10.12804/revistas.urosario.edu.co/desafios/a.14156
DOSSIER TEMÁTICO

Desigualdad y pobreza en Colombia y América latina.
Un análisis comparativo con los países de la OCDE

Inequality and Poverty in Colombia and Latin America.
Comparative Analysis of OECD Countries

Desigualdade e pobreza na Colômbia e na América Latina.
Uma análise comparativa com os países da OCDE

Albert Ferrer Sánchez¹

¹ Universidad de Barcelona (Derecho y Ciencia Política).
https://orcid.org/0009-0001-6333-4900
aferresa13@alumnes.ub.edu

Artículo recibido: 31 de enero de 2024
Artículo aprobado: 6 de mayo de 2024

Para citar este artículo: Ferrer Sánchez, A. (2024). Desigualdad y pobreza en Colombia y América latina. Un análisis comparativo con los países de la OCDE. Desafíos, 37(1), 1-49. https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/desafios/a.14156

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Resumen

Este artículo, en primer lugar, compara a Colombia con el resto de países latinoamericanos y con países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en términos de desigualdad, pobreza y protección social. Para ello, mide estos conceptos a partir de distintas variables y muestra su relación con el nivel de desarrollo económico. Segundo, analiza la desigualdad entre capital y trabajo, y las divergencias salariales en todos los países de la muestra. Tercero, examina la capacidad de organización del factor trabajo, el alcance de la negociación colectiva y su vinculación con la desigualdad económica y la pobreza. En cuarto lugar, evalúa los niveles de protección social y la efectividad del gasto social como herramienta para mitigar la desigualdad y la pobreza. En quinto y último lugar, examina la relación existente entre la desigualdad, la pobreza y la adhesión popular al sistema democrático.

Palabras clave: desigualdad; pobreza; protección social; América Latina; OCDE.

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Abstract

This article compares Colombia with the rest of Latin American and countries and the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) countries in terms of inequality, poverty, and social protection. To do so, it measures these concepts based on different variables and shows their relationship to economic development. Second, it analyzes the inequality between capital and labor and wage divergences in the sampled countries. Third, this study examines the organizational capacity of the labor factor, the scope of collective bargaining, and its link to economic inequality and poverty. Fourth, the levels of social protection and the effectiveness of social spending as a tool to mitigate inequality and poverty should be evaluated . Fifth and finally, it examines the relationship between inequality, poverty, and popular support for a democratic system.

Keywords: inequality; poverty; social protection; Latin America; OECD.

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Resumo

Neste artigo, a Colômbia é comparada com outros países da América Latina e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em termos de desigualdade, pobreza e proteção social. Para isso, nele, são medidos esses conceitos com base em diferentes variáveis e é mostrada sua relação com o nível de desenvolvimento econômico. Em segundo lugar, são analisadas a desigualdade capital-trabalho e a divergência salarial em todos os países da amostra. Em terceiro lugar, é examinada a capacidade de organização do trabalho, a extensão da negociação coletiva e sua ligação com a desigualdade econômica e a pobreza. Em quarto lugar, são avaliados os níveis de proteção social e a eficácia dos gastos sociais como uma ferramenta para mitigar a desigualdade e a pobreza. Em quinto e último lugar, é examinada a relação entre desigualdade, pobreza e adesão popular ao sistema democrático.

Palavras-chave: desigualdade; pobreza; proteção social; América Latina; OCDE.

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Introducción

A lo largo de la historia, muchos pensadores han definido la desigualdad social como una amenaza existencial para la estabilidad de los sistemas democráticos. En su obra Política, Aristóteles afirmó que las desigualdades sociales y las privaciones materiales severas socavan las bases de la democracia porque conllevan la exclusión política de las clases populares y alimentaban el odio de clase contra los ricos y sus propiedades. Para salvaguardar el régimen democrático de estos males, Aristóteles propuso incrementar el nivel de bienestar material general de la sociedad, proteger jurídicamente la propiedad de los ricos e instaurar algún tipo de mecanismo redistributivo (Aristóteles, 2018, 1320a).

