10.12804/revistas.urosario.edu.co/desafios/a.15285
Editorial
Pedro Piedrahita-Bustamante 1
Diego Alejandro Casas-Ramírez 2
Angélica Durán-Martínez 3
1 Tecnológico de Antioquia, TdeA, Institución Universitaria, Medellín, Colombia.
0000-0001-6408-0431
pedro.piedrahita@tdea.edu.co
2 Universidad Nacional de Colombia, Institución Universitaria Digital de Antioquia, Colombia.
0000-0001-6414-364X
diego.casasr0@gmail.com
3 Universidad de Massachusetts Lowell, Estados Unidos.
0000-0002-7537-4256
angelica_duranmartinez@uml.edu
Introducción
La democracia liberal busca evitar manifestaciones radicales del poder, establecer un sistema de control y limitación del poder (Sartori, 2014, p. 173) y ser garantía de pluralidad, como reconocimiento de derechos a partir de la creencia de valor, la tolerancia a la diferencia y la autonomía de la sociedad frente a las estructuras de poder (p. 172). Desde hace por lo menos tres décadas se plantea la crisis de la democracia liberal, debido al debilitamiento de sus características que han generado una fractura subjetiva entre ciudadanos, gobernantes e instituciones, presentándose una crisis de legitimidad que se manifiesta en una idea básica: "los actores del sistema político no nos representan" (Castells, 2017, p. 16). En este número especial los artículos examinan, desde casos específicos a nivel local y nacional, las manifestaciones de la crisis de la democracia en América, enfocándose en la idea de sus promesas incumplidas en tres dimensiones: la promesa de transparencia en las decisiones públicas y así reducir el secreto, la promesa de brindar amplia representación y la promesa de reducir desigualdades. Para explicar estas categorías primero se aborda la literatura reciente sobre la crisis de la democracia, para luego describir brevemente los aportes de este Dossier.
Para Przeworski (2019) no puede establecerse un inicio específico de la crisis democrática, pues se trata de un proceso progresivo que ha tenido diversas manifestaciones y depende de los contextos históricos y políticos propios de los países y las regiones. Sin embargo, la crisis de la democracia debe entenderse en un contexto de erosión de los sistemas de partidos políticos; el auge de actitudes xenófobas y nacionalistas; y, la disminución del apoyo y confianza en las instituciones (Przeworski, 2019, pp. 1-21). Para el autor, existe un factor estructural asociado a la economía y la desigualdad, pues la relación entre democracia y capital resulta clave para la garantía de libertades, aunque en la actualidad se siga cuestionando si un adecuado desarrollo económico es el escenario ideal para las democracias sólidas cuando la desigualdad es un problema recurrente. En este contexto de crisis han proliferado los liderazgos populistas autoritarios.
Para Morlino y Raniolo (2021) el populismo afecta directamente la calidad de la democracia y permite comprender mejor la actual crisis, al ser un mecanismo que favorece los intereses particulares, reduce la responsabilidad pública al evadir la redición de cuentas electoral e interinstitucional, limita la participación política a algunas élites que manipulan y controlan la información y la participación, y radicaliza la competencia electoral a través de la creación de líneas divisorias nosotros-ellos (p. 34).
El resultado de esta crisis marcada por el populismo, que Morlino y Raniolo (2021) la entienden como un proceso de radicalización de la democracia, en el cual la participación y competencia política se transforma para dar paso a formaciones políticas —a menudo ubicadas en la derecha o extrema derecha— que intensifican la polarización ideológica, fragmentan el sistema de partidos y mediatizan la política desafiando el sistema, al tiempo que configuran una política de relaciones directas y emocionales entre los populistas y la ciudadanía que genera un enfrentamiento con las élites (pp. 46-49). La paradoja de esta situación es que el control político de las élites aumenta mientras mantienen una fachada democrática formal, ocasionando una condición posdemocrática en donde la desafección política es el núcleo de la crisis (Mouffe, 2017).
Desde otras perspectivas se ha cuestionado si el populismo es una amenaza para la democracia, en su dimensión liberal, o si más bien es una evidencia de la crisis de esta. Algunos autores han argumentado que los populistas son esencialmente democráticos, aunque son antiliberales y antipluralistas (Mudde & Rovira Kaltwasser, 2017). Esto a razón de que se puede evidenciar que algunos populismos, sobre todo los latinoamericanos, han tenido apuestas de inclusión de varios sectores de la ciudadanía y han impulsado la participación, mientras que también deterioran las instituciones y atacan a la oposición.
En esta introducción, y en este Dossier, se sigue a Bobbio (2016) quien interpreta la crisis como parte de la evidencia de las promesas incumplidas de la democracia, es decir, aquello que normativamente se pretendió con la democracia, específicamente: 1) la eliminación de los poderes secretos que terminan configurando subgobiernos y criptogobiernos; 2) la promesa del autogobierno y la igualdad que se desvanece en la desconexión entre políticos profesionales y ciudadanos; y 3) en la recurrente desigualdad tanto en términos políticos como sociales, que presenta un especial comportamiento en América Latina. Los tres incumplimientos contradicen la idea de que la democracia permite transparencia de las decisiones de quienes gobiernan (Bobbio, 2016, p. 34).
