetivo no es solamente describir los rasgos de continuidad o cambio entre períodos, sino comprender cómo ciertos conceptos operan como mediaciones entre las estructuras internas del Estado y su comportamiento internacional. En este sentido, se considera que el poder personalizado configura la capacidad de acción estratégica de los líderes y condiciona el grado de autonomía de la política exterior; que el militarismo refleja una tradición institucional profundamente arraigada, que moldea las herramientas de proyección externa; y que la idea de imperio condensa orientaciones simbólicas, identitarias y geopolíticas que estructuran la relación de Rusia con su entorno regional y global.
Este enfoque no niega la relevancia de los factores materiales o estructurales en el diseño de la política exterior, sino que propone integrarlos con una lectura conceptual atenta a la historicidad del pensamiento político y estratégico ruso. De este modo, se busca ofrecer una interpretación más comprehensiva del comportamiento internacional del Estado ruso, que considere no solo sus intereses y capacidades, sino también los marcos simbólicos e ideacionales que los organizan.
Finalmente, el trabajo se apoya en fuentes primarias y secundarias. Entre las primeras, se incluyen registros de votación del Consejo de Seguridad de la ONU (Consejo de Seguridad. Naciones Unidas [CS/ONU], 2025), así como memorias, declaraciones públicas y entrevistas de dirigentes políticos rusos y de diplomáticos extranjeros involucrados en cuestiones relativas a Rusia. Estas fuentes permiten acceder de forma directa a los discursos, posicionamientos estratégicos y racionalidades políticas que han guiado las decisiones de política exterior en distintos períodos históricos.
Por otro lado, el análisis se enriquece con fuentes secundarias, que aportan marcos interpretativos y elementos teóricos para contextualizar las prácticas internacionales rusas. Entre ellas se destacan estudios centrados en la política exterior soviética y postsoviética (Bialer, 1990, 2019; De Haas, 2010; Lo, 2003; McFaul, 1999; Ragsdale, 1993; Rumer, 2007; Shevtsova, 2015), investigaciones sobre las relaciones entre política doméstica e internacional (Geyer, 1987; Ionescu, 1990; Hermann, 1985; Kuchins & Zevelev, 2012) y literatura teórica vinculada a regímenes internacionales, instituciones y relaciones de poder (Krasner, 1983; Hasenclever et al., 1997; Levy et al., 1995; Keohane, 1989; Wendt, 1992, 1999; Waltz, 1979).
El accionar de los países en el escenario internacional no responde a una lógica irracional. Por el contrario, los Estados deben ser comprendidos como actores racionales, en tanto sujetos colectivos con capacidad de acción estratégica y no paramétrica. Esto implica que no consideran como fijos ni dados los comportamientos de los demás actores internacionales, sino que orientan su propio accionar en función de ellos (Acuña & Chudnovsky, 2013). Esta capacidad se funda en que los Estados pueden reconocer sus intereses, establecer un orden de preferencias e identificar objetivos que los traduzcan en comportamientos concretos; comportamientos que serán llevados a cabo mediante la utilización de los recursos disponibles para cada actor.
En este marco, los Estados interactúan en un contexto regulado por instituciones que determinan qué conductas son promovidas o penalizadas, cuáles son los espacios habilitados para la deliberación, cómo debe desarrollarse la negociación en esos ámbitos, de qué manera se toman y se implementan las decisiones, qué tipo de información circula y por qué canales, y cuál es la relación con las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento de las normas (Guerrero, 2024, 2022a, 2022b).
Sin embargo, ni las instituciones ni los actores operan en el vacío. Es decir, además de la incidencia y direccionalidad mutua, el escenario internacional se identifica por dos características que condicionan la forma en que se da la interdependencia e interacción entre actores e instituciones. La primera de ellas es la anarquía del escenario internacional.
El concepto de anarquía, en el plano internacional, ha sido largamente discutido en la literatura (Dunne, 2014; Dunne & Schmidt, 2014; Lamy, 2014; Jackson & Sørensen, 2013c; Wohlforth, 2010; Walt, 2002; Waltz, 1979; Kissinger, 1977; Kennan, 1954; Morgenthau, 1948). El término no se refiere a otra cosa más que al estado de ausencia de una autoridad central (por ejemplo, un Estado internacional), que detente la soberanía en el escenario mundial y desde la cual se puedan ejercer todos los atributos de estatidad asociados a dicha entidad, tales como contar con el monopolio legítimo de la fuerza, necesario para exigir el cumplimiento de las normativas internacionales. Si bien es cierto que a lo largo de la historia moderna se ha buscado imputar una especie de autoridad última a ciertos organismos u organizaciones, como la Liga de las Naciones o la Organización de las Naciones Unidas, estos casos se han mostrado lejos de poder constituirse a sí mismos en un Estado internacional que reúna en su estructura la summa potestas internacional. Por ende, es en este contexto de ausencia de autoridad internacional última en el cual los actores interactúan entre sí y las instituciones operan, son transformadas, creadas y abandonadas.
Si bien en la actualidad no existe una entidad estatal que ejerza la summa potestas en el escenario internacional, parte de la literatura sostiene que hay una superposición de regímenes internacionales -muchas veces en disputa y en abierta contradicción entre sí- que, bajo estructuras institucionales formales o informales, buscan constituir marcos autoritativos capaces de reducir los rasgos anárquicos del sistema mundial (Little, 2014; Hasenclever et al., 1997; Levy et al., 1995; Rittberger, 1993; Stein, 1983; Krasner, 1983). El grado de éxito de estos regímenes depende, entre otros factores, de su nivel de institucionalización (Amoroso Botelho, 2014; Malamud & Schmitter, 2006; Levy et al., 1995), de la convergencia de expectativas entre los actores -principalmente los Estados- respecto de su funcionamiento (Little, 2014), y, especialmente, del nivel de cesión de soberanía que estos estén dispuestos a realizar en favor de dichas instituciones (Malamud, 2011; Wiener & Diez, 1993). En efecto, cuanto mayor sea el grado de renuncia de soberanía hacia entidades u órganos supraestatales, mayores serán las probabilidades de que estas autoridades puedan exigir, de manera eficaz y eficiente, el cumplimiento de las normativas adoptadas en el plano supraestatal o del derecho comunitario.
Un ejemplo claro de lo expuesto hasta aquí lo constituyen los procesos de integración regional. Algunos casos, como el de la Unión Europea, han logrado efectuar significativas cesiones de soberanía hacia órganos supraestatales, dotándolos de la potestad necesaria para exigir el cumplimiento del derecho comunitario. Esto se refleja con particular fuerza en la creación de la Eurozona o en las políticas migratorias implementadas a través del Área Schengen.
En contraste, existen experiencias como las del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la Comunidad Andina (CAN), que, si bien han obtenido diversos logros en materia de integración regional para sus Estados miembros, se han caracterizado por mantener bajos niveles de institucionalidad. Esto ha llevado a que funcionen bajo lógicas predominantemente intergubernamentales (Álvarez & Ramos, 2013; Malamud, 2013, 2011; Malamud & Schmitter, 2006).
