10.12804/revistas.urosario.edu.co/desafios/a.14131
DOSSIER TEMÁTICO

Escándalos, crisis presidenciales y juicio político.
Razones para la destitución de Pedro Castillo en el Perú

Scandals, Presidential Crisis and Impeachment.
Reasons for the Dismissal of Pedro Castillo in Perú

Escândalos, crises presidenciais e julgamento político.
Razões para o impeachment de Pedro Castillo no Perú

Manuel Ernesto Aguirre Cahua¹
Luis Andrés Calcina Romero²

¹ Universidad Nacional Federico Villarreal.
0009-0006-9842-1998
2018000374@unfv.edu.pe

² Universidad Nacional Federico Villarreal.
0000-0003-4549-6495
lcalcina@unfv.edu.pe

Artículo recibido: 29 de enero de 2024
Artículo aprobado: 21 de agosto de 2024

Para citar este artículo: Aguirre Cahua, M. E., & Calcina Romero, L. A. (2024). Escándalos, crisis presidenciales y juicio político. Razones para la destitución de Pedro Castillo en el Perú. Desafíos, 37(1), 1-26. https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/desafios/a.14131

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Resumen

Este artículo se propone analizar las condiciones que hicieron posible la destitución de Pedro Castillo como presidente del Perú en el año 2022. Para tal fin, se estudia el caso desde un abordaje cuantitativo y cualitativo, con el que se busca explicar cómo el Congreso pudo destituir a Castillo luego de tres procesos de juicio político. Se toma como referencia el enfoque conceptual de las crisis presidenciales, desarrollado por Pérez-Liñán, los hallazgos de esta investigación permiten concluir que, el contexto de grave polarización política, el alto número de escándalos políticos, la pérdida del escudo legislativo, la difícil relación con las élites y el fallido autogolpe de Estado —llevado a cabo por el exmandatario— determinaron su destitución.

Palabras clave: crisis presidencial; destitución; juicio político; autogolpe de Estado.

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Abstract

This article analyzes the conditions that allowed the removal of Pedro Castillo as president of Perú in 2022 possible. To this end, a case study is proposed using both quantitative and qualitative approaches to explain how Congress could remove Castillo following three impeachment processes. Taking as a reference the conceptual framework of presidential crises developed by Pérez-Liñán, the findings of this research allow us to conclude that, in a context of severe political polarization, a high number of political scandals, the loss of legislative shield, and the failed self-coup carried out by the former president determined his removal.

Keywords: Presidential crisis; removal; impeachment; self-coup.

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Resumo

Este artigo tem como objetivo analisar as condições que possibilitaram a destituição de Pedro Castillo como presidente do Perú em 2022. Para tanto, propomos um estudo de caso com uma abordagem quantitativa e qualitativa que busca explicar como o Congresso conseguiu destituir Castillo do cargo após três julgamentos políticos. Tomando como referência a abordagem conceitual das crises presidenciais desenvolvida por Pérez-Liñán, os resultados desta pesquisa nos permitem concluir que, em um contexto de grave polarização política, um alto número de escândalos políticos, a perda do escudo legislativo, a difícil relação com as elites e o fracassado autogolpe de Estado realizado pelo ex-presidente levaram à sua destituição.

Palavras-chave: crise presidencial; destituição; julgamento político; autogolpe de Estado.

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Introducción

El 2016 es un año clave que permite entender el origen de las deterioradas relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo en el Perú (Carrasco, 2023; Dargent & Rousseau, 2020). Luego de la victoria electoral de Pedro Pablo Kuczynski frente a Keiko Fujimori, el país ha estado inmerso en diferentes crisis, que han terminado por deponer del cargo a cuatro presidentes en solo seis años (Dargent & Rousseau, 2022), y desde el reencauce democrático en el año 2000, solo tres presidentes elegidos culminaron su gestión según el periodo establecido.

El rol desarrollado por los sectores de derecha, grupos empresariales y partidos afines a estos sectores y grupos, en la profundización de la crisis, son un factor crucial en el análisis del caso, ya que, a través de estrategias —como denuncias de fraude electoral, juicio político, denuncias constitucionales y law fare— buscaron desestabilizar los gobiernos.

Desde la solicitud de vacancia a Pedro Pablo Kuczynski en el 2017 hasta la vacancia de Pedro Castillo en el 2022, la derecha política peruana, encabezada por el fujimorismo, no ha escatimado esfuerzos para conseguir sus propósitos. De estos casos, llama especial atención el caso de Pedro Castillo —el candi­dato outsider del partido político Perú Libre—, que venció en las elecciones del 2021 a Keiko Fujimori con el 50,126% de los votos válidos en segunda vuelta (Infogob, s. f.). Sin embargo, luego de las elecciones, las fuerzas opositoras de derecha de la política peruana denunciaron el ejercicio de prácticas fraudulentas durante el proceso electoral buscando afectar la legitimidad de las elecciones. Este tipo de denuncias han sido adoptadas por diferentes políticos de derecha en América Latina; desde que Donald J. Trump denunció fraude electoral —durante las elecciones del 2020 en los Estados Unidos (Guimón, 2020)—, candidatos como Bolsonaro en Brasil, Keiko Fujimori en Perú y Milei en Argentina (todos de derecha) denunciaron fraude electoral luego de obtener resultados poco favorables durante las elecciones de su país.

En el Perú, las denuncias por fraude contra Castillo fueron archivadas en el 2022 por el pleno del Congreso de la República con 55 votos en contra, 42 a favor y 15 abstenciones (Congreso de la República del Perú, 2022). No obstante, estas denuncias realizadas por los grupos parlamentarios Renovación Popular y Fuerza Popular, solo marcaron el precedente de lo que sería uno de los gobiernos más inestables desde el retorno a la democracia en el año 2000.