Los incumplimientos de la democracia han tenido expresiones en la última década a través de movilizaciones y protestas en las calles de diferentes países y diversos casos de corrupción sistémica (Vergara, 2020). Estas protestas con frecuencia se han articulado alrededor del desprecio por las élites, insatisfacción con el manejo de la economía, la desigualdad social, las restricciones de participación y el futuro incierto para multitudes de jóvenes. En América Latina, por ejemplo, el 2019 fue considerado el año del estallido social, cuando luego de las restricciones por la pandemia se presentaron protestas en diferentes países a finales de 2020 y principios de 2021 (Somma et al., 2024). Estas pusieron de manifiesto las tensiones entre democracia y desigualdad (Murillo, 2021, p. 4).
Para Murillo (2021) la crisis de representación en la región se evidenció en las múltiples manifestaciones que se dieron en países como Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina, etc., en las cuales los jóvenes exigieron mayor atención por parte de las instituciones y respuestas en términos de inclusión y garantía de Derechos Humanos, entendidas en tres escenarios principales: primero, el de "fragmentación o desestructuración política" (p. 8); segundo, el de "continuidad de la polarización" (p. 9); y, tercero, el de un "descontento ciudadano con los partidos políticos tradicionales" (p. 10).
En otros países y regiones del mundo la manifestación de la crisis democrática ha presentado características diferentes, marcadas principalmente por el auge y popularidad de las ultras derechas, la ruptura de "los cordones sanitarios" contra estas y los discursos de odio (Mudde, 2019; Norris, 2010). Esto envuelve a partidos políticos y políticos profesionales en todo el mundo que hacen énfasis en el nacionalismo y la protección de los intereses nacionales; dan discursos en contra de la cooperación internacional y los derechos de los migrantes; impulsan la xenofobia a través del rechazo a los extranjeros; arrastran a las derechas tradicionales a posiciones extremistas; proponen gobiernos efectistas con liderazgos de fuerza y acciones simples a problemas complejos; y cada vez asumen discursos más autoritarios (Mudde, 2015, 2019; Przeworski, 2019; Rovira Kaltwasser & Zanotti, 2023; Borges & Zanotti, 2024; Pino Uribe et al., 2024)
Para Studebaker (2023), el centro de esta crisis ha sido la generación de sensaciones de impotencia y resentimiento en la población al ver que no tienen la capacidad de influir en decisiones políticas de sus países, lo cual hace que se desconecten del proceso político y acaban con la confianza en las instituciones democráticas. De ahí que se generen escenarios ideales para el aumento de manifestaciones sociales, por un lado, o la aparición de liderazgos de derecha radical que ofrecen medidas simples a un problema complejo.
En este Dossier temático se analiza la crisis de la democracia, especialmente en América Latina, a nivel nacional y subnacional a partir de las categorías de secreto, representación y desigualdades. Con esto se busca aportar a la comprensión de las causas y efectos de la desafección de los ciudadanos hacia la democracia y explorar soluciones basadas en evidencia empírica desde un enfoque comparado. Los diferentes artículos abordan cuestiones como los factores que desencadenan las crisis presidenciales y cómo afectan la estabilidad política de la región; la influencia del bienestar material en la participación política y la percepción de confianza; las afectaciones que generan las estrategias electorales de los partidos políticos a nivel nacional en términos de representación y distribución del poder; las relaciones ente desigualdad socioeconómica y estabilidad democrática; la influencia de los sistemas de votación telemáticos en la participación electoral de migrantes; y el poder de los grupos armados ilegales y su influencia en las instituciones democráticas.
Los incumplimientos
La contribución de Norberto Bobbio (2016) a la comprensión de las vulnerabilidades y las implicaciones de las violaciones de los principios democráticos inició en la década de 1970, por su interés en el análisis de los poderes invisibles en Italia que configuraron dos formas diferentes del poder político: uno legal y visible, que actuaba bajo el marco de derecho y los principios liberales; y otro en la sombra, que actuaba bajo la astucia y la oportunidad. En su momento el autor consideró esta dualidad como una enfermedad moral mortal de la democracia, donde el sistema empieza a funcionar bajo prácticas ilegales y criminales.