El segundo elemento que condiciona tanto a actores como a instituciones lo constituyen las ideologías, valores y creencias difundidas en el escenario internacional. Estas últimas operan como cosmovisiones de la realidad. En tanto conjuntos de ideas y principios interrelacionados sobre el deber ser de las relaciones internacionales, buscan constituirse en marcos ideológico- normativos que estructuren y guíen las interacciones de los actores del escenario internacional o, lo que es lo mismo, y parafraseando en este punto a Wendt (1999, 1992), la anarquía del escenario internacional es lo que los actores piensan de ella. Si bien se puede alegar que las interpretaciones normativas sobre cómo deben ser las interacciones entre actores en el plano internacional se remontan a los tiempos de pensadores de la talla de Tucídides, Kant, Hobbes o Maquiavelo, el interés en establecer principios normativos comunes y en comprender por qué ocurren determinados procesos y acontecimientos en la arena internacional se encuentra marcado, en primer lugar, por la existencia de los Estados modernos, pero, en segundo lugar, y más importante aún, por las consecuencias devastadoras de la Primera Guerra Mundial (Jackson & Sørensen, 2013a; Robert & Kingsburg, 1993).
Un claro ejemplo de lo mencionado lo constituyen los Catorce Puntos de Woodrow Wilson (1918), los cuales establecieron principios normativos destinados a guiar el accionar de los Estados modernos tras el fin de la Gran Guerra. Este documento marcó, además, el surgimiento de lo que más tarde se conocería como idealismo, o, en los términos de Jackson y Sørensen (2013a, 2013b), liberalismo utópico. Cabe destacar que la Liga de las Naciones encontró en estos postulados una de sus principales fuentes de inspiración normativa.
Dentro de este esquema, emergen conceptos como el de seguridad colectiva, entendido como un arreglo institucional en el que cada Estado acepta que la seguridad de uno es responsabilidad de todos, comprometiéndose a responder de forma colectiva y coordinada ante cualquier acto de agresión contra un miembro del sistema internacional (Robert & Kingsburg, 1993, p. 30).
Este ejemplo permite ilustrar cómo ideologías, valores, creencias y principios normativos influyen de manera constante en el accionar de los Estados -y también de otros actores internacionales-, pudiendo cristalizarse en diferentes formas institucionales, órganos u organizaciones internacionales que, mediante su funcionamiento, contribuyen a su reproducción (Ikenberry, 2014, 2001; Morlino, 1985).
No obstante, dichas ideas no son estáticas: se encuentran en permanente disputa y reconfiguración. Un ejemplo claro de estas transformaciones ideológicas lo constituye el paso de la confrontación bipolar durante la Guerra Fría hacia el discurso del fin de la historia (Fukuyama, 1992), el cual acompañó el ascenso del unipolarismo estadounidense tras la caída del bloque soviético.
Ahora bien, esto no implica que cualquier ideología, valor o creencia difundida en el sistema internacional se constituya automáticamente en una institución internacional. Sin embargo, sí es pertinente afirmar que toda institución internacional representa, en última instancia, la cristalización de procesos políticos, sociales y económicos propios del tiempo y lugar en el que se originó.
En este marco de ideas, la política exterior -en tanto política pública- remite al posicionamiento que adopta un Estado frente a una cuestión socialmente problematizada de la agenda internacional. Dicho posicionamiento está estructurado tanto por las características históricas, geográficas y culturales propias de ese Estado, como por las lógicas internacionales imperantes, ya sean de carácter estructural o coyuntural.
Desde esta perspectiva, se parte del supuesto de que el comportamiento de los países en el escenario internacional no puede entenderse de manera aislada respecto de los procesos internos que los atraviesan, así como tampoco desvinculado de los fenómenos que ocurren a nivel internacional. La política exterior, en consecuencia, se configura como un espacio de articulación entre lo doméstico y lo internacional, condicionado por las trayectorias propias del Estado y por el entorno global en el que este se inserta (Gourevitch, 2007, 1993; Moravcsik, 2010, 1997).
Tres son las características domésticas que suelen ser consideradas como centrales a la hora de comprender el diseño de una política exterior en concreto: percepción de los líderes estatales sobre el escenario internacional; relación entre Estado y sociedad; y rol proyectado del Estado en el escenario internacional.
En primer lugar, resulta fundamental considerar la percepción que los líderes estatales tienen del escenario internacional, entendida como una variable explicativa clave de la política exterior. Esto se debe a que los líderes políticos -en particular, quienes ejercen el poder ejecutivo- desempeñan un rol central en la interpretación de la distribución de poder en el sistema internacional. Como sostienen Dunne y Schmidt (2014, p. 106), “no hay una única cuenta objetiva de la distribución del poder; más bien, lo que importa es cómo los líderes estatales obtienen una comprensión de la distribución de poder”.
Este enfoque reviste especial importancia, ya que parte de la premisa de que los Estados no poseen intereses fijos e inmutables, sino que estos pueden variar conforme se producen cambios en sus liderazgos políticos. En otras palabras, la política exterior no responde exclusivamente a factores estructurales, sino también a los marcos interpretativos que los líderes aplican a dichas estructuras.
La centralidad atribuida a los líderes -y particularmente a los jefes de Estado y de Gobierno, figuras que en muchos regímenes se concentran en una misma persona- obedece al hecho de que en ellos recae la autoridad formal y simbólica para definir las prioridades estratégicas del país en el plano internacional.
Así, su percepción y toma de decisiones resultan determinantes en la formulación e implementación de la política exterior.
En segundo lugar, corresponde analizar la relación entre Estado y Sociedad, entendida como la forma en que ambos interactúan en torno a cuestiones socialmente problematizadas del ámbito internacional, y cómo esas interacciones pueden incidir en la formulación y orientación de la política exterior. En este punto, resulta clave recuperar el argumento de Putnam (1988) sobre el juego de los dos niveles (two-level games).
En el trabajo Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games, subraya la relevancia de la política doméstica como variable explicativa que media entre la distribución de poder internacional y la política exterior de un país determinado. Sostiene que los líderes deben actuar simultáneamente en dos planos de negociación: el internacional, donde se relacionan con otros Estados, y el doméstico, donde deben asegurar la aprobación y legitimidad de sus decisiones ante actores internos relevantes.
Aunque las negociaciones internacionales son conducidas formalmente por las autoridades estatales -por ejemplo, el poder ejecutivo en el plano político y otros organismos gubernamentales en el plano burocrático-, los intereses y preferencias que guían esas negociaciones tienen origen en las dinámicas internas. Es, por tanto, en el plano doméstico donde se definen las bases de lo negociable frente a otros actores del sistema internacional.
De esta lectura se desprende que la elaboración de la política exterior no sigue un modelo unidireccional, sino que resulta de interacciones recíprocas entre los planos interno, internacional y estatal. Esta perspectiva refuta la clásica imagen del Estado como una bola de billar opaca y homogénea hacia su interior (Moravcsik, 2010, 1997; Jackson & Sørensen, 2013a), y lo presenta, en cambio, como un actor permeado por conflictos, intereses y mediaciones sociales internas que afectan su comportamiento en el ámbito internacional.