Durante su primer año como presidente, Pedro Castillo realizó 59 cambios ministeriales, 12 ministros renunciaron a su cargo y cuatro fueron censurados por el Congreso de la República (Gobierno y Políticas Públicas, s. f.). Así mismo, y como producto de la exhibición de diferentes escándalos que la prensa nacional e internacional difundía, Castillo mantuvo una difícil relación con el Congreso de la República, teniendo que enfrentar hasta tres procesos diferentes de juicio político.

Lo anterior pone en evidencia la inestabilidad y gravedad de la crisis que tuvo Pedro Castillo durante su gobierno. Esta crisis, caracterizada por las agudas relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, terminaron con la destitución del entonces presidente, luego de confrontar al Congreso anunciando un autogolpe de Estado durante su tercer proceso de juicio político. Pero ¿qué factores explican la inestabilidad y las crisis de Pedro Castillo?, ¿cuáles fueron los determinantes para su destitución? En el presente artículo se busca responder a estas interrogantes, a partir de la literatura desarrollada en la región sobre las crisis y colapsos presidenciales.

Las crisis presidenciales son aquellos casos de agudo conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, en las que uno de los poderes del Estado busca la disolución del otro (Pérez-Liñán, 2009). Según Pérez-Liñán (2009), las crisis presidenciales pueden tener hasta nueve desenlaces, dependiendo de sus efectos en el régimen. Sin embargo, desde la tercera ola democratizadora a fines del siglo xx, las crisis presidenciales generalmente han terminado con la salida anticipada del presidente. Esta situación, en la que el presidente tiene que abandonar el cargo, está conceptualizada en el término colapso presidencial: "fenómeno específico del cese de una presidencia electa que conlleva una amplia variedad de manifestaciones, causas e implicaciones" (Llanos & Marsteintredet, 2010, p. 2).

Aunque la literatura ha identificado múltiples factores causales de los colapsos presidenciales, este artículo recoge el enfoque de Pérez-Liñán, que sostiene que los escándalos políticos, el escudo legislativo y las protestas masivas son los mejores predictores en el análisis de las crisis y los colapsos de los presidentes.

En ese sentido, se aborda la problemática a través de un estudio de caso mixto que busca analizar y explicar la destitución presidencial de Pedro Castillo a finales del 2022. Cuantitativamente, se midieron las variables escudo legislativo y escándalos políticos; cualitativamente, se analizaron las protestas sociales que se desarrollaron durante el gobierno. Con dicha finalidad, se construyó una base de datos cuyas fuentes principales fueron Latin America Weekly Report, Russia Today, Red de Comunicación Regional, Ipsos y la página web oficial del Congreso de la República del Perú.

Los hallazgos de esta investigación permiten concluir que, el contexto de una aguda crisis política, el alto número de escándalos políticos, la pérdida del escudo legislativo y el fallido autogolpe de Estado —llevado a cabo por el exmandatario— determinaron su destitución.

En la primera sección del artículo, se analiza la literatura sobre las crisis presidenciales y los colapsos presidenciales, procurando un marco conceptual que dé cuenta del fenómeno de estudio. En un segundo momento, se contextualiza el origen de las crisis presidenciales en el Perú como preámbulo a la crisis presidencial de Pedro Castillo, que es analizada en la tercera sección desde los escándalos políticos, las relaciones institucionales y las protestas sociales masivas. Finalmente, se discute los hallazgos de esta investigación y se presentan algunas conclusiones.

Naturaleza de las crisis presidenciales

Aunque crisis presidencial pueda interpretarse como una situación en la que el presidente tiene una crisis interna, donde sus ministros renuncian, son censurados o, incluso, su gabinete colapsa totalmente, las crisis presidenciales tienen otro significado. Estas hacen referencia a aquellos procesos de grave conflicto en los que el "Congreso intenta remover al presidente de su cargo, el presidente intenta clausurar el Congreso, o uno de los poderes apoya un movimiento cívico o militar en contra del otro" (Pérez-Liñán, 2009, p. 27). Según la tipología desarrollada por Pérez-Liñán, las crisis presidenciales pueden tener hasta nueve desenlaces según el impacto que estas tengan en el régimen.

En primer lugar, el autor identifica aquellas crisis en las que se interrumpe y quiebra el régimen a corto plazo. Este tipo de resoluciones refiere a un interludio autoritario de hasta tres años,¹ periodo durante el cual el régimen suspende el funcionamiento de la constitución para resolver el impase y luego retomar la política normal (Pérez-Liñán, 2009). Estas interrupciones se pueden manifestar de tres formas: golpes legislativos —a aquellas acciones conjuntas en las que el Parlamento junto a los militares derrocan al presidente—, autogolpes —alianza entre los militares y el jefe del Ejecutivo para disolver el Congreso— y dictadura a corto plazo —situación en la que el presidente y los legisladores son removidos por los militares, pero luego de un breve periodo de tiempo, un nuevo grupo civil asume el Ejecutivo y el Legislativo.

En segundo lugar, están los quiebres a largo plazo, que se refiere a aquellos episodios en los que el régimen presidencial ha colapsado totalmente. Pérez-Liñán (2009) considera tres resultados: presidente derrocado —cuando se permite la subsistencia del poder Legislativo de forma sumisa—, congreso clausurado —cuando se elimina el Congreso y se instala un presidente títere— y toma de poder militar —cuando los militares imponen una junta militar que se perpetúa en el poder.

