Introducción
Este artículo sostiene que una de las características más ambiguas del capitalismo de Estado en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador (1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024) ha sido la apuesta por la militarización de la infraestructura en diferentes sectores, como motor para integrar y constituir centros económicos en zonas previamente marginalizadas, de manera que promueven la diversificación económica, la modernización industrial y la integración en las cadenas de valor globales. La investigación se centra en el tema de infraestructura para la energía renovable en un contexto militarizado a través del proyecto Helax Istmo, una inversión privada danesa para producir hidrógeno y generar amoniaco verde en Ciudad Ixtepec, en el estado de Oaxaca. Dicho proyecto expone cuáles son los mecanismos utilizados para promover los llamados megaproyectos de infraestructura y cuáles han sido las primeras respuestas ante su llegada a las comunidades afectadas, en un marco de gestión -desde el nivel federal- llamado Polos de Desarrollo para el Bienestar (PODEBIS), que, a su vez, forman parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), que va desde Salina Cruz, estado de Oaxaca hasta Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz. Y por medio de un recuento de las decisiones impulsadas por López Obrador -vinculadas a la extensión de las funciones de las Fuerzas Armadas de México (FFAA) en los megaproyectos de infraestructura y los múltiples intentos del gobierno para evitar cualquier interrupción de las medidas tomadas- es posible relatar cuáles han sido las condiciones y las circunstancias que han permitido al gobierno consolidar su visión de capitalismo de Estado y economía verde con el apoyo de las FFAA, y por qué ha generado resistencia en las comunidades locales afectadas.
Dos preguntas guiaron esta investigación de corte metodológico inductivo- cualitativo: ¿Cómo se relaciona el capitalismo de Estado, la economía verde y la militarización de infraestructura resumida en el Proyecto Helax? y ¿qué implicaciones sociales, medioambientales y económicas trae para las comunidades locales en este caso?
Mediante una estrategia inductiva y el rastreo de procesos normativo-políticos, se realizó la recolección de datos específicos para contestar estas preguntas, sumando una metodología de corte cualitativo que consistió en indagar procesos de toma de decisiones, acuerdos y marcos de acción de los actores implicados, para generar un análisis de un caso específico que, a pesar de su singularidad, contiene dimensiones importantes que permiten acercarse a otros ejemplos de megaproyectos de infraestructura militarizada en el sexenio de López Obrador.
Siguiendo la introducción, el próximo apartado contextualiza el capitalismo de Estado y la economía verde durante el sexenio de López Obrador. Posteriormente, se revelan los cambios en los marcos regulatorios para afianzar la militarización de la infraestructura. Las siguientes secciones exponen el megaproyecto de infraestructura CIIT, que abarca el caso del proyecto Helax Istmo en un contexto militarizado y la resistencia de las comunidades locales afectadas. Por último, se presentan las conclusiones y se proponen algunas pistas para futuras investigaciones sobre estos temas.
Capitalismo de Estado y la economía verde durante el sexenio de López Obrador
En los últimos años, como bien lo señalan Ilias Alami, Adam D. Dixon y Emma Mawdsley, ha habido una “ampliación” del papel del Estado “como promotor, supervisor y propietario de capital, resultando en nuevos marcos institucionales y configuraciones de las relaciones Estado-capital” (Alami et al., 2021, p. 1298), que se sustenta en tres formas de estatismo: “políticas tecno-industriales, planes nacionales de desarrollo y nacionalismo económico”, que, a su vez, se han “expandido (en combinación dialéctica con la expansión de híbridos Estado- capital), y que han adoptado modalidades más agresivas, al mismo tiempo que se han hecho más presentes en las geografías de políticas que traspasan las fronteras de división Norte/Sur” (Alami et al., 2021, p. 1303). De hecho, el regreso de las políticas de planificación industrial y espacial ha estado “entrelazado con el resurgimiento de varias formas de nacionalismo económico y neomercantilismo en un contexto geopolítico turbulento” (Alami et al., 2022, p. 257), en el cual, la dimensión de la seguridad nacional ha adquirido mayor prominencia.
Estos argumentos son relevantes para entender el nacionalismo económico y los discursos sobre la soberanía energética, en la visión sobre México de López Obrador. Según Inés Durán Matute y Alke Jenss (2025), la militarización del sector energético en México está históricamente vinculada a una visión del sistema energético centrada en los combustibles fósiles, que, aunque parcialmente estatal, sigue priorizando la extracción de estos recursos. PEMEX, la empresa petrolera mexicana financieramente endeudada, ha sido durante mucho tiempo un símbolo de la provisión de combustible accesible y la creación de empleos. López Obrador ha puesto un énfasis significativo en restaurar el control estatal sobre este recurso vital. Sin embargo, la (re)nacionalización del sector energético se ha implementado de manera fragmentada, permaneciendo en gran parte dependiente de los combustibles fósiles y beneficiando a grandes consumidores, como los productores industriales. Mientras defendió empresas productivas estatales -como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (PEMEX)- como empresas fundamentales para la soberanía energética, al mismo tiempo abrió la puerta para que el Estado participara en la carrera por la creación de nuevos mercados de energías renovables. En dicha carrera, que involucra territorios locales, que a su vez se vinculan con el nivel estatal, federal y global, “los Estados y actores privados compiten por rediseñar territorios financiando, construyendo y controlando infraestructura a gran escala en países en vía de desarrollo [buscando] mejorar la competitividad económica mediante una mayor conectividad a las cadenas de valor transnacionales” (Kanai & Schindler, 2019, p. 303, referido en Alami et al., 2022, p. 257), una tendencia notable en el proyecto Helax Istmo.