Por último, el rol proyectado del Estado en el escenario internacional remite al posicionamiento que las autoridades estatales y gubernamentales han asignado -y buscan asignar- al propio Estado dentro de la arena internacional. En este sentido, resulta fundamental considerar los desempeños previos del Estado en materia de política exterior, ya que estos influyen en las expectativas, tanto de la sociedad nacional como de los demás actores internacionales, respecto de su accionar frente a determinados acontecimientos.1
Asimismo, este rol proyectado se vincula estrechamente con la identidad que el Estado procura representar y reproducir en el sistema internacional. Un ejemplo ilustrativo de esta dimensión lo ofrece la política exterior de Sudáfrica bajo el mandato del presidente De Klerk (1989-1994), quien impulsó el desarme del arsenal nuclear con el objetivo de revertir la imagen negativa del país heredada del apartheid. Sudáfrica se convirtió así en el único país en la historia que ha desmantelado voluntariamente su capacidad nuclear, como gesto de reconstrucción simbólica de su identidad internacional.
Otros ejemplos relevantes son los casos de Brasil y Canadá, que -según explican Pereyra Doval (2013) y Thérien y Macé (2013)- optaron por construir identidades internacionales diferenciadas desde etapas tempranas de su política exterior. En ambos casos, la búsqueda de un rol específico en el escenario global se articuló en torno a la afirmación de particularidades propias, lo cual les permitió proyectar una imagen distintiva y ocupar espacios estratégicos en el orden internacional.
Las tres características anteriores adquieren su especificidad no solo a partir de las combinaciones históricas posibles entre ellas, sino también como resultado de las mediaciones y condicionamientos que impone el régimen político vigente en cada Estado. Aquí, según Orlandi y Zelaznik (1996) y Morlino (1985), se entiende por régimen político al conjunto de:
Estructuras de autoridad.
Normas y procedimientos (formales e informales) que regulan tanto la toma de decisiones y su aplicación, como las formas de designación de las personas que ocupan las estructuras de autoridad.
Ideologías, valores y creencias cristalizadas en las estructuras, normas y procedimientos del régimen.
En este contexto de ideas, la estructura de autoridad hace referencia al gobierno de un determinado país. En un sentido amplio, el gobierno se entiende como el conjunto de sujetos con poder de autoridad y de órganos políticos del Estado a los cuales se les confía, institucionalmente, el ejercicio, la administración y el control del poder político (Orlandi & Zelaznik, 1996). En este sentido, el término abarca tanto las estructuras de autoridad como los actores investidos de poder, responsables del proceso de toma de decisiones dentro del régimen político de un sistema dado.
El tipo de gobierno incide directamente en el diseño e implementación de las políticas públicas, incluida la política exterior. Esto se debe a que cada forma de gobierno implica una fuente específica de legitimidad, una determinada estructuración del poder ejecutivo y una configuración particular de las relaciones entre los distintos poderes del Estado -en especial, entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial-.
En el caso de los regímenes democráticos, cuya legitimidad se fundamenta en el voto popular y en una estructura institucional que limita el poder ejecutivo a través de órganos de contralor, como el poder legislativo y el judicial, se espera una mayor participación e incidencia de actores sociales en la toma de decisiones en materia de política exterior (Simpson, 2010; Moravcsik, 1997; Robert & Kingsburg, 1993; Kratochmil, 1989; Keohane, 1989). Esta apertura institucional no solo amplía el espectro de actores relevantes, sino que también complejiza la dinámica entre lo doméstico y lo internacional, reforzando la dimensión interdependiente del proceso decisorio.
En cambio, en los regímenes autoritarios, la ausencia de mecanismos efectivos de control institucional sobre el ejercicio del poder implica que las decisiones, incluida la política exterior, se concentran en manos de una autoridad centralizada, ya sea un líder autoritario, un dictador o una élite gobernante. En este tipo de regímenes, no existen instancias de supervisión o rendición de cuentas sobre cómo se toman e implementan dichas decisiones, lo que permite que la política exterior quede enteramente subordinada a la voluntad del gobernante de turno.
Como consecuencia, la sociedad civil y los demás actores sociales nacionales carecen de canales institucionalizados para incidir o participar en la definición de la política exterior, lo que impide la existencia de debates públicos o deliberaciones amplias en torno a ella.
Como ya se ha señalado en trabajos previos (Guerrero, 2025a; 2024; 2022a; 2022b), la política exterior no se ve condicionada únicamente por la relación entre Estado y sociedad, sino también por la percepción del escenario internacional que tengan los líderes políticos y por el rol proyectado del Estado que se busque consolidar. En función de ello, el doble juego de Putnam (1988) no necesariamente opera de forma lineal e irrevocable en los términos propuestos por el autor, incluso en países que cuentan con regímenes autocráticos.2
Como consecuencia, los Estados adoptan acciones diferenciadas según los contextos específicos, estableciendo así antecedentes que sirven como marcos de referencia para situaciones futuras. Estos antecedentes orientan el proceso de toma de decisiones en materia de política exterior, influyendo en el diseño y ejecución de estrategias internacionales. En este sentido, cada país desarrolla, a lo largo del tiempo, diversas tradiciones de pensamiento y acción diplomática, las cuales aquí se conceptualizan como escuelas de política exterior.
Estas escuelas no son estáticas: sus principios e interpretaciones pueden ser reemplazados por nuevas tradiciones que impulsen estrategias distintas de posicionamiento en el escenario internacional. Sin embargo, la historia de las escuelas previas no deja de ejercer una influencia significativa, incluso cuando ya no ocupan un lugar central en el gobierno de turno. De este modo, una escuela puede dejar de ser dominante, pero aun así seguir condicionando -total o parcialmente- el diseño de la política exterior vigente.
El concepto de escuela de política exterior se utiliza aquí con fines analíticos para identificar conjuntos relativamente estables de ideas, interpretaciones del entorno internacional, objetivos estratégicos y patrones de acción que orientan el posicionamiento externo de un Estado en un período histórico determinado. Si bien se vincula con nociones como tradición o doctrina, el término escuela permite resaltar la existencia de una matriz de pensamiento que articula referentes ideológicos, prácticas diplomáticas y visiones sobre el rol del país en el mundo, las cuales pueden institucionalizarse en aparatos burocráticos, reproducirse en comunidades epistémicas o reflejarse en la formación de elites. A diferencia de una doctrina, que suele tener una formulación explícita y prescriptiva (por ejemplo, la Doctrina Primakov en Rusia), una escuela puede manifestarse de forma más difusa o implícita, operando como un marco cognitivo y normativo que estructura la política exterior incluso sin declararse como tal.
Todo lo expuesto se sintetiza en la figura 1.