Finalmente, identifica crisis sin interrupciones ni quiebres democráticos. Son aquellas crisis en las que, a pesar de las constantes presiones entre el poder Ejecutivo y Legislativo, el régimen sobrevive. Estas crisis pueden culminar con la destitución del presidente, que sucede cuando el Congreso remueve al presidente, a través de mecanismos legales; la disolución legal del Congreso, cuando el presidente queda facultado de clausurar el Congreso, según lo previsto en la constitución; o la estabilización, cuando el Ejecutivo y el Legislativo continúan con sus funciones luego de la crisis.

En Latinoamérica, han sido recurrentes los episodios de renuncias presidenciales o presidentes destituidos por el Congreso, luego de graves conflictos entre ambos poderes del Estado. Estos episodios, caracterizados por no interrumpir ni colapsar el funcionamiento del régimen, han sido ampliamente discutidos en la literatura con la finalidad de identificar las causas que conducen al presidente a la destitución o a su renuncia. En el siguiente apartado se recogen y discuten estos aportes.

Entendiendo los colapsos presidenciales

Los estudios acerca de las crisis presidenciales en Latinoamérica han prestado especial atención al desenlace en el cual el presidente es removido del cargo. Esta situación ha sido discutida bajo términos como remoción presidencial, fracaso presidencial, caída presidencial o interrupción presidencial (Llanos & Marsteintredet, 2010). Sin embargo, Llanos y Marsteintredet (2010) consideran que algunos de estos conceptos son muy específicos, emiten juicios normativos o remiten la caída presidencial a una rápida sucesión de presidentes. En ese sentido, los autores creen que el término colapso presidencial es más abarcador y neutral que otros, ya que "denota el fenómeno específico del cese de una presidencia electa que conlleva una amplia variedad de manifestaciones, causas e implicaciones" (p. 2).

Inicialmente, los estudios sobre las crisis presidenciales se centraron en factores estructurales, que señalaban que los periodos de mandato fijo y la elección directa del presidente y de los congresistas —dos características propias del presidencialismo— dotaban de rigidez e inflexibilidad al régimen conduciéndolo al colapso. No obstante, estas hipótesis realizadas por Linz, (1990) y Valenzuela (2004) fueron descartadas al observarse que algunos países de la región, que se regían bajo el sistema presidencialista, mantenían la estabilidad política ( Zícari, 2022). Adicionalmente, Pérez-Liñán (2009) sostuvo que en la actualidad las constituciones políticas de los países latinoamericanos contienen mecanismos legales que han permitido la flexibilización del régimen, evitando que este colapse.

Desde entonces, se observó una nueva tendencia en la región, la cual muestra que los presidentes son los principales afectados como consecuencia de las crisis presidenciales. Esta nueva tendencia dio origen a nuevas hipótesis que enfatizaron otros aspectos de la inestabilidad política, como la aplicación de reformas económicas neoliberales (Hochstetler, 2008; Zícari, 2022), el conflicto intragubernamental (Llanos & Marsteintredet, 2010), el liderazgo presidencial (Ollier, 2008), la presencia de los presidentes en escándalos políticos (Hochstetler, 2008; Pérez-Liñán, 2009), las movilizaciones populares masivas y el apoyo legislativo (Aversa, 2016; Coelho, 2012; Hochstetler, 2008; Mustapic, 2006; Pérez-Liñán, 2008, 2009).

Estas condiciones, han sido analizadas en perspectiva comparada con la finalidad de construir teorías medianas que expliquen el patrón de inestabilidad en Latinoamérica. Sin embargo, Pérez-Liñán (2008, 2009) señala que los escándalos políticos, el escudo legislativo y las protestas sociales masivas son las condiciones que mejor predicen el colapso de un presidente.

Los escándalos políticos son definidos como noticias que revelan actos de corrupción o abusos de poder llevados a cabo por políticos, específicamente aquellas noticias que involucran al presidente, los miembros de su gabinete o su entorno cercano.

El escudo legislativo se refiere a la capacidad que tiene el presidente para vetar el juicio político y constituye un elemento sustancial en el análisis, que permite identificar la relación institucional entre el presidente y el Parlamento. Operacionalmente, se obtiene de la diferencia entre la proporción de la cámara que vota en contra del juicio político y la cantidad de votos necesarios para vetar el juicio político, de tal forma que, l = p - v.²

"Mientras estas dos condiciones, escándalos y política legislativa, son la clave para explicar el proceso de juicio político, la movilización masiva constituye un factor fundamental que lleva a la remoción presidencial" (Pérez-Liñán, 2009, p. 35). En ese sentido, el autor define a las protestas sociales masivas como aquellas manifestaciones en las que mínimamente cinco grupos sociales —entre gremios, estudiantes, trabajadores del Estado, confederaciones indígenas o de campesinos, pobres urbanos y manifestantes de clase media y clase alta— salieron a la calle a pedir la renuncia del presidente.

El presente artículo adopta estos conceptos para analizar cómo estas condiciones —escándalos políticos, escudo legislativo y protestas sociales masivas— influyeron en el colapso presidencial de Pedro Castillo durante las crisis presidenciales en el Perú, entre los años 2021 y 2022.

Origen de una crisis sin resolver

Desde el 2016, el Perú ha atravesado por una serie de crisis políticas sin interrupciones ni quiebres democráticos. Estas se originaron cuando Pedro Pablo Kuczynski (PPK) ganó las elecciones presidenciales en el 2016 y tuvo que enfrentar la primera acusación de fraude por parte de su rival Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular (FP). Posteriormente, si bien Fujimori reconoció el triunfo de Kuczynski —a pesar de afirmar que los resultados eran confusos—, la lideresa del partido FP rechazó cualquier tipo de acuerdo con el ganador y se declaró en abierta oposición al Gobierno.