De allí que para el autor la democracia sea "el gobierno de un poder visible, es decir, el gobierno cuyos actos se realizan ante el público y bajo la supervisión de la opinión pública" (Bobbio, 2016, p. 27). Esta calidad hace que la democracia sea por definición y práctica lo contrario a cualquier forma de autocracia. Es decir, la democracia siempre debe estar bajo el control, la mirada y revisión de los diversos actores del sistema político. Sin embargo, desde sus orígenes, en su momento en los años 70 en Europa, pero también en América Latina, y ahora en el siglo XXI, la democracia ha sido acusada de no cumplir sus promesas:
La de eliminar las élites del poder; no mantiene la promesa de autogobierno; no mantiene la promesa de integrar la igualdad formal con la sustantiva, y con escasa frecuencia —curiosamente— se le acusa también de no lograr aniquilar el poder invisible. (Bobbio, 2016, p. 30)
Indagar sobre los poderes secretos, la representación y la desigualdad en el marco de la crisis de la democracia permite ampliar el panorama respecto al auge de los nuevos populismos y las derechas radicales, la desinformación y desconfianza institucional, y así poder indagar sobre los factores que hacen que la sociedad no se sienta representada por políticos profesionales y las instituciones tradicionales de las democracias, las manifestaciones e implicaciones de la crisis, y las variaciones que pueda tener en diferentes países o regiones.
La primera promesa incumplida de la democracia es la eliminación del secreto y de los poderes invisibles. En América Latina, aunque la expansión democrática a finales de los años noventa generó expectativas de mayor transparencia, estos poderes han persistido, fomentando la desconfianza ciudadana y la percepción de corrupción política. Las instituciones democráticas han coexistido con dinámicas que socavan la legitimidad del Estado, tales como las relaciones entre políticos y actores criminales (Durán Martínez, 2022), la financiación ilegal de campañas por grupos legales e ilegales (Aguirre Antolínez, 2018), y la gestión informal o ilícita de la seguridad e inseguridad en ciudades y Estados (Piedrahita, 2019). Estos fenómenos han sido acompañados por frecuentes escándalos de corrupción, en los que actores ilegales, corporaciones y empresas coluden con autoridades estatales y políticos.
En regiones donde operan grupos armados y criminales no estatales, la presencia del Estado ha sido sustituida, cooptada o coexistido con órdenes crimilegales instauradas por poderes no estatales que ejercen gobernanza y se convierten en autoridades de facto (Schultze-Kraft, 2016). En estas áreas, las autoridades estatales participan en la gestión de mercados legales y semilegales, lo que intensifica la percepción de colusión entre políticos y criminales. Esta situación genera una crisis de legitimidad que expone a la sociedad a una paradoja: la dificultad de distinguir entre actores políticos y delictivos.
Asimismo, el incumplimiento democrático se evidencia cuando los Estados no logran eliminar los poderes secretos ni garantizar la transparencia en sus acciones, perpetuando una dualidad en su estructura: un Estado visible y otro invisible (Saad-Filho & Boffo, 2021; Vergara, 2020). Esta dualidad mina la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y refuerza la percepción de un sistema político opaco y vulnerable a intereses privados e ilícitos.
La segunda promesa incumplida se refiere a los problemas de la representación política, uno de los pilares fundamentales de la democracia moderna. Responde a las posibles afectaciones de la crisis a la participación ciudadana y la legitimidad de los sistemas democráticos, donde la desconfianza y el hastío de los ciudadanos frente a las tradicionales instituciones de representación política —tales como los partidos políticos, los parlamentos o los sindicatos— son prueba de ello (Bochsler, 2023; Calhoun et al., 2022; Lewandowsky, 2024). Esto ha generado que la democracia pierda respaldo y que, entre distintos sectores sociales, aumente la percepción de la corrupción, disminuya la participación política-electoral y surjan políticos mesiánicos, entre otras (Guriev & Treisman, 2022; Ekiert & Dasanaike, 2024). Asimismo, el incumplimiento de la representación política se expresa dentro de estas mismas instituciones; evidencia de ello es la exclusión de las mujeres y los jóvenes en los distintos cargos de poder (Morgan & Kelly, 2021) y la marginación de los migrantes en los asuntos públicos y en la política (Casas Ramírez, 2023; Kapelner, 2024).
Por último, el incumplimiento de la democracia también está relacionado con la desigualdad en términos políticos, económicos y sociales. Por ejemplo, el impacto de las desigualdades ha generado en los ciudadanos la percepción de no tener capacidad de influir en los asuntos públicos y, por eso, ha afectado el ejercicio de la ciudadanía y de la gobernabilidad democrática (Przeworski, 2010, 2019; Valdés-Ugalde, 2025). Como resultado de esto, las desigualdades persistentes en las sociedades también han desembocado en la desigualdad desproporcionada de influencia de actores empresariales en las instituciones del Estado (Bogliaccini & Madariaga, 2024; Han, 2024). Esto evidencia una tensión latente entre democracia y desigualdad, que además puede comenzar a profundizarse con el auge de las tecnologías y la inteligencia artificial. Así, con esta categoría se pretende abordar el impacto de las desigualdades socioeconómicas y la falta de igualdad de oportunidades en la desafección democrática y la estabilidad política.