El análisis de la política exterior rusa plantea una serie de desafíos importantes. A lo largo del tiempo, se han desplegado diversas estrategias teórico-metodológicas para abordarla, entre las que se destacan: el estudio del proceso de toma de decisiones involucrado (Wolfe, 1990; Horelick et al., 1973); los grandes proyectos de identidad nacional en disputa (Morenkova Perrier, 2014); los factores domésticos que influyeron en su formulación (Bialer, 2019); el juego de percepciones y comportamientos, tanto locales como internacionales, que incidieron en la política exterior soviética (Hermann, 1985); el análisis de liderazgos específicos (Howe, 1989; Horelick, 1986); e incluso estudios comparativos sobre la forma en que Rusia o la Unión Soviética intervinieron en distintos países (Rumer, 2007; Megas, 2015; De Haas, 2010; Lo, 2003; Clinton Myers, 1982).
A partir de estos enfoques, es posible identificar ciertas continuidades estructurales que han atravesado la política exterior rusa, independientemente del período histórico considerado. Entre ellas se destacan: a) la persistencia de un poder personalizado, con escasos controles institucionales; b) el militarismo como factor movilizador y organizador de la acción estatal en el plano internacional; y c) la proyección imperial como horizonte estratégico y simbólico.
a) La existencia de un poder personalizado perene y falto de restricción o contralor: históricamente, Rusia se ha caracterizado por la presencia de ejecutivos fuertes, que concentraron -en mayor o menor medida- el poder político en torno a su figura, ya se tratara del zar, del secretario general del Partido Comunista o del presidente. Como sostiene Fukuyama (2011), los ejecutivos rusos -en particular los zares- se diferenciaban de los emperadores chinos y de los sultanes otomanos en que estos últimos se veían limitados por una administración imperial basada en el mérito y, en el caso chino, además, por un sistema de tabúes morales profundamente influido por el confucianismo.3
En el caso ruso, en cambio, ni siquiera la Iglesia ortodoxa logró constituirse como un contrapeso del poder zarista o del liderazgo político en general; por el contrario, actuó históricamente como uno de los principales dispositivos de legitimación del poder, incluso en el marco de los esquemas contemporáneos (Shevtsova, 2015). Aunque esta lógica de concentración se expresó de manera más nítida en la figura del zar, fue ampliamente replicada durante el régimen soviético y, ya en la etapa de la Federación Rusa, ha sido reformulada -aunque no necesariamente atenuada- bajo la figura de Vladimir Putin (Rumer, 2007; De Haas, 2010; Lo, 2003).
b) Rusia y el militarismo: de acuerdo con Shevtsova (2015), Rusia nunca ha dejado de ser un Estado militarizado, ya que el militarismo constituye un componente estructural de su vida social. No se trata únicamente de la existencia de una extensa infraestructura militar, sino también de una lógica cultural y simbólica que reproduce permanentemente un military mode como modo de vida.
Este elemento, combinado con el carácter autoritario (aunque competitivo) del régimen político ruso desde hace varios años, ha llevado a diversos autores a señalar la existencia de incentivos domésticos, que conducirían al país a reproducir tales lógicas autoritarias en el plano internacional (Shevtsova, 2015; Armijo, 2007). No obstante, y si bien puede afirmarse que el militarismo continúa siendo una de las principales herramientas de legitimación del liderazgo político -como lo demuestra el caso de Crimea o la guerra de Ucrania iniciada a comienzos del 2022-, la política exterior rusa en la era postsoviética ha estado marcada por una estrategia más compleja: la búsqueda constante del reposicionamiento de Rusia como actor relevante en la arena internacional. Esta estrategia ha priorizado el papel de Rusia como balanceador, articulando para ello una identidad internacional la cual ha sabido jugar con las categorías de potencia y periferia, más que como simple heredera de los impulsos imperialistas del pasado. De esta manera, Rusia ha sabido mostrarse como un actor que busca constituirse en reformador del orden global, pero el cual no renuncia a la posibilidad de recurrir a la acción armada y el militarismo llegado el caso que así lo encuentre necesario.
Este enfoque dual ha permitido combinar acciones aparentemente contradictorias, como el rechazo a la intervención occidental en Libia en 2011 -en el marco de la doctrina de la Responsabilidad de Proteger (r2p)- y, al mismo tiempo, la anexión de Crimea en 2014. Así mismo, y desde su rol coordinador dentro del BRICS, Rusia ha promovido reformas internacionales concretas, como la actualización de las cuotas de contribución y voto en el Fondo Monetario Internacional.
En el ámbito del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, desde 2007, se ha observado una creciente coordinación con China en el uso del poder de veto frente a iniciativas promovidas, en su mayoría, por países miembros de la OTAN (CS/ONU, 2025). De hecho, en el período 2007-2025, China no emitió vetos en solitario. De los 46 vetos registrados durante esos años, solo el 21,7 % fueron ejercidos por los Estados Unidos, mientras que el 78,26 % restante pertenecen a Rusia, ya sea de forma unilateral (45,6 %) o en conjunto con China (32,6 %) (CS/ ONU, 2025).
C) ¿La búsqueda por constituirse en imperio? Según Shevtsova (2015), en el caso ruso, el imperialismo no constituye un fin en sí mismo, sino una herramienta orientada a garantizar la preservación del Estado. Otros autores, como Morenkova Perrier (2014) o Rumer (2007), son más cautos en sus afirmaciones y prefieren señalar que, si bien pueden identificarse ciertas continuidades entre las motivaciones que impulsaron campañas expansionistas, tanto en la era soviética como en la etapa postsoviética, resulta más adecuado interpretar que la dirigencia política rusa, especialmente a partir de los mandatos de Vladimir Putin, ha priorizado el mantenimiento del control sobre lo que considera su área de influencia, más que una búsqueda explícita por reconstruir el proyecto imperial heredado del zarismo.
A ello debe sumarse que, desde la disolución de la Unión Soviética, se ha desarrollado en Rusia un debate sostenido entre dos grandes corrientes respecto del rumbo que debía adoptar el país en el escenario internacional: los occidentalistas o prooccidentales, por un lado, y los románticos nacionalistas, por el otro (Kuchins & Zevelev, 2012; McFaul, 1999).
Los occidentalistas están conformados por aquellos dirigentes políticos que han buscado insertar plenamente a Rusia en el escenario internacional mediante un programa sostenido de liberalización económica y apertura democrática. En contraposición, el proyecto romántico-nacionalista apunta a reposicionar al país como un actor central en la transformación de los valores e instituciones internacionales, a partir de una fuerte confrontación con los actores de la otan, en especial con los Estados Unidos.
En este marco, quien más se ha destacado en reposicionar a Rusia como un actor de peso en la arena internacional ha sido Vladimir Putin. A lo largo de sus sucesivos mandatos, ha sido el primer líder en proyectar una política exterior robusta, tras las profundas crisis económicas y de sucesión política que marcaron la década de 1990 (Rumer, 2007). Más que aspirar a la reconstrucción de un nuevo imperio ruso, Putin ha buscado restablecer a Rusia como un actor central del sistema internacional. Para ello, ha recurrido a diversas estrategias: desde el ejercicio del poder de veto en el Consejo de Seguridad, hasta iniciativas de reforma institucional en organismos multilaterales, pasando por intervenciones militares directas en casos específicos.