Según Jean-Jacques Rousseau, las sociedades primitivas carecían de derecho y relaciones de poder. Una vez instituida la propiedad privada, habrían surgido las grandes desigualdades y los conflictos sociales: "la mayor parte de nuestros males son obra nuestra, casi todos los cuales hubiéramos evitado conservando la manera de vivir simple, uniforme y solitaria que nos fue prescrita por la naturaleza" (Rousseau, 1980, p. 32). Para Rousseau, la brecha entre ricos y pobres no se basa en el derecho, sino en la fuerza. Por ello, los gobernantes deberían mitigar las desigualdades sociales limitando la riqueza y la influencia política de los ricos, evitando así la miseria de los pobres: "Así pues, uno de los más importantes asuntos del gobierno consiste en prevenir la extrema desigualdad de las fortunas: no incrementando los tesoros de los que ya tienen, sino impidiendo por todos los medios su acumulación" (Rousseau, 2011, p. 48). Para lograr este fin, deberían emplear herramientas de tipo tributario: "Por medio de tales impuestos, que dispensan a los pobres y cargan a los ricos, se previene el aumento continuo de la desigualdad de fortunas, la esclavitud de una multitud de trabajadores y de servidores inútiles" (Rousseau, 2011, p. 75).

Para Thomas Jefferson —padre fundador y tercer presidente de los Estados Unidos de América—, la estabilidad institucional de la República requería de la independencia civil de los ciudadanos y un cierto grado de homogeneidad social. En su opinión, los procesos de urbanización y proletarización conllevaban un empobrecimiento generalizado de las masas, una gran concentración de la riqueza y el poder en pocas manos y un incremento de las tensiones sociales: "Cuando nos amontonemos unos sobre otros en las grandes ciudades, como en Europa, nos corromperemos como en Europa y empezaremos a comernos unos a otros como lo hacen allí" (Padover, 1958, p. 70). Para evitar esta deriva oligárquica, Jefferson proponía preservar el carácter agrario de la nación y contener el poder de las finanzas. En su opinión, un crecimiento incontrolado de las actividades bancarias engendraría una aristocracia financiera, que impediría al gobierno legítimo perseguir el interés general de la nación: "Está surgiendo una aristocracia adinerada en nuestro país que ya ha desafiado al gobierno, y aunque finalmente se vieron obligados a ceder un poco en este primer ensayo de su fuerza, sus principales son inflexibles e inflexibles" (Padover, 1958, p. 79). Por su parte, Maximillien Robespierre —presidente de la Convención Nacional— atribuía a la desigualdad muchos problemas de la sociedad francesa, aunque no prescribía la igualdad de fortunas:

Seguramente no hacía falta una revolución para dar a conocer al mundo que la extrema desproporción de las fortunas es origen de muchos males y muchos crímenes; pero estamos igualmente convencidos de que la igualdad de los bienes es una quimera. (Robespierre, 2010, p. 154)

El presente artículo asume una idea compartida por todos los autores anteriormente citados: la pobreza generalizada y las grandes desigualdades económicas merman la cohesión social y erosionan los regímenes democráticos. Partiendo de esta premisa, examina los rasgos principales de la desigualdad social y la pobreza, indaga sus causas, evalúa las políticas públicas diseñadas para mitigarlas y analiza la relación entre desigualdad económica y adhesión popular a las instituciones democráticas en Colombia y América latina. Para abordar estas cuestiones, desde una perspectiva más amplia, compara los países latinoamericanos con el conjunto de países que conforman la OCDE. Debido a la disparidad económica de las sociedades latinoamericanas, el texto examina únicamente la realidad social de los países con un nivel de desarrollo similar al de Colombia, es decir, los países de ingreso mediano-alto.¹ Además, descarta las dependencias británicas, francesas y americanas (Malvinas, Guayana Francesa, Martinica, Guadalupe y Puerto Rico), así como los países con menos de un millón de habitantes de ingreso mediano-alto (Guyana, Suriname, Bahamas, Belice, Barbados, Santa Lucía, Granada, San Vicente y las Granadinas, Dominica y Saint Kitts y Nevis). También descarta a Cuba porque no posee una economía de mercado y a Venezuela porque no hay información reciente en las bases de datos oficiales de los principales organismos internacionales. Por último, aunque presenta un nivel de desarrollo económico relativamente elevado —según el criterio del Banco Mundial—, el artículo incorpora a Chile en la muestra de países analizados por ser miembro de la OCDE.

1. Cuantificación del desarrollo económico,la desigualdad, la pobreza y la protección social

Como demuestran las tablas 1 y 2, el Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita de los países latinos es de 15.076 $ PPA² y el de los países latinoamericanos pertenecientes a la OCDE es de 19.619,50 $ PPA. En cambio, el INB per cápita promedio de la OCDE es casi tres veces superior. Por otra parte, el Índice de Gini promedio de los países latinoamericanos escogidos es de 45,27 y el de los países pertenecientes a la OCDE es solo de 33,40. Así pues, los países de ingreso mediano-alto de América Latina son mucho más desiguales que los países más avanzados de la OCDE. De hecho, los cuatro miembros más desiguales de esta organización son latinoamericanos.