Señala Vergara (2021) que el Gobierno de PPK sería débil en el Congreso ya que se veía obstruccionista. Muestra de ello fue la censura de los ministros Jaime Saavedra y Alfredo Thorne, así como la negación de confianza al presidente del consejo de ministros Fernando Zavala, que además provocó la primera crisis de gabinete en el Gobierno de Kuczynski. Con estos actos, el fujimorismo, que gozaba de una amplia mayoría en el Parlamento (73 escaños de 130), fue consciente de que la fuerza de los votos en el Congreso podría ser clave en una futura destitución de PPK. En diciembre de 2017, y luego de la exhibición del escándalo de Odebrecht, el entonces presidente enfrentó un proceso de juicio político en el que se le acusaba de recibir sobornos de la trasnacional brasilera. Dispuesto a la supervivencia, ppk optó por anunciar el indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori "por razones humanitarias" (¿'Indulto humanitario' o...", 2017). Sin embargo, todo parecía indicar que dicha medida era parte de una negociación de compra de votos que buscaba evitar su destitución.

Efectivamente, algunos meses más tarde, en marzo de 2018, el FP publicó los kenjivideos, donde aparece Kenji Fujimori y otros miembros de la bancada del FP tratando de convencer al congresista Moisés Mamani de que respalde a PPK a cambio de obras públicas y un aumento presupuestal para su región. De esta manera, y tras la difusión de estos videos, el FP logró reunir los votos suficientes para declarar la vacancia presidencial de PPK, quien al verse acorralado optó por presentar su renuncia el 21 de marzo.

PPK fue sucedido por Martín Vizcarra, que —a decir del mismo PPK— se prestó a un complot con Keiko Fujimori para destituirlo. Ante la aguda y evidente crisis política, Vizcarra presentó al Congreso una propuesta de adelanto de elecciones que fue rechazada y que generó conflictos con el Legislativo. Tuvo que lidiar contra las intenciones del Congreso fujimorista de querer elegir —entiéndase, capturar— el Tribunal Constitucional (TC),³ las razones fueron la declaración de inconstitucionalidad de la "Ley Antitrásfuga"⁴ por parte de este colegiado. Con el TC en la mira del Congreso, se dispuso a elegir a los nuevos integrantes sin las garantías suficientes. El Ejecutivo presentó una moción de confianza que no fue atendida por el Congreso, lo que motivó su disolución mediante el argumento de la negación fáctica de la cuestión de confianza, convocando a nuevas elecciones congresales para enero del 2019.

El nuevo Congreso electo no dio tregua al Gobierno de Vizcarra. Aun cuando el fujimorismo no contaba con la mayoría absoluta, supo hacer alianzas y pactos para tener el control del Parlamento. Vizcarra, por su parte, hizo que la lucha contra la corrupción fuera la principal preocupación de su gobierno. Con este fin impulsó una reforma política y judicial, aprobada a través de referéndum ciudadano, pero que fue impuesto al Congreso sobre la base de la cuestión de confianza.

El inicio del fin de Vizcarra llegó a raíz de un escándalo menor que vinculaba al mandatario con Richard Swing, un artista poco conocido en el medio político. El caso Swing y las posteriores confesiones de su secretaria sobre el trato preferencial por parte del presidente se tradujeron en ingresos anónimos a palacio de Gobierno y contratos con el Ministerio de Cultura a favor del artista. Estos hechos, sumados a los escándalos en los que se encontraba envuelto el expresidente por su participación en contratos corruptos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua, dieron la motivación suficiente al Congreso para iniciar un proceso de destitución por permanente incapacidad moral, en noviembre del 2019.

La destitución de Vizcarra provocó protestas masivas en rechazo a la vacancia por parte del Congreso y a la elección de Manuel Merino como sucesor. Tras una semana de intensas movilizaciones y desmedida represión policial, Merino tuvo que desistir para dar paso a un proceso de transición, esta vez encabezada por Francisco Sagasti, designado también por el Congreso en la sucesión presidencial.

Las elecciones del 2021 fueron particularmente polarizadas en extremo. Aunque el Gobierno de Sagasti garantizó una transición ordenada, la derecha peruana advirtió en todos los tonos que no permitiría que el comunismo llagara al poder. En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el candidato de izquierda, Pedro Castillo, ganó las elecciones frente a Keiko Fujimori y, conocidos los resultados, la candidata perdedora alegó fraudulencia y desarrolló toda una estrategia orientada a desacreditar el proceso electoral, con el objetivo de generar dudas sobre su legitimidad y anularlo. La desestabilización del nuevo Gobierno estaba en marcha.

La crisis presidencial de Pedro Castillo

Las élites y Castillo

En el presente apartado se explica las condiciones que hicieron posible la destitución de Pedro Castillo como presidente del Perú en el año 2022. Si bien, como se pudo observar, existieron condiciones políticas que desencadenaron una crisis y el colapso presidencial de Pedro Castillo, la presente propuesta se centra en considerar que los siguientes factores fueron determinantes para su caída: escándalos políticos, escudo legislativo y protestas sociales masivas.

En el Perú, el modelo económico establecido en la Constitución Política de 1993 ha brindado al sector empresarial un protagonismo político relevante, poniéndolo por encima de la sociedad civil, e incluso por encima de los partidos políticos. El gremio empresarial de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), que para el 2011 agrupaba a los empresarios más poderosos del Perú, ha sido uno de los gremios a través del cual el empresariado se ha involucrado en la vida política del país. Este gremio ha mantenido estrecha relación con los partidos políticos de derecha en el Perú, especialmente con el fujimorismo. Así lo evidencian las declaraciones de Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, quien señaló que se aportaron US$200000 desde la transnacional a la CONFIEP para la campaña de Fuerza 2011 ( Villasis & Ortiz, 2019).