En este sentido, lo que guía su accionar no es una ambición imperial, en términos clásicos, sino la voluntad de disputar la centralidad del sistema internacional a las potencias europeas y, especialmente, a los Estados Unidos, en áreas y regiones del mundo consideradas como de su influencia, o estratégicas. Por ejemplo, en los últimos veinte años Rusia ha incrementado su presencia en África mediante una combinación de diplomacia estratégica, cooperación militar y acuerdos económicos bilaterales. En este sentido, y aprovechando el retroceso relativo de las potencias occidentales en algunas regiones del continente, Moscú ha reforzado sus vínculos con gobiernos africanos a través de la venta de armamento, el envío de asesores militares (en algunos casos vinculados a grupos como Wagner) y la celebración de foros político-económicos, como la Cumbre Rusia-África. Además, ha promovido una narrativa antihegemónica, presentándose como un socio alternativo al modelo occidental y apoyando una reforma del orden internacional en clave multipolar, lo que le ha permitido ganar legitimidad e influencia entre varios Estados africanos (Guerrero, 2025b).
En síntesis, estas características se han reproducido -bajo distintas formas- a lo largo de los tres principales momentos históricos del Estado moderno ruso: (1) el zarismo, (2) el período soviético y (3) el período postsoviético. En cada uno de estos momentos prevaleció un gran proyecto de inserción internacional, articulado en torno a una idea particular de identidad nacional. Esta identidad no solo cumplía la función de consolidar la estructura político-social interna del Estado ruso o soviético, sino que también servía como fundamento para proyectar dicha estructura sobre lo que, en cada contexto histórico, se concebía como su área de influencia.
Cada uno de estos proyectos históricos derivó, así, en una configuración particular de las tres características previamente identificadas: el poder personalizado, el Estado militarizado y la noción de imperio.
A continuación, se analizará cómo estas tres dimensiones, junto con la construcción identitaria, se combinaron en cada uno de los períodos mencionados, delimitando tanto individual como conjuntamente los rasgos distintivos que definieron la política exterior rusa en cada etapa.
Se denomina zarismo al régimen político absolutista que gobernó Rusia desde mediados del siglo XVI hasta su caída tras la Revolución bolchevique de 1917. El término zar proviene del eslavo y deriva de césar, título nobiliario utilizado para designar a los monarcas eslavos. Durante este régimen, la proyección internacional de Rusia estuvo marcada por una fuerte creencia en el mesianismo de su civilización, especialmente en lo referido a la misión histórica de unificar a los pueblos eslavos bajo la tutela rusa. Este mesianismo se articulaba, principalmente, en torno al legado ortodoxo del Imperio bizantino y a la posición geoestratégica de Rusia como puente entre Europa y Asia (Ragsdale, 1993).
La caída de Constantinopla en 1453, a manos del Imperio otomano, dio origen a lo que más tarde se conocería como “la doctrina Moscú como la tercera Roma”. Según esta concepción, la salvación y unificación de las iglesias ortodoxas de los pueblos eslavos de Europa Central y del Este -así como las del Cáucaso y los Balcanes- justificaban los intereses geopolíticos del Imperio zarista, en particular su aspiración de obtener una salida al mar Mediterráneo a través de Constantinopla y ejercer control territorial sobre la península balcánica (MacKenzie & Curran, 1993). En este marco, la guerra contra el Imperio otomano adquirió una dimensión simbólica y religiosa, al ser interpretada como una “venganza de la fe ortodoxa rusa contra el islam del Imperio otomano” (Morenkova Perrier, 2014, p. 9).
Sin embargo, a principios del siglo XIX se dio comienzo a una discusión entre los intelectuales rusos con respecto a dos visiones contrapuestas en lo que se refiere al deber ser de Rusia dentro del escenario internacional (Geyer, 1987). Por un lado, se encontraban aquellos pensadores denominados occidentalistas, encargados de defender la continuidad del proyecto modernizador iniciado por Pedro el Grande, quienes entendían que Rusia debía continuar el camino del progreso en los mismos términos que lo habían hecho los demás países de Europa. Por otro lado, y enfrentados a esta posición, se encontraban los románticos nacionalistas, defensores del proyecto paneslavista y del rol mesiánico de la civilización rusa en el mundo, quienes rechazaban el individualismo y el racionalismo europeo, entendiendo que el único medio para implementar un proyecto modernizador en el país era por medio de lo que ellos entendían como el carácter único del alma rusa.
Morenkova Perrier (2014) sostiene que la derrota en la Guerra de Crimea (1853-1856) frente al Imperio otomano terminó por inclinar la balanza a favor de quienes defendían el proyecto romántico-nacionalista. Este giro respondió, en gran medida, al hecho de que varios países de Europa Occidental -como Inglaterra y Francia- colaboraron con el Imperio otomano para asegurar la derrota del Imperio zarista. Dicha cooperación fue interpretada en Rusia como una traición y una humillación infligida por Occidente, ya que dos potencias cristianas se aliaban con un imperio hereje a fin de garantizar la derrota de otro Estado, también cristiano.
Como consecuencia de este conflicto, Europa dejó de representar un modelo de progreso para Rusia, que comenzó a concebir la modernización como una tarea que debía emprenderse a partir de recursos propios. Sin embargo, el siglo XX encontraría al Imperio ruso como el único Estado absolutista aún vigente en Europa, enfrentando serias dificultades para concretar un proyecto de modernización que le permitiera superar su estructura económico-social de raíz feudal.
Dentro de la historia rusa, la Revolución bolchevique de 1917 significó un cambio de régimen, pero no necesariamente una transformación en los términos en que Rusia se proyectaba hacia el mundo. Si bien la Unión Soviética impulsó procesos de emancipación étnica, religiosa y social en su interior, el componente mesiánico no desapareció tras la instauración del régimen comunista. El marxismo-leninismo, en particular, reformuló el papel geopolítico de Rusia a través del concepto de la “nueva geografía de la revolución”. A diferencia de Marx, quien situaba la revolución socialista en los países industrializados, Lenin (1917) afirmaba que esta debía comenzar por el eslabón más débil de la cadena imperialista, es decir, por Rusia.