Midiendo la desigualdad por deciles (tablas 1 y 2), el decil más rico de los países latinoamericanos (D10) concentra el 35,06% del ingreso nacional. En el caso de la OCDE, el promedio se sitúa en el 27,58%. Por otra parte, el decil más pobre de las sociedades latinoamericanas (D1) concentra un 1,71% de la riqueza nacional, mientras el decil más pobre de la OCDE posee un 2,83%. Analizando la distribución de la riqueza por quintiles (tablas 3 y 4), la divergencia principal entre los países de la OCDE y los países latinoamericanos se encuentra en el quinto quintil (Q5). En estos últimos, el 20% más rico acumula 10,02 puntos porcentuales más del Producto Interno Bruto (PIB) que el 20% más rico del conjunto de la OCDE. En relación al segundo quintil (Q2), no se observa gran divergencia entre ambas muestras. En cambio, en el resto de quintiles, la media de la OCDE supera con creces a la de los países latinoamericanos. En definitiva, en las sociedades latinoamericanas, los grandes niveles de desigualdad económica se explican por la escasa relevancia de las clases medias, los bajos ingresos del primer quintil y la gran concentración de riqueza en manos del último quintil. En cuanto a la pobreza relativa —porcentaje de la población con ingreso menor al 50% del ingreso mediano—, la media de los países latinos es del 18,08% y la media de la OCDE es del 12,91%. Además, tres de los cinco países de la OCDE con mayor pobreza relativa son latinoamericanos (Colombia, Costa Rica y México).

2. Relación entre la desigualdad y la pobreza con el nivel de desarrollo económico de las naciones

En el caso de los países latinoamericanos, no se observa correlaciones significativas entre el desarrollo, la desigualdad y la pobreza (tabla 5). Sin embargo, la correlación entre estas variables se vuelve bastante significativa entre los países de la OCDE. En concreto, la pobreza y la desigualdad muestran una relación inversamente proporcional al desarrollo, en términos de INB per cápita. En otras palabras, a mayores niveles de desarrollo económico, la pobreza y la desigualdad se reducen notablemente. La figura 1 muestra la relación entre el INB per cápita y la desigualdad medida en términos de polarización del ingreso (D10/D1). Como puede verse, los cuatro países latinos de la OCDE presentan niveles de desigualdad muy superiores a los esperados por su grado de desarrollo. Por otra parte, la pobreza y la desigualdad se relacionan negativamente con la participación de los quintiles Q1 (figuras 4 y 5) y Q3 (figuras 2 y 3) en la riqueza nacional. En definitiva, las sociedades igualitarias presentan clases medias robustas y quintiles inferiores relativamente bien retribuidos.

3. La desigualdad capital-trabajo en términos comparados

Al examinar la participación de los salarios en el PIB (tablas 6 y 7), no se observa grandes discrepancias entre la media de los países de la OCDE (55,47% del PIB) y la media de los países latinoamericanos seleccionados (51,89%). Por otra parte, la participación de los salarios en el PIB no presenta relación alguna con el Índice de Gini y la Pobreza relativa (tabla 10). Así pues, la brecha de desigualdad entre los países latinos y los de la OCDE no se explica por una remuneración diferente del capital frente al trabajo.

4. Las divergencias salariales como factor de desigualdad social

Como puede observarse en las tablas 8 y 9, los asalariados peor retribuidos de los países latinoamericanos (D1) poseen un 1,13% del PIB, mientras que sus homólogos de la OCDE controlan el 2,11% del PIB. En cambio, el décimo decil (D10) controla el 33,89% del PIB en los países latinoamericanos y el 27,24% del PIB en el conjunto de la OCDE. Si se analiza la distribución de la riqueza salarial por quintiles, se puede extraer varias conclusiones. En primer lugar, en América latina, los quintiles centrales (Q2, Q3 y Q4) poseen una retribución comparativamente muy baja. En segundo lugar, la riqueza salarial en manos los trabajadores más pobres de la (Q1) es 2,53 veces mayor que la de los países latinoamericanos. En tercer lugar, los asalariados mejor retribuidos de la OCDE (Q5) controlan 7,9 puntos menos del PIB que sus homólogos latinoamericanos. Por otra parte, en América Latina, los trabajadores más ricos (Q5) perciben retribuciones 13,18 veces mayores a las de los trabajadores más pobres (Q1). En el caso del conjunto de la OCDE, los asalariados del quinto quintil (Q5) solo perciben 7,75 veces el salario de los trabajadores pertenecientes al primer quintil (Q1). En la tabla 10, se muestra la relación entre la polarización salarial (Q5/ Q1), la pobreza relativa y el Índice de Gini. Como puede verse, no existe correlación alguna para la muestra de países latinoamericanos. En cambio, para los países de la OCDE, ambas variables presentan una correlación positiva con la polarización salarial (figuras 6 y 7).

