Editorial - Disertaciones 2 (1)

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EDITORIAL

* Raisa Urribarí , Editora del Anuario electrónico de estudios en Comunicación Social "Disertaciones"

Quizá nunca antes, ni en ninguna otra dimensión, se haya observado con tanta luminiscencia la relación tecnología y sociedad como es posible hacerlo hoy  en la comunicativa. Debido a la invención de Internet, el modelo de comunicación perfilado por los medios masivos, caracterizado por la emisión de uno a muchos, se ha ido transformando paulatinamente y, gracias a la emergencia de múltiples emisores y nuevas prácticas comunicativas que aprovechan las potencialidades interactivas que proveen las Tecnologías de Comunicación e Información (TIC), se comienzan a abrir espacios insospechados para la visibilización de múltiples discursos y formas alternas de organización social.

Las mutaciones que a diario ocurren en la nueva ágora pública en la que se ha convertido el ciberespacio se manifiestan con especial énfasis en las redes sociales, las cuales permiten idear y crear nuevas lógicas de difusión, relacionamiento y ciberactivismo. La exploración de las nuevas vías de participación gracias al uso de nuevas herramientas de interacción social representa un interesante campo de investigación, pues el surgimiento de nuevos medios alienta -o trae consigo también- nuevas prácticas de movilización ciudadana.

Lenta, pero progresivamente, es posible observar que, al aprovechar estos nuevos medios y espacios, personas  y organizaciones sociales  abandonan el papel al que otrora le redujeran los medios masivos para asumir de manera activa, como usuarios, el derecho y la responsabilidad de ser productores de contenidos y canal activo para la distribución de mensajes.

Latinoamérica y nuestro país, en particular, no escapa de ello. Como evidencia podemos señalar algunas campañas movilizadoras de opinión ocurridas este año. Una de ellas nos correspondió promoverla a nosotros, como profesores de la Universidad de Los Andes (ULA), cuando en el mes de marzo la promulgación del Instructivo Presidencial para la Eliminación del Gasto Suntuario o Superfluo en el Sector Público Nacional (también conocido como Decreto 6649) echó prácticamente por la borda una década de políticas públicas dirigidas a impulsar el uso de Internet para el desarrollo, al definirlo como un gasto suntuario.

La promoción de la vigencia del Decreto 825, que en el año 2000 instituyó el uso prioritario de Internet, logró -a través de un portal informativo ad hoc alojado en la ULA1- la movilización de un representativo número de ciudadanos en redes sociales como Facebook y Twitter que culminó con la entrega al ministro de Educación Superior, Luis Acuña, de un pronunciamiento suscrito por más de 1500 personas, así como de instituciones científicas relevantes, en el que se exhorta al gobierno a retirar el calificativo “suntuario” del citado decreto. 

Esta campaña, ideada por un pequeño grupo de académicos vinculados con el sector TIC, salió de la universidad a -y por- su espacio natural, las redes y medios electrónicos, y logró sensibilizar a un colectivo mucho mayor, como reflejaron a posteriori los medios tradicionales. Posteriormente otras iniciativas, como FreeMedia.Ve, campaña orquestada para conjurar el peligro de que se sancionara una Ley contra Delitos Mediáticos, tuvieron singular relevancia gracias al llamado “ciberactivismo”.

Este número de Disertaciones, que por solicitud del Departamento de Comunicación de la ULA-Táchira  nos ha correspondido coordinar desde el área de TIC del Laboratorio de Investigación Educativa de la ULA en Trujillo, se ha propuesto examinar diversos temas que se entrecruzan en la relación Tecnología, Comunicación y  Desarrollo  y es, en sí mismo, una muestra de las posibilidades que ofrecen las TIC, pues gracias a ellas, en una década de trabajo continuo, hemos podido tejer y mantener una red de relaciones -reales y virtuales- con investigadores dedicados al estudio del impacto social de las TIC en la región, que ahora coinciden en estas páginas.

De una lectura diagonal de los trabajos surgen dos vertientes que parecieran discurrir en líneas paralelas a partir del punto “impacto social”.  Por un lado, aquella que, desde una larga tradición latinoamericana aborda los temas que confluyen en el eje comunicación para el desarrollo; y, por el otro, una que, más centrada en las nuevas herramientas tecnocomunicacionales, ha convergido en el campo denominado TIC para el Desarrollo o ICT4D, como se le conoce internacionalmente por sus siglas en inglés.

Divergentes o convergentes, en todo caso, ambas áreas se avienen en la motivación que las convoca: el desarrollo humano como fin, pero -también- como proceso que se construye en el día a día de unos sujetos que lo procuran con base en el ejercicio de una activa ciudadanía y la defensa de los valores democráticos, elementos sin los cuales pensar en el desarrollo resulta francamente imposible.