En consecuencia, una vez realizada la revolución en territorio ruso, esta debía ser exportada al resto del mundo. Bajo esta lógica, el mesianismo ruso característico del zarismo no desapareció con el régimen soviético, sino que, al contrario, se transformó. El imperio ruso ya no se estructura en torno a la idea del paneslavismo y la defensa de la Iglesia ortodoxa frente al Imperio otomano, sino, más bien, al rededor del objetivo de expandir el comunismo a escala global mediante la confrontación contra el capitalismo. Así, la era soviética se caracterizó por un mesianismo aún más ambicioso que el del zarismo, cuyo horizonte geográfico se había limitado a Europa Central y del Este, el Cáucaso y los Balcanes. En contraste, la proyección internacional de la URSS extendió su influencia hacia diversas regiones del mundo (Ionescu, 1990). Por ende,
La noción del papel único de Rusia se hizo completamente clara, destacando la naturaleza teleológica de las ideologías soviéticas. De hecho, en el dogma leninista, Rusia ya no era una región periférica al imperialismo global, sino un país que soportaría el futuro de la humanidad, un laboratorio para una nueva sociedad, cuyo objetivo final sería el establecimiento del comunismo en todo el mundo. (Morenkova Perrier, 2014, p. 15)
Un acontecimiento que contribuyó a la profundización y legitimación del ideario mesiánico de la Rusia soviética fue la victoria de la URSS en la Segunda Guerra Mundial frente al nazismo y el fascismo. La entrada del Ejército rojo en Berlín no solo marcó el final de la guerra en territorio continental europeo, sino que también proporcionó el principal argumento que justificaría cualquier otro tipo de intervención (directa o indirecta) que pudiera llegar a realizar la URSS en el mundo. Dentro de la retórica soviética, la victoria de la URSS representaba un claro ejemplo tanto de la fortaleza como de la capacidad con la que contaba dicho país para liberar a los pueblos del mundo. De esta forma, tras la liberación de Europa del fascismo, el objetivo de la URSS fue luchar por la libertad de todos los pueblos oprimidos.
Resumidamente, varias generaciones soviéticas aceptaron la doctrina de confrontación contra el capitalismo mundial, principalmente contra Estados Unidos, el cual representaba el otro modelo civilizatorio al que la URSS buscaba contraponer (Kennan, 1990).
Esta lógica se mantuvo incluso durante los períodos en que se implementó la doctrina de la coexistencia pacífica. Durante la Guerra Fría -y especialmente a partir del liderazgo de Nikita Jrushchov- la política exterior de la URSS adoptó dicha doctrina como un giro estratégico en la forma en que Moscú concebía su relación con los países capitalistas, en particular con Estados Unidos. La coexistencia pacífica no implicaba una renuncia al objetivo final de expansión del comunismo, pero sí establecía que la competencia entre ambos sistemas debía evitar la confrontación militar directa, privilegiando, en su lugar, la disputa ideológica, económica, tecnológica y diplomática (Gaddis, 2005; Leffler, 1994). En este marco, la URSS procuró consolidar su esfera de influencia sin provocar una guerra nuclear, al tiempo que fomentaba la solidaridad con los movimientos de liberación nacional del Tercer Mundo como vía indirecta para expandir su modelo político. La coexistencia pacífica no eliminaba el antagonismo con el capitalismo, pero sí lo canalizaba a través de una lógica estratégica orientada a mantener la estabilidad del sistema internacional bipolar (Westad, 2012). En este sentido, la doctrina puede interpretarse como una manifestación renovada del mesianismo soviético, que no desapareció con el cambio de estrategia, sino que adoptó nuevas formas en función del equilibrio global de poder.
A diferencia de lo ocurrido tras la caída del zarismo, la disolución de la URSS sí implicó una transformación sustantiva en las formas en que Rusia se proyectó hacia el escenario internacional. Esta transformación respondió, principalmente, a la debilidad interna del país y a la sucesión de crisis políticas y económicas que marcaron la década de 1990, las cuales subordinaron los asuntos exteriores a las urgencias de la agenda doméstica. Como señalan Rumer (2007) y Wozniuk (1990), los gobiernos soviéticos -y posteriormente los rusos- a partir de la muerte de Konstantín Chernenko, presidente del Presídium del Sóviet Supremo de la URSS (1984-1985), se vieron crecientemente dependientes del respaldo de Estados Unidos y Europa. Esta dependencia condicionó fuertemente su margen de maniobra, imposibilitando la puesta en marcha de una política exterior que se apartara de manera significativa de las prioridades estratégicas de Occidente.
De este modo, mientras se procuraba distender las relaciones con Occidente y revitalizar una economía soviética profundamente debilitada, se implementaron las reformas políticas (glasnost) y económicas (perestroika) impulsadas por Mijaíl Gorbachov, secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética (1985-1991) y jefe de Estado de la URSS (1988-1991). Como señalan Wozniuk (1990) y Bialer (1990), allí donde Gorbachov viajaba, promovía con énfasis la noción de un nuevo pensamiento como eje articulador tanto de la política doméstica como de la política exterior soviética. En el plano internacional, su gestión estuvo marcada por hitos significativos, como la retirada soviética de Europa del Este, la unificación alemana y la firma de los tratados sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa (CFE, por su sigla en inglés) y sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF, por su sigla en inglés). Estos logros contribuyeron a redefinir el panorama político y de seguridad del continente europeo.
No obstante, por significativos que hayan sido, estos logros fueron percibidos tanto en Oriente como en Occidente más como reparaciones por los daños provocados por la Unión Soviética durante la Guerra Fría, que como una orientación clara sobre el rumbo futuro de Rusia en materia de política internacional. En consecuencia, la década posterior a la caída del Muro de Berlín, en 1989, estuvo marcada por una notoria ausencia de Rusia como actor activo en numerosos asuntos relevantes del sistema internacional.
A partir de ese momento, emergieron diversos posicionamientos respecto del rol que debía ocupar Rusia en el escenario mundial y de las tareas que ese lugar le imponía. La disolución de la Unión Soviética reavivó el histórico debate entre occidentalistas -ahora denominados liberales- y románticos nacionalistas -ahora identificados como patrióticos. La era postsoviética puede ser caracterizada por la presencia de un continuum ideológico entre liberales y patrióticos, en el que, según el período gubernamental considerado, una u otra orientación logró imponerse. Se habla aquí de un continuum, y no de categorías cerradas, porque no se trató de posiciones absolutas, sino de correlaciones de fuerza variables entre ambas perspectivas. En determinados momentos (como durante la doctrina Primakov [1996] o el ciclo Putin-Medvédev [1999-actualidad]), incluso se desarrollaron posicionamientos intermedios que la literatura ha definido como balanceadores-pragmáticos (Morenkova Perrier, 2014; Kuchins & Zevelev, 2012; McFaul, 1999). Sus principales características son las siguientes:
Posicionamiento liberal pro-Occidente: los defensores de este posicionamiento se caracterizaban por sostener principios como la seguridad colectiva, la globalización y la integración a organismos internacionales, tales como la Organización Mundial del Comercio (OMC). Promovían la reforma del sistema político soviético mediante la adopción de modelos económicos y políticos occidentales, al tiempo que cultivaban una relación cercana con Estados Unidos y Europa. Si bien históricamente esta postura representó a una minoría dentro del sistema político y del ámbito intelectual ruso, hacia 1991 el panorama se volvió más favorable para los sectores liberales prooccidentales. Esto se explica, en parte, porque ciertos sectores internos de la URSS comenzaron a ver con buenos ojos estas ideas como una vía para poner fin al régimen soviético. Un ejemplo ilustrativo de este fenómeno es el caso de Boris Yeltsin, un político formado en el seno del Partido Comunista ruso, quien se alió con los demócratas rusos con el objetivo de desmantelar el sistema comunista soviético.