5. La organización del factor trabajo y la desigualdad social

La capacidad organizativa de los trabajadores puede medirse mediante dos variables: la tasa de sindicación y la tasa de cobertura de la negociación colectiva (tablas 11 y 12). La primera corresponde al porcentaje de trabajadores ocupados afiliados a un sindicato y la segunda equivale al porcentaje de los trabajadores ocupados protegidos por un convenio colectivo. En la muestra de países latinos, el promedio de trabajadores sindicados es solo del 12,26%. Por el contrario, esta cifra asciende al 24,24% de los empleados en el caso de la OCDE. Por otra parte, todos los países latinos están por debajo de la media de la OCDE, excepto Argentina. En lo que respecta a la tasa de cobertura, la divergencia entre ambas muestras es gigantesca: 25,54 puntos porcentuales. En definitiva, en los países latinoamericanos de ingreso mediano-alto, el factor trabajo está poco organizado y la negociación colectiva es poco efectiva. En la tabla 13, aparecen los índices de correlación de la tasa de sindicación y la tasa de cobertura de la negociación colectiva con la pobreza relativa, el Índice de Gini y la distribución de la riqueza nacional por quintiles. En los países latinos de ingreso mediano-alto, la organización del trabajo no mantiene proporcionalidad alguna con la desigualdad y la pobreza relativa. En cambio, para el conjunto de la OCDE, la relación entre estas variables es negativa. En otras palabras, a mayores cuotas de organización laboral, se registran menores niveles de pobreza y desigualdad. En la misma tabla, se muestra el vínculo de la tasa de sindicación y la tasa de cobertura de la negociación colectiva, con la participación de los distintos quintiles en la riqueza nacional. Como puede verse, el 20% más rico (Q5) disminuye su peso en el conjunto salarial cuando aumenta la capacidad organizativa del facto trabajo. En cambio, los tres quintiles inferiores aumentan su riqueza en términos porcentuales cuando aumentan la tasa de sindicación y la tasa de cobertura de la negociación colectiva. Esta correlación es poco significativa para el primer quintil y bastante significativa para el segundo quintil (figuras 8, 9, 10 y 11).

6. Análisis cuantitativo de los niveles de protección social y su relación con el desarrollo económico, la desigualdad y la pobreza relativa

Como reflejan las tablas 14 y 15, el gasto público total es del 27,72% del PIB —en los países de América Latina con un ingreso mediano-alto— y del 37,26% en el conjunto de la OCDE. Por su parte, el gasto social en los países latinoamericanos es del 11,96% del PIB. En cambio, en los países de la OCDE, el promedio de gasto social es 7,76 puntos mayor (19,72% del PIB). Observando únicamente el gasto público en transferencias (tabla 16), los países de la OCDE gastan 1,96 veces más que los países latinos de la muestra. Asimismo, el promedio de gasto en tercera edad de los países de la OCDE es 1,80 veces superior al de los países latinoamericanos. Además, el promedio de gasto en familia es 1,88 veces mayor en los países de la OCDE. Cuando se tiene en cuenta únicamente el gasto en transferencias monetarias, el gasto en familia promedio de la OCDE multiplica por 2,83 el de los países latinoamericanos de ingreso mediano-alto. Sin embargo, la mayor brecha en el gasto social en transferencias la encontramos en el caso de las políticas de atención a la discapacidad. Mientras los países de la OCDE gastan un 1,59% de su PIB en atender a las personas discapacitadas, el promedio de los países latinos es del 0,40% del PIB. Por último, el promedio del gasto en desempleo es del 1,23% del PIB en los países de la OCDE y de 0,91% del PIB en los países latinoamericanos de ingreso mediano-alto.

7. La efectividad del gasto social para combatir la desigualdad y la pobreza

Según Thomas Piketty (2014), existen dos formas de redistribuir la riqueza y reducir la desigualdad. La primera de ellas consiste en dejar operar libremente los mercados de los distintos factores de producción (tierra, capital y trabajo) y, posteriormente, corregir sus efectos adversos por medio de transferencias públicas e impuestos. La segunda forma implica una modificación estructural de las fuerzas del mercado que generan la desigualdad. El economista francés denomina a la primera como "redistribución pura" y a la segunda como "redistribución eficaz".³ En este apartado, se analizan exclusivamente los mecanismos de redistribución eficaz y su efectividad para mitigar la pobreza y la desigualdad en los distintos países de la OCDE.