Sin embargo, para el 2021 el vínculo entre la CONFIEP y el fujimorismo parecía haberse disipado, luego de las denuncias por parte del FP de supuestas prácticas fraudulentas durante las elecciones de ese año. Desde entonces, el empresariado parece haber tomado un perfil más moderado en comparación al 2011 (Goldstein, 2022). No obstante, algunas revelaciones de chats grupales en WhatsApp —como la famosa "Cofradía del Pisco",⁵ donde participaban miembros de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y el exministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva Martinot— demuestran que "vacar al presidente Pedro Castillo es un objetivo que le quita el sueño a un grupo de empresarios de la SNI" (Gálaga, 2021).

Según Goldstein (2022), la victoria electoral de Pedro Castillo activó un bloque unido de la derecha peruana por la presunta puesta en crisis del modelo económico social fujimorista. Este bloque ha tenido el protagonismo especial de algunos partidos políticos, como Renovación Popular y Fuerza Popular; medios televisivos y periodísticos, como Willax, Expreso, Perú 21 y el Montonero; algunos movimientos sociales, como Con mis Hijos no te Metas y La Resistencia; y el partido político español Vox.

Estos sectores de la derecha nacional e internacional, junto a la política obstruccionista del Congreso de la República, sumergieron al Perú en una crisis de gobernanza que impidió acabar con la aguda crisis política que venía desde el 2016. Tal y como sostiene Goldstein: "mientras el empresariado procura mantener un discurso más conciliador, los medios de derecha y los congresistas adquirieron una postura más beligerante" (2022, p. 145).

Estos actores, unidos por la premisa de la defensa del orden económico neoliberal que defiende la Constitución Política de 1993 y el anticomunismo, condicionaron al Gobierno de Pedro Castillo a gobernar sin el respaldo de la élite limeña ni de los partidos políticos de derechas, y a gobernar con altos índices de exposición mediática en los principales medios periodísticos.

Castillo y los escándalos: una constante

Uno de los aspectos que ha caracterizado el Gobierno de Pedro Castillo ha sido la constante exposición que ha tenido en los diferentes medios de comunicación. Desde el anuncio de su victoria electoral, Pedro Castillo ha sido foco de atención permanente tanto de los medios tradicionales (periódicos, radio y televisión), como de los medios digitales. Un estudio realizado por Robles y Ester para el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) mostró la alta exposición de Castillo en los medios El Comercio y La República entre enero y noviembre del 2022. En ese periodo el índice de presencia mediática de Pedro Castillo fue en promedio de 81% en La República, con un pico más alto del 97%, en agosto del 2022; y en El Comercio el índice promedio fue del 70%, con su pico más alto en julio y agosto del 2022 con 84% ( Robles & Ester, 2022).

La cobertura llevada a cabo por los medios periodísticos se intensificó en julio y agosto del 2022, cuando la Fiscalía acusó a Lilia Paredes (esposa de Pedro Castillo) y Yenifer Paredes (cuñada de Pedro Castillo) de tráfico de influencias. Posteriormente, en agosto, Yenifer Paredes se entregó a la justicia luego de ordenarse su captura por actos de corrupción, al mismo tiempo que Geiner Alvarado (ministro de transportes en aquel entonces) fue denunciado por su supuesta participación en contratos corruptos.

Sin embargo, No todos los hechos noticiosos constituyeron un escándalo político. Pérez-Liñán (2009) define los escándalos políticos como "noticias que revelan actos de corrupción o abusos de poder llevados a cabo por políticos, específicamente de aquellas noticias que involucran al presidente, los miembros de su gabinete y su entorno cercano" (p. 158). Siguiendo esta definición, se elaboró una base de datos en torno a la información contenida en Latin America Weekly Report, Russia Today y Red de Comunicación Regional, para sistematizar todos los escándalos políticos de Pedro Castillo entre agosto del 2021 y noviembre del 2022. En la Tabla 1 se muestran los escándalos políticos registrados durante el Gobierno de Pedro Castillo

Del total de casos registrados durante su periodo de gobierno, se observa que Pedro Castillo tuvo 21 escándalos políticos en sus 17 meses de gobierno, de los cuales, siete lo involucraban directamente y 14 involucraban a su círculo cercano y funcionarios del Estado. Así mismo, en seis meses no hubo escándalo alguno; en uno de los meses tuvo cuatro escándalos y en cinco de los meses hubo hasta dos escándalos políticos.

Estos resultados señalan que Pedro Castillo tuvo un índice de escándalos⁶ igual a 123,5; comparado con los casos emblemáticos de la región —como los de Collor, Pérez, Samper, Cubas y Bucaram—, Castillo se ubicaría en el segundo lugar detrás de Bucaram.

A continuación, la tabla 2 compara el índice de escándalos de Castillo con los casos emblemáticos de la región.

Si bien Pedro Castillo registró un alto número de escándalos durante su gobierno, estos no fueron condición suficiente para que el Congreso pudiera deponerlo del cargo. No obstante, se debe considerar que los escándalos brindaron sustento a los opositores en el Parlamento para que estos decidieran llevar al presidente a juicio político, tal y como sucedió en marzo y noviembre del 2022.

Por otro lado, en la figura 1 se observa cómo, a raíz del surgimiento de nuevos escándalos políticos, la desaprobación presidencial fue en aumento y la aprobación en caída.