Por otro lado, a la hora de pensar en regímenes político-económicos que se presentaran como alternativas a lo pregonado por la URSS, la democracia y el capitalismo eran las únicas opciones atractivas y disponibles en el escenario internacional para aquellos sectores disidentes rusos. Aquí,
La idea era que Rusia debería subordinar sus objetivos de política exterior a los de Occidente, ya que la esperanza, e incluso la expectativa de muchos, era que Rusia pronto se convertiría en un país totalmente occidental. Convertirse en parte de Occidente eclipsó en gran medida las imágenes tradicionales rusas del país como una gran potencia, y la soberanía y el papel del Estado se vieron disminuidos por el objetivo de transformarse en una democracia de mercado. (Kuchins & Zevelev, 2012, p. 149)
Algunos representantes históricos de este posicionamiento han sido Boris Nemtsov,4 Vladimir Ryzhkov y el exajedrecista y campeón mundial Garry Kaspárov, que abandonó ese deporte para volcarse activamente a la vida política.
Posicionamiento balanceador (balancers): la política exterior pensada en los términos definidos por los liberales prooccidentales no demoró en perder terreno dentro del escenario político ruso. Esto se debe, por un lado, a que las promesas de modernización, progreso y globalización no se cumplieron en los términos definidos por el capitalismo global postcaída del Muro; y, por otro lado, a que los avances realizados por Estados Unidos y la OTAN sobre territorios que anteriormente habían sido satélites del régimen soviéticos, y sobre los cuales Occidente había prometido a Gorbachov no avanzar, fueron entendidos por Rusia como un acto de profunda humillación por parte del unilateralismo estadounidense (Morenkova Perrier, 2014).
Por todo ello, a partir de 1996 comenzó a consolidarse entre la dirigencia rusa un posicionamiento que la literatura ha denominado como balanceador (o balancer, en inglés). Esta orientación se encuentra asociada a la denominada doctrina Primakov, la cual proponía que: 1) las relaciones con Occidente debían ser selectivas; 2) Rusia debía desarrollar una política exterior orientada a contrarrestar la expansión de Estados Unidos en Asia y Medio Oriente; y 3) debía trazarse una suerte de línea roja, mediante la conformación de una Comunidad de Estados Independientes (CEI), integrada por los antiguos Estados satélites de la URSS, con el objetivo de conservar esa región como área de influencia.
De este modo, el papel que Rusia debía asumir en el sistema internacional era el de constituirse en un contrapeso estratégico, capaz de interpretar las dinámicas del orden global desde sus propios intereses nacionales. Esta estrategia se sustentaba en una lectura del mundo como un sistema multipolar, donde potencias como Rusia tenían la responsabilidad de balancear o compensar las acciones de Estados Unidos en la arena internacional.
En síntesis,
Los grandes balancers de poder no rechazan la experiencia occidental y están a favor de aprender de Occidente. Su noción de la modernización de Rusia se basa en cierto sentido en la tradición histórica establecida por Pedro el Grande. Les gustaría importar tecnología occidental, atraer inversión extranjera directa y competir exitosamente con Occidente. [...] Sin embargo, a diferencia de la política china actual, la política rusa basada principalmente en las opiniones de los grandes equilibradores del poder parece acercarse a la economía global con la guardia alta. (Kuchins & Zevelev, 2012, p. 150)
Posicionamiento nacionalista-patriótico: el mayor exponente de este posicionamiento es el Liberal Democratic Party of Russia (LDPR). Si bien es cierto que nunca gobernó Rusia, en el año 1993, durante las elecciones de la Duma, logró vencer al Partido Comunista y a la candidatura de Boris Yeltsin por el Partido Democrático (PD). Sin embargo, la victoria se debió más al descontento que tenía la población rusa con Yeltsin que a la fortaleza o capacidad propia del LDPR de canalizar una alternativa superadora al PD. Hasta su fallecimiento, el principal líder del partido fue Vladimir Zhirinovsky, quién estuvo al frente de la misma desde su fundación.
En cuanto al posicionamiento en materia de política exterior, el nacionalismo ruso se caracteriza por ser, principalmente, adverso a los Estados Unidos y a los intereses de Occidente. Según la literatura (Morenkova Perrier, 2014; Kuchins & Zevelev, 2012; McFaul, 1999), hacia el interior de este posicionamiento podemos encontrar una serie de subgrupos:
Neoimperialistas: proyectan el restablecimiento de un Estado dentro de los antiguos límites de la URSS.
Prodominio regional: defienden la constitución de un Estado dentro de los límites territoriales de la actual Rusia, al tiempo que procuran crear un protectorado en torno a los países que se independizaron luego de la caída de la URSS.
Nacionalismo étnico: tienen como principal bandera la unificación de Rusia con las demás comunidades rusas que se encuentran fuera de la madre patria y pretenden constituir un Estado que tenga como principal área territorial la actual Rusia y los demás asentamientos eslavos.
En síntesis, el gobierno de Putin-Medvedev representó el regreso de Rusia a la mesa de negociaciones internacionales. Según Rumer (2007), Putin fue el primer líder ruso, desde la caída del Muro de Berlín, en articular una política exterior plenamente desarrollada para su país, luego de un período marcado por la agitación doméstica y el repliegue internacional. Esta recuperación se manifestó en una participación activa y altamente visible de Rusia en diversas iniciativas de política exterior: encuentros bilaterales tanto en Rusia como en el extranjero; participación en foros multilaterales -como el g8, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, el Foro Regional de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y las cumbres Rusia-UE-; mesas redondas con periodistas y académicos nacionales e internacionales; y numerosos discursos dedicados a asuntos de política internacional (Nascimento, 2015).
Todo lo anterior se desarrolló en un contexto marcado por una persistente desconfianza mutua entre Rusia y Occidente. Si bien el enfrentamiento no ha reproducido exactamente la lógica de confrontación de la Guerra Fría, Moscú ha procurado contrapesar las iniciativas occidentales tanto a través de instrumentos económicos -como los ya mencionados- como mediante acciones militares destinadas a reafirmar su capacidad estratégica. Un ejemplo emblemático es el conflicto en Crimea, en el que Rusia interrumpió el suministro energético hacia Ucrania a través de Gazprom, en 2006 y 2009, y posteriormente desplegó tropas sobre la región autónoma. Este accionar fue precedido por el anuncio, en 2007, de su intención de suspender su participación en el Tratado de las Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, y su posterior retiro formal en 2015, bajo el argumento de que la OTAN había incumplido de facto las disposiciones del acuerdo frente a la crisis ucraniana.5
Por su parte, Occidente -representado principalmente por Estados Unidos y la Unión Europea- ha criticado reiteradamente los rasgos autoritarios del gobierno Putin-Medvedev, así como su política hacia Europa Central y del Este. Estas críticas incluyeron tanto la intervención en Crimea como los conflictos diplomáticos surgidos en 2007 a raíz de la decisión del gobierno de Estonia de trasladar las tumbas de soldados soviéticos desde el centro de Tallin hacia un cementerio militar menos conocido.