Entendiendo la crisis
De acuerdo con Studebaker (2023), la actual crisis democrática es una crisis de legitimidad marcada por la impotencia en los ciudadanos al sentirse incapaces de influir en las decisiones políticas, lo cual puede conllevar a conflictos que desestabilizan la democracia, generando crisis estructurales de confianza en las instituciones. Es la percepción del incumplimiento —en la que el sistema ha realizado una serie de promesas que no cumple— que se manifiesta y ha tenido diferentes efectos en el mundo.
En un estudio comparado entre seis países europeos (Polonia, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España) afectados por la crisis económica entre 2008 y 2014, Morlino (2020) reúne diversos análisis sobre la implementación diferenciada y la tensión entre los principios democráticos de la libertad y la igualdad. En el texto, los análisis evidencian que la crisis económica —a través de la inestabilidad financiera, el desempleo y la reducción de inversiones— afectó la percepción ciudadana frente a la eficacia de la democracia. Esta situación aumentó la desconfianza hacia las instituciones y da cuenta de la importancia de valorar la crisis actual como un fenómeno convergente con la economía y con cambios sociales y culturales profundos.
En otro ejercicio comparativo, De Oliveira (2022) analizó cinco libros recientes de Ciencia Política que abordan la crisis democrática desde dos enfoques: el primero, representado por los textos de Albright (2018), Levitsky y Ziblatt (2018) y Norris e Inglehart (2019) quienes defienden la democracia liberal y advierten sobre los riesgos del populismo y el autoritarismo. Albright compara patrones históricos, como los de Mussolini y Hitler, con casos recientes como Chávez, Erdogan, Putin y Orbán, enfocándose en la movilización de masas y el ataque a las instituciones democráticas. Levitsky y Ziblatt analizan la erosión democrática en Estados Unidos durante el gobierno de Trump, destacando cómo las democracias modernas no colapsan por golpes militares, sino por el deterioro gradual de las instituciones. Norris e Inglehart examinan el populismo autoritario en Estados Unidos (Trump) y el Reino Unido (Brexit), asociándolo con una reacción contra los valores liberales y el impacto de factores económicos y la inmigración en el apoyo a discursos populistas. Estos libros evidencian que el populismo nacional surge por desconfianza, pérdida de identidad nacional, desigualdad y desalineación entre partidos y sociedad.
El segundo enfoque que De Olivera identifica en estos libros recientes es el de Eatwell y Goodwin (2018), quienes ven el populismo como una respuesta legítima de la sociedad y no como una falla de la democracia liberal, pues consideran que es una nueva democracia donde las voces ciudadanas ganan relevancia, generando líderes pospopulistas o populistas nacionales-élite que obligan a los partidos tradicionales a ceder en sus agendas. ParaDe Oliveira (2022) esta visión es blancura metodológica por normalizar actitudes racistas y xenófobas (p. 655). En una línea similar a la Eatwell y Goodwin, Runciman (2018) argumenta que la crisis es transitoria y que solo implica una adaptación a los cambios.
Otros trabajos coinciden con el primer enfoque identificado por De Olivera, afirmando que la crisis se debe a una erosión desde dentro, debido al debilitamiento gradual de las instituciones por cuenta de políticos profesionales que manipulan las normas y procesos democráticos (Bennett & Kneuer, 2024; Svolik et al., 2023). Bennett y Kneuer (2024) plantean que la violación de valores como la tolerancia, la inclusión y el respeto a las minorías son manifestaciones comunes, al tiempo que se configuran "públicos transgresores" (p. 5) a través de los ataques a la prensa y sectores sociales que generan exclusión.
Calhoun et al. (2022) se enfocan en fenómenos como la desinformación y la polarización que se convierten en mecanismos de movilización y fractura social creando líneas divisorias nosotros-ellos. Para estos autores estos fenómenos son degeneraciones de la democracia que crean un espiral descendente, o círculo vicioso: la eficacia ciudadana disminuye pues los ciudadanos sienten que no pueden mejorar sus vidas ni influir en la política. Esto a su vez debilita las transferencias pacíficas del poder y aumenta más la polarización al fracturar valores como la solidaridad. El aumento de la exclusión a su vez redefine la democracia como la imposición de las mayoría (Calhoun et al., 2022, pp. 5-11) y, la relación entre las élites y la sociedad se vuelve más conflictiva debido a la distribución desigual de la riqueza y el estatus que puede generar nuevos conflictos y luchas de clases (Calhoun et al., 2022, pp. 183-184).