En América Latina, la población suele ser relativamente más joven que en los países europeos más desarrollados. En los países latinos de ingreso mediano-alto, la esperanza de vida a los 65 años y el número de años de vida tras la jubilación es sensiblemente menor (tabla 16). Además, los trabajadores latinoamericanos abandonan más tarde el mundo del trabajo, pues la edad efectiva de jubilación es de 67,16 años —3,37 años más que la media de la OCDE— y casi un tercio de los mayores de 65 años sigue activo. Teniendo en cuenta lo anterior, el gasto en pensiones debería ser menor debido al escaso número de perceptores. Sin embargo, el elevado índice de pobreza de los latinoamericanos mayores de 65 revela que la falta de inversión en tercera edad no se debe a factores demográficos, sino a factores de índole política. Por otra parte, el índice de pobreza de los países latinos es mayor en todas las franjas de edad. Sin embargo, presenta una particularidad respecto al del conjunto de la OCDE. Por lo general, en los países desarrollados, los jóvenes de 0 a 17 registran niveles de pobreza inferior al de las personas en edad de trabajar y estas registran niveles de pobreza inferior al de las personas de más de 65 años. En cambio, en América Latina, la pobreza presenta dos máximos (0-17 y +65) y un mínimo (18-65). Además de ello, los índices de pobreza son más altos entre los menores de edad que entre los mayores de 65 años. Esto se debe tanto a la falta de inversión pública en políticas de apoyo a las familias como a la escasez de recursos de los hogares en los que viven esos jóvenes.

En otro orden de cosas, el índice de pobreza de los jóvenes de entre 0 y 17 años mantiene una correlación muy positiva con el Índice de Gini (figura 12). En cambio, la pobreza en mayores de 65 años presenta una correlación más débil con el nivel general de desigualdad monetaria: R²=0,137 (tabla 17). En definitiva, las sociedades más igualitarias se caracterizan especialmente por sus bajos niveles de pobreza infantil y juvenil. Por otro lado, el índice de pobreza de la población con edades comprendidas entre los 0 y los 17 años mantiene una correlación positiva (R²=0,304) con la tasa de desempleo, pues la pobreza infantil y juvenil está muy relacionada con la situación laboral de los progenitores y las sociedades latinoamericanas —mucho más pobres y desiguales— presentan mayores índices de paro, precariedad, subempleo y empleo informal. Por su parte, el gasto público global mantiene una ligera relación de proporcionalidad inversa con el Índice de Gini, pero no muestra correlación alguna con la pobreza. Así pues, las sociedades con menor gasto agregado son, por lo general, más desiguales. Sin embargo, el gasto social sí mantiene una correlación negativa con el Índice de Gini ((R²=0,278) y la Pobreza relativa (R²=0,126).

Después de examinar la relación de cada una de las partidas de gasto con la pobreza y la desigualdad (tabla 17), pueden extraerse las siguientes conclusiones. En primer lugar, el gasto en familias es el único que presenta una correlación con el Índice de Gini (figura 17; R²=0,136) y con la Pobreza relativa (R²=0,153). En efecto, cuando aumenta el gasto en familias —transferencias dirigidas a las personas en edad de trabajar—, la pobreza y la desigualdad se reducen sensiblemente. Por eso, las sociedades de la OCDE —con mayor inversión en familia— presentan porcentajes menores de pobreza infantil y juvenil (de 0 a 17 años). En cambio, las transferencias en desempleo y pensiones no presentan correlación ni con el Índice de Gini ni con la pobreza.⁴ Como bien demostré en otro artículo (Ferrer Sánchez, 2018), este tipo de transferencias no reducen la desigualdad porque se financian con cotizaciones y sus perceptores reciben una cantidad proporcional a su aportación. En el caso de las transferencias por desempleo, las clases medias asalariadas perciben mayores cuantías que los trabajadores con menos recursos. Por el mismo motivo, las clases pudientes reciben pensiones de mayor cuantía que los segmentos de población con menos recursos. En definitiva, el gasto público en pensiones y desempleo puede mitigar situaciones de pobreza si las cuantías percibidas son lo suficientemente generosas, pero incrementan la desigualdad monetaria entre los ciudadanos. En los países con altos niveles de gasto en familia, esta brecha tiende a reducirse porque los perceptores de este tipo de ayudas suelen ser personas de renta baja. En cambio, los países con una baja inversión en familia suelen registrar niveles de desigualdad especialmente elevados porque no hay mecanismos que amortigüen el efecto regresivo de otros tipos de gasto. Esto puede comprobarse observando el gráfico de la figura 18. Como puede verse, hay una serie de países (Colombia, Costa Rica, Chile, México, Estados Unidos, España e Israel) situados por encima de la recta de regresión del inb per cápita y del Índice de Gini. Ello significa que registran un nivel de desigualdad muy superior al que les correspondería por su nivel de desarrollo económico. Como demuestran los datos de la tabla 15, todos ellos presentan niveles anormalmente bajos de inversión en políticas de apoyo a las familias en edad de trabajar —inferiores al 1% del pib— (figura 13).