Variadas y diferentes, tenemos entonces, son las aristas, los temas y las perspectivas a través de las cuales se puede abordar, o de las cuales emerge, la relación comunicación, tecnología y desarrollo. Aspecto central, sin embargo, es en el que coinciden los ensayos de dos académicas de larga y densa trayectoria en la región, Migdalia Pineda y Cosette Castro: la inclusión social. Y es que no se podría pensar el desarrollo sin considerar la superación de la exclusión como un desafío mayor.

En su ensayo, Pineda, profesora de la Universidad del Zulia (LUZ), llama la atención sobre la necesidad de promover la apropiación social de las TIC, lo cual, en su criterio,  pasa por  la formación de las personas y el fomento de la innovación como clave para el logro de un desarrollo económico y social que eleve el nivel de vida de las personas.  Por su parte, Castro, docente de la Universidad del Estado de Sao Paolo (UNESP-Brasil), con base en las características de la nueva economía digital esbozadas por la Comisión Económica para América Latina y Caribe (CEPAL), entre las que destaca el nuevo rol de la gente, subraya la necesidad de interrogar los paradigmas de comunicación tradicionales que no dan cuenta de los cambios que provocan las TIC, especialmente aquellos que revalorizan el papel de las audiencias como productores de contenidos, aspecto clave de la inclusión digital.

En el conjunto de estudios, Andrea Hoare, investigadora de las nuevas generaciones adscrita a la Universidad Central de Venezuela, nos presenta los hallazgos de un proyecto que realizara para contribuir con la comprensión de las implicaciones de la lógica digital en la comunicación de las organizaciones contemporáneas, así como para colaborar con la proyección del sentido de la profesión del comunicador, el factor más importante en la ecuación tecnología-desarrollo. Auspiciosos, los resultados que muestra Hoare apuntan a la lógica digital como “un modelo útil para caracterizar las mutaciones comunicacionales contemporáneas, pues ayuda a describir un escenario donde la simetría comunicacional reina y las estructuras de redes, invitan a un renacer del protagonismo del sujeto”.

Con base en el método de Bagozzi y Phillips (1982), Maryalejandra Montiel y Fernando Villalobos, profesores de la Universidad del Zulia, emprendieron la tarea de estructurar el cuerpo teórico-metodológico  que da sustento a la  investigación Comunicación y democracia: el papel de los cibermedios en la construcción de ciudadanía, tesis doctoral de Montiel en el programa de Ciencias Humanas de LUZ. En este trabajo se da cuenta de los conceptos  de comunicación, medios digitales y democratización que se encuentran en la base de la investigación y de la malla teórica que revela las relaciones existentes entre ellos.

Singular por la actualidad del tema que aborda, Ysabel Briceño, investigadora adscrita alCentro Nacional de Cálculo Científico de la ULA, centra su mirada en el contexto nacional y, en sintonía con los vaivenes de una década de cambios políticos, analiza los entretelones del proceso de diseño e impulso de políticas públicas dirigido a estimular el crecimiento del sector de las telecomunicaciones. En la narrativa histórica que ofrece sobre la construcción del marco de regulación y promoción de las TIC en Venezuela durante este período, asegura que si bien el sector ha sido fortalecido, un Estado con pretensiones centralizadoras y de control del aparato de comunicación busca, paradójicamente, “monopolizar y controlar la información, en contra de las propias posibilidades ofrecidas por las tecnologías para activar autonomías frente a los discursos dominantes”.

Del conjunto de artículos que se consignan, una dupla de textos dialoga de forma activa.  Son dos contribuciones extraordinarias que nos permiten dar un vistazo de conjunto y a la vez pormenorizado sobre el uso de los centros de acceso público a Internet con fines de desarrollo humano y social. El primero de ellos, escrito al alimón entre dos investigadores pioneros en el estudio de este tema en la región, Ricardo Gómez y Kemly Camacho, presenta los resultados parciales de una amplia investigación realizada en centros de acceso público a Internet de 25 países del mundo bajo el auspicio de la Universidad de Washington, dirigida a  analizar las necesidades, usos y oportunidades que éstos proveen como herramienta de inclusión digital. Con un título ciertamente cáustico, y en forma de interrogación, los autores dejan abierta la duda acerca de si el mero acceso a las TIC, sin políticas definidas de uso y apropiación social, podría alentar el desarrollo.