Efectivamente, desde una amplia gama de medidas que favorecen al capital financiero extranjero -reformas fiscales, disposición de una red del Estado que proporciona seguridad para los inversores en activos de desarrollo- hasta la protección de sus ganancias frente a los riesgos de demanda asociados a los activos de infraestructura mercantilizados y frente a riesgos políticos (incluida la regulación climática), son solo algunos de los seguros que el capital extranjero tiene al presentar programas de esta categoría; provocando que los riesgos asociados con los megaproyectos de infraestructura se trasladen al balance del Estado (Gabor, 2021). Sin embargo, esta tendencia (o paradigma) conocida como el derisking state requiere que el Estado asuma más riesgos y se acomode a diferentes tipos de inversiones de capital y de intereses. Ahora bien, en el sexenio de López Obrador dicha tendencia se manifestó en la acumulación de capital mediante una agenda política centralizada y personalizada, basada en un papel central para las empresas productivas del Estado.
En efecto, el Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024) eleva la independencia energética del país como una vía para salvaguardar la soberanía nacional, aludiendo al “patriotismo petrolero” del presidente Lázaro Cárdenas, quién al igual que López Obrador fue una gran figura de los líderes populistas y contaba con un amplio respaldo del pueblo a la hora de presentar sus iniciativas nacionales. Así, optó por una política de rescate de la industria petrolera y eléctrica basada en el carbón, contradiciendo los compromisos del Gobierno federal y socavando la lucha contra el cambio climático y la transición a energías renovables. Sin embargo, el balance es mixto; al mismo tiempo, megaproyectos como el parque fotovoltaico del estado de Sonora, la expansión de los parques eólicos, así como el proyecto Helax Istmo, son ejemplos de la diversificación de la producción de energía. Ciertamente, López Obrador optó por asegurar un “acoplamiento estratégico” de la CFE con el proyecto Helax Istmo y las cadenas globales de valor, a través de una instrumentalización de estrategias de planificación espacial a mayor escala, “para constituir territorios funcionales que puedan conectarse a las cadenas globales de valor con el fin de fomentar la modernización industrial y el crecimiento orientado a la exportación” (Schindler & Kanai, 2021, p. 44, referido en Alami et al., 2021, p. 1304).
En esta sintonía, cabe mencionar el Decálogo de acciones contra el cambio climático que presentó López Obrador en el Foro de las Principales Economías sobre Energía y Clima el 17 de junio de 2022 (Gobierno de México, 2022).
[i]Fuente: elaboración propia con base en la información del blog del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (“Presidente presenta decálogo…”, 2022).
También cabe mencionar la iniciativa de reforma constitucional en materia de industrias estratégicas presentada el 5 de febrero de 2024 por el poder ejecutivo. Como resultado de las modificaciones al artículo 25 constitucional, la CFE y PEMEX no se denominan más como “empresas productivas del Estado”, sino como “empresas públicas del Estado”. El servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos son áreas estratégicas en las que el Estado ejerce funciones exclusivas. Ahora bien, no excluye la participación de las empresas privadas en el sector energético, sin embargo, establece que las empresas públicas estatales tendrán preponderancia de mercado respecto a la explotación y distribución de los recursos energéticos (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2024). Así pues, el capitalismo de Estado estuvo ligado a la economía verde en el sexenio de López Obrador. Como se verá a continuación, en este proceso ha habido una fuerte presencia de las FFAA debido a su involucramiento en varios megaproyectos de infraestructura. En realidad, desde 2007, las FFAA han estado involucradas en diversas actividades económicas, incluyendo proyectos de construcción para el Gobierno federal, particularmente aquellos relacionados con infraestructura, que no pasaron por procesos de licitación pública. Ha sido difícil de rastrear los numerosos subcontratistas y socios vinculados al ejército que están en estas actividades. Además, durante mucho tiempo la SEDENA y la SEMAR han proporcionado seguridad a PEMEX y han garantizado la estabilidad del suministro energético del país (Durán Matute & Jenss, 2025).
