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Marlyn Ahumada

La situación no puede ser más paradójica en Colombia: una Constitución que protege los derechos fundamentales, sociales, económicos y culturales de sus ciudadanos, y que obliga al Estado a satisfacerlos, rige al mismo tiempo con un diseño normativo y jurídico, en particular sobre la propiedad agraria, que incentiva o, mejor, posibilita, que la tierra no se distribuya y más bien se concentre en pocas manos.

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