Casi una respuesta a esta pregunta, es el resultado que extraemos de la lectura del informe que presenta la profesora de la Universidad Nacional Experimental “Simón Rodríguez”, Eglée Durán, quien realizó el primer estudio de corte etnográfico del que tengamos noticia en el país acerca del impacto social del programa venezolano Infocentros. Ubicada en uno de los 653 que han sido instalados en el país, el de la parroquia San Luis de Valera, estado Trujillo,  Durán  hace una inmersión en él para conocer las dinámicas que tienen lugar allí. Luego de un trabajo minucioso, y valida de informantes clave, la investigadora concluye que el programa, que básicamente se concentra en la “alfabetización” para el uso de ciertas herramientas ofimáticas, carece de sistematicidad y depende de personas que, si bien cuentan con cierta profesionalización en el área de informática, no están formadas ni para la docencia ni para la promoción de los usos sociales de las TIC, por lo cual su impacto a favor del desarrollo es prácticamente nulo.

Otro par de trabajos, presentados por Dayana Carrillo, profesora de la ULA en Trujillo; y Marco Tulio Flores y Mónica Almeida, ambos de la Universidad de Guadalajara, en México, abordan los desafíos que comporta el establecimiento de programas educación a distancia, particularmente en el sistema de educación superior en Latinoamérica.  Tanto en el caso mexicano, que analiza la propuesta de la Universidad Virtual de Guadalajara (UDG Virtual),  como en el venezolano, donde se da cuenta de una experiencia singular, como es la construcción de un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje para capacitar al  estudiante  sobre su función y roles como prestador del  servicio comunitario,  los resultados muestran la necesidad que se tiene, en contextos como los nuestros, de generar políticas de comunicación institucional que promuevan y refuercen  estos programas dentro y fuera de la Universidad.

Martin Balbinder y Paula Maciel, profesores e investigadores de la Universidad Nacional de La Matanza, en Argentina, llaman la atención sobre un tema que les toca directamente por su condición de discapacitados: la potencialidad de las TIC para la inclusión laboral de esta población. En su trabajo muestran los hallazgos de una investigación auspiciada por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (IDRC, por sus siglas en inglés), que abarcó diez países de la región y constituye, en sí mismo, una muestra de trabajo inclusivo con uso intensivo de TIC. Entre las conclusiones, los investigadores destacan los avances legislativos de algunos países, como Colombia, Argentina, Brasil y Chile, y convocan a aunar esfuerzos para diseñar propuestas normativas, acaso regionales, que apunten al fortalecimiento del teletrabajo con un norte inclusivo.

Finalmente, Carlos Arcila, profesor de la ULA y Rodrigo de La Barra,  ambos doctorandos, el primero en Comunicación y el segundo en Derecho, exponen los resultados de una revisión documental de los principales textos legales que amparan el funcionamiento del gobierno electrónico en Venezuela, vigentes al finalizar el primer semestre de 2009. Los hallazgos sugieren que la eficacia y la eficiencia son los elementos centrales que guían la relación TIC – Gobierno. Según los autores, Venezuela cuenta con una base jurídica sólida y  avanzada en el área del gobierno electrónico, pero adolece de graves fallas en su implementación.

Un par de reseñas completa esta edición de Disertaciones. La primera es de corte estrictamente bibliográfico y ha sido escrita por el investigador Carlos Delgado Flores (Universidad Católica Andrés Bello), quien introduce un conjunto de claves interpretativas para el abordaje de Hegemonía y Control Comunicacional  (Marcelino Bisbal, editor, 2009),  obra que ofrece miradas múltiples sobre un tema de actualidad nacional. La segunda, de nuestra autoría, si bien refiere al libro Antología de la Comunicación para el Cambio Social (2008), de Alfonso Gumucio-Dagron y Thomas Tufte, no lo sopesa, sino que recoge una breve conversación con los autores en ocasión de su reciente presentación en México.

Cierra este número una contribución especial que le solicitáramos a la profesora Teresita Jiménez, quien ha tenido la responsabilidad de coordinar la carrera de Comunicación Social que ofrece el Núcleo de la ULA en Trujillo desde su creación, en el año 2007. En este texto, la docente expone las motivaciones que provocaron la apertura del programa, detalla sus características y da cuenta  de su relevancia como alternativa de formación en el occidente del país. Culminan sus apreciaciones con los retos que tiene por delante la carrera, especialmente los derivados de la explosión digital, en el contexto de una universidad pública signada por los recortes presupuestarios expresados, entre otras disposiciones, en el tristemente célebre Decreto 6244 que declara el uso de Internet como suntuario.

Al darle el alta a esta segunda edición (Volumen 2, Número 1) del Anuario Electrónico Disertaciones nos sentimos plenamente satisfechos de haber podido cumplir con la responsabilidad asumida. Agradecemos la receptividad de quienes, al contribuir generosamente con este esfuerzo, nos han permitido hacer visible una conversación,  una red de trabajo, un coro de voces que converge en su interés por darle un sentido social al uso de las TIC en la región.


1 http://www.red.ula.ve/internetprioritaria/

 





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Universidad del Rosario / Universidad de Los Andes / Universidad Complutense de Madrid - 2016

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