Cambios en los marcos regulatorios para afianzar la militarización de la infraestructura
La militarización de México tomó fuerza con el despliegue de las FFAA para tareas de seguridad pública durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), tendencia que se profundizó en el sexenio de Enrique Peña Nieto (Romero Vadillo, 2024, pp. 23-27). En la administración de López Obrador, la militarización se ha acelerado drásticamente con la incorporación de la Guardia Nacional (GN) bajo la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la transferencia de nuevas funciones civiles a los cuerpos castrenses en tareas ajenas a la seguridad pública (Durán Matute & Jenss, 2025; Hochmüller & Pérez, 2024; Romero Vadillo, 2024, pp. 27-31). Sin embargo, como lo señala el informe “El Negocio de la Militarización: Opacidad, poder y dinero” de la asociación civil México Unido Contra la Delincuencia:
Cada peso que se va a las instituciones castrenses es un peso menos para las instituciones civiles; así, aumentar el poder económico de las primeras impide que las segundas se fortalezcan y cumplan sus fines, reforzando una percepción negativa de la sociedad que alimenta el discurso de que solo los militares pueden cumplir con las funciones del Estado. (México Unido Contra la Delincuencia [MUCD], 2022, p. 18)
Otro aspecto importante tiene que ver con la discrecionalidad de poder del ejecutivo. En realidad, los cambios en el presupuesto para las FFAA son determinados por el presidente a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Además, existe una relativa alta discrecionalidad del poder ejecutivo para realizar las adecuaciones o modificaciones presupuestarias según sus preferencias. Si bien
La Cámara de Diputados puede emitir una opinión con relación a estas modificaciones, es solamente una facultad potestativa sin efecto legal alguno [y México] es de los pocos países de la OCDE donde se puede modificar el presupuesto aprobado sin límite y sin necesitar el visto bueno del Legislativo. (MUCD, 2022, p. 18)
Esta prerrogativa López Obrador la empleó para dotar a las FFAA de recursos adicionales. Ahora bien, no solo tienen más presupuesto a su disposición, sino que las áreas prioritarias del desarrollo nacional -como la construcción de infraestructura pública, la salud, la educación y el comercio exterior, entre otras- quedan a cargo de las FFAA, desplazando y debilitando a las instituciones civiles (Durán Matute & Jenss, 2025; Hochmüller & Pérez, 2024; MUCD, 2024; Pansters & Serrano, 2024). Todo esto pese a que, constitucionalmente, las FFAA solo pueden desempeñar tareas de seguridad nacional y, de manera excepcional, tareas en apoyo a la seguridad pública, mientras que la construcción de obras públicas, la administración de puertos o la operación de aerolíneas y aeropuertos no están relacionadas con estas facultades. En esta discusión, es imprescindible identificar algunos cambios en los marcos regulatorios que han permitido esta tendencia.
Primero, uno de los seis Objetivos Prioritarios en el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2019-2024 de la administración de López Obrador, asentó en mayor ámbito la participación de la SEDENA; el objetivo 4: “Apoyar las acciones gubernamentales en materia de Seguridad Pública, Bienestar Social y Desarrollo Económico en beneficio de la población del país”. En breve, se encuentra la contribución con el Gobierno “en la materialización de infraestructura en el país que permitirá el desarrollo económico y cultural de la población mexicana, lo que sin duda contribuye a fortalecer el bienestar de esta” (“Programa Sectorial…”, 2020).
Incluso, para el logro de los Objetivos Prioritarios se desarrollaron diversas Estrategias Prioritarias, en el caso del objetivo 4, y particularmente para la acción mencionada anteriormente, existe la Estrategia Prioritaria 4.2: “Participar en la materialización de los proyectos de infraestructura del Gobierno de México para fortalecer la economía nacional y regional”, con tres acciones puntuales dentro de las cuales es importante resaltar la 4.2.3: “Contribuir con la construcción de la infraestructura del Gobierno de México de obras sociales que permitan el progreso del país, en coadyuvancia con las demás instituciones públicas del país” (“Programa Sectorial…”, 2020). Dichos puntos revelan la militarización, no solo de la infraestructura, sino también de políticas públicas en el sexenio de López Obrador.
Estas medidas, de facto, han desposeído facultades de algunas Secretarías (como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de Energía (SENER)) que cuentan con conocimientos específicos sobre temas relacionados a los megaproyectos. Según los críticos, entregar los proyectos de infraestructura a los militares, involucrando a ingenieros militares y soldados para su construcción es problemático debido que no poseen este tipo de conocimiento especializado e institucionalizado, sino más amplio y generalizado, situación que no podría paliar cursos de capacitación (Ravelo, 2023).
Segundo, durante el sexenio de López Obrador, las FFAA han ido incorporando tareas de protección del medio ambiente a sus actividades determinadas. Ahora bien, la participación de la SEDENA en obras públicas se encuentra dentro del marco legal debido a que se fundamenta en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), que establece que puede dar asesoría militar en todo tipo de obras en el país (esto previo a la administración de López Obrador), y en el artículo primero de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana (LOEFAM), que contempla su participación en el desarrollo de obras sociales que contribuyan al desarrollo nacional (Instituto Mexicano para la Competitividad [IMCO], 2023).
Justamente, la LOAPF, desde el 11 de enero de 2021, sufrió adiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), como la que aparece en la fracción XX del artículo 29, relativo a las competencias y atribuciones de la Secretaría de la Defensa Nacional. Dicha adición dice: “XX. - Establecer acuerdos de colaboración con las instituciones ambientales a efecto de capacitar a los integrantes del servicio militar para la ejecución de actividades tendientes a proteger el medio ambiente” (Ley Orgánica de la Administración Pública Federal [LOAPF], Artículo 29, Fracción XX). Lo anterior ofrece una posibilidad y obligación para la SEDENA, cuyo fin es dar certeza jurídica a los acuerdos y convenios de colaboración, que permitan instrumentar acciones concretas en materia de capacitación y ejecución de actividades para la protección del medio ambiente. Sin embargo, cabe recordar que la SEDENA tiene su propia interpretación de “instituciones”, “capacitación” y “actividades tendientes a proteger el medio ambiente” (“El papel del Ejercito…”, 2021), lo que representa un enfoque y una ejecución no civil, por mucho que se pretende integrar metas e indicadores civiles, por ejemplo, en torno al desarrollo sostenible.
Efectivamente, todos estos cambios regulatorios han permitido un crecimiento notable, de acuerdo con el extitular de la SEDENA (General Luis Crescencio Sandoval González), entre 2019 y 2023, el número de obras en las que ha participado dicha Secretaría asciende a 2 823, lo que constituye un incremento significativo comparado con el periodo entre 2006 y 2018 que participó en la construcción de 851 obras civiles y militares (IMCO, 2023).