La mayoría de investigaciones coinciden en que la actual crisis es el escenario favorable para el auge global del autoritarismo (Calhoun et al., 2022; Carothers & Hartnett, 2024) porque los líderes disponen de diversas estrategias para lograr o mantener el poder, como: 1) la manipulación de las instituciones a través del debilitamiento de la justicia, instituciones de control y la fractura del equilibrio de poder y el sistema de pesos y contrapesos (Gamboa, 2022); 2) la manipulación y la desinformación que aumenta la polarización y demonización de los contrarios políticos (Gessler & Kaftan, 2023; Warren, 2024); 3) la creación de amenazas y enemigos internos y externos que hace que los ciudadanos apoyen el retroceso democrático (Gessler & Kaftan, 2023); 4) el ataque sistemático a actores críticos como medios de comunicación, el poder judicial o toda aquella institución que cuestione las decisiones del gobierno (Bennett & Kneuer, 2024; Calhoun et al., 2022); y 5) el aprovechamiento de la impotencia por la desigualdad social para aumentar medidas que desregularizan y privatizan la economía (Davidson & Judah, 2023).
El auge del autoritarismo en las democracias es la base de la denominada democracia iliberal, la cual está marcada por la restricción de libertades civiles, el debilitamiento institucional, la manipulación electoral, la limitación de la participación de los partidos de oposición, la concentración del poder en manos del ejecutivo o del partido de gobierno y el auge de una retórica populista nacionalista que apela a la voluntad popular para atacar a la oposición y las minorías (Bennett & Kneuer, 2024; Gamboa, 2022; Kristan, 2024). En pocas palabras, los incumplimientos de la democracia liberal han terminado en una nueva forma de poder. De hecho, para Svolik et al. (2023) la democracia iliberal es tolerada y apoyada en Europa por ciudadanos de derecha y por los apáticos y abstencionistas que no les interesa el proceso electoral. Esto es un reflejo de la indiferencia o desapego hacia los valores y mecanismos propios de la democracia liberal y supone un desafío para la investigación, pues aparece una dimensión del problema asociada a la falta de compromiso con los valores democráticos por cuenta de los incumplimientos.
Al dirigir la mirada hacia otras latitudes, se puede afirmar que las explicaciones y dinámicas sobre la crisis de la democracia en América Latina evidencian similitudes respecto al proceso en Europa y los Estados Unidos. Por ejemplo, Balderacchi et al. (2024) consideran que uno de los principales factores es la erosión de la calidad democrática, que se expresa en restricciones a la libertad de prensa y la participación ciudadana. Mainwaring y Pérez-Liñán (2015) atribuyen este deterioro a factores como la desigualdad socioeconómica y la debilidad institucional. Esta última se refleja en la incapacidad de las instituciones para responder a las demandas sociales, generando descontento ciudadano y debilitando la legitimidad del sistema. En esta misma línea se encuentran Buben y Kouba (2024) quienes consideran que los problemas económicos en la región como la caída de los precios de los productos básicos, desde 2014, impulsó un giro político hacia la derecha en varios países, acompañado de escándalos de corrupción que minaron la confianza ciudadana. Además de la exacerbación social en el contexto de la pandemia por el Covid-19, que intensificó las desigualdades y la desconfianza en los gobernantes (Hallock & Call, 2021)
Por su parte Levitsky y Ziblatt (2018), McCoy et al. (2018) y McCoy y Somer (2019) coinciden en que la erosión democrática es un resultado de la polarización extrema en la que la sociedad y los actores del sistema político no se reconocen la legitimidad, lo cual aumenta los conflictos que no son mediados por las instituciones (Sarsfield et al., 2024). Además, esta situación se agrava por la desinformación y la manipulación mediática que, para Sierra Caballero y Sola-Morales (2020) , crean una especie de guerra irregular a través de golpes mediáticos que desestabilizan los Gobiernos y rompen la confianza en las instituciones.
En este contexto cobra relevancia el populismo autoritario que crea vínculos con élites económicas, al tiempo que critica a las élites políticas y a los partidos políticos tradicionales —para lograr la centralización del poder— y ataca a las instituciones que llaman corruptas e incapaces (Carrión & Korman, 2023; Lee, 2024). Los populistas autoritarios también atacan a los medios de comunicación, al sistema judicial e implementan reformas constitucionales para aumentar sus poderes. Un ejemplo es el caso de Nayib Bukele en El Salvador, quien durante la pandemia amplió sus poderes al tiempo que restringió derechos y libertades. Estas acciones se vieron fortalecidas por el uso de tecnología y bots que aumentan el impacto de la desinformación y manipulación mediática (Sierra Caballero & Sola-Morales, 2020). Otro ejemplo es el de Jair Bolsonaro en Brasil, quien utilizó en diferentes momentos las Fuerzas Militares para intimidar a los grupos de oposición y reprimir protestas sociales (Hallock & Call, 2021). O el caso de Javier Milei en Argentina, quien ha sido analizado como un aspirante a populista fascista que ha hecho de la prioridad económica la base para la construcción de una retórica y Gobierno autoritario (Finchelstein, 2024) basado en una metáfora de historia moral de corrupción (Heinisch et al., 2024).