8. Desigualdad, pobreza y deterioro de la democracia

Para medir la adhesión popular a un sistema político, se emplean variables de distinto tipo: confianza general en el Gobierno, niveles de satisfacción con los servicios públicos, participación ciudadana en los asuntos públicos, apoyo a los principios generales del régimen político, etc. Según un estudio titulado Building Trust to Reinforce Democracy (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE], 2022), menos de la mitad de los ciudadanos (41,4%) confiaba en sus gobiernos nacionales, aunque la mayoría de ellos afirmaba estar satisfechos con sus sistemas nacionales de salud (61,7%) y educación (57,6%). Asimismo, menos de un tercio de la población (30%) se sentía partícipe en la toma de decisiones del Gobierno. De hecho, el porcentaje de personas que manifestaban poseer influencia sobre el ejecutivo solo superaba el 50% en Corea del Sur. En el caso de Colombia, esta cifra era del 18% de la población, siendo la segunda más baja de la OCDE. En definitiva, en términos generales, la confianza en el Gobierno es reducida y la capacidad de influencia sobre el ejecutivo es percibida como baja, pero el funcionamiento de las instituciones es valorado como positivo.

Según el estudio anteriormente citado, la confianza en el Gobierno depende de múltiples factores. En primer lugar, los ciudadanos de la OCDE con ingresos altos (el quinto quintil de renta) manifestaban una confianza en el Gobierno del 48,75%, mientras que los ciudadanos de bajos ingresos (el primer quintil de renta) mostraban un apoyo al ejecutivo del 35,61%. Por otra parte, la confianza política de este sector de la población guardaba cierta relación con el nivel de desigualdad. Como puede verse en la figura 14, en los países menos desiguales, el quintil más pobre (Q1) muestra un nivel mayor de adhesión al Gobierno. Sin embargo, en algunos casos, los sectores menos favorecidos de la sociedad confían muy poco en las instituciones públicas, a pesar de que el nivel de desigualdad general sea moderadamente bajo (Bélgica, Austria, Francia, Suecia, etc.).

Cuando se mide la vulnerabilidad, mediante índices de tipo subjetivo, la brecha entre ricos y pobres aumenta considerablemente. En el conjunto de la OCDE, los ciudadanos que manifiestan no padecer dificultades financieras muestran un apoyo al ejecutivo del 51,2%. En cambio, la confianza de quienes afirman padecerlas es únicamente del 34,5% (16,7 puntos porcentuales menos). Por otra parte, se observa cierta relación entre el nivel de estudios y la confianza general en las instituciones de Gobierno. En el conjunto de la OCDE, los ciudadanos con estudios superiores manifiestan una confianza política en el ejecutivo del 48,03%. Sin embargo, solo el 39,86% de los ciudadanos con niveles de formación intermedios —en posesión de algún título de educación secundaria superior— afirmaba confiar en el Gobierno. Por último, el estudio revelaba una correlación positiva entre la confianza en el ejecutivo y la confianza interpersonal de los ciudadanos, pues los países en los que la población afirmaba fiarse de sus compatriotas registraban mayores tasas de apoyo al Gobierno (figura 15). A su vez, la confianza interpersonal está fuertemente relacionada con el nivel de desigualdad. Como puede verse en la figura 16, los ciudadanos de las sociedades más igualitarias confían mucho en sus semejantes.

Una vez identificados los factores sociales que condicionan el apoyo popular a las instituciones gubernamentales, es preciso analizar la relación entre la confianza en el ejecutivo y las variables centrales de este estudio: el desarrollo económico, la desigualdad, la pobreza y el gasto público social. Para ello, no usaré el estudio antes citado, sino la base de datos actualizada de la OCDE (tabla 18). A priori, no se observa relación alguna entre la desigualdad social y la confianza en el Gobierno (figura 17).