Tercero, en el caso de la Secretaría de Marina (SEMAR), la ampliación de participación de esta dependencia comenzó en 2020 cuando el Senado modificó algunas disposiciones de la LOAPF. Como resultado, se trasladó facultades de la SCT a la Marina para regular las comunicaciones y transportes por agua, así como formular y conducir las políticas y programas para su desarrollo, de acuerdo con las necesidades del país. La Marina podrá construir, reconstruir y conservar las obras marítimas portuarias y de dragado que requiera el país, o en su caso, autorizarlas cuando sobrepasen sus capacidades técnicas y operativas. También tiene la facultad de adjudicar y otorgar contratos, concesiones y permisos para el establecimiento y explotación de servicios relacionados con las comunicaciones y transportes por agua, mediante embarcaciones o artefactos navales (Senado de la República, 2020)
El cuarto punto tiene que ver con la decisión de López Obrador de blindar los megaproyectos de infraestructura. El 22 de noviembre de 2021, el exmandatario publicó el decreto que “declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México”, por el cual se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) a realizar las acciones que se indican, en relación con proyectos y obras del gobierno considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional (Pérez, 2021).1 Además, López Obrador ordenó a toda la APF a otorgar la autorización provisional, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos, “y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y ejercicio de los presupuestos autorizados”, estableciendo que los permisos provisionales serán emitidos en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de solicitud, asimismo, la autorización provisional tendrá una vigencia de doce meses, periodo en el cual se deberá obtener la autorización definitiva (Pérez, 2021).
En realidad, las dos tendencias -la decisión de blindar los megaproyectos de infraestructura y su militarización- persisten en la opacidad. Por ejemplo, no es posible conocer, de forma completa y detallada, las condiciones en las cuales ocurren las subcontrataciones de la SEDENA a otros actores para cumplir con los proyectos de obra pública, tampoco está claro los recursos que destina la SEDENA a la construcción de obras para otras instituciones públicas tras la figura de convenios de colaboración. En efecto, las FFAA se han convertido en una nueva cúpula política y económica, administradora de varias acciones presupuestarias y pieza clave en el uso y control de los recursos, así como de ingresos de megaproyectos de la actual administración; sin fiscalización ni transparencia (Hochmüller & Pérez, 2024). O, como lo plantean Inés Durán Matute y Alke Jenss: “El gobierno ha creado un actor económico poderoso, con recursos militares, y el público no tiene casi ningún medio para disputar sus actividades” (Durán Matute & Jenss, 2025).
En esta discusión, cabe mencionar la iniciativa de López Obrador de desaparecer el órgano autónomo encargado de garantizar el acceso de la ciudadanía a la información, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). El artículo 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública plantea que “toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona”, y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. El artículo 110 de esta misma norma agrega que en “la información reservada se podrá incluir aquella que se comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable” (Pérez, 2021). Ahora bien, el INAI presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) contra el mencionado decreto. El 18 de mayo de 2023, la CSJN invalidó dicho decreto, sin embargo, pocas horas después, López Obrador emitió y firmó un nuevo decreto por el cual se declaran a las obras de infraestructura a nivel federal como de seguridad nacional (“AMLO emite…”, 2023).2
Todo lo anterior se refleja en la nacionalización de tres tramos de vías ferroviarias concesionadas a Ferrosur, propiedad de Grupo México, para completar los tramos del Corredor Interoceánico. En la madrugada del 19 de mayo de 2023, elementos de la Marina tomaron control de las instalaciones ferroviarias en Coatzacoalcos, en acatamiento al decreto presidencial que ordenó su ocupación temporal inmediata, a través de su publicación en el dof (Muñoz, 2023).
Capitalismo de Estado militarizado: el ejemplo del megaproyecto de infraestructura CIIT
El CIIT fue anunciado oficialmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en la presentación del Programa de Desarrollo para el Istmo de Tehuantepec durante la Conferencia Binacional de Infraestructura el 17 de junio de 2019. Una “inversión pública y privada histórica”, según el discurso oficial; dicho programa pretende impulsar una nueva manera de ver el desarrollo, reducir el estancamiento derivado de la falta de inversión, generar empleos y conservar, restaurar e incrementar los recursos naturales y la biodiversidad, incluso, reforzar y difundir la diversidad lingüística y cultural. Además, aspira a generar bienestar social para una región con altos índices de pobreza. Precisamente, varios megaproyectos de infraestructura de la administración de López Obrador tienen un enfoque de inclusión, aunque una de las líneas de crítica afirma que se busca “integrar a los no integrados a una visión de desarrollo dominante sin haber consultado, si a esto es a lo que aspiran los pueblos en particular, y si pretenden ser integrados a los circuitos económicos” (Ceceña et al., 2020, p. 18).
En términos legales, el 14 de junio de 2019 se publicó el decreto que establece el CIIT como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, no sectorizado, bajo la figura de Junta de Gobierno y un director general (el almirante Raymundo Ángeles Morales, actualmente secretario de la SEMAR -gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum-). El 27 de julio de 2022, la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados aprobó una reforma para que la SEMAR pudiera construir y administrar obras de interés y seguridad nacional, y le dio atribuciones expresas de vigilancia en áreas estratégicas y prioritarias vinculadas al desarrollo marítimo, que tienen impacto en el desarrollo económico del país (Saldierna & Méndez, 2022). El 18 de octubre de 2023, el Senado de la República aprobó ampliar las facultades de la SEMAR en materia de infraestructura, vigilancia y protección de áreas estratégicas y prioritarias vinculadas al desarrollo nacional, dándole el control total del CIIT (Páez, 2023).