Según Sarsfield et al. (2024) el autoritarismo es causa y consecuencia de la crisis democrática, pues son las crisis económicas y sociales, y el aumento de la polarización política, los cimientos del escenario donde surgen líderes autoritarios que prometen orden y estabilidad. Luego son ellos quienes imponen agendas neoliberales que benefician a las élites económicas mientras la sociedad sigue marcada por la crisis (Saad-Filho & Boffo, 2021).
Los efectos de los incumplimientos
Se ha evidenciado que la democracia atraviesa por un retroceso en diferentes partes del mundo. Luego del análisis de la literatura reciente sobre los factores asociados a la crisis, es importante extraer algunas ideas generales asociadas a las tres categorías propuestas para este Dossier: secreto, representación y desigualdades.
La existencia del secreto tiene varios efectos. Las investigaciones explican que lejos de eliminar los poderes secretos, la democracia iliberal funciona y está marcada por los poderes invisibles. Esto se ve reflejado en el auge del secreto financiero que favorece el lavado de activos, la no rendición de cuentas frente a transacciones financieras de élites y líderes políticos y el acaparamiento de poder empresarial para influir en el Estado (Saad-Filho & Boffo, 2021; Davidson & Judah, 2023; Bogliaccini & Madariaga, 2024). También se expresa en términos económicos en la actual crisis, pues el modelo neoliberal contribuye a la reducción de la supervisión pública, mientras que favorece élites económicas en el cumplimiento de la desregularización del capital (Biebricher, 2020).
El poder secreto también afecta el papel que ejercen los medios de comunicación que, a partir de cargas ideológicas e intereses económicos de sus propietarios, diseminan la información desorientando a los ciudadanos a través de mentiras y teorías conspirativas sobre los procesos políticos. El problema de secreto en la información es también el problema de la ausencia de controles, pues un ciudadano desinformado no tendrá herramientas para ejercer el control político a través de próximas votaciones (Lewandowsky, 2024). Esto es lo que algunos autores llaman la corrupción del discurso político (Warren, 2024). Además, el secreto puede tener relaciones con la censura y la autocensura que limitan la transparencia y el acceso a información veraz. Norris (2023) discute estos efectos en la censura y autocensura en lo que denominó la cultura de la cancelación, entendida como "estrategias colectivas de activistas que utilizan presiones sociales para lograr el ostracismo cultural de los objetivos (alguien o algo) acusados de palabras o acciones ofensivas" (p. 148). El resultado es la limitación de la información pública mientras aumenta la desinformación y manipulación a través de redes sociales que desorientan la opinión pública (Calhoun et al., 2022).
Otro efecto del secreto se observa en las políticas militaristas y populistas de la seguridad, que restringen la libertad y crean desconfianza generalizada, como sucedió en Brasil con Bolsonaro donde los militares desempeñaban funciones en la administración pública (Bauer et al., 2024), en Venezuela donde los militares se encargan de la vigilancia policial y la promoción de grupos armados civiles (Gan, 2020), o en El Salvador donde Bukele combina el uso de los militares para el control de la seguridad interna (Hallock & Call, 2021), al tiempo que lo politiza para mantener sus objetivos de mano dura (Taş, 2024), el uso de reformas constitucionales o la cooptación judicial para mantener el poder (Holgado & Urribarri, 2024).
El incumplimiento de la promesa de representación política también tiene efectos profundos. El principal efecto está asociado a la desafección entre ciudadanos e instituciones, particularmente entre los sectores sociales excluidos o no privilegiados quienes consideran que sus posiciones y necesidades no son atendidas o no tienen impacto (Bennett & Kneuer, 2024; Calhoun et al., 2022). Esta desafección genera un desencanto respecto al proceso democrático, que lleva a que las personas se mantengan al margen del sistema, minando la legitimidad institucional y aumentando la desconfianza hacia las estructuras políticas tradicionales como los partidos políticos, los congresos y gobiernos (Studebaker, 2023).
En particular, en América Latina se observa una constante desinstitucionalización de los partidos y el aumento de los personalismos con agendas efectistas y atrapa-todo (Mols & Jetten, 2020). Esto tiene además otro efecto directo en términos de representación legislativa, pues la fragmentación partidista dificulta alcanzar consensos que permitan aprobar reformas y crear nuevas normas que busquen resolver problemas públicos sociales (Alcántara, 2019). La desconexión refuerza la aparición de los liderazgos autoritarios que prometen cambios estructurales al tiempo que estrechan las garantías de derechos en un escenario en el que además se desinforma y se aprovecha las tecnologías para segmentar los públicos. Otro efecto es la activación de las identidades negativas antiestablecimiento o antipartidos, en contra posición a las identificaciones clásicas partidistas (Meléndez, 2022).