La política exterior de Rusia ha sido históricamente un reflejo tanto de sus condiciones internas como de las percepciones de sus dirigentes políticos respecto de las amenazas y oportunidades presentes en el escenario internacional en cada momento histórico particular. A lo largo del tiempo, tres elementos clave han definido su estrategia internacional: el poder personalizado, el militarismo y la idea de imperio. Estos componentes, aunque adaptados a los distintos contextos históricos, han proporcionado una continuidad estructural a la política exterior rusa, que ha buscado proyectar poder e influencia más allá de sus fronteras, ya sea a través del paneslavismo zarista, el expansionismo comunista o el reequilibrio geopolítico postsoviético. En la tabla 1 se presentan de manera sistematizada las principales conclusiones de este trabajo.
Durante el zarismo, el poder se encontraba centralizado en la figura del zar, lo que permitió una expansión territorial que se justificaba ideológicamente mediante el mesianismo ortodoxo y, geopolíticamente, a través de la aspiración de obtener una salida al mar Mediterráneo. Si bien esta etapa concluyó con la Revolución de 1917, los principios de poder personalizado y de expansión territorial fueron retomados por el régimen soviético, que, bajo el liderazgo de Lenin y Stalin, trasladó la lucha de clases al plano internacional con el objetivo de expandir la revolución comunista. A lo largo del período soviético, el militarismo se consolidó como una herramienta fundamental para ampliar y mantener la influencia de la URSS, ya fuera a través de la ocupación de Europa del Este tras la Segunda Guerra Mundial o mediante la carrera armamentista que caracterizó la Guerra Fría.
La disolución de la URSS representó un punto de inflexión en la política exterior rusa. Durante la década de 1990, Rusia intentó conservar su estatus en un mundo cada vez más dominado por Estados Unidos y una Europa en expansión. Este contexto la llevó a reorientar su política exterior hacia una mayor cooperación con Occidente, aunque con resultados limitados y crecientes tensiones. La llegada de Vladimir Putin al poder marcó un retorno a ciertas tradiciones históricas -como el poder personalizado y el militarismo- que han caracterizado la proyección internacional rusa a lo largo del tiempo. Bajo su liderazgo, Rusia ha buscado recuperar su papel como actor clave en el escenario global, utilizando tanto herramientas diplomáticas como recursos militares para defender sus intereses estratégicos, en especial en su extranjero cercano y en regiones de relevancia geopolítica como Medio Oriente y Asia Central.
En última instancia, este trabajo concluye que, a pesar de las profundas transformaciones políticas y económicas atravesadas por Rusia, ciertas continuidades históricas han desempeñado un papel decisivo en la configuración de su política exterior. La persistencia de una lógica de poder personalizado, el uso del militarismo como instrumento de proyección internacional y la vigencia de una noción imperial -ya sea en términos territoriales o ideológicos- constituyen ejes estructurales que atraviesan los distintos períodos de la historia rusa. Estos elementos, aunque reformulados según las dinámicas contemporáneas, siguen siendo centrales para comprender la política exterior de Rusia en el siglo xxi. A medida que el país transita un orden internacional crecientemente multipolar, su capacidad para equilibrar el legado del poder tradicional con las demandas de un sistema global en transformación será clave para definir su rol futuro en la arena internacional.
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[2] Un muy buen ejemplo de ello es la neutralidad argentina sostenida en ambas guerras mundiales (Ciria, 1986; Potash, 1985; Toynbee, 1965) y el debate iniciado luego del discurso realizado por el presidente Milei frente a la Asamblea General de Naciones Unidas, en el que se anunció que “Argentina va a abandonar la posición de neutralidad y va a estar a la vanguardia en defensa de la libertad” (Secretaría de Prensa de la Presidencia de la Nación [SPPNRA], 2024).
[3]Aunque una parte de la literatura sostiene que los países con regímenes autoritarios tienden a reproducir en el plano internacional las lógicas de poder propias de su política interna (Armijo, 2007), el caso del BRICS ofrece matices relevantes. En una primera etapa, estos países optaron por evitar deliberadamente el tratamiento de ciertas temáticas conflictivas —como la agenda de derechos humanos—, pero no buscaron replicar de manera explícita sus dinámicas autoritarias en las instituciones u organizaciones internacionales en las que participan colectivamente. Por el contrario, asumieron como objetivo la reforma de dichas estructuras internacionales, con la intención de volverlas más multipolares, representativas y deliberativas, promoviendo así un reequilibrio en la distribución del poder en los procesos de toma e implementación de decisiones a escala global. En el BRICS, las principales fuentes de tensión entre sus miembros han estado asociadas a cuestiones históricas irresueltas —como disputas territoriales o rivalidades geopolíticas en sus respectivas regiones—, pero no al tipo de régimen político ni a la orientación partidaria de los gobiernos en funciones. Más aún, los países miembros han buscado presentar la experiencia del BRICS como ejemplo de la posibilidad de constituir instituciones internacionales inclusivas, capaces de incorporar Estados con trayectorias, modelos y capacidades diversas, pero que, al mismo tiempo, faciliten procesos decisorios sustentados en lógicas multipolares, deliberativas y representativas. Para un tratamiento más detallado del tema, véase Guerrero (2025a, 2024, 2023, 2022a, 2022b).
[4]Entiéndase por mérito a la competencia y carrera pública que realizaban los nobles dentro de los esquemas estamentales, que ofrecían las sociedades mencionadas respecto a la vida política.
[5]Vale mencionar que Nemtsov fue asesinado el 27 de febrero de 2015 en Moscú, justo un día antes de que tuviera lugar una marcha opositora en protesta contra la crisis económica en Rusia y la guerra que estaba teniendo lugar en Ucrania.
[6]La invasión a gran escala de Ucrania iniciada por Rusia en febrero de 2022 constituye la expresión más radical y contundente del giro militarista que ha venido caracterizando su política exterior en las últimas décadas. Este episodio marca un punto de inflexión al evidenciar hasta qué punto el gobierno ruso está dispuesto a instrumentalizar el poder militar como herramienta central para redefinir su lugar en el orden internacional, incluso a costa de romper abiertamente con los principios del derecho internacional y de aislarse parcialmente del sistema global. Más que un acontecimiento aislado, la guerra en Ucrania debe entenderse como la culminación de una serie de prácticas previas —como la intervención en Georgia (2008), la anexión de Crimea (2014) o el respaldo militar al gobierno sirio— que muestran una escalada progresiva en el uso de la fuerza como medio para alcanzar objetivos estratégicos, consolidar zonas de influencia y disputar la hegemonía occidental en el espacio postsoviético y más allá.
[7] Guerrero, M. G. (2025). Rusia y su proyección global: un análisis histórico de las escuelas de política exterior rusas. Desafíos, 37(2), 1-38. https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/desafios/a.15349