Dentro de los escándalos políticos sistematizados, se encontraron casos vinculados con el financiamiento ilícito durante la campaña electoral, incumplimiento de normativas por parte de ministros, tráfico de influencias para ascensos, retiros y contrataciones, investigaciones por actos de corrupción, enriquecimiento ilícito, colusión y un intento de autogolpe de Estado.

Si bien no todos los escándalos políticos fueron demostrados o tuvieron consecuencias inmediatas, dichos escándalos y la constante exposición del presidente en los medios (incluso no por escándalos políticos), afectaron la legitimidad del Gobierno de Castillo ante la opinión pública y ante las fuerzas políticas parlamentarias.

El presidente, el Congreso y la calle

Durante su primer año de gobierno, Pedro Castillo realizó 59 cambios ministeriales, doce ministros renunciaron a su cargo y cuatro fueron censurados por el Congreso de la República (Gobierno y Políticas Públicas, s. f.). Estos datos reflejan la hostilidad y las deterioradas relaciones entre el Gobierno y el Congreso.

Además, en sus diecisiete meses de gobierno registró tres mociones de vacancia, al igual que Martín Vizcarra (Congreso de la República, s. f. b.). Sin embargo, a diferencia de Vizcarra, los escándalos de Pedro Castillo hicieron que no contara con el respaldo popular suficiente para conservar la presidencia.

Ilizarbe (2022) señala que "la calle se ha convertido en una arena de la política que compite codo a codo con la arena institucional". En los últimos años, las protestas populares han sido en primera y última instancia las validadoras de las decisiones tomadas por los diferentes poderes del Estado.

En el 2020, luego de que Martín Vizcarra fuera declarado incapacitado moralmente y destituido, a través de un juicio político, el Gobierno fue asumido por el entonces presidente del Congreso, Manuel Merino. Sin embargo, tras menos de una semana en el poder, este fue obligado a renunciar por las manifestaciones masivas de los ciudadanos en diferentes partes del país en su contra ( Renuncia Manuel Merino...", 2020). De la misma manera, en noviembre del 2019, Martín Vizcarra decidió disolver el Congreso de la República, tras una maniobra arriesgada por parte de su ex primer ministro Salvador del Solar; no obstante, el apoyo popular obtenido por Martín Vizcarra durante su mandato mantuvo a la opinión pública a su favor y evitó que se realizaran protestas en su contra.

Ya sea en un caso o en el otro, las protestas sociales reflejan la legitimidad de los actos políticos; sin embargo, ante el origen de una protesta, la amplitud que esta tiene determina su relevancia. En el contexto de las destituciones presidenciales, Pérez-Liñán (2009) define a las protestas sociales operacionalmente como "aquellas manifestaciones en las que seis grupos sociales (gremios, trabajadores del Estado, confederaciones indígenas o de campesinos, pobres urbanos, manifestantes de clase media y grupos de la clase alta) salieron a la calle a pedir la renuncia del presidente" (p. 313). Mientras más grupos sociales sean parte de una protesta, mayor será la relevancia de esta. Por el contrario, mientras menos grupos sociales se sumen a una protesta, esta será menos relevante.

Tal es el caso de Pedro Castillo y la protesta que se llevó a cabo en su contra en noviembre del 2022 convocada por Lucas Ghersi.⁷ Si bien el vocero aseguró para un medio local que la protesta fue positiva y multitudinaria (Lucas Ghersi: "Es importante seguir activos...", 2022), en los diferentes medios de comunicación y redes sociales se observó que apenas agrupó a pocos sectores sociales. Por lo tanto, se considera que dicha protesta fue poco relevante durante la crisis presidencial de Pedro Castillo.

Por otro lado, el análisis de las relaciones institucionales tiene una mayor relevancia en la explicación de la destitución de Pedro Castillo. Como se señaló anteriormente, las elecciones presidenciales del 2021 polarizaron en mayor grado la situación política del país. Durante la segunda vuelta electoral, las fuerzas políticas de derecha del Perú buscaron deslegitimar las elecciones presidenciales alegando fraude electoral por parte de los organismos electorales y del partido político Perú Libre.

Si bien dichas iniciativas y denuncias quedaron archivadas por el propio Congreso (Congreso de la República del Perú, 2022), esto solo marcaba el precedente de uno de los periodos gubernamentales más inestables del Perú desde su retorno a la democracia. La poca cooperación y el obstruccionismo del Congreso al Gobierno detonaron una crisis de gobernabilidad en el Perú, ya que no es un hecho fortuito el que Pedro Castillo haya tenido que cambiar más de 50 ministros en menos de un año.

El triunfo de Castillo y su llegada a la presidencia, por lo que representó en términos de reforma del modelo económico neoliberal fujimorista, parece haber activado un bloque unido en contra de las políticas propuestas por Pedro Castillo durante su campaña electoral (Goldstein, 2022). Sin embargo, a pesar de las intenciones manifestadas por una parte del Congreso, la remoción del presidente solo pudo lograrse en el tercer intento de vacancia presidencial, y luego de que el presidente hubiera anunciado un autogolpe, que no tuvo respaldo militar.

Para analizar las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, se ha calculado en la tabla 3 el escudo legislativo (l) construido por el presidente en los distintos procesos de juicio político que tuvo que afrontar. El escudo legislativo es definido como la capacidad que tiene el presidente para vetar el juicio político; operativamente, se define como la diferencia entre la proporción de la cámara que es leal al presidente (p) y que, por lo tanto, vota en contra del juicio, y por la proporción de votos necesarios para vetar el juicio político (Pérez-Liñán, 2009). De la tal forma que, l = p - v.

En la tabla 3 se observa que hubo un deterioro del escudo legislativo en cada proceso de juicio político. Esto puede explicarse por la aparición de los escándalos políticos que involucraban directamente al presidente.