Finalmente, por el incumplimiento de la promesa de inclusión es que se refuerzan las diferencias socioeconómicas. De ahí se desprenden tanto limitaciones a la ejecución de políticas sociales que buscan el bienestar, hasta resistencias a la redistribución por parte de grupos de interés (Castiglioni, 2018; Uribe Gómez & Londoño, 2023; Murillo Carvajal, 2022). De hecho, la implementación de políticas neoliberales de austeridad y desregulación han resultado en el aumento de la concentración de la riqueza en unas pocas personas, mientras que la calidad de vida de las clases bajas y medias disminuye (Segovia et al., 2021). Esta condición aumenta por el auge de las estructuras corporativistas subdesarrolladas de muchos países de la región (Sierra Caballero & Sola-Morales, 2020) que, a través de sus discursos, socavan la solidaridad social en términos económicos y radicalizan las posiciones respecto a los migrantes a través de discursos nacionalistas (Eatwell & Goodwin, 2018; Kapelner, 2024). Otro efecto de la exclusión es la concentración de beneficios por parte de las élites políticas y económicas (Carrión & Korman, 2023) que, aunado a la crisis económica y el aumento de la inflación y del desempleo, limitan las opciones de movilidad social, reforzando la desigualdad (Sánchez-Sibony, 2024; Webber, 2017).
Artículos del Dossier
En este número se recogen diversas miradas sobre las crisis de la democracia en América Latina a nivel nacional y subnacional. Se buscaban manuscritos que abordaran la desafección ante las expectativas no cumplidas de la democracia a partir de las tres líneas planteadas. Los artículos fueron seleccionados y organizados con el propósito de problematizar cada una de estas promesas incumplidas. Algunos de estos trabajos abordan más de un incumplimiento, dada la estrecha relación que existe entre la persistencia del secreto, los problemas de representación y las desigualdades. Esta relación sugiere que el incumplimiento de una puede desencadenar o agravar el incumplimiento de las otras, o que determinados eventos o contextos específicos pueden generar crisis simultáneas en torno a estas dimensiones.
Con todo, los artículos aquí reunidos enriquecen el debate académico en torno a las crisis de las democracias liberales, proponiendo análisis y posibles soluciones desde la evidencia empírica, con un enfoque particular en los casos de América Latina. La novedad del Dossier es la diversidad disciplinaria y metodológica que se evidencia en: 1) los académicos que las desarrollaron desde disciplinas como la Ciencia Política, la Sociología y la Antropología; 2) el uso de diferentes enfoques en los diseños metodológicos; y 3) la variedad de métodos y teorías en diferentes estudios de casos y comparaciones.
Secreto
Como se ha mencionado, la no eliminación del secreto es una de las promesas incumplidas de la democracia. Al respecto, los constantes escándalos de corrupción han generado la idea de una dualidad entre el Estado y el crimen, lo que se evidencia en América Latina con los escándalos de corrupción de los políticos y por la cooptación de las instituciones por parte de actores ligados a la ilegalidad. Los artículos de Aguirre Cahua & Calcina Romero (2025) analizan cómo esto se evidencia en los casos de Perú y de Colombia.
Aguirre Cahua & Calcina Romero (2025) se preguntan por los factores que explican la inestabilidad y las crisis del expresidente de Perú Pedro Castillo y cuáles fueron los determinantes para su destitución. Enmarcándose esto en la situación de crisis de representación y de debilidad institucional de los últimos años en Perú. En la investigación se argumenta que el principal factor fue la existencia de los escándalos políticos, entendiendo por estos a las noticias que revelaron actos de corrupción o abusos de poder en los que se vio involucrado al presidente, su círculo político o sus familiares, y que, para el caso de Castillo, arroja la cifra de 21 escándalos en 17 meses. En el mecanismo causal que se presenta, estos escándalos llevaron a que se aumentaran los juicios políticos en el legislativo y que posteriormente hicieran que Castillo cometiera un autogolpe que aceleró su destitución.
Vargas Camelo (2025) examina la infiltración de grupos armados ilegales en la gobernación de Arauca entre 2001 y 2021, un caso subnacional en Colombia que evidencia la cooptación de instituciones estatales en un territorio históricamente marginado de las dinámicas políticas nacionales. La investigación analiza los vínculos entre legalidad y criminalidad, manifestados en la postulación de gobernadores afines, la manipulación electoral, la captura institucional para influir en la estructura gubernamental del departamento y el control de la contratación. Estos factores revelan la manera en que los actores armados logran incidir en la gestión pública y debilitar la autonomía del Estado en contextos de baja presencia institucional.
Representación
Como menciona Bobbio (1986) las democracias modernas nacen con la promesa de ser representativas políticamente. Los incumplimientos frente a esto han llevado a que los gobiernos tengan que reconfigurar aspectos existentes de sus instituciones, para mejorar la representación de sus ciudadanos. Para ello, se han diseñado algunas apuestas en la ingeniera constitucional de los Estados en aras de que los sistemas electorales sean más incluyentes y representativos. En los artículos de Ramírez Gallegos (2024) y de García Cruz y Toro Bonilla (2025) se evalúan dos cambios a los sistemas electorales de Ecuador y Colombia que buscaron inclusión y representatividad.