El CIIT es un corredor multimodal cuyo objetivo es “instrumentar una plataforma logística que integre la prestación de servicios de administración portuaria y su interconexión mediante transporte ferroviario” (“Decreto por el que se crea el organismo público…”, 2019), por medio de inversión pública y privada, que además posee la capacidad de realizar actos jurídicos que considere necesarios para “promover la capacidad productiva de la región y modernizar la infraestructura física” (“Decreto por el que se crea el organismo público…”, 2019). En realidad, funciona como una zona libre que garantiza la participación y apoyo de los Gobiernos estatales y municipales, una mejora regulatoria que implica la agilidad de trámites para solicitud de concesiones, Proyectos para la Prestación de Servicios (una modalidad de las Asociaciones Público-Privadas) y certidumbre jurídica para las inversiones. Las empresas que decidan instalar sus operaciones dentro del Corredor cuentan con condiciones favorables: “El crédito fiscal […] será equivalente al 100 % del impuesto sobre la renta […] durante tres ejercicios fiscales, contados a partir de aquel en el que los contribuyentes obtengan la constancia [de la SHCP]. Y será del equivalente al 50 % del impuesto sobre la renta en los tres ejercicios fiscales subsecuentes, o de hasta el equivalente al 90 % en el caso de que se superen los niveles mínimos de empleo” (“Decreto por el que se fomenta…”, 2023).3
Desde una postura crítica, el CIIT representa una Zona Específica de Intensa Acumulación (Rosales & Sandoval (2024) dixit), que además refleja “un avance muy importante en el control del territorio sur de México por el capitalismo transnacional” (Rosales & Sandoval 2024, p. 115). Efectivamente, las dimensiones transnacionales del capitalismo estatal contemporáneo se manifiestan en “su participación en circuitos globales de producción, finanzas, infraestructura y propiedad corporativa, así como en la integración transnacional de las élites capitalistas estatales” (Alami et al. 2022, p. 254).
Evidentemente, tanto el CIIT como el proyecto Helax son ejemplos de cómo López Obrador concedió al Estado un papel más activo en los mercados como participante, propietario de capital, agente empresarial y regulador de la estrategia industrial (cf. Schindler et al., 2022). Sin embargo, su versión de capitalismo de Estado, liderado por las FFAA, se caracteriza por una limitada rendición de cuentas y obstáculos para el acceso a la información, puesto que, por decreto, el presidente clasificó los megaproyectos de infraestructura de su administración como “asuntos de seguridad nacional” y, por lo tanto, los datos quedan protegidos de manera confidencial. Indiscutiblemente, la inclusión de las FFAA en la agenda económica fue distintiva de su administración. Mediante dichas iniciativas, se observa una nueva distribución institucionalizada de riesgos y recompensas entre los Estados e inversionistas (cf. Gabor, 2021), en la que la SEDENA y la SEMAR desempeñan roles cruciales. Sin embargo, otorgar a las FFAA un papel más allá de sus funciones tradicionales y considerarlas como el principal socio para el desarrollo -en lugar de algunas secretarías de Estado o expertos civiles destacados- plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de este arreglo, especialmente en lo que respecta a las dimensiones sociales y ambientales; por ejemplo, los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental y las consultas previas, que correspondía hacer sobre megaproyectos de infraestructura, han sido deficientes o inexistentes en su administración (Gasparello, 2020). Justamente, el proyecto Helax Istmo exhibe estas interrogantes.
El proyecto Helax Istmo en un contexto militarizado y la resistencia de las comunidades locales
Desde el siglo XVI hasta la actualidad, el Istmo de Tehuantepec representa una región de tensión histórica entre los derechos de propiedad indígenas4 y la expansión de los intereses comerciales; y, a pesar de la nueva retórica sobre la protección de dichas comunidades y sus recursos naturales, el cambio hacia el llamado desarrollo sostenible no ha cambiado esta dinámica (Alonso Serna, 2021; Hernández Vásquez et al., 2022; McClure, 2022; Mejía et al., 2020).
La conflictividad alrededor de megaproyectos de energía renovable sucede en un contexto sumamente complejo en los niveles nacional, estatal y local. En el impulso de estos proyectos convergen diversos intereses -materiales, poblaciones, instituciones y territoriales- que impactan en mayor o menor medida, positiva o negativamente, así como las distintas visiones de desarrollo. En consecuencia, el proyecto Helax Istmo ilustra el dilema de crecimiento y desarrollo, en el que los daños a los derechos, preferencias, usos y costumbres de las comunidades locales se suman al despojo territorial e identitario de los pueblos originarios, modificando sus actividades tradicionales, su rol desempeñado en su comunidad e inclusive su conexión pueblo-naturaleza (Ceceña et al., 2021).5
El 22 de diciembre de 2023, la empresa Helax Istmo, subsidiaria del fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners p/s (CIP), firmó un convenio con el CIIT y con la SEMAR. El CIP es el mayor administrador de fondos del mundo dedicado a inversiones en energías renovables nuevas y líder mundial en energía eólica marina, a través de sus Fondos de Mercados de Crecimiento II y Fondo de Transición Energética I, proyecta una inversión de 10 000 millones de dólares, que será uno de los proyectos de energía verde más importantes de América.6 En realidad, la concesión de uno de los podebis dentro del CIIT, en la Ciudad Ixtepec, fue un proceso de adjudicación directa a Helax Istmo, lo que muestra cómo las autoridades se han esforzado para generar un ‘ámbito propicio’ para las inversiones en el mercado de hidrógeno y amoniaco verdes.