Sin embargo, al depurar la muestra de los casos anómalos, la correlación se vuelve bastante significativa.⁵ En términos generales, las sociedades más igualitarias suelen presentar mayores niveles de apoyo a las instituciones de Gobierno (tabla 19). Si se mide la desigualdad mediante la relación D10/D1, la correlación negativa con la confianza en el ejecutivo se vuelve ligeramente más evidente (tabla 19). En segundo lugar, la pobreza relativa y la confianza en el Gobierno también se relacionan de manera negativa (tabla 19). Así pues, las sociedades con niveles de pobreza más bajos muestran altos niveles de confianza en el Gobierno. En tercer lugar, en el marco de los países de la OCDE, los países con mayor nivel de desarrollo económico registran también más confianza política en el Gobierno.

Como bien muestra la tabla 20, la confianza en el Gobierno no depende del nivel de gasto social. Sin embargo, al corregir la muestra, ambas variables mantienen una correlación levemente positiva. Este hecho se debe a la existencia de una serie de casos marcadamente atípicos. En primer lugar, el país con el nivel más bajo de inversión social presenta una confianza en el Gobierno superior a la media de la OCDE (México). En segundo lugar, hay países con niveles de gasto moderadamente elevados que registran niveles anormalmente bajos de confianza política: Grecia, España, Italia, Países Bajos y el Reino Unido. En tercer y último lugar, en Francia —el país que más gasta en fines sociales—, menos del 30% de los ciudadanos confían en el Gobierno. En mi opinión, todas estas anomalías deberían explicarse por factores estrictamente políticos y coyunturales de tipo interno. Si desglosamos el gasto por partidas, el único que mantiene una relación positiva —aunque no significativa— con la confianza en las instituciones de Gobierno es el gasto social dirigido a las familias.

Conclusiones

Como se ha demostrado a lo largo del artículo, existe una enorme brecha entre los países latinoamericanos de ingreso mediano-alto y el promedio de los países pertenecientes a la OCDE en términos de desarrollo económico, pobreza relativa y desigualdad social. Al analizar la distribución de la riqueza nacional por quintiles o deciles, se observa diferencias muy importantes entre los países latinoamericanos de la muestra y el conjunto de la OCDE. En primer lugar, Colombia y los países de su entorno concentran una gran cantidad de recursos en los segmentos de población más elevados (Q5 y D10). En segundo lugar, salvo en algunos casos excepcionales (Estados Unidos, Corea del Sur, Turquía, etc.), los países de la OCDE concentran una cantidad de riqueza relativamente elevada en los sectores intermedios de la población (Q2 y Q3). Este hecho revela un peso mayor de las clases medias —asalariadas o no— en la riqueza nacional. En tercer y último lugar, las clases más desfavorecidas de América Latina controlan un porcentaje muy reducido de la riqueza nacional.

Todos los países latinoamericanos de la OCDE presentan niveles de desigualdad muy superiores a los que les correspondería por su nivel de desarrollo económico. Por consiguiente, un mayor nivel de desarrollo productivo no resolvería el problema de la desigualdad social. Por otra parte, este artículo también ha examinado los factores que generan la desigualdad. Al hacerlo, ha demostrado que la brecha entre el conjunto de la OCDE y los países latinos de la muestra no se debe a una remuneración diferente del capital frente al trabajo. En cambio, la diferencia salarial entre ambos grupos es notoria.

En cuanto a la capacidad organizativa de los trabajadores, existe una diferencia considerable entre la muestra de naciones latinoamericanas y los países de la OCDE. En primer lugar, el factor trabajo está peor organizado en América Latina, pues la tasa de trabajadores sindicalizados sobre el total de la población empleada es mucho menor al promedio de la OCDE. En segundo lugar, la negociación colectiva es menos eficaz en los países latinoamericanos porque los convenios cubren un porcentaje ínfimo de la población ocupada. En tercer lugar, en el conjunto de la OCDE, la pobreza y la desigualdad se reducen cuando aumenta la capacidad de organización sindical de los trabajadores. En cuarto y último lugar, para las naciones de la OCDE, se observa una relación de proporcionalidad inversa entre el grado de organización de la fuerza laboral y la riqueza acumulada por el 20% más acaudalado del conjunto salarial (Q5).