El primer procedimiento de juicio político llevado en contra de Pedro Castillo se realizó entre fines de noviembre e inicios de diciembre del 2021. La moción de orden del día N.^o 1222 buscaba declarar en permanente incapacidad moral a Pedro Castillo por hechos relacionados con el uso ilegal de fondos públicos para el financiamiento de la campaña electoral del 2021; la designación de funcionarios vinculados al terrorismo; el tráfico de influencias en ascensos en las Fuerzas Armadas y en la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria; el debilitamiento del sistema democrático; y la generación de inestabilidad económica por declaraciones brindadas, negatividad a rendición de cuentas y su permisibilidad a la violencia contra la mujer (Congreso de la República del Perú, s. f. a).

Sin embargo, pese a los argumentos esgrimidos, el expresidente logró vetar el juicio político con un escudo legislativo favorable de 0,02. Si bien existieron diversas imputaciones en contra de Castillo, estas tenían pocos sustentos o medios probatorios que comprometieran directamente al expresidente. Esto también podría reflejar el motivo por cual partidos políticos, como Acción Popular, Alianza Para el Progreso, Podemos Perú y Somos Perú, no se adhirieron a la iniciativa de juicio político sino hasta recién el segundo proceso de juicio, llevado a cabo en marzo del 2022.

En el segundo procedimiento de juicio político se observa la pérdida del escudo legislativo con -0,04. Durante dicha época Pedro Castillo afrontaba su onceavo escándalo político, de los cuales tres lo involucraban directamente por actos de corrupción y tráfico de influencias, esto generó la adhesión de los congresistas que se mantuvieron neutrales a las denuncias de los partidos opositores —que no apoyaron el primer procedimiento de juicio político— y que, ante la aparición de nuevos escándalos que involucraron directamente al presidente, decidieron apoyar el segundo procedimiento de juicio político. Aquí se observa que el apoyo del partido del expresidente se redujo de 35 votos a 27 y que los partidos Acción Popular, Alianza Para el Progreso, Podemos Perú y Somos Perú se adhirieron a la propuesta de juicio político contribuyendo con 34 votos (Congreso de la República del Perú, s. f. b.). No obstante, a pesar del alto número de escándalos políticos que registraba Pedro Castillo (once en ocho meses de gobierno) y del deterioro del escudo legislativo, el Congreso de la República solo llegó a registrar 55 votos a favor de los 87 requeridos y no pudo destituirlo.

En noviembre del 2022, el congresista Málaga-Trillo presentó una nueva moción de vacancia en contra de Castillo. Durante el mes de octubre, la Fiscal de la nación acudió al Congreso de la República a presentar una denuncia constitucional en contra del expresidente. Este hecho, junto a los escándalos de corrupción de los meses de julio, agosto y septiembre en el que estaban involucrados la esposa y la cuñada del expresidente, abrieron una nueva posibilidad de enjuiciar al presidente.

La tercera moción de vacancia se presentó el 29 de noviembre del 2022, tras reunir 67 firmas de congresistas que apoyaron la iniciativa promovida por el parlamentario no agrupado Edward Málaga-Trillo ( Tapullima, 2022). Por aquel entonces, Pedro Castillo ya registraba veinte escándalos políticos, de los cuales seis lo relacionaban directamente con actos de corrupción, tráfico de influencias y abuso de poder.

Luego de anunciarse la admisión del juicio político para el 7 de diciembre del 2022, el expresidente decidió confrontar directa y extralegalmente al Congreso de la República, llevando a cabo un autogolpe de Estado fallido, que terminó por apresurar el procedimiento de destitución en el Congreso. Solo ante este hecho —y debido a los costos políticos que la medida implicaba para quienes apoyaban al entonces presidente— Pedro Castillo perdió totalmente el respaldo del partido político que lo llevó a la presidencia y de las fuerzas políticas de izquierda, llegando a registrarse en las votaciones para su destitución 101 votos a favor y 6 en contra.

Aunque existe un debate entre la legalidad del procedimiento llevado a cabo por el Congreso y la validez de este, lo cierto es que las votaciones fueron llevadas a cabo y dichos resultados pueden encontrarse en la Moción de Orden del Día 5000, moción que pide la nulidad de la vacancia de Pedro Castillo⁸ como presidente de la República del Perú.

Entre los escándalos y el juicio político, explicando el colapso de Castillo

Los hallazgos de esta investigación indican que los escándalos políticos fueron el principal motivador de los congresistas para apoyar o promover iniciativas destinadas a terminar anticipadamente el mandato de Castillo. Los escándalos políticos en los que se vio involucrado el expresidente durante su mandato, lo llevaron a perder el respaldo legislativo que tuvo al inicio de su gobierno. Esta pérdida de apoyo legislativo se tradujo en un uso excesivo de la figura del juicio político —antejuicio político en el Perú— para destituir al presidente de su cargo.

Al respecto, Pérez-Liñán señaló que el "juicio político ha surgido como un instrumento poderoso para desplazar presidentes 'indeseables' sin destruir el orden constitucional" (2009, p. 20). Esta hipótesis, ha sido contrastada con otras experiencias latinoamericanas en las cuales las oposiciones promovían procesos de juicio político para destituir al presidente. Según Barrientos (2021), entre el 2000 y el 2021 se han observado catorce interrupciones presidenciales en la región, de las cuales solo dos fueron a través de golpes de Estado y el resto fueron renuncias o destituciones llevadas adelante por los Parlamentos.