La planta se ubicará en dicha ciudad (que abarca 412,54 hectáreas), desde donde se transportará el amoniaco verde a través de ductos hasta el nuevo puerto de Salina Cruz, donde la empresa construirá un muelle y de ahí será exportado al mundo.7 Se espera que la fase de construcción generará 15 000 empleos y la fase de operación 3 000 empleos directos (Velásquez, 2024).
El discurso oficial del memorando celebra el proyecto, “contribuyendo materialmente a los objetivos de desarrollo sostenible de México, así como a la descarbonización de la industria naviera a nivel mundial” (Copenhagen Infrastructure Partners [cip], 2023). Dicho memorando fue firmado en presencia del presidente López Obrador, quien alabó el impacto transformador de esa iniciativa. El mismo memorando expresa que el proyecto se someterá a consultas indígenas y sociales formales conforme a la ley mexicana. Se contempla una fase de construcción de aproximadamente tres años (iniciando entre finales de 2026 y principios de 2027), para que en el 2030 empiece la producción de hidrógeno verde en el Istmo de Tehuantepec (GeoComunes, 2024).
Con este proyecto, el Estado se ha convertido en generador de nuevos mercados, con el apoyo de capital extranjero sujeto a un régimen particular de regulación y ejecución operado por la SEDENA y la SEMAR, con la lógica de generar rentabilidad verde dentro de los PODEBIS. En efecto, según el Manual General de Organización del CIIT, entre las funciones de la SEMAR destaca el punto VII:
Colaborar en la gestión y coordinación institucional entre adjudicatarios, concesionarios, cesionarios o inquilinos que se encuentren instalados en los Polos de Desarrollo para el Bienestar con los tres órdenes de gobierno y el sector privado, a través de la participación en órganos colegiados, comisiones, instancias o grupos de trabajo que se integren para la formulación e implementación de recomendaciones sobre el ambiente de negocios en los PODEBIS. (“Manual General de Organización…”, 2024. La cursiva es nuestra)
En su discurso en el foro “La ola del nearshoring: Retos y oportunidades para el desarrollo portuario”, del 4 al 6 de septiembre de 2024, el exdirector general del CIIT, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, aparte de recalcar la importancia de la iniciativa Helax Istmo (que también proyecta 25 000 hectáreas de parques eólicos), mencionó las consultas con la población indígena de manera libre e informada. Dijo:
Para que les convenga a las comunidades que se instalen este tipo de industrias, tenemos que llevarles la certeza de que es en beneficio de ellos, algunas industrias de este tipo se instalan en terrenos de cultivo, en terrenos de riego y desafortunadamente una vez que ya se instaló el parque eólico produce muy poquitos empleos y la derrama económica hacia la comunidad es muy poquita [Prosiguió:] a la empresa le exigimos que no se instalen los parques eólicos en zonas de cultivo, en zonas que la gente utiliza para su desarrollo, sino que se fueran a las montañas, a las áreas donde no producen hoy nada y que, al contrario, les pagáramos una renta a los propietarios por esas tierras [Agregó:] Esto nos ha permitido que la gente esté esperando la consulta indígena para dar su aprobación, porque ya les urge que empecemos a desarrollar este proyecto. (Secretaría de Marina Armada de México, 2024).
En realidad, desde finales de 2023, Helax Istmo aumentó su presencia en Comitancillo, un municipio zapoteca, situado aproximadamente a media hora en auto de la Ciudad Ixtepec. La empresa tuvo la intención de rentar 3 070 hectáreas de tierras en donde se produce maíz, calabaza y múltiples plantíos frutales, de un total de 8 000 hectáreas, que posee el Ejido de San Pedro Comitancillo, para colocar miles de paneles solares para producir 500 MW que, junto con la energía de cinco nuevos parques eólicos en tierras de Ixtepec y Ixtaltepec, abastece la planta de hidrógeno verde en Ixtepec (y todavía más empresas) (Bessi, 2024; López Morles, 2024).
Al principio de 2024, Hugo Aguilar, coordinador general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), pidió a las autoridades de la SENER y la CFE, así como a los representantes de Helax Istmo, que se abstuvieran de promover presuntos beneficios (económicos o sociales) a los ejidatarios y campesinos de este municipio, puesto que mientras no inicie el proceso de consulta entre la población (con respecto a si aceptan o no la instalación de miles de paneles solares en sus tierras), nadie debe promover nada porque dichas acciones ocasionan que el proceso de consulta se vicie (López Morles, 2024). No obstante, varios ejidatarios y campesinos denunciaron que les propusieron que con el dinero de la renta anual por sus parcelas ejidales tendrían suficiente dinero para vivir y para el futuro de sus hijos. Según un folleto difundido, la empresa ofreció “un pago anual por hectárea de 540 pesos, durante los primeros cuatro años, por reserva, y desmonte de todo tipo de vegetación; y, posteriormente, una vez que arranque el proceso de generación eléctrica de 500 megavatios, con la operación de miles de paneles solares […], la compañía […] pagará 23 000 pesos por hectárea al año” (López Morles, 2024), montos cuestionables desde un aspecto de sostenibilidad económica para los propietarios y cuidadores de estos terrenos.