En otro orden de cosas, las naciones latinas de la muestra presentan niveles de gasto social muy bajos, en comparación al conjunto de la OCDE. En cuanto al gasto en transferencias, los países latinoamericanos se encuentran por debajo de la media de la OCDE. A pesar de registrar índices de paro comparativamente mayores, los países latinos gastan menos en desempleo que la media de los países de la OCDE. Además, también gastan menos en pensiones o transferencias dirigidas a la población de más de 65 años. A priori, este desequilibrio parece deberse a factores de tipo demográfico. Sin embargo, el gasto en pensiones no es solo más bajo en relación con el pib, sino también menos efectivo como instrumento para evitar la pobreza y la exclusión de las personas de edad avanzada. Por consiguiente, el menor gasto social en mayores de 65 no se debe a una menor necesidad en términos objetivos, sino a una falta de inversión por razones de índole política. Por último, los países latinos seleccionados también se encuentran por debajo del promedio de la OCDE en transferencias dirigidas a las personas en edad de trabajar. De todas las partidas de gasto en transferencias, esta última presenta una fuerte correlación negativa con la pobreza y la desigualdad. En cambio, los gastos en desempleo y pensiones no son inversamente proporcionales a la desigualdad monetaria porque, al financiarse con cotizaciones, su cantidad es proporcional a las aportaciones realizadas por sus perceptores. De este modo, los contribuyentes de altos ingresos perciben una mayor cuantía ensanchando así la brecha social entre ricos y pobres. En las sociedades con mayor nivel de inversión en familia, esta tendencia al incremento de la desigualdad se ve compensada porque los perceptores de las ayudas condicionadas en familia suelen pertenecer a los sectores de menor renta. En buena medida, este hecho explica por qué los países con baja inversión en familia poseen mayores niveles de desigualdad a los esperados por su nivel de desarrollo (Colombia, Costa Rica, Chile, México, Estados Unidos, España e Israel).

Por último, en los países de la OCDE, el apoyo a las instituciones de Gobierno es relativamente bajo y la influencia ciudadana sobre el ejecutivo es percibida como escasa, aunque la mayor parte de los ciudadanos valora positivamente la provisión de servicios públicos. En términos generales, la confianza en los representantes políticos está condicionada por el nivel de renta y el nivel de confianza interpersonal entre los ciudadanos. A su vez, esta última es inversamente proporcional a la desigualdad. Como está condicionada por la cultura cívica y la coyuntura política de cada país, la confianza política en el ejecutivo mantiene una relación muy débil con la desigualdad, la pobreza y el gasto social.

Luego del análisis realizado, considero que los gobiernos latinoamericanos deberían incrementar su inversión social en todos los ámbitos. En concreto, deberían acrecentar el gasto en transferencias dirigidas a personas en edad de trabajar porque ello reduciría la pobreza y la desigualdad. Por otra parte, el aumento del gasto social generaría nuevos puestos de trabajo cualificado, contribuyendo a crear una clase media asalariada. Al mismo tiempo, deberían promover marcos legislativos más favorables a la negociación colectiva y deberían acometer una transformación radical de sus economías nacionales para reducir el desempleo, el subempleo y el empleo informal. Todo ello elevaría los salarios de los sectores más desfavorecidos, incrementaría el consumo global, reduciría la pobreza relativa y aminoraría la desigualdad social. En consecuencia, aumentaría la cohesión social, la confianza interpersonal entre los ciudadanos y la confianza general en las instituciones representativas.

Notas

¹ Según los estándares del Banco Mundial, las naciones de ingreso medio-alto presentan un pib per cápita comprendido entre los 10.993,3 y los 24.000 $ ppa.

² El concepto de ppa representa la cantidad en moneda de un país de referencia necesaria para adquirir una canasta de bienes y servicios equivalentes en ambas economías, por lo tanto, se trata de tasas que convierten a una moneda común e igualan su poder de compra.

³ Otros autores sen empleados os términos "justicia distributiva" y "justicia predistributiva". Para más información sobre esta distinción y el concepto normativo de "justicia predistributiva, puede consultarse la obra Desigualdad e igualitarismopredistributivo de Borja Barragué (2017).

⁴ No obstante, el gasto en desempleo sí es proporcional al nivel de paro registrado (R=0,129). En la OCDE, hay países con tasas bajas de pobreza y altos niveles de gasto en desempleo (Bélgica), pero también hay países con tasa de pobreza relativa moderadamente elevadas y grandes niveles de gasto en desempleo (Grecia y España). Esta heterogeneidad explica la falta de correlación.

⁵ Grecia y Eslovaquia presentan niveles de desigualdad ligeramente inferiores a la media de la OCDE. Sin embargo, muestran niveles de apoyo al gobierno anormalmente bajos. De hecho, son los dos países con menor confianza en el ejecutivo. Por esta razón, he decidido excluirles de la muestra corregida. También he descartado a Suiza porque, en este país, el apoyo al gobierno duplica el promedio de la OCDE, aunque su índice de Gini se sitúa en torno a la media. Por último, he quitado a Costa Rica de la muestra corregida porque registra una confianza en el gobierno muy elevada —décima de treinta y dos—, siendo el segundo país más desigual de la OCDE.

Referencias

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