Es de considerar que, en el Perú, los grupos opositores al Gobierno han hecho un uso desmedido de la figura del juicio político, por el bajo costo que tiene este mecanismo. En primer lugar, al tratarse de una figura constitucional las oposiciones quedan exentas de ser calificadas como coaliciones ilegales que promueven golpes de Estado. En segundo lugar, para sacar adelante un proceso de juicio político en el Perú, solo se necesita el voto del 40% de los congresistas hábiles, es decir, que en un escenario donde el Congreso cuenta con todos los congresistas habilitados, solo hace falta 52 votos para citar al presidente ante el Congreso, mientras que el presidente necesita 79 votos para vetar esta iniciativa. Esto refleja el complejo panorama con el que lidia el presidente en su afán de construir una coalición que le permita gobernar y protegerse de los embates de la oposición.

Adicionalmente, la tabla 4 muestra que desde el retorno a la democracia los presidentes electos no han podido ocupar más del 40% del total de escaños en el Congreso.

Los datos de la tabla 4 —datos de Milagros Campos, recogidos por Carbajal (2023), y complementados con los datos del Infogob (s. f.)— no solo reflejan el total de curules obtenidas por el partido de gobierno al inicio de su mandato, sino que también evidencian el desafío que tuvieron por delante los presidentes para conformar una coalición.

Este panorama —donde el presidente no logra iniciar su mandato con una mayoría, los costos políticos del uso desmedido del juicio político son casi inexistentes y donde el presidente requiere de un mayor esfuerzo para protegerse de la oposición— permite afirmar que los escándalos políticos y el uso desmedido del juicio político son factores fundamentales para entender la crisis presidencial de Pedro Castillo.

No obstante, es importante considerar que, si bien los escándalos y el uso desmedido del juicio político han sido un rasgo distintivo de la crisis presidencial de Pedro Castillo, estos no han sido factores suficientes que explican el colapso del expresidente, ya que la oposición en el Congreso llevó a cabo tres procesos de juicio político contra él y solo cuando Castillo atentó contra la institucionalidad, a través de un golpe de Estado, el Parlamento logró su destitución.

Conclusiones

La crisis presidencial de Pedro Castillo y su posterior destitución ha sido uno de los acontecimientos más importantes en el Perú del siglo XXI. Durante su gobierno, se registraron 21 escándalos políticos vinculados con corrupción, tráfico de influencias y abusos de poder, de los cuales seis lo involucraban directamente hasta antes del autogolpe de Estado. Así mismo, ha mostrado altos índices de exposición mediática negativa por parte de los principales medios periodísticos (La República y El Comercio).

La alta exposición negativa en los medios de comunicación, así como la aparición de nuevos escándalos políticos influyeron significativamente en los índices de aprobación y desaprobación presidencial, llegando a registrarse 19% y 76%, respectivamente, en el mes de abril del 2022, luego de haberse llevado a cabo el segundo proceso de juicio político para su destitución.

En las calles, solo hubo una protesta en contra de Castillo, que pedía su destitución. Sin embargo, esta fue poco relevante porque no tuvo una amplitud significativa.

Por otro lado, se observa que Pedro Castillo mantuvo una difícil relación con el poder Legislativo. Los bajos costos políticos que suponen el uso del juicio político en el Perú para la oposición, permitieron que el Parlamento llevara a cabo tres procesos distintos de juicio político contra Pedro Castillo. Sin embargo, estos procesos, motivados por los escándalos que involucraban directamente al entonces presidente, no fueron un factor suficiente para destituirlo, ya que solo ante el intento fallido de golpe de Estado del mandatario, el Congreso pudo hacerlo.

Finalmente, se advierte que el Gobierno de Castillo mantuvo una difícil relación con las élites, ya que el Congreso de la República, los gremios empresariales, los movimientos sociales y los partidos políticos internacionales de derechas ejercieron presión y prestaron poca cooperación para resolver la crisis política en la que estaba inmersa el Perú desde el 2016 y que se extendió al Gobierno de Castillo.

Lo anteriormente descrito permite concluir que el alto número de escándalos políticos, la pérdida del escudo legislativo, la difícil relación con las élites y el fallido autogolpe —llevado a cabo por Pedro Castillo— determinaron su destitución.

Notas

¹ Pérez-Liñán utiliza el criterio de los tres años de forma arbitraria, pero con el fin de reflejar el carácter de excepción del Gobierno interino (Pérez-Liñán, 2009, p. 90).

² L = escudo legislativo; P = congresistas que votan en contra del juicio político; v = umbral de veto del juicio político.

³ El Tribunal Constitucional es un ente autónomo que interpreta la Constitución y decide sobre los actos de los otros poderes que atentan contra la misma.

⁴ Resolución Legislativa 007-2016-2017-CR que modificaba algunos artículos del reglamento del Congreso. La modificación impedía a los congresistas que renunciaran a su bancada para formar parte de la Mesa Directiva o de una comisión.

⁵ Por "Cofradía del Pisco" se conoce a la articulación de un grupo de empresarios que desarrollaron acciones en la sombra para desestabilizar y generar la condiciones para la destitución de Pedro Castillo.

⁶ Este índice es obtenido de un indicador simple: la razón entre el total de revelaciones y el tiempo de gobierno en ejercicio expresado en meses (Pérez-Liñán, 2009, p. 158). De tal forma que, S_t = (N/t) x 100

⁷ Lucas Ghersi es un joven abogado, político peruano que promovió protestas contra el Gobierno de Castillo.

⁸ Según la página institucional del Congreso de la República, legalmente Castillo fue vacado del cargo a través de la Resolución del Congreso 001-2022-2023-CR. Esto significó no considerar la votación de la vacancia contra Pedro Castillo. Sin embargo, las votaciones fueron llevadas a cabo y las hemos considerado como un hecho sustantivo.

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