De hecho, a finales de enero de 2024:
Representantes de Helax Istmo […] se presentaron en la asamblea ejidal […] para dar información general sobre el proyecto [y] propusieron someter a la consideración de los ejidatarios la aplicación de una consulta indígena a la población en general [pero] La asamblea llegó a la conclusión de que no era momento de tomar semejante decisión y se determinó que se analizará la posible aplicación de una consulta en una reunión donde no estuvieron los representantes de la empresa. (Bessi, 2024)
Cabe mencionar testimonios de la población respecto a cómo la empresa intentó dar un cierto giro al tema, promoviendo el parque solar como un proyecto impulsado por el expresidente López Obrador, como revela la investigación de Avispa Mídia y GeoComunes (medio de comunicación independiente y asociación civil, respectivamente) (Bessi, 2024). Al parecer, se intentó aprovechar de su popularidad; “en un primer momento lo plantean como un proyecto del Gobierno, para después, decir que es dinero privado” (Bessi, 2024). Aunque varias personas en la zona consideraron que las visitas domiciliarias a los ejidatarios fueron inmorales y que se buscaba manipular opiniones para respaldar el proyecto, “en el fondo [era] una labor de convencimiento individual a los ejidatarios, preparando el terreno para un posible ejercicio de consulta gubernamental” (Bessi, 2024).8 Según uno de los testimonios, “desde el momento en que la empresa inició las visitas individuales a los ejidatarios la consulta dejó de ser libre, previa, informada y culturalmente adecuada, como plantea los estándares internacionales” (Bessi, 2024).
Ahora bien, en términos de cumplir con marcos regulatorios, no existió “la aprobación de la Evaluación de Impacto Social necesaria para que cualquier empresa desarrolle un proyecto energético” y, mientras no se apruebe este permiso, según artículo 86 del reglamento de la Ley de Industria Eléctrica, “la empresa no tiene autorizado empezar a negociar con los dueños de la tierra; si adelantan este proceso, cometerían una ilegalidad” (Bessi, 2024). Consecuentemente, la asamblea ejidal de San Pedro Comitancillo rechazó la venta de sus tierras a Helax Istmo, que se vio obligada de buscar alternativas en municipios aledaños (“San Pedro Comitancillo rechaza…”, 2024).
Todo lo anterior revela cómo los costos sociales y ambientales del capitalismo verde -manifestado en la transición energética- se externalizan espacialmente (hacia las periferias) y socialmente (mediados por clase, género y raza) (Brand & Wissen, 2021, pp. 30-31, referido en Alami et al. 2024, p. 3). La transición energética es facilitada por costos laborales más bajos, la acomodación estatal y la entrega de energía limpia a los países del centro del mundo capitalista (Alami et al. 2024, p. 3). Además, como lo observa Inés Durán Matute y Alke Jenss (2025):
Las corporaciones no se oponen necesariamente al rol del ejército en la infraestructura. De hecho, son bastante favorables a un Estado que prepara el terreno para la acumulación de capital […] Los vínculos energéticos -desde los oleoductos, refinerías y terminales de gas licuado hasta la producción adicional de energía a través de hidroeléctricas y paneles solares- y los corredores multimodales de transporte -barcos portacontenedores, camiones, trenes, junto con un sistema interconectado de puertos, carreteras y vías férreas-son útiles y necesarios para las corporaciones privadas que compiten en los mercados globales. (Durán Matute & Jenss, 2025)
Estos acontecimientos han sucedido en un contexto militarizado donde la presencia de las FFAA se refleja en la vida cotidiana de las personas que viven en esta región. Cabe recordar que, bajo la funcionalidad del capitalismo de Estado -en la visión de López Obrador- la presencia de las FFAA busca generar condiciones de seguridad para la inversión. En una solicitud de información respondida a El Sol de México, la SEDENA indicó que, entre el 1 de diciembre de 2023 y el 30 de junio de 2024, ha desplegado a 1 122 soldados para labores de vigilancia y seguridad en los PODEBIS en el Istmo de Tehuantepec. Ahora bien, esos elementos fueron independientes a los 5 612 desplegados para tareas de seguridad en el estado de Oaxaca (Ramos, 2024). El año pasado, El Universal Oaxaca había solicitado información de la SEDENA acerca del volumen de los operativos de seguridad del proyecto CIIT. Resulta que, “en los últimos 10 años se ha triplicado la presencia militar en Oaxaca, al pasar de 1 138 elementos en el año 2012, a 3 827 en 2021 y 3 515 en el año 2022” (Zavala, 2023); y, según el extitular de la SEDENA, “como parte de las operaciones de seguridad en las obras del Tren Transístmico, se ha empleado 17 bases de operaciones, 13 estaciones navales y 1 900 hombres” (Zavala, 2023). Así mismo, el Sexto Informe de Gobierno de López Obrador afirma que la SEMAR destinó 2 210 elementos para vigilar la seguridad en el Corredor Interoceánico (Gobierno de México, 2024, p. 60).
Otra razón importante detrás de esta tendencia tiene que ver con el riesgo de nuevas disputas o intensificación de disputas latentes entre el crimen organizado y grupos de personas por aprovechar las oportunidades económicas de los PODEBIS. Entre otros, la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) ha señalado que la seguridad pública y la seguridad jurídica son los principales retos para atraer inversiones a los PODEBIS, por lo que sería importante “fortalecer la presencia policial en la región para disuadir y combatir la delincuencia, así como asegurar que las rutas de traslado de materias primas y mercancías sean seguras” (Ramos, 2024).