Ramírez Gallegos (2024) realiza un análisis sobre la experiencia del voto telemático en el caso de los ecuatorianos residentes en el exterior. El autor demuestra cómo Ecuador ha desarrollado un Estado transnacional orientado a garantizar la representación de los intereses de los emigrantes, lo que se ha materializado en el reconocimiento del derecho al voto para los ciudadanos en el extranjero y la reserva de escaños legislativos para este grupo. En este marco, el país ha implementado diversas estrategias para fomentar la participación electoral de esta población, que además va en aumento.
Previo a su implementación, el voto telemático fue sometido a dos pruebas piloto que evidenciaron su efectividad en la reducción de la abstención electoral. A partir de estos resultados, esta modalidad fue utilizada en las elecciones atípicas de 2023, acompañada de un incremento en el número de ciudadanos empadronados en el exterior. No obstante, el día de los comicios, el sistema presentó fallas técnicas que generaron rumores de fraude y llevaron a la anulación de las elecciones en el extranjero. Como consecuencia, Ecuador decidió parar el uso del voto telemático y regresar al voto presencial. Pese a este revés, Ramírez Gallegos (2024) argumenta que esta experiencia no debería conducir al rechazo definitivo de esta modalidad ni de otras alternativas, como el voto por correspondencia, ya que su implementación podría contribuir a una mayor participación de los migrantes ecuatorianos en los procesos electorales y de esa forma representar aún más sus intereses.
En su artículo, García Cruz y Toro Bonilla (2025) analizan la dinámica política del partido Conservador y la distribución departamental del voto de sus senadores entre 2006 y 2022, tras los cambios introducidos por la reforma electoral de 2003, particularmente la implementación de la lista con voto preferente. El estudio evalúa si los políticos conservadores han ajustado sus estrategias electorales a la intención original de la circunscripción nacional, diseñada para promover liderazgos de alcance nacional en lugar de una concentración regional del voto. Los autores concluyen que los senadores conservadores continúan concentrando sus votos en unos pocos departamentos, limitando el alcance nacional de la circunscripción y afectando la representación en el Senado. Este resultado pone de manifiesto que las normas electorales no han logrado incentivar una distribución efectiva del voto ni fomentar liderazgos nacionales, reflejando, además, las dificultades de los partidos tradicionales para conservar su relevancia en la política nacional, un fenómeno observable no solo en América Latina, sino también a nivel global.
Desigualdades
Algunas perspectivas sobre la democracia han dejado de lado, por acción u omisión, una cuestión importante sobre qué tan compatible es la democracia con las desigualdades, sobre todo en un continente como el Latinoamericano. Pero otras perspectivas han advertido lo riesgoso que es para la democracia que se amplíen las brechas económicas, políticas y sociales. Los trabajos de Ferrer Sánchez (2025) y de Subinas y García-Rendón (2025) en este dossier se insertan en la segunda concepción y presentan unos trabajos comparados sobre democracias, desigualdades y condiciones materiales.
Ferrer Sánchez (2025) parte de los desarrollos teóricos que plantean que la pobreza generalizada y las grandes desigualdades económicas merman la cohesión social y erosionan los regímenes democráticos. Para desarrollar su punto realiza una investigación desde una aproximación cuantitativa, en la que compara a los países de América Latina con los países miembros de la OCDE y muestra que entre ambos grupos de países hay una brecha en indicadores de desigualdad, pobreza, gasto social y desarrollo económico. De esa forma, discute cómo estos factores condicionan de forma diferenciada a ambos grupos de Estados alrededor de la confianza en los representantes políticos, las instituciones democráticas y sus compatriotas. He aquí una conexión entre dos promesas incumplidas de las democracias.
Por otro lado, Subinas y García-Rendón (2025) analizan los factores que influyen en el nivel de indiferencia ciudadana hacia la democracia en América Latina. Para medir dicha indiferencia, los autores emplean como variable dependiente —en un modelo de regresión logística— el porcentaje de personas que, en la encuesta del Latinobarómetro, respondieron "A la gente como yo nos da lo mismo un gobierno democrático que uno no democrático" a la pregunta sobre el apoyo al régimen democrático, una tendencia que ha mostrado un incremento constante en los últimos años en varios países de la región.
Los autores plantean que la indiferencia democrática no se explica exclusivamente por la valoración o confianza en las instituciones, sino que está profundamente influenciada por las condiciones materiales que determinan la relación efectiva del ciudadano con el régimen político (pp. 3-4). Desde esta perspectiva, argumentan que las vulnerabilidades económicas y sociales restringen la participación ciudadana en los espacios de debate público, lo que puede llevar a percibir la política como algo prescindible. Los resultados del modelo estadístico confirman esta hipótesis al mostrar que las variables relacionadas con la posesión de bienes y servicios son significativas, indicando que las personas con mayores niveles de bienestar material tienden a ser menos indiferentes hacia el régimen político.
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