Sin embargo, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) -presentada ante el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas- la militarización ha sido vinculada al desplazamiento forzado de comunidades indígenas en el contexto de megaproyectos de infraestructura. Estos proyectos no solo provocan desplazamientos, sino que también generan un entorno en el que se violan sus derechos humanos, especialmente en lo relacionado con el derecho a la consulta libre, previa e informada. Un ejemplo claro es el Tren Maya, mientras otros proyectos, como el Proyecto Integral Morelos y el CIIT, siguen patrones similares, con cuerpos militares encargados de la logística y construcción, facilitando el desalojo, reprimiendo protestas y priorizando la obra pública por encima de los derechos de los pueblos indígenas. Además, se han denunciado consultas que no cumplen con los estándares establecidos por el Convenio 169 de la OIT, de las cuales México es parte, convirtiéndose en simples formalidades para imponer los megaproyectos (Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos [CMDPDH], 2023)
En su último informe de finales de 2024 sobre el Proyecto Helax, GeoComunes señala:
Hasta ahora, la empresa Helax Istmo ha ingresado ante [SENER] una Evaluación de Impacto Social (EVIS) que sigue en evaluación, lo que permite a [SENER] justificar la clasificación de la información como reservada por una duración de 2 años […] Y en el cronograma presentado en el documento del CIIT, se menciona que la presentación y evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental [MIA] de carácter regional se hará hasta el segundo semestre de 2025 y el primero del 2026. (GeoComunes, 2024)
Lo notable es que, a pesar de la ausencia de permisos, se está planeando organizar los procesos de consultas en varios pueblos afectados durante el primer semestre del 2025, pero como bien se pregunta este informe: “Con base en qué documentación entonces se pretende “informar” a la población?” (GeoComunes, 2024). Efectivamente, como lo denuncia GeoComunes, existen sesgos informativos y los trámites mencionados “no [sirven] para realmente informar y discutir con la sociedad estos megaproyectos, sino únicamente como trámites burocráticos que dan más certidumbre a la inversión empresarial, no a la seguridad de las poblaciones” (GeoComunes (2024).
Todo lo anterior muestra que, en el marco del capitalismo de Estado bajo la tendencia hacia la economía verde, las FFAA se han consolidado como ejecutoras y custodias principales de varios megaproyectos de infraestructura que se inscriben en la transición a energías renovables, pero no ha habido una alteración en el fundamento; por el contrario, se perpetúan vías que facilitan la mercantilización (neoliberal) de la naturaleza y la legibilidad de la naturaleza para el capital (Castree, 2008; Robertson & Wainwright, 2013, referido en Alami et al. 2024, p. 2; cf. Alonso Serna, 2021; Montaño & Tornel, 2022), incluso, o quizás, sobre todo, mediante alianzas público-privadas como aquellas que figuran dentro del CIIT. Dicho de otra forma: “el ejército asume un papel importante en la adaptación de los espacios a las necesidades del capital, oscilando entre ser un actor disciplinador y económico”, además, satisface las solicitudes de las instituciones financieras internacionales en términos de “llenar los vacíos críticos de infraestructura” (Durán Matute & Jenss, 2025).
Conclusiones
Este artículo ha examinado el capitalismo de Estado, la economía verde y la infraestructura militarizada para energías renovables en la administración de López Obrador. Como se mostró, el proceso de empoderamiento de las FFAA se aceleró de forma exponencial y alarmante durante su administración, puesto que ahora la SEDENA y la SEMAR se encargan de ejercer, administrar y gestionar gran parte del dinero público, con opacidad, alta discrecionalidad y escasa rendición de cuentas, un hecho que va en detrimento directo del Estado de derecho y debilita a las instituciones. Asimismo, se abordó cómo la SEDENA y la SEMAR gradualmente han desplazado secretarías de Estado y expertos civiles, tomando el cargo de numerosos programas y proyectos de infraestructura energética, muchas de estas nuevas funciones han sido transferidas por medio de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
López Obrador ha elogiado a las FFAA por su honestidad y eficiencia, consideradas como un aliado clave por ser menos corrupto que las secretarías de Estado. Sin embargo, la participación, cada vez mayor, de las FFAA en actividades fuera de su campo tradicional minan el papel de las instituciones civiles democráticas debido al trato ventajoso que tienen sobre dichas instituciones, ocasionando la pérdida de poder civil ante la imposición militar sobre políticas públicas. Han surgido dudas respecto a transparencia y rendición de cuentas: ¿Hasta qué punto el Estado mexicano (a través de la SEDENA y la SEMAR, y sus holdings) se reserva el control de las inversiones para realizar los megaproyectos de infraestructura? ¿Hasta dónde se permite a los actores privados tener influencia en ellos? Contrastando con el discurso optimista, en donde la transformación de los estados del sur de México representa un círculo virtuoso, persisten dudas sobre la naturaleza de la presencia de las FFAA en las comunidades en donde se desarrollan proyectos de infraestructura para energías renovables. Efectivamente, en varias localidades del país en donde territorios están en disputa -como en San Pedro Comitancillo, Oaxaca, en el marco del proyecto Helax Istmo- se ha generado un ambiente conflictivo y militarizado bajo el argumento oficialista de garantizar seguridad, pero que en realidad se asemeja a una militarización de infraestructura crítica para servir al capitalismo de Estado que pinta de verde.
Es imperativo examinar sus resultados en los próximos años y averiguar hasta qué grado la resistencia de las comunidades locales se trata meramente como un contratiempo en la lógica de capitalismo de Estado y comercialización de recursos naturales -la apuesta está todavía en sus primeras etapas en el caso del proyecto Helax Istmo. Finalmente, queda para otra investigación la pregunta si la militarización de la infraestructura también implica una militarización del desarrollo en México.